Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 12 de marzo de 2025
Deniega la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en los elementos fundamentación, motivación y tutela judicial efectiva, así como del principio de verdad material, porque las autoridades demandadas, dentro de incidente de división y partición de bienes gananciales, emitieron el Auto de Vista 68/2024 de 24 de mayo, mediante el cual dieron prevalencia a la verdad formal por sobre la material y dispusieron que prosiga el remate del bien inmueble inscrito a su nombre, sobre la base de resoluciones que cuentan con la calidad de cosa juzgada formal, sin considerar que el ahora tercero interesado -su ex concubino- debe cumplir el Auto de Vista 176/2021 de 5 de noviembre, emitido por la Sala Civil y Comercial, Familia Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dentro de proceso ordinario de anulabilidad de documentos, que se constituye en cosa juzgada material. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 180/2024 de 6 de septiembre, cursante de fs. 164 vta. a 167 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0086/2025-S3 Sucre, 12 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 67189-2024-135-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 180/2024 de 6 de septiembre, cursante de fs. 164 vta. a 167 vta, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Betty Acebey Serrano contra Silvia Jaqueline Martínez Blacutt y Freddy Pérez Chavarría, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 12 de agosto y 2 de septiembre de 2024, cursantes de fs. 91 a 104 y 107 a 116 vta., la accionante manifestó que:
Dentro del proceso de división y partición de bienes gananciales seguido por David Alcides López Coulthard -ahora tercero interesado- la impetrante de tutela planteó incidente de 25 de abril de 2022, que fue resuelto por Auto Interlocutorio de 20 de junio del mismo año, que ordenó la suspensión del remate del bien inmueble ganancial de la urbanización “El Palmar”, ubicado en la Unidad Vecinal 171, manzana 63, lote 1 e inscrito a su nombre Betty Acebey Serrano en Derechos Reales (DD.RR.) bajo la Matrícula 7.01.101.0006097, mientras el referido tercero interesado acate lo dispuesto en el Auto de Vista 176/2021 de 5 de noviembre, emitido por la Sala Civil y Comercial, Familia Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera de Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz pronunciado dentro de una demanda ordinaria de anulabilidad de contratos incoada ante el Juzgado Público de Familia Décimo de la Capital del citado departamento por aquella contra el referido David Alcides López Coulthard, que fue declarada probada con relación al Testimonio de Escritura Pública 15/2013 de 30 de abril de transferencia del inmueble con matrícula 7.01.1.06.0030469 y el contrato de préstamo de dinero de 14 de septiembre de 2012 entre la empresa Asia Pacífico Internacional Ltda. y el demandado por la suma de $us20 000.- (veinte mil dólares estadounidenses), quien suscribió sin el consentimiento de la impetrante de tutela, en base a lo que determinó la cancelación del 50% de la transferencia del inmueble con la referida matrícula, así como la anulabilidad del citado contrato de préstamo. Sin embargo, planteada reposición con alternativa de apelación por David Alcides López Coulthard contra dicho Auto Interlocutorio de 20 de junio de 2022, se emitió el Auto de 7 de febrero de 2023, que repuso el impugnado Auto y determinó que se rechace la solicitud de paralización de remate de dicho bien inmueble, y que acuda al Juez Público de Familia Décimo dela Capital del mismo departamento, que conoció el proceso de anulabilidad de contratos para reclamar allí que se haga respetar su derecho ganancial; en consecuencia, la solicitante de tutela planteó apelación el 1 de agosto de 2023, que fue resuelta por las Vocales ahora demandadas, a través del Auto de Vista 68/2024 de 24 de mayo, que confirmó el señalado Auto de 7 de febrero de 2023. Al efecto, la indicada Sala asumió el criterio relativo a que el Auto Definitivo de 21 de marzo de 2019 y el Auto de Vista de 15 de agosto del mismo año constituyen calidad de cosa juzgada, sobre los cuales se encuentra tramitándose la ejecución de fallo, por lo que habría sido erróneo que se dispusiera la suspensión de remate