Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 27 de febrero de 2025
Deniega la tutela
La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración a su derecho a ser oída en su condición de víctima por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial antes de cada decisión judicial; debido a que, en el proceso penal seguido de su parte por el delito de violencia familiar o doméstica, solicitó en cuatro oportunidades al Fiscal accionado que aplique salida alternativa con base en una conciliación a la que arribó con su agresor, siendo respondidas sin resolver el fondo, pues no satisface los alcances de lo requerido que es aplicar salida alternativa por conciliación; negativa de su petición que además de lesionar sus derechos como víctima, causa retardación de justicia, congestionamiento en las investigaciones y sobrecarga procesal en los tribunales. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 174/2022 de 3 de agosto, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:
1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme las razones y fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo del acto lesivo denunciado; y,
2° Llamar la atención a René Oscar Delgado Ecos y Blanca Isabel Alarcón Yampasi, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme las razones expresadas en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0088/2025-S2 Sucre, 27 de febrero de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 50142-2022-101-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 174/2022 de 3 de agosto, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio Carrillo Cáceres en representación sin mandato de Yeny Tancara Tancara contra Remberto Gustavo Roca Galvis, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 2 de agosto de 2022, cursante de fs. 1 a 4, la accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta que:
En el proceso penal seguido contra Rey Manuel Pocoaca Sanjinez -de quien se dispuso su detención preventiva- por la presunta comisión del delito de violencia intrafamiliar o doméstica, en razón a un “aparente” hecho de agresiones que el prenombrado protagonizó en su contra el “7” de julio de 2022, solicitó en cuatro oportunidades al Fiscal de Materia -ahora accionado- que aplique salida alternativa al proceso penal, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 46.IV de la de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, al haberse arribado a un acuerdo conciliatorio con su agresor, acompañando documentación idónea para este efecto; empero, dicha autoridad denegó las mismas con el argumento de “…se considerara en su momento… ..se tiene presente se considerar en audiencia de medidas de protección, Etc…” (sic). Por lo que, si bien existe respuesta a sus solicitudes, estas no satisfacen los alcances de lo requerido como víctima, cual es aplicar salida alternativa por conciliación; negativa de su petición que además de lesionar sus derechos como víctima, causa retardación de justicia, congestionamiento en las investigaciones y sobrecarga procesal en los tribunales.
La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a ser oída en su condición de víctima por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial antes de cada decisión judicial, citando al efecto los arts. 120 y 121.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada y en consecuencia, se conmine al Fiscal de Materia accionado a remitir la resolución de salida alternativa por conciliación ante la autoridad jurisdiccional conforme al Acuerdo Conciliatorio de 15 de julio de 2022, reconocido por Notaria de Fe Pública. Asimismo, en audiencia de consideración de esta acción de defensa señaló como pretensión que se conmine a la autoridad accionada que se pronuncie con referencia a la salida alternativa por conciliación.
Celebrada la audiencia pública virtual el 3 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 21 a 23, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su representante sin mandato, ratificó los argumentos de la acción tutelar y ampliándolos refirió que: a) El 6 de julio de 2022, se suscitó un hecho de violencia familiar en su contra, por lo que, el 7 de igual mes y año, formuló la denuncia ante la autoridad pertinente. Posteriormente, el 13 del mismo mes y año, cuando se presentó a prestar su declaración informativa policial, el sindicado fue aprehendido y conducido ante la autoridad judicial, a efectos de que se resuelva su situación jurídica, encontrándose actualmente en el Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz, como consecuencia de una medida cautelar; b) El “11” -lo correcto es 12- de julio de 2022, -en el transcurso de la investigación preliminar- presentó un memorial de apersonamiento y desistimiento, manifestando su voluntad de no continuar con la investigación, “pues se trata de un hecho de escasa relevancia social y que la afectación al bien jurídicamente protegido es casi nada” (sic); c) La autoridad accionada desconoció lo previsto en el art. 380 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, la salida alternativa por conciliación reconocida en el art. 46.IV de la Ley 348, al no pronunciarse con referencia al acuerdo transaccional que firmó su persona en su condición de denunciante con el imputado, el cual elevado a instrumento público adquiere calidad de cosa juzgada; d) El art. 1 de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, dispone que debe implementarse procedimientos para agilizar la tramitación de las causas penales; del mismo modo, el art. 121.II de la CPE señala que la víctima en un proceso penal podrá intervenir de acuerdo a