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SCP 0087/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 3 de abril de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
3 de abril de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
61634-2024-124-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denunció la vulneración del debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, vinculado a su derecho a la libertad; en razón a que, la autoridad jurisdiccional demandada omitió atender su solicitud de señalamiento de audiencia de cesación a su detención preventiva, sin considerar que se encontraba como suplente legal del titular del Juzgado a cargo de la causa; lo que provocó dilación en la tramitación de la misma; habida cuenta que, en su condición de menor de edad, se encuentra privado de libertad por más de cuarenta y cinco días; por ende, a pesar de que dicha autoridad se encontraba con baja médica, de correspondía señalar la respectiva audiencia; más aún, si se toma en cuenta que hasta la fecha no se dictó acusación formal en la causa.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 002/24 de 9 de enero de 2024, cursante de fs. 82 a 86, pronunciada por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho
  2. III.2. La obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar sus decisiones
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0087/2024-S4 Sucre, 3 de abril de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 61634-2024-124-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 002/24 de 9 de enero de 2024, cursante de fs. 82 a 86, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lucrecia Romero Segovia en representación sin mandato de Edil Flores Romero contra René Blanco León, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de la Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Mineros del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 8 de enero de 2024, cursante de fs. 56 a 61, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación a infante, niño, niña o adolescente, ante el Juzgado Público de Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, se le impuso detención preventiva; ante lo cual, mediante memorial de 21 de diciembre de 2023 solicitó al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Mineros del mismo departamento –ahora demandado– la cesación de la misma; en virtud a que, el precitado Juzgado se encontraba en vacación judicial. No obstante lo señalado, desde la presentación de su solicitud, hasta el 4 de enero de 2024 recién tomó conocimiento de la respuesta otorgada por la autoridad judicial, en cuyo tenor señaló lo siguiente: “…en atención al memorial que antecede, y siendo que el suscrito juez por descompensación cerebral es internado desde el 19 de diciembre de 2023 al 04 de Enero de 2024, por lo que siendo que el juzgado remitente entra a trabajar. Es que remítase el presente con la formalidad de estilo y seguridad, y la parte haga su solicitud en el juzgado titular” (sic). Decreto que no se encuentra debidamente fundamentado y motivado; puesto que, la autoridad jurisdiccional que lo emitió debió señalar fecha y hora de audiencia; dado que, aún se encontraba como suplente legal, y en la misma providencia, reconoció que no retornó a trabajar, lesionando su derecho a la libertad porque transcurrieron más de cuarenta y cinco días que se encuentra privado de libertad; y, no se presentó acusación formal en su contra. Agregó que si bien la autoridad judicial se encontraba con baja médica desde el 19 de diciembre del 2023 hasta el 4 de enero de 2024, no es menos cierto que al resolver su memorial de solicitud de cesación, debió señalar fecha y hora de audiencia para que una vez llegado el titular instale la misma, su obrar contrario, lesionó el principio superior del menor; así como, la justicia pronta y oportuna.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela por medio de su representante sin mandato denunció la vulneración del debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, vinculado a su derecho de libertad; citando al afecto, los arts. 23, 60, 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que se deje sin efecto el proveído de 4 de enero de 2024, debiendo en consecuencia, la autoridad jurisdiccional, convocar a audiencia de cesación a la detención preventiva; y, se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 9 de enero de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 80 a 81 vta., presente la accionante y su representante sin mandato; y, ausentes la autoridad judicial demandada y los terceros interesados, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su representante sin mandato, ratificó los términos expuestos en su memorial de acción de libertad, sin realizar ampliación fáctica o normativa alguna de la misma.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

René Blanco León, Juez Mixto Civil y Comercial, de la Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Mineros del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno ni se apersonó a la audiencia pública de consideración de la presente acción tutelar, a pesar de su notificación cursante a fs. 68.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, a través de la Resolución 002/24 de 9 de enero de 2024, cursante de fs. 82 a 86, denegó la tutela solicitada en lo concerniente al Juez demandado; empero, concedió respecto al “…PERSONAL SUBALTERNO (SECRETARIA) Y JUEZ EN SUPLENCIA LEGAL) del JUZGADO DEL JUZGADO MIXTO CIVIL, Y COMERCIAL, DE FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA E INSTRUCCIÓN PENAL 1° DE MINEROS INSTRUCCIÓN PENAL 1° DE MINERO, disponiéndose que en el día la SECRETARIA ponga en conocimiento del JUEZ DEL JUZGADO MIXTO CIVIL, Y COMERCIAL, DE FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA E INSTRUCCIÓN PENAL 1° DE MINEROS en suplencia legal o el titular (en caso de encontrarse con alta e incorporado a sus funciones), para que resuelva en el día y conforme a ley, la solicitud de cesación a la detención preventiva del menor EDIL FLORES ROMERO…” (sic), bajo el siguiente fundamento: “…es de responsabilidad del Secretario del Juzgado poner a conocimiento del Juez (sea titular o suplente) los memoriales ingresados para éste resuelva los mismos, así como providenciar las de mero trámite, que en el presente caso no puede considerarse de mero trámite la solicitud del accionante siendo que se trata de su libertad al haberse cumplido el plazo de la detención preventiva, entonces debió poner de forma inmediata a conocimiento del Juez para su debida atención conforme a ley, al no existir la constancia es excusable la responsabilidad tanto del secretario y del juez en suplencia legal…” (sic).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones: II.1. Mediante memorial de 31 de octubre de 2023, el Ministerio Público informó al Juez Público de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, el inicio de investigación en contra del ahora accionante por la presunta comisión del delito de violación a infante, niño, niña o adolescente, prevista y sancionada por el art. 308 bis con relación al art. 310 inc. o) del Código Penal (CP); solicitando asimismo, la aplicación de medida cautelar de detención preventiva (fs. 7 a 12).

II.2. A través de Auto Interlocutorio 123/2023 de 1 de noviembre, el titular del mencionado Juzgado, dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela (fs. 26 a 30). II.3. Por Nota Cite: JNNAySP 396/2023 de 4 de diciembre, presentada el 5 de diciembre de 2023, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, a cargo de la tramitación del proceso, remitió el cuaderno procesal correspondiente al accionante, ante el Juzgado Mixto Civil y Comercial de la Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Mineros del precitado departamento, por Vacación Judicial (fs. 54 y vta.). II.4. a través de decreto de 6 de diciembre de 2023, la autoridad destinataria, recepcionó la causa en su Juzgado, a efectos del control jurisdiccional, desde el 5 de diciembre de 2023 al 29 del mismo mes y año, en virtud a la circular TDJ-SCZ 47/2023 (fs. 55). II.5. Mediante memorial de 21 de diciembre de 2023, conforme refiere el accionante, solicitó al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Mineros del departamento de Santa Cruz –ahora demandado– la cesación a su detención preventiva; en virtud a que el precitado Juzgado titular de Montero se encontraba en vacación judicial (fs. 57 vta.). II.6. Por decreto de 4 de enero de 2024, el Juez ahora demandado, respondiendo al memorial presentado por el accionante, determinó lo siguiente: “…en atención al memorial que antecede, y siendo que el suscrito juez por descompensación cerebral es internado desde el 19 de Diciembre de 2023 al 04 de Enero de 2024 por lo que siendo que el juzgado remitente entra a trabajar. Es que remítase el presente con la formalidad de estilo y seguridad, y la parte haga su solicitud en el juzgado titular” (fs. 57 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denunció la vulneración del debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, vinculado a su derecho a la libertad; en razón a que, la autoridad jurisdiccional demandada omitió atender su solicitud de señalamiento de audiencia de cesación a su detención preventiva, sin considerar que se encontraba como suplente legal del titular del Juzgado a cargo de la causa; lo que provocó dilación en la tramitación de la misma; habida cuenta que, en su condición de menor de edad, se encuentra privado de libertad por más de cuarenta y cinco días; por ende, a pesar de que dicha autoridad se encontraba con baja médica, de correspondía señalar la respectiva audiencia; más aún, si se toma en cuenta que hasta la fecha no se dictó acusación formal en la causa.

