B.IA.LEGAL

SCP 0086/2026-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 3 de marzo de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
3 de marzo de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
54267-2023-109-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia lesión a su derecho a la libertad por vulneración al debido proceso en su vertiente celeridad; toda vez que, a pesar de haber solicitado y reiterado a la Fiscal de Materia demandada, la emisión de requerimientos fiscales para obtener documentación esencial para desvirtuar el riesgo procesal del art. 234.1 del CPP, dichas peticiones no fueron atendidas a pesar del control jurisdiccional activado; razón por la que se encuentra impedido de presentar solicitud de cesación a su detención preventiva. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 51 a 52, pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, no es posible interponer otra acción análoga por hechos similares
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página. La hoja 10 del PDF es imagen: su texto se leyó con reconocimiento óptico y puede tener algún error de lectura.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0086/2026-S3 Sucre, 3 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 54267-2023-109-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 21/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 51 a 52, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Henry Nelson Miranda Álvarez contra Gabriela Cecilia Quispe Condori, Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en Trata y Tráfico de Personas de El Alto de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 17 de febrero de 2023, cursante de fs. 39 a 42 vta., el accionante manifestó los siguientes aspectos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso seguido por el Ministerio Público en su contra por la supuesta comisión del delito de trata de personas, el Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante Resolución 411/2022 de 10 de noviembre, dispuso su detención preventiva por el lapso de seis meses, debido a la concurrencia de riesgos procesales entre ellos el contenido en el art. 234.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP). En audiencia de cesación a la detención preventiva, mediante Resolución 372/2022 de 22 de diciembre, se mantuvo latente dicho riesgo procesal, debido a que la documental presentada para la verificación de su domicilio laboral no fue obtenida mediante requerimiento fiscal; Resolución que fue modificada parcialmente por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la cual, sin embargo, ratificó el riesgo procesal señalado con el mismo fundamento.

