B.IA.LEGAL

SCP 0088/2025-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 14 de marzo de 2025

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
14 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
50180-2022-101-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

Los solicitantes de tutela, denunciaron como agravio, la vulneración del derecho a la libertad de su representado sin mandato, porque se le impidió arbitrariamente su participación en la audiencia de solicitud de cesación a la detención preventiva del 31 de agosto de 2022, ordenada por el Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero del departamento de Santa Cruz; pese a que, se cumplieron las formalidades procesales para poner en conocimiento de todas las instancias administrativas y de seguridad del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, para que Cristian Flores Chacón sea conducido en la fecha antes descrita al salón de audiencias, pero ello no ocurrió y la audiencia fue suspendida por la ausencia del hoy accionante, sin que sea el causante de su ausencia. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 135 de 2 de septiembre de 2022, cursante de fs. 29 vta. 31 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; en consecuencia; 1° Conceder la tutela solicitada, disponiendo que, las autoridades demandadas, garanticen la participación en las audiencias virtuales al accionante, efectivizando su traslado y presencia al salón de audiencias virtuales de la Gobernación del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, con la debida antelación; y,

2° Exhorta al Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero del departamento de Santa Cruz Roger Salvatierra Rocha, para que proceda a cumplir con la normativa sustantiva y adjetiva penal y proceder a la correspondiente instalación y desarrollo de la audiencia de cesación a la detención preventiva solicitada por el ahora accionante evitando incurrir en dilación innecesaria.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Celeridad y audiencia para considerar el beneficio de cesación a la detención preventiva. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Realización de audiencias virtuales en materia penal
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0088/2025-S4 Sucre, 14 de marzo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 50180-2022-101-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 135 de 2 de septiembre de 2022, cursante de fs. 29 vta. a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Tito Wilson Cuaquira Padilla y Elias Tordoya Osinaga en representación sin mandato de Cristian Flores Chacón contra Nicanor Oscar Corcuy Peredo, Gobernador del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola” y Mauricio Romero Catacora, Director Departamental del Régimen Penitenciario de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 1 de septiembre de 2022, cursante de fs. 4 a 6 y vta., el accionante a través de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Producto de la investigación aperturada por el Ministerio Público en su contra, fue conducido al Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, al habérsele aplicado la medida cautelar de la detención preventiva. Habría solicitado la cesación a la detención preventiva en distintas ocasiones y sucedieron los siguientes hechos: a) El 17 de junio de 2022, habiéndose señalado audiencia para el 11 de julio del mismo año a las 15:00; pero debido a que, el expediente se encontraba en despacho de la autoridad jurisdiccional, no pudieron tomar conocimiento de dicho acto procesal y no se pudo materializar la instalación de la audiencia por falta de notificaciones;

b) Nuevamente solicitaron cesación a la detención preventiva mediante memorial presentado el 15 del citado mes y año , a consecuencia de ello se programa audiencia para el 4 de agosto de 2022 a las 11:30; lamentablemente se suspende el actuado porque se habría presentado imprevistamente una audiencia cautelar con aprehendido y se reprograma nueva audiencia para el 17 del mismo mes y año a horas 9:30; momento en el que también se suspende la audiencia para otorgarle prioridad a otro actuado que involucraba a un aprehendido; c) Al haberse suspendido la audiencia antes mencionada, se reprograma para el 24 de agosto de 2022 a las 15:00, llegado el día se suspende otra vez la audiencia por falta de notificación a la parte civil, disponiendo la autoridad nueva audiencia para el 31 de agosto de 2022 a horas 15:30.

d) El 31 de agosto de 2022, se llega a suspender nuevamente la audiencia de petición de cesación a la detención preventiva planteada por Cristian Flores Chacón –ahora accionante-, por el motivo de ausencia del imputado y solicitante de la audiencia en la sala virtual, pese a habérsele notificado como en derecho corresponde y fue impedido de asistir al salón de audiencias virtuales del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”.