Ley. Por otro lado, el art. 120 del mismo texto constitucional dispone que la víctima tendrá derecho a ser oída; no obstante, en el caso, la autoridad fiscal no se allanó a su requerimiento, razón por la que, se solicitó a la autoridad jurisdiccional, que conmine al accionado a que se pronuncie sobre la salida alternativa requerida; y, e) El 25 de julio -se infiere de 2022- se dio a conocer al Juez de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, la inobservancia a las normas adjetivas penales; así, dicha autoridad por decreto de 28 de ese mes y año, respondió que inicialmente se aclare la firma del impetrante. De igual manera, mediante providencia de 25 de igual mes y año, emitida en respuesta a otro memorial presentado, se otorgó veinticuatro horas al Fiscal accionado, a fin de que se pronuncie si aplicará o no una salida alternativa por conciliación, pero a pesar de habérsele notificado, dicho aspecto no fue atendido en el fondo. En relación a la consulta realizada por el Vocal de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, referente a si el Fiscal de Materia accionado presentó una solicitud de audiencia para considerar la salida alternativa requerida; la parte accionante refirió que la audiencia fijada para el 8 de agosto de 2022, tiene solo por objeto considerar las medidas de protección dispuestas, y que adicionalmente presentó un memorial ante el referido Fiscal, rechazando rotundamente las medidas de protección, ya que tiene interés de que se resuelva el tema de fondo, que es la aplicación de dicha salida alternativa.
Remberto Gustavo Roca Galvis, Fiscal de Materia, a través de informe escrito cursante de fs. 19 a 20 y en audiencia, solicitó que se “rechace” o declare “improbada” la acción de libertad, señalando que: 1) El proceso penal por el delito de violencia familiar o doméstica, se inició el 7 de julio de 2022, con base en la denuncia de la accionante por agresiones físicas de las que fue objeto por parte de Rey Manuel Pocoaca Sanjinez, suscitadas el 6 de igual mes y año; 2) En el cuaderno de investigación constan el Informe de Intervención Policial Preventiva de Acción Directa elaborado el 7 del citado mes y año; así como el Certificado Médico de igual fecha, suscrito por la perito del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) que otorga cuatro días -se infiere de baja- por incapacidad médica; el Registro del lugar del hecho de 7 de julio de 2022; y, “Carátula de ESTADO DEL CASO” (sic), con código EAL 1801290, impresa del “sistema Formulario único de denuncias, en el que se evidencia que el imputado fue denunciado por su padre el 2018 por el delito de violencia familiar o doméstica; 3) El sindicado se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz, por el lapso de cinco meses, en cumplimiento a disposición jurisdiccional asumida el 15 de julio de 2022; 4) El 18 del mismo mes y año, la impetrante de tutela presentó un acuerdo conciliatorio que suscribió con el imputado, solicitando su homologación o que se aplique salida alternativa por conciliación, el cual fue “requerido” -se entiende atendido- indicando que una vez compulsados los antecedentes se emitiría la resolución correspondiente. Adicionalmente, el 26 del citado mes y año, reiteró tal pretensión, cuyo memorial fue “requerido” -lo correcto es respondido-, señalando audiencia de verificativo de cumplimiento de medidas de protección y posible salida alternativa al proceso penal para el 8 de agosto de 2022, a horas 9:00, en la cual se determinará lo relativo al cumplimiento de las medidas de protección y si el imputado acepta la referida salida alternativa propuesta, lo que no es óbice para que la investigación en la etapa preparatoria en curso continúe, además se encuentra en término para emitir un requerimiento conclusivo; 5) Presentó memorial ante el Juzgado Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, a fin de que ejerza control jurisdiccional y ordene la salida judicial del imputado para la audiencia a realizarse el 8 de agosto de 2022; 6) La accionante es víctima del delito que se encuentra investigando el Ministerio Público, por lo que, no tiene legitimación para activar el presente mecanismo de defensa. Asimismo, desconoce qué derecho se está vulnerando, ya que su vida no corre peligro, no está siendo perseguida indebidamente y su derecho a la libertad no está restringido; 7) El art. 15.II de la CPE señala que, todas las mujeres tienen derecho a no sufrir violencia, en tal sentido, las circunstancias de agresión física relatadas por la ahora impetrante de tutela y víctima, y los cuatro días de incapacidad no son de escasa relevancia social para el Ministerio Público; y, 8) La SCP 2220/2013 de 16 de diciembre, señala que en caso de cumplirse con la formalidad del inicio de investigación y exista una autoridad a cargo del control jurisdiccional, se deberá denunciar las irregularidades cometidas por autoridades y/o servidores públicos ante la misma previo a la activación de la acción de libertad. Ante la consulta efectuada por el Vocal de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, sobre la presentación de una resolución de salida alternativa a la autoridad jurisdiccional y la fecha de audiencia correspondiente, el Fiscal de Materia accionado manifestó que, aun no se emitió dicho actuado; sin embargo, señaló audiencia para el lunes -se infiere de 8 de agosto de 2022, a horas 9:00- con la finalidad de verificar las medidas de protección y posible salida alternativa, pero “…no dará curso a la solicitud de salida alternativa conciliación sino a la salida alternativa de suspensión condicional del proceso…” (sic).
