Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 3 de abril de 2024
Deniega la tutela
Los accionantes, en representación sin mandato de sus hijos menores de edad, denunciaron la lesión de los derechos a la libertad, a una protección reforzada bajo el principio de interés superior del niño, al debido proceso y a ser oído; para que de esta manera, se conozca su opinión bajo los parámetros del principio de inmediación; en virtud a que, la Jueza hoy demandada, de manera arbitraria, sesgada, agraviante y sin fundamento valedero, no habría dado curso a sus solitudes reiteradas, de que su audiencia de cesación a la detención preventiva se lleve a cabo de forma presencial e individual; con el objeto de que, la autoridad jurisdiccional pueda advertir la afectación física, psicológica y el sentir, que provoca el injusto proceso al que están siendo sometidos, como menores imputados. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 01/2024 de 22 de febrero, cursante de fs. 86 a 88 vta.; pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Acosta, provincia Camacho del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; manteniendo subsistente la determinación del Juez de garantías, según lo establecido en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0088/2024-S4 Sucre, 3 de abril de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 62165-2024-125-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 01/2024 de 22 de febrero, cursante de fs. 86 a 88 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Santos Chejo Parisaca, César Quenallata Santos y Mario Aliaga Luque en representación sin mandato de sus hijos menores de edad AA, BB y CC contra Leonor Ximena Quiroz Najar, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Puerto Carabuco del departamento de La Paz. I ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA I.1 Contenido de la demanda Mediante memorial presentado el 21 de febrero de 2024, cursante de fs. 62 a 77 vta., los accionantes, en representación de sus hijos menores de edad AA, BB y CC; manifestaron lo siguiente: I.1.1. Hechos que motivan la acción Dentro del proceso penal juvenil seguido en contra de los menores hoy representados, por la presunta comisión del delito de violación, éstos se encuentran detenidos preventivamente en el Centro de Reintegración Social para Adolescentes Varones; situación por la cual, el 16 de febrero de 2024 mediante memoriales individualizados y bajo el principio de inmediación solicitaron a la Jueza −hoy demandada−, la cesación a la detención preventiva, requiriendo que la misma sea de manera presencial, pero el 19 del mismo mes y año se les notificó con providencia que dispuso el señalamiento de audiencia virtual, y de forma conjunta para los tres imputados; es decir, a la misma hora; posteriormente, el 20 de febrero del indicado año en horas de la mañana, presentaron nuevamente memorial; por el que, reiteraron su solicitud de señalamiento de día y hora de audiencia presencial e individualizada, pero una vez instalada la misma en dicha fecha, la autoridad hoy demandada emitió providencia al aludido memorial, disponiendo no ha lugar a la solicitud en base los principios de concentración y celeridad, desarrollándose la misma de manera virtual; por lo que, pidieron en base al derecho de fundamentación, que la Jueza explique, por qué los principios antes señalados estarían por encima del principio de inmediación, cuando los imputados –menores hoy representados por sus padres– están siendo afectados tanto física como psicológicamente, debido a este injusto proceso que se les sigue. Es así que, la autoridad –ahora demandada−, de manera contradictoria al ordenamiento jurídico y la naturaleza jurídica de la explicación, complementación y enmienda, corrió en traslado al Fiscal y al abogado de la víctima, respecto a la citada solicitud de audiencia; este último, señaló la imposibilidad de asistir de manera presencial debido a la carga laboral que tenía; y, la Jueza en atención a ello, señaló de manera arbitraria, que no es necesario estar presentes ya que puede ver y escuchar a los imputados por ese medio virtual; ya que, la audiencia virtual permite perfectamente el contacto visual con los menores. Por lo que, la representante sin mandato de los menores, advirtió que se recurriría a esta vía constitucional, quedando por tanto suspendida dicha audiencia virtual. I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados Los impetrantes de tutela, en representación sin mandato de sus hijos adolescentes, señalaron como lesionados los derechos a la libertad, a una protección reforzada bajo el principio de interés superior del niño, al debido proceso y a ser oído, para que de esta manera se conozca su opinión, bajo los parámetros del principio de inmediación; citando al efecto los arts. 22, 23.I, 58, 60 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE); 3, 12, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN); y, 1.5, 8.1, 19 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). I.1.3. Petitorio Pidieron se conceda la tutela solicitada; y en consecuencia, se disponga que: a) La Jueza −hoy demandada−, fije audiencia presencial de cesación a la detención preventiva en el plazo de cuarenta y ocho horas; b) Se garantice el ejercicio del derecho de los menores, a ser escuchados bajo los lineamientos de estándares internacionales de derechos humanos; y, c) Se determine para la referida Jueza, la responsabilidad administrativa y reparación del daño de los menores. I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías Celebrada la audiencia virtual el 22 de febrero de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 82 a 85; presentes los accionantes asistidos por su abogada, el interventor del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) de Puerto Carabuco del departamento de La Paz y ausente la Jueza demandada, se produjeron los siguientes actuados: I.2.1. Ratificación de la acción La parte impetrante de tutela, a través de su abogada, ratificaron los términos expuestos en el memorial de interposición de esta acción de defensa. I.2.2. Informe de la autoridad demandada Leonor Ximena Quiroz Najar, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primera de Puerto Carabuco del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 22 de febrero de 2024, cursante de fs. 80 a 81 vta.; manifestó que: Los progenitores en representación sin mandato de su hijos menores de edad, solicitaron mediante memoriales, la cesación a la detención preventiva de éstos, requiriendo que la audiencia sea celebrada de forma presencial, dicha audiencia fue programada para llevarse a cabo en un solo acto, en aplicación al principio de concentración de actos y de inmediación; por lo que, se dispuso que el Centro de Reintegración Social para Adolescentes Varones, facilite a los menores imputados, entornos informáticos adecuados, con buena conectividad y comodidad. Además aclara que, previamente al desarrollo central de la audiencia, se pudo evidenciar del acta correspondiente, que ellos estuvieron presentes, solicitándoles que enciendan las cámaras, sin advertirse inconveniente alguno de conectividad. Además, se debe tener presente que las audiencias virtuales fueron reguladas a través del Protocolo de Actuación de Audiencias Virtuales; y, es por medio de éstas que se obtiene el contacto y comunicación necesaria entre el Juez y las partes en tiempo real, facilitando así el desarrollo de los actos procesales; ya que, se puede ver y escuchar el relato de cada intervención, pudiendo percibir la conducta por medio del audio y video, lo que no impide que las partes puedan ejercer el derecho a la defensa, porque también se ofrecen medios probatorios, como se haría en una audiencia con presencia física; por todo lo mencionado, la cercanía no debe entenderse restrictivamente; pues, al ser sincrónicas, con las audiencias virtuales, no debe existir mayor especulación o duda de lo que pueda ocurrir en el desarrollo de éstas, que dan cumplimiento a los principios de concentración y oralidad. Por todo lo precedentemente señalado, y aclarando que no se advirtió ningún problema técnico respecto a la conectividad de audio o video, refirió que no existe nexo causal con la supuesta vulneración al debido proceso, en su vertiente del derecho a la defensa, en relación a ser escuchados; ya que, ni siquiera se llevó a cabo el desarrollo de la audiencia de cesación a la detención preventiva; por cuanto, advierte que no existe vinculación directa con el derecho a la libertad física; asimismo, tampoco se puso en estado de indefensión a los menores, hoy representados, pues en ningún momento se les prohibió ejercer su derecho a ser escuchados. Por todo lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela impetrada. I.2.3. Intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia El representante de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y del SLIM de Puerto de Carabuco del departamento de La Paz, en audiencia; manifestó que, se adhiere a todo lo señalado y fundamentado por la abogada de la parte impetrante de tutela. I.2.4. Resolución El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Acosta, provincia Camacho del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 01/2024 de 22 de febrero, cursante de fs. 86 a 88 vta., concedió en parte la tutela solicitada, con referencia a que este proceso debe adecuarse a procedimientos especializados, donde los adolescentes realicen su declaración ante la asistencia de un equipo multidisciplinario, sin el impedimento de que la autoridad jurisdiccional convoque a audiencia presencial; ello, en base en los siguientes fundamentos: 1) En cuanto a la denuncia de vulneración del derecho a ser oído, por el principio de inmediación vinculado con el derecho a la libertad; en razón a que, la Jueza no dio curso a la solicitud, de los ahora solicitantes de tutela, de que la audiencia de cesación a la detención preventiva, sea desarrollada de manera presencial y no así virtual; y que, según lo señalado por la autoridad demandada, no hubo ninguna transgresión; ya que, aún no se llevó a cabo la citada audiencia; se establece que, la Jueza hoy demandada no realizó ninguna violación al derecho a ser escuchados de los imputados; pues, de la revisión del acta de audiencia, la misma no fue llevada a cabo, por el reclamo de que la misma sea instalada de forma presencial; y, 2) Que, de la revisión de obrados del cuaderno de control jurisdiccional, se pudo advertir que la declaración de los adolescentes imputados, se realizó mediante el procedimiento ordinario penal, sin observar los ordenamientos especiales estipulados en el Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA); no siendo responsabilidad de la actual autoridad demandada, esa etapa procesal; pero ello, no libera de que este caso deba readecuar sus procedimientos velando por el interés superior, derechos y garantías de los adolescentes involucrados, previa valoración respectiva, conozca el sentir íntimo de los imputados, cuyos criterios emergentes servirán junto a otros parámetros, para que la autoridad realice una evaluación integral de la situación de los adolescentes, y que les permita asumir las medidas pertinentes. Habiendo la parte accionante, solicitado complementación de la precitada Resolución; respecto a que, el informe multidisciplinario sea emitido únicamente por el psicólogo de la institución, el mencionado Juez de garantías, por la importancia de la declaración de los menores ante personas especializadas, mantuvo firme lo dispuesto en la Resolución. I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa del antecedente que cursa en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de memorial de 11 de diciembre de 2023, presentado por Fausto Yanarico Mamani, Responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Escoma del Departamento de La Paz, dentro del proceso penal juvenil seguido a denuncia de XX en contra de AA, BB y CC –hoy menores representados– hizo conocer al Fiscal de Materia asignado al caso, la solicitud de formalizar denuncia en contra de los menores, por la presunta comisión de los delitos de violación y abuso sexual (fs. 26 a 31).
Los accionantes, en representación sin mandato de sus hijos menores de edad, denunciaron la lesión de los derechos a la libertad, a una protección reforzada bajo el principio de interés superior del niño, al debido proceso y a ser oído; para que de esta manera, se conozca su opinión bajo los parámetros del principio de inmediación; en virtud a que, la Jueza hoy demandada, de manera arbitraria, sesgada, agraviante y sin fundamento valedero, no habría dado curso a sus solitudes reiteradas, de que su audiencia de cesación a la detención preventiva se lleve a cabo de forma presencial e individual; con el objeto de que, la autoridad jurisdiccional pueda advertir la afectación física, psicológica y el sentir, que provoca el injusto proceso al que están siendo sometidos, como menores imputados. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Con referencia a ello la SCP 1087/2012 de 5 de septiembre, señala: “La intervención de las partes y demás sujetos procesales, en la mayoría de los actos del proceso, es a través del lenguaje oral o hablado, teniendo como finalidad permitir la conclusión del juicio en un tiempo corto, permitiendo la concentración de los actos procesales y simplificación del proceso, ya que la jurisdicción ordinaria se fundamenta entre otros principios procesales, en los de publicidad, oralidad, celeridad, eficacia, eficiencia e inmediatez (art. 180.I de la CPE y arts. 329 y 333 del CPP). ‘Así, la concentración supone una sola audiencia para todos los actos procesales y medios de prueba, incluso, la resolución o sentencia. En tal sentido en el plano normativo, el diseño del juicio oral y público (art. 329 y ss), consolida el sistema acusatorio, así como la protección de los derechos y garantías fundamentales´ (William Herrera Añez. Derecho Procesal-El Proceso Penal Boliviano. Tercera edici0ón, enero 2012. Grupo Editorial Kipus. p. 367). Por lo que dentro del juicio oral y público, toda solicitud realizada verbalmente por las partes en audiencia, debe ser resuelta en la misma por el tribunal de sentencia penal, sin dilaciones injustificadas” (las negrillas nos corresponden). Del mismo modo el Código de Procedimiento Penal (CPP), establece explícitamente que el imputado tiene derecho a la defensa técnica y material en el desarrollo de todo el proceso (arts. 8 y 9); además, que toda actividad procesal debe llevarse a cabo a través de la instalación de audiencia (art. 113) contradictoria bajo términos de publicidad (art. 116) y oralidad (art. 117). En ese sentido, la SC 1272/2002-R de 21 de octubre, dejó claramente sentado que: “…el derecho a la defensa en juicio es inviolable, según la Ley Fundamental, premisa que ha sido recogida en el Código de Procedimiento Penal vigente, el cual además está regido por el principio de la oralidad, de modo que todos los actos procesales son públicos y contradictorios, más aún cuando se trata de disponer una medida restrictiva de la libertad…´” (las negrillas son nuestras). Entendimiento que fue reiterado por la SC 0760/2003-R de 4 de junio, de la siguiente manera: “La audiencia que dispone la aplicación de una medida cautelar, requiere la presencia del imputado para garantizar el derecho a la defensa y la vigencia de la inmediación y oralidad que rige el nuevo proceso penal, cuya inobservancia significa una lesión del derecho a la defensa y transgresión de los principios de oralidad e inmediación. El imputado debe estar presente en la audiencia, conforme se extrae del contenido del art. 226 CPP, cuando expresa que debe ser puesto a disposición del juez; entendimiento que ha sido desarrollado en la jurisprudencia de este Tribunal en las SSCC 547/2002-R, 1521/2002-R, 261/2003-R, 521/2003-R, 660/2003-R, al señalar que "[...] la audiencia pública es una formalidad inexcusable para resolver una solicitud de medidas cautelares e imponerlas finalmente al imputado. Este entendimiento, subyace en el nuevo sistema procesal acogido por nuestra legislación, habiendo la jurisprudencia constitucional emitido fallos de manera uniforme en este sentido, así en la SC 547/2002-R de 13 de mayo de 2002, este Tribunal fundamentó su decisión señalando que: (...) la Jueza recurrida dispuso igualmente en forma escrita la detención preventiva del recurrente, sin tomar en cuenta que la Ley 1970 establece el régimen oral para los juicios penales, lo que significa que toda determinación debe realizarse en audiencia, en presencia de las partes procesales y de sus abogados, a fin de que éstos puedan asumir defensa en igualdad de condiciones’” (las negrillas nos corresponden). De la misma forma la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres −Ley 1173 de 3 de mayo de 2019−, hace hincapié en el objeto de la misma, que es procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas. Por lo que la citada Ley, en su art. 7 modificatorio al art 11 del adjetivo penal, establece: “I. Las audiencias se realizarán bajo los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. Excepcionalmente, podrá darse lectura de elementos de convicción en la parte pertinente, vinculados al acto procesal” (las negrillas nos corresponden). Así también el art. 12 de la CDN que dispone: “1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”. Por otro lado el Código Niño, Niña y Adolescente, establece en el art. 262. Derechos y Garantías “I. La o el adolescente en el Sistema Penal, desde el inicio del proceso, así como durante la ejecución de la medida socio-educativa, tienen los siguientes derechos y garantías: (…) g) Al Debido Proceso. El proceso penal de adolescentes es oral, reservado, rápido y contradictorio” (las negrillas son nuestras).
Mediante Acuerdo de Sala Plena 10/2020 el Tribunal Supremo de Justicia, aprobó el Protocolo de Actuación de Audiencias Virtuales del Órgano Judicial, en atención a la situación de necesidad o crisis generalizada –en ese momento producto del COVID19–, que imposibilitaba el normal trabajo y desenvolvimiento de las unidades funcionales (Salas, Tribunales de Sentencia y juzgados) provocando que el acceso a la justicia se vea restringido, llevó a establecer medidas que aporten a las soluciones conducentes a minimizar dichos efectos o plantear fórmulas alternativas para su ejercicio. Por ello, este Protocolo estableció como una de esas medidas la incorporación de Tecnologías de la Comunicación e Información, dirigidas a dinamizar el proceso judicial, así como al desarrollo de las audiencias judiciales en las diferentes materias. En ese sentido se recurrió a plataformas de videoconferencia que permitieron la comunicación sincrónica entre los videoconferentes. Por otro lado, remitiéndose a la Ley 025 –Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010–, señalaron que dicha norma prevé la incorporación de nuevas tecnologías, en las prácticas jurisdiccionales al disponer en el parágrafo I del art. 121 que “Los tribunales y juzgados, podrán utilizar medios informáticos, electrónicos, magnéticos, archivos de imagen, programas, bancos de datos y otras aplicaciones de medios que posibiliten la tecnología para garantizar la autenticidad, integridad y seguridad de la documentación y las actuaciones procesales” (las negrillas son nuestras). En razón a ello, el citado Protocolo prevé la implementación de medios electrónicos conducentes a transparentar, impulsar y dinamizar el proceso judicial. En ese sentido, se incorpora el Buzón Judicial, las Notificaciones Electrónicas, el seguimiento informático de causas, la Oficina Gestora de Procesos; y, mediante Circular 06/2020 del Tribunal Supremo de Justicia, las audiencias judiciales vía videoconferencia, inicialmente desarrolladas en materia penal y constitucional. Pero, en torno a la necesidad se amplía también el ámbito de cobertura en la aplicación de la videoconferencia a las audiencias judiciales en materias del ámbito familiar, civil, niñez y adolescencia y laboral en capitales de departamento y en provincias (el resaltado es nuestro). Así también, se advierte que la Ley 1173 en su artículo 7 modificatorio al artículo 113 del CPP, dispone con relación a las audiencias, que: “La jueza, el juez o tribunal podrá disponer que la audiencia se lleve a cabo mediante videoconferencia precautelando que no se afecte el derecho a la defensa, debiendo las partes adoptar las previsiones correspondientes, para garantizar la realización del acto procesal”; lo cual, abre la posibilidad de llevar adelante una audiencia virtual cuando sea necesario, siempre y cuando no se afecte al derecho a la defensa, principios de contradicción e inmediación; y cuando, las condiciones de conectividad estén dadas. En ese sentido, el Protocolo de Actuación de Audiencias Virtuales señala que: “Con base en estudios actualizados, la interrelación de las cuestiones técnicas y jurídicas y sobre todo la experiencia desarrollada, se ha podido evidenciar que el uso de la videoconferencia en audiencia judicial no es contrario al principio de inmediación procesal, así como a los demás principios que rigen los procesos judiciales en Bolivia (oralidad, concentración, transparencia, celeridad, publicidad e incluso economía). Adicionalmente, se puede indicar que la videoconferencia permite el desarrollo de las audiencias judiciales y por ende el acceso a la justicia, de tal forma que las mismas efectivicen dicho acceso con el pleno reconocimiento de los derechos procesales de las partes y conforme a los procedimientos y protocolo establecidos, tal cual se tratare de una audiencia física” (las negrillas son nuestras). En cuanto al ámbito de aplicación citado en el punto 4 de este Protocolo, refiere que es aplicable al: “desarrollo de audiencias judiciales mediante videoconferencia, en las Jurisdicciones Ordinaria y Constitucional, dispuestas por las y los Vocales, Juezas y Jueces y Conciliadores Judiciales, en capitales de departamentos y provincias del territorio nacional” (las negrillas nos pertenecen). Del mismo modo, en su contenido describe a ciertos principios, sobre los cuales está regida el desarrollo de las audiencias judiciales virtuales que son la: Oralidad, Celeridad, Publicidad, Contradicción, Inmediación, Concentración, Convalidación, Desformalización; y, Buena Fe y Lealtad Procesal. En ese orden de cosas, en cuanto al procediendo de las audiencias virtuales, el Protocolo establece que: “En la jurisdicción ordinaria y constitucional, los sujetos procesales podrán presentar solicitudes de audiencias mediante memoriales u oficios, ante las siguientes instancias:
Oficina de Servicios Comunes (Plataforma) en capitales de Departamento y El Alto. Secretarías de Juzgados o Tribunales en Provincia o en Juzgados desconcentrados en capitales de Departamento y El Alto. Ventanilla Única de la OGP (materia penal). Interoperabilidad de Sistemas del Ministerio Público y del Órgano Judicial (materia penal). Buzón Judicial.
También corresponderá el señalamiento de la audiencia a cargo de la autoridad judicial, de oficio” (las negrillas son nuestras). De igual forma, establece que la notificación de audiencia virtual (punto 6.6), será dispuesta por el Juez o Vocal para que por Secretaría, se proceda a la notificación a través de los Oficiales de Diligencia y/o personal de apoyo judicial; y en materia penal, por la Oficina Gestora de Procesos a todas las partes que deban participar en la audiencia. A su vez, establece en su punto 6.7, que en el desarrollo de la audiencia virtual: “La autoridad jurisdiccional deberá instalar y dirigir la audiencia, verificando previamente que los sujetos procesales estén conectados a la sala de audiencia virtual” (las negrillas nos pertenecen). De las partes sobresalientes de este Protocolo de Actuación de Audiencias Virtuales del Órgano Judicial, se puede advertir que la realización de audiencias virtuales también resultan aplicables en materia de niñez y adolescencia, bajo el resguardo de los derechos y garantías de los menores; pues, en base al razonamiento conclusivo, se puede evidenciar que este apartado legal tiene como base fundamental, entre sus principios, el de inmediación y oralidad.
Precisada que fue la problemática traída en revisión, de los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, dentro del proceso penal juvenil seguido en contra de los menores de edad AA, BB y CC −hoy menores representados por sus padres, en esta acción de defensa−, a través de memorial de 11 de diciembre de 2023, presentado por Fausto Yanarico Mamani, Responsable de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Gobierno Autónomo Municipal de Escoma del Departamento de La Paz, hizo conocer al Fiscal de Materia asignado al caso, la solicitud de formalizar denuncia en contra de los ahora menores representados, por la presunta comisión de los delitos de violación y abuso sexual (Conclusión II.1.); dando lugar, a la resolución de medidas cautelares, en la que se dispuso sus detenciones preventivas en el Centro de Reintegración Social para Adolescentes Varones; situación por la cual, en dos oportunidades mediante memoriales individualizados y bajo el principio de inmediación, los menores imputados solicitaron a la Jueza −hoy demandada−, la cesación a la detención preventiva, requiriendo que la misma sea de manera presencial e individualizada, pero conforme se acredita de la revisión del legajo constitucional de esta acción de defensa, no se cuenta con documentación relativa a los requerimientos antes citados, como tampoco la providencia que disponga el señalamiento de audiencia virtual de forma conjunta para los tres imputados; y según lo señalado por la parte solicitante de tutela, una vez instalada la misma, la autoridad hoy demandada emitió providencia al citado memorial, disponiendo no ha lugar a la solicitud en base a los principios de concentración y celeridad. (Antecedentes I.1.1.) Por su parte la Jueza demandada; sostiene que, se rechazó el memorial de solicitud de audiencia de manera presencial, en aplicación al principio de concentración de actos, oralidad y de inmediación; puesto que, se dispuso que para el desarrollo de la audiencia virtual, el Centro de Reintegración Social para Adolescentes Varones, facilite a los menores imputados, entornos informáticos adecuados, con buena conectividad y comodidad. Además, aclara que previamente al desarrollo central de la audiencia, pudo evidenciar del acta correspondiente, que los menores de edad estuvieron presentes, solicitándoles que enciendan las cámaras, sin advertirse inconveniente alguno de conectividad. Sosteniendo que dicho actuar fue regulado a través del Protocolo de Actuación de Audiencias Virtuales; y es por medio de éstas, que se obtiene el contacto y comunicación necesaria entre el Juez y las partes en tiempo real, facilitando así el desarrollo de los actos procesales, ya que se puede ver y escuchar el relato de cada intervención; lo que, no impide que las partes puedan ejercer el derecho a la defensa, porque también se ofrecen medios probatorios, como se haría en una audiencia presencial. (Antecedentes I.2.2.) Ante tales circunstancias, los representantes sin mandato de los menores de edad, denunciaron la lesión de los derechos a la libertad, a una protección reforzada bajo el principio de interés superior del niño, al debido proceso, a ser oído; y que, se conozca su opinión bajo los parámetros del principio de inmediación; en virtud a que, la Jueza demandada, de manera arbitraria, sesgada, agraviante y sin fundamento valedero no hubiera dado curso a las solitudes reiteradas de éstos, de que la audiencia de cesación a la detención preventiva se lleve a cabo de forma presencial e individual, con el objeto de que la autoridad jurisdiccional pueda advertir la afectación física, psicológica y el sentir, que provoca el injusto proceso al que están siendo sometidos cada uno de los menores imputados Ahora bien, los argumentos expuestos por los solicitantes de tutela, en representación de sus hijos menores de edad, se traducen en el cuestionamiento, respecto a la negación de la autoridad jurisdiccional, para que la audiencia de cesación a la detención preventiva sea de forma presencial e individualizada, con la finalidad de que se garantice el ejercicio del derecho de los menores, a ser escuchados bajo los lineamientos de estándares internacionales de derechos humanos. En tal sentido, del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, después de desglosar el marco normativo referido a la Ley 1173, tiene como objeto procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oralidad, pues entre sus principios que rigen a las audiencias priman el de oralidad e inmediación, se colige también el derecho de los menores de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan otorgándoles así la oportunidad de ser escuchados, en todo procedimiento judicial o administrativo, según establece el art. 12 de la CDN. Por otro lado, el Código Niño, Niña y Adolescente, refiere a que la o el adolescente en el Sistema Penal, durante todo el proceso, tiene derechos y garantías, como es el debido proceso, el cual concierne a nuestro caso de análisis. Asimismo, remitiéndonos a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; en el que, se describe los presupuestos a considerarse el desarrollo de audiencias virtuales según el Protocolo de Actuación de Audiencias virtuales del Órgano Judicial, entre ellos, destacando que son plenamente aplicables en materia de niñez y adolescencia, precisando los principios sobre los que se sustenta, teniéndose entre otros al de Oralidad; refiere a que, los actos procesales serán realizados a viva voz en audiencia, reduciendo las piezas escritas a las estrictamente indispensables y de pronto despacho; Celeridad; ya que, las etapas esenciales se concretan y se desarrollan en forma ágil, en la audiencia virtual el proceso debe llevarse a cabo sin dilaciones debiendo evitar la ampliación de plazos o términos adicionales; Inmediación; dado que, pues las partes se comunican directamente entre sí y con el juez que debe proveer y dirigir el debate, quien se comunica con las partes que intervienen en el proceso, pero no solo debe entenderse como la relación real y directa entre los actores de un juicio oral o un acto procesal, sino también la relación virtual generada por los entornos informáticos, entre el juzgador, los sujetos procesales y órganos de prueba, que se encuentren en lugares geográficamente distantes; y, Concentración, en cuanto a la posibilidad de desarrollar la máxima actividad del procedimiento en un solo actuado procesal, condensando el debate a lo pertinente y útil, sin mayor extensión o dispersión. Asimismo, cabe señalar que dichas audiencias virtuales, no solo pueden ser impetradas por las partes, sino también se encuentra legitimada la autoridad judicial, que de oficio podrá disponer la realización de la audiencia por medio de la videoconferencia, siempre velando y garantizando los medios tecnológicos necesarios para el desarrollo normal de la misma y verificando como dirección funcional la presencia de los sujetos procesales en dicha audiencia virtual. (Fundamento Jurídico III.2.) Con base a los antecedentes fácticos y jurisprudenciales desarrollados precedentemente; se concluye que, la autoridad demandada a tiempo de disponer la realización de la audiencia virtual, no ha vulnerado los derechos alegados en la presente acción tutelar, como erradamente señalan los accionantes, al referir que esta autoridad hubiera actuado de manera sesgada, agraviante y sin fundamento; pues en contrario, su decisión se encuentra dentro los márgenes de razonabilidad, al haberse en su caso, garantizado bajo el principio de celeridad y de manera pronta y oportuna, la consideración de solicitud de cesación a la detención preventiva, máxime si de por medio se encontraba la resolución de la situación de privación de libertad de los menores; lo que, de ninguna manera vulnera los derechos alegados por éstos. Del mismo modo; se tiene que, la autoridad demandada a tiempo de instalar el referido acto procesal –audiencia virtual– garantizó la aplicación de los principios de inmediación y oralidad; pues, la audiencia dispuesta de oficio, cumplió con todos los parámetros que establece el Protocolo de Actuación de Audiencias Virtuales del Órgano Judicial, asegurando que a través de esa conectividad también se tendría acceso a todas las pruebas que quieran ser presentadas por los accionantes, en representación de los menores, y a la comunicación real y directa entre las partes procesales en torno a una relación virtual; disponiendo para el efecto, que los miembros del Centro de Reintegración Social para Adolescentes Varones, faciliten a los menores imputados, entornos informáticos adecuados, con buena conectividad y comodidad, presupuesto que fue cumplido; toda vez que, en la realización de la audiencia se verificó la asistencia y conectividad estable de los menores, que estuvieron presentes instándoles a encender sus cámaras, comprobándose también que no se advirtió ningún problema técnico que pudiese perjudicar o interrumpir, la interrelación entre los menores y la Jueza de la causa. Finalmente; en cuanto a que, los accionantes en representación de los menores pretenden que sus solicitudes sean consideradas de manera individual –una audiencia para cada uno– si bien la merituada audiencia no fue concluida producto de la interposición de la presente acción tutelar, debe tomarse en cuenta que en aplicación del principio de concentración; por más que, sean varias personas las que soliciten determinada tramitación, bajo dicho principio corresponde que todas éstas sean consideradas en un solo acto procesal, como correctamente dispuso la autoridad demandada; con la aclaración de que, ello no implica que la autoridad deba pronunciarse de manera general respecto de todos los imputados, sino un pronunciamiento individualizado; por lo que, respecto de este agravio, tampoco resulta evidente. De lo esgrimido y en base a los fundamento jurídicos desglosados; se establece que, la jueza fundamentó y justificó la decisión de que la audiencia de cesación a la detención preventiva, sea llevada a cabo mediante plataforma virtual, dando prevalencia al principio de celeridad, asegurando que se cumplan con los principios de oralidad, inmediación y concentración, establecidos en el Protocolo de actuación de Audiencias Virtuales del Órgano judicial; correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela solicitada.
Sin perjuicio de la denegatoria establecida, este Tribunal no puede soslayar y considerar que los derechos denunciados en la presente acción tutelar, atingen a menores de edad; es así que, a fin de evitar disfunciones procesales y en protección del interés superior que asiste a los mismos, y en consideración del principio de favorabilidad como pauta específica de interpretación de derechos fundamentales, para todos aquellos sectores de atención prioritaria; y considerando que, el Juez de garantías concedió en parte la tutela impetrada por Resolución 01/2024, ordenando se disponga la realización de audiencia presencial; atañe dimensionar los efectos del presente fallo constitucional, manteniendo subsistente la determinación del Juez de garantías, en consideración al principio de favorabilidad. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 01/2024 de 22 de febrero, cursante de fs. 86 a 88 vta.; pronunciada por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social e Instrucción Penal Primero de Puerto Acosta, provincia Camacho del departamento de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; manteniendo subsistente la determinación del Juez de garantías, según lo establecido en el Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0088_2024-S4.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): d37415849a2487324fceb3be180ddca89c269595df7bdd1c0f0de2dfb400bda1
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