Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 30 de septiembre de 2025
Define la competencia
Patricio Chávez Vaca, Primer Capitán de la comunidad Villa Paraíso, provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz, promovió conflicto de competencias jurisdiccionales entre la JIOC y la Jurisdicción Ordinaria, mediante memorial de 6 de marzo de 2024, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Víctor Vidaurre Ocampo contra María Herrera Rivera por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, solicitando a la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, se declare la incompetencia de la Jurisdicción Ordinaria; y, la competencia de la JIOC de la referida comunidad; sin embargo, al no recibir respuesta de la prenombrada Jueza, el 10 de abril del mismo año, presentó memorial ante la Unidad de Coordinación Departamental de Santa Cruz de este Tribunal, promoviendo conflicto de competencias jurisdiccionales y realizando el mismo requerimiento.
En consecuencia, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para resolver la problemática referida.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; y, 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve Declarar COMPETENTE al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, para continuar con la demanda hasta la emisión de la decisión de fondo que amerite el caso.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0086/2025 Sucre, 30 de septiembre de 2025 SALA PLENA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 63434-2024-127-CCJ Departamento: Santa Cruz El conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Patricio Chávez Vaca, Primer Capitán de la comunidad Villa Paraíso, provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz; y, la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegunda de la Capital del citado departamento.
Por memorial presentado el 10 de abril de 2024, cursante de fs. 64 a 69, ante la Unidad de Coordinación Departamental de Santa Cruz de este Tribunal, el Primer Capitán de la comunidad Villa Paraíso del departamento de Santa Cruz, señala que el 6 de marzo de ese año, interpuso conflicto de competencias jurisdiccionales ante la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegunda de la Capital del citado departamento, con la finalidad de conocer y resolver una denuncia penal interpuesta por Víctor Vidaurre Ocampo contra María Herrera Rivera, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado -expediente con Código Único de Denuncia (CUD) 701102012302238-, pero que hasta la fecha de presentación de esta solicitud no fue resuelta por la autoridad ordinaria.
La prenombrada denunciada es integrante de la comunidad Villa Paraíso del departamento de Santa Cruz, la cual ejerce su jurisdicción conforme a sus normas, usos y costumbres; y, cuenta con autoridades indígenas originarias facultadas para administrar justicia dentro de su territorio, en el marco de lo establecido por la Norma Suprema y la Ley de Deslinde Jurisdiccional -Ley 073 de 29 de diciembre de 2010-.
En ese sentido, solicitó que la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegunda de la Capital del citado departamento decline la competencia en favor de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC), alegando el cumplimiento de los ámbitos de vigencia personal, territorial y material previstos para el ejercicio de la misma.
Sin embargo, habiendo transcurrido más de treinta y ocho días desde la presentación de dicha solicitud sin que se haya emitido pronunciamiento alguno por parte de la autoridad judicial ordinaria respecto a la petición de declinatoria de competencia, se vio en la necesidad de acudir ante este Tribunal, interponiendo el presente conflicto de competencias jurisdiccionales.
La Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, no se pronunció sobre la solicitud de declinatoria de competencia del proceso penal signado con CUD 701102012302238, realizada por Patricio Chávez Vaca, Primer Capitán de la comunidad Villa Paraíso, mediante memorial presentado el 6 de marzo de 2024 (fs. 1 a 4).
La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de Auto Constitucional (AC) 0181/2024-CA de 3 de mayo, cursante de fs. 70 a 74, admitió el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Patricio Chávez Vaca, Primer Capitán de la comunidad Villa Paraíso, provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz, y la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegunda de la Capital citado departamento; disponiendo, la suspensión de la tramitación del proceso de referencia en ambas jurisdicciones hasta la emisión de la Sentencia Constitucional Plurinacional correspondiente; asimismo, se dispuso las respectivas notificaciones y posterior sorteo.
Mediante decreto constitucional de 18 de julio de 2025 (fs. 212), se dispuso la suspensión del plazo a efecto de recabar documentación complementaria.
Recibida la documentación, por decreto constitucional de 25 de septiembre de 2025, (fs. 239), se reanudó el cómputo; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del plazo previsto por el Código Procesal Constitucional.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa memorial presentado el 6 de marzo de 2024, por Patricio Chávez Vaca, Primer Capitán de la comunidad Villa Paraíso, provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz, ante la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegunda de la Capital del mismo departamento (fs. 1 a 4), acreditando su condición de autoridad Indígena Originario Campesina (IOC) a través de credencial (fs. 6) y acta de posesión de 16 de febrero de 2020 suscrita por las autoridades de la precitada comunidad (fs. 9 a 11).
II.2. Por requerimiento fiscal de 5 de octubre de 2022, Mariela Toledo Duran, Fiscal de Materia, imputó formalmente a María Herrera Rivera, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, dentro el proceso penal identificado con CUD 701102012302238 (fs. 88 a 93 vta.).