La cronología antes descrita, demostró que en cinco ocasiones la audiencia de cesación a la detención preventiva, fue suspendida o impedida de instalarse por distintas causas y motivos, vulnerando su derecho a la libertad; por lo que, la dilación indebida a la cual es sometido genera una arbitrariedad que le afecta de manera directa a su bien jurídico protegido por el art. 126 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El solicitante de tutela, denunció como lesionado su derecho a la libertad mencionando los arts. 125, 126, 256 y 410 de la CPE; 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y 2, 3; y, 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene la libertad inmediata “y/o señalamiento inmediato de audiencia de cesación a la detención preventiva del antes mencionado, actualmente detenido en forma preventiva, toda vez que se trata de la libertad…”(sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 2 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante a fs. 25 a 29, presentes el accionante de tutela y sus abogados, el Director de Régimen Penitenciario Mauricio Romero Catacora y ausente Nicanor Oscar Corcuy Peredo Gobernador del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, por intermedio de sus abogados en audiencia, ratificó los contenidos en su memorial de acción de libertad y ampliando los mismos expresó que: 1) No participó de la audiencia de cesación a la detención preventiva el 31 de agosto de 2022, porque supuestamente no habría sido notificado con el señalamiento de la audiencia, también no estaría consignado en la lista que el centro penitenciario maneja para organizar a los internos que deben participar de las audiencias virtuales; lo cual es un elemento negativo, porque el accionante estaba enterado de dicho acto procesal y mantenía la esperanza de asistir para que se dilucide su situación procesal y mejore sus condiciones, lo que refuerza la tesis de que la vulneración concreta es que se la habría impedido asistir a la audiencia de solicitud de cesación a la detención preventiva; y 2) Se debe tomar en cuenta el art. 8 de la CPE que contiene el principio del “ama sua” que tiene por objetivo impedir actuaciones negligentes por parte de los servidores públicos, quienes tienen la obligación de cumplir con sus tareas para permitir que los privados de libertad accedan a las audiencias, en el caso de Autos se ha cumplido con las diligencias respectivas para que las autoridades del recinto carcelario tomen conocimiento de la audiencia programada y el ahora impetrante de tutela debería haber participado, pero lamentablemente no pudo acceder a dicho acto procesal, porque no fue tomado en cuenta.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Nicanor Oscar Corcuy Peredo Gobernador del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, presentó informe escrito de 2 de septiembre de 2022, cursante de fs. 23 a 24 de obrados, haciendo conocer que: i) La acción de libertad planteada es incongruente con respecto a las labores que desempeña en el marco de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión “ley 2298 y su reglamento” (sic), es una forma de probar suerte, al no haber utilizado los medios administrativos que la ley permite; ii) No es cierto que se habría incumplido las ordenes de trasladar a Cristian Flores Chacón al salón de audiencias del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, al informe se adjuntó un documento de fecha 11 de junio de 2022, que se trata de un informe que el personal subalterno presta, haciendo conocer que el ahora accionante en fecha 31 de agosto de 2022, fue buscado para ser conducido al salón de audiencias virtuales, pero que no fue habido pese a habérsele buscado a través de las instancias pertinentes, con lo cual no existe responsabilidad que asumir, porque la negligencia es atribuible al sujeto procesal que tenía la obligación de asistir. En audiencia ratificó lo esbozado en el informe escrito. Mauricio Romero Catacora Director del Régimen Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, en audiencia presentó su informe vía oral, expresando lo siguiente: a)

