B.IA.LEGAL

SCP 0022/2023

Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 17 de abril de 2023

Define la competencia

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Plena
Fecha
17 de abril de 2023
Acción
Conflicto de competencias jurisdiccionales
Magistrado relator
Dr. Petronilo Flores Condori
Expediente
45359-2022-91-CCJ
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Control jurisdiccional / Fiscalía

Qué se discutió

La problemática planteada versa sobre el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Roberto Almanza Huarayo, Segunda Mayor; y, Filomena Condori Arista, Mama Segunda, ambos del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí y el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo, en suplencia legal de su similar Primero, ambos de Uncía del mismo departamento, respecto del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Zacarías y Valentín, ambos de apellidos Ramírez Cáceres contra Iginia Mamani Arbita Vda. de Cirilo y José Luis Cirilo Mamani, por la presunta comisión del delito de avasallamiento. En consecuencia, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para resolver los hechos que motivaron el conflicto de competencias jurisdiccionales.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud a la autoridad que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; y, 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve: 1° Declarar COMPETENTE a las autoridades indígena originario campesinas del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte de Potosí, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, para conocer y resolver los hechos que derivaron en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Zacarías y Valentín, ambos de apellidos Ramírez Cáceres contra Iginia Mamani Arbita Vda. de Cirilo y José Luis Cirilo Mamani, por la presunta comisión del delito de avasallamiento. 2° Disponer que el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo, en suplencia legal de su similar Primero, ambos de Uncía del departamento de Potosí, remita los antecedentes del proceso penal a las autoridades del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte de Potosí, provincia Rafael Bustillo del citado departamento.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza jurídica del conflicto de competencias jurisdiccionales
  2. III.2. La jurisdicción y competencia de las autoridades indígena originario campesinas

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0022/2023 Sucre, 17 de abril de 2023 SALA PLENA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 45359-2022-91-CCJ Departamento: Potosí En el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Roberto Almanza Huarayo, Segunda Mayor; y, Filomena Condori Arista, Mama Segunda ambos del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte de Potosí (FAOI-NP), provincia Rafael Bustillo y el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo, en suplencia legal de su similar Primero, ambos de Uncía del departamento de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Hechos que originan el conflicto de competencias jurisdiccionales

Por memorial presentado el 24 de febrero de 2022, cursante de fs. 6 a 14, Roberto Almanza Huarayo, Segunda Mayor; y, Filomena Condori Arista, ambos del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, promovieron conflicto de competencias jurisdiccionales ante el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo de Uncía del citado departamento, respecto del conocimiento del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Zacarías y Valentín, ambos de apellidos Ramírez Cáceres contra Iginia Mamani Arbita Vda. de Cirilo y José Luis Cirilo Mamani por la presunta comisión del delito de avasallamiento, solicitando se declare competente a las autoridades de la Jurisdicción Indígena Originario Campesina (JIOC), indicando que dichos denunciantes presentaron la denuncia penal el 24 de agosto de 2021, alegando que serían legítimos propietarios de un terreno agrícola situado en la “Manta de Sunuyo” dentro del territorio del referido Ayllu, en las inmediaciones de la comunidad “de Sunuyo” del señalado Ayllu, que hubiera sido adquirido por Martina Cáceres Vda. de Ramírez -madre de los denunciantes- mediante transferencia efectuada por Juan de Dios Cirilo Chiri, en su calidad de comunario de dicha comunidad, registrada en la Oficina de Derechos Reales (DD.RR.), bajo la matrícula computarizada 5.02.1.01.0000524. Asimismo, en la denuncia presentada el 24 de agosto de 2021, Zacarías y Valentín, ambos de apellidos Ramírez Cáceres, señalaron que a finales de 2018, los denunciados Iginia Mamani Arbita Vda. de Cirilo y José Luis Cirilo Mamani fueron beneficiados con una vivienda del programa de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA); empero, al no contar con un espacio de terreno en la población de Uncía del departamento de Potosí, por las gestiones realizadas por el Corregidor del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, a mucha insistencia acordaron cederle un lote de terreno de 250 m, ubicado en la manzana A-2, colindando al Norte con una calle innominada, al Sur con el Lote 9, al Este con el Lote 7 y al Oeste con una calle innominada, para la construcción de una vivienda para Iginia Mamani Arbita Vda. de Cirilo y sus hijos; así también, después de unos días se constituyeron en el indicado terreno a objeto de verificar el cumplimiento del acuerdo suscrito; empero, se sorprendieron con el actuar de los denunciados, quienes se encontraban edificando una vivienda en otro lote de terreno y no en el terreno cedido mediante ese acuerdo, ya que estaban realizando la construcción en el lote de terreno 4, manzano A-2, de 250 m, que colinda al Norte con una calle innominada, al Sur con la urbanización San Miguel, al Este con el Lote 2 y al Oeste con una calle innominada. Por ello, el “11 de octubre”, nuevamente acudieron ante las autoridades del indicado Ayllu para denunciar el incumplimiento del compromiso, quienes convocaron a una audiencia para el “28 de octubre”; por cuanto, en dicha audiencia los denunciados manifestaron que no estaban conformes con un solo lote de terreno y que querían el 50% del total del terreno, oportunidad en la que las autoridades indígena originario campesinas (IOC), pidieron que se les enseñe los documentos de propiedad; por lo que, la familia Ramírez colocó sus documentos a la vista, los cuales fueron aceptados por esas autoridades; sin embargo, los denunciados sin respetar la investidura de dichas autoridades y protocolos de actuación abandonaron la reunión. En ese contexto, las máximas autoridades de la JIOC, en el marco de sus normas y procedimientos propios emitieron una “Resolución Definitiva”, estableciendo en una de sus conclusiones el avasallamiento de sus terrenos, que el 23 de agosto de 2021, se constituyeron en el referido lote de terreno, donde se constató que los denunciados, estaban realizando construcciones ilegales dentro de ese lote de terreno. Refieren que, el 24 de agosto de 2021, el Ministerio Público admitió la denuncia interpuesta por los hermanos Zacarías y Valentín, ambos de apellidos Ramírez Cáceres, disponiendo el inicio de investigaciones, comunicando a la autoridad judicial para que asuma el control jurisdiccional de la causa. En ese marco, el 15 de noviembre de igual año, Eduardo Alivares Villca en su condición de Segunda Mayor del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, en cumplimiento a lo dispuesto por el art. 102.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), solicitó al Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Uncía del mismo departamento, se aparte del conocimiento del proceso penal descrito; ya que, la referida controversia ya fue examinada y resuelta por las máximas autoridades del citado Ayllu, contando con una “resolución definitiva” dictada con base a sus normas y procedimientos propios. En cuanto a los ámbitos de vigencia, manifestaron que con relación al ámbito de vigencia personal, la denuncia penal fue efectuada por los hermanos Zacarías y Valentín, ambos de apellidos Ramírez Cáceres, quienes de manera reiterada y en más de una ocasión se sometieron a la JIOC del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, asistiendo de manera disciplinada a las reuniones y audiencias convocadas por las autoridades del citado Ayllu, expresando los motivos que les llevó a acceder a las solicitudes de cesión de terrenos efectuadas por la familia Cirilo y las autoridades del referido Ayllu, ya que Juan de Dios Cirilo Chiri, fue quien transfirió el lote de terreno a la madre de los indicados denunciantes, en la comunidad “Sunuyo” de ese Ayllu, lo cual constituye la manifestación de voluntad tácita de los nombrados de someter los asuntos de su interés a las autoridades del señalado Ayllu; mientras que los denunciados Iginia Mamani Arbita Vda. de Cirilo y José Luis Cirilo Mamani, se autoidentificaron como comunarios de la comunidad Cuyo, también perteneciente a dicho Ayllu, siendo corroborado por las Certificaciones emitidas por Eduardo Alivares Villca en su calidad de Segunda Mayor del mencionado Ayllu; además que, se encuentran respaldados con el Acta de Conciliación de 13 de septiembre de 2018, el Acta de Reunión de 17 de junio de 2021 y la “…resolución definitiva de 28 de octubre de 2021…” (sic); por lo que, concurre el ámbito de vigencia personal. Respecto al ámbito de vigencia territorial manifestaron que los hechos constitutivos del delito de avasallamiento se suscitaron dentro del territorio del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, ya que el término jurisdicción debe ser entendido en sentido amplio de tierra, territorio y territorialidad; es decir, el espacio donde ejercen sus actividades y desarrollan todas sus instituciones, debiendo quedar claro que la JIOC alcanza tanto a conflictos ocurridos dentro de sus tierras, territorio y territorialidad. De modo que, en el caso concreto, el bien inmueble en controversia se encuentra ubicado dentro de la comunidad “SUNUYO” de ese Ayllu, lo cual fue reconocido por los denunciantes al momento de formular la denuncia. Asimismo, señalaron que el informe de 24 de septiembre de 2021, evacuado por el Secretario Técnico Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Uncía de dicho departamento, carece de valor probatorio, debido a que, por un lado se afirmó: “…‘actualmente no se tiene definido la mancha urbana ni aprobada’…” (sic), y más adelante de manera contradictoria se indicó: “…‘el bien inmueble ubicado en la localidad de Sunuyo se encuentra dentro lo que es el Radio Urbano de Nuestra ciudad de Uncia’” (sic). De asumir que estuviera ubicado dentro del radio urbano, dicho extremo de ninguna manera constituye óbice para que las autoridades del citado Ayllu continúen conociendo los hechos, del cual deviene la “resolución definitiva” de 28 de octubre de 2018; ya que, los efectos de los hechos que investiga el Ministerio Público, afectan de manera directa a la ejecución de esa Resolución; por cuanto, les corresponde velar el correcto cumplimiento de la mencionada Resolución y no a la jurisdicción ordinaria; por lo que, también concurre ese ámbito. Finalmente, con relación al ámbito de vigencia material, señalaron que los hechos denunciados fueron tipificados como de la presunta comisión del delito de avasallamiento que tiene por bien jurídico protegido la propiedad particular, la misma que no se encuentra dentro de las exclusiones para el ejercicio de la JIOC, conforme a lo previsto por el art. 10.II inc. a) de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ). Por otro lado, refirieron a la garantía del non bis in ídem, que también es aplicable en la JIOC, cuando existe identidad de sujetos, objeto y causa en dos procesos; por cuanto, el caso fue resuelto en la JIOC y se denuncia los mismos hechos en la jurisdicción ordinaria, correspondiendo que el Juez que ejerce el control jurisdiccional declare la extinción de la acción penal en aplicación de lo establecido por el art. 28 del Código de Procedimiento Penal (CPP), o archivar la causa por existir cosa juzgada, dando valor probatorio a el Acta de Conciliación de 13 de septiembre de 2018, la “…Resolución Definitiva de 28 de octubre de 2021…” (sic), y el Acta de Reunión de 17 de junio de 2021, en el marco de la igualdad jerárquica de los sistemas jurídicos que también implica dar valor probatorio a los documentos generados en ambas jurisdicciones conforme a la SCP 0890/2013 -de 20 de junio-.