En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La celeridad en las actuaciones vinculadas con la libertad personal y la acción de libertad de pronto despacho

Al respecto la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que: “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: ‘La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…’ (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principios, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas” (las negrillas son del texto original). Con relación a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio, estableció lo siguiente: “El entonces Tribunal Constitucional, mediante la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus -ahora acción de libertad, a saber: a) Reparador, si ataca una lesión que ya fue consumada; b) Preventivo, cuando procura impedir una lesión a producirse; y, c) Correctivo, si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida; posteriormente, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, se amplió dicha clasificación identificando al hábeas corpus: 1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad. Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’. Además enfatizó que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 0862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas son nuestras). Por su parte, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, concluyó que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” Entendimiento desarrollado en la SCP 0028/2020-S4 de 12 de marzo. A la luz de la jurisprudencia constitucional, este medio de defensa se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de libertad, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra en la búsqueda de la efectividad de los principios constitucionales previstos en los arts. 178.I y 180.I de la CPE y en consonancia con los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas.

III.2. La obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar sus decisiones

La SCP 1020/2013 de 27 de junio, al respecto refirió: “Por su parte, la motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales resulta ser una condición de validez de las resoluciones judiciales, puesto que la credibilidad de la administración de justicia radica básicamente en que las decisiones plasmadas en resoluciones estén debidamente motivadas y fundamentadas. La fundamentación implica explicar las razones jurídicas de la decisión judicial, es decir, la cita a las normas jurídicas (Constitución Política del Estado, normas del bloque de constitucionalidad, leyes, etc., así como jurisprudencia constitucional y ordinaria) que son aplicables al caso; en tanto que la motivación consiste en establecer los motivos concretos de porqué el caso analizado se subsume en dichos fundamentos jurídicos, pudiendo intervenir en el análisis inclusive motivos de índole cultural, social, axiológico, entre otros, que guiaron a la autoridad judicial a tomar una decisión de una determinada forma.

En función a las consideraciones antes señaladas, la importancia de la fundamentación y motivación de las decisiones judiciales, radica básicamente en que el juzgador, a tiempo de emitir su veredicto debe plasmar de manera clara, las razones, motivos y, explicar las normas en las que fundó su decisión, de modo que, los justiciables tengan el conocimiento y control sobre la resolución que les involucra a ellos en su condición de partes en la sustanciación del proceso” (el resaltado es nuestro).

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denunció por medio de su representante sin mandato la vulneración del debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, vinculado a su derecho a la libertad; en razón a que, la autoridad jurisdiccional demandada omitió atender su solicitud de señalamiento de audiencia de cesación a su detención preventiva, sin considerar que se encontraba como suplente legal del titular del Juzgado a cargo de la causa; lo que provocó dilación en la tramitación de la misma; habida cuenta que, en su condición de menor de edad, se encuentra privado de libertad por más de cuarenta y cinco días; por ende, a pesar de que dicha autoridad se encontraba con baja médica, de correspondía señalar la respectiva audiencia; más aún si se toma en cuenta que hasta la fecha, no se dictó acusación formal en la causa.

En ese marco, de los antecedentes fácticos referidos en la acción tutelar, es posible identificar que la presente denuncia tiene como sustento fáctico lo acontecido dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra del accionante, por la presunta comisión del delito de violación a infante, niño, niña o adolescente, en el que se impuso al demandado, detención preventiva; ante lo cual, mediante memorial de 21 de diciembre de 2023 solicitó al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de la Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Mineros del departamento de Santa Cruz –ahora demandado–, la cesación de la misma; por haber entrado en vacación el titular del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Montero del mismo departamento, donde se encuentra informada la investigación.