Puntualizó que cualquier participación procesal especialmente de los abogados del accionante debe ser realizada en el marco del respeto, se deben cumplir los precepto normativos procesales y se debe precisar los elementos expresados para no generar ambigüedad; b) La relación fáctica que realizan los accionantes sin mandato, es confusa y poco clara, no se puede comprender los argumentos y fundamentos de su pretensión; c) Se debe tomar en cuenta que la administración penitenciaria se divide en dos ámbitos el régimen penitenciario y el aspecto de la seguridad penitenciaria referente a las funciones de la Policía Boliviana este último tópico, ámbitos totalmente distintos y diferenciados por la Ley de Ejecución Penal y Supervisión de 20 de diciembre de 2001 –Ley 2298–; y d) Sobre la mención del principio “ama suwa, ama quella”, son valores algo muy distinto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales, la falta de precisión en ese aspecto genera confusión; en lo que respecta a la supuesta notificación realizada para que el ahora accionante participe de la audiencia virtual de solicitud a la cesación de la detención preventiva, en el listado de la fecha no se consigna al señor Cristian Flores Chacón para que pueda asistir, lo que significa que no se realizaron las diligencias respectivas para propiciar su participación reclamada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 135 de 2 de septiembre de 2022, cursante de fs. 29 vta. a 31 y vta., concedió la tutela impetrada, bajo los siguientes argumentos: 1) La jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos referente a que los sujetos procesales privados de libertad ya no pueden sufrir más restricciones, se debe tomar en cuenta el caso Fleury y Otros versus Haití, porque la resolución de 23 de noviembre de 2011, otorga al Estado en cualquiera de sus aristas, la condición de garante para que toda persona que esté bajo custodia o detención por mandato judicial tenga un goce efectivo de sus derechos y la plenitud de sus garantías procesales; 2) No se ha podido validar los justificativos planteados por los accionados, porque si bien es cierto que los centros penitenciarios bajo administración estatal, confrontan problemas y dificultades, ello no significa que sea permisible violentar los derechos de los privados de libertad, el Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, no está exento del cumplimiento del marco normativo; y, 3) Las personas privadas de libertad, deben gozar del derecho de concurrencia a los tribunales de justicia, cuando sea necesario, cumpliendo los plazos y disposiciones normativas, en el caso de Autos se trata de una audiencia de petición de cesación a la detención preventiva, y por ende está conectada al derecho a la libertad y no se puede soslayar el derecho a intervenir por parte del imputado en la misma; el entendimiento jurisprudencial establece que existe una doble protección a la libertad, para lo cual la restricción de participación en los actuados procesales debe minimizarse , no se puede limitar bajo pretexto de trabas burocráticas o elementos administrativos .

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero del departamento de Santa Cruz, Roger Salvatierra Rocha mediante Oficio 1357/022 de 29 de agosto de 2022, ordenó al Gobernador del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola” el traslado del detenido Cristian Flores Chacón dentro de la causa del Número de Registro Judicial (Nurej) 701102022200327, al salón de audiencias de las oficinas de la “Gobernación del Centro Penitenciario Santa Cruz Palmasola”, para que participe de la audiencia virtual ordenada mediante acta de 18 de agosto de 2022 (fs. 2). II.2. Mediante Informe de 1 de septiembre de 2022, el oficial de Policía Jolber Paul Fernández Encinas, Encargado de la Sección Salidas Judiciales, informa a Nicanor Oscar Corcuy Peredo “Director del Centro Penitenciario Palmasola Santa Cruz”, que se procedió a buscar al privado de libertad ahora accionante para su traslado al salón de audiencias el día 31 de agosto de 2022, pero que se lo hizo buscar y no fue habido (fs. 21).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los solicitantes de tutela, denunciaron como agravio, la vulneración del derecho a la libertad de su representado sin mandato, porque se le impidió arbitrariamente su participación en la audiencia de solicitud de cesación a la detención preventiva del 31 de agosto de 2022, ordenada por el Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero del departamento de Santa Cruz; pese a que, se cumplieron las formalidades procesales para poner en conocimiento de todas las instancias administrativas y de seguridad del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, para que Cristian Flores Chacón sea conducido en la fecha antes descrita al salón de audiencias, pero ello no ocurrió y la audiencia fue suspendida por la ausencia del hoy accionante, sin que sea el causante de su ausencia. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Celeridad y audiencia para considerar el beneficio de cesación a la detención preventiva. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 0266/2019-S4 de 16 de mayo, efectuando un análisis sobre la celeridad que debe regir la tramitación concerniente a la audiencia referida al exordio, y en alusión a la jurisprudencia previa desarrollada sobre la misma, sostuvo que: “La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, indica que: ‘La solicitud de cesación de detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, está regida por el principio de celeridad procesal.

(…)