Por esa razón, mediante memorial presentado el 27 de enero de 2023, solicitó al Ministerio Público que requiera: a) A la Notaría de Fe Pública 28 de El Alto de La Paz, remitir el contrato de trabajo a futuro, suscrito el 17 de noviembre de 2022, entre Juan Carlos Huayhua Garnica y Henry Nelson Miranda Álvarez; b) A Juan Carlos Huayhua Garnica -empleador-, la remisión de documentos sobre su actividad económica con Numero de Identificación Tributaria (NIT) 4385146016; constancia de pago de impuestos, licencia de funcionamiento, certificado de registro obligatorio de empleadores y fotocopia de cédula de identidad y/o en su defecto, informe sobre tales documentos; y, c) Al Director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de Cochabamba, para que verifique la actividad económica con NIT 4385146016, ubicada en la avenida Perú 1509, zona Hipódromo, esquina calle Virreinato de la ciudad de Cochabamba y remita el formulario o informe correspondiente con fotografías del interior y exterior de la actividad económica; solicitud que la representante del Ministerio Público respondió mediante providencia de 31 de enero de 2023, señalando que se tiene presente y que se considerará en su debida oportunidad. A continuación, el 2 de febrero del mismo año, emitió otro decreto señalando que respecto al punto 1 con carácter previo se debía aclarar la pertinencia; en cuanto al punto 2, dispuso se requiera conforme a lo pedido; finalmente, en cuanto a la punto 3, señaló que previamente se cumpla el punto 2. El 7 de febrero de 2023, reiteró la solicitud de requerimientos en los puntos 1 y 3, aclarando y reiterando su pertinencia, a lo cual la Fiscal de Materia mediante providencia de 8 de similar mes y año, dispuso que cumpla a cabalidad lo dispuesto el 2 de febrero de 2023. Posteriormente, el 25 de noviembre de 2022, solicitó al Juez de Instrucción a cargo de la causa control jurisdiccional, para que la Fiscal de Materia informe cuáles serían las razones para no dar curso a lo impetrado; autoridad que proveyó a su pedido, con lo cual se le notificó de manera personal el 1 de diciembre del mismo año, sin que la Fiscal aludida realice el informe correspondiente hasta la fecha; por lo cual el 10 de febrero de 2023, solicitó se conmine a la Fiscal demandada, por la falta de respuesta; de esa forma, el 13 del mismo mes y año, el Juez de Instrucción citado, instó a la Fiscal explique conforme a lo solicitado, siendo notificada el 15 de igual mes y año, sin dar respuesta alguna a pesar de haber transcurrido cuarenta y ocho horas. El 13 de febrero de 2023, reiteró su solicitud a la Fiscal demandada, respondiéndole el 16 de similar mes y año, que no correspondía solicitar información a la Notaria de Fe Pública porque no sería competente; y que los funcionarios de la FELCC de Cochabamba, no pudieron realizar dicho verificativo por la naturaleza del hecho, toda vez que existiría un investigador asignado al caso; disposición que es contraria a un anterior requerimiento por el que dispuso que la institución mencionada, verifique su domicilio. Por tal razón, al 17 de febrero del mismo año, resulta materialmente verificable que la representante del Ministerio Público de forma maliciosa está imposibilitando tramitar la cesación a la detención preventiva al no otorgar los requerimientos fiscales solicitados, sin ninguna fundamentación, motivación ni sustento legal ni jurisprudencial, privándolo en definitiva, de su derecho a la libertad.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad por vulneración al debido proceso en su vertiente celeridad, citando al efecto el art. 13.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene a la Fiscal de Materia demandada, emita los siguientes requerimientos fiscales: 1) A la Notaría de Fe Pública 28 de El Alto de La Paz, para que remita el contrato de trabajo a futuro suscrito el 17 de noviembre de 2022, entre Juan Carlos Huayhua Garnica y Henry Nelson Miranda Álvarez; y, 2) Al Director de la FELCC de Cochabamba, para que verifique la actividad económica con NIT 4385146016, ubicada en la avenida Perú 1509, zona Hipódromo, esquina calle Virreinato de la ciudad de Cochabamba y remita el formulario y/o informe correspondiente con fotografías del interior y exterior de la actividad económica.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 17 de febrero de 2023, según consta en acta que cursa de fs. 49 a 50 vta.; y, 52, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Gabriela Cecilia Quispe Condori, Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en Trata y Tráfico de Personas de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia, informó lo que sigue: i) De los dos controles jurisdiccionales únicamente se le hizo conocer uno que no estaba referido a los actuados planteados en la presente acción de defensa, sino a una observación efectuada por el Ministerio Público respecto a las garantías unilaterales que tenía que otorgar el imputado a la denunciante y a los hijos de la víctima; ii) El 16 de febrero de 2023, habló con el abogado del accionante, indicándole que las fotocopias legalizadas de un contrato de trabajo deben ser extendidas por el Ministerio de Trabajo o el empleador y le aclaró que se le otorgó ese requerimiento que no ha sido cumplido hasta la fecha, insistiendo el abogado en que sea la Notaria la que informe en ese sentido, observando que la defensa del accionante trataba de hacer incurrir en error al Ministerio Público; iii) No dio curso a lo solicitado porque la petición no se adecuó en forma clara y precisa sobre lo que se debe solicitar, que era el reconocimiento de firmas y rúbricas y no que el Notario otorgue legalidad a un contrato de trabajo que no está conforme a normativa; por otra parte, no autorizó la verificación domiciliaria, porque de acuerdo al Manual de Funciones de la Policía Boliviana, el investigador asignado a cada caso, debe efectuar todos esos actos investigativos, aclarando además, que por tratarse de un proceso penal por trata y tráfico de personas, existen tratados y convenios internacionales porque es un delito de lesa humanidad y transnacional, y así claramente, la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas -Ley 263 de 31 de julio de 2012-, en su art. 37, establece la especialidad del fiscal y policía para el caso; y, iv) Conforme al Manual aludido no corresponde a la FELCC verificar si el imputado cuenta con una fuente laboral, correspondiendo que todas las comprobaciones al respecto las haga el investigador asignado al caso junto a personal de escena del crimen.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 21/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 51 a 52, denegó la tutela solicitada, exponiendo los siguientes fundamentos: a) Ciertamente se formularon solicitudes al Ministerio Público para que se emitan requerimientos a la Notaria de Fe Pública 28 de El Alto, y al Director de la FELCC de Cochabamba; cursando igualmente en antecedentes, requerimientos de 8 de febrero de 2023, que señalan que se cumpla a cabalidad lo dispuesto el 2 del mismo mes y año; b) También se señaló que acudió ante el Juez de garantías para que la Fiscal demandada informe respecto a la demora y al último control de 10 de febrero (sic); que el Juez señaló que se ponga en conocimiento del Ministerio Público; y, el requerimiento de 16 de febrero, declaró no ha lugar lo solicitado, y al punto uno se solicitó la pertinencia; y, c) Con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 204065985, se ha tramitado una acción de libertad en el Juzgado a su cargo, interpuesta por Henry Nelson Miranda Álvarez que fue resuelta el 10 de febrero de 2023, con los mismos fundamentos, concurriendo identidad de sujetos, pretensión y causa; con la única salvedad que en la actual acción de defensa se presentó los memoriales de solicitud de control jurisdiccional conforme al último proveído de febrero de 2023, que dispone ponerse a conocimiento de los representantes del Ministerio Público; sin embargo, no se señala plazo para que eleve informe y tampoco se demanda a la autoridad jurisdiccional que ejerció el control jurisdiccional; consecuentemente, esos aspectos impiden dilucidar el caso. Respondiendo a la solicitud de aclaración y complementación formulada por la parte accionante, el Juez de garantías aclaró existir una acción de libertad con identidad de sujetos, de pretensión; y, además, señaló no haberse presentado la acción de defensa contra el Juez de control de garantías.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, por Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistraturas, en cumplimiento a dichas determinaciones, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Henry Nelson Miranda Álvarez -accionante- por memorial presentado el 27 de enero de 2023, solicitó a la Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en Trata y Tráfico de Personas de El Alto del departamento de La Paz -demandada- que requiera: 1) A la Notaría de Fe Pública 28 de El Alto de La Paz, remitir el contrato de trabajo a futuro, suscrito el 17 de noviembre de 2022, entre Juan Carlos Huayhua Garnica y Henry Nelson Miranda Álvarez; 2) A Juan Carlos Huayhua Garnica -empleador-, la remisión de documentos sobre su actividad económica con NIT 4385146016; constancia de pago de impuestos, licencia de funcionamiento, certificado de registro obligatorio de empleadores y fotocopia de cédula de identidad y/o en su defecto, informe sobre tales documentos; y, 3) Al Director de la FELCC de Cochabamba, para que verifique la actividad económica con NIT 4385146016, ubicada en la avenida Perú 1509, zona Hipódromo, esquina calle Virreinato de la ciudad de Cochabamba y remita el formulario o informe correspondiente con fotografías del interior y exterior de la actividad económica; solicitud que mediante proveído fiscal de 31 del mismo mes y año, se dispuso tener presente y se considerará en su oportunidad. A través de proveído de 2 de febrero de igual año, se señaló que con carácter previo a otorgar lo solicitado, respecto al punto 1, se debía aclarar la pertinencia; en cuanto al punto 2, ordenó que se requiera conforme a lo pedido; y, al punto 3, señaló que previamente se cumpla el punto 2 (fs. 3 a 4). II.2. El 7 y 13 de febrero de 2023, el accionante volvió a reiterar a la Fiscal demandada, la solicitud de requerimientos fiscales; en respuesta, la Fiscal de Materia, emitió los Decretos de 8 y 16 de iguales mes y año (fs. 5 a 7; y, 25 a 26). II.3. El accionante el 25 de noviembre de 2022, solicitó al Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, control jurisdiccional para que conmine a la Fiscal a presentar informe sobre la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales; solicitud que mereció el Proveído de 28 del mismo mes y año, por la que la indicada autoridad, dispuso poner en conocimiento de la Fiscal demandada, para que informe en el plazo de setenta y dos horas, siendo notificada el 1 de diciembre del mismo año (fs. 15 a 19 y vta.). El 10 de febrero de 2023, el impetrante de tutela reiteró a la autoridad jurisdiccional su solicitud de conminatoria a la Fiscal demandada; emitiéndose el Decreto de 13 de similar mes y año, por el que se dispuso traslado a la Fiscal, quien fue notificada el 15 del mismo mes y año (fs. 20 a 24). II.4. De la revisión del Sistema de Gestión Procesal y página web del Tribunal Constitucional Plurinacional, se corrobora la existencia de una primera acción de libertad signado con el expediente 53975-2023-108-AL presentada por el ahora impetrante de tutela contra Gabriela Cecilia Quispe Condori, Fiscal de Materia de la Fiscalía Especializada en Trata y Tráfico de Personas de El Alto del departamento de La Paz, hoy también demandada, reclamando tutela constitucional y que se ordene a la Fiscal de Materia, emitir los requerimientos fiscales solicitados.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia lesión a su derecho a la libertad por vulneración al debido proceso en su vertiente celeridad; toda vez que, a pesar de haber solicitado y reiterado a la Fiscal de Materia demandada, la emisión de requerimientos fiscales para obtener documentación esencial para desvirtuar el riesgo procesal del art. 234.1 del CPP, dichas peticiones no fueron atendidas a pesar del control jurisdiccional activado; razón por la que se encuentra impedido de presentar solicitud de cesación a su detención preventiva. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, no es posible interponer otra acción análoga por hechos similares

La SCP 0294/2018-S2 de 25 de junio, respecto a esta temática, señaló lo siguiente:

«Con relación a la imposibilidad de plantear otra acción tutelar por hechos análogos mientras el Tribunal Constitucional Plurinacional no resuelva en revisión una acción de tutela, tiene su antecedente en la SC 1347/2003-R de 16 de septiembre, la cual establece que la interposición de un nuevo recurso -ahora acción- sobre los mismos hechos, estando el primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho y constituiría un acto temerario, que pretende lograr una duplicidad de fallos; puesto que, solo después de emitida la sentencia constitucional en revisión, y siempre que se hubiere declarado la improcedencia por cuestiones formales, que no impliquen examinar el fondo del asunto, la parte accionante podría interponer nuevo recurso -ahora acción-, cumpliendo con los requisitos extrañados.

Dicho entendimiento, fue reiterado en las SSCC 0016/2004-R de 6 de enero y 0252/2004-R de 20 de febrero; posteriormente, confirmado en la SC 1598/2011-R de 11 de octubre; razonamiento que fue asumido también por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0516/2012 de 9 de julio.

Asimismo, la SCP 1224/2014 de 16 de junio, en el Fundamento Jurídico III.5, señala: “…no se puede pretender que sea tutelado el reclamo de vulneración de su derecho a la libertad, porque le denegaron una anterior acción de libertad, a través de otra acción de libertad, cuando la misma se encuentra en revisión antes este Tribunal, el que en definitiva se pronunciará al respecto…”. Finalmente, la SCP 0088/2015-S2 de 5 de febrero, reiteró el entendimiento establecido en la SC 1347/2003-R.

En síntesis, de la jurisprudencia glosada, se advierte que el Tribunal Constitucional Plurinacional establece que el accionante no puede activar otra acción de libertad sobre los mismos hechos, estando en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo una primera acción de tutela, en cuyo caso la segunda demanda tutelar deviene en improcedente».

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes cursantes en el expediente constitucional se advierte que el accionante por memorial presentado el 27 de enero de 2023, solicitó a la Fiscal de Materia demandada que requiera: i) A la Notaría de Fe Pública 28 de El Alto de La Paz, remitir el contrato de trabajo a futuro, suscrito el 17 de noviembre de 2022, entre Juan Carlos Huayhua Garnica y Henry Nelson Miranda Álvarez; ii) A Juan Carlos Huayhua Garnica -empleador-, la remisión de documentos sobre su actividad económica con NIT 4385146016; constancia de pago de impuestos, licencia de funcionamiento, certificado de registro obligatorio de empleadores y fotocopia de cédula de identidad o en su defecto, informe sobre tales documentos; y, iii) Al Director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de Cochabamba, para que verifique la actividad económica con NIT 4385146016, ubicada en la avenida Perú 1509, zona Hipódromo, esquina calle Virreinato de la ciudad de Cochabamba y remita el formulario o informe correspondiente con fotografías del interior y exterior de la actividad económica; en respuesta la autoridad demandada, mediante providencia de 2 de febrero del mismo año, señaló con carácter previo a otorgar lo solicitado, respecto al punto 1, se debía aclarar la pertinencia; en cuanto al punto 2, ordenó que se requiera conforme a lo pedido; y, al punto 3, señaló que previamente se cumpla el punto 2. A pesar de que el 7 de febrero de 2023, reiteró su solicitud, la citada Fiscal volvió a ordenar que se cumpla lo dispuesto el 2 de febrero de 2023. El 13 del mismo mes y año, volvió a reiterar a la Fiscal demandada, su solicitud, constando que el 16 de similar mes y año, decretó no haber lugar a lo solicitado, indicando que se solicitó justificar la pertinencia de lo pedido puesto que las notarías no están facultadas para emitir copias legalizadas de contratos de trabajo conforme establece la Ley del Notariado Plurinacional -Ley 483 de 25 de enero de 2014-; debiendo la parte impetrante solicitar aspectos que conlleva el trabajo que hubiese realizado, por lo que debe efectuarse la solicitud de información en forma precisa; y respecto a la solicitud de requerimiento a la FELCC de Cochabamba, por la naturaleza del caso, conforme la Ley 263, cuenta con investigador especial en la División de Trata y Tráfico de Personas, debiendo adecuar su solicitud conforme a procedimiento (Conclusión II.2). En ese contexto, el accionante el 25 de noviembre de 2022, solicitó al Juez de Instrucción Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, control jurisdiccional para que conmine a la Fiscal a presentar informe sobre la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales; solicitud que mereció el Proveído de 28 del mismo mes y año, por la que la indicada autoridad, dispuso poner en conocimiento de la Fiscal demandada, para que informe en el plazo de setenta y dos horas, siendo notificada el 1 de diciembre del mismo año. Posteriormente, el 10 de febrero de 2023, reiteró a la autoridad jurisdiccional su solicitud de conminatoria a la Fiscal demandada; emitiéndose el Decreto de 13 de similar mes y año, por el que se dispuso traslado a la fiscal, quien fue notificada el 15 del mismo mes y año. Los mencionados antecedentes, fueron puestos en conocimiento del Juez de garantías, quien al pronunciar la Resolución 21/2023 de 17 de febrero, denegó la tutela por haberse presentado otra acción de libertad anterior con identidad de sujeto, objeto y causa. Verificada dicha información en el sistema informático de este Tribunal Constitucional Plurinacional se corrobora la existencia del expediente 53975-2023-108-AL correspondiente a la acción de libertad recibida en este Tribunal el 16 de marzo de 2023 -con anterioridad a la presente demanda tutelar- presentada por el mismo impetrante de tutela, reclamando tutela constitucional y que se ordene a Gabriela Cecilia Quispe Condori, Fiscal de Materia Especializada en Trata y Tráfico de Personas de El Alto de La Paz -ahora también demandada-, emitir los requerimientos fiscales cuyo pronunciamiento impetra también en la presente acción de libertad. El Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ha establecido que no es posible activar otra acción de libertad sobre los mismos hechos, estando en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo una primera acción de tutela, en cuyo caso la segunda demanda tutelar deviene en improcedente. Ahora bien, el entendimiento asumido en el Fundamento Jurídico referido, resulta aplicable en el presente caso; toda vez que, al haberse constatado en el sistema informático de seguimiento de este Tribunal la existencia del expediente 53975-2023-108-AL que corresponde a una anterior acción de libertad similar a la presente; es decir, contra la misma demandada, denunciando los mismos actos lesivos y con el mismo petitorio, cual es la emisión de requerimientos fiscales para obtener documentación con la finalidad de desvirtuar el riesgo procesal del art. 234.1 del CPP; en ese contexto se corrobora que la anterior acción de libertad se refiere a los mismos hechos que se denuncian en la presente acción tutelar, existiendo identidad de sujeto, objeto y causa; por consecuencia, estando el primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, lo cual no es conforme a derecho y constituiría un acto temerario, que pretende lograr una duplicidad de fallos, corresponde denegar la tutela impetrada sin ingresar al análisis de fondo. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 21/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 51 a 52, pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal Octavo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Boris Wilson Arias López MAGISTRADO

Notas al pie

1 https://buscador.tcpbolivia.bo/busqueda-expediente

2 El FJ III.1, señala: “Toda acción tutelar de derechos y garantías debe concluir con la Resolución del Tribunal Constitucional que conoce en revisión los fallos pronunciados por el Juez o Tribunal de amparo, conforme prescriben los arts. 19.IV CPE y.

102.V LTC. A partir de esa Sentencia dictada en revisión, y sólo en caso de que la misma hubiera declarado la improcedencia del recurso por cuestiones formales que no significan el análisis del fondo del asunto, la parte recurrente podrá intentar un nuevo recurso cumpliendo con todos los requisitos extrañados, para lograr un pronunciamiento sobre el fondo de su petición; lo contrario, es decir la interposición de un nuevo recurso sobre los mismos hechos, estando el primero en trámite y sin contar con un pronunciamiento definitivo, no es conforme a derecho, constituyendo un acto temerario que pretende lograr una duplicidad de fallos sobre un mismo hecho, induciendo a error a los Tribunales de garantías”.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0086_2026-S3.pdf · páginas 1 a 10.

Huella digital del PDF (SHA-256): e88b7c5a99169115377e9ce628cb3d5ad48cb35a2eec16c81a6cb33cc789336d

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →