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SCP 0086/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de febrero de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
19 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
57615-2023-116-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, y a la garantía al debido proceso en su vertiente derecho a recurrir o impugnar, y a ser oído por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial; toda vez que, al sustanciarse la audiencia virtual de resolución de su recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 29 de junio de 2023, que mantuvo su detención preventiva, pese a haberse constatado su conexión desde el Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba -aunque con dificultades técnicas de audio y video-, la Vocal demandada dio por desistido el recurso por una supuesta inasistencia, y dio por concluida la audiencia sin permitir que su abogado defensor exponga los agravios ni considerar que depende de los medios tecnológicos y de conectividad provistos por la administración penitenciaria. Ante ello, la autoridad demandada señala que, tanto el impetrante de tutela como su abogado defensor y el “Gobernador” del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba, fueron debidamente notificados con el señalamiento de audiencia virtual de 1 de agosto de 2023, mediante decreto de “28” de julio del mismo año, con tiempo suficiente para que se adopten previsiones respecto de eventuales contingencias técnicas; por lo que, en ese acto procesal, se declaró desistida la apelación incidental por falta de expresión de agravios. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o d…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 7/2023 de 9 de agosto, cursante de fs. 23 a 26, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, manteniendo los mismos efectos dispuestos por el citado Tribunal.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Procedimiento del recurso de apelación incidental en ausencia o retraso del imputado a la audiencia convocada.
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0086/2026-S2 Sucre, 19 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 57615-2023-116-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 7/2023 de 9 de agosto, cursante de fs. 23 a 26, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Franz Antonio Lira Quiroga en representación sin mandato de Apolinar Pérez Fernández contra Zullma Raíza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de agosto de 2023, cursante de fs. 1 a 6, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Valerio Condori Serrano en su contra, por la presunta comisión del delito previsto en el art. 308 Bis del Código Penal (CP), El 29 de junio de 2023 se llevó a cabo, ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Quillacollo del Departamento de Cochabamba, la audiencia de consideración de la cesación de la detención preventiva que cumple en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba. En dicha audiencia, mediante Auto Interlocutorio de 29 de junio de 2023, se dispuso rechazar la solicitud de cesación de la detención preventiva, manteniendo incólume la medida cautelar, por lo que interpuso recurso de apelación incidental.

Radicado el recurso de apelación incidental en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante decreto de 26 de julio de 2023 fue admitido y se fijó audiencia virtual para el 1 de agosto del mismo año, a horas 15:30, disponiendo además “…la notificación del Gobernador del Recinto Penitenciario (…) a los fines de que asegure el enlace del imputado (…) a la audiencia señalada, bajo su responsabilidad” (sic). El 1 de agosto de 2023, a la hora fijada, se conectaron a la audiencia virtual su abogado defensor, el representante del Ministerio Público, el abogado y el representante de la supuesta víctima y, su persona desde el Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba; sin embargo, durante el desarrollo de la audiencia se presentaron problemas de conectividad, de modo que en ciertos momentos únicamente se escuchaba el audio de su persona y, en otros, su imagen aparecía por unos segundos para luego interrumpirse la señal. Pese a que se informó sobre las dificultades técnicas de conexión y a que fue posible constatar visualmente su presencia en la audiencia virtual, Zullma Raíza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandada-, sin permitir que su abogado defensor exponga los agravios del recurso, dio por desistido el recurso de apelación incidental por la supuesta falta de presencia adecuada de su persona en la audiencia virtual y declaró concluida la audiencia virtual; soslayando que no cuenta con dispositivos tecnológicos propios y depende enteramente de los medios que le provee la administración del penal para su conexión, por lo que las fallas de conectividad no le son atribuibles.

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerados

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derechos a la libertad, y a la garantía al debido proceso en su vertiente de derecho a recurrir o impugnar, y a ser oído por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, citando al efecto los arts. 15, 115.II y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se ordene a la autoridad demandada sustanciar y llevar a cabo la audiencia de recurso de apelación incidental interpuesta contra el Auto Interlocutorio de 29 de junio de 2023, a efecto de que pueda exponer y fundamentar los agravios relativos a la decisión que mantuvo su detención preventiva; y, b) Se conmine al Gobernador y/o Director del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba para que adopte las medidas necesarias a fin de asegurar y facilitar un dispositivo tecnológico idóneo y la conectividad requerida, para que pueda participar efectivamente en la audiencia virtual.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 9 de agosto de 2019, según consta en el acta cursante a fs. 22 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su abogado ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Zullma Raíza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito cursante de fs. 19 a 21, sostuvo que: 1) El accionante se limita a efectuar una descripción extensa de los antecedentes procesales y a afirmar la vulneración de su derecho al debido proceso con argumentos meramente subjetivos, que no reflejan en modo alguno los verdaderos fundamentos expuestos en el Auto de Vista de 1 de agosto de 2023; 2) Tanto el ahora impetrante de tutela como su abogado defensor y el “Gobernador” del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del citado departamento fueron debidamente notificados con el señalamiento de la audiencia virtual fijada a través del decreto de “28” de julio del mismo año, contando con tiempo suficiente para prever eventuales problemas técnicos que pudieran suscitarse durante su desarrollo, en la cual se determinó declarar desistida la apelación por falta de expresión de agravios, puesto que el imputado apelante no se conectó a la audiencia virtual; 3) Emitió el Auto de Vista de “…18 de abril de 2023…” (sic) en el marco de la competencia limitada prevista en los arts. 113, 396 y 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), respetando las normas procesales penales vigentes; y, 4) En consecuencia, solicita se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Participación del Ministerio Público

Jair Jesús Mérida Murillo, Fiscal de Materia, en audiencia, solicitó se verifique si la acción de defensa interpuesta cumple con los requisitos de procedencia previstos en el art. 47 del Código Procesal Constitucional (CPCo), y su denegatoria de tutela en caso de no cumplirse con las prerrogativas procesales.

I.2.4. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 7/2023 de 9 de agosto, cursante de fs. 23 a 26, concedió la tutela solicitada; y, en consecuencia, dejó sin efecto “el Auto” de 1 de agosto de 2023, disponiendo que, la Vocal demandada dentro de las veinticuatro horas siguientes a su legal notificación, señale día y hora de audiencia para considerar el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 29 de junio de igual año, en observancia de los extremos desarrollados en la propia resolución; con base en los siguientes fundamentos: i) En la audiencia virtual de 1 de agosto de ese año, señalada para sustanciar el recurso de apelación incidental contra el señalado Auto Interlocutorio, se habría conectado el ahora accionante desde el Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba, pero con problemas de conectividad: inicialmente sólo se escuchaba su audio y, luego, su imagen se vio por unos segundos; empero, dichos extremos no fueron considerados; ii) De la revisión del “…ACTA DE AUDIEINCIA PUBLICA DE VISTA Y RESOLUCION DE APELACION INDIDENTAL DE MEDIDA CAUTELAR…” (sic), se advierte que ésta informa sobre la insistencia del imputado y recurrente, y no así sobre su inasistencia, advirtiéndose además la conexión de su abogado particular, contrario a lo señalado por la autoridad demandada en su informe; y, iii) Correspondía conceder la palabra al abogado de la parte ahora peticionante de tutela, a efectos de que informe los motivos por los cuales su defendido no se encontraba presente en la audiencia señalada, puesto que el nombrado sí pretendió ingresar a la audiencia virtual, pero se vio obstaculizado por problemas técnicos de conectividad y no por desinterés o inasistencia voluntaria.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025 (fs. 31), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 4 de febrero de 2026 (fs. 35); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa providencia de 26 de julio de 2023, por el cual la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba señaló audiencia para vista y resolución de la apelación incidental, fijándola para el martes 1 de agosto de 2023 a horas 15:30, disponiendo la notificación del “…Gobernador del Recinto Penitenciario ʽSAN SABASTIAN VARONES’” (sic) a los fines de que asegure el enlace del imputado Apolinar Pérez Fernández -ahora accionante-, a la audiencia señalada, bajo su responsabilidad (fs. 15).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad, y a la garantía al debido proceso en su vertiente derecho a recurrir o impugnar, y a ser oído por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial; toda vez que, al sustanciarse la audiencia virtual de resolución de su recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 29 de junio de 2023, que mantuvo su detención preventiva, pese a haberse constatado su conexión desde el Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba -aunque con dificultades técnicas de audio y video-, la Vocal demandada dio por desistido el recurso por una supuesta inasistencia, y dio por concluida la audiencia sin permitir que su abogado defensor exponga los agravios ni considerar que depende de los medios tecnológicos y de conectividad provistos por la administración penitenciaria. Ante ello, la autoridad demandada señala que, tanto el impetrante de tutela como su abogado defensor y el “Gobernador” del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba, fueron debidamente notificados con el señalamiento de audiencia virtual de 1 de agosto de 2023, mediante decreto de “28” de julio del mismo año, con tiempo suficiente para que se adopten previsiones respecto de eventuales contingencias técnicas; por lo que, en ese acto procesal, se declaró desistida la apelación incidental por falta de expresión de agravios. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Procedimiento del recurso de apelación incidental en ausencia o retraso del imputado a la audiencia convocada.

Jurisprudencia reiterada

Con relación al procedimiento que debe seguirse en las audiencias de recursos de apelación incidental en ausencia o retraso del imputado a la audiencia convocada, la SCP 1235/2025-S2 de 22 de octubre, estableció que: «La Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, introdujo cambios sustanciales al Código de Procedimiento Penal para agilizar la tramitación de causas penales; entre estos, con relación al recurso de apelación incidental contra resoluciones sobre medidas cautelares personales, norma que modificó el sistema de turno de salas para estos casos y estableció, en su Disposición Transitoria Décima Tercera, que el Tribunal Supremo de Justicia debía reglamentar en un plazo máximo de treinta días las conductas y medidas disciplinarias del poder ordenador y disciplinario en audiencias penales, conforme al art. 339 del CPP, con el fin de dinamizar el desarrollo de las audiencias durante todo el proceso penal.

Al respecto, la SCP 1564/2022-S4 de 28 de noviembre estableció que: “…el Tribunal Supremo de Justicia en cumplimiento a ese mandato legal emitió el ´Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal´, en cuyo art. 25 en cuanto a la tramitación de la audiencia de vista y resolución del recurso de apelación incidental de medida cautelar, estableció que: 'I. La incomparecencia del imputado no justificada, tendrá los efectos previstos por el Código de Procedimiento Penal. II. La inasistencia del imputado a los Tribunales de alzada, como efecto de los recursos de apelaciones restringidas, incidentales y/o de medidas cautelares, encontrándose presente el abogado defensor, no será causal de suspensión debiendo el abogado defensor exponer el alegato correspondiente'. Respecto a la normativa precitada la SCP 0583/2020-S3 de 24 de septiembre, desarrolló el siguiente entendimiento: ‘De la disposición reglamentaria citada, se tiene que el legislador a través del máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria, instituyo parámetros para el desarrollo de la audiencia de vista y resolución de la apelación incidental de medida cautelar, estableciendo que ante una situación de inconcurrencia del imputado o acusado a esa actuación procesal pero si de su abogado defensor, dicho extremo no es causal de suspensión, debiendo el abogado defensor exponer los alegatos correspondientes; Sin embargo de aquello, este Tribunal considera pertinente establecer que la disposición de referencia, corresponde ser aplicada en el marco de lo establecido por el art. 115.II de la CPE, que garantiza el derecho a la defensa de todo imputado o acusado, derecho que no está constreñido únicamente a la defensa técnica a ser ejercida por un letrado, sino también a la defensa material que es una garantía fundamental que se encuentra latente durante todo el cauce procesal, cuyo ejercicio no puede ser coartado al procesado bajo ningún concepto pues una actuación en ese sentido implicaría una flagrante vulneración de la citada disposición constitucional y lo dispuesto por el art. 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el cual estipula que toda persona inculpada tiene derecho de ´…defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor.’ (…) …en cambio respecto a la situación de los imputados con detención preventiva se llega a la conclusión de que los mismos merecen un análisis distinto, tomando en cuenta que si bien en esos casos, tampoco es exigible una notificación personal, su comparecencia a la audiencia para el ejercicio del derecho a la defensa material, no depende de su propia voluntad, sino de una decisión judicial que autorice su salida del recinto carcelario y facilite su comparecencia a la audiencia programada, sea o no el apelante. (…) …en caso de los privados de libertad, igualmente se verifique cual el impedimento que generó su inasistencia, si se debe a su negligencia, a motivos de falta de emisión de orden de salida y traslado, o en el caso de audiencias virtuales, si el privado de libertad contaba con el medio informático para acceder a la misma”. De lo señalado, se infiere que la inconcurrencia del imputado o acusado a una audiencia de medidas cautelares puede deberse también a causas justificadas, como por ejemplo que al estar detenido preventivamente el personal policial encargado de conducirlo al acto demore -tratándose de una audiencia presencial-; o, que en el centro penitenciario no pueda acceder a una computadora, al servicio de internet -para el caso de una audiencia virtual-; es decir, su conexión no depende de él, supuestos en los que este Tribunal procedió a conceder la tutela; empero, cuando la persona es sometida a medidas cautelares de detención domiciliaria las razones para su inasistencia a las audiencias virtuales se reducen, ya que, la conexión al acto depende enteramente de la voluntad. En este sentido, la SC 0919/2004-R de 15 de junio, sostuvo que: “...no existe indefensión, cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso, o ha dejado de intervenir en él por un acto de su propia voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a la defensa por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el que por propia voluntad o por dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo; así en la SC 287/2003-R, de 11 de marzo, citando jurisprudencia comparada, ha señalado que 'la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad…"».

III.2. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes cursantes en el expediente, así como de los extremos no controvertidos por las partes, se establece que:

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante providencia de 26 de julio de 2023, admitió el recurso de apelación incidental formulado por el ahora accionante y señaló audiencia virtual para el 1 de agosto de igual año a horas 15:30, disponiendo además la notificación al “Gobernador” del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba a objeto de que asegure el enlace del imputado, “bajo su responsabilidad” (Conclusión II.1). Llegada la fecha, la audiencia se instaló con presencia del abogado defensor, del representante del Ministerio Público y de la parte víctima. Respecto a la comparecencia del imputado, la autoridad demandada sostiene que éste no se conectó y que no se expresaron agravios, mientras que el Tribunal de garantías, sobre la base de la valoración del acta de audiencia de alzada, concluyó que el accionante intentó conectarse desde el Centro Penitenciario, advirtiéndose dificultades de conectividad. La autoridad demandada determinó dar por desistido el recurso de apelación incidental por “falta de expresión de agravios” y declaró concluida la audiencia por desistimiento.

Sobre esa base fáctica, corresponde aplicar el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, del cual se desprende que, en audiencias de apelación incidental vinculadas a medidas cautelares y tratándose de imputados con detención preventiva, su comparecencia y ejercicio de defensa material no dependen enteramente de su voluntad, por lo que la autoridad de alzada tiene el deber de verificar la causa concreta de la inasistencia, retraso o participación deficitaria, particularmente en audiencias virtuales, determinando si el privado de libertad contaba con el medio informático y la conectividad necesarios o si el impedimento obedeció a factores institucionales que afecten su derecho a la defensa material de forma que solo cuando se establezca que la falta de intervención se debió a un acto voluntario o a negligencia atribuible al propio imputado, puede descartarse la existencia de indefensión. En el caso concreto, los argumentos de la Vocal demandada, centrados -principalmente-, en que la parte accionante debió prever eventuales contingencias técnicas por haberse practicado la notificación con antelación suficiente, no pueden desvirtuar la acción de libertad en la medida en la que la audiencia virtual involucraba a un imputado privado de libertad, cuya participación dependía materialmente de los medios tecnológicos y de conectividad provistos por la administración penitenciaria; circunstancia que fue expresamente reconocida por la propia autoridad demandada al disponer, mediante providencia de 26 de julio de 2023, que el “Gobernador” del Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba, asegure el enlace

“bajo su responsabilidad”. En ese contexto, la supuesta falta de conexión no podía ser asumida automáticamente como desistimiento del recurso, sin antes verificar el impedimento real y desplegar medidas razonables que impone el poder ordenador para viabilizar la comparecencia. Entonces, conforme a la jurisprudencia constitucional aplicable, desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad de alzada se encontraba obligada a verificar la causa del impedimento y, en ejercicio de su poder ordenador, disponer los actos conducentes para viabilizar su comparecencia y participación efectiva, adoptando las medidas necesarias para remover el obstáculo técnico y evitar que éste se traduzca en la frustración del derecho a la defensa material y del derecho a impugnar una decisión que incide directamente en la libertad personal; criterio concordante con el art. 113 del CPP, que impone a la autoridad jurisdiccional el deber de asegurar la continuidad del acto, motivo por el cual amerita conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 7/2023 de 9 de agosto, cursante de fs. 23 a 26, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de Quillacollo del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, manteniendo los mismos efectos dispuestos por el citado Tribunal. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0086_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.

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