B.IA.LEGAL

SCP 0089/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 26 de abril de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
26 de abril de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
56975-2023-114-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denunció la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral, al trabajo y al debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica; toda vez que: i) Ejerciendo funciones como Secretaria Recepcionista de la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) Regional Cochabamba, la autoridad demandada emitió el Memorándum MEM/ARIT-CBBA-DER N° 0016/2023-ARC/2023-00104 de 26 de enero, por el cual, determinó prescindir de sus servicios a partir de su notificación, ocurrida el 27 del mismo mes y año, sin considerar que tiene bajo su cuidado y responsabilidad a su tía que padece de discapacidad intelectual grave; y, ii) En un acto de mala fe, la Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad de Impugnación Tributaria Cochabamba (AIT) -ahora demandada-, hizo que se la notificara con la respuesta a su memorial de 4 de enero de 2024, en una Ciudad diferente a la de su domicilio.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 09/2024 de 2 de febrero, cursante de fs. 128 a 133, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia; 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho al trabajo y a la inamovilidad laboral por su condición de tutora legal de una persona con discapacidad; disponiendo dejar sin efecto el Memorándum MEM/ARIT-CBBA-DER N° 0016/2023-ARC/2023- 00104 de 26 de enero, debiendo la Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad de Impugnación Tributaria Cochabamba (AIT), en el plazo de veinticuatro horas de su notificación con la presente resolución constitucional, proceder a la reincorporación laboral de la ahora accionante, más el pago de sueldos devengados desde el momento de su despido hasta la fecha de su reincorporación y demás derechos laborales que le correspondan, por las razones y Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al agravio denunciado en la segunda problemática del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El derecho a la estabilidad laboral como un derecho autónomo protegido por el Estado en el nuevo orden constitucional y la acción de amparo constitucional
  2. III.2. La carrera administrativa como regla y el carácter excepcional de los funcionarios provisorios en el orden constitucional
  3. III.3. Inamovilidad laboral de personas con discapacidad o que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad.
  4. III.4. Del cumplimiento y ejecución de las resoluciones constitucionales en resguardo del derecho de acceso a la justicia y su tutela judicial efectiva en acciones constitucionales.
  5. III.5. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0089/2024-S1 Sucre, 26 de abril de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 56975-2023-114-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 09/2024 de 02 de febrero, cursante de fs. 128 a 133 pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rosalva Luisa Montero contra Paola Andrea Vásquez Marzana, Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad de Impugnación Tributaria Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

A través de memorial presentado el 26 de junio de 2023, cursantes de fs. 33 a 45, la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La accionante, Secretaria Recepcionista de la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) Regional Cochabamba, designada interinamente mediante Memorándum ARIT/CBA/DER/MEM-0060/2022 de 11 de mayo, hasta que se lleve a cabo el proceso de convocatoria pública, denuncia la vulneración de sus derechos laborales a la inamovilidad laboral, al trabajo, al debido proceso y a la seguridad jurídica, y los de su tía con discapacidad intelectual grave, al privarle de su salario que se constituye también en los ingresos para una persona con discapacidad; toda vez que, después de haber presentado memorial poniendo en conocimiento de la autoridad demandada, que estaba a cargo del cuidado de su tía que padece de una discapacidad intelectual grave, a quien le provee alimentación, medicamentos, aseo personal y cuidados en general, fue ilegalmente desvinculada de su fuente laboral mediante memorándum MEM/ARIT-CBBA-DER N° 0016/2023-ARC/2023- 00104 de 26 de enero, poniendo el riesgo los medios de subsistencia y la vida misma de su tía. Ello, pese a haber comunicado a la entidad empleadora su condición de inamovilidad laboral, precisamente, por tener a su cargo a una persona con discapacidad, presentando a efecto el carnet de discapacidad de su tía, como prueba.

Su desvinculación se produjo a pesar de la comunicación y documentación que presentó, y pese a que, en los memoriales que introdujo, invocó la base legal constitucional y la jurisprudencia constitucional sobre la protección de los derechos de las personas con discapacidad y los de sus familias. Por lo que, luego de haber acudido sin éxito, ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Cochabamba y el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que emitió la Resolución Ministerial 724/23 de 15 de mayo de 2023, resolviendo la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, se vio obligada a recurrir ante la instancia constitucional en busca del resguardo de sus derechos, solicitando dejar sin efecto su desvinculación laboral, se disponga su reincorporación inmediata a su fuente laboral, en las mismas condiciones preexistentes, y el pago de los salarios devengados desde la fecha de su desvinculación hasta el presente. Manifestó que, mediante Sentencia se declaró en interdicción a Katia Auria Rodríguez Ortega y se Designó como Tutora Legal de la misma, a la ahora accionante Rosalva Luisa Montero.

Adicionalmente, expresó que la respuesta al memorial de comunicación de la accionante sobre su estado de inamovilidad, fue enviada a una ciudad diferente a la de su domicilio laboral, hecho que consideró que se trata de un acto de mala fe.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte accionante denunció la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral, al trabajo y al debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 14.III, 70, 71, 110.II, 128, 129.I, 178.I, 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana de derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela disponiendo: Dejar sin efecto la desvinculación laboral ordenada por Memorándum MEM/ARIT-CBBA-DER N° 0016/2023-ARC/2023-00104 de 26 de enero de 2023, disponiendo la reincorporación inmediata la fuente laboral, con las mismas condiciones que gozaba en la institución. 2. Ordenar el pago de los salarios privados por la indebida desvinculación, desde el 26 de enero al presente, a fin de proveer de alimentos y medicinas para mi tía KATIA AURIA RODRIGUEZ ORTEGA, calificada como discapacidad Intelectual (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 2 de febrero de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 126 a 127 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante, a través de su abogada, manifestó que se ratifica en los términos de su acción de amparo constitucional, misma que se dio lectura en la audiencia de garantías.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Paola Andrea Vásquez Marzana, Directora Ejecutiva de la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba; mediante informe escrito de 1 de febrero de 2024 cursante de fs. 114 a 122. Refirió que: a) La accionante, Rosalva Luisa Montero fue designada como personal interino (provisorio) en la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria de Cochabamba el 11 de mayo de 2022; b) No es evidente la denuncia de la ahora accionante, en sentido que la autoridad demandada no hubiera respondido a sus memoriales, toda vez que, la Directora Ejecutiva de la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) emitió respuesta mediante Proveído N° 001/2023, indicándole que debía cumplir con los requisitos para acreditar la tutoría, como presentar una Resolución Judicial de interdicción, además, que dicha notificación con el referido Proveído N° 001/2023 se realizó en secretaría de la AGIT a solicitud de la ahora accionante; c) En el marco de la normativa vigente y sin vulnerar derechos constitucionales, el 26 de enero de 2023, la accionante fue notificada con el Memorándum MEM/ARIT-CBBA-DER N° 0016/2023 que dispuso su desvinculación laboral, siendo que, hasta ese entonces, no acreditó la tutoría respecto de la declaratoria de interdicción de su tía; d) La amplia jurisprudencia constitucional, ha establecido que la inamovilidad laboral para tutores de personas con discapacidad, requiere la acreditación de la tutoría con una Resolución Judicial, hecho que no concurre en el caso presente, por cuanto, la ahora accionante, no acreditó la tutoría de su tía con discapacidad mental grave, mediante una Resolución Judicial al 26 de enero de 2023, lo que, hace que su desvinculación laboral fuera legal y no vulnere sus derechos; y, e) La Resolución Judicial de interdicción de 9 de junio de 2023, que acredita la tutoría de la accionante, respecto de su tía con discapacidad grave, fue presentada hasta después de su desvinculación.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Resolución 09/2024 de 2 de febrero, cursante de fs. 128 a 133, denegó la tutela solicitada, sin costas por ser excusable; ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) La accionante manifiesta que la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (AIT) vulneró sus derechos a la inamovilidad laboral, al trabajo y al debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica, alegando que la autoridad demandada la desvinculó de su cargo sin tomar en cuenta su condición de tutora de una persona con discapacidad grave, lo que le otorga inamovilidad laboral; 2) según los hechos expuestos y los antecedentes que cursan en el expediente, se tiene que: 2.i) La accionante fue designada interinamente como Secretaria Recepcionista en la AIT Regional Cochabamba, el 11 de mayo de 2022; 2.ii) El 26 de enero de 2023, la AIT le agradeció sus servicios y procedió a desvincularla; 2.iii) Ante ello, la accionante presentó una nota solicitando que se deje sin efecto la desvinculación debido a su condición de tutora de una persona con discapacidad; 2.iv) La AIT rechazó la solicitud de la accionante, argumentando que no había presentado la documentación necesaria para acreditar su condición de tutora y que la persona con discapacidad a su cargo no era menor de 18 años; 2.v) El rechazo a la petición de la accionante, mereció un recurso de revisión, el cual también fue rechazado por la autoridad demandada; 2.vi) Estos hechos, la llevaron a presentar la presente acción de amparo constitucional, argumentando que la parte demandada violó sus derecho previamente referidos, sin considerar que tiene bajo su responsabilidad a una persona con discapacidad intelectual grave; 3) Entre los argumentos que fundamentan la decisión de la Sala Constitucional de garantías, se tiene: 3.i) Que, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) reconoce la protección reforzada de las personas con discapacidad y de aquellas que tienen a una bajo su dependencia; 3.ii) La inamovilidad laboral beneficia a los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley; 3.iii) Respecto del punto anterior, se tiene que la accionante no presentó la documentación necesaria para acreditar su condición de tutora al momento de su desvinculación; 3.iv) La persona con discapacidad intelectual grave, señora Katia Auria Rodríguez Ortega, tía de la ahora accionante, no era menor de 18 años al momento de la desvinculación; 3.v) Todo lo previamente expuesto, conlleva a que la Sala Constitucional de garantías, concluya que la parte demandada no violó los derecho de la accionante, denunciados como vulnerados. Por lo que, denegó la tutela solicitada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente:

II.1. Cursa Memorándum ARIT/CBA/DER/MEM-0060/2022 de 11

de mayo, emitido por Raúl Einar Rivas Camacho, Director Ejecutivo Regional Cochabamba de la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT);

por el cual, designa interinamente en el cargo de Secretaria Recepcionista a Rosalva Luisa Montero -ahora accionante-, dependiente de Dirección Ejecutiva Regional de la AIT, expresando textualmente que:

“Al tratarse de una designación interina, la misma será efectiva hasta que se lleve a cabo el proceso de convocatoria pública, de conformidad al artículo 21 del Decreto Supremo 26115 de 16 de marzo de 2001, artículo 12 inciso e) del Decreto Supremo 25749 y articulo 14 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal aprobado mediante Resolución Administrativa AGIT/0016/2012, de 5 de marzo de 2012”. (fs. 24).

II.2. Consta Memorial presentado el 4 de enero de 2023, por el cual, Rosalva Luisa Montero -ahora accionante-, se dirige ante el Director Regional Cochabamba de la AIT para poner en su conocimiento que:

“…dentro mi entorno familiar, tengo bajo mi cargo y responsabilidad a mi tía KATIA AURIA RODRIGUEZ ORTEGA, con C.I. Nro. 5031639, con 39 años de edad, quien al presente sufre de una discapacidad mental, catalogada como grave de acuerdo al carnet de discapacidad Nro. 03-19831214KRO, otorgada por el Ministerio de Salud, amparado en el Art. 2, Parag. V, de la Ley 977 de fecha 26 septiembre del 2017” (sic) (fs. 2). II.3. Mediante proveído 001/2023 de 11 de enero de 2023, la Directora Ejecutiva General a.i. de la Autoridad de Impugnación Tributaria, responde al memorial de la ahora accionante, manifestando que:

“En consideración a su escrito de 4 de enero de 2023, presentado por la señora Rosalva Luisa Montero, estese a los requisitos previstos por Ley, en el marco del Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27477, de 6 de mayo de 2004, modificado por el Decreto Supremo N° 29608, de 18 de junio de 2008. AL OTROSÍ.- Por señalado” (sic [fs. 83]). II.4. A través de acta de notificación en secretaria de 12 de enero de 2023, consta la notificación practicada a Rosalva Luisa Montero, con el proveído 001/2023 de 11 de enero, en la secretaria de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, ubicada en la Av. Víctor Sanjinez 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España), de la Ciudad de La Paz (fs. 84). II.5. Se tiene Memorándum MEM/ARIT-CBBA-DER N° 0016/2023-ARC/2023- 00104 de 26 de enero, emitido por Paola Andrea Vásquez Marzana, Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad de Impugnación Tributaria Cochabamba; por el cual, enunciando la normativa vigente y la jurisprudencia constitucional, desvincula laboralmente a la ahora accionante agradeciéndole los servicios prestados a partir de la fecha de emisión del referido Memorándum (fs. 3).

