Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 24 de marzo de 2023
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; indicando de manera confusa que, al encontrarse con detención preventiva en el Centro Penitenciario de “San Pedro” de La Paz, habría solicitado en tres oportunidades cesación a la detención preventiva, mismas que no se dieron curso; además que, se emitió la Resolución 494 “A”/2020 Auto definitivo de extinción de la acción penal, por vencimiento del plazo de la etapa preparatoria; asimismo, que el 19 de agosto de 2020, se presentó una acusación fiscal fuera del plazo de los cinco días, acto conclusivo viciado de nulidad, y que tuvo un procedimiento extraño al ser remitido al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia La Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, que dispuso la devolución de obrados por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia La Mujer Cuarta de la Capital del mismo departamento; también, agrega que por la detención preventiva su salud se fue deteriorando; consecuentemente a través de esta acción de defensa solicita que: “SE ORDENE LA LIBERTAD DE (SU) PERSONA POR NO EXISTIR HASTA EL DIA DE HOY MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE, POR HABERSE EXTINGUIDO LA ACCIÓN PENAL COMO TAMBIEN AL HABER SIDO OBSERVADA LA ACUSACIÓN PARTICULAR TODA VEZ QUE LOS RIESGOS PROCESALES SE DESVIRTUARON Y ENERVARON, CORRESPONDIENDO INCLUSO (SU) LIBERTAD PURA Y SIMPLE” (sic). En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizarán los siguientes temas: i) Respe…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 24/2021 de 16 de noviembre, cursante de fs. 32 a 38, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1° DENEGAR la tutela solicitada en base a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Exhortar al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, que en futuros casos que sean de su conocimiento, remitan toda la documentación pertinente ante este Tribunal Constitucional plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0089/2023-S1 Sucre, 24 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 44245-2022-89-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 24/2021 de 16 de noviembre, cursante de fs. 32 a 38, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Celestino Mamani Dorado contra María Melina Lima Nina, ex Jueza de Instrucción y Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia La Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz o en su defecto ante el Juez en suplencia legal del precitado Juzgado.
Por memorial presentado el 15 de noviembre de 2021, cursante de fs. 1 a 6 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación y corrupción de niño, niña o adolescente, se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz. Se lo imputó el 20 de noviembre de 2019, y se señaló audiencia de medidas cautelares para el 21 del mismo mes y año, y mediante Resolución 781/2019 se dispuso su detención preventiva en Centro Penitenciario mencionado. La detención preventiva fue dispuesta por cuatro meses, empero en dicho plazo el Fiscal no cumplió con la investigación, y a la fecha han trascurrido dos años que se encuentra detenido, habiéndose cumplido el plazo abundantemente de acuerdo a la resolución que la dispuso. La detención preventiva jamás puede ser indefinida; y con la finalidad de acreditar nuevos elementos de juicio que puedan desvirtuar y enervar los riesgos procesales, presentó tres memoriales de cesación a la detención preventiva, mismas que no se dieron curso.
El 20 de noviembre de 2020, la Jueza de Instrucción y Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia La Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, emitió la Resolución 494 "A"/2020 Auto definitivo de extinción de la acción penal, por vencimiento del plazo de la etapa preparatoria. Cursa Auto de Conminatoria 72/2020 de 7 de julio, con sello de recepción de la fiscalía departamental de La Paz, de 15 de julio de 2020, para que la Fiscal Departamental de La Paz en el plazo de cinco días hábiles presente el acto conclusivo de la etapa preparatoria, bajo alternativa de declarar la extinción de la acción penal y responsabilidad del Ministerio Público en caso de incumplimiento; pero la Fiscal de Materia, Jhenny Esmeralda Toledo Cabrera el 23 de julio de 2020, devolvió la conminatoria aduciendo que el Instructivo 17/2020 de 21 de marzo, dispuso la suspensión de plazos procesales, plazo reanudado por el Instructivo 22/2020; sin embargo, fue “considerado por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia hacia La Mujer el 18 de noviembre de 2020” (sic). La Acusación Fiscal presentada el 19 de agosto de 2020, se encontraba fuera del plazo de cinco días; es decir, que dicho acto conclusivo está viciado de nulidad, no puede ser considerado como la base del juicio oral, público y contradictorio, así lo determina el art. 342 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que no se puede ir a juicio oral si no existe al menos una acusación. La presentación extemporánea de una acusación fiscal, no puede ser convalidada por el Juez Cautelar, así como lo establece la SCP 1281/2013 de 2 de agosto, pero el Juzgado de Instrucción y Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia La Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, aplicó un procedimiento extraño y ajeno a la ley al remitir la acusación fiscal, cuando la misma carecía de validez legal, razón por la cual el “mismo Tribunal de sentencia anticorrupción y contra la violencia hacia La mujer dispuso la devolución al Juzgado 4to de instrucción anticorrupción y contra la violencia de la mujer de la ciudad de la paz” (sic). El 21 de abril de 2021, la Resolución 160/2021 emitida por la Sala Penal Segunda en la parte resolutiva determinó la admisibilidad del recurso de apelación, e improcedente por no haber escuchado ningún agravio, y en el fondo confirmó la Resolución 494 "A"/2020. Producto de la detención preventiva su salud se fue deteriorando, el informe médico indicó que tiene hernia supraumbilical, lesiones dérmicas en pierna derecha, neuritis en miembro inferior derecho y limitación de movimiento del brazo izquierdo con síntomas de paralización. Como padre de familia tiene bajo su responsabilidad dos hijas a quienes debe apoyar económica y psicológicamente. También el informe psicológico le diagnosticó que sus funciones congnitivas no son normales dentro de la esfera afectiva.
Considera lesionado su derecho a la libertad, sin realizar la mención de ningún precepto de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela solicitada; y en consecuencia, "SE ORDENE LA LIBERTAD DE (SU) PERSONA POR NO EXISTIR HASTA EL DIA DE HOY MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE, POR HABERSE EXTINGUIDO LA ACCIÓN PENAL COMO TAMBIEN AL HABER SIDO OBSERVADA LA ACUSACIÓN PARTICULAR TODA VEZ QUE LOS RIESGOS PROCESALES SE DESVIRTUARON Y ENERVARON, CORRESPONDIENDO INCLUSO (SU) LIBERTAD PURA Y SIMPLE" (sic).
La audiencia pública virtual de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 16 de noviembre de 2021; según consta en acta cursante de fs. 29 a 31, se produciéndose los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado en la audiencia virtual, se ratificó in extenso en la acción de libertad presentada, asimismo señaló que se hizo una acusación particular el 16 de diciembre de 2020 y que la misma tampoco ha ido avanzando y ha pasado el tiempo y se vieron en la necesidad de hacer la acción de libertad.
William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra La Violencia Hacia La Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe cursante a fs. 26, señaló lo siguiente: a) En la acción de libertad Interpuesto por Celestino Mamani Dorado no hace mención su nombre; b) Se encuentra en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, conforme a Memorándum 1568/2021/-P.-TDJ de 12 de noviembre, emitido por Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y la presente causa fue remitida al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia La Mujer Primero de la Capital del citado departamento, el día de hoy, tal como se puede evidenciar en el oficio de remisión con sello de recepción de dicho Tribunal; y, c) Su persona no tiene conocimiento de la presente causa, debido a que ya no se encuentra en ese despacho judicial, y mal podría señalar que el imputado Celestino Mamani Dorado, estuviera ilegalmente detenido preventivamente; empero señaló que la causa ya contaba con acusación particular presentada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, la causa tiene como víctima a una menor de edad, víctima de violación de niña, niño y adolescente; por lo que, pide se deniegue la tutela con costas.
El Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 24/2021 de 16 de noviembre, cursante de fs. 32 a 38, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes argumentos: 1) No existe una detención indebida como señala el accionante, al existir un proceso en contra de Celestino Mamani Dorado por el delito de violación niña, niño y adolescente donde se dispuso su detención preventiva; 2) Emitió “los oficios al juzgado de la autoridad accionada y a la Sala Penal Primera por informe evacuado por el Juez en suplente legal del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Materia contra la Violencia hacia La Mujer Nº 4 los mismos fueron remitidos al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer 1º de la ciudad de La Paz, siendo la Sala Penal Primera quien remitió el legajo de apelación de la Resolución N° 772/2021 de fecha 16 de septiembre de 2021, y para que este tribunal dicte una Resolución ecuánime con relación a la vulneración de derechos y garantías que se hace referencia el abogado del ahora accionante en primer lugar no cumple con la carga probatoria” (sic), a través de la cual se pueda establecer que evidentemente las solicitudes de cesación a la detención preventiva no han sido atendidas por la autoridad demandada; y, 3) De la revisión del legajo remitido por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en fotocopias legalizadas se pudo establecer que existen solicitudes de cesación que fueron atendidas por la autoridad demandad, la Resolución 772/2021, que rechaza la solicitud de cesación a la detención preventiva presentada por Celestino Mamani Dorado por no adecuarse a procedimiento, por no presentar documentales que respalden su pretensión, siendo apelada la misma, la Sala Penal Primera declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesta por el imputado por inobservancia de la segunda parte del art. 251 en concordancia con el art. 130 ambos del CPP, situación que inviabiliza e impide que el tribunal de alzada pueda pronunciarse, no siendo evidente lo referido por el abogado del accionante y tomando en cuenta el carácter de revisión de las medidas cautelares y considerando que el proceso ya se encontraría radicado ante un “Tribunal Anticorrupción”, es que el acusado debe acudir pidiendo la cesación a la detención preventiva a ese tribunal, no siendo posible que el tribunal pueda considerar su situación procesal jurídica del ahora solicitante de tutela, como señala la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres-.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta OFICIO 1205/2021 de 11 de noviembre, dirigido por el JUZGADO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCIÓN Y DE MATERIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Nº 4 DE LA CIUDAD DE LA PAZ" (sic)., ante el “JUEZ DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA ANTICORRUPCIÓN Y VIOLENCIA HACIA LA MUJER 1º DE LA CIUDAD DE LA PAZ”, que refiere, devolución de obrados dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Carmen Catalina Suca Quispe en contra de Celestino Mamani Dorado por la presunta comisión del delito de violación niño, niña y adolescente -el sello de recepción no se encuentra legible- (fs. 27). II.2. Por informe de 16 de noviembre de 2021, Noemi Mery Mullisaca Durán, Secretaria Abogada del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Cuarta de la Capital del departamento de La Paz; señaló que María Melina Lima Nina, se encontraba con permiso por lo que devolvía cedulón de la acción de libertad; asimismo, agregó que en la causa del “MP C/ CELESTINO MAMANI DORADO fue dejado en revisión en el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer 1º, en fecha 12 de noviembre de 2021, debido a que el mismo contaba con acusación particular” [sic. (fs. 13)].
El accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; indicando de manera confusa que, al encontrarse con detención preventiva en el Centro Penitenciario de “San Pedro” de La Paz, habría solicitado en tres oportunidades cesación a la detención preventiva, mismas que no se dieron curso; además que, se emitió la Resolución 494 “A”/2020 Auto definitivo de extinción de la acción penal, por vencimiento del plazo de la etapa preparatoria; asimismo, que el 19 de agosto de 2020, se presentó una acusación fiscal fuera del plazo de los cinco días, acto conclusivo viciado de nulidad, y que tuvo un procedimiento extraño al ser remitido al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia La Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, que dispuso la devolución de obrados por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia La Mujer Cuarta de la Capital del mismo departamento; también, agrega que por la detención preventiva su salud se fue deteriorando; consecuentemente a través de esta acción de defensa solicita que: “SE ORDENE LA LIBERTAD DE (SU) PERSONA POR NO EXISTIR HASTA EL DIA DE HOY MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE, POR HABERSE EXTINGUIDO LA ACCIÓN PENAL COMO TAMBIEN AL HABER SIDO OBSERVADA LA ACUSACIÓN PARTICULAR TODA VEZ QUE LOS RIESGOS PROCESALES SE DESVIRTUARON Y ENERVARON, CORRESPONDIENDO INCLUSO (SU) LIBERTAD PURA Y SIMPLE” (sic). En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes para conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto se analizarán los siguientes temas: i) Respecto a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; ii) El derecho a la salud y la asistencia médica de los privados de libertad; y, iii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0304/2018-S2 de 28 de junio, asumió el siguiente entendimiento:
El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero sienta la línea sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringida, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la referida acción tutelar.
En el marco de dicho entendimiento la SC 0008/2010-R de 6 de abril, en el Fundamento Jurídico III.4, establece que la acción de libertad:
…es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, empero para ello, previamente se deben agotar los mecanismos de protección específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, operando la acción de libertad solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas (las negrillas y el resaltado son nuestros).
En ese contexto, la citada Sentencia Constitucional concluyó que, si existe norma expresa que prevea mecanismos intra procesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser utilizados previamente antes de activarse la tutela constitucional. Entendimiento reiterado de manera uniforme por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0185/2012, 1888/2013, 0077/2018-S2 у 0078/2018-S2, entre muchas otras.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0716/2020-S1 de 11 de noviembre, asumió el siguiente entendimiento: La SCP 0257/2012 de 29 de mayo establece que las autoridades judiciales, el Ministerio Público y las autoridades penitenciarias, adoptan la posición de garante respecto a la materialización de las condiciones para la salvaguarda de los derechos a la vida y a la salud de las personas que se encuentran privadas de libertad.
En similar sentido, la SCP 0618/2012 de 23 de julio, en el Fundamento Jurídico III.4, señala que de acuerdo al art. 23.1 de la Constitución Política del Estado (CPE), las personas privadas de libertad, si bien sufren temporalmente las limitaciones de la ley; empero, no se convierten en seres sin derechos; en ese marco, gozan del derecho a la salud; el cual, debe ser materializado en los recintos penitenciarios:
Ahora bien, a objeto de materializar el ejercicio del derecho a la salud dentro de los recintos penitenciarios, el ordenamiento jurídico prevé medios específicos para resguardar este derecho por su directa vinculación con el derecho a la vida de aquellas personas que circunstancialmente se encuentran privadas de libertad, es así que, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, dispone en su Título Tercero, Capítulo Segundo, arts. 90 al 93 y 96, concordantes con el art. 2.2 y 11 del Decreto Supremo (DS)26715 de 26 de julio de 2002 (Reglamento de Ejecución de Penas Privativas de Libertad), que debe existir en cada centro penitenciario un servicio de asistencia médica que funcione las veinticuatro horas, encargado de otorgar a los internos, atención básica y de urgencia, en medicina general y odontología y en caso de tratarse de enfermedades o dolencias que precisen tratamiento especializado, será el Director del establecimiento el encargado de comunicar estos hechos a las personas indicadas, pudiendo el interno a solicitud expresa ante el Director del establecimiento, acceder a su costo, a atención médica ajena a la del establecimiento, cuya decisión podrá ser apelada ante el juez de ejecución penal.
Del mismo modo, tratándose de casos de emergencia, el legislador ha dispuesto en el art. 94 del mismo compilado legal que el director del establecimiento penitenciario o quien se encuentre a su cargo, ordenará el traslado del interno a un Centro de Salud adoptando las Medidas de Seguridad necesarias; debiendo informar de inmediato, al Juez competente, es decir que, cuando la salud de una persona privada de libertad se encuentra disminuida, le corresponde en primera instancia al interno dirigirse en consulta al médico del recinto penitenciario a efecto de sea este quien determine a prima facie la gravedad del cuadro y adopte las medidas necesarias para asegurar y precautelar el ejercicio de este derecho y por ende su derecho a la vida, y cuando corresponda, en virtud a una emergencia particular o la necesidad específica de tratamiento especializado, el galeno del penal deberá poner en conocimiento de la situación al Director del recinto quien, tomando las previsiones de seguridad necesarias, autorizará el traslado del enfermo a un centro de salud y pondrá dicha determinación en conocimiento del juez competente; similar razonamiento ha manifestado esta Jurisdicción mediante la SCP 0257/2012 de 29 de mayo (la negrillas son añadidas).
(...). En suma, si bien el privado de libertad sufre temporalmente las limitaciones impuestas por ley a su libertad, a partir de la protección constitucional de los derechos inherentes a su condición de ser humano -art. 14.I de la CPE- concordante con lo establecido en el art. 73.1 de la Norma Suprema, que refiere: “Toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana”, es responsabilidad del Estado -autoridades judiciales, penitenciarias y Ministerio Público-, velar por el respeto y garantía a los derechos a la salud y a la vida de las personas privadas de libertad, durante la ejecución de su sanción, así lo prescribe el art. 74.I de la CPE: “Es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos, y su retención y custodia en un ambiente adecuado, de acuerdo a la clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y el sexo de las personas retenidas”. En tal contexto, a fin de hacer efectivo estos derechos, el ordenamiento jurídico legal -Ley de Ejecución Penal y Supervisión-, dispone en primera instancia la existencia de un servicio de asistencia médica de atención continua -veinticuatro horas- en todos los establecimientos penitenciarios a los cuales puede dirigirse, en los que, de acuerdo a la emergencia o la necesidad específica que se presente, se dispondrá el traslado del privado de libertad a un centro de salud a fin que reciba un tratamiento especializado.
En el caso de autos, el accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad; indicando de manera confusa que, al encontrarse con detención preventiva en el Centro Penitenciario de “San Pedro” de La Paz, habría solicitado en tres oportunidades cesación a la detención preventiva, mismas que no se dieron curso; además que, se emitió la Resolución 494 “A”/2020 Auto definitivo de extinción de la acción penal, por vencimiento del plazo de la etapa preparatoria; asimismo, que el 19 de agosto de 2020, se presentó una Acusación Fiscal fuera del plazo de los cinco días, acto conclusivo viciado de nulidad, y que tuvo un procedimiento extraño al ser remitido al Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia La Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, que dispuso la devolución de obrados por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia La Mujer Cuarta de la Capital del mismo departamento; también, agrega que por la detención preventiva su salud se fue deteriorando; consecuentemente a través de esta acción de defensa solicita que: “SE ORDENE LA LIBERTAD DE (SU) PERSONA POR NO EXISTIR HASTA EL DIA DE HOY MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE, POR HABERSE EXTINGUIDO LA ACCIÓN PENAL COMO TAMBIEN AL HABER SIDO OBSERVADA LA ACUSACIÓN PARTICULAR TODA VEZ QUE LOS RIESGOS PROCESALES SE DESVIRTUARON Y ENERVARON, CORRESPONDIENDO INCLUSO (SU) LIBERTAD PURA Y SIMPLE” (sic). Como se refirió precedentemente, el peticionante de tutela hizo mención que se encontraba con detención preventiva dos años, y que en ese ínterin había presentado solicitud de cesación a la detención preventiva en tres oportunidades, mismas que no se dieron curso; por lo que, de manera confusa presentó esta acción de libertad solicitando se le conceda su libertad pura y simple, olvidando que en esta acción de defensa se aplica la subsidiariedad excepcional cuando exista una autoridad competente que puede reparar cualquier lesión que estuviere sufriendo el afectado. Es decir, que si el solicitante de tutela considera que se desvirtuaron o enervaron riesgos procesales y que eso le permite gozar de su libertad pura y simple, estos argumentos deben ser planteados ante la autoridad que está en conocimiento del proceso penal seguido en su contra y no directamente a esta jurisdicción constitucional; más aún, cuando incluso el impetrante de tutela señala que se hubiera extinguido la acción penal; es decir, dichos extremos deben ser planteados y analizados en la instancia ordinaria a través de los medios intra-procesales que el Código de Procedimiento Penal ofrece a las partes; bajo ese entendido, y considerando el informe presentado por William Presvitero Rodríguez Álvarez, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra La Violencia Hacia La Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz -autoridad suplente demandada, el caso se encontraría con acusación particular presentada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, causa que tiene como víctima una menor de edad víctima de violación, y que fue remitida por nota de 11 de noviembre de 2021 al Juez del Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia La Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz (Conclusión II.1); es decir, el caso cuenta con control jurisdiccional y es precisamente donde el accionante debe acudir para resolver su situación jurídica; tal como se tiene plasmado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que, corresponde, denegar la tutela solicitada, sin ingresar a analizar la problemática planteada. Por otro lado, el impetrante de tutela también de forma confusa, hizo referencia a que hubiera existido una acusación fiscal fuera del plazo; al respecto, el accionante, igualmente debió acudir a la jurisdicción ordinaria, a través de los recursos que correspondan, para procurar se repare cualquier lesión ejercida en su contra, porque como se hizo mención en la jurisprudencia constitucional expuesta en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, cuando existan medios idóneos para reparar de manera urgente y eficaz el derecho a la libertad física, estos recursos deben ser planteados previamente, y de no hacerlo procede la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, impidiendo a esta jurisdicción analizar el fondo de lo planteado; en ese entendido, no es posible abordar la problemática expuesta por el peticionante de tutela, correspondiendo denegar la tutela sin ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada. Por otro lado, respecto a su deteriorado estado de salud a causa de la detención preventiva, es necesario señalar que el solicitante de tutela debe considerar el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que explica que cuando la salud de una persona privada de libertad se encuentra comprometida, le corresponde en primera instancia acudir en consulta al médico del Centro Penitenciario a efecto de que este determine a prima facie la gravedad del cuadro y adopte las medidas necesarias para asegurar y precautelar el ejercicio del derecho a la salud y por ende su derecho a la vida, y cuando corresponda, en virtud a una emergencia particular o la necesidad específica de un tratamiento especializado, el médico del penal deberá hacer conocer la situación del interno al Director del Centro Penitenciario, quien tomando las previsiones de seguridad necesarias, autorizará el traslado del enfermo a un centro de salud de forma inmediata y pondrá dicha determinación en conocimiento del Juez competente; y en el presente caso, si bien el impetrante de tutela alegó que su salud se fue deteriorando porque según un informe médico presentaría hernia supraumbilical, lesiones dérmicas en pierna derecha, neuritis en miembro inferior derecho y limitación de movimiento del brazo izquierdo con síntomas de paralización; también es evidente que, el mismo puede acudir ante el médico del Centro Penitenciario para seguir el tratamiento correspondiente, teniendo incluso la opción de acudir ante un médico especialista fuera del Centro Penitenciario de ser pertinente.
El Tribunal de garantías, a tiempo de remitir los antecedentes de la acción de libertad a este Tribunal, debe también arrimar aquellas piezas procesales que haya podido analizar en audiencia, para que este Tribunal cuente con todos los documentos pertinentes a efectos de realizar la revisión respectiva. Por lo mencionado, corresponde exhortar al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, que en futuros casos que sean de su conocimiento, remitan las piezas procesales pertinentes ante este Tribunal Constitucional Plurinacional. Consecuentemente, el Tribunal de garantías al haber denegado la tutela solicitada, obró correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 24/2021 de 16 de noviembre, cursante de fs. 32 a 38, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1° DENEGAR la tutela solicitada en base a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2º Exhortar al Tribunal de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, que en futuros casos que sean de su conocimiento, remitan toda la documentación pertinente ante este Tribunal Constitucional plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El FJ III.1.2, indica: “el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (las negrillas son agregadas).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0089_2023-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): fad353aa6ccb1339fe40aea00007f87df10e6f50b4d2e1d30acfed525e7aa1a1
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