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SCP 0087/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 12 de marzo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
12 de marzo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
58256-2023-117-AAC
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denunció la vulneración de la garantía al debido proceso en su vertiente al derecho a la fundamentación efectiva y al derecho a la tutela judicial efectiva por fundamentación arbitraria y por incongruencia omisiva en la Resolución Fiscal Departamental R.R.M.M. 130/22 de 14 de octubre de 2022, por cuanto: a) A tiempo de valorar el Informe de entrevista psicológica de 4 de enero de 2021 omitió el contenido de la querella de 31 de igual mes y año; b) Desmereció las entrevistas de los testigos presenciales del hecho Beatríz, Vania y Kathia todos Zambrana Colque, frente a la entrevista de testigos no presenciales María Lourdes y Nicolás, y de estos respecto del informe de desdoblamiento de video donde se observa la agresión; y, c) Razonó erróneamente que al haberse declarado la incompetencia de la autoridad en materia penal en la denuncia que siguió el tercer interesado, la presente también tendría que seguir la misma lógica, sin considerar que se trata de hechos distintos. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 86 de 27 de julio de 2023, cursante de fs. 127 a 129 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0087/2025-S3 Sucre, 12 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 58256-2023-117-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 86 de 27 de julio de 2023, cursante de fs. 127 a 129 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sinforosa Colque Camacho contra Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 5 y 19 de junio de 2023, cursante de fs. 84 a 87 y fs. 91 a 92 vta., la accionante señaló que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 22 de diciembre de 2020, interpuso denuncia verbal por el delito de violencia familiar o doméstica sancionado en el art. 272 bis. del Código Penal (CP), en contra de Germán Zambrana Terceros y en 8 de abril de 2022 presentó querella por el mismo delito; el 11 de agosto de la misma gestión se emitió Resolución de Sobreseimiento a favor del imputado; ante tal determinación interpuso impugnación el 17 de agosto de 2022, y confirmándose el sobreseimiento mediante Resolución Fiscal Departamental R.R.M.M. 130/22 de 14 de octubre de 2022, esta última resolución vulnera sus derechos; sustentó que, el Informe de entrevista psicológica de 4 de enero de 2021 -la fecha en el informe de entrevista psicológica es 28 de diciembre de 2020- de la Psicóloga Anjannette Avaroma Ramírez, indica que hace diez años la víctima no fue agredida por el imputado, asimismo que la resolución no tomó en cuenta que posterior a ello se presentó una querella por una agresión ocurrida el 31 de enero de 2021 la cual no consta en la entrevista psicológica porque no había sucedido aún.

Que tomó en cuenta las entrevistas de María Lourdes Colque Camacho -hermana de la accionante- y Nicolás Colque Aricoma quienes refieren que se cambió las chapas y se dejó al denunciado sin nada; y, que el denunciado no sería una persona agresiva, y se desmerecieron las entrevistas de Beatríz, Vania y Kathia todos Zambrana Colque, que presenciaron los actos de violencia; asimismo no se tomó en cuenta el Informe con RUP 7009940 y el Informe con RUP 7009942 referido al desdoblamiento de un video donde no aparecerían los testigos María Lourdes Colque Camacho y Nicolás Colque Aricoma. En la Resolución Fiscal Departamental R.R.M.M. 130/22, se consignó que su persona insiste en la existencia de violencia familiar cuando ella misma interpuso excepción de incompetencia, pidiendo remitir el proceso penal a la vía familiar (Caso 70110202101235) a denuncia de Germán Zambrana Terceros y no tomó en cuenta que son hechos distintos al tratarse de un delito por violencia económica y violencia patrimonial y la denuncia de la solicitante de tutela es por violencia física y psicológica.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante denunció la vulneración de la garantía al debido proceso en su vertiente al derecho a la fundamentación efectiva y al derecho a la tutela judicial efectiva por fundamentación arbitraria y por incongruencia omisiva, citando al efecto los arts. 115.II y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Humanos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela, disponiendo anule la Resolución Fiscal Departamental R.R.M.M. 130/22 de 14 de octubre de 2022, dentro del proceso penal con CUD 701102012007303, disponiendo se emita una nueva resolución restableciendo los derechos constitucionales vulnerados.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 27 de julio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 124 a 126 vta., se realizaron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La accionante mediante su abogado, ratificó in extenso el contenido de la demanda de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe del demandado

Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, presentó informe escrito cursante de fs. 100 a 110, señalando que: a) Habiéndose denunciado el delito de violencia familiar o doméstica previsto en el art. 272 bis. del Código Penal (CP) se presentaron certificados forenses e informes médico legales de data antigua entre 1986 y 1993 los cuales por el principio de preclusión perdieron su efecto legal y no constituyen elementos para considerar violencia en su tipología física; b) Analizadas las declaraciones de cargo y de descargo se evidencia conflicto familiares por intereses económicos, con declaraciones en base a la afinidad de la parte proponente, existiendo hechos contradictorios con los antecedentes del cuaderno de investigación, situación que no es suficiente para romper el principio de presunción de inocencia. Existiendo también un proceso penal por el delito de violencia económica y violencia patrimonial con CUD 70110202101235 interpuesto en 17 de febrero de 2021 por Germán Zambrana Terceros en contra de la ahora accionante, quien interpuso la excepción de incompetencia en razón de materia a fin de que se remita a la vía familiar; y, c) Que el Tribunal de garantías está imposibilitado de revisar prueba al no ser una doble instancia, y que no se realizó la fundamentación de la excepcionalidad para dicho accionar, ni en la acción planteada ni en la audiencia de fundamentación.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

German Zambrana Terceros a través de su abogado señaló: 1) La accionante en la impugnación al sobreseimiento no menciona en que forma o circunstancia el informe psicológico de 4 de enero de 2021 no ha sido considerado por los Fiscales de Materia y a pesar de ello la Resolución Fiscal Departamental 130/22 de 14 de octubre de 2022 hace referencia a 40 indicios que considera y valora cumpliendo con el art. 125 de la (CPE) y el art. 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); y, 2) No se puede traer actos propios de la justicia penal ordinaria a la justicia constitucional, cuando dichos actos no fueron reclamados previamente en la justicia ordinaria.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz mediante Resolución 86 de 27 de julio de 2023, cursante de fs. 127 a 129 vta., denegó la tutela solicitada, argumentando que la resolución del Fiscal Departamental de Santa Cruz realizó una fundamentación descriptiva de todos los elementos probatorios cursantes en el cuaderno de investigación, detallando los mismos en el considerando II y en el acápite de fundamentación probatoria intelectiva se refiere también a todos los elementos de prueba, las declaraciones, informes del IITCUP y otros elementos presentados como prueba de cargo, desarrollando la fundamentación probatoria y concluyendo que valorados los elementos probatorios colectados en la etapa preparatoria no son suficientes para fundar una acusación formal en contra del ahora tercero interesado.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Acta de denuncia verbal de 22 de diciembre de 2020 en la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y memorial de querella interpuesta por Sinforosa Colque Camacho por el delito de violencia familiar o doméstica tipificado en el art. 272 bis. del CP en contra de Germán Zambrana Terceros (fs. 2 a 5). II.2. Informe Técnico, servicio pericial de desdoblamiento de Disco Compacto (CD)

Código Interno 7009940 Caso FUD 701102012007303, IITCUP emitido en 5 de abril de 2022, donde se realiza el desdoblamiento, congelamiento y transcripción de las imágenes, audio y video contenidos en el CD (fs. 6 a 14 vta.). II.3. Informe Técnico, servicio pericial de búsqueda y extracción de información de un CD, Código Interno 7009942, Caso FUD 701102012007303, IITCUP emitido en 5 de abril de 2022, donde se realiza el desdoblamiento de audios e imágenes de los CD que se adjuntaron (fs. 16 a 20 vta.). II.4. Informe de la investigadora asignada al caso de 13 de diciembre de 2021, que adjunta declaración ampliatoria de la víctima y entrevistas informativas de testigos de cargo (fs. 22 a 31). II.5. Informe del investigador asignado al caso de 10 de junio de 2022, que adjunta entrevistas informativas de testigos de cargo (fs. 32 a 37). II.6. Informe de entrevista psicológica a la víctima Sinforosa Colque Camacho elaborado por Anjannette Avaroma Ramírez, Psicologa de 28 de diciembre de 2020 (fs. 38 a 40). II.7. Resolución de Sobreseimiento Caso FUD 701102012207303 de 11 de agosto de 2022 emitida a favor del imputado Germán Zambrana Terceros -tercer interesado- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica previsto en el art 272 bis. núm. 1 y 2 del CP (fs. 41 a 47 vta.). II.8. Impugnación a la Resolución de Sobreseimiento, interpuesto por Sinforosa Colque Camacho mediante memorial de 17 de agosto de 2022 (fs. 48 a 49 vta.). II.9. Resolución Fiscal Departamental R.R.M.M. 130/22 de 14 de octubre de 2022 que dispone ratificar la resolución de Sobreseimiento de 11 de agosto de 2022 (fs. 50 a 78).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denunció la vulneración de la garantía al debido proceso en su vertiente al derecho a la fundamentación efectiva y al derecho a la tutela judicial efectiva por fundamentación arbitraria y por incongruencia omisiva en la Resolución Fiscal Departamental R.R.M.M. 130/22 de 14 de octubre de 2022, por cuanto: a) A tiempo de valorar el Informe de entrevista psicológica de 4 de enero de 2021 omitió el contenido de la querella de 31 de igual mes y año; b) Desmereció las entrevistas de los testigos presenciales del hecho Beatríz, Vania y Kathia todos Zambrana Colque, frente a la entrevista de testigos no presenciales María Lourdes y Nicolás, y de estos respecto del informe de desdoblamiento de video donde se observa la agresión; y, c) Razonó erróneamente que al haberse declarado la incompetencia de la autoridad en materia penal en la denuncia que siguió el tercer interesado, la presente también tendría que seguir la misma lógica, sin considerar que se trata de hechos distintos. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia

En relación a la fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia, la SCP 0928/2024-S3 de 26 de diciembre, refirió que: “La SCP 0061/2018-S2 de 15 de marzo con relación al contenido esencial del derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, señala que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre (…); la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio (…), se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son: a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre (…) refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre (…) la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013- (…). Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que basa la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio (…), así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio (…), estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre (…), entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo (…), señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. Por otra parte, la jurisprudencia constitucional a partir de la SC 0995/2004-R de 29 de junio (…), estableció que los errores o defectos de procedimiento -entre los que se encuentra el caso de la resolución arbitraria- para ser corregida por vía de amparo, debe tener relevancia constitucional; es decir, que siendo el error o defecto la causa de la lesión de los derechos y garantías denunciados, de no haberse incurrido en ellos, la resolución impugnada tendría una decisión de fondo diferente. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional´”. Consiguientemente, se concluye que al emitir la Resolución que resuelve una impugnación esta debe realizar la argumentación clara y precisa de los fundamentos ya sean positivos o negativos por los que llega a la determinación de ratificar o revocar la Resolución, dando a conocer estos argumentos de tal manera que lleguen al convencimiento de las partes sobre las determinaciones asumidas con base en los elementos fácticos, probatorios y jurídicos sobre los que llega a determinar.

III.2. Análisis del caso concreto

Subsanadas las observaciones de la acción de amparo constitucional, denunció la vulneración de la garantía al debido proceso en su vertiente al derecho a la fundamentación efectiva y al derecho a la tutela judicial efectiva por fundamentación arbitraria y por incongruencia omisiva, en la Resolución Fiscal Departamental R.R.M.M. 130/22 de 14 de octubre de 2022, manifestando que al valorar el Informe de entrevista psicológica de 4 de enero de 2021 -la fecha en el informe de entrevista psicológica es 28 de diciembre de 2020- omitió valorar el contenido de la querella de 31 de igual mes y año, desmereció entrevistas de testigos presenciales Beatríz, Vania y Kathia todos Zambrana Colque, frente a entrevistas de testigos no presenciales María Lourdes y Nicolás, y de estos respecto del informe de desdoblamiento de video donde se observa la agresión y finalmente refiere que razonó erróneamente al haberse declarado la incompetencia de la autoridad en materia penal en la denuncia que siguió el tercer interesado, la presente también tendría que seguir la misma lógica, sin considerar que se tratan de hechos distintos

Ahora bien, conforme se tiene expuesto, es evidente que en el proceso penal que sigue el Ministerio Público a denuncia y posterior querella de Sinforosa Colque Camacho contra del tercer interesado por el delito de violencia familiar o doméstica tipificado en el art. 272 bis. Del CP (Conclusión II.1) el Fiscal de Materia asignado al caso emitió Resolución de Sobreseimiento de 11 de agosto de 2022, a favor del imputado (Conclusión II.7), interponiendo el 17 de igual mes y año Impugnación a la Resolución de Sobreseimiento (Conclusión II.8), ratificándose el sobreseimiento mediante Resolución Fiscal Departamental R.R.M.M. 130/22 (Conclusión II.9). La citada Resolución del Fiscal Departamental al margen de valorar el Informe de entrevista psicológica de 4 de enero de 2021 (Conclusión II.6), dentro de los acápites “II.- FUNDAMENTACIÓN PROBATORIA DESCRIPTIVA” numeral 22 y acápite “III.- FUNDAMENTACIÓN PROBATORIA INTELECTIVA” numeral 8, realiza la valoración de la declaración informativa ampliatoria de la denunciante (Conclusión II.4), donde refirió la agresión física ocurrida en 31 de enero de 2021, descrita también en la querella, existiendo por ende la valoración y fundamentación que la accionante extrañó respecto de la agresión que se detalló en su querella, incluso señalándose en la declaración ampliatoria que la Juez ordenó se realice el inventario de la mercadería para que se repartan entre la ahora accionante y el imputado. Respecto de que la Resolución del Fiscal Departamental Roger Rider Mariaca Montenegro desmereció el valor de las entrevistas de los testigos presenciales del hecho Beatríz, Vania y Kathia todos Zambrana Colque, frente a la entrevista de testigos no presenciales María Lourdes y Nicolás, y de estos respecto del informe de desdoblamiento de video donde se observa la agresión, se puede evidenciar que dentro de los acápites “II.-FUNDAMENTACIÓN PROBATORIA DESCRIPTIVA” numerales 23, 24 y 25, así como en el acápite “III.- FUNDAMENTACIÓN PROBATORIA INTELECTIVA” numeral 12 la autoridad jerárquica valoró las entrevistas de Beatríz, Vania y Kathia Zambrana Colque, contenidas también en el Informe de la Investigadora asignado al caso de 13 de diciembre de 2021 (Conclusión II.4) indicando que refirieron que su padre Germán Zambrana terceros amenazaba a su madre -ahora accionante- con iniciar un proceso por violencia patrimonial de no retirar la denuncia por violencia familiar o doméstica y que el denunciado agredía física y psicológicamente a su madre; y respecto de las entrevistas de María Lourdes Colque Camacho y Nicolás Colque Aricoma, indicó que estos testigos además señalaron que la denunciante tiene un interés económico al igual que sus hijas con la intención de despojarlo de todos sus bienes y que interpuso también denuncias por violencia familiar en contra de su propio hermano y su padre señalando que esto es corroborado por la declaración de Nicolás Colque Aricoma -padre de la ahora accionante- quien indicó que la denunciante esta haciendo daño a toda la familia por interés económico instaurando falsas denuncias; así mismo, en el numeral 1 hizo referencia a los videos desdoblados por el IITCUP en el Informe RUP 7009940, Informe con RUP 7009942 (Conclusiones II.2 y 3), señalando que hicieron referencia a la agresión de 31 de enero de 2021 y que el imputado golpeó la puerta del inmueble con una piedra, del mismo modo en el numeral 13 la autoridad jerárquica señaló que se analizaron las declaraciones de cargo y descargo se evidenció conflictos familiares por temas económicos y que las declaraciones al ser propuestas por las partes emitieron criterios con base a la relación de afinidad con la que cuentan, concluyendo que esta situación no es suficiente para romper el principio de presunción de inocencia, más aun existiendo declaraciones con hechos contradictorios y que revisando el Sistema Justicia Libre (JL) del Ministerio Público verificó la existencia de diferentes procesos entre la solicitante de tutela y sus familiares signados como casos 701102012101235, 701102012104618 y 701102012105734 por aspectos económicos; lo cual evidencia la existencia de valoración y fundamentación de los elementos probatorios, en la Resolución Jerárquica, entonces dicha Resolución contiene la debida fundamentación mediante la explicación clara y concisa de los elementos probatorios y de lo que advirtió con las entrevistas de cargo y de descargo, así como de otras pruebas que corroboran dichas conclusiones, existiendo la suficiente fundamentación sobre los aspectos reclamados por la ahora accionante, sin que se evidencie una fundamentación arbitraria. La Resolución Fiscal Departamental R.R.M.M. 130/22, de forma errónea refiere que al haberse declarado la incompetencia de la autoridad en materia penal en la denuncia que siguió el tercer interesado, la presente también tendría que seguir la misma lógica, sin considerar que se tratan de hechos distintos, toda vez que, no es posible concluir que la procedencia de una excepción de incompetencia en otro proceso sea aplicada a este; pero ello no es un elemento determinante en la Resolución Jerárquica, pues se trata de un aspecto procedimental que corresponde a una determinación del juez de la causa, en cambio el sobreseimiento o la acusación corresponde al Ministerio Público, así en el acápite “III.-FUNDAMENTACIÓN PROBATORIA INTELECTIVA” numeral 15 señaló que de la descripción de la denuncia, los elementos colectados en el cuaderno de investigación no se evidencian los elementos constitutivos del delito de violencia familiar o doméstica; existiendo la valoración de la prueba de cargo y de descargo, una motivación clara y concisa en la resolución Jerárquica, conforme se establece en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, siendo esta taxativa al señalar que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, encontrándose en la Resolución Jerárquica la correspondiente motivación y fundamentación del porque ratifica la Resolución de Sobreseimiento, no evidenciándose vulneración de la garantía al debido proceso en su vertiente al derecho a la fundamentación efectiva, tutela judicial efectiva, reflejando también la resolución Jerárquica las respuestas a los reclamos desarrollados en la impugnación, tal cual se tiene desglosado supra, no encontrándose una violación al debido proceso por incongruencia omisiva. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela impetrada, obro de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 86 de 27 de julio de 2023, cursante de fs. 127 a 129 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0087_2025-S3.pdf · páginas 1 a 10.

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