II.6. Cursa Memorial de 27 de enero de 2023, a través del cual, la ahora accionante representa el Memorándum MEM/ARIT-CBBA-DER N° 0016/2023-ARC/2023- 00104 de 26 de enero, argumentando que se encuentra bajo el cuidado y responsabilidad de su tía Katia Auria Rodríguez Ortega, que padece de una discapacidad mental grave, solicitando dejar sin efecto el referido memorándum (fs. 86 y vta.). II.7. El 1 de febrero de 2023, a través de nota con CITE: CE/ARIT-CBBA-DER N° 0011/2023, la autoridad demandada responde al escrito de 27 de enero de 2023 de la accionante, manifestándole que:

“En atención a lo señalado en su escrito de referencia, adjunto a la presente, copia simple del Proveído N° 001/2023, de 11 de enero de 2023 con su respectiva diligencia de notificación, la misma que fue realizada en Secretaria de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, como lo solicitó en su escrito de 4 de enero de 2023. Aclarar que revisados los antecedentes de su file personal, se evidencia que desde el momento de su incorporación, su persona no hizo referencia alguna, a la situación que aduce ahora, comunicando formalmente este hecho a la entidad, recién mediante el escrito de 4 de enero de 2023, el cual mereció una respuesta pronta y oportuna, tal como se expuso en el párrafo previo. En ese sentido, reiterar que debe considerar los requisitos previstos en el Articulo 5 del Decreto Supremo N° 27477, de 6 de mayo de 2004, modificado por el Decreto Supremo N° 29608, de 18 de junio de 2008, que a su texto señala:

"ARTÍCULO 5- (INAMOVILIDAD). Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o 1. privado, gozaran de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley. II. La inamovilidad anteriormente dispuesta beneficiará a los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad, y sólo será aplicable cuando los hijos o los dependientes sean menores de dieciocho (18) años, situación que deberá ser debidamente acreditada, salvo que se cuente con declaratoria de invalidez permanente, contenida en el Certificado Único de Discapacidad, emitida por el Ministerio de Salud y Deportes, de conformidad al Decreto Supremo N° 28521" (énfasis añadido). En el marco de lo expuesto, su persona no acreditó el carácter de tutor alegado, siendo una condición necesaria, a cuya ausencia, resulta evidente que su pretensión no se ajusta a los presupuestos previstos en la normativa vigente” (sic [fs. 87]). II.8. A través de Resolución Administrativa de 2 de marzo de 2023, la Jefe Departamental de Trabajo de Cochabamba, Sinthia Martha Lozada Vega, rechaza la causa interpuesta por Rosalva Luisa Montero contra Paola Andrea Vásquez Marzana, Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad de Impugnación Tributaria Cochabamba, por no haber identificado un despido con sin causa justificada o desvinculación laboral (fs. 8 a 11). II.9. Mediante Memorial presentado el 9 de marzo de 2023, Rosalva Luisa Montero -accionante-, interpone recurso de revisión ante la Jefatura Departamental del Ministerio de Trabajo de Cochabamba, contra la Resolución administrativa de 2 de marzo de 2023, solicitando la revocatoria de dicha resolución y se la restituya a su fuente laboral concediéndosele la inamovilidad laboral por tener bajo su cargo y responsabilidad a su tía que padece una discapacidad grave (fs. 12 a 14 vta.).

II.10.Consta Resolución Ministerial 724/23 de 15 de mayo de 2023,

por el cual, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social dispone la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, es decir, hasta la Citación y Emplazamiento MTEPS-DNC-REDLAB-349-2023 de 30 de enero, respecto de la Resolución Administrativa de 2 de marzo de 2023 (fs. 17 a 19).

II.11.Se tiene Informe MTEPS-JDT CO-TEP-1478-INF/23 de 5 de

junio de 2023, emitido por la Inspector de Trabajo de Cochabamba, dirigido ante la Jefa Departamental de Trabajo de Cochabamba, en cuya recomendación, establece que, según el principio de inmediatez la accionante deba acudir a la vía llamada por ley, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho que considere vulnerado (fs. 51 a 54).

II.12.Cursa Sentencia de 9 de junio de 2023, emanado del Juzgado Octavo de Partido de Familia de la Capital, a través de la cual, se declara probada la demanda de Declaración de Interdicción interpuesta por Rosalva Luisa Montero en contra de Katia Auria Rodríguez Ortega; se declara en estado de interdicción a Katia Auria Rodríguez Ortega y se designa tutora legal de la mayor interdicta, a la demandante Rosalva Luisa Montero (fs. 20 a 21 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denunció la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral, al trabajo y al debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica; toda vez que: i) Ejerciendo funciones como Secretaria Recepcionista de la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) Regional Cochabamba, la autoridad demandada emitió el Memorándum MEM/ARIT-CBBA-DER N° 0016/2023-ARC/2023-00104 de 26 de enero, por el cual, determinó prescindir de sus servicios a partir de su notificación, ocurrida el 27 del mismo mes y año, sin considerar que tiene bajo su cuidado y responsabilidad a su tía que padece de discapacidad intelectual grave; y, ii) En un acto de mala fe, la Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad de Impugnación Tributaria Cochabamba (AIT) -ahora demandada-, hizo que se la notificara con la respuesta a su memorial de 4 de enero de 2024, en una Ciudad diferente a la de su domicilio.

En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para dicho fin, se analizarán los siguientes fundamentos: a) El derecho a la estabilidad laboral como un derecho autónomo protegido por el Estado en el nuevo orden constitucional y la acción de amparo constitucional; b) La carrera administrativa como regla y el carácter excepcional de los funcionarios provisorios en el orden constitucional; c) Inamovilidad laboral de personas con discapacidad o que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad; d) Del cumplimiento y ejecución de las resoluciones constitucionales en resguardo del derecho de acceso a la justicia y su tutela judicial efectiva en acciones constitucionales; y, e) Análisis del caso concreto.

III.1. El derecho a la estabilidad laboral como un derecho autónomo protegido por el Estado en el nuevo orden constitucional y la acción de amparo constitucional

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las SCP 0577/2020-S1 de 07 de octubre, 1067/2023-S1 de 11 de septiembre, 1029/2022-S1 de 21 de septiembre, entre otras; mismas que formularon el siguiente entendimiento: En el nuevo orden constitucional, se reconoce el derecho a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, como un derecho autónomo previsto en el art. 46.I.2 de la CPE. En sintonía con este reconocimiento, el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 22 de junio de 1982, establece implícitamente el derecho a la estabilidad laboral, al referirse en su art. 4, a la prohibición de la terminación de la relación laboral en los siguientes términos:

“No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”

En ese marco normativo, corresponde señalar que la legislación nacional infraconstitucional, expresada en el art. 11.I del DS 28699, determina expresamente:

“Se reconoce la estabilidad laboral a favor de todos los trabajadores asalariados de acuerdo a la naturaleza de la relación laboral, en los marcos señalados por la Ley General del Trabajo y sus disposiciones reglamentarias” (negrillas ilustrativas). En el marco normativo citado precedentemente, que reconoce el derecho a la estabilidad laboral, la jurisprudencia constitucional se ha encargado en establecer el contenido o alcance del citado derecho, en los siguientes términos:

… “en definitiva tiende a otorgar un carácter permanente a la relación laboral generando en el trabajador seguridad, paz y confianza para el adecuado desempeño de sus funciones, sin la presión que ejerce sobre la conciencia de la persona de ser despedido de su trabajo arbitrariamente y muchas veces sólo por el capricho de los que ostentan temporalmente el poder o dirección de una entidad laboral; sin que esto implique que el trabajador no cumpla debidamente las obligaciones para las que fue contratado; de donde resulta que en todo Estado de Derecho se busca alcanzar esta meta reafirmando los principios de estabilidad e inamovilidad funcionaria como regla y como excepción el despido justificado; en nuestra legislación laboral por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT, o en su caso en los reglamentos internos de cada entidad laboral”.

En sintonía con dicho razonamiento, a partir de una interpretación progresiva de los derechos económicos y sociales dispuesto en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la Sentencia de 31 de agosto de 2017 del Caso Lagos del Campo vs. Perú, expresó al respecto que:

“Cabe precisar que la estabilidad laboral no consiste en una permanencia irrestricta en el puesto de trabajo, sino de respetar este derecho, entre otras medidas, otorgando debidas garantías de protección al trabajador a fin de que, en caso de despido se realice éste bajo causas justificadas, lo cual implica que el empleador acredite las razones suficientes para imponer dicha sanción con las debidas garantías, y frente a ello el trabajador pueda recurrir tal decisión ante las autoridades internas, quienes verifiquen que las causales imputadas no sean arbitrarias o contrarias a derecho”. De las citas constitucionales, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede concluirse que en virtud al derecho a la estabilidad laboral, el trabajador tiene la facultad de conservar su lugar de trabajo, en tanto no existan las causas que la ley establece para justificar su despido, previo cumplimiento de un debido proceso; en tanto, conlleva para el Estado, el cumplimiento del deber de protección de la estabilidad laboral, en estricta observancia de los principios constitucionales de protección de los trabajadores, primacía de la relación laboral, continuidad y estabilidad laboral, inversión probatoria en favor del trabajador, el carácter irrenunciable de los derechos laborales y la ineficacia de los convenios que tiendan a burlar derechos laborales, entre otros. Ahora bien, por otra parte, en contraste al mencionado derecho, también se ha impuesto al Estado, el deber de proteger el derecho a la estabilidad laboral por mandato constitucional, en esa comprensión el Estado tiene el deber de protección el ejercicio del trabajo en todas sus formas, previsto en el art. 46.II del CPE, la norma constitucional, de manera específica establece el deber de protección a la estabilidad laboral que le corresponde, prohibiendo el despido injustificado y toda forma de acoso laboral, prescrito por el art. 49.III. A partir de este marco constitucional referido a la estabilidad laboral, el desarrollo legislativo y reglamentario en materia social en general y laboral en particular, generó un cuerpo o estructura normativa que está destinado

“…en lo fundamental a proteger a las trabajadoras y trabajadores del país contra el despedido arbitrario del empleador sin que medie circunstancias atribuidas a su conducta o desempeño laboral, que de acuerdo a nuestra legislación se las denomina causas legales de retiro, prevaleciendo el principio de la continuidad de la relación laboral, viabilizando la reincorporación de la trabajadora o trabajador a su fuente de trabajo o el pago de una indemnización, conforme nuestra legislación vigente” .

En la citada Sentencia de 31 de agosto de 2017 del Caso Lagos del Campo vs. Perú, de la Corte IDH, se expresó al respecto que:

…”las obligaciones del Estado en cuanto a la protección del derecho a la estabilidad laboral, en el ámbito privado, se traduce en principio en los siguientes deberes: a) adoptar las medidas adecuadas para la debida regulación y fiscalización de dicho derecho; b) proteger al trabajador y trabajadora, a través de sus órganos competentes, contra el despido injustificado; c) en caso de despido injustificado, remediar la situación (ya sea, a través de la reinstalación o, en su caso, mediante la indemnización y otras prestaciones previstas en la legislación nacional). Por ende, d) el Estado debe disponer de mecanismos efectivos de reclamo frente a una situación de despido injustificado, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de tales derechos” (infra, párrs. 174, 176 y 180).

En esa comprensión corresponde establecer los medios o procedimientos dispuestos por el orden constitucional en sede administrativo o judicial para la protección de los derechos sociales, en los términos previstos en el art. 50 de la CPE, “El Estado, mediante tribunales y organismos administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de la seguridad industrial y los de la seguridad social”. En ese marco constitucional, en el ámbito administrativo el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social del Órgano Ejecutivo tiene la atribución de prevenir y resolver los conflictos individuales y colectivos de las relaciones laborales, conforme establece el art. 86.g) del DS 29894 de 7 de febrero de 2009. Ahora bien, las normas reglamentarias que regulan las relaciones laborales -DS 28699 de 1 de mayo de 2006 y DS 495, 1 de mayo de 2010-, establecen que en caso de despido injustificado o por causas no contempladas en el art. 16 de la LGT, el trabajador puede optar: 1) El pago de beneficios sociales; y, 2) La reincorporación al mismo puesto laboral al momento de ser despedido. En caso de que el trabajador elija la opción de reincorporación, debe acudir al Ministerio de Trabajo para que a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo, comprobada el despido injustificado, emitan la conminatoria de reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales actualizados; dicha conminatoria es de ejecución inmediata; es decir, la 4 Respecto a las opciones emergentes del despido injustificado, el art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de2006, establece expresamente: “Artículo 10°.- (Beneficios sociales o reincorporación)

I. Cuando el trabajador sea despedido por causas no contempladas en el Artículo 16 de la Ley General del Trabajo, podrá optar por el pago de los beneficios sociales o por su reincorporación.

II. Cuando el trabajador opte por los beneficios sociales, el empleador está obligado a cancelar los mismos además de los beneficios y otros derechos que el corresponda, en el tiempo y condiciones señaladas en el artículo séptimo de la presente ley.

III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación, podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, donde una vez probado el despido injustificado, se dispondrá la inmediata reincorporación al mismo puesto que ocupaba a momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales actualizados a la fecha de pago. En caso de negativa del empleador, el Ministerio de Trabajo impondrá multa por Infracción a Leyes Sociales, pudiendo el trabajador iniciar la demanda de Reincorporación ante el Juez del Trabajo y Seguridad Social con la prueba del despido injustificado expedida por el Ministerio de Trabajo”. 5 Concerniente a la opción de reincorporación laboral el DS Nº 495, 1 de mayo de 2010, que modifica el art 10.III e incluye los parágrafos IV y V del art. 10 del DS 28699 de 1 de mayo de2006, establece en su artículo único, las siguientes disposiciones: “Se modifica el Parágrafo III del Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, con el siguiente texto:

`III. En caso de que el trabajador opte por su reincorporación podrá recurrir a este efecto ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, donde una vez constatado el despido injustificado, se conminará al empleador a la reincorporación inmediata al mismo puesto que ocupaba la trabajadora o trabajador al momento del despido, más el pago de los salarios devengados y demás derechos sociales que impugnación en sede administrativa a través de los recursos de revocatoria y jerárquico o en sede judicial, no tiene efectos suspensivos de la ejecución de la conminatoria, en otros términos, la ejecución inmediata de la conminatoria de reincorporación no debe ser suspendida por la impugnación presentada en cualquiera de las vías. La misma norma reglamentaria establece que en caso de subsistir la renuencia para cumplir la conminatoria de reincorporación por el empleador o la parte patronal, el trabajador puede acudir a la vía constitucional en procura de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral. Del marco normativo reglamentario relativo al proceso administrativo de denuncia de despido injustificado y solicitud de reincorporación laboral ante el Ministerio de Trabajo vinculado al principio de subsidiariedad que rige la acción de amparo constitucional, puede concluirse que la citada acción tutelar se activa para los casos de lesión al derecho a la estabilidad laboral, una vez agotada la vía administrativa ante el Ministerio de Trabajo que tenga como resultado la emisión de la conminatoria de reincorporación laboral inmediata al mismo puesto que ocupaba al momento del despido, más el pago de salarios devengados y demás derechos sociales actualizados, caso contrario importará incurrir en supuestos de subsidiariedad, impidiendo a la jurisdicción constitucional ingresar a conocer, considerar y resolver dicha causa.

III.2. La carrera administrativa como regla y el carácter excepcional de los funcionarios provisorios en el orden constitucional

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las SCP 0951/2022-S1 de 16 de septiembre, 1282/2022-S1 de 27 de octubre, entre otras; en torno a las cuales se formuló el siguiente entendimiento:

Sobre la base del art. 44 de la Constitución abrogada, que establecía que el Estatuto del Funcionario Público contendrá las disposiciones que garanticen la carrera administrativa, se puso en vigencia la Ley 2027, entre cuyas disposiciones transitorias y finales (art. 71), asigna la condición de funcionarios provisorios, a quienes desempeñan funciones en cargos correspondientes a los de carrera administrativa y que no hayan cumplido las condiciones impuestas para ser incorporados como funcionarios de carrera (art. 70); estableciendo además un mandato, que en el ámbito de su competencia el poder ejecutivo programará la sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo institucional; por lo que, a los funcionarios provisorios no les corresponde acogerse a los derechos de los funcionarios de carrera, quienes fueron sometidos a un proceso de reclutamiento de personal conforme a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y el Estatuto del Funcionario Publico.

Otras diferencias entre estas categorías de servidores públicos, enfatizan que los funcionarios provisorios no pueden impugnar la resolución que implique su remoción; es decir, no goza de inamovilidad laboral como el de carrera administrativa; a los funcionarios provisorios basta comunicarles el cese de sus funciones, no sucede lo mismo con los funcionarios de carrera a quienes se requiere someterlos a un proceso administrativo por la comisión de alguna falta para cesarlo de sus funciones; si por el contrario, para el retiro del funcionario provisorio se invocare alguna causal para cesarlo de sus funciones, ello conlleva la realización del debido proceso previamente, incluyendo el respecto del derecho a la defensa y a la impugnación; es decir, para la cesación de las funciones de los funcionarios provisorios, no requiere la invocación de algún motivo en particular, pueden ser cesados en cualquier momento y solo por la calidad de ser funcionarios provisorios. Línea jurisprudencial que fue reiterándose de manera sostenida y uniforme, incluso en vigencia de la actual Constitución Política del Estado.

Bajo ese criterio se fueron repitiendo los casos de cesación de servidores públicos, con el solo fundamento de corresponder al carácter provisorio de los mismos, en los diferentes niveles de gobierno, central, departamental, municipal, etc., convirtiéndose en una práctica habitual que, sometido a conocimiento y control de éste Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha mantenido en una posición inmutable respecto a los servidores públicos provisorios, convalidando esta práctica que provoca la inestabilidad laboral de los servidores públicos, la inseguridad jurídica en la que se desenvuelven, afectando todo el sistema de la administración pública, en suma convirtiendo esta situación en una regla general, cuando en realidad debería ser una excepción. Sin embargo, es preciso revisar dicho entendimiento a la luz del nuevo orden constitucional, puesto que no se puede ignorar el mandato que establece la carrera administrativa como regla y la excepcionalidad del funcionario provisorio, en cuyo mérito el art. 233, establece que las personas que desempeñan funciones públicas son servidoras y servidores públicos y forman parte de la carrera administrativa, con excepción de aquellas que desempeñan cargos electivos, las designadas y designados, y de libre nombramiento. Mandato que sintoniza con los principios constitucionales que rigen la administración pública como el de compromiso e interés social, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, responsabilidad y resultados, entre otros, a los cuales se sujetan los principios fijados por el Estatuto del Funcionario Público, precedentemente citado, entre los que destaca el de servicio exclusivo a los intereses de la colectividad, reconocimiento al mérito, capacidad e idoneidad funcionaria, igualdad de oportunidades, reconocimiento de la eficacia, competencia y eficiencia en el desempeño de las funciones públicas para la obtención de resultados en la gestión, capacitación y perfeccionamiento de los servidores públicos, entre otros. En ese sentido, es necesario remarcar que el Estatuto del Funcionario Público dispone la sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo institucional, como se tiene citado precedentemente; esto implica, la sujeción a la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y los diferentes sistemas que le conciernen, de tal forma que se cumpla con la finalidad establecida por el mandato constitucional, la vigencia de la carrera administrativa como regla, en los que no se encuentran incluidos los que desempeñan cargos electivos, las designadas y designados y de libre nombramiento, a los que es pertinente sumar los funcionarios provisorios que fueron configurados por el Estatuto y la jurisprudencia constitucional precedentemente citada, que, en sintonía con los razonamientos que anteceden, puede inferirse que alcanzan la categoría de excepcionales; es decir, los funcionarios provisorios ocupan o desempeñan un cargo de la carrera administrativa que debe ser institucionalizado en procura de su especialización y del cumplimiento de las metas y fines institucionales del servicio público, hasta que la administración pública realice el proceso de reclutamiento y selección del personal para su ingreso a la carrera administrativa, proceso dentro el cual, al funcionario provisorio le asiste el derecho de participar sin restricción alguna que los establecidos por ley, en igualdad de condiciones. Consiguientemente, los funcionarios provisorios que ocupan o desempeñan un cargo de la carrera administrativa que debe ser institucionalizado, no podrán ser destituidos o removidos si acaso no se ha iniciado el proceso de reclutamiento y selección de personal, proceso en el cual tendrán derecho de participar, salvo que se invocare alguna causal para cesarlo de sus funciones, supuesto que conlleva la realización de un proceso previo en la que puedan ejercer el derecho a la defensa. Estos razonamientos encuentran correspondencia con el mandato constitucional que establece el deber que impone al Estado, de proteger al trabajo en cualquiera de sus formas incluyendo como ya se dijo al servidor público provisorio, transitorio o temporal, pues el ejercicio del derecho al trabajo importa el aseguramiento de los medios de subsistencia de la persona y su entorno familiar; su continuidad y estabilidad laboral debe quedar garantizada en tanto no medie una causal justificada, proscribiendo toda forma de arbitrariedad y en tanto se cumpla la regla general de la implementación de la carrera administrativa en todos y cada uno de los niveles y entidades de la administración pública. Lo contrario implicaría, la inversión de una situación definida por mandato constitucional, como es la carrera administrativa como regla y el funcionario provisorio como excepción; de tal forma que los cargos públicos destinados a ser ocupados por funcionarios de carrera, continúen ocupados por funcionarios provisorios de turno, de manera indefinida y sin restricción o control algún, afectando no solo a los servidores públicos que ocupen dichos cargos, en un ambiente de inestabilidad e incertidumbre, sino, a la colectividad en su conjunto.

III.3. Inamovilidad laboral de personas con discapacidad o que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad.

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las SCP 0289/2020-S1 de 10 de agosto, 0475/2022-S1 de 24 de junio, 1017/2023-S1 de 30 de agosto, entre otras; mismas que formularon el siguiente entendimiento:

Inicialmente corresponde remitirnos a la normativa que regula este aspecto; por ello, inicialmente la Constitución Política del Estado, a lo largo de sus disposiciones prevé las siguientes prerrogativas y derechos respecto de las personas con discapacidad:

“Artículo 14.

(…)

II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.

(…)” (el resaltado nos corresponde)

“Artículo 45.

(…)

III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales

(…)” (las negrillas adicionadas).

“Artículo 70. Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos:

1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna. 5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales.

Artículo 71

I. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad. II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna. III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad.

Artículo 72. El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley”.

“Artículo 300.

I. Son competencias exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción:

(…)

30. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad”.

“Artículo 302.

I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su jurisdicción:

(…)

39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer, adulto mayor y personas con discapacidad”.

Por su parte, la Ley 223 de 2 de marzo de 2012, denominada Ley General Para Personas con Discapacidad, con relación al derecho a la inamovilidad laboral de este sector social, prescribe:

“Artículo 13. (DERECHO A EMPLEO, TRABAJO DIGNO Y PERMANENTE). El Estado Plurinacional garantiza y promueve el acceso de las personas con discapacidad a toda forma de empleo y trabajo digno con una remuneración justa, a través de políticas públicas de inclusión socio-laboral en igualdad de oportunidades

Artículo 34.- (Ámbito de Trabajo)

I. “El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá incorporar planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad.

II. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan

causales que justifiquen debidamente su despido. III. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad. IV. Las personas con discapacidad deberán contar con una fuente de trabajo” (negrillas añadidas).

Por su parte, el DS 27477 de 6 de mayo de 2004, mediante su art. 3, refiere lo siguiente:

“Artículo 3°. - (Principios rectores) La aplicación del presente Decreto Supremo estará regida por los siguientes principios:

Principio de preferencia. - Por el que las instituciones públicas y privadas deben considerar con carácter preferente a personas con discapacidad para el acceso, promoción y capacitación laboral, proporcionándoles las condiciones de trabajo necesarias para facilitar su desempeño en tareas para las que sean aptas, evitando todo tipo de discriminación fundada en su discapacidad o deficiencia.

Principio de integración. - Por el que se deben adoptar los mecanismos más adecuados para posibilitar la activa incorporación material, laboral y social de las personas con discapacidad en sus lugares de trabajo, a través de procedimientos idóneos que permitan su integración plena.