I.2. Resolución de la autoridad jurisdiccional ordinaria

El Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo en suplencia legal de su similar Primero, ambos de Uncía del departamento de Potosí, mediante Auto Interlocutorio de 10 de febrero de 2022, cursante de fs. 3 a 5 vta., rechazó la solicitud de declinatoria de competencia, y se declaró competente para el conocimiento del proceso, bajo los siguientes fundamentos: a) No concurre el ámbito de vigencia personal, ya que según la documentación adjuntada, los denunciantes Valentín y Zacarías, ambos de apellidos Ramírez Cáceres, tienen como lugar de nacimiento la localidad de Uncía, provincia Rafael Bustillo del mismo departamento, conforme se establece en los certificados de nacimiento; por otro lado, los nombrados tienen su domicilio real en la zona 4, calle Llallagua s/n de la referida localidad, en la que habitan desde hace más de cincuenta años, de conformidad a la Certificación emitida por el Presidente de la Organización Territorial de Base (OTB) de la indicada zona; es más, los mismos denunciantes no se identifican como miembros del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP de la citada provincia, debido a que no comparten la misma identidad cultural, idioma, tradición, historia, instituciones, territorialidad y cosmovisión contradiciendo lo aseverado por las autoridades originarias promotoras del conflicto de competencias jurisdiccionales; b) Con relación al ámbito de vigencia material, el delito de avasallamiento de acuerdo a la relación fáctica de la denuncia, no se encuentra contemplado dentro de las limitaciones del art. 10 inc. a) de la LDJ; por lo que, concurre ese ámbito; y, c) En cuanto al ámbito de vigencia territorial, debido a que los presuntos hechos delictivos se produjeron en el lugar denominado “Sunuyo”, lo que de acuerdo a la fotocopia legalizada del Informe emitido por el Secretario Técnico del Gobierno Autónomo Municipal de Uncía del mencionado departamento, refiere que: “…‘De igual manera se informa que el bien inmueble ubicado en la localidad de Sunuyo se encuentra dentro de lo que es el Radio Urbano de nuestra Ciudad de Uncía’…” (sic); por otra parte, los documentos adjuntados como el Testimonio 56/1981 de 4 de junio, el folio real con matrícula computarizada 5.02.1.01.0000524, el pago de impuestos de bienes inmuebles al señalado Gobierno Autónomo Municipal, y el “Plan demostrativo” aprobado por el citado Gobierno Autónomo Municipal, expresan que la propiedad donde presuntamente se cometió el avasallamiento se encuentra dentro del radio urbano de ese municipio.

I.3. Admisión y notificación

La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante AC 0068/2022-CA de 11 de marzo, cursante de fs. 16 a 22, admitió el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Roberto Almanza Huarayo, Segunda Mayor; y, Filomena Condori Arista, Mama Segunda ambos del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, y el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo, en suplencia legal de su similar Primero, ambos de Uncía del citado departamento; siendo las partes notificadas el 30 y 31 de agosto de 2022, conforme constan en las diligencias de notificación, cursantes de fs. 24 a 25; así también, del Informe TCP-UCD-PT. 158/2022 de 31 de igual mes, emitido por el Operador de Notificaciones de la Unidad de Coordinación Departamental de Potosí del Tribunal Constitucional Plurinacional (fs. 30).

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto de 11 de octubre de 2022, cursante de fs. 36 a 37, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional a solicitud del Magistrado Relator, con la finalidad de emitir un fallo justo e imparcial, requirió a la Unidad de Descolonización dependiente de la Secretaria Técnica y Descolonización de este Tribunal, la elaboración de un informe técnico de campo, disponiendo la suspensión de plazo. Remitido el informe antes señalado, por decreto de 5 de abril de 2023 (fs. 154), se reanudó el cómputo de plazo para la emisión de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que, la misma es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el Acta de Nombramiento y Posesión efectuada por las máximas autoridades originarias del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, a Roberto Almanza Huarayo en el cargo de Segunda Mayor, y a Filomena Condori Arista en el cargo de “MAMA T’ALLA”, ambos del Ayllu Kharacha perteneciente a la Marka Chayanta del citado Suyu, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, a partir del 8 de enero de 2022 hasta el 7 de igual mes de 2023 (fs. 2). II.2. Mediante Auto Interlocutorio de 10 de febrero de 2022, emitido por el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo de Uncía del departamento de Potosí, se rechazó la solicitud de declinatoria de competencia, declarándose competente para el conocimiento y trámite de la causa, señalando que no concurren los ámbitos de vigencia personal y territorial; además que, la “Resolución” de 28 de octubre de 2018, pronunciada por el Tata Segunda Mayor y Corregidor titular del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del mencionado departamento, en el primer punto, resolvió que: “…Se respeta la primera acta de solución que dio la Máxima Autoridad Tata Corregidor Titular, en el que la familia Ramírez cedió un lote de terreno para que pueda construir vivienda social la familia Cirilo. 2.- Después de haber valorado a las partes de sus exposiciones pruebas documentales y la declaración de los testigos, se determina a que la familia Ramírez debe Ceder un Lote de terreno más a favor de la familia Cirilo, esto en el marco de la solidaridad…” (sic); empero, respecto al primer punto, no se conocieron los términos de esa Acta de Conciliación; puesto que, no fue adjuntada, y en segundo lugar, con relación a la citada Resolución, la misma no está firmada por las partes (fs. 3 a 5 vta.). II.3. Por memorial presentado el 24 de febrero de 2022, Roberto Almanza Huarayo, Segunda Mayor; y, Filomena Condori Arista, Mama Segunda, ambos del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, promovieron ante el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo, en suplencia legal de su similar Primero, ambos de Uncía del citado departamento, conflicto de competencias respecto del conocimiento del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Zacarías y Valentín, ambos de apellidos Ramírez Cáceres contra Iginia Mamani Arbita Vda. de Cirilo y José Luis Cirilo Mamani por la presunta comisión del delito de avasallamiento, solicitando se declare competente a las autoridades de la JIOC; asimismo, que los nombrados denunciantes presentaron la referida denuncia penal el 24 de agosto de 2021, alegando que serían legítimos propietarios de un terreno agrícola situado en la “Manta de Sunuyo” dentro del territorio del referido Ayllu, en las inmediaciones de la comunidad “de Sunuyo” del señalado Ayllu, que hubiese sido adquirido por Martina Cáceres Vda. de Ramírez -madre de los denunciantes-, mediante transferencia efectuada por Juan de Dios Cirilo Chiri, en su calidad de comunario de dicha comunidad, registrada en la Oficina de DD.RR., bajo la matrícula computarizada 5.02.1.01.0000524 (fs. 6 a 14).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La problemática planteada versa sobre el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Roberto Almanza Huarayo, Segunda Mayor; y, Filomena Condori Arista, Mama Segunda, ambos del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí y el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo, en suplencia legal de su similar Primero, ambos de Uncía del mismo departamento, respecto del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Zacarías y Valentín, ambos de apellidos Ramírez Cáceres contra Iginia Mamani Arbita Vda. de Cirilo y José Luis Cirilo Mamani, por la presunta comisión del delito de avasallamiento. En consecuencia, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para resolver los hechos que motivaron el conflicto de competencias jurisdiccionales.