del citado bien ganancial, pues se estaría desconociendo del mencionado Auto Definitivo de 21 de marzo de 2019, en cuyo contexto, no se debían realizar nuevas valoraciones. Sin embargo, dichos criterios no son correctos, pues el último Auto mencionado no es definitivo, ya que solo se sujetaba al trámite de recurso de apelación, al no existir en el proceso de división de bienes gananciales el recurso de casación, pues emergió de un proceso concluido de unión libre y no así de un proceso ordinario de división, al amparo del art. 421 inc. c) del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF); por ello, no puede ser considerado como una resolución judicial definitiva e inamovible, la cual solo puede darse dentro de un proceso ordinario de anulabilidad, en el que procede la cosa juzgada material. Dichas Vocales confunden la cosa juzgada formal con la material, en base a una incorrecta aplicación de normas y jurisprudencia como se advierte en los considerandos III.3 y 4 del cuestionado Auto de Vista, pues las resoluciones dictadas en el proceso incidental no producen cosa juzgada material, debido a la posibilidad de ser modificables posteriormente, ya que no resuelven un derecho sustancial, y constituyen cosa juzgada aparente. De esa forma las autoridades demandadas vulneraron su derecho al debido proceso en su vertiente fundamentación, pues estas debían aplicar la cosa juzgada material asumida en el proceso ordinario de anulabilidad, con preferencia a la resuelta en el procedimiento de división; al efecto en los Considerandos III.3, 4 y 5 del Auto de Vista cuestionado, erróneamente tomaron en cuenta que las resoluciones mencionadas solo reconocían un bien ganancial para dividir que es el registrado a nombre de la accionante, pero no los que transfirió el tercero interesado, menos resolvieron la entrega del cincuenta por ciento del señalado préstamo en la suma de $us20 000.-, de esa forma se afectó su derecho a recibir la parte ganancial que le correspondía, con lo que incumplieron con el principio de verdad material. Asimismo, la jurisprudencia constitucional determinó que no existe cosa juzgada si se vulneraron derechos fundamentales, conforme sucedió en el presente caso, pues esta es solo aparente.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y tutela judicial efectiva, así como del principio de verdad material, a cuyo efecto citó los arts. 115.I y II y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y se disponga se deje sin efecto el Auto de Vista 68/2024 y ordene a los Vocales demandados que dicten uno nuevo.
Celebrada la audiencia pública virtual el 6 de septiembre de 2024, según consta en acta cursante de fs. 160 a 167 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de la acción de amparo constitucional y ampliándola señaló que: a) Ante la persistencia de la subasta que se pretende suspender, no existe otra manera de garantizar a la accionante que el tercero interesado le devuelva la parte de los bienes que ya dispuso, por lo que el Auto de Vista 68/2024 afectó el derecho a la tutela judicial efectiva de la nombrada, ya que por un lado fue acogido el recurso de reposición bajo alternativa de apelación y, por otro, no se reconoció el efecto de la Sentencia del proceso ordinario de anulabilidad de contratos, donde se demostró que existe otro bien que el tercero interesado transfirió y una suma de dinero que prestó sin el consentimiento de la ahora accionante. De esa forma, se desconoció el principio de verdad material y se prefirió beneficiar a dicho tercero interesado; b) Los demandados pretenden aplicar la verdad formal, frente a la material, pues existen dos procesos uno de división y partición y otro ordinario de anulabilidad; entonces no es posible intentar rematar el inmueble de la accionante a petición del señalado tercero interesado; y, c) En cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva, la SCP 0679/2018 de 23 de octubre en su “inciso b)” hizo referencia a que dicho derecho implica lograr un pronunciamiento judicial sobre el correspondiente conflicto y que sea cumplida y ejecutada, en ese marco, los demandados indicaron que la accionante “…acuda [a] este Juez pero [este] no da tutela al derecho” (sic), en ese marco, no existe manera de garantizar que la accionante sea restituida en la parte que le corresponde.
Freddy Pérez Chavarría y Silvia Jackeline Martínez Blacutt, Vocales de la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe escrito cursante de fs. 126 a 129, solicitaron que se deniegue la tutela, sobre la base de los siguientes argumentos: 1) La accionante no cumple con los presupuestos constitucionales de la doctrina de las auto restricciones para que se conceda la tutela, si bien existen excepciones, para ello deben cumplirse con ciertos requisitos, previstos en la SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril; sin embargo, la presente demanda no cumplió con ninguno de ellos; 2) La impetrante de tutela utilizó esta acción de amparo como si fuera otra instancia ordinaria más, con lo que ignoró lo sostenido por la SC 1358/2003-R de 18 de septiembre, pues expuso los mismos argumentos de sus recursos ordinarios, que ya han sido resueltos por la jurisdicción ordinaria; 3) Es inaceptable suspender el remate del inmueble con matrícula 7.01.101.0006097 -con respecto al cual existe Sentencia ejecutoriada- a causa de la existencia del inmueble con Matrícula 7.01.1.06.0030469 “DE OTRA SENTENCIA EJECUTORIADA, EN OTRO PROCESO” (sic); y, 4) No puede existir doble valoración sobre un litigio ya resuelto, por lo que corresponde ejecutar lo determinado por el Auto Definitivo de 21 de mayo de 2019, confirmado por el Auto de Vista de 15 de agosto del mismo año, por la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. 1.2.3. Intervención del tercero interesado David Alcides López Coultard, en audiencia, a través de su abogado señaló: De acuerdo al informe de las autoridades demandadas se “…demuestra la manifiesta improbabilidad de este tipo de acción de amparo constitucional…” (sic), por lo que solicitó que se resuelva esta demanda conforme a derecho. 1.2.4. Resolución La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 180/2024 de 6 de septiembre, cursante de fs. 164 vta. a 167 vta y su complementación a fs. 167 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Efectivamente en materia familiar no existe cosa juzgada material, sino formal porque dentro de todo trámite de división y partición de bienes se debe averiguar cuáles son los bienes que corresponden a la comunidad de gananciales y se tiene que en el presente caso se está pretendiendo la paralización del remate de un bien registrado bajo Matrícula 7.01.1.01.0006097, hasta que se cumpla con lo dispuesto en otro proceso civil de anulabilidad de documento, en el cual se dispuso que se haga la cancelación o la compensación del cincuenta por ciento de lo que habría transferido el tercero interesado, según lo dispuso el Auto de Vista de 5 de noviembre de 2021, empero el mismo dispone que ello se dé en ejecución de sentencia de ese proceso ordinario, no se refería a otro proceso civil -o en este caso, familiar-, en aquel, la ahora accionante cuenta con la vía legal para lograr que se cumpla la decisión en la medida en que se determinó y fue por ello que la accionante solicitó la hipoteca judicial, pero el Juez “Calixto Rodríguez”, mediante providencia de 8 de abril de 2022, dispuso, que previo a resolver lo que correspondía por ley, debería resolverse la “‘…nulidad…”’; ii) Las medidas cautelares son para asegurar una sentencia y si “…tiene que esperar resolver una anulabilidad entonces el que está viniendo a retardar un proceso (…) es el juez en el proceso ordinario civil…” (sic); iii) No se evidencia en qué forma, en el proceso familiar, se está vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva;y, iv) En el proceso civil es en el que se tendrían que hacer los reclamos pertinentes, pero no así en el proceso familiar, donde tampoco se encuentra la vulneración del derecho al debido proceso, pues está esgrimiendo la fundamentación suficiente, en el entendido de que no existe ninguna condicionante para paralizar un remate bajo otro proceso ordinario civil. La accionante planteó solicitud de complementación y enmienda bajo los siguientes términos: “…son procesos familiares ambos y porque este proceso según la competencia no se puede ver dentro de un ju[z]do civil, sino dentro de…” (sic) uno familiar, por tratarse de bienes gananciales. En atención a dicha solicitud, la Sala citada Constitucional dispuso: Cuando se trata de temas familiares, “…vinculan a[l] Juez que tiene que ver ese tema de carácter familiar…” (sic); sin embargo, el mismo no tiene incidencia en este proceso porque dichos procesos se tramitan por cuerda separada, empero para fines de que la sentencia quede enmendada, corresponde señalar que se trata de un proceso de anulabilidad de contrato radicado ante el Juez Público de Familia Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Mediante Auto Constitucional 338/2024-CA/S de 8 de noviembre, cursante de fs. 559 a 562, se resolvió la solicitud de adelanto de sorteo de la accionante, disponiendo el mismo; por lo que, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
Consta Auto de Vista 176/2021 de 5 de noviembre, dictado por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dictada dentro de proceso ordinario de anulabilidad de contratos, que revocó la Sentencia 298/19 de 12 de julio, dictada por la Jueza Pública de Familia Décima de la Capital de dicho departamento, declarando: a) La anulabilidad de la transferencia realizada a través del Testimonio de la Escritura Pública 15/2013 de 15 de enero, registrado en el asiento A-2 de 30 de abril de 2013, por David Alcides López Coulthard a favor de Julia Montaño Ibarra sobre el bien inmueble con Matrícula 7.01.1.06.0030469, por no existir consentimiento de Betty Acebey Serrano, debiendo en ejecución de sentencia disponerse la cancelación del 50% del referido asiento, que le corresponde a esta, o en su caso la compensación económica del 50% del valor del bien inmueble señalado; y, b) La anulabilidad del contrato de préstamo de dinero de 14 de septiembre de 2012, disponiendo que la “Sociedad Asia Pacífico Latinoamérica Limitada” (Ltda.) representada por Michiaki Nagatani Morishita, cancele el 50% del dinero otorgado en préstamo, sea en favor de Betty Acebey Serrano (fs. 173 a 177).
Por Auto Interlocutorio de 20 de junio de 2022, dictado por el Juez Público de Familia Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, dentro de proceso de reconocimiento de unión libre, en la vía incidental de división y partición de bienes gananciales, seguido por David Alcides López Coulthard contra Betty Acebey Serrano, se dispuso la paralización del proceso de remate del bien inmueble ubicado en la Urbanización El Palmar, U.V. 171, Manzana 63, Lote 1 inscrito en DD.RR. bajo la matrícula 7.01.101.0006097 registrado a nombre de Betty Acebey Serrano, en tanto David Alcides López Coulthard no cumpla lo dispuesto en el proceso en el proceso ordinario de anulabilidad por Auto de Vista 176/2021 de 5 de noviembre, que dictó la Sala Civil, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 2 a 5). II.3. Mediante memorial presentado el 17 de agosto de 2022, David Alcides Lopez Coultard planteó recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto de 20 de junio de ese año (fs. 13 a 15). II.4. A través de Auto 263/2023 de 7 de febrero, se dispuso dejar sin efecto el Auto de 20 de junio de 2022; asimismo, rechazó la solicitud de paralización de remate del inmueble en cuestión, como la de conminatoria al demandante David Alcides López Courthard a cancelar el 50% del valor del inmueble bajo Matrícula 7.01.1.06.0030469 y la restitución de igual porcentaje del dinero prestado a la “Sociedad Asia Pacífico Latinoamérica” Ltda., disponiendo que la incidentista acuda a la vía correspondiente para hacer valer su derecho, bajo el fundamento de que el Auto de Vista 176/2021 de 5 de noviembre fue dictado en un proceso ordinario de anulabilidad y que en ninguna parte dispuso efectos sobre el proceso de división y partición, donde se tramita en ejecución de sentencia el remate del inmueble con Matrícula 7.01.101.0006097 (fs. 30 a 34 vta.). II.5. Por memorial presentado el 1 de agosto de 2023 ante el Juzgado Público de Familia Decimoprimero de la referida Capital y departamento, la ahora accionante planteó apelación contra el Auto de 7 de febrero de 2023 (fs. 37 a 41). II.6. Consta Auto de Vista 68/2024 de 24 de mayo, dictado por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante el cual se dispuso confirmar el Auto 263/2023 de 7 de febrero, con base en los siguientes fundamentos: 1) El proceso de comprobación judicial de unión libre conyugal, está en etapa de ejecución de sentencia, sobre el cual se tramitó, en la vía incidental, la demanda de división y partición de bienes gananciales planteada por el ahora tercero interesado, que mereció el Auto Definitivo de 21 de marzo de 2019, el cual individualizó y dividió los bienes gananciales de las partes procesales, el cual fue ratificado por el Auto de Vista de 15 agosto del mismo año, constituyendo cosa juzgada, ante lo cual el Auto de 20 de junio de 2022, de forma errada dispuso la suspensión del remate del inmueble declarado ganancial, en desconocimiento del Auto Definitivo de 21 de 2019; 2) En los procesos que se hallan en ejecución de sentencia, la autoridad judicial no puede realizar nuevas valoraciones, pues se deben restringir al trámite de ejecución conforme al debido proceso, en este caso, no se podrá realizar una doble valoración sobre el litigio ya resuelto; 3) Por mandato legal la autoridad judicial que emitió una decisión es quien se encuentra en la obligación de la ejecución del fallo emitido, siempre que el mismo tenga calidad de cosa juzgada, no pudiendo delegar esa función a otros organismos y sin que ello implique la modificación o alteración de lo resuelto en el Auto Definitivo apelado, correspondiendo que en ejecución de sentencia se cumpla con lo determinado en el fallo, por lo que no se evidencia ningún acto ilegal o vulnerador que atente sobre el derecho al debido proceso de la parte recurrente; 4) La impetrante pretende que se cumpla con lo dispuesto en el Auto de Vista de 5 de noviembre de 2021, emitido por la Sala Civil Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que revisó la Sentencia emitida por el Juez Público de Familia Décimo de la Capital del referido departamento en el proceso ordinario de anulabilidad de contratos planteado por Betty Acebey Serrano contra David Acides López Coultard y otros, pero no causa estado en el proceso incidental de división y partición de bienes gananciales, correspondiendo la ejecución de dicho fallo a la autoridad judicial que conoció dicha causa; y, 5) Debido a la prohibición de doble juzgamiento y en resguardo del principio de seguridad jurídica y de legalidad, por cuanto al agotarse las instancias de impugnación y los mecanismos previstos por la ley para revisar el falo judicial, la resolución asumida por la autoridad judicial de 21 de marzo de 2019 adquirió firmeza, por lo que no puede pronunciarse otra nueva resolución sobre el mismo asunto, por lo que corresponde la prosecución del remate judicial que se pretendió suspender relativo al inmueble con matrícula 7.01.2020006097 (fs. 54 58 vta.).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en los elementos fundamentación, motivación y tutela judicial efectiva, así como del principio de verdad material, porque las autoridades demandadas, dentro de incidente de división y partición de bienes gananciales, emitieron el Auto de Vista 68/2024 de 24 de mayo, mediante el cual dieron prevalencia a la verdad formal por sobre la material y dispusieron que prosiga el remate del bien inmueble inscrito a su nombre, sobre la base de resoluciones que cuentan con la calidad de cosa juzgada formal, sin considerar que el ahora tercero interesado -su ex concubino- debe cumplir el Auto de Vista 176/2021 de 5 de noviembre, emitido por la Sala Civil y Comercial, Familia Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dentro de proceso ordinario de anulabilidad de documentos, que se constituye en cosa juzgada material. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En relación al tema anunciado, la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, citada por la SCP 0378/2024-S2 de 15 de julio determinó: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional desde sus inicios ha sido categórica en afirmar que a la jurisdicción constitucional no le corresponde juzgar el criterio jurídico empleado por otros tribunales para fundar su actividad jurisdiccional, pues ello implicaría un actuar invasivo de las otras jurisdicciones (SC 1031/2000-R de 6 de noviembre), no obstante, es indudable también que desde sus inicios este Tribunal determinó que sí procede la tutela constitucional si en esa actividad interpretativa se lesionan derechos fundamentales y garantías constitucionales, incluso a efectos de revisar ‘cosa juzgada’. De donde se puede concluir que la jurisdicción constitucional respetando el margen de apreciación de las otras jurisdicciones precisó en la jurisprudencia que la acción de amparo constitucional no se activa para reparar incorrectas interpretaciones o indebidas aplicaciones del Derecho, pues no puede ser un medio para revisar todo un proceso judicial o administrativo, revisando la actividad probatoria y hermenéutica de los tribunales, ya que se instituyó como garantía no subsidiaria ni supletoria de otras jurisdicciones.
Más adelante y en ese mismo contexto jurisprudencial, el Tribunal Constitucional hace extensible la línea jurisprudencial de revisión de la legalidad ordinaria a eventuales violaciones de los derechos y las garantías constitucionales a la verificación de si en la interpretación, no se afectaron principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico (así ver la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, que cita los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso). De donde determinó que un mecanismo de control de la actividad interpretativa de la jurisdicción ordinaria resulta que ésta se someta a ‘reglas admitidas por el Derecho’ (SC 1846/2004-R de 30 de noviembre), por ello planteó una relación de causalidad entre el sometimiento de las autoridades a los estándares interpretativos y la vigencia de derechos, garantías, principios y valores en la actividad hermenéutica, con la conclusión que la interpretación de una norma no puede conducir a la creación de una norma distinta de la interpretada. Sin embargo, posteriormente vía jurisprudencia se determinó que la errónea interpretación debe ser invocada por el accionante a efectos de abrir la jurisdicción constitucional para la verificación de la actividad interpretativa de la jurisdicción común, y más adelante se precisó que la parte procesal que se considera agraviada con los resultados de la interpretación debe expresar de manera adecuada y precisar los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, en ese sentido se estableció que ante la ausencia de carga argumentativa corresponde denegar la tutela solicitada. Esta línea se profundizó señalando que es atribución del Tribunal Constitucional interpretar la Constitución, y de la jurisdicción común, interpretar el resto del ordenamiento jurídico; o lo que es lo mismo, la legalidad infra constitucional u ordinaria, precisando que ello no implica llegar a la conclusión tajante de que la labor interpretativa de la legalidad ordinaria no está sujeta al control constitucional para verificar la vulneración de derechos y garantías de la Constitución, ante ello la SC 0085/2006-R de 25 de enero, precisó que el accionante que pretende la revisión de la legalidad ordinaria debe: 1) Explicar por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo; y; 2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional, la SC 0194/2011-R de 11 de marzo, incorporó el tercer elemento que debe contener la exposición señalando: ‘3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional’” (las negrillas y el subrayado fue añadido).
En relación a ello, la SCP 0364/2019-S4 de 18 de junio determinó: «Luego, a través de la SCP 0096/2012 de 19 de abril, se señaló que la seguridad jurídica podrá ser tutelable a través de la acción de amparo constitucional cuando esté directamente vinculada a un derecho fundamental, en los siguientes términos: “Ahora bien, el art. 178 de la Norma Fundamental, reconoce a la seguridad jurídica como un principio constitucional, sobre el cual se sustenta la potestad de impartir justicia, así lo entendió la SC 0070/2010-R de 3 de mayo, al afirmar: ‘…la seguridad jurídica como principio emergente y dentro de un Estado de Derecho.’
Razonamiento que nos lleva a concluir que a través de los principios y valores contenidos en la norma fundamental, se busca la eficacia máxima de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; por cuanto, su resguardo sólo podrá hacerse efectiva cuando se advierta su vinculación con un derecho fundamental objeto de tutela constitucional”» (las negrillas fueron añadidas).
La SCP 0323/2013 de 18 de marzo razonó: “De lo relatado, es posible extraer que la Resolución 110 pronunciada por el Juez Cuarto de Partido de Familia, que determina la propiedad del depósito a plazo fijo y de la vagoneta, ahora reclamados, a favor de Humberto Jhonny Gonzales Lara, se encuentra ejecutoriada, puesto que dentro del incidente de división y partición de bienes activado por el precitado, se agotaron todas las vías de impugnación intraprocesales, como es el recurso de apelación estipulado en las normas del Código de Procedimiento Civil (art. 219 y ss.); adquiriendo de esa manera, la calidad de cosa juzgada formal, porque frente a ésta ya no cabe ningún otro recurso previsto en la ley, dentro del mismo proceso. No obstante lo señalado, se debe aclarar que la cosa juzgada formal no puede surtir sus propios efectos cuando de por medio existe una lesión al contenido esencial de un derecho fundamental, caso que la jurisprudencia lo concibió como cosa juzgada aparente, y en virtud a ello, estableció una excepción, permitiendo al órgano de justicia constitucional, revisar fallos que adquirieron dicha calidad, al constatar que en ellos se lesionaron derechos fundamentales y/o garantías constitucionales; fin para el cual, se otorga a las partes, el plazo de seis meses a partir de la notificación con la resolución que se considera gravosa, para acudir ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, impetrando tutela y reparación inmediata de las violaciones alegadas; término que una vez transcurrido, transforma la decisión impugnada en cosa juzgada material, y
, provoca la imposibilidad de modificarla, otorgándole las características de inmutabilidad, así como ejecutabilidad y coercibilidad, con efectos hacia el pasado y al futuro; y en consecuencia, a las partes sólo les queda acatar la decisión judicial sobre el caso dirimido” (las negrillas fueron añadidas). Por su parte la SCP 0695/2016-S1 de 23 de junio señaló: “Por lo expuesto, es menester señalar que la formación de la sentencia, es el proceso lógico-racional-fáctico, en virtud del cual, luego de finalizadas las etapas procesales previas y agotado el debate contradictorio, el juez, en el marco de la normativa adjetiva y sustantiva aplicable al caso, toma la decisión en relación al conflicto conocido. La validez de la sentencia, hace que esa decisión final, surta todos sus efectos y someta a su decisión a las partes procesales y terceros con absoluta legitimidad, entonces, en tanto y cuanto se cumplan los requisitos de formación de la sentencia, esta tendrá validez y alcanzará la autoridad de cosa juzgada material. Al respecto, el primer requisito de formación de una sentencia, se refiere a la obligación del juez de verificar el respeto al debido proceso y garantizar mediante criterios de interpretación de la legalidad ordinaria el respeto a principios y garantías de rango constitucional; por tanto, las sentencias que cumplan con estos presupuestos serán v[á]lidas plenamente y en consecuencia, adquirirán la calidad de cosa juzgada material, aptitud que hace que una decisión sea incuestionable e inmodificable. (…) Por lo señalado, se establece que las sentencias que cumplen los requisitos de formación señalados (respeto a derechos fundamentales), adquieren validez jurídica y se encuentran investidas de la autoridad de la cosa juzgada, situación en la cual el control de constitucionalidad, en resguardo de la seguridad jurídica es absolutamente improcedente. En contrario sensu, la sentencia que no cumpla con uno de los requisitos de formación referentes al respeto de derechos fundamentales, hace procedente el control de constitucionalidad, ya que en este caso, esta decisión solo reviste una calidad de cosa juzgada aparente” (las negrillas fueron añadidas).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en los elementos fundamentación, motivación y tutela judicial efectiva, así como del principio de verdad material, porque las autoridades demandadas, dentro de incidente de división y partición de bienes gananciales, emitieron el Auto de Vista 68/2024 de 24 de mayo, mediante el cual dieron prevalencia a la verdad formal por sobre la material y dispusieron que prosiga el remate del bien inmueble inscrito a su nombre, sobre la base de resoluciones que cuentan con la calidad de cosa juzgada formal, sin considerar que el ahora tercero interesado -su exconcubino- debe cumplir el Auto de Vista 176/2021 de 5 de noviembre, emitido por la Sala Civil y Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dentro de proceso ordinario de anulabilidad de documentos, que se constituye en cosa juzgada material. Establecido el planteamiento del problema, concierne contextualizar el mismo; en ese orden, se advierte que se tiene concluido un proceso ordinario de anulabilidad de contratos, ante el Juzgado Público de Familia Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, en el que se declaró la anulabilidad de dos documentos que suscribió el tercero interesado, el primero de transferencia de bien inmueble con Matrícula 7.01.1.06.0030469 en favor de Julia Montaño Ibarra y el segundo de préstamo de dinero por $us20 000.-, para que se restituya el 50% de dicho inmueble y del monto de dinero en favor de la accionante, respectivamente (Conclusión II.1 de este fallo constitucional); por otro lado, dentro de proceso concluido de reconocimiento de unión libre, en la vía incidental de división y partición de bienes gananciales, el Juzgado Público de Familia Decimoprimero de dicha Capital y departamento dictó el Auto Interlocutorio de 20 de junio de 2022, por el cual dejó en suspenso el remate del inmueble registrado en DD.RR. bajo Matrícula 7.01.101.0006097, mientras el tercero interesado cumpla con lo dispuesto en aquel proceso ordinario de anulabilidad (Conclusión II.2 del referido fallo); interpuesto el recurso de reposición por el tercero interesado, se emitió el Auto 263/2023 de 7 de febrero, que dispuso dejar sin efecto el Auto impugnado, disponiendo con ello la continuidad de la fase de remate del señalado bien inmueble (Conclusiones II.3 y 4); ello ameritó que la impetrante de tutela plantee apelación (Conclusión II.5), que fue resuelta por el Auto de Vista 68/2024 de 24 de mayo, emitido por las autoridades ahora demandadas, que confirmó el Auto apelado (Conclusión II.6 del indicado fallo). Ahora bien, previo al análisis de la vulneración alegada, con relación a que la cosa juzgada material emergente del proceso de anulabilidad y que la misma tendría una mayor jerarquía que las decisiones jurisdiccionales asumidas en el proceso incidental de división y partición de bienes, cada uno sustanciado y resuelto en distintas instancias jurisdiccionales, es necesario aclarar que la autoridad de cosa juzgada material no emerge necesariamente de la procedencia y agotamiento del recurso de casación, sino del de las instancias recursivas reservadas por el ordenamiento jurídico para las distintas tipologías de las acciones familiares previstas en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; en el presente caso, los características de la inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad son igualmente atribuibles tanto a las resoluciones emergentes del proceso ordinario de anulabilidad como a las del proceso incidental de división y partición de bienes gananciales, cada uno tramitado ante distintos órganos jurisdiccionales; además, no existe normativa que disponga que existe diferencia entre una decisión asumida en un proceso ordinario de anulabilidad y en uno incidental de división y partición, en lo que al efecto de la cosa juzgada se refiera, una vez firme la última decisión asumida. En ese marco, se debe considerar la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, en el que se señaló que la cosa juzgada material es la característica de aquella decisión judicial que emergió de un proceso en el que se cumplió con el procedimiento legal previsto respetando los derechos fundamentales, si estos han sido conculcados la cosa juzgada es aparente, caso en el cual puede acudirse a la jurisdicción constitucional para que corrija esa situación y de esa forma recién asume la calidad de cosa juzgada material; consiguientemente, depende de si se cumplieron con los pasos procesales legalmente previstos y del respeto de los derechos fundamentales para considerar que una decisión reviste la calidad de cosa juzgada material o no, no siendo correcto que ello dependa del tipo de procedimiento a desarrollarse, previsto por la norma. Dicho ello, revisada la argumentación de la presente demanda, se advierte que la solicitante de tutela planteó la misma en el entendimiento de que la acción de amparo constitucional sería una instancia más en el proceso incidental de división y partición de bienes gananciales seguido entre ella y su ex concubino -ahora tercero interesado-, pues si bien alegó que se vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, no explicó cómo se incurrió en el incumplimiento de esos componentes con relación al Auto de Vista 68/2024, pues se limitó a señalar que la fase de remate debía ser suspendida porque existía un Auto de Vista dictado en otro proceso que gozaba de autoridad de cosa juzgada material, ya que emergió de un proceso de anulabilidad de documentos -de conocimiento-, pero no lo relacionó con la afectación del debido proceso y menos con los componentes indicados. En esas condiciones, la accionante no cumplió con la exigencia de la jurisprudencia constitucional de explicar por qué la labor interpretativa cuestionada fue insuficientemente motivada y menos explicó cómo los derechos considerados vulnerados se relacionaban con dicha interpretación. Al contrario, la fundamentación expuesta en el Auto de Vista impugnado cumple con la exigencia del debido proceso en sus componentes fundamentación, tanto fáctica como jurídica, dado que los Vocales demandados fueron explícitos al identificar la existencia de dos procesos cada uno conducido ante distintas autoridades jurisdiccionales; ese hecho se constituye en el punto de partida que dio lugar a la aplicación del respectivo contenido en la norma, en el sentido de que cada autoridad debe ejecutar lo resuelto en cada proceso, sin que ninguna fase de ejecución esté subordinada y/o condicionada a la primigenia ejecución de otros procesos, lo cual conduciría a la vulneración del art. 409.I del CFPF que instituyó al Juez de primera instancia como autoridad competente para hacer cumplir lo resuelto, sin que ninguna autoridad pueda invadir la competencia de su homólogo; así razonaron los Vocales demandados, de forma fundamentada y motivada.
Continuando con la revisión de los argumentos expuestos por la impetrante de tutela, se evidencia que no existe coherencia entre la denuncia de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, con el Auto de Vista cuestionado porque cuando sustentó esa afectación, solo se refirió a una disconformidad, sin explicar por qué autoridades ajenas al proceso ordinario -es decir, las ahora demandadas-, debían cumplir con lo dispuesto en el proceso de anulabilidad que no era de su competencia, con lo que se evidencia que existe una confusión en la acción planteada por la accionante, pues en todo caso, el cumplimiento de lo que se determinó en la referida demanda de anulabilidad de documentos concierne a quienes intervienen en dicho proceso, ya sea a las autoridades que deben disponer su cumplimiento o al ahora tercero interesado. Consiguientemente, no existe un argumento que permita analizar la afectación del derecho a la tutela judicial efectiva. Finalmente, existe también la denuncia del menoscabo del principio de verdad material; al respecto, corresponde aplicar lo desarrollado por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el que se exige que para analizar la vulneración de principios, debe existir una vinculación de estos con derechos fundamentales; en el presente caso, se advirtió la carencia de elementos que permitan ingresar a verificar la afectación de derechos fundamentales, por lo que la referida vinculación entre estos y el mencionado principio no se ha dado; por consiguiente, no corresponde analizar la misma. Por todo lo manifestado, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 180/2024 de 6 de septiembre, cursante de fs. 164 vta. a 167 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
1 El art. 409.I del CFPF prevé: “Devuelta la causa a la autoridad judicial de primera instancia, ésta dispondrá la ejecución de fallos”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0086_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): 436c85195479eb96d17c9cac5216a25cf38dbe7d95af88c633e854ccf42177b9
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