Petición que fue atendida mediante decreto de 4 de enero de 2024, según señala el impetrante de tutela, sin una debida fundamentación y motivación, bajo el siguiente sustento: “…en atención al memorial que antecede, y siendo que el suscrito juez por descompensación cerebral es internado desde el 19 de diciembre de 2023 al 04 de Enero del 2024, por lo que siendo que el juzgado remitente entra a trabajar. Es que remítase el presente con la formalidad de estilo y seguridad, y la parte haga su solicitud en el juzgado titular” (sic); omitiendo señalar audiencia para la consideración de su solicitud, pese a estar directamente vinculada con su libertad. Previo a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada corresponde recordar que a tiempo de emitir una decisión, el juzgador tiene la obligación de plasmar de manera clara, las razones, motivos y explicar las normas en las que fundó su decisión, de modo que los justiciables tengan el conocimiento y control sobre la resolución que les involucra en su condición de partes en la sustanciación del proceso; y, con mayor razón cuando se encuentra de por medio el derecho a la libertad del solicitante. En ese orden, se evidencia que el Juez Público de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz a cargo del proceso penal seguido contra el ahora accionante; mediante nota JNNAySP 396/2023 presentada el 5 de diciembre, remitió el cuaderno procesal correspondiente a la causa señalada, ante el Juez Mixto Civil y Comercial de la Familia, de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Mineros del mismo departamento, debido a que dicho Juzgado ingresaba en vacación judicial y en consideración a que el demandado se encontraba detenido en el Centro Educativo Piloto de Justicia Penal Juvenil Nueva Vida Santa Cruz (CENVICRUZ). Ante lo cual, el Juez destinatario, emitió el decreto de 6 del mismo mes y año, recepcionando el expediente por vacación judicial a efectos del control jurisdiccional, del 5 al 23 de diciembre de 2023. Asimismo, se constata que el Juez demandado sufrió una descompensación cerebral y fue internado en un centro de salud, desde el 19 de diciembre al 4 de enero de 2024, habiéndosele extendido una baja médica; ambas situaciones como son, su delicado estado de salud y la baja médica extendida como consecuencia de dicho problema de salud, le impidieron desarrollar sus funciones jurisdiccionales durante ese periodo; razón por la cual, no pudo atender al memorial presentado por el accionante el 21 de diciembre de 2023, pues en esa data, la autoridad jurisdiccional se encontraba hospitalizada y con baja médica; por lo tanto, no resultaba posible para el mismo, señalar la audiencia reclamada; por una causal no atribuible al mismo. Si bien es evidente que todas las situaciones excepcionales de fuerza mayor que impiden a los jueces y tribunales desempeñar sus funciones con normalidad, se encuentran previstas por la normativa procesal penal; correspondiendo, al personal subalterno mostrar la mayor celeridad posible en sus actuaciones para lograr la mayor eficacia posible en la tramitación de las causas, más aun tratándose de menores de edad y de su libertad; sin embargo, en el caso concreto, no resulta posible ingresar a dicho análisis ante la falta de legitimación pasiva, dado que el personal del Despacho a cargo del Juez demandado no fue demandado en la presente acción; y por lo mismo, no fue posible conocer sus informes y descargos. No obstante lo señalado, es evidente que el Juez Público Mixto Civil y Comercial de la Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Mineros del departamento de Santa Cruz, no incurrió en falta de fundamentación en el decreto de 4 de enero de 2004; al contrario, explicó en el mismo, la razón de su impedimento legal para resolver la solicitud del accionante, lo que se encuentra razonablemente justificado, pues la baja médica extendida le impedía decretar y menos señalar audiencias para que las mismas se desarrollen en otros Despachos Judiciales, ante el desconocimiento de las programaciones de los verificativos orales existentes en los mismos. Razón esta última, por la que, no resulta atendible la pretensión del accionante, en sentido que “Si bien la autoridad judicial se encontraba con baja médica desde fecha 19 de diciembre de 2023 gasta el 04 de Enero de 2024, no es menos cierto que al resolver el memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva debió resolver el memorial de solicitud de cesación a la detención preventiva debió resolver señalando fecha y hora de audiencia de cesación para que una vez llegado el titular instale la misma…” (sic). Pues, de lo relatado, se extrae que en la fecha en la que el citado Juez se reincorporó a sus funciones, el mismo pasó a decretar el memorial del accionante, devolviendo el cuaderno procesal al Juzgado de origen, en razón a que el Juez a cargo del mismo ya se encontraba en funciones, tal como explicó en su mismo decreto. Única instancia competente para resolver la situación jurídica del accionante, al encontrarse habilitado. Por lo explicado, no resulta evidente que la autoridad jurisdiccional demandada, hubiera conculcado ni vulnerado garantías constitucionales o derechos fundamentales alguno; tomando en cuenta que, el proveído de 4 de enero de 2024, fue emitido conforme a normativa procesal penal; por ende, no lesionó el debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, relacionados con el derecho a la libertad, establecidos en la Constitución Política del Estado. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 002/24 de 9 de enero de 2024, cursante de fs. 82 a 86, pronunciada por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. René Yván Espada Navía Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0087_2024-S4.pdf · páginas 1 a 10.

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