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 174/2022 de 3 de agosto, cursante de fs. 24 a 26 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que corresponde al Fiscal de Materia accionado “…pronunciarse mediante Resolución de Salida Alternativa por Conciliación ante la autoridad jurisdiccional, Art. 46.IV de la Ley 348, en el plazo de 48 hrs…” (sic). Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) En el presente caso es aplicable la excepcionalidad a la observancia del principio de subsidiariedad para considerar los hechos que alega la parte accionante; ii) Se reconoce la legitimación activa de la parte impetrante de tutela conforme al art. 125 de la CPE, dado que la propia víctima solicitó la tutela durante la etapa investigativa. Adicionalmente, el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo) establece la procedencia de la acción de libertad ante una privación indebida de libertad personal; en ese sentido, si bien el imputado es quien se encuentra privado de libertad por violencia familiar, no obstante, existe una conciliación entre las partes, cuya homologación fue solicitada en cuatro oportunidades al Fiscal accionado, sin que se emitiera resolución alguna; iii) Se presentó una solicitud de aplicación de salida alternativa por conciliación, prevista en el art. 46.IV de la Ley 348, la cual no fue analizada en tiempo oportuno; también es cierto que la propia peticionante de tutela presentó desistimiento para que, a través del Fiscal de Materia se logre un pronunciamiento de la autoridad a cargo del control jurisdiccional. Sin embargo, el incumplimiento de dicha autoridad motivó la interposición de esta acción de defensa “…convirtiendo esa medida que inicialmente fue legal en una decisión ilegal e indebida salvo que el Juez o Tribunal disponga la cesación de la medida provisional y ponga en libertad al procesado, por eso es que tiene directamente relación con la tutela ahora invocada, tomando en cuenta que se halla relacionado a la libertad y al derecho de ser oído por la parte ahora accionada” (sic); iv) De acuerdo con los antecedentes del proceso, correspondía a la autoridad responsable de la etapa investigativa pronunciarse conforme al art. 120.I de la CPE, evitando dilaciones que pudieran generar resultados negativos para las partes involucradas; y, v) La solicitud de audiencia para el 8 de agosto de 2022, efectuada ante la autoridad judicial, está relacionada a medidas de protección y fue rechazada mediante memoriales presentados por la víctima.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 12 de julio de 2022, ante Remberto Gustavo Roca Galvis, Fiscal de Materia -ahora accionado-, Yeny Tancara Tancara -hoy peticionante de tutela- presentó desistimiento a toda acción penal contra Rey Manuel Pocoaca Sanjinez por el delito de violencia familiar o doméstica, tipificado y sancionado en el art. 272 bis del Codigo Penal (CP), al haber arribado a un acuerdo voluntario entre partes, solicitando que se acepte el desistimiento y se disponga el archivo de obrados y la extinción de la acción penal, de acuerdo a lo previsto en los arts. 380 del CPP; y, “24” de la CPE (fs. 11). II.2. Cursan memoriales suscritos por la impetrante de tutela de 18, 20 y 26 todos de julio de 2022, a través de los cuales nuevamente presentó ante el Fiscal de Materia accionado, el acuerdo conciliatorio al que arribó con el denunciado, solicitando su homologación o que se aplique salida alternativa por conciliación, así como se disponga el archivo de obrados del proceso penal seguido contra el nombrado, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs. 12 a 16).
La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración a su derecho a ser oída en su condición de víctima por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial antes de cada decisión judicial; debido a que, en el proceso penal seguido de su parte por el delito de violencia familiar o doméstica, solicitó en cuatro oportunidades al Fiscal accionado que aplique salida alternativa con base en una conciliación a la que arribó con su agresor, siendo respondidas sin resolver el fondo, pues no satisface los alcances de lo requerido que es aplicar salida alternativa por conciliación; negativa de su petición que además de lesionar sus derechos como víctima, causa retardación de justicia, congestionamiento en las investigaciones y sobrecarga procesal en los tribunales. Aclara que la audiencia fijada para el 8 de agosto de 2022, tiene solo por objeto considerar las medidas de protección dispuestas, siendo que su persona rechaza rotundamente las mismas, ya que tiene interés de que se resuelva la aplicación de dicha salida alternativa. En respuesta a ello, el Fiscal de Materia accionado refirió que: a) La parte impetrante de tutela carece de legitimación para interponer la acción de libertad en su calidad de víctima en el proceso penal, debido a que su vida no corre peligro, no está siendo perseguida indebidamente y su derecho a la libertad no está restringido; b) De acuerdo a la SCP 2220/2013, la accionante debía agotar la vía de control jurisdiccional ordinario para impugnar las presuntas irregularidades cometidas; y, c) Se convocó a una audiencia programada para el 8 de agosto de 2022, a horas 9:00, de verificación del cumplimiento de medidas de protección y evaluación de posible salida alternativa.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con relación a este tópico, la SCP 0907/2020-S3 de 17 de diciembre, reiteradora de los entendimientos desarrollados por la jurisprudencia constitucional establecida al respecto, hizo hincapié en que: “…la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida.
Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida’” (las negrillas nos corresponden).
Con la finalidad de resolver el problema jurídico delimitado en el acápite III de este fallo constitucional, inicialmente corresponde precisar que, el art. 125 de la CPE -concordante con los arts. 46 y 47 del CPCo- establece los presupuestos para la activación en la acción de libertad relacionados estos con su ámbito de protección, referentes a: 1) Atentados contra el derecho a la vida; 2) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; 3) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, 4) Acto u omisión que implique persecución indebida (Fundamento Jurídico III.1). En ese marco, de los hechos relevantes y el objeto procesal que componen el planteamiento íntegro de esta acción de defensa se concluye que los mismos no se ajustan a ningún presupuesto de activación -antes descritos-; habida cuenta que, el proceso penal por el delito de violencia familiar o doméstica tipificado y sancionado en el art. 272 bis del CP, se inició a denuncia de Yeny Tancara Tancara -hoy peticionante de tutela- contra Rey Manuel Pocoaca Sanjinez (Conclusiones II.1 y II.2), ostentando la accionante la condición de víctima en el referido proceso. De modo que, el despliegue procesal de dicha acción penal, que se encuentra en curso y del cual emerge el acto lesivo reclamado en esta acción tutelar, que converge en la presunta negativa del Fiscal de Materia accionado al requerimiento reiterado de aplicar la salida alternativa al proceso penal por conciliación, así como de la pretensión procesal de esta acción orientada a que se conmine a la autoridad accionada a pronunciarse conforme a este requerimiento y remitir su resolución a la autoridad jurisdiccional, no se configuran en elementos que permitan inferir una ilegal o indebida persecución, procesamiento y/o restricción o amenaza de restricción a la libertad de la peticionante de tutela, en referencia precisamente a que es víctima en el referido proceso penal y que por esta condición se encuentra en libertad irrestricta.
Dicho de otro modo, no existe ningún elemento que permita inferir a este Tribunal sobre alguna amenaza de riesgo y/o restricción a su derecho a la libertad y en función de ello, la reclamación constitucional que abarca un componente de índole procesal-jurisdiccional ordinario penal, tampoco constituye indebida o ilegal detención, procesamiento y/o persecución que atente contra este derecho. En consecuencia, la pretensión de la impetrante de tutela -convalidada por la decisión de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz de asumir competencia basándose en que la acción de libertad fue solicitada por la víctima-, no responde al diseño procesal de esta acción tutelar, ya que la sola pretensión de tutela como víctima en el proceso penal de quien hoy es accionante, en la dimensión e integralidad de su planteamiento y pretensión buscada a través de esta acción de defensa, no justifica un examen de fondo en el presente caso, pues omite tener en cuenta que el derecho a ser oída en su condición de víctima por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial antes de cada decisión judicial -alegado como lesionado- no se encuentra en el ámbito de protección de esta acción tutelar. Sumado a ello, si bien esta acción se encuentra exenta de formalismos procesales, o dicho de otro modo se puede interponer a nombre de otra u otras personas y sin necesidad de mandato o poder alguno; empero, su ámbito de tutela se circunscribe estrictamente a la protección de los derechos subjetivos de quien la promueve. Por tanto, resulta jurídicamente improcedente invocar como causal de admisibilidad, la posible vulneración de derechos o la restricción de la libertad personal de un tercero ajeno al planteamiento de esta acción, en este caso el imputado. Por otra parte y en la esfera de protección del derecho a la vida vinculado a la integridad personal, es evidente que la acción de libertad, ejerce un control tutelar más amplio respecto a derechos conexos y directamente vinculados al derecho a la vida ante riesgos y/o amenazas objetivamente comprobables; sin embargo, en el caso en análisis no existen elementos de prueba que permitan concluir que a la interposición de la acción haya existido lesión o amenaza alguna a la vida y/o integridad personal -física, psicológica o emocional- de la peticionante de tutela, quien tampoco mencionó en su memorial de esta acción de libertad ni en la ampliación argumentativa en audiencia, de qué manera su derecho a la vida estaría en riesgo, amenaza o restricción, más al contrario, en audiencia argumentó de forma categórica que incluso el hecho de origen “…se trata de un hecho de escasa relevancia social y que la afectación al bien jurídicamente protegido es casi nada…” (sic), lo que condice con su solicitud de aplicación de la salida alternativa al proceso penal con base en un acuerdo voluntario arribado con su presunto agresor, expresando también su voluntad de desistir a la acción penal en curso (Conclusiones II.1 y II.2), y que confirma la improcedencia de la presente acción de defensa, pues se evidencia que la dimensión de planteamiento de la acción converge en aspectos relacionados con la continuidad o no de la acción penal en curso; es decir, cuestiones netamente procesales.
En consecuencia, al no circunscribirse el acto lesivo denunciado a los presupuestos de activación de la acción de libertad, corresponde denegar la tutela impetrada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática jurídica planteada.
En otras consideraciones, en el marco de la atribución conferida por el art. 202.6 de la CPE, resulta importante hacer una referencia a la actuación procesal de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz en el presente caso; en razón a que, según la documentación cursante en el expediente, se evidencia una dilación injustificada en el cumplimiento del debido proceso constitucional, específicamente en la remisión de antecedentes tras emitirse la Resolución 174/2022, que resolvió la presente acción de defensa, dado que desde ese entonces se dispuso que se realice esta diligencia recién mediante nota de 1 de septiembre de 2022, dirigida a este Tribunal e incluso se procedió con el envió efectivo el 5 del citado mes y año, conforme a la constancia de la guía de Courier 7842679 (fs. 29). De modo que, se dejó transcurrir más de un mes entre el pronunciamiento de la resolución y la remisión del legajo del expediente, contraviniendo el plazo de veinticuatro horas establecido para este fin. En tal sentido, corresponde llamar la atención a los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por incumplir los plazos previstos en los arts. 126.IV de la CPE; y, 38 del CPCo y las formalidades procesales-constitucionales que responden a la naturaleza inmediata y sumarísima de esta acción tutelar. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 174/2022 de 3 de agosto, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:
1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme las razones y fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo del acto lesivo denunciado; y,
2° Llamar la atención a René Oscar Delgado Ecos y Blanca Isabel Alarcón Yampasi, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, conforme las razones expresadas en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0088_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 156d1803f549042516876c08bb38a4956cdbb5b73cb1daf362518c2b4b6182ae
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