Principio de estabilidad laboral. - Por el que las personas con discapacidad no pueden ser retiradas de sus fuentes de trabajo, salvo por las causales legalmente establecidas, previo proceso interno.

Principio de normalización. - Por el que las instituciones deberán contar con condiciones materiales y físicas apropiadas en cuanto a infraestructura, transporte que, cuando sea posible para la institución, deberá servir para llevar y recoger a las personas desde sus domicilios hasta las fuentes de trabajo, equipamiento y seguridad, que permitan a las personas con discapacidad desenvolverse con normalidad.

Principio de Calificación. - Por el que las personas con discapacidad podrán participar en exámenes y calificación para ascensos en las instituciones y entidades públicas y privadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades físicas y mentales, en igualdad de condiciones y respetando el derecho preferente en la decisión” (el subrayado y negrillas nos corresponden).

“Artículo 5°.- (Inamovilidad)

I. Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozarán de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley.

II. Los trabajadores o funcionarios que tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, en 1° (primer grado) en línea directa y hasta el 2° (segundo grado) en línea colateral, gozarán también de inamovilidad funcionaria en los términos establecidos en el parágrafo precedente” (el resaltado es ilustrativo).

Efectuada la precisión normativa respecto al derecho de las personas con discapacidad y sobre el derecho a la inamovilidad laboral del mismo grupo etáreo; incumbe remitirnos a las reflexiones desarrolladas por la máxima instancia de control constitucional; en ese sentido, abordando el derecho de este grupo social, la línea jurisprudencial, fue uniforme y desarrollada en muchas sentencias, siendo una de las primeras la SCP 0235/2007-R de 10 de abril, que en esencia refirió que corresponde otorgar una tutela reforzada a las personas con discapacidad y/o tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, salvo casos expresamente previstos en la ley, garantizando de esa forma su inamovilidad laboral; entendimiento, que fue reiterado en numerosas sentencias, entre ellas, la SCP 0390/2014 de 25 de febrero refiriendo básicamente que:

11 Fundamento Jurídico III.2. “…el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios que presten servicios en los sectores público o privado, no sólo se refiere al trabajador en sí mismo sino que en prevención a que una ruptura de la relación laboral pueda llegar a afectar a un dependiente discapacitado de ese trabajador o funcionario, garantizando su inamovilidad, instituyendo así una tutela reforzada del derecho al trabajo de las personas, en razón de su discapacidad o de la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia, excepto que su despido se opere por las causas señaladas por ley y previo proceso que determine haberse incurrido en dichas causales.

Consiguientemente, se establece que, la recurrente no podía ser retirada de su fuente de trabajo, al tener una hija discapacitada bajo su dependencia, salvo por las causales legalmente establecidas y previo proceso interno, conforme establecen los instrumentos normativos establecidos al efecto…”. 12“En ese orden de ideas, de los Fundamentos Jurídicos III.2. desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se extrae que en función a los valores y principios de igualdad y justicia, las personas con capacidades diferentes, son consideradas como un grupo de atención prioritaria, cuyos derechos fundamentales y garantías constitucionales deben ser tutelados de manera inmediata, prescindiendo de cualquier formalidad o aspecto tendiente a dilatar su pronto y efectivo restablecimiento; bajo ese razonamiento, la Ley de la Persona con Discapacidad y el DS 29608, concordantes con los preceptos contenidos en la Ley Fundamental, enaltecen la exclusiva protección a las personas con capacidades diferentes y a los padres o tutores que los tengan bajo su dependencia, estableciendo su inamovilidad laboral como resguardo de sus derechos fundamentales como el trabajo, a la estabilidad laboral y a una remuneración justa que le asegure una vida digna para sí y su familia.

La inamovilidad laboral de la que gozan los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes, no pueden ser removidos de sus fuentes laborales, debido a la específica finalidad de la misma, cual es asegurar a la persona con capacidad diferente el goce efectivo de sus derechos a través de la satisfacción de sus necesidades como salud, educación, alimentación, desarrollo integral, etcétera, para ello la fuente laboral estable del padre o tutor juega un papel preponderante al constituirse en el medio que le permita alcanzar una vida digna, por lo en base a precedentemente expuesto amerita conceder la tutela solicitada por el accionante; pues se ha establecido que se encuentra dentro del ámbito de protección que establece la Constitución Política del Estado y las disposiciones legales desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que justifican la inmediata protección a sus derechos

“La inamovilidad laboral de la que gozan los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes, no pueden ser removidos de sus fuentes laborales, debido a la específica finalidad de la misma, cual es asegurar a la persona con capacidad diferente el goce efectivo de sus derechos a través de la satisfacción de sus necesidades como salud, educación, alimentación, desarrollo integral, etcétera, para ello la fuente laboral estable del padre o tutor juega un papel preponderante al constituirse en el medio que le permita alcanzar una vida digna, por lo en base a precedentemente expuesto amerita conceder la tutela solicitada por el accionante; pues se ha establecido que se encuentra dentro del ámbito de protección que establece la Constitución Política del Estado y las disposiciones legales desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que justifican la inmediata protección a sus derechos fundamentales al trabajo que tiene su incide en otros derechos como, la estabilidad laboral, a una remuneración justa, a la salud y a la seguridad social”. (las negrillas son añadidas). Por su parte, la SCP 0614/2012 de 23 de julio, dentro un supuesto en el cual el accionante padre de una persona con discapacidad, denunció que fue removido a otro cargo de menor jerarquía, se concedió la tutela, reflexionando en sentido que, cuando la relación laboral no pueda continuar en las mismas condiciones, ello no implica la conclusión de la relación laboral, sino que debe persistir la misma en otras circunstancias y/o funciones sin afectar su escala salarial; reflexión constitucional, que fue reiterada por la SCP 1776/2012 de 1 de octubre, en un supuesto donde el accionante denunció que, tras finalizar la vigencia del último contrato, determinaron la conclusión de su relación laboral, sin tomar en cuenta que como persona con discapacidad gozaba de inamovilidad laboral; en ese contexto, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, siguiendo la línea asumida en la citada SCP 0614/2012, concedió la tutela sustentándose en lo siguiente:

fundamentales al trabajo que tiene su incide en otros derechos como, la estabilidad laboral, a una remuneración justa, a la salud y a la seguridad social. 13 En ese orden y teniendo presente que el contenido de la Ley 1678 y de los Decretos Supremos (DDSS) 27477 y 29608, no son contrarios a los preceptos constitucionales explicados, resulta conveniente traer a colación la disposición contenida en el art. 2.II de este último Decreto Supremo, relativo a la inamovilidad laboral para las “personas discapacitadas” que presten servicios en los sectores públicos o privados, ámbito de protección que se amplía a los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a “personas con discapacidad”; lo que significa, que ninguna persona con capacidad diferente que preste servicios en una institución pública o entidad privada, podrá ser removida de sus funciones, al igual que aquellas que tengan bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes. Empero, la norma establece una salvedad a esa protección y/o resguardo a la fuente laboral, al disponer que la inamovilidad laboral no será aplicable cuando concurran causales establecidas por ley; de donde se desprenden dos situaciones, primero, que las personas comprendidas en el ámbito de protección de las citadas disposiciones legales, incurran en causales establecidas por ley para la conclusión del vínculo laboral previo debido proceso; y segundo, que por efecto de la ley, la relación laboral ya no pueda continuar en las mismas condiciones, lo que no significa de manera alguna la conclusión del vínculo laboral, sino su persistencia en otras circunstancias y/o funciones, sin afectar su escala salarial, que le permita alcanzar para sí y su familia una vida digna.

“Por lo mencionado, se llega al convencimiento de que las personas con capacidades diferentes: 1) Tienen derecho al trabajo y a la estabilidad laboral; 2) Los que prestan servicios en una institución pública o entidad privada, no pueden ser removidos de sus funciones, siendo extensible a aquellas que tengan bajo su cuidado y dependencia personas con capacidades diferentes, salvo que concurran las causales establecidas en la ley; y, 3) Si la relación de trabajo concluye por el vencimiento del plazo para el que fue contratado, el empleador está obligado a mantener el vínculo laboral bajo otra modalidad o función, pero sin afectar su escala salarial y dignidad” (las negrillas son adicionadas).

Asimismo, en un supuesto, en el cual el trabajador suscribió contrato laboral indefinido, y fue desvinculado del mismo sin considerar que tenía a su cargo un hijo con discapacidad, la SCP 0580/2019-S2 de 22 de julio, sustentado en su Fundamento Jurídico III.2, otorgó la tutela bajo el siguiente análisis:

“…de estas actuaciones se advierte que la autoridad administrativa, no consideró en absoluto la observancia de los principios laborales constitucionalizados respecto a la garantía de la inamovilidad laboral, que impone su aplicación en los casos controvertidos privilegiando la protección de los trabajadores, como se tiene explicitado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; puesto que implica la continuidad y estabilidad laboral para el caso de personas que tienen a su cargo personas con discapacidad, de tal modo que la entidad empleadora no puede cesar de sus funciones al impetrante de tutela, de manera arbitraria o injustificada, puesto que esta medida no solo afecta al trabajador, sino a su entorno familiar y de manera particular a la persona discapacitada que se encuentra a su cargo. Por ello, corresponde otorgar la tutela del accionante, respecto a la garantía de la inamovilidad laboral, sin perjuicio de que la parte 14 III.2. La garantía de inamovilidad laboral de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia

A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, los derechos de las personas con discapacidad, son reconocidos en la Ley Fundamental de manera específica y en los Instrumentos Internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad. En efecto, la garantía de inamovilidad laboral de este grupo de atención prioritaria está consagrado en el art. 70 de la CPE; en la Convención Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD); art. 4.1 de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC); la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 3447 del 9 de diciembre de 1975; y, El Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); que son instrumentos internacionales que reflejan el compromiso de eliminar situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable. La garantía de inamovilidad laboral, está instituida en el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017…

(…)

Conforme a dicha norma, la garantía de inamovilidad laboral alcanza a la persona con discapacidad o a la trabajadora o trabajador que tiene a su cargo una persona con discapacidad; garantía que encuentra su fundamento en la dignidad humana; así como, en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad material en las oportunidades de trabajo y la satisfacción de los derechos involucrados, como parte de las obligaciones del Estado; con la aclaración que dicha protección no es absoluta; por cuanto, se mantiene en tanto la o el trabajador cumpla con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación.

(…)”

demandada pueda desvirtuar ése estado de protección, en sede judicial” (el resaltado nos corresponde).

Bajo ese contexto jurisprudencial, es posible concluir que, las personas con discapacidad tienen derecho a la inamovilidad laboral, así como las personas que tienen bajo su guarda y protección a una persona discapacitada, extremo que tiene correspondencia y sustento en el nuevo modelo constitucional, en el cual el constituyente precisó que los derechos fundamentales, son directamente aplicables por mandato del art. 109.I de la CPE, mismo que debe ser comprendido en concordancia con el art. 70 de la misma Norma Suprema al referir que, las personas con discapacidad gozan de protección y del derecho al trabajo en condiciones adecuadas conforme a sus posibilidades; asimismo, es importante agregar que, dichos preceptos constitucionales, en el marco de los arts. 13.IV y 256.I de la referida Ley Fundamental, deben ser interpretados a la luz del bloque de constitucionalidad, buscando una interpretación y aplicación progresiva y garantista en favor de este sector social considerado vulnerable; en ese entender, el contenido de instrumentos internacionales que conforman el mencionado bloque de constitucionalidad descrito y previsto en el art. 410 del Texto Constitucional; como, la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad adoptada el 13 de diciembre de 2006, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 8 de junio de 1999, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 3447 del 9 de diciembre de 1975 y el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); buscan proscribir situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable.

III.4. Del cumplimiento y ejecución de las resoluciones constitucionales en resguardo del derecho de acceso a la justicia y su tutela judicial efectiva en acciones constitucionales.

Previamente, es necesario dejar en claro que, el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad sobre las diferentes modalidades de acciones constitucionales y de defensa conforme prevé el art. 202 de la CPE, emitiendo resoluciones con un conjunto de razonamientos relacionados al estudio sobre los supuestos que son de su conocimiento que, en muchos de los casos se constituyen en precedentes en materia de derechos fundamentales y garantías constitucionales; bajo esa comprensión, el constituyente ha previsto que toda persona, grupo social o autoridad con legitimación activa reconocida que se sientan perjudicadas en el ejercicio material de sus derechos, pueden interponer las acciones constitucionales contra los actos u omisiones que consideren lesivas buscando la tutela constitucional en resguardo de sus derechos, ejerciendo de esta forma su pleno derecho de acceso a la justicia conforme prevé el art. 115.I de la Norma Suprema, arts. 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

Bajo ese entender, y en cuanto a la comprensión sobre el derecho al acceso a la justicia, la SC 600/2003-R de 6 de mayo, manifestó lo siguiente

“…según la norma prevista por el art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica, ‘toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecidas con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter´, como podrá advertirse la norma transcrita consagra dos derechos humanos de la persona: 1) el derecho de acceso a la justicia; y 2) el derecho al debido proceso, entendiéndose por aquélla la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica. Conocido también en la legislación comparada como ´derecho a la jurisdicción´ (art. 24 de la Constitución Española), es un derecho de prestación que se lo ejerce conforme a los procedimientos jurisdiccionales previstos por el legislador, en los que se establecen los requisitos, condiciones y consecuencias del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal” (el resaltado es nuestro).

Por su parte, la SCP 1388/2010-R de 21 de septiembre, en su Fundamento Jurídico III.3.4 epigrafiado como “Derechos a la tutela judicial efectiva”, manifestó que:

“La tutela judicial efectiva comprende la posibilidad de activar o iniciar ante los órganos jurisdiccionales un proceso, en el que obtenga una sentencia fundamentada que declare el derecho de cada una de las partes conforme corresponda en justicia, además implica la posibilidad de poder interponer los recursos que la ley establezca y la eventualidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia, con el objeto de garantizar el restablecimiento de una situación jurídica vulnerada, evitando la indefensión, involucrando el acceso a los tribunales; la efectividad de las decisiones judiciales; y el ejercicio del recurso previsto en la ley” (el resaltado nos corresponde”.

De dicha jurisprudencia, se extrae que, el acceso a la justicia no solamente gravita en acudir a las instancias jurisdiccionales o administrativas competentes invocando se resguarden sus derechos mediante una resolución, sino que estas decisiones a ser emitidas deben ser ejecutadas y cumplidas en su verdadera dimensión y precisión; toda vez que, al no materializarse dicha ejecución y cumplimiento efectivo de lo dispuesto se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, generando contrariamente incertidumbre y desamparo en las personas que obtuvieron resguardo de sus derechos mediante resoluciones que en muchas ocasiones son cumplidas parcialmente o en definitiva no son cumplidas totalmente, o en la tarea de cumplirlas otorgan un alcance diferente desfigurando lo establecido en el fallo conforme lo señaló la SCP 1206/2010-R de 6 se septiembre; así, en el caso de las demandadas constitucionales emergentes de las diferentes acciones constitucionales, el art. 203 de la CPE prevé que “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno” (las negrillas y subrayado son adicionados), al respecto la SCP 1787/2014 de 19 de septiembre, indicó que las resoluciones 15“En consecuencia, se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a razón de ello, el derecho a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada consagrados en el art. 115.I de la CPE, cuando los mismos no son acatados, y si son cumplidos parcialmente, se les da un alcance diferente al establecido en el fallo, es decir, no son concretados en la medida de lo determinado, o cuando su cumplimiento es tardío; esto, en razón a que el acceso a la justicia no implica sólo la posibilidad de presentar una causa ante un tribunal y que éste emita una sentencia definitiva sobre el asunto planteado sino que, además, tal acceso debe ser efectivo. Es por eso, que la CIDH, determinó que el Estado, tiene la obligación de implementar todas las medidas para dar pleno cumplimiento a las sentencias de sus órganos judiciales y no puede apartarse del cumplimiento de éstas, so pena de incurrir en violación a la protección judicial prevista en el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al deber derivado del art. 2 del mismo instrumento internacional. Es decir, la inejecución de sentencias, su ejecución parcial, distorsionada o tardía, acarrea la violación del derecho fundamental de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, y dentro de éste a la eficacia jurídica de los fallos ejecutoriados pasados en autoridad de cosa juzgada y la protección judicial por parte del Estado”. 16 El FJ III.1 señala que: “El carácter vinculante y obligatorio de las Resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, según lo previsto por el art. 203 de la CPE, de forma taxativa, determina lo siguiente ‘Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno’; así también el art. 15.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere que: ‘Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares’, y en concordancia con el art. 19 del citado código, establece: ‘Las Sentencias, declaraciones y autos constitucionales se publicaran en la Gaceta Constitucional Plurinacional, cuya periodicidad será mensual. El Tribunal Constitucional Plurinacional difundirá sus resoluciones, además de los mecanismos electrónicos, a través de los medios que vea conveniente’, cuyo entendimiento permite especificar que la publicación de las Resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, revisten importancia ya que no sólo son de carácter ilustrativo o de información, sino por su carácter vinculante el conocimiento oportuno de las mismas es imprescindible, especialmente para la jurisdicción ordinaria, para el uso profesional y el estudio en genera”.

emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, revisten una gran importancia por su carácter vinculante para la jurisdicción ordinaria, uso profesional y estudio general, que luego recogiendo estos entendimientos, la SCP 1032/2015-S3 de 29 de octubre, concluyó que, la parte vinculante de una Resolución Constitucional es la ratio decidendi, constituyéndose en la parte más relevante de toda la fundamentación dentro de la sentencia, generando precedentes obligatorios.

En ese marco, incumbe precisar respecto a lo previsto por el mencionado art. 203 de la Norma Suprema, ya que de ella se extrae dos principios o características elementales relacionados a la vinculatoriedad y la obligatoriedad que si bien a primera vista supondría un alcance similar; sin embargo, las mismas difieren conforme se verá seguidamente, pero antes incumbe señalar que toda resolución constitucional, se funda en razones o reflexiones (ratio decidendi) desarrolladas que sirven de sustento para la decisión final expresada en la parte resolutiva -por tanto-.

Bajo esa comprensión: a) El carácter vinculante de las decisiones constitucionales, se encuentra en los razonamientos desarrollados, que deben ser aplicados por los jueces y tribunales a casos análogos; esto implica que, las reflexiones o razones desplegadas en las resoluciones deben ser aplicadas a otros casos con hechos similares o análogos, otorgando de esta forma certeza y seguridad jurídica a los justiciables en el entendido que al tener conocimiento que el Tribunal Constitucional dio una determinada solución a un caso parecido al suyo, con seguridad acudirá a la misma instancia constitucional para obtener similar solución (pretensión que posteriormente deberá ser compulsada por la instancia constitucional a objeto de verificar la analogía o no del caso concreto). En ese marco, el carácter vinculante de las decisiones constitucionales se constituye en un principio relevante dentro la justicia constitucional y debe ser entendida desde dos dimensiones, la dimensión horizontal y la vertical; en tal sentido, la primera se refiere a que las sentencias y decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional son también vinculantes para ella misma u otras instancias de igual jerarquía; la segunda, referida a que dichas decisiones pronunciadas por la máxima instancia de control constitucional son vinculantes para los jueces y tribunales ordinarios de menor jerarquía; y, por su parte, b) El carácter obligatorio de las decisiones constitucionales, se encuentra en la parte dispositiva-por tanto- de las resoluciones, misma que debe ser cumplida por las partes procesales de forma obligatoria; es decir, en este caso, la obligatoriedad del cumplimiento de la decisión asumida está prevista para las partes intervinientes dentro los procesos constitucionales o excepcionalmente para aquellas no intervinientes que la instancia constitucional así lo justifique en cada caso concreto; extremo, que cobra mayor relevancia en amparos constitucionales y acciones de libertad como muestras, donde se dilucidan derechos subjetivos que merecen tutela inmediata que conlleva a la obligatoriedad del cumplimiento de la resolución constitucional conforme prevén los arts. 125.IV y 129.IV de la CPE.

Consecuentemente, y a efectos de ahondar en el verdadero acceso a la justicia y su tutela efectiva, incumbe focalizar sobre el carácter obligatorio de las resoluciones constitucionales y su ejecución, que conllevan un cumplimiento inmediato, conforme prevé el art. 15. del Código Procesal Constitucional (CPCo), que bajo el epígrafe (CARACTER OBLIGATORIO, VINCULANTE Y VALOR JURISPRUDENCIAL DE LAS SENTENCIAS), en su parágrafo I, prevé que: “Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general”, contenido legal que tiene su sustento constitucional en el citado art. 203 de la CPE que dice: “Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario alguno” (resaltado añadido); en tal sentido, como se vio la obligatoriedad como caracteristica esencial de las resoluciones constitucionales radica en que las partes procesales cumplan inmediatamente con lo dispuesto en las resoluciones emergentes de las acciones constitucionales como amparos constitucionales, acciones de libertad, acción de protección de privacidad, acción de cumplimiento o acciones populares.

No obstante, ante el incumplimiento de las decisiones constitucionales, el legislador ordinario mediante los arts. 16 y 17 del CPCo ha previsto la ejecución y cumplimiento de las resoluciones bajo los siguientes términos:

“Artículo 16.- (Ejecución)

I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción. II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida; asimismo el corresponde la ejecución en los procesos que directamente se presenten ante el mismo.

Artículo 17.- (Cumplimiento de resoluciones)

I. El Tribunal Constitucional Plurinacional y las Juezas, Jueces y Tribunales de garantías constitucionales adoptarán las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones. II. Podrán requerir la intervención de la fuerza pública o la remisión de antecedentes ante la autoridad administrativa a fin de la sanción disciplinaria que corresponda. III. Podrán imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, que incumpla sus decisiones, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger.”

De las normas procesales constitucionales descritas, se extrae inicialmente que, la ejecución de toda resolución constitucional con calidad de cosa juzgada corresponde al juzgado o tribunal que conoció la acción y en casos de demora o incumplimiento en la ejecución, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la atribución de conocer y resolver las mismas a través del instituto procesal denominado “queja”; empero, en esta parte incumbe precisar dos aspectos que tienen relación con el cumplimiento y ejecución inmediata de las resoluciones constitucionales emergentes de aquellas que previamente son resueltas por los jueces y tribunales de garantías; primero, una resolución constitucional adquiere la calidad de cosa juzgada cuando en revisión es emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional ratificando o revocando la inicial decisión asumida por el juez o tribunal de garantías, sólo despues de este acto procesal emerge el tratamiento del instituto procesal de la “queja” para verificar la demora o su incumplimiento; y, segundo, cuando una resolución emerge del desarrollo de la audiencia efectuada ante el juez o tribunal de garantías, su ejecución es inmediata conforme lo prevén los arts. 126.IV (acción de libertad), 129.V (amparo constitucional), 131.III y IV (acción de protección y privacidad), 134.IV y V (acción de cumplimiento), y 136 (acción popular), todos de la CPE, ello supone que no es exigible la remisión previa de la resolución al Tribunal Constitucional Plurinacional para ejecutar las decisiones emitidas por los jueces y tribunales de garantías.

Ahora bien, con referencia al cumplimiento (art. 17 CPCo), la disposición procesal refiere que, tanto los jueces, tribunales y el Tribunal Constitucional Plurinacional, adoptaran las medidas necesarias para el cumplimiento de sus resoluciones, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública o remitir antecedentes ante la autoridad administrativa con la finalidad de imponer las sanciones que correspondan; asimismo, tienen la potestad de aplicar multas progresivas a la autoridad o persona (individual o colectiva), sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran emerger; regulación, que encuentra sustento constitucional en el carácter inmediato de las acciones de defensa que por su naturaleza protectiva de las garantías y derechos fundamentales, merecen atención prioritaria y reparación inmediata de los derechos vulnerados. Consecuentemente, está claro que los jueces, tribunales y el propio Tribunal Constitucional Plurinacional, tienen las amplias prerrogativas para ejercer las acciones necesarias a efectos de hacer cumplir sus decisiones acudiendo a la fuerza pública e imponer multas progresivas o inclusive remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento por atentado a las garantías constitucionales, conforme dispone el art. art. 127 de la Norma Suprema, que señala: “I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley.” (resaltado ilustrativo); previsión constitucional, que es aplicable para todas las acciones de defensa por mandato de la misma Norma Suprema.

De lo ampliamente descrito, es posible concluir en que, se desconoce y vulnera el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva y a razón de ello, el derecho a la eficacia jurídica de los fallos constitucionales, cuando los mismos: 1) No son acatados, 2) Son cumplidos parcialmente, 3) Se les da un alcance diferente al establecido en el fallo, al no ser concretados en la medida de lo determinado; y, 4) Cuando su cumplimiento es tardío (SC 1206/2010-R de 6 de septiembre); consecuentemente, una vez puestas en conocimiento de los jueces, tribunales y el Tribunal Constitucional Plurinacional, estas instancias, se encuentran facultadas para adoptar las medidas necesarias que sean requeridas para el cumplimiento efectivo de las resoluciones, pudiendo asumir las siguientes acciones: i) Requerir la intervención de la fuerza pública, ii) Remitir antecedentes ante la autoridad administrativa en busca de la sanción disciplinaria que corresponda, iii) Imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger; y, iv) Remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales, precisando que la autoridad judicial que no proceda conforme a lo dispuesto estará sujeta a sanción conforme la Norma Suprema y la ley (art. 127 de la CPE).

Consecuentemente, tratándose de resoluciones emergentes de procesos constitucionales en las cuales se compulsan denuncias sobre conculcaciones a derechos y garantías constitucionales, su cumplimiento por parte de los demandados o accionados debe ser inmediato conforme a la naturaleza de las acciones de defensa; toda vez que, al no efectivizar o materializar dicho cumplimiento se vulnera el derecho al acceso a la justicia y su tutela efectiva conforme prevé el art. 115.I de la CPE, concordante con los arts. 8.1 y 25 de la CADH, y el art. 14.1 del PIDCP. En ese orden, conforme a lo ampliamente desarrollado y en estrecha relación con el art. 9.4 de la Norma Suprema, que prevé como uno de los fines y funciones esenciales del Estado: “Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”, las autoridades constitucionales (jueces y tribunales) al ser parte integrante del Estado como operadores de la justicia constitucional, tienen el deber constitucional y legal de ejercer todas las acciones necesarias destinadas a garantizar la ejecución y cumplimiento inmediato de sus resoluciones en resguardo de los accionantes que acudieron a la justicia constitucional en busca de tutela, so pena de ser sancionados conforme a la Norma Suprema y disposiciones legales.

III.5. Análisis del caso concreto

La accionante denunció la lesión de sus derechos a la inamovilidad laboral, al trabajo y al debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica; toda vez que: i) Ejerciendo funciones como Secretaria Recepcionista de la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) Regional Cochabamba, la autoridad demandada emitió el Memorándum MEM/ARIT-CBBA-DER N° 0016/2023-ARC/2023- 00104 de 26 de enero, por el cual, determinó prescindir de sus servicios a partir de su notificación, ocurrida el 27 del mismo mes y año, sin considerar que tiene bajo su cuidado y responsabilidad a su tía que padece de discapacidad intelectual grave; y, ii) En un acto de mala fe, la Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad de Impugnación Tributaria Cochabamba (AIT) -ahora demandada-, hizo que se la notificara con la respuesta a su memorial de 4 de enero de 2024, en una Ciudad diferente a la de su domicilio. Identificada la problemática traída en revisión, resulta necesario que se tenga claro el contexto del cual emerge el reclamo, por lo que se hará alusión a las conclusiones a las que se arribaron en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en tal sentido se tiene que, mediante Memorándum ARIT/CBA/DER/MEM-0060/2022 de 11 de mayo, Rosalva Luisa Montero -ahora accionante-, fue designada en el cargo de Secretaria Recepcionista de la Institución Pública, Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) Regional Cochabamba, en cuyo ejercicio, presentó el memorial de 4 de enero de 2023, haciendo conocer a la Directora Ejecutiva Regional (AIT) Cochabamba, que tiene bajo su cuidado y su responsabilidad a su tía KATIA AURIA RODRIGUEZ ORTEGA, quien padece de una discapacidad intelectual grave. Memorial que fue respondido mediante proveído 001/2032 de 11 de enero de 2023, mismo que fue notificado el 12 del mismo mes y año, en instalaciones de la Dirección General Ejecutiva de la AIT, ubicadas en la Ciudad de La Paz (Conclusiones II.1, II.2, II.3 y II.4).

Posteriormente, a través de Memorándum MEM/ARIT-CBBA-DER N° 0016/2023-ARC/2023- 00104 de 26 de enero, la autoridad ahora demandada comunicó a la hoy accionante, su determinación de prescindir de sus servicios; mismo que, fue representado por la ahora accionante mediante memorial de 27 de enero de 2023, bajo el argumento de estar a cargo y al cuidado de su tía que padece de una discapacidad intelectual grave, y por lo tanto, con inamovilidad laboral (Conclusiones II.5, II.6 y II.7); en respuesta al referido memorial, la autoridad demandada emitió la nota con CITE: CE/ARIT-CBBA-DER N° 0011/2023 de 1 de febrero, por la cual, le reitera que debe considerar los requisitos establecidos en el art. 5 del DS 27477 de 6 de mayo de 2004, modificado por el DS 29608 de 18 de junio de 2008.

La ahora accionante, recurrió ante la Jefatura Departamental de Trabajo de Cochabamba y ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, instancias que emitieron las Resoluciones, Administrativa de 2 de marzo de 2023 y Ministerial 724/23 de 15 de mayo de 2023, respectivamente, sin dar una respuesta favorable a las pretensiones de la parte ahora accionante (Conclusiones II.8, II.9 y II.10); finalmente, a través de la sentencia de 9 de junio de 2023, emanada del Juzgado Octavo de Partido de Familia de la Capital, se declara tutora de la persona con discapacidad intelectual grave en interdicción, a la ahora accionante de tutela (Conclusión II.11).

Establecidas las conclusiones, y de la compulsa del presente reclamo traído en revisión, previo a ingresar a su análisis, concierne señalar que evidentemente, existe una protección reforzada a las trabajadoras y los trabajadores que deviene de la garantía de la inamovilidad laboral por ser progenitor (madre/padre) o tutores de una persona con discapacidad, así como la protección y el derecho preferente de las personas de este sector vulnerable de la sociedad.

Al respecto la SCP 0698/2018-S1 de 30 de octubre en su Fundamento Jurídico III.1 precisó:

“Al efecto fue uniforme el criterio de este Tribunal al señalar que, se prescinde del principio de subsidiariedad como requisito para la procedencia de la acción, con la finalidad de tutelar los derechos al trabajo y estabilidad laboral, tomando en cuenta que concierne a derechos que permiten no solo la subsistencia de sus titulares sino también de quienes se encuentren bajo su dependencia, de ahí la importancia de la protección inmediata que ameritan los referidos derechos” (el resaltado nos pertenece).

Por lo que, en el marco de la jurisprudencia constitucional descrita supra, los elementos fácticos precisados en el presente fallo constitucional y los derechos denunciados, se realizará la compulsa de la problemática del fallo en revisión, bajo los siguientes acápites:

III.5.1. Respecto a la primera problemática

La accionante alega que, Ejerciendo funciones como Secretaria Recepcionista de la Autoridad de Impugnación Tributaria (AIT) Regional Cochabamba, la autoridad demandada emitió el Memorándum MEM/ARIT-CBBA-DER N° 0016/2023-ARC/2023- 00104 de 26 de enero, por el cual, determinó prescindir de sus servicios a partir de su notificación, ocurrida el 27 del mismo mes y año, sin considerar que tiene bajo su cuidado y responsabilidad a su tía que padece de discapacidad intelectual grave Siendo la pretensión de la accionante la protección de sus derechos a la estabilidad laboral, estando al cuidado y resguardo de su tía Katia Auria Rodríguez Ortega que padece de una discapacidad intelectual grave, busca de este Tribunal, una resolución que ordene su reincorporación laboral, y que ante el eventual e intempestivo despido sin causa alguna, se pasará a analizar y determinar si los agravios denunciados por la prenombrada son correctos y si es titular de la protección reforzada inmersa en los cuerpos normativos emitidos por el Estado; en ese mérito, se pasará a compulsar la presente problemática desde dos ópticas identificadas de los antecedentes traídos en revisión: a) Con relación a la denuncia de un despido intempestivo sin considerar que la ahora accionante se encontraba a cargo y al cuidado de su tía que padece de una discapacidad intelectual grave

Al respecto, incumbe resaltar que evidentemente existe una protección reforzada a las personas con discapacidad en tanto a su inamovilidad laboral y por consiguiente a la de sus padres o tutores, incluso superando el principio de subsidiariedad por ser de quienes dependen los hijos para su subsistencia, ello, acorde los preceptos insertos en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, ya que como se extrae del mismo, todos los ciudadanos con discapacidad tienen derecho a la inamovilidad laboral, el cual se ve ampliamente reforzado por la constante jurisprudencia emitida por este Tribunal Constitucional Plurinacional, por ende, aquellos progenitores o tutores quienes tienen a dichas personas bajo su tutela y cuidados gozan del mismo resguardo; siendo además que, la Ley 223 en su art. 34.II estableció que siempre y cuando no existan causales que justifiquen el despido, los progenitores o tutores gozaran de inamovilidad laboral.

Del exhaustivo examen de los antecedentes traídos en revisión ante esta instancia constitucional, se tiene, que el 4 de enero de 2023, la ahora accionante presentó un memorial dirigido ante la autoridad demandada, poniendo en su conocimiento que se encuentra a cargo y bajo responsabilidad de su tía Katia Auria Rodríguez Ortega que padece de una discapacidad intelectual grave, y que se encuentra amparada por el art. 2.V de la Ley 977 de 26 de septiembre de 2017, mismo que mereció respuesta de la Directora General Ejecutiva de la AIT con sede en la Ciudad de La Paz, quien mediante proveído 001/2023 de 11 de enero, expresó: “…estese a los requisitos previstos por Ley, en el marco del Artículo 5 del Decreto Supremo N° 27477, de 6 de mayo de 2004, modificado por el Decreto Supremo N° 29608, de 18 de junio de 2008” (sic).

Al respecto, cabe mencionar que el referido art. 5 del DS 27477, modificado por el DS 29608, establece:

"ARTÍCULO 5- (INAMOVILIDAD). 1. Las personas con discapacidad que presten servicios en los sectores público o privado, gozaran de inamovilidad en su puesto de trabajo, excepto por las causales establecidas por Ley. II. La inamovilidad anteriormente dispuesta beneficiará a los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad, y sólo será aplicable cuando los hijos o los dependientes sean menores de dieciocho (18) años, situación que deberá ser debidamente acreditada, salvo que se cuente con declaratoria de invalidez permanente, contenida en el Certificado Único de Discapacidad, emitida por el Ministerio de Salud y Deportes, de conformidad al Decreto Supremo N° 28521"

De cuya lectura se desprende que la citada norma, no es precisa al momento de exigir la Declaratoria de Interdicción y Tutoría requerida a la accionante por la autoridad demandada, quien, debió ser muy clara y explícita en su respuesta, orientando a la accionante respecto de la documental requerida para el efecto impetrado, más aún, debió otorgar un plazo razonable para la presentación de la sentencia de interdicción y tutoría, ello, en el marco del principio de transparencia, publicidad y cooperación que toda entidad pública debe acatar, por lo que, la respuesta otorgada a la parte accionante mediante el proveído 001/2023 de 11 de enero, resulta ser incompleto e insuficiente.

Posteriormente, y ante la desvinculación de la ahora accionante mediante Memorándum MEM/ARIT-CBBA-DER N° 0016/2023-ARC/2023- 00104 de 26 de enero, se tiene que, a tiempo de representar el referido memorándum, la requirente de tutela, mediante Memorial de 27 de enero de 2023, reiteró que se encuentra al cuidado y protección de su tía con discapacidad intelectual grave y por lo tanto, goza de inamovilidad laboral; representación respondida mediante nota con CITE: CE/ARIT-CBBA-DER N° 0011/2023 de 1 de febrero, mediante la cual, la autoridad demandada vuelve a incurrir en la otorgación de una respuesta ambigua e incompleta, reiterando el contenido te lo dispuesto por el art. 5.I y II del DS 27477 modificado hoy por el DS 29608; y, aunque en su informe escrito de 1 de febrero de 2024 cursante de fs. 114 a 122, en oportunidad de la realización audiencia de garantías, la autoridad demandada sí se refirió a los requisitos establecidos en el art. 4.I.2.c) del DS. 3437 de 20 de diciembre de 2017 para acreditar la tutoría sobre la persona interdicta, y fue precisa en cuanto a la documental que debiera presentar la accionante para acreditar su tutoría, esta resulta ser extemporánea a los efectos del trámite administrativo incoado por la ahora accionante, de lo que se puede concluir que el despido en cuestión, resulta ser arbitrario.

b) Con relación al Memorándum ARIT/CBA/DER/MEM-0060/2022 de 11 de mayo, los derechos a la estabilidad laboral, la carrera administrativa y los derechos de los funcionarios provisorios en el nuevo orden constitucional Al respecto, es necesario referirnos previamente a los entendimientos jurisprudenciales formulados por el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que en relación a este acápite, ha establecido que el derecho a la estabilidad laboral debe ser protegido por el Estado en todas sus formas, y que no se puede terminar la relación laboral de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada, máxime si dicha determinación pueda afectar derechos y garantías constitucionales. Además de ello, se debe considerar que el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional estableció que:

“…los funcionarios provisorios que ocupan o desempeñan un cargo de la carrera administrativa que debe ser institucionalizado, no podrán ser destituidos o removidos si acaso no se ha iniciado el proceso de reclutamiento y selección de personal, proceso en el cual tendrán derecho de participar, salvo que se invocare alguna causal para cesarlo de sus funciones, supuesto que conlleva la realización de un proceso previo en la que puedan ejercer el derecho a la defensa”.

Aspectos reiterados de forma amplia por la SCP 0512/2020-S1 de 16 de septiembre.

En ese orden de cosas, se puede advertir que el nombramiento de la solicitante de tutela, no fue fruto de un proceso de reclutamiento ni de selección de personal de la Institución Pública Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Cochabamba (AIT); por cosiguiente, no llegó a adquirir la categoría de funcionaria administrativa de carrera funciones en cargos correspondientes a los de carrera administrativa y que no hayan cumplido las condiciones impuestas para ser incorporados como funcionarios de carrera (art. 70); estableciendo además un mandato, que en el ámbito de su competencia el poder ejecutivo programará la sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo institucional, por lo que a los funcionarios provisorios no les corresponde acogerse a los derechos de los funcionarios de carrera, quienes fueron sometidos a un proceso de reclutamiento de personal conforme a las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y el Estatuto del Funcionario Público[26].

Otras diferencias entre estas categorías de servidores públicos, enfatizan que los funcionarios provisorios no pueden impugnar la resolución que implique su remoción, es decir, no goza de inamovilidad laboral como el de carrera administrativa; a los funcionarios provisorios basta comunicarles el cese de sus funciones, no sucede lo mismo con los funcionarios de carrera a quienes se requiere someterlos a un proceso administrativo por la comisión de alguna falta para cesarlo de sus funciones; si por el contrario, para el retiro del funcionario provisorio se invocare alguna causal para cesarlo de sus funciones, ello conlleva la realización del debido proceso previamente, incluyendo el respecto del derecho a la defensa y a la impugnación[27]; es decir, para la cesación de las funciones de los funcionarios provisorios, no requiere la invocación de algún motivo en particular, pueden ser cesados en cualquier momento y solo por la calidad de ser funcionarios provisorios. Línea jurisprudencial que fue reiterándose de manera sostenida y uniforme[28], incluso en vigencia de la actual Constitución Política del Estado.

Bajo ese criterio se fueron repitiendo los casos de cesación de servidores públicos, con el solo fundamento de corresponder al carácter provisorio de los mismos, en los diferentes niveles de gobierno, central, departamental, municipal, etc., convirtiéndose en una práctica habitual que, sometido a conocimiento y control de éste Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha mantenido en una posición inmutable respecto a los servidores públicos provisorios, convalidando esta práctica que trasciende la inestabilidad laboral de los servidores públicos, la inseguridad jurídica en la que se desenvuelven, afectado todo el sistema de la administración pública, en suma convirtiendo esta situación en una regla general, cuando en realidad debería ser una excepción.

Sin embargo, es preciso revisar dicho entendimiento a la luz del nuevo orden constitucional, puesto que no se puede ignorar el mandato que establece la carrera administrativa como regla y la excepcionalidad del funcionario provisorio, en cuyo mérito el art. 233, establece que las personas que desempeñan funciones públicas son servidoras y servidores públicos y forman parte de la carrera administrativa, con excepción de aquellas que desempeñan cargos electivos, las designadas y designados, y de libre nombramiento. Mandato que sintoniza con los principios constitucionales que rigen la administración pública como el de compromiso e interés social, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, responsabilidad y resultados, entre otros, a los cuales se sujetan los principios fijados por el Estatuto del Funcionario Público, precedentemente citado, entre los que destaca el de servicio exclusivo a los intereses de la colectividad, reconocimiento al mérito, capacidad e idoneidad funcionaria, igualdad de oportunidades, reconocimiento de la eficacia, competencia y eficiencia en el desempeño de las funciones públicas para la obtención de resultados en la gestión, capacitación y perfeccionamiento de los servidores públicos, entre otros.

En ese sentido, es necesario remarcar que el Estatuto del Funcionario Público dispone la sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, mediante la implementación de programas de desarrollo institucional, como se tiene citado precedentemente; esto implica, la sujeción a la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y los diferentes sistemas que le conciernen, de tal forma que se cumpla con la finalidad establecida por el mandato constitucional, la vigencia de la carrera administrativa como regla, en los que no se encuentran incluidos los que desempeñan cargos electivos, las designadas y designados y de libre nombramiento, a los que es pertinente sumar los funcionarios provisorios que fueron configurados por el Estatuto y la jurisprudencia constitucional precedentemente citada, que, en sintonía con los razonamientos que anteceden, puede inferirse que alcanzan la categoría de excepcionales, es decir, los funcionarios provisorios ocupan o desempeñan un cargo de la carrera administrativa que debe ser institucionalizado en procura de su especialización y del cumplimiento de las metas y fines institucionales del servicio público, hasta que la administración pública realice el proceso de reclutamiento y selección del personal para su ingreso a la carrera administrativa, proceso dentro el cual, al funcionario provisorio le asiste el derecho de participar[29] sin restricción alguna que los establecidos por ley, en igualdad de condiciones. Consiguientemente, los funcionarios provisorios que ocupan o desempeñan un cargo de la carrera administrativa que debe ser institucionalizado, no podrán ser destituidos o removidos si acaso no se ha iniciado el proceso de reclutamiento y selección de personal, proceso en el cual tendrán derecho de participar, salvo que se invocare alguna causal para cesarlo de sus funciones, supuesto que conlleva la realización de un proceso previo.

Estos razonamientos encuentran correspondencia con el mandato constitucional que establece el deber que impone al Estado, de proteger al trabajo en cualquiera de sus formas, pues el ejercicio del derecho al trabajo importa el aseguramiento de los medios de subsistencia de la persona y su entorno familiar; su continuidad y estabilidad laboral debe quedar garantizada en tanto no medie una causal justificada, proscribiendo toda forma de arbitrariedad y en tanto se cumpla la regla general de la implementación de la carrera administrativa en todos y cada uno de los niveles y entidades de la administración pública. Lo contrario implicaría, la inversión de una situación definida por mandato constitucional, como es la carrera administrativa como regla y el funcionario provisorio como excepción; de tal forma que los cargos públicos destinados a ser ocupados por funcionarios de carrera, continúen ocupados por funcionarios provisorios de turno, de manera indefinida y sin restricción o control algún, afectando no solo a los servidores públicos que ocupen dichos cargos, en un ambiente de inestabilidad e incertidumbre, sino, a la colectividad en su conjunto.

Este entendimiento fue asumido en la SCP 0427/2019-S2 de 24 de junio.

con los beneficios y derechos que la ley le confiere -como a la estabilidad laboral- constituyéndose en funcionaria provisoria o transitoria tal cual ella misma lo señala, ya que dicha calidad la ejercen únicamente las personas que realizan funciones administrativas de confianza y asesoramiento técnico especializado conforme lo establece el art. 5 de la Ley 2027. Sin embargo, no significa que la accionante en su condición de funcionaria provisoria esté desprovista de protección o continuidad laboral que brinda el Estado conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Resolución Constitucional, pues, la protección al trabajo en cualquiera de sus formas se constituye en un deber del mismo Estado, no pudiendo desconocerse por parte de la entidad la relación de dependencia laboral por el simple hecho de su condición de provisorio o transitorio, cuando a la fecha de su retiro no se demostró la existencia del proceso de reclutamiento conforme lo establece las NB-SABS o alguna causal que justifique previo un proceso interno la legalidad de su desvinculación. En ese contexto, la autoridad demandada al momento de emitir el Memorándum MEM/ARIT-CBBA-DER N° 0016/2023-ARC/2023- 00104 de 26 de enero, que determinó prescindir de sus servicios, se puede advertir un ejercicio discrecional y desproporcionado por parte del demandado contra la impetrante de tutela, resultando contrario al orden constitucional, que obliga la institucionalización de los cargos que responden a la carrera administrativa que sean ocupados por funcionarios provisorios en las entidades públicas -Fundamento Jurídico III.2-; pues, su omisión incumple con los mandados constitucionales, en que los servidores o funcionarios provisorios al igual que los demás trabajadores -Ley General del Trabajo y de Carrera Administrativa-merecen el resguardo a su derecho al trabajo, tomando en cuenta que ocupan cargos que deben ser sometidos a un proceso de reclutamiento para consolidar la carrera administrativa, observándose en el presente caso, ese uso abusivo y discrecional contra la prenombrada que no se encuentra protegida por el ámbito de la carrera administrativa, esto tras haberla cesado de sus funciones, sin haber llevado a cabo el proceso de reclutamiento y selección de personal, al cual debía someterse el cargo que ocupaba.

Además la continuidad y estabilidad laboral también concierne a los funcionarios provisorios, en la medida en que la carrera administrativa constituye una regla en toda institución pública, como lo es la Institución Pública Autoridad de Impugnación Tributaria Regional Cochabamba (AIT), a la cual se le impone el deber de implementar la carrera administrativa, con la consiguiente sustitución gradual de los funcionarios provisorios por funcionarios de carrera, proceso en el que, obviamente la peticionante de tutela puede participar en igualdad de condiciones. En ese análisis la cesación de funciones impuesta, fue efectuada sin que la misma obedezca o sea consecuencia del proceso de reclutamiento o selección de personal para el cargo que se encontraba ocupando conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, denotándose que la medida del prescindir de sus servicios es absolutamente arbitraria, que por consiguiente vulnera los derechos al trabajo y a la seguridad social; pues, la demandada al agradecer los servicios de la solicitante de tutela sin que se haya efectuado el proceso de institucionalización del cargo, incumple el mandato constitucional de la vigencia de la carrera administrativa como regla y la excepcional de los funcionarios provisorios, máxime, que de la revisión de los antecedentes traídos en revisión, se observa que, el cuestionado memorándum MEM/ARIT-CBBA-DER N° 0016/2023-ARC/2023- 00104 de 26 de enero, estableció textualmente que: “Al tratarse de una designación interina, la misma será efectiva hasta que se lleve a cabo el proceso de convocatoria pública, de conformidad al artículo 21 del Decreto Supremo 26115 de 16 de marzo de 2001, artículo 12 inciso e) del Decreto Supremo 25749 y artículo 14 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal aprobado mediante Resolución Administrativa AGIT/0016/2012, de 5 de marzo de 2012” (sic), hecho que no se advierte que hubiera ocurrido con carácter previo a la desvinculación de la ahora accionante, constituyéndose en una determinación arbitraria, correspondiendo en contrario, que se le otorgue la posibilidad de postular a la convocatoria pública del cargo en igualdad de condiciones que el resto de las o los postulantes, lo cual, hace necesario corregir dichas vulneraciones con la reincorporación laboral de la accionante, el pago de sus sueldos devengados y otros derechos sociales que le atañe; consiguientemente, corresponde conceder la tutela al respecto.

