Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de marzo de 2023
Concede en parte la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa en su elemento a ser oído, a un recurso efectivo, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia vinculado con la libertad física, a la valoración de la prueba, y el principio de favorabilidad; puesto que, ante la interposición del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de consideración de cesación de la detención preventiva de 19 de octubre de 2021, emitido por el Juez de primera instancia que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, la Vocal ahora accionada mediante Auto de Vista de 3 de noviembre de dicho año, declaró improcedente el mismo agravando sin ninguna fundamentación ni motivación su situación procesal al incorporar nuevos elementos sobre la concurrencia del peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, y sin pronunciarse de manera fundamentada y motivada sobre todos los agravios denunciados; específicamente respecto a: a) El test de proporcionalidad solicitado con relación a la imposición de la medida cautelar de detención preventiva con la concurrencia de un solo riesgo procesal; b) La valoración de los elementos probatorios presentados; y, c) Porqué las demás medidas cautelares diferentes a la detención preventiva no serían suficientes para garantizar el desarrollo de la investigación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución AL-012/2021 de 19 de noviembre, cursante de fs. 181 a 186 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, con relación a la valoración de la prueba; disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 3 de noviembre de 2021; y, en consecuencia, que la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emita nuevo Auto de Vista, conforme a lo expuesto en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; salvo que la situación jurídica del accionante hubiese variado por efecto de la concesión de tutela de la Sala Constitucional; y, 2º DENEGAR la tutela solicitada con relación a los derechos a la defensa en su vertiente a ser oído, a un recurso efectivo, y al principio de favorabilidad, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0088/2023-S3 Sucre, 23 de marzo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 44342-2022-89-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución AL-012/2021 de 19 de noviembre, cursante de fs. 181 a 186 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhimmy Remberto Almanza Pardo en representación sin mandato de Franz Linyan Vargas Gonzales contra Patricia Torrico Ortega, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
El accionante a través de su representante sin mandato por memorial presentado el 18 de noviembre de 2021, cursante de fs. 150 a 157 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona y otros, por la presunta comisión de los delitos de asesinato y tentativa de asesinato, previstos y sancionados por los arts. 252 inc. 3) y 252 con relación al art. 8, todos del Código Penal (CP), el 25 de julio de 2021, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chimoré del departamento de Cochabamba mediante Auto Interlocutorio de aplicación de medidas cautelares de igual fecha, le impuso la medida cautelar de detención preventiva por el plazo de tres meses, por acreditarse supuestamente la concurrencia de los peligros de obstaculización previstos por el art. 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Frente a ello, interpuso recurso de apelación que fue resuelto por el Tribunal de alzada mediante Auto de Vista de 5 de agosto del citado año, a través del cual, se ratificó la medida cautelar de detención preventiva en su contra, manteniendo vigente únicamente el peligro de obstaculización establecido por el art. 235.2 del CPP. El 19 de octubre de 2021, solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva, en la cual, el Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, emitió el Auto Interlocutorio de consideración de cesación de la detención preventiva de igual fecha, por el cual consideró que el peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP continuaba vigente; por lo que, rechazó su petición manteniendo la medida cautelar de detención preventiva. Frente a esa determinación, formuló recurso de apelación incidental que fue resuelto mediante Auto de Vista de 3 de noviembre de ese año, por la Vocal ahora accionada, declarándolo improcedente y confirmando el Auto Interlocutorio impugnado. La Vocal hoy accionada al emitir el Auto de Vista de 3 de noviembre de 2021: a) No se pronunció de manera motivada sobre todos los agravios denunciados en su recurso de apelación; específicamente respecto al test de proporcionalidad con relación a la imposición de la medida cautelar de detención preventiva con la existencia de un solo riesgo procesal, conforme a la SCP “414/2019” de 24 de junio; y, b) Confundió el fin y sentido de la apelación de una medida cautelar, estableciendo que únicamente puede efectuar un control normativo o del “iter lógico” del Auto Interlocutorio de consideración de cesación de la detención preventiva; empero, no valorar la prueba, contraviniendo con ello la jurisprudencia constitucional determinada en la SCP 0103/2021-S2 de 10 de mayo, sin ningún fundamento.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa en su elemento a ser oído, a un recurso efectivo, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia vinculado con la libertad física, a la valoración de la prueba, y el principio de favorabilidad; citando al efecto los arts. 22, 23, 115, 119 y 203 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia, se disponga: 1) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 3 de noviembre de 2021; y, 2) La emisión de un nuevo Auto de Vista que responda de manera motivada a todos los agravios denunciados previo análisis y valoración probatoria sustentada en los principios de razonabilidad y favorabilidad.
Celebrada la audiencia virtual el 19 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 175 a 180 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: i) Además de los derechos invocados, se vulneró su derecho a la valoración de la prueba, y el principio de favorabilidad, derivando ello en la vulneración de su derecho a la libertad física; ii) La Vocal hoy accionada agravó su situación procesal al incorporar nuevos elementos y fundamentos respecto a la concurrencia del peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, como ser la complejidad del caso y la existencia de sectores civiles, los cuales no fueron parte de los argumentos que fundaron su detención preventiva, tal como fue reconocido por la Vocal ahora accionada, quien indicó que se trataría de un reajuste de la concurrencia de ese riesgo procesal; iii) La gravedad ni la complejidad del caso constituyen un riesgo procesal que permita la imposición de una medida cautelar; iv) La Vocal hoy accionada omitió valorar de manera integral y pronunciarse sobre todos los elementos probatorios presentados, que enervarían el peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, como ser “…el memorial de disponibilidad de la letra E (…), el informe jurídico (…), el informe de 27 de septiembre de 2021 (…), requerimiento de 8 de octubre de 2021 (…) y la pericia informática cuya conclusión octava cursante a Fojas 121 y en la literal de fojas 27…” (sic), que tampoco fueron valorados por el Juez de la causa; lo cual fue reclamado en su recurso de apelación incidental, sin merecer pronunciamiento alguno; v) En cuanto al test de proporcionalidad solicitado por la concurrencia de un solo riesgo procesal, el Juez de primera instancia señaló que no correspondía su aplicación porque se tenían diez fallecidos; sin embargo, la Vocal hoy accionada de manera incongruente, indicó que ese test fue solicitado únicamente con relación a su estado de salud; y, vi) la Vocal ahora accionada no expuso una adecuada fundamentación y motivación para mantener la medida cautelar de detención preventiva en su contra, tampoco explicó porque las otras medidas cautelares no serían suficientes para asegurar el desarrollo de la investigación; más aún cuando únicamente concurría un riesgo procesal, lo cual la obligaba a fundamentar y motivar su decisión de una manera más precisa, efectuando el test de proporcionalidad que solicitó.
Patricia Torrico Ortega, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe presentado el 19 de noviembre de 2021, cursante de fs. 172 a 174, manifestó que: a) El accionante se limitó a efectuar una relación cronológica de los hechos, reiterando los fundamentos expuestos en su recurso de apelación incidental planteado contra el Auto Interlocutorio de consideración de cesación de la detención preventiva de 19 de octubre de ese año; b) El accionante no explicó de qué manera el Auto de Vista de 3 de noviembre de dicho año, vulneró su derecho a la libertad; c) La compulsa de las pruebas aportadas con el fin de modificar las medidas cautelares impuestas es facultad exclusiva del Juez de la causa, no pudiendo el Tribunal de alzada valorar nuevamente dichos elementos, excepto en los casos en los que se advierta un apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad; d) El accionante no estableció el nexo de causalidad entre el criterio de interpretación aplicado y los demás presupuestos para que la jurisdicción constitucional pueda ingresar al análisis de la legalidad ordinaria; e) El Auto de Vista de 3 del citado mes y año, fue debidamente fundamentado y motivado, por cuanto expuso los motivos de hecho y de derecho que sustentaban su parte resolutiva; f) De conformidad con la SCP 0583/2017-S2 de 19 de junio, al emitir dicho Auto de Vista, ejerció su facultad de reajuste del peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP; y, g) No concurren los presupuestos de activación de la acción de defensa; es decir, que la vida del accionante esté en peligro, que sea ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o privado de libertad.
Jhoel Orlando Ramos Galindo, Fiscal de Materia, en audiencia señaló que: 1) El accionante no identificó claramente sobre qué presupuesto de procedencia de la acción de libertad se planteó la acción tutelar; sobre todo cuando el debido proceso como derecho, garantía y principio corresponde ser tutelado por la acción tutelar; 2) El Auto Interlocutorio de consideración de cesación de la detención preventiva de 19 de octubre de 2021, también fue recurrido en apelación incidental por el Ministerio Público y la víctima; por lo que, la reforma en perjuicio del accionante se encontraba habilitada, estando permitido agravar su situación procesal como lo hizo la Vocal ahora accionada; más aún si se consideró la SCP 2033/2013 de 13 de noviembre; y, 3) La Vocal hoy accionada consideró la complejidad del caso de manera correcta.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución AL-012/2021 de 19 de noviembre, cursante de fs. 181 a 186 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que en el plazo de setenta y dos horas, la Vocal hoy accionada emita un nuevo Auto de Vista debidamente fundamentado y motivado, que responda de manera clara y precisa a todos los agravios denunciados por el accionante; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: i) De la revisión del Auto Interlocutorio de aplicación de medidas cautelares de 25 de julio de 2021, del Auto de Vista de 5 de agosto de ese año, y del Auto Interlocutorio de consideración de cesación de la detención preventiva de 19 de octubre de igual año, se advirtió que el peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP se mantuvo concurrente debido a que el accionante podría influir de manera negativa en los testigos previamente identificados; por lo que, el argumento expuesto por la Vocal ahora accionada en el Auto de Vista de 3 de noviembre del citado año, relativo a que identificó varios factores para sustentar el peligro de obstaculización no resultó claro, generando susceptibilidad en el nombrado; careciendo por lo tanto de una adecuada fundamentación y motivación; y, ii) La Vocal hoy accionada no se pronunció de manera concreta sobre el agravio en torno al test de proporcionalidad solicitado por el accionante respecto a la imposición de la medida cautelar de detención preventiva ante la concurrencia de un solo riesgo procesal. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante a través de su representante sin mandato, mediante memorial presentado el 23 de noviembre de 2021, cursante a fs. 192 y vta., solicitó a la Sala Constitucional que se complemente la Resolución AL-012/2021 con relación a la posibilidad de agravar la situación procesal del imputado como resultado de una solicitud de cesación de la detención preventiva, a pesar de que no se constituyó en el objeto de esa petición. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional por Auto de 24 de noviembre de 2021, cursante a fs. 194 y vta., señaló que la parte resolutiva de la Resolución AL-012/2021 fue clara al referir que la detención preventiva tuvo su origen en el Auto Interlocutorio de aplicación de medidas cautelares de 25 de julio de 2021, al tenerse por concurrente el peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP; por lo que, la Vocal ahora accionada estaba en la obligación de explicar de manera fundamentada y motivada las razones por las que incrementó otros aspectos; empero, al no hacerlo se determinó que el Auto de Vista de 3 de noviembre de dicho año, no contaba con la debida fundamentación, motivación y congruencia; añadiendo que no respondió de manera clara a todos los agravios denunciados por el accionante.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Auto Interlocutorio de aplicación de medidas cautelares de 25 de julio de 2021, emitido por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chimoré del departamento de Cochabamba, mediante el cual dispuso la detención preventiva de Franz Linyan Vargas Gonzales -ahora accionante- en el Centro Penitenciario Sacaba de Cochabamba. La cual fue recurrida en apelación en audiencia por el Ministerio Público, el abogado de las víctimas, el accionante y el representante del Ministerio de Gobierno (fs. 7 vta. a 12 vta.). II.2. Mediante Auto de Vista de 5 de agosto de 2021, emitido por la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba se declararon improcedentes los recursos de apelación incidental interpuestos por el Ministerio Público, el representante del Ministerio de Gobierno, el abogado de las víctimas y el accionante, confirmando el Auto Interlocutorio de aplicación de medidas cautelares de 25 de julio de ese año (fs. 17 a 24). II.3. Cursa Auto Interlocutorio de consideración de cesación de la detención preventiva de 19 de octubre de 2021, por el cual el Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por el accionante; siendo apelado en audiencia por el nombrado y por el abogado de la víctima (fs. 134 a 138). Asimismo, consta Acta de Audiencia de Apelación Incidental de 3 de noviembre del citado año, en la que se emitió el Auto de Vista de igual fecha, por Patricia Torrico Ortega, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora accionada- declarando improcedentes los referidos recursos de apelación incidental (fs. 142 a 147 vta.).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa en su elemento a ser oído, a un recurso efectivo, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia vinculado con la libertad física, a la valoración de la prueba, y el principio de favorabilidad; puesto que, ante la interposición del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de consideración de cesación de la detención preventiva de 19 de octubre de 2021, emitido por el Juez de primera instancia que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, la Vocal ahora accionada mediante Auto de Vista de 3 de noviembre de dicho año, declaró improcedente el mismo agravando sin ninguna fundamentación ni motivación su situación procesal al incorporar nuevos elementos sobre la concurrencia del peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, y sin pronunciarse de manera fundamentada y motivada sobre todos los agravios denunciados; específicamente respecto a: a) El test de proporcionalidad solicitado con relación a la imposición de la medida cautelar de detención preventiva con la concurrencia de un solo riesgo procesal; b) La valoración de los elementos probatorios presentados; y, c) Porqué las demás medidas cautelares diferentes a la detención preventiva no serían suficientes para garantizar el desarrollo de la investigación. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0652/2015-S1 de 22 de junio, citando a la SCP 0249/2014-S2 de 19 de diciembre estableció que: «“‘La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’ (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio). De lo expuesto, inferimos que fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo”. (…) De lo expresado concluimos que la fundamentación y la motivación en una resolución judicial o administrativa, constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, en tal razón estos fallos a más de estar debidamente motivadas tienen que tener un sustento jurídico; es decir que, deben estar fundamentadas en elementos de hecho y de derecho» (las negrillas nos pertenecen).
La SC 2016/2010-R de 9 de noviembre, cuyo entendimiento fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0632/2012 de 23 de julio y 0394/2018-S1 de 13 de agosto, entre otras, refirió que: “…uno de los elementos del debido proceso es la congruencia en virtud de la cual la autoridad jurisdiccional o administrativa, en su fallo, debe asegurar la estricta correspondencia entre lo peticionado y probado por las partes; en ese contexto, es imperante además precisar que la vulneración al debido proceso en su elemento congruencia puede derivar de dos causales concretas a saber: a) Por incongruencia omisiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa emite una resolución sin considerar las pretensiones de las partes, vulnerando con esta omisión el derecho a un debido proceso y también el derecho a la defensa; y, b) por incongruencia aditiva, en virtud de la cual, la autoridad jurisdiccional o administrativa, falla adicionando o incorporando elementos no peticionados o no discutidos por las partes en el decurso de la causa. En el orden de ideas antes señalado y concretamente en lo referente a la incongruencia omisiva, la SC 0486/2010-R de 5 de julio, establece y concatena el debido proceso con el principio de congruencia señalando lo siguiente: De esta esencia (es decir de la naturaleza jurídica del debido proceso), deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa en su elemento a ser oído, a un recurso efectivo, al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia vinculado con la libertad física, a la valoración de la prueba, y el principio de favorabilidad; puesto que, ante la interposición del recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de consideración de cesación de la detención preventiva de 19 de octubre de 2021, emitido por el Juez de primera instancia que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, la Vocal ahora accionada mediante Auto de Vista de 3 de noviembre de dicho año, declaró improcedente el mismo agravando sin ninguna fundamentación ni motivación su situación procesal al incorporar nuevos elementos sobre la concurrencia del peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, y sin pronunciarse de manera fundamentada y motivada sobre todos los agravios denunciados; específicamente respecto a: 1) El test de proporcionalidad solicitado con relación a la imposición de la medida cautelar de detención preventiva con la concurrencia de un solo riesgo procesal; 2) La valoración de los elementos probatorios presentados; y, 3) Porqué las demás medidas cautelares diferentes a la detención preventiva no serían suficientes para garantizar el desarrollo de la investigación. De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante y otros, por la presunta comisión de los delitos de asesinato y tentativa de asesinato, previstos y sancionados por los arts. 252 inc. 3) y 252 con relación al art. 8, todos del CP, el 25 de julio de 2021, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Chimoré del departamento de Cochabamba, mediante Auto Interlocutorio de aplicación de medidas cautelares de la misma fecha, dispuso la detención preventiva del nombrado en el Centro Penitenciario Sacaba de Cochabamba, el cual fue recurrido en apelación en audiencia por el Ministerio Público, el abogado de las víctimas, el accionante y el representante del Ministerio de Gobierno (Conclusión II.1.), los cuales fueron resueltos mediante Auto de Vista de 5 de agosto del indicado año, por el que la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba los declaró improcedentes confirmando el Auto Interlocutorio de aplicación de medidas cautelares de 25 de julio del señalado año (Conclusión II.2.). Posteriormente, el 19 de octubre de 2021, a petición del accionante se celebró audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, en la cual el Juez de Instrucción Penal Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba por Auto Interlocutorio de igual fecha, rechazó la pretensión del accionante manteniendo su detención preventiva, desvirtuando únicamente el peligro de obstaculización establecido por el art. 235.1 del CPP. Contra esa determinación, el accionante y el abogado de la víctima interpusieron recurso de apelación incidental que mereció el Auto de Vista de 3 de noviembre del indicado año, por el que la Vocal ahora accionada los declaró improcedentes (Conclusión II.3.). En ese marco y conforme a lo expuesto en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de este fallo constitucional, se tiene que toda autoridad judicial o administrativa que emita alguna determinación debe hacerlo en el marco del debido proceso, cumpliendo con la debida fundamentación, motivación y congruencia, expresando los motivos de hecho como de derecho en que basa sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba; dejando pleno convencimiento de que no habría otra forma de resolver los hechos juzgados, sino en la forma como se decidió; asegurando además la estricta correspondencia entre lo peticionado, lo probado por las partes y lo resuelto -congruencia externa-, así como la coherencia y concordancia entre su parte considerativa y dispositiva, efectuando un razonamiento integral y armonizado en todo su contenido -congruencia interna-. Bajo ese marco, corresponde a esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional verificar si los aspectos denunciados por el accionante en la acción tutelar son evidentes o no. Por consiguiente, si bien no se tiene memorial alguno donde se expongan los agravios denunciados contra el Auto Interlocutorio de consideración de cesación de la detención preventiva de 19 de octubre de 2021, del Acta de audiencia de apelación incidental, así como del Auto de Vista de 3 de noviembre del citado año, se establece que el accionante denunció que el Juez de la causa: i) No analizó de manera integral toda la prueba acompañada; ii) No aplicó el test de proporcionalidad que solicitó con la finalidad de imponerle medidas cautelares menos gravosas; iii) No justificó porqué la detención preventiva sería la única medida cautelar que asegure el peligro de obstaculización subsistente; y, iv) Determinó la concurrencia del peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP sobre la base de presunciones abstractas no acreditadas por el Ministerio Público. En consideración al referido recurso de apelación incidental, la Vocal ahora accionada mediante Auto de Vista de 3 de noviembre de 2021, señaló que: a) Se reajustó la concurrencia del peligro de obstaculización establecido por el art. 235.2 del CPP, en el sentido de que el mismo no estaba basado únicamente en la condición de militar en estado activo del accionante, sino fundamentalmente en la complejidad del caso y en la participación de varios sectores, cuya información a obtener se vería afectada por ese peligro de obstaculización. Fundamento que fue parte de “…la resolución de aplicación de la medida cautelar personal…” (sic); b) La aplicación del test de proporcionalidad requiere la presentación de elementos que demuestren la necesidad de que se modifique la medida cautelar de detención preventiva por otras menos vulneratorias. En ese sentido, el Juez de primera instancia analizó los elementos presentados, consistentes en certificados médicos como elementos que acreditarían la conveniencia de sustituir la detención preventiva por otra medida cautelar, concluyendo que el accionante recibió atención médica requerida tanto en la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) como por medio de régimen penitenciario, estando garantizado su derecho a la salud; siendo correcto ese razonamiento; c) No se tuvo ningún otro elemento que demuestre que la intensidad del riesgo procesal acreditado disminuyera; y, d) El análisis integral extrañado debe ser modulado en función a las situaciones particulares del caso, que deben ser proporcionadas por el solicitante. Asimismo, ante la solicitud de complementación presentada por el accionante respecto a que: 1) No podría influir negativamente sobre los testigos que aún no prestaron su declaración porque esos residirían en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz; y, 2) Solicitó el test de proporcionalidad no solamente con relación a su estado de salud, sino también sobre la existencia de un solo riesgo procesal, lo cual ameritaría la sustitución de su detención preventiva por otras medidas cautelares menos gravosas; la Vocal ahora accionada indicó que: i) Se determinó la concurrencia del peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, sobre la base de varios factores, como ser la falta de declaración de cuatro testigos; y, ii) El Juez de la causa aplicó el test de proporcionalidad únicamente sobre el estado de salud del accionante, y no así con relación a otros elementos como el reclamado; estando impedida de incorporar nuevos argumentos que no fueron considerados por el Juez de primera instancia.
En ese sentido, tomando en cuenta los agravios expuestos por el accionante en su recurso de apelación incidental, así como los hechos denunciados en la acción tutelar, se tiene que en cuanto a la incorporación de nuevos elementos y fundamentos respecto a la concurrencia del peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, la Vocal ahora accionada reajustó la concurrencia de ese peligro de obstaculización indicando que según la determinación por la que se impuso la medida cautelar de detención preventiva contra el accionante, estaría acreditado principalmente por la complejidad del caso y la participación de varios sectores, alegando en su informe presentado ante la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que habría ejercido esa facultad de reajuste en aplicación de la jurisprudencia contenida en la SCP 0583/2017-S2. Al respecto, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional advierte por una parte que, el Auto Interlocutorio de aplicación de medidas cautelares de 25 de julio de 2021, estableció la concurrencia del peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP señalando que: “…los ex jefes superiores del imputado de ese entonces, aun no prestaron su declaración informativa y al ser personal del ejército con quien mantuvo contacto y que según su declaración fueron a los que les presentó informes correspondientes de los hechos (…), se llega a establecer de manera razonable podría influir de manera negativa en los mismos…” (sic [fs. 11 vta.]); añadiéndose en el Auto de Vista de 5 de agosto de ese año, que: “…bajó estas características particulares del hecho, la complejidad misma de quienes hubieren participado, quienes efectivamente hubieran protagonizado los disparos de arma de fuego, de qué manera se los hubiese realizado etc etc., son preguntas que deben ser debidamente dilucidadas por el Ministerio Público, por lo que no encuentra mérito al recurso de apelación referente a la construcción de este peligro procesal, dado que se tiene la identidad de las personas en quienes se puede ejercer aquella influencia negativa…” (sic [fs. 22 vta. {las negrillas son nuestras}]). Por consiguiente, no resulta cierta la afirmación de la Vocal hoy accionada respecto a que el fundamento incorporado con relación a la concurrencia del peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP fue parte de la determinación que dispuso la detención preventiva del accionante; puesto que, el Auto Interlocutorio de aplicación de medidas cautelares de 25 de julio de 2021, ni el Auto de Vista de 5 de agosto de ese año, expusieron ese extremo como parte de sus fundamentos para determinar la imposición de esa medida cautelar; y si bien el mencionado Auto de Vista hizo referencia a la complejidad de quienes habrían participado en los hechos investigados, no es menos cierto que dejó esa labor de investigación al Ministerio Público, teniendo por acreditado el referido riesgo procesal únicamente debido a que se tenían plenamente identificadas a las personas que aún no prestaron su declaración, sobre las cuales el accionante podría influir negativamente.
Por otra parte, la SCP 0583/2017-S2, invocada por la Vocal ahora accionada, estableció la posibilidad de ajustar los requisitos relativos a la aplicación y concurrencia única y específicamente con relación al peligro de fuga previsto en esa oportunidad por el art. 234.10 del CPP -peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante-, ahora art. 234.7 del citado Código, sea vía recurso de apelación incidental o solicitud de cesación de la detención preventiva; más no así para los demás riesgos procesales, como pretende entender la citada Vocal, no correspondiendo su aplicación en casos donde no se invoque el referido peligro de fuga, como ocurre en la presente causa, que versa únicamente sobre el peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del indicado Código. En efecto, se evidencia que la Vocal hoy accionada, sin que fuera solicitado por el abogado de la víctima ni por el Ministerio Público, sin que sea suficiente la simple participación de estos en la audiencia de consideración del recurso de apelación incidental, como alegó el Fiscal de Materia encargado de la investigación, de manera extra petita y sin una adecuada fundamentación y motivación, contraviniendo el mandato del art. 398 del CPP, incorporó el argumento relativo a que el peligro de obstaculización establecido por el art. 235.2 del CPP concurriría principalmente por la complejidad del caso y por la participación de varios sectores; por lo que, en cuanto a esta primera denuncia se evidencia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, correspondiendo conceder la tutela solicitada. Respecto a la falta de pronunciamiento sobre todos los agravios denunciados en el recurso de apelación incidental, conforme se precisó precedentemente, esta Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional identificó cuatro agravios, los cuales serán analizados en el marco de las denuncias expuestas en la acción de defensa. Bajo ese marco, sobre la falta de valoración integral de la prueba presentada, la Vocal hoy accionada en el Auto de Vista de 3 de noviembre de 2021, indicó que ello debía ser modulado en función a las situaciones particulares del caso, que debieron ser proporcionadas por el accionante. Al respecto, se observa que la Vocal ahora accionada si se pronunció con relación a ese agravio; empero, no emitió ningún criterio sobre los elementos probatorios presentados por el accionante, consistentes en “…el memorial de disponibilidad de la letra E (…), el informe jurídico (…), el informe de 27 de septiembre de 2021 (…), requerimiento de 8 de octubre de 2021 (…) y la pericia informática cuya conclusión octava cursante a Fojas 121 y e la literal de fojas 27…” (sic), extremo que fue reclamado por éste; y menos, brindó una respuesta debidamente fundamentada y motivada de porqué los argumentos expuestos por el accionante ante el Juez de primera instancia no habrían sido suficientes para que esa autoridad judicial ingrese a valorar dichos elementos; por lo que, se evidencia la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación con relación a la valoración de la prueba, debiendo concederse la tutela solicitada. Con relación a la falta de aplicación del test de proporcionalidad respecto a la imposición de la medida cautelar de detención preventiva con la concurrencia de un solo riesgo procesal, se observa que la Vocal ahora accionada ante la solicitud de complementación por parte del accionante, manifestó que el Juez de primera instancia al aplicar dicho test, únicamente se basó en el estado de salud del nombrado; por lo que se encontraba impedida de incorporar nuevos argumentos que no fueron considerados por ese. En ese sentido, del Auto Interlocutorio de consideración de cesación de la detención preventiva de 19 de octubre de 2021, se constata que ante la solicitud de complementación del accionante sobre la aplicación del test de proporcionalidad por la concurrencia de un solo riesgo procesal, el Juez de la causa refirió que “…no es menos cierto que por el otro lado existe 10 personas fallecidas y más de 90 heridos aproximadamente…” (sic [fs. 137 vta.]). En consecuencia, no resulta verdadero que dicha autoridad judicial únicamente habría fundado su decisión en el estado de salud del nombrado, sino que también se pronunció de manera sucinta sobre el extremo reclamado por éste en la acción tutelar. Por lo tanto, con relación a este reclamo, se advierte que el argumento expuesto por la Vocal hoy accionada para no pronunciarse sobre el test de proporcionalidad respecto a la imposición de la medida cautelar de detención preventiva con la concurrencia de un solo riesgo procesal, carece de una debida fundamentación y motivación; puesto que, tal como se estableció precedentemente, el Juez de primera instancia emitió un pronunciamiento sobre ese reclamo, no siendo evidente lo afirmado por la referida Vocal, quien además de no exponer de manera adecuada las razones de hecho y de derecho de su decisión, incurrió en una incongruencia omisiva al no emitir criterio alguno sobre el reclamo analizado; vulnerándose en efecto, el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, correspondiendo conceder la tutela solicitada. Finalmente, en cuanto a la falta de justificación del porqué las demás medidas cautelares diferentes a la detención preventiva no serían suficientes para garantizar el desarrollo de la investigación; y, que el Juez de la causa habría determinado la concurrencia del peligro de obstaculización previsto por el art. 235.2 del CPP, sobre la base de presunciones abstractas no acreditadas por el Ministerio Público, no se advierte ningún pronunciamiento por parte de la Vocal hoy accionada en el Auto de Vista de 3 de noviembre de 2021, evidenciándose la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de congruencia, correspondiendo conceder la tutela solicitada sobre ese punto. Del memorial de acción de libertad, se extrae que el accionante también alegó la vulneración de su derecho a la defensa en su elemento a ser oído y a un recurso efectivo; y al principio de favorabilidad, sin embargo, se tiene que el nombrado únicamente se limitó a citarlos, sin exponer de manera precisa y clara las razones por las que consideró que la Vocal ahora accionada al emitir el Auto de Vista de 3 de noviembre de 2021, los vulneró; además, tampoco expresó de manera clara la vinculación de dicho derecho y principio con alguno de los bienes jurídicos que protege la presente acción de defensa; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución AL-012/2021 de 19 de noviembre, cursante de fs. 181 a 186 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente con relación al derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, con relación a la valoración de la prueba; disponiendo:
a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 3 de noviembre de 2021; y, en consecuencia, que la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emita nuevo Auto de Vista, conforme a lo expuesto en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; salvo que la situación jurídica del accionante hubiese variado por efecto de la concesión de tutela de la Sala Constitucional; y, 2º DENEGAR la tutela solicitada con relación a los derechos a la defensa en su vertiente a ser oído, a un recurso efectivo, y al principio de favorabilidad, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0088_2023-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8d956acdbefa160c3cfd839c8510c865350207fff781d8a64d63f49e2be08dfc
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