De acuerdo al sistema procesal penal vigente, plasmado en la Ley 1970 o Código de Procedimiento Penal, el art. 239, establece los casos en que procede la cesación de la detención preventiva, empero, el presente análisis no se aboca a los casos particulares, a ninguno de los incisos del art. 239 del CPP, ni a los aspectos positivos o negativos, legales o doctrinales, o a su interpretación o efectos, sino sólo y exclusivamente a aspectos generales como es la celeridad en su trámite una vez efectuada la solicitud. En ese sentido, es preciso puntualizar que la detención preventiva, no tiene por finalidad la condena prematura, por cuanto la presunción de inocencia, sólo es desvirtuada ante un fallo condenatorio con calidad de cosa juzgada, por ello su imposición como medida precautoria está sujeta a reglas, como también su cesación, lo cual implica el trámite a seguir; y si bien no existe una norma procesal legal que expresamente disponga un plazo máximo en el cual debe realizarse la audiencia de consideración, corresponde aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el ya citado art. 8.II de la CPE, referido al valor libertad complementado por el art. 180.I de la misma norma constitucional, que establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad entre otros; motivo por el cual toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa’. Además, cabe resaltar que el art. 239 del CPP, (…) establece los plazos procesales para la consideración de la audiencia de cesación a la detención preventiva,… (…)

…debe tenerse presente que la celeridad en la atención de este tipo de solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad personal de los procesados, ha motivado la modificación de la indicada norma por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, que reduce el plazo de cinco días arriba citado a cuarenta y ocho (48) horas; modificación que si bien aún no se encuentra vigente dada la vacatio legis establecida en la Disposición Final Primera de la citada Ley, resulta pertinente a los fines de establecer que la voluntad del legislador se ha abocado a reducir aún más los plazos para la consideración de solicitudes de modificación de medidas cautelares para maximizar el principio de celeridad con relación a la situación jurídica de los procesados privados de libertad” (las negrillas nos pertenecen) Complementando el análisis del espíritu de la Ley 1173, conviene hacer hincapié en el objeto de la misma, que es procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas

En el entendido de que, en la fecha que se suscitaron los hechos de esta acción de defensa, ya se encontraba en plena vigencia la precitada Ley, es menester resaltar que ésta, no solo acortó los plazos de señalamiento de audiencia del art. 239 del adjetivo penal, en el caso concreto, de cinco a dos días (48 horas), sino que también ha previsto cambios en la sustanciación de las audiencias –incluida la de cesación a la detención preventiva–, y en las notificaciones en general; por lo que, siempre en observancia del principio de celeridad, y la necesaria interpretación sistemática y exegética de la norma, para la tramitación de este tipo de actos procesales, necesariamente se debe acatar los siguientes artículos del adjetivo penal: Artículo 113. (AUDIENCIAS).

I. Las audiencias se realizarán bajo los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. Excepcionalmente, podrá darse lectura de elementos de convicción en la parte pertinente, vinculados al acto procesal.

En ningún caso se alterará el procedimiento establecido en este Código, autorizando o permitiendo la sustanciación de procedimientos escritos, cuanto esté prevista la realización de audiencias orales. En el juicio y en las demás audiencias orales, se utilizará como idioma el castellano, alternativamente, mediante resolución fundamentada, la jueza, el juez o tribunal podrá ordenar la utilización del idioma originario del lugar donde se celebra el juicio.

Si alguna de las partes, los jueces o los declarantes no comprenden con facilidad el idioma o la lengua utilizada, la jueza, el juez o tribunal nombrará un intérprete común. Cuando alguna de las partes requiera de un intérprete en audiencia, comunicará esta circunstancia con la debida antelación a la autoridad jurisdiccional, debiendo ofrecerlo o solicitar la designación de uno de oficio. II. Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, salvo las excepciones establecidas en este Código.

Si el imputado, de manera injustificada, no comparece a una audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, la jueza o el juez librará mandamiento de aprehensión, únicamente a efectos de su comparecencia.

Si el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio. La jueza, el juez o tribunal sancionará al defensor conforme prevé el Artículo 105 del presente Código. Sin perjuicio, se remitirán antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para fines de registro.

Si el querellante, de manera injustificada, no comparece a la audiencia solicitada por él o se retira de ella sin autorización, se tendrá por abandonado su planteamiento.

La incomparecencia del fiscal será inmediatamente puesta en conocimiento del Fiscal Departamental para la asignación de otro, bajo responsabilidad del inasistente. En ningún caso la inasistencia del fiscal podrá ser suplida o convalidada con la presentación del cuaderno de investigación.

La jueza, el juez o tribunal en ningún caso podrá suspender las audiencias por las circunstancias señaladas en el presente Parágrafo, bajo su responsabilidad, debiendo hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes.

Excepcionalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles. La o el abogado ni la o el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad” (las negrillas nos pertenecen).

Así también, la SCP 0237/2020-S4 de 23 de julio, haciendo referencia a la SCP 0247/2012 de 29 de mayo, estableció que: ”Si bien esta Sentencia Constitucional desarrolló las sub reglas referentes a que debe considerarse un acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva; pero, razonando que no existe dilación indebida cuando se suspende la audiencia de medidas cautelares por falta de notificación, debiendo fijarse nueva fecha; sin embargo, este razonamiento debe precisarse, en el sentido de que la autoridad judicial en el trámite de la cesación de la detención preventiva, no debe prolongar de forma indefinida la suspensión de audiencias de medidas cautelares, con el simple justificativo de proceder de esa forma, por una falta de notificación a las partes procesales o por una carencia de medios técnicos que pueden ser suplidos por otros. Con mayor razón, cuando la normativa procesal penal, establece en el art. 160 del Código de Procedimiento Penal (CPP), la obligatoriedad de la notificación de las resoluciones al día siguiente de ser dictadas…ʼ Ahora bien, de acuerdo al desarrollo jurisprudencial efectuado, se establece que en la tramitación de consideración de la audiencia de cesación a la detención preventiva, la autoridad judicial encargada de dicha tramitación, deberá realizarla con la mayor celeridad posible, no siendo un justificativo válido la falta de notificación de las partes procesales; por cuanto la misma es obligación suya. Al respecto, el art. 239 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014 –Ley de Descongestionamiento y Efectivización–, establece los plazos procesales para la consideración de la audiencia de cesación a la detención preventiva, siendo estos los siguientes: “Planteada la solicitud, en el caso de los Numerales 1 y 4, la o el Juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco (5) días. En el caso de los Numerales 2 y 3, la o el Juez o Tribunal dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, correrá traslado a las partes quienes deberán responder en el plazo de tres (3) días. Con contestación o sin ella, la o el Juez o Tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro de los cinco (5) días siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos”; de lo expuesto, se concluye que de acuerdo a lo previsto por el mencionado artículo, el Juez o Tribunal ordinario que tenga conocimiento de una solicitud de cesación a la detención preventiva, deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días; un actuar contrario, supondría una dilación indebida” (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Realización de audiencias virtuales en materia penal

Mediante Acuerdo de Sala Plena 10/2020 el Tribunal Supremo de Justicia aprueba el Protocolo de Actuación de Audiencias Virtuales del Órgano Judicial, en este último atención a la situación de necesidad o crisis generalizada –en ese momento producto del COVID19–, que imposibilitaba el normal trabajo y desenvolvimiento de las unidades funcionales (Salas, Tribunales de Sentencia y Juzgados) provocando que el acceso a la justicia se vea restringido, llevó a establecer medidas que aporten a las soluciones conducentes a minimizar dichos efectos o plantear fórmulas alternativas para su ejercicio.

Por ello este Protocolo establece como una de esas medidas la incorporación de Tecnologías de la Comunicación e Información, dirigidas a dinamizar el proceso judicial, así como al desarrollo de las audiencias judiciales en las diferentes materias. En ese sentido se recurrió a plataformas de videoconferencia que permitieron la comunicación sincrónica entre los videoconferentes. Por otro lado, remitiéndose a la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 –Ley 025–, señalaron que dicha norma prevé la incorporación de nuevas tecnologías, en las prácticas jurisdiccionales al disponer en el parágrafo I del art. 121 que “Los tribunales y juzgados, podrán utilizar medios informáticos, electrónicos, magnéticos, archivos de imagen, programas, bancos de datos y otras aplicaciones de medios que posibiliten la tecnología para garantizar la autenticidad, integridad y seguridad de la documentación y las actuaciones procesales”.

En razón a ello, el citado Protocolo prevé la implementación de medios electrónicos conducentes a transparentar, impulsar y dinamizar el proceso judicial. En ese sentido, se incorpora el Buzón Judicial, las Notificaciones Electrónicas, el seguimiento informático de causas, la Oficina Gestora de Procesos; y, mediante Circular 06/2020 del Tribunal Supremo de Justicia, las audiencias judiciales vía videoconferencia, inicialmente desarrolladas en materia penal y constitucional. Pero, en torno a la necesidad se amplía también el ámbito de cobertura en la aplicación de la videoconferencia a las audiencias judiciales en materias del ámbito familiar, civil, niñez y adolescencia y laboral en capitales de departamento y en provincias. Así también, advierte que la Ley de Abreviación Procesal Penal y de fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños Adolescentes y Mujeres –Ley 1173– , en su artículo 7 modificatorio al artículo 113 de Código de Procedimiento Penal, dispone con relación a las audiencias, que: “La jueza, el juez o tribunal podrá disponer que la audiencia se lleve a cabo mediante videoconferencia precautelando que no se afecte el derecho a la defensa, debiendo las partes adoptar las previsiones correspondientes, para garantizar la realización del acto procesal”, lo cual, abre la posibilidad de llevar adelante una audiencia virtual cuando sea necesario, siempre y cuando no se afecte al derecho a la defensa, principios de contradicción e inmediación, y cuando las condiciones de conectividad estén dadas. En ese sentido, el Protocolo de Actuación de Audiencias Virtuales señala que: Con base en estudios actualizados, la interrelación de las cuestiones técnicas y jurídicas y sobre todo la experiencia desarrollada, se ha podido evidenciar que el uso de la videoconferencia en audiencia judicial no es contrario al principio de inmediación procesal, así como a los demás principios que rigen los procesos judiciales en Bolivia (oralidad, concentración, transparencia, celeridad, publicidad e incluso economía). Adicionalmente, se puede indicar que la videoconferencia permite el desarrollo de las audiencias judiciales y por ende el acceso a la justicia, de tal forma que las mismas efectivicen dicho acceso con el pleno reconocimiento de los derechos procesales de las partes y conforme a los procedimientos y protocolo establecidos, tal cual se tratare de una audiencia física (las negrillas son nuestras). En cuanto al ámbito de aplicación citado en el punto 4 de este Protocolo, refiere que es aplicable al: “desarrollo de audiencias judiciales mediante videoconferencia, en las Jurisdicciones Ordinaria y Constitucional, dispuestas por las y los Vocales, Juezas y Jueces y Conciliadores Judiciales, en capitales de departamentos y provincias del territorio nacional “ (las negrillas nos pertenecen). Del mismo modo, en su contenido describe a ciertos principios sobre los cuales está regida el desarrollo de las audiencias judiciales virtuales que son la: Oralidad, Celeridad, Publicidad, Contradicción, Inmediación, Concentración, Convalidación, Desformalización; y, Buena Fe y Lealtad Procesal. En ese orden de cosas, en cuanto al procediendo de las audiencias virtuales, el Protocolo establece que: “En la jurisdicción ordinaria y constitucional, los sujetos procesales podrán presentar solicitudes de audiencias mediante memoriales u oficios, ante las siguientes instancias:

 Oficina de Servicios Comunes (Plataforma) en capitales de Departamento y El Alto.  Secretarías de Juzgados o Tribunales en Provincia o en Juzgados desconcentrados en capitales de Departamento y El Alto.  Ventanilla Única de la OGP (materia penal).

 Interoperabilidad de Sistemas del Ministerio Público y del Órgano Judicial (materia penal).  Buzón Judicial. También corresponderá el señalamiento de la audiencia a cargo de la autoridad judicial, de oficio” (las negrillas nos pertenecen). De igual forma establece que la notificación de audiencia virtual (punto 6.6), será dispuesta por el Juez o Vocal para que por Secretaría, se proceda a la notificación a través de los Oficiales de Diligencia y/o personal de apoyo judicial, y en materia penal por la Oficina Gestora de Procesos a todas las partes que deban participar en la audiencia. A su vez, establece en su punto 6.7, que en el desarrollo de la audiencia virtual: “La autoridad jurisdiccional deberá instalar y dirigir la audiencia, verificando previamente que los sujetos procesales estén conectados a la sala de audiencia virtual” (las negrillas nos pertenecen).

III.3. Análisis del caso concreto

Los accionantes, denunciaron como agravio, la vulneración del derecho a la libertad de su representado sin mandato, porque se le impidió arbitrariamente de participar en la audiencia de solicitud de cesación a la detención preventiva del 31 de agosto de 2022, pese a que se cumplieron las formalidades procesales para poner en conocimiento de todas las instancias administrativas y de seguridad del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, para que Cristian Flores Chacón sea conducido en la fecha antes descrita al salón de audiencias, pero ello no ocurrió. Determinada la problemática de la especie, se tiene que Roger Salvatierra Rocha Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero del departamento de Santa Cruz; al recibir la solicitud de cesación a la detención preventiva de parte del imputado ahora accionante mediante acta de 18 de agosto de 2022, fijo audiencia virtual a desarrollarse el 31 del mismo mes y año, para lo cual, mediante Oficio 1357/022 de 29 de agosto de 2022, ordenó al Gobernador del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola” que se proceda al traslado del interno antes nombrado al salón de audiencias virtuales de la gobernación del recinto penitenciario para que como sujeto procesal tenga acceso a dicho acto jurídico, comunicación recibida el 29 del pre4citado mes y año, tal cual consta en el cargo de recibido sellado a las 15:50 (Conclusiones II.1.). Los representantes sin mandato del ahora accionante, en el memorial de acción de libertad hacen conocer que el agraviado no habría participado de la audiencia virtual de 31 de agosto de 2022, dentro de la causa NUREJ 701102022200327, porque las autoridades del recinto penitenciario no dieron cumplimiento al Oficio 1357/022 porque no procedieron a trasladar al salón de audiencias virtuales de la gobernación del centro penitenciario, constituyéndose en una lesión directa a su derecho a la libertad porque se le está coartando su derecho a participar de la audiencia de solicitud de cesación a la detención preventiva que el como imputado ha impetrado. Ante la irrupción de la presente acción tutelar, y al tomar conocimiento del contenido de la pretensión jurídica, el Director del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”; adjunta a su memorial de informe, un documento que lleva por título “INFORME” que esta emitido por su personal subalterno donde se indica que el ahora impetrante de tutela, el día 31 de agosto de 2022 no pudo ser habido pese a ser buscado para que sea conducido al salón de audiencias virtuales de la Gobernación de dicho Centro Penitenciario (Conclusiones II.2.). Es necesario determinar que en el Estado Plurinacional de Bolivia el régimen penitenciario se encuentra regulado por la Ley 2298, al ser el accionante un interno del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, dicha entidad el antes mencionado se encuentran en la órbita de cobertura de la norma jurídica precitada. El art. 1.3 de la Ley 2298 establece su objeto y específicamente determina que regula la ejecución de las medidas cautelares de carácter personal, elemento que nos confirma que el accionante está protegido por dicha normativa, ahora bien, siempre en el marco de la misma, en su art. 2 determina que el principio de legalidad en su parte in fine protege a los internos “Las únicas limitaciones a los derechos del interno son las emergentes de la condena y las previstas en esta Ley. Fuera de ellas no es aplicable ninguna otra limitación”. El art. 5 de la Ley 2298 consagra el respeto a la dignidad, determinando que un ciudadano que se encuentra privado de libertad, igual tiene derechos fundamentales, únicamente se abstiene del ejercicio de algunos que están legalmente permitidos en su limitación temporal. El art. 9 de la misma norma, textual establece: (Derechos y Obligaciones) La persona privada de libertad es un sujeto de derechos que no se halla excluido de la sociedad. Puede ejercer todos los derechos no afectados por la condena o por esta Ley y, debe cumplir con todos los deberes que su situación legalmente le imponga.”; los arts. 53,54 y 57 de la Ley 2298 se refieren a los Directores Departamentales de Régimen Penitenciario, sus funciones, la organización y composición de los centros penitenciarios; de igual manera los arts. 58 y 59 se refieren a la funciones del Director del centro penitenciario, específicamente los numerales 2, 9 y 12 del art. 59 se refieren a controlar la correcta custodia de los internos, actualizar el libro de registros penitenciarios y a controlar el estricto cumplimiento de las ordenes de salidas y del retorno de los internos. Como toda estructura administrativa, siempre existe un personal de apoyo para que se ejecuten las directrices de la política penitenciaria del Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley 2298, ha previsto en sus arts. 65, 68, 70 num. 1, 2, 3 , 4; y 72.4las funciones de dicho personal que se encuentra destinado a precautelar los derechos fundamentales y garantías constitucionales de los internos, realizando la vigilancia y control respectivos para que los internos sean registrados, custodiados y cumplan con las políticas de reinserción. El respeto a los derechos humanos de los privados de libertad es un pilar esencial de cualquier sistema de justicia democrático, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y diversos tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos, establecen estándares claros sobre el trato que deben recibir los detenidos. El respeto a la Ley 2298 por parte de los funcionarios policiales y del régimen penitenciario es fundamental para garantizar la dignidad de los privados de libertad en Bolivia. En la especie, se tiene que el accionante no ha podido participar de la audiencia de solicitud de cesación de la detención preventiva convocada por el Juez de garantías para fecha 31 de agosto de 2022, pese a que conforme a las conclusiones de este fallo constitucional se acreditó que los demandados tuvieron pleno conocimiento de la convocatoria a la meritada audiencia virtual, incumpliendo su labor como responsables del régimen penitenciario del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, pues el argumento que utilizan para descargar su responsabilidad referido a que “el interno no pudo ser habido en el centro penitenciario, resulta un argumento por demás extraño y no aceptable, pues se está hablando de un centro penitenciario en el que ante la ausencia de un recluso hubiera ameritado la activación de mecanismos de seguridad para dar con el paradero inmediato de este; y no quedarse con un solo informe, lo que denota incuestionablemente dicha actitud, ha incidido directamente en que el accionante no haya participado de la audiencia ya descrita. La tramitación de la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva; tiene su especial connotación en esta causa, porque al ser el impetrante de tutela un imputado privado de su libertad producto de un proceso investigativo, y al plantear este ultimo la cesación de dicha medida cautelar, se entiende perfectamente que el bien jurídico que está siendo discutido es la libertad, por ello la jurisprudencia ha desarrollado el entendimiento de que la celeridad procesal que se le debe imprimir a dicha pretensión, no debe sufrir trabas o impedimento de ningún tipo, así lo establecen los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ya que claramente se colige que dicho trámite tiene entre sus características que la informan y estructuran a la celeridad procesal utilizando medios tecnológicos que apoyan la realización de las audiencias y que no pueden ser entorpecidos por los responsables de los recintos carcelarios. En consecuencia; tanto Nicanor Oscar Corcuy Peredo Gobernador del Régimen Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, así como Mauricio Romero Catacora Director departamental del Régimen Penitenciario de Santa Cruz, al no generar las condiciones necesarias para que el interno Cristian Flores Chacón participe de la audiencia de solicitud de cesación a la detención preventiva de 31 de agosto de 2022, dentro de la causa NUREJ 701102022200327 han incurrido en lesión del derecho invocado por el solicitante de tutela, por lo que corresponde conceder la tutela impetrada, dado que este impedimento es un acto arbitrario que no puede reiterarse en su materialización. Finalmente, respecto de la solicitud del accionante, en cuanto a que; “se ordene la libertad inmediata “y/o señalamiento inmediato de audiencia de cesación…” se aclara que las autoridades demandadas no ejercen el control jurisdiccional a fin de señalamientos de audiencia, sino que dicha labor le compete al Juez de la causa; sin embargo, este Tribunal no puede soslayar las constantes suspensiones de audiencias de cesación a la detención preventiva existente en la presente causa, aspecto que no puede pasar desapercibido, pues bien pese a que la autoridad jurisdiccional no fue demandada, en la presente acción tutelar, ello no impide que se pueda exhortar a dicha autoridad a cumplir con los plazos procesales previstos en la normativa procesal penal y dar trámite, diligencia a este tipo de solicitudes. Por lo expuesto, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 135 de 2 de septiembre de 2022, cursante de fs. 29 vta. 31 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; en consecuencia; 1° Conceder la tutela solicitada, disponiendo que, las autoridades demandadas, garanticen la participación en las audiencias virtuales al accionante, efectivizando su traslado y presencia al salón de audiencias virtuales de la Gobernación del Centro Penitenciario Santa Cruz “Palmasola”, con la debida antelación; y,

2° Exhorta al Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero del departamento de Santa Cruz Roger Salvatierra Rocha, para que proceda a cumplir con la normativa sustantiva y adjetiva penal y proceder a la correspondiente instalación y desarrollo de la audiencia de cesación a la detención preventiva solicitada por el ahora accionante evitando incurrir en dilación innecesaria. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0088_2025-S4.pdf · páginas 1 a 16.

Huella digital del PDF (SHA-256): d70103e9b3bb890857ef628a1019fff3eccab568d3444175434dfe403e9e1db2

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