En conclusión, incumbe precisar que una vez revisada la documental aparejada a la causa traída en revisión, y compulsada como se tiene la primera problemática y sus dos sub problemáticas, debemos referirnos a las constataciones arribadas en las mismas, siendo que, en primera instancia se advierte que la parte demandada optó por no otorgar una información adecuada a la accionante respecto a los requisitos exigidos para acreditar su condición de tutora de la persona con discapacidad, peor aún, no la orientó y menos otorgó un plazo prudente para la presentación de la resolución judicial que acredite tal condición, obrando así, con una evidente falta de cooperación frente al petitorio de la ahora impetrante de tutela; de otra parte, se observa que respecto a la condición de funcionaria provisoria de la accionante, la parte demandada infringió los preceptos constitucionales establecidos en el Fundamento Jurídico III. 2 de la presente sentencia constitucional, toda vez que, procedió a desvincular a la ahora accionante sin previamente haber convocado el cargo, y permitirle compulsar en igualdad de condiciones que el resto de las y los posibles postulantes al cargo, lo que permite establecer que la parte demandada, ciertamente vulneró los derechos al trabajo y a la inamovilidad laboral de la ahora accionante; máxime, que según consta en antecedentes cursantes de fs. 20 a 21 vta., se advierte que la misma ya tuvo a bien acreditar su condición de tutora de la persona u tía Katia Auria Rodríguez Ortega-, con la presentación de la Sentencia de 9 de junio de 2023 dictada por el Juzgado Octavo de Partido de Familia de Cochabamba (Conclusión II.12), resolución que, aunque hubiese sido obtenida en forma posterior a su desvinculación laboral, fue presentada dentro de la demanda de acción de amparo constitucional, y le otorga el derecho a la inamovilidad de su fuente de trabajo, correspondiendo en consecuencia, otorgar la tutela respecto a los derechos al trabajo y a la inamovilidad laboral impetrada por la accionante.

III.5.2. Con relación a la segunda problemática

La accionante alega que la respuesta al memorial de comunicación de la accionante sobre su estado de inamovilidad, fue enviada a una ciudad diferente a la de su domicilio laboral, hecho que consideró que se trata de un acto de mala fe.

Al respecto, de los antecedentes descritos se llega a constatar que la impetrante de tutela presentó Memorial de 4 de enero de 2023, dirigido al DIRECTOR DE LA AUTORIDAD DE IMPUGNACIÓN TRIBUTARIA (AIT), expresando lo siguiente:

“Señor director, mi persona viene desempeñando las funciones de Secretaria Recepcionista de la Institución Regional Cochabamba, con toda responsabilidad y honestidad, donde de manera voluntaria PONGO A CONOCIMIENTO de su Autoridad que dentro mi entorno familiar, tengo bajo mi cargo y responsabilidad a mi tía KATIA AURIA RODRIGUEZ ORTEGA, con C.I. Nro. 5031639, con 39 años de edad, quien ai presente sufre de una discapacidad mental, catalogada como grave de acuerdo al carnet de discapacidad Nro. 03-19831214KRO, otorgada por el Ministerio de Salud, amparado en el Art. 2, Parag, V, de la Ley 977 de fecha 26 Septiembre del 2017. OTROSI.- Para saber providencias, secretaria de su despacho” (sic [negrillas agregadas]). Memorial, qué merecido respuesta mediante proveído 001/2023 de 11 de enero de 2023, de cuyo contenido se desprende que evidentemente, el mismo le fue notificado a la ahora accionante en secretaria de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, ubicada en la Av. Víctor Sanjinez 2705 esq. Méndez Arcos (Plaza España), de la Ciudad de La Paz, es decir, en una ciudad distinta a la de la sede sus funciones; empero, dicha respuesta se ajusta a lo peticionado por la impetrante de tutela; toda vez que, la misma dirigió su Memorial ante él director de la Autoridad de Impugnación Tributaria, sin especificar a la Dirección Regional, máxime, que en el otrosí del referido Memorial de 4 de enero de 2023, solicitó expresamente conocer providencias en la Secretaría de despacho, razón por la cual, fue notificada en la referida Secretaría de la AIT. Consiguientemente, no resulta ser evidente el agravio denunciado por la ahora accionante, correspondiendo, por tanto, denegar la tutela en cuanto al presente agravio. III.5.3. Finalmente, en el marco de lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las resoluciones asumidas dentro las acciones constitucionales conforme al art. 203 de la CPE y arts. 16 y 17 del CPCo, son de cumplimiento obligatorio por las partes procesales y de ejecución inmediata; lo cual, conlleva a que en el caso presente, la autoridad accionada Paola Andrea Vásquez Marzana, Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad de Impugnación Tributaria Cochabamba, está impelida a dar cumplimiento total, efectivo, cabal e inmediato a lo dispuesto por esta instancia constitucional referido a que deba dejar sin efecto el Memorándum MEM/ARIT-CBBA-DER N° 0016/2023-ARC/2023- 00104 de 26 de enero, que en el plazo de veinticuatro horas de su notificación con la presente resolución constitucional, proceda a la reincorporación laboral de la ahora accionante hasta que se lleve adelante el proceso de convocatoria pública del cargo de “Secretaria Recepcionista”, más el pago de sueldos devengados desde el momento de su despido hasta la fecha de su reincorporación, so pena de ser inclusive sancionada por el Tribunal de Garantías, conforme dispone el indicado art. 17 del CPCo, que con la finalidad de garantizar el cumplimiento podrá efectuar las siguientes acciones: i) Requerir la intervención de la fuerza pública, ii) Remitir antecedentes ante la autoridad administrativa en busca de la sanción disciplinaria que corresponda, iii) Imponer multas progresivas a la autoridad o persona individual o colectiva, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que pudieran emerger; y, finalmente iv) Remitir antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales, precisando que la autoridad judicial que no proceda conforme a lo dispuesto estará sujeta a sanción conforme la Norma Suprema y la ley conforme determina el art. 127 de la CPE; consecuentemente en el caso de un supuesto incumplimiento por parte de la demandada, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, debe activar las medidas requeridas; máxime, cuando en el caso presente la decisión asumida otorga la tutela sobre los derechos a la inamovilidad laboral, al trabajo y al debido proceso en su vertiente de seguridad jurídica. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, actuó de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 09/2024 de 2 de febrero, cursante de fs. 128 a 133, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia; 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho al trabajo y a la inamovilidad laboral por su condición de tutora legal de una persona con discapacidad; disponiendo dejar sin efecto el Memorándum MEM/ARIT-CBBA-DER N° 0016/2023-ARC/2023- 00104 de 26 de enero, debiendo la Directora Ejecutiva Regional de la Autoridad de Impugnación Tributaria Cochabamba (AIT), en el plazo de veinticuatro horas de su notificación con la presente resolución constitucional, proceder a la reincorporación laboral de la ahora accionante, más el pago de sueldos devengados desde el momento de su despido hasta la fecha de su reincorporación y demás derechos laborales que le correspondan, por las razones y Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada, respecto al agravio denunciado en la segunda problemática del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, de Voto Aclaratorio.

MSc. Georgina Amusquiva Moller

MAGISTRADA

MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA

Notas al pie

1 El entendimiento concerniente a la estabilidad laboral expresado en la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, fue citado por la SCP 1262/2013 de 1 de agosto, SCP 1588/2014 de 19 de agosto, 0381/2016-S2 de 25 de abril, 0096/2018-S3 de 4 de abril, entre otros.

2 La Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto al desarrollo progresivo de los derechos derivados de las normas económicas y sociales, expreso en su art. 26: Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

3 El entendimiento concerniente a la estabilidad laboral expresado en la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, fue citado por la SCP 1262/2013 de 1 de agosto, SCP 1588/2014 de 19 de agosto, 0381/2016-S2 de 25 de abril, 0096/2018-S3 de 4 de abril, entre otros.

correspondan a la fecha de la reincorporación, a través de las Jefaturas Departamentales y Regionales de Trabajo.’ Se incluyen los Parágrafos IV y V en el Artículo 10 del Decreto Supremo Nº 28699, de 1 de mayo de 2006, con los siguientes textos: `IV. La conminatoria es obligatoria en su cumplimiento a partir de su notificación y únicamente podrá ser impugnada en la vía judicial, cuya interposición no implica la suspensión de su ejecución. V. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Parágrafo IV del presente Artículo, la trabajadora o trabajador podrá interponer las acciones constitucionales que correspondan, tomándose en cuenta la inmediatez de la protección del derecho constitucional de estabilidad laboral’.

6 Mediante SCP 0591/2012 de 20 de julio, fue declarada la inconstitucionalidad del término “únicamente” del art. 10.IV del DS 28699 incorporado por el DS 0495 y de la RM 868/10 de 26 de octubre de 2010, en cuyo mérito, las conminatorias de reincorporación laboral emitidas por las Jefaturas del Trabajo, pueden ser impugnadas no solo en sede judicial, sino, también en sede administrativa.

7 Respecto a esta elemental diferencia entre el funcionario de carrera y el funcionario provisorio, la jurisprudencia constitucional en la SC 1068/2004-R de 6 de julio, expreso: En consecuencia, al no haberse observado en la contratación de la recurrente el proceso de reclutamiento de personal previsto por las Normas Básicas del Sistema de Administración de Personal y el Estatuto del funcionario público ésta no puede ser considerada como funcionaria de carrera, siendo por lo tanto como funcionaria provisoria, sin que pueda acogerse a los derechos de los funcionarios de carrera.

8 La jurisprudencia constitucional pronunciada en la SC 0474/2011-R de 18 de abril, enfatizo las siguientes diferencias: Los servidores públicos provisorios gozan de los mismos derechos establecidos en el art. 7.I EFP; empero, no pueden impugnar las resoluciones que impliquen su remoción; es decir no gozan de la inamovilidad laboral. Otra diferencia consiste en que al servidor público de carrera se le deberá especificar la falta por la cual es destituido de su fuente laboral previo el inicio de un proceso administrativo interno, en cambio, a los servidores públicos provisorios, simplemente se les comunicará el cese de sus funciones sin invocar la comisión de ninguna falta por lo que tampoco se les iniciará proceso administrativo interno. La jurisprudencia constitucional, precisó que si para el retiro de un funcionario provisorio se invocare una causal, ello conlleva la realización de un proceso previo y en su caso el derecho a la impugnación de ese acto administrativo.

9 La referida línea jurisprudencial sobre el servidor público provisorio fue reiterada en la SCP 1038/2014 de 9 de junio, citada por la SCP 0209/2018-S3 de 13 de junio: … si pese a tener la condición de funcionario provisorio y a momento de su destitución se invocare una causal, como en el caso concreto, donde se hizo referencia a una supuesta 'reestructuración administrativa', la institución se obliga a demostrar que dentro de su estructura organizacional ya no existe o no existirá ese cargo; motivo por el cual, se prescinde de los servicios del funcionario público. Por lo tanto, reiterando, cuando se trate de la conclusión de servicios de funcionarios provisorios, no es necesario invocar una causal para su destitución, de lo contrario, da lugar a la realización de un proceso administrativo previo a objeto de demostrar la causal y donde el afectado asuma defensa en el marco de un debido proceso.

10 Los criterios respecto a la relación entre la vigencia de la carrera administrativa como regla y el carácter excepción de los funcionarios provisorios, ya se emitieron en la SCP 0019/2017-S3 de 8 de febrero, en los siguientes términos: “… debe quedar establecido que al ser un funcionario provisorio, ocupa un puesto de la carrera administrativa que de acuerdo al Estatuto del Funcionario Público debe ser institucionalizada, en procura de la especialización y el cumplimiento de las metas y fines institucionales del servicio público, por lo cual la inamovilidad relacionada a la discapacidad, en cualquiera de las circunstancias establecidas por ley; es decir, beneficio directo del trabajador por su condición de discapacitado, o por que tenga bajo su dependencia a personas con discapacidad, en funcionarios que tengan la condición de provisorios, será únicamente hasta que la administración inicie y concluya el proceso de selección de personal e institucionalización, proceso del cual por supuesto podrá ser participe la persona discapacitada que ocupa el puesto o aquella que tiene bajo su directa dependencia una persona con discapacidad”.

17 El FJ III.1 indicó que: “Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación.”

18 Constitución Política del Estado “Artículo 127. I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley”.

19 Sobre la base del art. 44 de la Constitución abrogada, que establecía que el Estatuto del Funcionario Público contendrá las disposiciones que garanticen la carrera administrativa, se puso en vigencia la Ley 2027 de 27 de octubre de 1999, entre cuyas disposiciones transitorias y finales (art. 71), asigna la condición de funcionarios provisorios, a quienes desempeñan

20 Constitución Política del Estado “Artículo 127. I. Los servidores públicos o personas particulares que resistan las decisiones judiciales en los casos previstos por esta acción, serán remitidos por orden de la autoridad que conoció de la acción ante el Ministerio Público para su procesamiento penal por atentado contra las garantías constitucionales. II. La autoridad judicial que no proceda conforme con lo dispuesto por este artículo quedará sujeta a sanción, de acuerdo con la Constitución y la ley”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0089_2024-S1.pdf · páginas 1 a 41.

Huella digital del PDF (SHA-256): 563a9c00f3d54b7445b54599b679c54a4dd08871f3b485c11ce7d3a7c7699a0e

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →