Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 27 de marzo de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y “a la locomoción”, a la presunción de inocencia, a la defensa; y, al debido proceso; toda vez que, pese a que dentro un proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de amenazas la entonces autoridad jurisdiccional emitió la Resolución 548/2011 de 12 de septiembre; por la cual, lo declaró en rebeldía al no haber comparecido a la audiencia correspondiente, ordenando la emisión de los mandamientos de aprehensión y arraigo; ante lo cual, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa por nulidad de notificaciones; en mérito a ello, el referido Juez determinó la suspensión de los mandamientos emitidos en su contra; no obstante, encontrándose vigente su arraigo el 11 de noviembre de 2020 solicitó ante el ahora demandado la emisión de oficios a la “oficina de migración” a efectos del levantamiento de su arraigo; empero, la autoridad judicial ahora demandada determinó que primero debía purgar la rebeldía que se había determinado en la Resolución 548/2011. En consecuencia, corresponde dilucidar si tales extremos resultan ciertos, a fines de conceder o denegar la tutela; para lo cual, se tomarán en cuenta los siguientes ejes temáticos: 1) El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución; 2) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 3) Sobre la presunción de veracidad; y, 4) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 17/2021 de 11 de agosto, cursante de fs. 56 vta., a 58, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, determinando que el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, dentro de veinticuatro horas de su legal notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, emita los oficios correspondientes a efectos del levantamiento de arraigo en favor del accionante, en caso de que este se deba a lo determinado en la Resolución 548/2011 de 12 de septiembre; asimismo, se deje sin efecto su declaratoria de rebeldía, conforme los Fundamento Jurídicos desarrollados en este fallo constitucional. 2º DENEGAR la tutela impetrada, respecto a los derechos a la defensa y a la presunción de inocencia conforme los Fundamentos Jurídicos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Llamar severamente la atención a Juan Carlos Montalban Zapata, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, bajo la advertencia de que, en caso de incurrir nuevamente en las faltas desarrolladas en el presente fallo constitucional, se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0090/2023-S1 Sucre, 27 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de libertad Expediente: 44273-2022-89-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 17/2021 de 11 de agosto, cursante de fs. 56 vta. a 58, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Eduardo León Arancibia contra Juan Carlos Montalban Zapata, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz.
Mediante memorial presentado el 10 de agosto de 2021, cursante de fs. 48 a 51, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de amenazas, en virtud sobre la presentación de la imputación formal se celebró audiencia el 17 de agosto de 2011; la cual, fue suspendida por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, debido a que no fue debidamente notificado; por lo que, ordenó el cumplimiento de dicha actuación señalando el 12 de septiembre del citado año, como nueva fecha de celebración de audiencia. No obstante, una vez instalado dicho acto procesal la Secretaria del citado juzgado, informó que no se había cumplido con la notificación exigida por ley; empero, obviando aquello la autoridad judicial dictó la Resolución 548/2011 de 12 de septiembre; a través de la cual, fue declarado en rebeldía por no haber acudido a la audiencia. Ante la predescrita actuación ilegal, interpuso memorial de incidente de actividad procesal defectuosa por nulidad de notificación el 6 de octubre de 2011, mereciendo el decreto de 7 del indicado mes y año; por el cual, el Juez de control jurisdiccional dispuso correrse en traslado lo planteado y la suspensión de la ejecución de los mandamientos dispuestos -entre los cuales se encontraba el de arraigo-, dicha literal fue el último actuado procesal que se realizó, quedando abandonado el proceso durante once años. Ahora bien, pese a la determinación de la autoridad judicial de suspender la ejecución de los mandamientos emitidos en su contra, el mandamiento de arraigo fue presentado ante la “Dirección General de Migración”; por lo que, el 13 de octubre de 2020, solicitó al ahora demandado el desarchivo del proceso penal antes referido, haciendo constar mediante memorial 11 de noviembre de igual año, que el expediente no era encontrado; razón por la cual, solicitó se le otorguen oficios para su desarraigo; ante lo cual, el Juez ahora demandado respondió ordenando la búsqueda fiscal del expediente; y, se oficiara a la “Dirección General de Migración” para que informe respecto a su arraigo. Posteriormente, pese a tales dilaciones el 19 de abril de 2021, presentó memorial de comparecencia acreditando que jamás había sido notificado con la imputación formal dentro del proceso penal seguido en su contra por la supuesta comisión del delito de amenazas, impetrando nuevamente se le extiendan los oficios que anteriormente había requerido; ante lo cual, el ahora demandado respondió ordenando que previo a atender sus solicitudes debía purgar la rebeldía que se había determinado en la Resolución 548/2011, a pesar de que ya se lo había tenido por comparecido hace de diez años e incluso se había determinado la suspensión de todos los mandamientos emitidos en su contra.
El impetrante de tutela denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y “a la locomoción”, a la presunción de inocencia, a la defensa; y, al debido proceso, citando al efecto los arts. 12, 115.I, 116, 117 parágrafos I; y, II; y, 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada y en consecuencia, el ahora demandado “en el día” emita oficio ante la “Dirección General de Migración” levantando el arraigo que pesa en su contra; y, se deje sin efecto la resolución de declaratoria de rebeldía revocándose la misma.
La audiencia (virtual), se realizó el 11 de agosto de 2021, según consta en acta cursante de fs. 54 a 56, se produjeron los siguientes actuados:
La parte peticionante de tutela ratificó íntegramente el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliándolo añadió que siendo que el entonces -se entiende en el 2011- Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, ya había determinado la suspensión de todos los mandamientos emitidos en su contra, en tanto se resolviera el incidente de actividad procesal defectuosa por nulidad de notificaciones, correspondía al ahora demandado únicamente dar cumplimiento a tales determinaciones.
Juan Carlos Montalban Zapata, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, no presentó informe, al respecto durante la audiencia de la presente acción de libertad la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del citado departamento, manifestó que se constituyó en el Juzgado que preside el ahora demandado a efectos de realizar la correspondiente diligencia; empero, el mismo manifestó que solo recibía notificaciones de la “gestora”.
El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 17/2021 de 11 de agosto, cursante de fs. 56 vta., a 58, denegó la tutela impetrada, argumentado que el solicitante de tutela no demostró mediante documentación fehaciente que se le esté vulnerando derecho alguno; toda vez que: a) no se demostró que fue purgado su rebeldía o que esta fue debidamente justificada al encontrarse pendiente de resolución el incidente de actividad procesal defectuosa por nulidad de notificaciones interpuesto; y, b) Simplemente mencionó la presentación de memoriales que fueron rechazados por el ahora demandado.
De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de Audiencia de 17 de agosto de 2011; la actual, fue suspendida por Juan Carlos Montalban Zapata, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, debido a que no se había notificado debidamente a Eduardo León Arancibia -ahora accionante-, señalándose como nueva fecha de audiencia el 12 de septiembre del citado año (fs. 13). II.2. Consta Acta de Audiencia de 12 de septiembre de 2011, celebrada en el Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, en la cual la Secretaria de dicho juzgado informó que no se habían cumplido las notificaciones correspondientes (fs. 17), pese a ello la autoridad jurisdiccional emitió la Resolución 548/2011 de la señalada fecha, mediante la cual se declaró la rebeldía del ahora impetrante de tutela, disponiendo librarse mandamientos de aprehensión y de arraigo en su contra (fs.18). II.3. El 26 de septiembre de 2011, el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, emitió el Mandamiento de arraigo contra Eduardo León Arancibia -ahora peticionante de tutela- (fs. 20). II.4. Mediante Memorial de incidente de actividad procesal defectuosa por nulidad de notificación, presentado el 6 de octubre de 2011, el ahora solicitante de tutela impetró ante el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, se deje sin efecto los mandamientos emitidos en su contra (fs. 21 a 24 vta.), mereciendo el decreto de 7 del señalado mes y año, que determinó correrse en traslado a todos los sujetos procesales el incidente interpuesto y la suspensión de la ejecución de todos los mandamientos dispuestos contra el ahora accionante (fs. 25). II.5. Del Memorial de 13 de octubre de 2020, se tiene que el impetrante de tutela solicitó al Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, el desarchivo del expediente signado con IANUS: 201047002; el cual, fue respondido por decreto de 14 del citado mes y año, en forma positiva (fs. 26 a 27). II.6. A través de Memorial de 11 de noviembre de 2020, el ahora accionante solicitó a la autoridad judicial ahora demandada, entre otros la extensión de oficios de levantamiento de arraigo (fs. 28), literal que motivó el decreto 12 del indicado mes y año que determinó: “…En atención al memorial que antecede, por el personal de apoyo judicial procédase a la búsquese fisca del cuaderno de control jurisdiccional…” (sic [fs. 30]). II.7. Por Memorial de 9 de abril de 2021, el peticionante de tutela solicitó se oficie a “oficina de Migración” a efectos de que informen sobre el registro de arraigo; asimismo, extiendan fotocopias legalizadas de la resolución con la que se le habría arraigado (fs. 33); petición que fue atendida por decreto de 13 de abril de 2021; el cual, exigió que previo a la atención de las pretensiones del solicitante de tutela, este debía purgar su rebeldía debiendo estarse a lo determinado en la Resolución 548/2011 de 12 de septiembre (fs. 34). II.8. Cursa Memorial de 19 de abril de 2021, presentado por el ahora accionante, mediante el cual “COMPARECE Y PIDE REVOCAR RESOLUCIÓN DE REBELDÍA POR CAUSALES DE IMPEDIMENTO DEBIDAMENTE JUSTIFICADO Y PRESENTA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL” (sic [fs. 37 a 41 vta.]); el cual, fue respondido mediante decreto de 21 del mencionado mes y año, señalando que de la revisión de obrados se colige que el impetrante de tutela fue declarado en rebeldía mediante la Resolución 548/2011; por lo que, previo a la consideración de cualquier pretensión por parte del mismo, corresponde que el prenombrado purgue su rebeldía (fs. 42).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y “a la locomoción”, a la presunción de inocencia, a la defensa; y, al debido proceso; toda vez que, pese a que dentro un proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de amenazas la entonces autoridad jurisdiccional emitió la Resolución 548/2011 de 12 de septiembre; por la cual, lo declaró en rebeldía al no haber comparecido a la audiencia correspondiente, ordenando la emisión de los mandamientos de aprehensión y arraigo; ante lo cual, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa por nulidad de notificaciones; en mérito a ello, el referido Juez determinó la suspensión de los mandamientos emitidos en su contra; no obstante, encontrándose vigente su arraigo el 11 de noviembre de 2020 solicitó ante el ahora demandado la emisión de oficios a la “oficina de migración” a efectos del levantamiento de su arraigo; empero, la autoridad judicial ahora demandada determinó que primero debía purgar la rebeldía que se había determinado en la Resolución 548/2011. En consecuencia, corresponde dilucidar si tales extremos resultan ciertos, a fines de conceder o denegar la tutela; para lo cual, se tomarán en cuenta los siguientes ejes temáticos: 1) El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución; 2) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; 3) Sobre la presunción de veracidad; y, 4) Análisis del caso concreto.
El art. 410.II de la CPE, establece que:
“La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.”
A partir de este texto constitucional se entiende que la Constitución Política del Estado tiene una jerarquía normativa y goza de aplicación preferente frente a cualquier otra disposición normativa, así fue interpretada también por la SCP 0112/2012 de 27 de abril; esta primacía hace que surja la preponderancia del órgano judicial que exige de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción y por el contrario requiera la aplicación directa de la Constitución; lo cual, no es solo un asunto meramente formal de jerarquías y competencias, sino está cargado de normas constitucionales que son los valores, principios, derechos y garantías plurales que coexisten, conviven como expresión de su base material pluralista, se comunican entre sí como expresión de su base intercultural y son los que informan el orden constitucional y legal, sin renunciar a su contenido de unidad -art. 2 de la CPE-. En igual sentido, la jurisprudencia interpretó en la citada SCP 0112/2012, que la Constitución Política del Estado goza de primacía con relación al ordenamiento jurídico; es decir, es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional, en ese sentido, los tribunales, jueces y autoridades deben aplicarla con preferencia a las leyes, interpretación que se encuentra acorde a lo previsto en el art. 410.II de la CPE. Asimismo, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional en un entendimiento relevante sostuvo que:
“Entonces, con mayor razón, la primacía de las normas constitucionales principios respecto de las normas legales-reglas (contenidas en las leyes formales o materiales, códigos sustantivos o procesales, disposiciones reglamentarias en general, etc.)”, bajo dicho marco, refirió que las normas constitucionales-principio son los valores, principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales que orientan al poder público, la convivencia social, así como las relaciones entre particulares y estos con el Estado.” Consecuentemente, de esta descripción jurisprudencial, se tiene que por mandato constitucional todos estos derechos, valores y principios obligan a todos los actores sea en el ámbito judicial, administrativo o particular a regir sus actos en observancia de los mismos, y por ello, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de su basta jurisprudencia fue ratificando dichos postulados, y dando realce a uno prevaleciente que compele a quienes administran justicia a su observancia, cuyo fin es el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así se tiene que, el mismo está expresamente inmerso en la norma fundamental, en los artículos: 178.I de la CPE, que dispone: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; y, 180.I de la Norma Suprema, que prevé: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”. Ahora bien, relacionado a estas dos normas constitucionales, se halla previsto el art. 115.II de la CPE, que expresa: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. En tal entendido se tiene que, el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios. Es así que sobre este principio, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en sostener que la acción de libertad puede ser activada cuando se denuncia dilaciones indebidas y se advierta una mora procesal o retardación de justicia, ostensible, con inobservancia de plazos procesales previstos por el ordenamiento jurídico en la resolución de un determinado asunto más aun tratándose de asuntos relacionados con personas privadas de libertad; esa misma línea jurisprudencial se siguió en la SC 0862/2005-R, de 27 de julio reiterada por las SSCC 1213/2006-R; 0900/2010; así como las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1157/2017; 0052/2018-S2 entre otras. En ese entendido, la SCP 0112/2012, generó una regla procesal penal que estableció que la exigencia de la observancia del principio de celeridad se hace extensible no solo a los jueces o tribunales de control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que coadyuva o intervenga en la administración de justicia y de cuya actuación dependa la situación jurídica del privado de libertad.
Al respecto cabe previamente señalar el art. 8.II de la CPE, que se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta el vivir bien; en este sentido, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de celeridad -arts. 178 y 180.I de la CPE-, el cual obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la Norma Suprema. En ese sentido, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, ha previsto un medio de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma en una interpretación evolutiva del art. 125 de la CPE de parte del Tribunal Constitucional Plurinacional como máximo guardián de la Norma Suprema, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
5 Art. 125 de la CPE señala: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertada personal, podrá interponer Acción de Libertada y acudir, de manera oral o escrita, por si o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitara se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad.” 6 En su F.J.III.5 señala: “Dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la que se le ha agregado el hábeas corpus restringido, debe considerarse también al hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…”, como se pasa a explicar:
(…)
Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)”
Bajo ese contexto, en mérito a la existencia de casos relacionados con la demora y dilaciones en la tramitación de las causas penales que se fueron convirtiendo en un suplicio de los justiciables, sobre todo de aquellos privados de libertad; y, además, ante la evidencia de dichas demoras el Tribunal Constitucional Plurinacional fue concediendo la tutela en los casos en los que se evidenció la inobservancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado y cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, al efecto la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre siguiendo entre otras, la línea jurisprudencial establecida en la SCP 0112/2012 de 27 de abril, realizó una sistematización de los supuestos de dilaciones indebidas e injustificadas en los casos vinculados a la libertad. No obstante de lo señalado, este Tribunal en mérito al análisis dinámico de la línea jurisprudencial, relacionada al ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en el Fundamento Jurídico III.2.1 de la SCP 0846/2020-S1 de 9 de diciembre, partiendo del precedente en vigor -SCP SC 0044/2010-R- y citando entre otras la SCP 2601/2012 de 21 de diciembre, 7 El FJ III. 3 señala: “Del repaso de la jurisprudencia constitucional vinculada a la tramitación del recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, y con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a los justiciables, corresponde sistematizar las subreglas que han sido delineadas por este Tribunal, conforme a lo siguiente:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte…”. 8 El FJ. III.4 sostuvo que: “…De lo expresado precedentemente, se concluye que toda vez que el derecho a la libertad tiene carácter primario al encontrarse estatuido en el art. 22 de la CPE: “La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”, concordante con los art. 115 y 178.I de la Norma Suprema, como también en los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; es deber de las autoridades judiciales, resolver con la mayor prontitud los casos sometidos a su conocimiento, más aún aquellos en los que encuentre vinculado el derecho a la libertad física y de locomoción; en el caso objeto de análisis, si bien se evidencia que el representado del accionante a tiempo de interponer la acción de libertad se encontraba cumpliendo la medida sustitutiva de detención domiciliaria, empero, no puede desconocerse que con la suspensión de audiencia de consideración de modificación de medidas sustitutivas y con el señalamiento de una nueva celebración dispuesta para un mes después, indudablemente su derecho a la libertad de locomoción SCP 0997/2016-S3 de 22 de septiembre y la SCP 1180/2019-S1 de 2 de diciembre, en estricta observancia de los arts. 13 y 196 de la CPE, referidos a la progresividad de los derechos y la función de interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional, en el subtítulo III.2.1.1 del citado fallo, vio pertinente integrar y armonizar la línea jurisprudencial relativo a la tipología de acción de libertad objeto de la presente, no solo en casos en los que se tenga una persona privada de libertad sino también de aquellas personas que tengan restricción de su derecho a la libertad de locomoción, al efecto precisó:
“…Consecuentemente, es inminente, necesario y fundamental INTEGRAR la línea jurisprudencial relativa al ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, permitiendo armonizar los dos entendimientos jurisprudenciales, de manera que, esta modalidad traslativa sea aplicada no solo en casos en los que se tenga una persona privada de libertad sino también de aquellas personas que tengan restricción de su derecho a la libertad de locomoción; ello con el fin de buscar la eficacia plena de este derecho; así, cuando se tenga que definir la situación jurídica de una persona que tenga restringido su derecho a la libertad de locomoción su resolución debe ser pronta oportuna y sin dilaciones, es decir, en estricta observancia del principio de celeridad que procura no imponer la práctica de actos innecesarios atiborrados de formalismo que retrasa los trámites. De lo anotado, sin pretender ser reiterativos, conforme ya se señaló, si bien la SCP 0044/2010-R determinó el ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho a los casos en los que se denuncia lesiones al principio de celeridad vinculado a la libertad personal; bajo la integración de línea jurisprudencial efectuada, la modalidad traslativa de pronto fue vulnerado, en ese sentido el Juez demandado, debió imprimir a la solicitud formulada la debida celeridad, en atención a encontrarse de por medio el derecho primigenio a la libertad…” (las negrillas son agregadas). 9 El FJ III.3.1 sostuvo que: “Antes de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, corresponde en principio remitirnos a la SC 0023/2010-R de 13 de abril, la cual sostuvo que: “el derecho a la libertad de circulación es como una derivación o extensión del derecho a la libertad física, toda vez que el moverse libremente en el espacio, solo puede ser ejercido si existe el derecho a la libertad física o personal, y de ahí precisamente la conexión entre ambos derechos.
(…)
Consecuentemente, sobre la base de los principios de favorabilidad, e interpretación progresiva, el derecho a la libertad de locomoción, se encontraría bajo la tutela de la acción de libertad prevista en el art. 125 y ss., de la CPE en los supuestos anotados precedentemente; por tanto, todas aquellas restricciones a la libertad de circulación-locomoción con las puntualizaciones supra mencionadas, deben ser protegidas a través de la acción de libertad.
En ese sentido, se tiene que la presente temática –falta de resolución de solicitud de levantamiento de arraigo, pese haber transcurrido casi un mes desde su presentación hasta la interposición de la presente acción de libertad–, se encuentra directamente vinculado con el derecho a libertad de locomoción o de circulación del hoy accionante, mismo que se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad…”. 10 El FJ III.4 manifestó que: “Identificada la problemática planteada en la presente acción tutelar, en primera instancia es necesario establecer que la limitación al derecho a la libertad de locomoción, se encuentra directamente vinculada al derecho a la libertad personal, como se tiene del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, manteniéndose en el caso subsistente su restricción por la vulneración del principio de celeridad procesal, puesto que el último proveído de 28 de junio de 2019, emitido por la Jueza –ahora demandada–, constituye una directa restricción al derecho a una resolución pronta y oportuna de la situación jurídica de los accionantes en torno a la vigencia de las medidas cautelares, pues difiere indebidamente su tratamiento a la eventualidad de que la Sentencia S-24/2018 adquiera la calidad de cosa juzgada vulnerando el principio de celeridad sin que la reposición sea un recurso idóneo para ello; consecuentemente, la supuesta subsidiariedad alegada tanto por la autoridad demandada como por la Jueza de garantías, carece de mérito, correspondiendo el análisis de fondo.
En este entendido es de resaltar que de acuerdo al contenido normativo del art. 364 del CPP “La sentencia absolutoria ordenará la libertad del imputado en el acto, la cesación de todas las medidas cautelares personales y fijará las costas y, en su caso, declarará la temeridad o malicia de la acusación a efectos de la responsabilidad correspondiente…” (las negrillas son nuestras).
despacho se constituye en un mecanismo procesal idóneo que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas que eviten resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra restringida de su derecho a la libertad personal y/o de locomoción” (el resaltado es nuestro).
Por lo señalado en forma precedente, se llega a la conclusión de que respecto al ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, no solo procede en casos en los que una persona esta privada de libertad, sino también de aquellas personas que no están privadas de libertad, en este caso que tengan restricción de su derecho a la libertad de locomoción.
La acción de amparo constitucional tiene una doble finalidad frente a las medidas de hecho, en primer término evitar los abusos que puedan arrogarse las personas particulares o autoridades legales, en detrimento de los derechos y garantías constitucionales de los particulares; empero, a la vez constriñe al accionado el deber procesal de responder a la acción de amparo constitucional incoada en su contra. Al respecto, el artículo 129 de la Constitución Política del Estado refirió:
Artículo 129. I. La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados. II. La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial. III. La autoridad o persona demandada será citada en la forma prevista para la Acción de Libertad, con el objeto de que preste información y presente, en su caso, los actuados concernientes al hecho denunciado, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde la presentación de la Acción.
La autoridad judicial examinará la competencia de la servidora pública o del servidor público o de la persona demandada y, en caso de encontrar cierta y efectiva la demanda, concederá el amparo solicitado. La decisión que se pronuncie se elevará, de oficio, en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la emisión del fallo. V. La decisión final que conceda la Acción de Amparo Constitucional será ejecutada inmediatamente y sin observación. En caso de resistencia se procederá de acuerdo con lo señalado en la Acción de Libertad. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo, quedará sujeta a las sanciones previstas por la ley.
De la Norma Suprema glosada se tiene que toda persona o autoridad demandada en acción de amparo constitucional, en resguardo a su derecho a la defensa, cuenta con la potestad de asumir defensa presentando los argumentos y pruebas que considerare oportuno a su defensa; empero, ante la falta del informe de la autoridad o persona particular demandada, ante el incumplimiento a dicho deber procesal del demandado, el tribunal de garantías debe decidir acerca de la problemática traída en revisión ante la instancia jurisdiccional constitucional, lo que involucra que el juez o tribunal de garantías constitucionales sobre la base de la verdad material, justicia social, compromiso e interés social, pronunciará resolución de acción de amparo constitucional, sobre la base de la prueba que hubiera aportado la parte accionante a la pretensión incoada, presumiéndose por verás lo denunciado. Al respecto, la SCP 0519/2013 de 19 de abril refirió que al no haber presentado informe ni pruebas la parte demandada, corresponde emitir resolución de amparo constitucional sobre la base de los argumentos y pruebas presentada por el accionante. Por otro lado, en resguardo al derecho a la defensa del que cuenta el demandado en una acción de defensa, el accionado tiene la posibilidad de presentar las pruebas que considerare pertinentes a su defensa, a fin de desvirtuar la comisión de algún acto ilegal que se le inculpa; empero esta potestad no sólo queda en tal prerrogativa en favor del accionado; toda vez que, también se torna en un deber procesal cuya finalidad es coadyuvar a fin de que los jueces constitucionales así como el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, evoque una resolución que se sustenta sobre bases ciertas, pruebas que aseguren que la decisión jurisdiccional constitucional emanada, provenga de una decisión justa, apoyada en el principio de verdad material. Al respecto, la SCP 0591/2013 de 21 de mayo refirió que en las acciones de defensa, toda autoridad o persona particular, tiene el deber procesal de 11 No cursando en el legajo prueba alguna que acredite respuesta a lo solicitado ni tampoco informe alguno presentado por la autoridad demandada, por lo que conforme a lo previsto por el art. 129.IV de la CPE, correspondía que el Tribunal de garantías pronuncie resolución sobre la base de la prueba ofrecida por el accionante; es decir, otorgar la tutela por cuanto no existe respuesta alguna a su solicitud, ya que ésta es de 13 de diciembre de 2012 y al momento de interponer la presente acción de defensa transcurrieron seis días sin que exista pronunciamiento alguno al respecto máxime si se considera que al de celebrarse la audiencia es decir 11 de enero de 2013, tampoco se hizo referencia alguna y menos hasta la revisión de la presente sentencia conforme la SCP 0173/2012 de 14 de mayo, se haya presentado descargo alguno. 12 III.3. Sobre la presunción de veracidad de lo denunciado
Toda persona que fuera demandada dentro de cualquier proceso -judicial o administrativo- tiene el derecho a la defensa, como componente esencial de la garantía del debido proceso, este derecho ha sido entendido por la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1534/2003-R de 30 de octubre como: “...potestad inviolable del individuo a ser escuchado en juicio presentando las pruebas que estime convenientes en su descargo, haciendo uso efectivo de los recursos que la ley le franquea. Asimismo, implica la observancia del conjunto de requisitos de cada instancia procesal en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”.
En las acciones de defensa, la autoridad o persona demandada, tiene también el derecho a la defensa, en virtud del cual presentará la prueba que considere pertinente para desvirtuar la comisión del supuesto acto ilegal denunciado en la acción de libertad; pero además, tratándose de acciones de libertad, la presencia, informe y presentación de prueba se constituye en un responder a una acción de defensa, a fin de poder brindar a las autoridades jurisdiccionales constitucionales, la posibilidad de que su sentencia apoyada en los principios de certidumbre, valor justicia social y verdad material, emita un fallo que responda a la problemática traída en discusión; extremo que si no es tomado en cuenta por el demandado, quien no presente informe ni prueba en respuesta a la demanda instaurada en su contra; el juez de garantías emitirá una decisión basada en la prueba presentada por el accionante, considerándose como verás las afirmaciones del accionante. Siguiendo en el mismo criterio de presunción de veracidad, la SCP 1187/2016-S2 de 22 de noviembre en relación a la presunción de veracidad de lo denunciado expuso el deber de responder a la acción de defensa caso contrario, se tomará como una presunción de veracidad lo demandado por el accionante. Siguiendo esta línea, en sentido que la obligación de responder a la acción de defensa, se encuentra circunscrita en el marco del cumplimiento a los principios de compromiso e interés social, razón por la que si el accionado no responde a la demanda de acción tutelar, se presume la veracidad de la demanda. Al respecto, SCP 1053/2019-S1 de 21 de octubre sobre la deber procesal, que tiene la finalidad de otorgar a los jueces y tribunales de garantías, así como al propio Tribunal Constitucional Plurinacional, bases ciertas para emitir una resolución justa, bajo el principio de verdad material.
Así, la SCP 0087/2012 de 19 de abril, sostuvo que: “…la parte demandada se encuentra impelida por su propio interés en presentar prueba para la desestimación de la acción de libertad cuya negligencia puede incluso dar lugar a responsabilidad constitucional, más aún cuando la acción este dirigida contra un servidor público en cuyo caso ya no se trata de una carga procesal sino un deber procesal emergente del art. 235.2 de la CPE que establece que las y los servidores públicos deben 'cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función pública' y el art. 113.II que refiere: 'En caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño'. Es decir, en estos últimos casos en el ámbito de sus competencias y bajo responsabilidad todo servidor público no sólo cuenta con la obligación de presentarse a la audiencia, sino presentar conjuntamente a su informe la prueba pertinente a la acción de libertad, de forma que no provoque que el juez o tribunal de garantías e incluso este propio Tribunal emitan fallos sobre prueba incierta o basados únicamente en presunciones” (el subrayado es nuestro).
El entendimiento jurisprudencial anotado, guarda coherencia con lo señalado por la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, en la que se sostuvo que: “…en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos” (las negrillas son nuestras).
La Sentencia citada precedentemente reiteró la jurisprudencia constitucional anterior que estableció que, a falta de pruebas, se tienen por ciertos los extremos denunciados en la acción de libertad cuando la autoridad o persona demandada no asiste a la audiencia ni presta su informe de ley, o cuando en audiencia, o en su informe, confirma los actos denunciados de ilegales (SSCC 1164/2003-R, 0650/2004-R, 0141/2006-R, y 0181/2010-R, entre muchas otras). 13 III.3. Sobre la presunción de veracidad de lo denunciado
La SCP 0591/2013 de 21 de mayo asumiendo el entendimiento de la SCP 0087/2012 de 19 de abril, sostuvo que: “…en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social (…) la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.
La Sentencia citada precedentemente reiteró la jurisprudencia constitucional anterior que estableció que, a falta de pruebas, se tienen por ciertos los extremos denunciados en la acción de libertad cuando la autoridad o persona demandada no asiste a la audiencia ni presta su informe de ley, o cuando en audiencia, o en su informe, confirma los actos denunciados de ilegales (SSCC 1164/2003-R, 0650/2004-R, 0141/2006-R, y 0181/2010-R, entre muchas otras)” (el resaltado y subrayado fueron agregados). 14 III.4. Sobre la presunción de veracidad de lo denunciado
Al respecto la SCP 1187/2016-S2 de 22 de diciembre reiterando lo señalado por la SCP 0591/2013 de 21 de mayo señaló que:
presunción de veracidad de lo denunciado señaló que en mérito a los principios de compromiso e interés social, la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, resulta de imperiosa necesidad, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos. Finalmente esta presunción de verdad sobre lo denunciado por el accionante, cuenta con una razón de ser; toda vez que, en el caso de autoridades demandadas debido a su inasistencia a la acción tutelar o bien ante la falta de presentación del informe respectivo al juez o tribunal de garantías y falta de presentación de pruebas de descargo que ayuden a esclarecer los hechos y decidir la situación demandada, viéndose en la necesidad de dar crédito a las aseveraciones del accionante, sustentándose en el principio de buena fe, en tanto que tal presunción como se tiene referido, no afecte derechos de terceros o el interés público, se presumirá como verdadero lo denunciado por el peticionante de tutela. Al respecto, la SCP 0233/2019-S1 de 7 de mayo refirió que la presunción de veracidad en acciones de defensa, se torna como veras por inconcurrencia del “…la SCP 0087/2012 de 19 de abril, sostuvo que: “…en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social (…) la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.
La Sentencia citada precedentemente reiteró la jurisprudencia constitucional anterior que estableció que, a falta de pruebas, se tienen por ciertos los extremos denunciados en la acción de libertad cuando la autoridad o persona demandada no asiste a la audiencia ni presta su informe de ley, o cuando en audiencia, o en su informe, confirma los actos denunciados de ilegales (SSCC 1164/2003-R, 0650/2004-R, 0141/2006-R, y 0181/2010-R, entre muchas otras)” (las negrillas y subrayado corresponde al texto original).
La obligación del accionado de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, se torna de significativa importancia, ya que sustentado en tribunal de garantías en el principio de buena fe se presume por verdadero los argumentos esgrimidos por el accionante en su acción de amparo constitucional. 15 III.2. La presunción de veracidad en acciones de libertad, por inconcurrencia del demandado a la audiencia y por falta de informe sobre los hechos denunciados
La SCP 0576/2018-S1 de 1 de octubre, citó el entendimiento asumido por la SCP 0102/2014-S1 de 24 de noviembre, que señaló:
“La SC 0038/2011-R de 7 de febrero, señala que cuando un servidor público, no cumple con su deber de asistir a la audiencia de acción de libertad y no presenta el informe respectivo sobre los hechos demandados por el accionante, es posible aplicar el principio de presunción de verdad, cuando señala que: ‘…el servidor público «…es la persona física, que desempeña un trabajo material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad atender a necesidades sociales.» (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad.
Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: «La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados» y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes.
Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos.
En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: «Los hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso» y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: «…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno; por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como demandado a la audiencia y por falta de informe sobre los hechos denunciados.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y “a la locomoción”, a la presunción de inocencia, a la defensa; y, al debido proceso; toda vez que, pese a que dentro un proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de amenazas la entonces autoridad jurisdiccional emitió la Resolución 548/2011 de 12 de septiembre; por la cual, lo declaró en rebeldía al no haber comparecido a la audiencia correspondiente, ordenando la emisión de los mandamientos de aprehensión y arraigo; ante lo cual, interpuso incidente de actividad procesal defectuosa por nulidad de notificaciones; en mérito a ello, el referido Juez determinó la suspensión de los mandamientos emitidos en su contra; no obstante, encontrándose vigente su arraigo el 11 de noviembre de 2020 solicitó ante el ahora demandado la emisión de oficios a la “oficina de migración” a efectos del levantamiento de su arraigo; empero, la autoridad judicial ahora demandada determinó que primero debía purgar la rebeldía que se había determinado en la Resolución 548/2011.
De las Conclusiones arribadas por esta instancia constitucional se tiene que, dentro del proceso penal seguido contra el ahora impetrante de tutela, la audiencia de 17 de agosto de 2011; fue suspendida por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, debido a que no se lo había notificado debidamente, celebrándose en consecuencia el 12 de septiembre del citado año, nueva audiencia, en la cual la secretaria de dicho juzgado informó que no se habían cumplido las notificaciones correspondientes, pese a ello la autoridad jurisdiccional emitió la Resolución 548/2011 de la mencionada fecha, mediante la cual se declaró la rebeldía del ahora peticionante de tutela, disponiendo librarse mandamientos de aprehensión y de arraigo en su contra. Así, mediante memorial de incidente de actividad procesal defectuosa por nulidad de notificación, presentado el 6 de octubre de 2011, el ahora solicitante de tutela impetró se deje sin efecto los mandamientos emitidos en su contra, mereciendo el decreto de 7 del señalado mes y año, que determinó correrse en traslado a todos los sujetos procesales el incidente interpuesto y la suspensión de la ejecución de todos los mandamientos dispuestos contra el ahora accionante (Conclusiones II.1; II.2; II.3; y, II.4). Posteriormente, el impetrante de tutela presentó memorial el 13 de octubre de 2020, solicitando al Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, el desarchivo del expediente signado con IANUS: 201047002; el cual, fue respondido por decreto de 14 del señalado mes y año, en forma positiva; asimismo, a través de memorial de 11 de noviembre del referido año, solicitó, entre otros la extensión de oficios de levantamiento de arraigo, literal que motivó el decreto 12 del referido mes y año que determinó: “…En atención al memorial que antecede, por el personal de apoyo judicial procédase a la búsquese fisca del cuaderno de control jurisdiccional…” (sic). Después, por memorial de 9 de abril de 2021, el peticionante de tutela solicitó se oficie a “oficina de Migración” a efectos de que informen sobre el registro de arraigo; asimismo, extiendan fotocopias legalizadas de la resolución con la que se le habría arraigado; petición que fue atendida por decreto de 13 de abril de 2021; el cual, exigió que previo a la atención de las pretensiones del solicitante de tutela, este debía purgar su rebeldía debiendo estarse a lo determinado en la Resolución 548/2011 (Conclusiones II.5; II.6; y, II.7). Finalmente, mediante memorial de 19 de abril de 2021, el ahora accionante “comparece y pide revocar resolución de rebeldía por causales de impedimento debidamente justificado y presenta excepción de prescripción de la acción penal” (sic); el cual, fue respondido mediante decreto de 21 del indicado mes y año, señalando que de la revisión de obrados se colige que el impetrante de tutela fue declarado en rebeldía mediante la Resolución 548/2011; por lo que, previo a la consideración de cualquier pretensión por parte del mismo, correspondiendo que el prenombrado purgue su rebeldía (Conclusión II. 8).
Precisada la problemática traída en revisión, así como los antecedentes cursantes en el expediente, se denota que la autoridad ahora demandada no presentó informe alguno ni se hizo presente en la audiencia de esta acción de libertad; por lo que, corresponde la aplicación de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, en consecuencia, al haber dicho funcionario judicial faltado a su responsabilidad de desvirtuar los actos vulneratorios de derechos denunciados, privó al juez o Tribunal de garantías, de pruebas que ayuden a esclarecer los hechos y decidir la situación demandada; por lo que, surge la necesidad de dar crédito a las aseveraciones del peticionante de tutela, sustentándose en el principio de buena fe, considerando que no afecta derechos de terceros o el interés público. Es así que, se denota que el solicitante de tutela solicitó la emisión de oficios a efectos de que se levante el arraigo emitido en su contra en virtud de la Resolución 548/2011, mereciendo como respuesta que previo a la consideración de sus pretensiones debía purgar la rebeldía declarada en la misma Resolución; por lo que, a través de memorial reiteró su solicitud de emisión de oficios de levantamiento de arraigo y se deje sin efecto la declaratoria de su rebeldía; pues, la autoridad judicial competente -Juez de control jurisdiccional- había determinado mediante decreto de 7 de octubre de 2011, la suspensión de los mandamientos de aprehensión por rebeldía y de arraigo, así como el correr en traslado a todas las partes procesales el incidente de actividad procesal defectuosa por nulidad de notificaciones que había interpuesto -última actuación procesal que aconteció-. Ahora bien, se evidencia en primera instancia que dicho incidente de actividad procesal defectuosa nunca fue resuelto; situación que contraviene los plazos dispuestos en el Código de Procedimiento Penal, tanto en el vigente en el 2011, como el actual con las modificaciones dispuestas por la Ley 1173, aspecto que vulnera totalmente el derecho al debido proceso en su componente celeridad, ampliamente desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; pues, dilato superabundantemente la posibilidad del accionante de tener certeza respecto a su situación jurídica; lo cual, a su vez generó el planteamiento de la presente acción tutelar; toda vez que, de haberse cumplido con lo exigido por la norma adjetiva penal, no habría existido la necesidad de que el impetrante de tutela tenga que solicitar al ahora demandado la emisión de los oficios de levantamiento de arraigo, ni el dejar sin efecto su declaración de rebeldía. Al respecto, es menester precisar que la autoridad judicial ahora demandada determinó mediante decretos de 13 y 21, ambos de abril de 16 Artículo 314º.- (Trámite).
Las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes que, por su naturaleza o importancia, deban ser debatidas o requieran la producción de prueba, se tramitarán por la vía incidental, sin interrumpir la investigación y serán propuestas por escrito fundamentado en la etapa preparatoria y oralmente en el juicio, ofreciendo prueba y acompañando la documentación correspondiente.
Planteada la excepción o el incidente, el juez o tribunal la correrá en traslado a las otras partes para que, dentro de los tres días siguientes a su notificación, contesten y ofrezcan prueba.
Artículo 315º.- (Resolución).
Si la excepción o el incidente es de puro derecho, o si no se ha ofrecido o dispuesto la producción de prueba, el juez o tribunal, sin más trámite, dictará resolución fundamentada dentro de los tres días siguientes de vencido el plazo previsto en el artículo anterior.
Si se ha dispuesto la producción de prueba se convocará, dentro de los cinco días, a una audiencia oral para su recepción y, en la misma, se resolverá la excepción o el incidente de manera fundamentada. 17 “Artículo 314. (TRÁMITES). I. Durante la etapa preparatoria las excepciones e incidentes se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente.
II. La jueza o el juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, señalará audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea y pertinente. La audiencia se llevará a cabo dentro del plazo de tres (3) días, en la cual se considerará el planteamiento de las excepciones e incidentes y respuestas de las partes.
Cuando la parte procesal que planteó las excepciones e incidentes no asista injustificadamente a la audiencia señalada, se rechazará su planteamiento y en su caso, se aplicará el principio de convalidación del acto u omisión cuestionada. Cuando la otra parte no asista a la audiencia, no será causal de suspensión, salvo impedimento físico acreditado mediante prueba idónea.
“Artículo 315. (RESOLUCIÓN).
I. La jueza, el juez o tribunal en audiencia dictará resolución fundamentada declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda.”
2021, que previo a atender las pretensiones del peticionante de tutela, este debía purgar la rebeldía declarada en la Resolución 548/2011, argumentando que tal determinación era en virtud a lo colegido de la revisión de obrados; aspecto que, denota la negligencia y falta de interés con la que actuó dicha autoridad judicial; pues, encontrándose en posesión del expediente no realizó un análisis íntegro de los antecedentes; por cuanto, de haberlo hecho hubiese evidenciado la existencia del decreto de 7 de octubre de 2011 que dejó sin efecto la rebeldía determinada así como el mandamiento de arraigo; asimismo, se hubiese percatado de que existía un incidente de actividad procesal defectuosa pendiente de resolución; aspectos que, resultan más que suficientes para concluir que no correspondía que el solicitante de tutela tenga vigente en su contra arraigo alguno dentro del referido proceso penal, menos una declaratoria de rebeldía siendo que había interpuesto incidente para justificar su ausencia a la audiencia correspondiente. Consecuentemente, esta instancia constitucional encuentra inconvalidable la actuación desprendida por Juan Carlos Montalban Zapata, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, quien no actuó con la celeridad exigida por la Constitución Política del Estado, al exigir requisitos ilógicos y fuera de toda normativa legal, ignorando actuados cursantes en el expediente, conducta que se ve reflejada a su vez al haberse negado a recibir la notificación con la presente acción de libertad conforme manifestó la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; por lo que, al haber exigido purgar la rebeldía dispuesta por la Resolución 548/2011, previo a la consideración de las pretensiones del accionante -entre las cuales se encontraba la emisión de oficios de levantamiento de arraigo-; siendo que, se encontraba pendiente de resolución el incidente de actividad procesal defectuosa que pretende justificar la ausencia a la audiencia; e ignorar que el Juez de control jurisdiccional en su momento había determinado la suspensión de la efectivización de los mandamientos de arraigo y aprehensión emitidos contra el ahora impetrante de tutela, considerando que la existencia del mandamiento de arraigo restringe el derecho a la libre a locomoción del peticionante de tutela al limitar su libre tránsito, el demandado vulneró los derechos a la libertad, a la libre locomoción; y, al debido proceso del solicitante de tutela, haciendo viable la protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho (Fundamento Jurídico III.1), correspondiendo conceder la tutela impetrada en relación a los derechos citados. Finalmente, respecto a los derechos a la presunción de inocencia y a la defensa, el accionante no explicó de qué forma las actuaciones del ahora demandado habrían resultado en la vulneración de los mismos; lo cual, hace viable el denegar la tutela impetrada al respecto.
En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 17/2021 de 11 de agosto, cursante de fs. 56 vta., a 58, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, determinando que el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, dentro de veinticuatro horas de su legal notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, emita los oficios correspondientes a efectos del levantamiento de arraigo en favor del accionante, en caso de que este se deba a lo determinado en la Resolución 548/2011 de 12 de septiembre; asimismo, se deje sin efecto su declaratoria de rebeldía, conforme los Fundamento Jurídicos desarrollados en este fallo constitucional. 2º DENEGAR la tutela impetrada, respecto a los derechos a la defensa y a la presunción de inocencia conforme los Fundamentos Jurídicos desarrollados en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 3° Llamar severamente la atención a Juan Carlos Montalban Zapata, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, bajo la advertencia de que, en caso de incurrir nuevamente en las faltas desarrolladas en el presente fallo constitucional, se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 En su F.J.III.1 indico que: “La Constitución es una norma jurídica directamente aplicable y justiciable por su órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía, de naturaleza judicial y de composición plurinacional (Tribunal Constitucional Plurinacional) así como -atendiendo sus específicas atribuciones- por los jueces y tribunales de garantías que ejercen justicia constitucional; sin exclusión de los jueces o autoridades originarias de la pluralidad de jurisdicciones reconocidos en el texto constitucional (Jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena originario campesina y las jurisdicciones especializadas reguladas por la ley, conforme disponen los arts. 179 y 410 de la CPE), últimos operadores jurídicos, que se constituyen en los garantes primarios de la Constitución.”
2 La SCP 0112/2012 de 27 de abril, refirió que: “Existe uniformidad en la doctrina y jurisprudencia constitucional comparada en reconocer, de manera general, que los textos constitucionales están integrados prevalentemente por normas constitucionales- principios (Constituciones principistas) y también en la primacía de éstas respecto de las normas constitucionales-reglas (ante eventuales “antinomias” que salven la coherencia del sistema normativo).”
3 En su F.J. III.2 “(...) el tratamiento que debe darse a las solicitudes en las que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido. Esto en los casos, en los que por razones ajenas al beneficiario, la cesación de la detención preventiva u otro beneficio, no puede concretarse debido a los actos de obstaculización o dilación innecesaria, que originan que el solicitante, no obstante de haber sido favorecido por un beneficio que le permite obtener su libertad, se ve impedido de accederla, permaneciendo indebidamente detenido, situación por la cual se abre la protección que brinda el hábeas corpus ante la ausencia de celeridad en efectivizarse el beneficio otorgado.” (las negrillas nos corresponden)
4 En su F.J.III. “…La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”.
confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso»; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R. Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: «…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley»’. De lo referido precedentemente, es posible aplicar el principio de presunción de veracidad, por inasistencia de la autoridad demandada a la audiencia de acción de libertad y falta de informe sobre los hechos denunciados, tomando en cuenta las circunstancias del caso, siempre que su aplicación no afecte a terceros interesados o el interés público. Si bien este principio es propio del procedimiento administrativo, a través del cual la administración pública a-priori, presume iuris tantum, que el actuar de los administrados en la presentación de documentos y declaraciones formuladas responde a la verdad de los hechos que aseveran. En sentido más amplio, resulta aplicable cuando el servidor público, por su inasistencia a la audiencia de acción de libertad o falta de informe priva al juez o tribunal de garantías, de pruebas que ayuden a esclarecer los hechos y decidir la situación demandada, viéndose en la necesidad de dar crédito a las aseveraciones del accionante, sustentándose en el principio de buena fe, en tanto que tal presunción como se tiene referido, no afecte derechos de terceros o el interés público” (las negrillas nos corresponden).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0090_2023-S1.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): ebdb48138cc55f1f958178ca6aff8ad65705322bb692d9cda55cea5af001dca5
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