III.1. Naturaleza jurídica del conflicto de competencias jurisdiccionales

El art. 202.11 de la Constitución Política del Estado (CPE), establece que son atribuciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, conocer y resolver los conflictos de competencias jurisdiccionales. Conforme a lo establecido por el art. 101 del CPCo, la demanda será planteada por cualquier autoridad IOC, cuando estime que una controversia jurídica, está siendo tramitada por una autoridad de la jurisdicción ordinaria o agroambiental sin competencia y se le solicitará apartarse del conocimiento de la causa correspondiente. A la inversa, dichas autoridades también podrán suscitar conflicto de competencias jurisdiccionales ante las autoridades IOC. El conflicto de competencias jurisdiccionales, es un mecanismo constitucional autónomo que no está sometido a las normas procesales de carácter ordinario, y tiene como única finalidad suscitar el conflicto, entendido como la facultad para promover o iniciar una demanda por parte de una autoridad judicial que se estima competente para conocer y resolver una determinada causa, a su similar de otra jurisdicción, cuestionando la competencia con la pretensión de que se aparte del conocimiento del proceso judicial y se remitan los antecedentes a la autoridad reclamante. Entonces, la noción de ese mecanismo procesal constitucional, no debe confundirse con los institutos de inhibitoria o declinatoria, que se encuentran regulados por las normas de orden procesal ordinario. Tampoco puede plantearse como si fuera una excepción de incompetencia. Las competencias jurisdiccionales, emergen de la Constitución Política del Estado. El art. 190.I de la CPE, determina que: “Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios”, entendido como un sistema jurídico propio, para conocer y resolver controversias que afecten la vida de los indígenas originario campesinos, que viven en sus territorios ocupados desde tiempos inmemoriales o fuera de ella. Con relación a las autoridades ordinarias y agroambientales, su jurisdicción y competencias, surgen de los arts. 181 y 186 de la CPE, y una de sus particularidades es la división en diferentes materias, entre ellas, civil, comercial, penal, familiar, agraria y otras, lo que no sucede en el caso de las autoridades IOC, ya que sus competencias son de carácter integral; es decir, conocen y resuelven conflictos, tomando en cuenta la afectación a sus principios, valores y bienes jurídicos relacionados con la pacífica y armoniosa convivencia en comunidad sin clasificar los conflictos por materias. La jurisprudencia constitucional a través de la SCP 1988/2014 de 13 de noviembre, precisó que: “…el criterio asumido en el citado fallo, a la luz de la naturaleza y finalidad de los conflictos de competencias, resulta excesivamente formalista y desnaturaliza el derecho de acceso a la justicia constitucional, al exigirse una demanda formal como requisito esencial para activar el conflicto; por cuanto, cuando este Tribunal evidencia la existencia material de un conflicto interjurisdiccional de competencias, ya sea positivo o negativo, no puede rechazar la posibilidad de asumir conocimiento por la inexistencia de una ‘demanda’; toda vez que, bastará a la jurisdicción constitucional el constatar las resoluciones de declinatoria de ambas instancias jurisdiccionales, o en su caso que cada una asuma competencia dentro del mismo caso, evidenciándose de esas resoluciones el conflicto de competencias que habilita a este Tribunal a conocer el caso concreto…” (las negrillas son nuestras).

III.2. La jurisdicción y competencia de las autoridades indígena originario campesinas

El art. 190 de la CPE, establece que: “Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios”. En forma concordante con la citada norma constitucional, el art. 7 de la LDJ, prevé que la JIOC: “Es la potestad que tienen las naciones y pueblos indígena originario campesinos de administrar justicia de acuerdo a su sistema de justicia propio y se ejerce por medio de sus autoridades, en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado y la presente Ley”. Asimismo, el art. 191.II de la CPE, determina que: “La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial”, en ese mismo sentido el art. 8 de la LDJ, establece que: “La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, cuando concurran simultáneamente”. La SCP 0055/2016 de 13 de abril, con relación a los ámbitos de vigencia, estableció que: “De conformidad al art. 190 de la CPE, las autoridades indígena originario campesinas ejercerán funciones jurisdiccionales y de competencias para conocer y solucionar, conflictos o controversias que afecten su convivencia comunitaria, de acuerdo a los principios, valores culturales, normas y procedimientos propios, que en conjunto se denominan el procedimiento jurídico indígena originario campesino. La naturaleza de este procedimiento es de carácter oral, vigente en un contexto, pero que se fundamenta en la ancestralidad y en la Constitución Política del Estado y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Al aplicar la normatividad jurídica propia, deberán respetarse el ejercicio del derecho a la vida, a la defensa y otros derechos y garantías establecidas en la Constitución Política del Estado, de todas las personas sin ninguna discriminación, constituyéndose de esta manera, el contenido de tales derechos, en el límite, al ejercicio de las funciones o atribuciones de todas las autoridades del sistema judicial, incluido la de las NPIOC. El art. 191.I de la Norma Suprema, establece que: ‘La jurisdicción indígena originaria campesina se fundamenta en el vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino’. De esto se infiere dos dimensiones que explican la jurisdicción mencionada: 1) El fundamento restringido, consiste, que la jurisdicción indígena originaria campesina alcanza a las personas que tienen como domicilio principal un pueblo indígena originario campesino, sin que ello signifique, que tal miembro pueda trasladarse a otros lugares del país o fuera él, por motivos que atingen a sus intereses legítimos y de su familia; ya sea por un determinado tiempo o prolongado. En este sentido, la concurrencia simultánea de los ámbitos de vigencia personal, material y territorial corresponde al criterio mencionado; y, 2) El fundamento extensivo, se desprende del art. 191.II, en relación con los arts. 13.I, II y 30.II.14 de la CPE. El primer artículo nombrado señala que: ‘La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial’: En este punto, resulta necesario remarcar que, el constituyente prefirió utilizar el término vigencia, en vez de la palabra competencia, con el propósito de evitar, la asimilación del sistema jurídico propio al derecho escrito de aplicación predominante en el contexto de los Estados-nación, de carácter monocultural y de tendencia liberal-conservador, en contradicción de la concepción filosófica del Estado Plurinacional. (…) …están sujetos a esa jurisdicción, los miembros de la NPIOC, involucrados en un problema, conflicto o controversia que afecte la vida comunitaria cuyas raíces se encuentran en la institucionalidad del territorio histórico del Qullasuyu y Abya Yala. Desde la posición de la interpretación extensiva de la norma jurídica, este enunciado, alcanza a las personas que no necesariamente viven o residen con permanencia en una comunidad indígena originaria campesina, pero que están vinculadas por ciertos intereses legítimos, por ejemplo la tenencia de tierras de cultivo”. Respecto al ámbito de vigencia personal, el art. 191 de la CPE, establece que: “La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino (…). 1. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sean que actúen como actores o demandados, denunciante o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos”. En ese mismo sentido dispone el art. 9 de la LDJ. Con relación al ámbito de vigencia personal, la SCP 0005/2016 de 14 de enero, definió que: “…desde la perspectiva extensiva, se comprende que: i) Sobre el ámbito de vigencia personal, están sujetos a esa jurisdicción, los miembros de la NIOPC, involucrados en un problema que afecte, principalmente, la vida comunitaria cuyas raíces se encuentran en la institucionalidad del territorio histórico del Qullasuyu y Abya Yala. Desde la posición de la interpretación extensiva de la norma jurídica, ese enunciado referido, alcanza a las personas que no necesariamente viven o residen con permanencia en una comunidad IOC; pero que, están vinculadas por ciertos intereses legítimos, por ejemplo la tenencia de tierras de cultivo, descendencia familiar o que se expresen someterse voluntariamente a la JIOC; sustentados en los principios de pluralismo e interculturalidad jurídica. En esta dirección, la SCP 0026/2013, ha determinado que: ‘…considerando que el derecho colectivo a administrar su justicia está relacionado con la construcción de su identidad social, es lógico aceptar que es posible el juzgamiento de personas que no necesariamente pertenezcan a la nación o pueblo indígena originario campesino pero que voluntariamente de manera expresa o tácitamente se someten a dicha jurisdicción…’”. Respecto al ámbito de vigencia material, las autoridades IOC de acuerdo a lo previsto por el art. 191.II.2 de la CPE, conocen: “…los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional”, dicha Ley en el art. 10.I, señala que: “La jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas y procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación” (las negrillas son nuestras); sin embargo, también, estableció las materias a las que no alcanza la JIOC, cuyo contenido jurídico se encuentra en los diferentes códigos y leyes. El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0764/2014 de 15 de abril, interpretando el ámbito de vigencia material de la JIOC, adoptó el siguiente entendimiento: “…todos los actos, hechos y conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron las naciones y pueblos indígena originario campesinos bajo sus normas, procedimientos propios y saberes, son de conocimiento de la jurisdicción indígena originario campesina,