II.3. Mediante memorial presentado el 13 de junio de 2023, Isaías Velasco Castro, se adhirió a la denuncia correspondiente al proceso referido en la Conclusión II.2, por la falsificación de Instrumento Público 471/2021 de 5 de agosto, apersonándose como “…FUNCIONARIO DE DIRNOPLU A CARGO DE LA NOTARIA DE FE PUBLICA NO. 3…” (sic [fs. 95 a 97]).
II.4. Se tiene memorial de 18 de septiembre de 2023 -sin constancia de recepción-, por el cual, Erwin Paul Tapia Hurtado, Director General de Asuntos Jurídicos del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Santa Cruz de la Sierra, se adhiere a la denuncia correspondiente al proceso penal referido en la Conclusión II.2, por la falsificación de certificado catastral con Código 014031038 (fs. 98 a 100).
II.5. Consta Auto 47/2024 de 19 de junio, por el cual, el actual Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, dispuso rechazar el incidente de actividad procesal defectuosa, excepción de prejudicialidad, incompetencia y el “…INCIDENTE DE CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA Y JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINO…” (sic [fs. 102 a 103]).
Patricio Chávez Vaca, Primer Capitán de la comunidad Villa Paraíso, provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz, promovió conflicto de competencias jurisdiccionales entre la JIOC y la Jurisdicción Ordinaria, mediante memorial de 6 de marzo de 2024, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Víctor Vidaurre Ocampo contra María Herrera Rivera por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, solicitando a la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, se declare la incompetencia de la Jurisdicción Ordinaria; y, la competencia de la JIOC de la referida comunidad; sin embargo, al no recibir respuesta de la prenombrada Jueza, el 10 de abril del mismo año, presentó memorial ante la Unidad de Coordinación Departamental de Santa Cruz de este Tribunal, promoviendo conflicto de competencias jurisdiccionales y realizando el mismo requerimiento.
En consecuencia, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para resolver la problemática referida.
El artículo 190.I de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que: “Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios”. Sin embargo, el ejercicio de dicha jurisdicción se encuentra condicionado por los límites establecidos por la misma Norma Suprema, los cuales se materializan en los ámbitos de vigencia personal, territorial y material, conforme al artículo 191.II de la CPE. En cuanto al ámbito de vigencia material, el artículo 191.II.2 de la CPE dispone que la JIOC “…conoce los asuntos indígenas originario campesinos de conformidad a lo establecido en una ley de deslinde jurisdiccional”. A su vez, el artículo 10.II inc. a) de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ) -Ley 073 de 29 de diciembre de 2010-, delimita los asuntos excluidos del ámbito material de la JIOC, estableciendo que se encuentran excluidos aquellos delitos en materia penal “…cuya víctima sea el Estado…”. En ese marco, los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, previstos en los artículos 198, 199 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente, tipifican conductas que vulneran el bien jurídico de la fe pública, configurándose a partir de la creación, alteración o utilización dolosa de documentos públicos que generan efectos jurídicos y cuya finalidad es suplantar la realidad documental para obtener un beneficio indebido o causar un perjuicio. Cuando tales documentos son empleados o falsificados para ser presentados ante instituciones públicas, la afectación recae directamente sobre el Estado como garante de la seguridad jurídica en la medida en la que dichos documentos implican la manifestación de la voluntad estatal; por lo que, interesa su autenticidad y validez. En este contexto, en este tipo de casos el Estado se constituye en víctima directa de la conducta punible, porque una falsedad y el uso de un documento falsificado afecta la confianza que los ciudadanos en general depositan en la veracidad y legitimidad de los documentos públicos y no solo afecta a los miembros de los pueblos indígena originarios campesinos; por lo que, excede su competencia. Por tanto, los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, cuando afectan la fe pública del Estado, a través de la falsificación y utilización de documentos públicos con efectos jurídicos ante entidades estatales -como registros públicos o instrumentos notariales-, se encuentran fuera del ámbito de competencia de la JIOC, correspondiendo su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria, en resguardo del interés general, el principio de legalidad y la seguridad jurídica; en consecuencia, el conocimiento de hechos como los descritos, en los que se falsifica o emplea fraudulentamente documentación pública ante entidades estatales, es competente la Jurisdicción Ordinaria, en aplicación del artículo 10.II inc. a) de la LDJ, en concordancia con los arts. 190 y 191 de la CPE.
En el presente caso, se tiene que, mediante escrito presentado el 6 de marzo de 2024, Patricio Chávez Vaca, Primer Capitán de la comunidad Villa Paraíso, provincia Andrés Ibáñez del departamento de Santa Cruz, acreditando ser autoridad indígena Guaraní, reclamó competencia a la Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegunda de la Capital del referido departamento (Conclusión II.1); respecto a la causa penal seguida por el Ministerio Público contra María Herrera Rivera, comunaria de Villa Paraíso, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado (Conclusión II.2); y que, ante la ausencia de respuesta por la prenombrada Jueza, a través de memorial presentado el 10 de abril del mismo año, acudió a este Tribunal. Es necesario señalar que, mediante Auto 47/2024 de 19 de junio, el actual Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, rechazó el incidente de actividad procesal defectuosa, excepción de prejudicialidad, incompetencia y el “…INCIDENTE DE CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA Y JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA…” (sic [Conclusión II.5]); sin embargo, respecto a este último, no instruyó su remisión a este Tribunal. En tal sentido, los conflictos de competencia jurisdiccional promovidos entre la JIOC y las Jurisdicciones Ordinaria o Agroambiental, son de conocimiento de este Tribunal Constitucional Plurinacional, que debe resolverlos a partir de la verificación del cumplimiento de los ámbitos de vigencia material, personal y territorial, conforme a lo dispuesto en el art. 191.II de la CPE. En ese marco, corresponde verificar si concurren de manera simultánea los referidos ámbitos de vigencia que condicionan el ejercicio de la JIOC, a fin de establecer si esta es competente para conocer y resolver la controversia planteada en el presente caso. Respecto al ámbito de vigencia material, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la JIOC conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido por el art. 10.II inc. a) de la LDJ, que determina que dicha Jurisdicción no tiene competencia para conocer en materia penal los casos en los que la víctima sea el Estado. En ese marco, del análisis del caso concreto, se tiene que María Herrera Rivera es procesada penalmente por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, conforme a la imputación formal emitida por Mariela Toledo Durán, Fiscal de Materia (Conclusión II.2). De acuerdo con dicha imputación, la encausada habría falsificado documentación relativa al derecho propietario sobre un inmueble, en particular un certificado catastral con código 014031038 (Conclusión II.4) y el Instrumento Público 471/2021 de 5 de agosto (Conclusión II.3), con el objeto de atribuirse un terreno que se encontraba en posesión de Víctor Vidaurre Campo. Asimismo, se tiene que la documentación presuntamente falsificada habría sido utilizada ante diversas entidades estatales, como ser el GAM de Santa Cruz de la Sierra, oficinas de Derechos Reales (DD.RR.) y la “…NOTARÍA DE FE PÚBLICA NO. 3…” (sic), constituyéndose en consecuencia en afectados directos de tales actos los mencionados órganos públicos. De ello se desprende que funcionarios públicos, como Isaías Velasco Castro, responsable de la Notaría mencionada; y, Erwin Paul Tapia Hurtado, Director General de Asuntos Jurídicos del GAM del referido municipio, se adhirieron expresamente a la denuncia, alegando afectación institucional.
En este contexto, corresponde señalar que los registros públicos relativos a la propiedad de bienes inmuebles cumplen una función esencial dentro del marco jurídico estatal, en tanto garantizan la seguridad jurídica, la oponibilidad y la publicidad del derecho propietario. Así, el registro en Derechos Reales, conforme al art. 1561 y siguientes del Código Civil (CC), constituye el mecanismo legal a través del cual se acredita la titularidad jurídica de los bienes inmuebles; mientras que el catastro urbano municipal, cuya administración es competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Municipales conforme al art. 302.I.10 de la CPE, proporciona el soporte técnico y fiscal de los inmuebles, siendo ambos registros de carácter público.
Por su parte, conforme al art. 11 de la Ley del Notariado Plurinacional -Ley 483 de 25 de enero de 2014-, los notarios de fe pública ejercen una función delegada del Estado, otorgando legalidad y autenticidad a los actos jurídicos mediante instrumentos públicos. En tal sentido, toda alteración dolosa a estos instrumentos y registros oficiales compromete directamente la institucionalidad estatal y el interés público, lo que conlleva la configuración de una afectación directa al Estado como víctima, excluyendo así el conocimiento del presente caso por la JIOC, conforme al marco legal citado.
Consecuentemente, al evidenciarse que los delitos imputados versan sobre la falsificación y uso indebido de documentos públicos que comprometen directamente a entidades estatales; y, considerando que conforme al art. 10.II. inc. a) de la LDJ, los delitos en los que el Estado es la víctima están excluidos del ámbito de vigencia material de la JIOC, corresponde concluir que este caso específico se encuentra fuera del ámbito de competencia material de dicha jurisdicción.
En consecuencia, al no haberse acreditado la concurrencia del ámbito de vigencia material conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; y, considerando que el art. 191 de la CPE, en concordancia con el Capítulo III de la LDJ, exige la concurrencia simultánea de los ámbitos material, territorial y personal, no corresponde ingresar al análisis de los otros dos ámbitos de vigencia -territorial y personal-. Por consiguiente, se concluye que la JIOC no tiene competencia para conocer y resolver el presente caso.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; y, 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve Declarar COMPETENTE al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Decimosegundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, para continuar con la demanda hasta la emisión de la decisión de fondo que amerite el caso.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que no interviene la Magistradas MSc. Karem Lorena Galladro Sejas por ser de Voto Disidente; asimismo, la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio.
Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
PRESIDENTE
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADA
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTADO
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas MAGIDSTRAO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro MAGISTRADA
Fdo. René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0086_2025.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 74f674b79c9c9ab2fd7117059b82f6c6316b43fcf484bd579e5a9fbe1e3f7ab0
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