Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 30 de septiembre de 2025
Define la competencia
Juan Guarayo Vargas, Tata Kuraka Mayor de la Nación Indígena Originaria Yampara del departamento de Chuquisaca, promovió conflicto positivo de competencias entre la JIOC y la Jurisdicción Ordinaria, dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público contra Isaac Pachacopa Rivera a denuncia de Santiago Pachacopa Rivera, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, solicitando que Hernán Salinas Castellón, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Tarabuco de dicho departamento, decline “jurisdicción y competencia” a su favor, al considerar que cumple con los tres ámbitos de vigencia -personal, material y territorial- establecidos en la LDJ. No obstante, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Tarabuco del departamento de Chuquisaca, rechazó la referida solicitud, señalando que no se cumplen dos de los ámbitos de vigencia -personal y territorial- previstos en la LDJ para declinar competencia a favor de la autoridad de la Nación Indígena Originaria Yampara. En consecuencia, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para resolver la problemática referida.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confiere los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; y, 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve: 1° Declarar COMPETENTE a las autoridades de la Nación Indígena Originaria Yampara del departamento de Chuquisaca, para conocer la problemática que dio origen al presente conflicto positivo de competencias, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en este fallo constitucional. 2° Ordenar al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Tarabuco del departamento de Chuquisaca, se retire del conocimiento del caso y remita los antecedentes del proceso penal en cuestión, a las autoridades de la Nación Indígena Originaria Yampara de dicho departamento.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0055/2025 Sucre, 30 de septiembre de 2025 SALA PLENA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 63893-2024-128-CCJ Departamento: Chuquisaca El conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Juan Guarayo Vargas, Tata Kuraka Mayor de la Nación Indígena Originaria Yampara; y, Hernán Salinas Castellón, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Tarabuco, ambos del departamento de Chuquisaca.
Por memoriales presentados el 9 de mayo y 29 de agosto, ambos de 2024, cursantes de fs. 19 a 23 vta., y, 36 a 38, Juan Guarayo Vargas, Tata Kuraka Mayor de la Nación Indígena Originaria Yampara del departamento de Chuquisaca, manifestó que, el 8 de abril del mismo año, en virtud de lo previsto por el art. 102 del Código Procesal Constitucional (CPCo), presentó escrito por el cual solicitó a Hernán Salinas Castellón, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Tarabuco de dicho departamento, decline competencia en favor de la referida Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC) para que esta conozca y resuelva el proceso penal instaurado por el Ministerio Público contra Isaac Pachacopa Rivera a denuncia de Santiago Pachacopa Rivera, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves. Sin embargo, pese a que habría acreditado los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, como presupuestos de admisibilidad de la solicitada declinatoria de competencia, dicha autoridad jurisdiccional, mediante Auto Interlocutorio Simple de 8 de abril de 2024, rechazó la referida solicitud, bajo el argumento de que, ambos sujetos procesales -se entiende la parte denunciante y la parte denunciada dentro del proceso penal- tendrían sus domicilios en el “centro poblado” de Tarabuco, y que los hechos investigados habrían ocurrido en el marco de una celebración matrimonial realizada en un salón de eventos del referido centro poblado; por lo que, concluyó que estos hubiesen “…renunciado tácitamente su pertinencia cultural, su cosmovisión y su tradiciones…” (sic [fs. 19 vta.]); y, por ello, ya no podrían someterse a las normas y procedimientos propios de la JIOC de la Nación Indígena Originaria Yampara de la Marka Tarabuco del departamento de Chuquisaca, no cumpliéndose con ello, el ámbito de vigencia personal; y, dado que, el hecho aconteció fuera de tal jurisdicción, tampoco se cumpliría con el ámbito de vigencia territorial. Dicho razonamiento resultaría sesgado, toda vez que, el centro poblado de Tarabuco se encuentra dentro de la estructura territorial de la Nación Indígena Originaria Yampara de la Marka Tarabuco del departamento de Chuquisaca; razón por la cual, se encontrarían cumplidos y acreditados objetivamente los tres ámbitos de vigencia señalados en los arts. “9, 10, 11” y siguientes de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ) -Ley 073 de 29 de diciembre de 2010-. En ese sentido, dado que, los sujetos procesales de dicho proceso penal serían naturales, vecinos y oriundos del Pueblo Indígena Originario Campesino (PIOC) de “Miskha Mayu”, el cual forma parte integrante de la Nación Originaria Yampara, dentro de cuyo territorio habitan, poseen viviendas y ejercen actividades agrícolas, conforme “…el Art. 63 y siguientes de sus Normas y Procedimientos Propios…” (sic [fs. 21]), se encontrarían sujetos a observar disciplinadamente dichas normas, usos y costumbres. Por tanto, el supuesto hecho ilícito habría acontecido dentro de los márgenes de vigencia personal, material y territorial de la JIOC de la Nación Indígena Originaria Yampara de la Marka Tarabuco del departamento de Chuquisaca. Por lo cual, conforme a los principios, valores y fines de la Norma Suprema, amparados en los arts. 24, 100, 101 y 103 del CPCo; y, 196.I y 202.11 de la Constitución Política del Estado (CPE) promueve conflicto de competencias jurisdiccionales.
El Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Tarabuco del departamento de Chuquisaca, mediante Auto Interlocutorio Simple de 8 de abril de 2024, cursante de fs. 14 a 15, rechazó la declinatoria de competencia, bajo los siguientes fundamentos: a) Los sujetos procesales Isaac y Santiago, ambos de apellidos Pachacopa Rivera, cuentan con domicilio en la localidad de Tarabuco, motivo por el cual, no formarían parte de la Nación Indígena Originaria Yampara de Miskha Mayu del referido departamento; por ello, no se cumpliría el ámbito de vigencia personal previsto en el art. 9 de la LDJ; y, b) El hecho denunciado -de lesiones graves y leves- aconteció en el centro poblado de dicha localidad y no al interior de la referida nación indígena originaria campesina; es así que, no concurriría el ámbito de vigencia territorial previsto en el art. 11 de la mencionada Ley.
La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, a través del Auto Constitucional (AC) 0453/2024-CA de 25 de septiembre, cursante de fs. 41 a 46, admitió el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Juan Guarayo Vargas, Tata Kuraka Mayor de la Nación Indígena Originaria Yampara; y, Hernán Salinas Castellón, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Tarabuco, ambos del departamento de Chuquisaca; disponiendo, la suspensión de la tramitación del proceso de referencia en ambas jurisdicciones hasta la emisión de la Sentencia Constitucional Plurinacional correspondiente; asimismo, se dispuso las respectivas notificaciones y posterior sorteo.
Mediante decreto constitucional de 23 de julio de 2025, cursante a fs. 62, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, a petición del Magistrado Relator, con la finalidad de contar con mayores elementos de convicción, dispuso la suspensión del cómputo del plazo a objeto de recabar información complementaria; sin embargo, ante la suficiencia de los antecedentes cursantes en el expediente constitucional, se resolvió su reanudación a partir de la notificación con el decreto constitucional de 25 de septiembre de 2025; consiguientemente, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del plazo previsto por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 8 de abril de 2024, Juan Guarayo Vargas, Tata Kuraka Mayor de la Nación Indígena Originaria Yampara del departamento de Chuquisaca, ante Hernán Salinas Castellón, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Tarabuco del referido departamento, solicitó la declinatoria de “jurisdicción y competencia” a su favor (fs. 12 a 13 vta.). II.2. Mediante Auto Interlocutorio Simple de 8 de abril de 2024, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Tarabuco del departamento de Chuquisaca, resolvió rechazar la solicitud de declinatoria de “jurisdicción y competencia” de la autoridad de la Nación Indígena Originaria Yampara de dicho departamento (fs. 14 a 15). II.3. A través de memoriales presentados el 9 de mayo y 29 de agosto, ambos de 2024, la autoridad de la Nación Indígena Originaria Yampara del departamento de Chuquisaca, promovió conflicto de competencias jurisdiccionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (fs. 19 a 23 vta., y, 36 a 38). II.4. Cursa Certificación Comunitaria de 1 de abril de 2024, por el cual, la autoridad de la Nación Originaria Yampara del departamento de Chuquisaca, certificó que Santiago e Issac, ambos de apellidos Pachacopa Rivera, “…son naturales, oriundos, vecino[s] y habitantes del Pueblo Indígena Originario Miskha Mayu con Título TIOC-NAL-0000335 jurídicamente consolidado, donde trabajan la tierra, cuentas con casas y terrenos agrícolas propios para su cultivo de producción agrícola, asimismo, tienen casa en el centro poblado de Tarabuco…” (sic [fs. 3]). II.5. Consta documento de “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PROPIOS DE LA NACIÓN INDÍGENA ORIGINARIA YAMPARA” (sic [fs. 35]).
Juan Guarayo Vargas, Tata Kuraka Mayor de la Nación Indígena Originaria Yampara del departamento de Chuquisaca, promovió conflicto positivo de competencias entre la JIOC y la Jurisdicción Ordinaria, dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público contra Isaac Pachacopa Rivera a denuncia de Santiago Pachacopa Rivera, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, solicitando que Hernán Salinas Castellón, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Tarabuco de dicho departamento, decline “jurisdicción y competencia” a su favor, al considerar que cumple con los tres ámbitos de vigencia -personal, material y territorial- establecidos en la LDJ. No obstante, el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Tarabuco del departamento de Chuquisaca, rechazó la referida solicitud, señalando que no se cumplen dos de los ámbitos de vigencia -personal y territorial- previstos en la LDJ para declinar competencia a favor de la autoridad de la Nación Indígena Originaria Yampara. En consecuencia, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para resolver la problemática referida.
indígena originaria campesina La Norma Suprema establece en el art. 178.I que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano…”, en coherencia con esta disposición el art. 179.I, prescribe: “La función judicial es única…”. Esta última norma establece que la función judicial la ejercen: a) La jurisdicción ordinaria, a través del Tribunal Supremo de Justicia, tribunales departamentales de justicia, tribunales de sentencia y jueces; b) La jurisdicción agroambiental, por el Tribunal y jueces agroambientales; c) La JIOC, por sus autoridades propias; y, d) Las jurisdicciones especializadas, reguladas por ley; enfatizando que el ejercicio por todas y cada una de las jurisdicciones, gozan de igual jerarquía. En ese entendido, una de las atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional previstas en el art. 202.11 de la CPE, es conocer y resolver: “Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental”. En el caso particular de la JIOC, por disposición del art. 190 de la CPE, se ejerce a través de sus autoridades, según sus principios y valores culturales, normas y procedimientos propios; y, conforme el art. 191.II de la Norma Suprema, se tiene que: “La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial”.
La problemática planteada tiene por objeto dilucidar el conflicto positivo de competencias jurisdiccionales suscitado entre la JIOC y la Jurisdicción Ordinaria; toda vez que, mediante memorial de 8 de abril de 2024, Juan Guarayo Vargas, Tata Kuraka Mayor de la Nación Indígena Originaria Yampara del departamento de Chuquisaca, solicitó la declinatoria de competencia de Hernán Salinas Castellón, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Tarabuco del referido departamento, para el conocimiento y resolución del proceso penal instaurado por el Ministerio Público contra Isaac Pachacopa Rivera a denuncia de Santiago Pachacopa Rivera, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves (Conclusión II.1). Sin embargo, mediante Auto Interlocutorio Simple de 8 del mismo mes y año, la referida autoridad rechazó tal solicitud (Conclusión II.2); por lo que, por memoriales de 9 de mayo y 29 de agosto, de dicho año, plantearon la resolución de tal conflicto ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (Conclusión II.3).
Efectuada la anterior precisión, a efectos de establecer la jurisdicción competente para conocer y resolver el referido proceso penal, conforme el Fundamento Jurídico III.1, corresponde analizar la concurrencia de los ámbitos de vigencia material, personal y territorial, requeridos para el ejercicio de la JIOC. En ese marco, se tiene:
Sobre el ámbito de vigencia personal: Se entiende por Nación o Pueblo Indígena Originario Campesino (NPIOC), a toda colectividad humana con existencia precolonial que comparte identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones propias, territorialidad y cosmovisión, y que ejerce dominio ancestral sobre su territorio. En tal sentido, para su reconocimiento, deben concurrir dos elementos esenciales: 1) La existencia precolonial; y, 2) El dominio ancestral sobre sus territorios.
En ese sentido, la JIOC se sustenta en un vínculo particular que une a las personas con su NPIOC, vínculo que otorga legitimidad al ejercicio de dicha jurisdicción en los términos establecidos por la CPE. Así, se encuentran sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina, los miembros de una nación y pueblo indígena originario campesino, cualquiera sea su rol procesal: ya sea como actores o demandados, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados. En el caso que se examina, se tiene que, Santiago Pachacopa Rivera, en calidad de denunciante, e Isaac Pachacopa Rivera, en su calidad de denunciado, conforme a los antecedentes descritos precedentemente, fueron reconocidos mediante Certificación Comunitaria de 1 de abril de 2024, suscrita por la autoridad de la Nación Originaria Yampara del departamento de Chuquisaca, como “…naturales, oriundos, vecino[s] y habitantes del Pueblo Indígena Originario Miskha Mayu…” (Conclusión II.4), el cual, según la estructura interna de la referida nación indígena originaria, forma parte orgánica de la Nación Indígena Originaria Yampara. En consecuencia, al compartir ambas personas identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión con la referida nación indígena originaria, se configura objetivamente un vínculo particular con la misma, circunstancia que permite concluir que concurre el ámbito de vigencia personal previsto en el art. 9 de la LDJ, para el ejercicio de la JIOC. Sobre el ámbito de vigencia territorial: En el marco de lo establecido por el art. 191.II.3 de la CPE, así como, por lo dispuesto en el art. 11 de la LDJ, para la determinación del ámbito de vigencia territorial de la JIOC, corresponde considerar que esta se ejerce en los territorios ancestrales de las NPIOC, o respecto de hechos cometidos fuera de ellos, siempre que los mismos generen afectaciones a la cohesión social de la colectividad indígena, conforme se desprende de la interpretación realizada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. En ese entendido, del análisis del caso concreto, se advierte la concurrencia del ámbito de vigencia territorial, toda vez que, los hechos que originaron el proceso penal por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, acontecieron en el centro poblado de Tarabuco, municipio de Tarabuco del departamento de Chuquisaca, durante una celebración de un matrimonio familiar. De acuerdo con las normas y procedimientos propios de la Nación Indígena Originaria Yampara, específicamente el art. 63, establece que la Marka Tarabuco se encuentra comprendida dentro del municipio Tarabuco (Conclusión II.5), es así que, las relaciones sociales y los hechos jurídicos vinculados al proceso penal, se desarrollaron dentro de los territorios ancestrales de dicha nación indígena originaria, lo que permite afirmar que concurre el ámbito de vigencia territorial previsto en el art. 11 de la LDJ, para el ejercicio de la JIOC. Sobre el ámbito de vigencia material: El art. 10.II inc. a) de la LDJ, prevé: “El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza a las siguientes materias: a) En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio”.
En ese entendido, para que un determinado asunto sea conocido por la JIOC, corresponde verificar previamente si el hecho en cuestión se encuentra comprendido dentro de los tipos penales expresamente excluidos por el art. 10.II inc. a) de la LDJ, precedentemente citado; y, en caso de no encontrarse dentro de dichos supuestos, será dicha jurisdicción la competente para conocer y resolver el conflicto que sustentó la instauración de la causa penal; es decir, si los supuestos expuestos en una causa penal recaen dentro de tales exclusiones, corresponderá su conocimiento a la Jurisdicción Ordinaria.
Bajo ese marco normativo y considerando tanto la imputación formal como el inicio del juicio oral, se evidencia que, el proceso penal que dio lugar al presente conflicto positivo de competencias jurisdiccionales, fue instaurado por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, ilícito penal que no se encuentra expresamente excluido del ámbito de vigencia material de la JIOC. En consecuencia, concurre también este ámbito de vigencia, habilitando el conocimiento del caso a las autoridades de la Nación Indígena Originaria Yampara.
Conforme a lo desarrollado ut supra, se establece la concurrencia de los tres ámbitos de vigencia personal, territorial y material que hacen al ejercicio de la JIOC, previstos en el art. 191.II de la CPE; por lo que, corresponde declarar competente a la JIOC de la Nación Indígena Originaria Yampara del departamento de Chuquisaca, para conocer el proceso penal del cual emerge el presente conflicto positivo de competencias jurisdiccionales examinado y resuelto; aclarando que, en caso de que la supuesta víctima no tenga un proceso imparcial, o en su caso, y de corresponder, no se dé la sanción y reparación debida tiene expedita la acción de amparo constitucional.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confiere los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; y, 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve: 1° Declarar COMPETENTE a las autoridades de la Nación Indígena Originaria Yampara del departamento de Chuquisaca, para conocer la problemática que dio origen al presente conflicto positivo de competencias, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en este fallo constitucional. 2° Ordenar al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Tarabuco del departamento de Chuquisaca, se retire del conocimiento del caso y remita los antecedentes del proceso penal en cuestión, a las autoridades de la Nación Indígena Originaria Yampara de dicho departamento. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que las Magistradas Karem Lorena Gallardo Sejas e Isidora Jiménez Castro, son de Voto Disidente.
Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
PRESIDENTE
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. Ph.D Paola Verónica Prudencio Candía
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0055_2025.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): ff362928a570c24878e4724413a6fb456cc739d2ac6249ad176ace12fe598113
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