POR TANTO

, el ámbito de aplicación material de esta jurisdicción, debe ser interpretado de la manera más amplia y progresiva posible, para que se asegure la vigencia de la plurinacionalidad y el respeto al ejercicio pleno de la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (…). (…). En atención a lo expresado y al amparo de la pauta de interpretación plasmada en el art. 29 inc. a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se tiene que la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que en su art. 10.II disciplina las exclusiones competenciales de la jurisdicción indígena originario campesina, debe ser interpretado de manera restrictiva y excepcional, para evitar así suprimir el ejercicio al derecho a la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos; en ese orden, el numeral primero de dicha disposición, debe ser interpretado a la luz de pautas progresivas y extensivas de interpretación, para consolidar así una máxima eficacia y plena vigencia del principio de libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, aspecto coherente con el postulado de plurinacionalidad igualitaria, con armonía social y respeto, bases del orden constitucional establecido a partir de la Constitución Política del Estado de 2009”.

Finalmente, sobre el ámbito de vigencia territorial, el art. 191.II.3 de la CPE, establece que: “Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino”, texto al cual, el art. 11 de la LDJ, lo complementa al señalar que: “…siempre y cuando concurran los otros ámbitos de vigencia establecidos en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley”. Sobre el particular, la SCP 0055/2016, precisó que: «…por una parte, la jurisdicción en análisis, se aplica a las relaciones que se realizan dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino. Este enunciado que se deriva del art. 191.II.3 de la Norma Suprema. Por otra parte, en este artículo mencionado, el texto que a continuación se cita, requiere su comprensión, que establece en la siguiente forma: “…o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino”. Los efectos también se pueden producir desde fuera del pueblo respectivo, por parte de personas, que ya no tienen domicilio permanente en él o que de alguna u otra forma mantienen relaciones con los miembros de la comunidad correspondiente, por diferentes motivos legítimos. Esta regla, en primer lugar, entre otros criterios, se fundamenta, principalmente, en los principios del pluralismo jurídico, interculturalidad, complementariedad y la igualdad. En segundo lugar, se basa en el deber del Estado, a través de sus órganos públicos, y en materia de justicia, mediante las autoridades jurisdiccionales de respetar y garantizar la plena aplicación de los derechos fundamentales de las NPIOC establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, con el horizonte de consolidar la identidades plurinacionales, en el marco del principio de respeto de la autonomía territorial indígena originaria campesina, sin que se entienda, necesariamente, aquellas formalizadas o consolidadas, a través de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Administrativa “Andrés Ibáñez”, pero cuidando, en todo caso, que los derechos del resto de la población del país también tienen que ser respetados y garantizados, efectivamente. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, en el Expediente T-124907 de 15 de octubre de 1997, en revisión de una Tutela, sobre la jurisdicción indígena estableció que: “…al ponderarse los intereses que puedan enfrentarse en un caso concreto, atienda a la regla de ‘la maximización de la autonomía de las comunidades indígenas y; por lo tanto, la de la minimización de las restricciones indispensables para salvaguardar intereses de superior jerarquía…’”».

En coherencia con la línea jurisprudencial descrita, la SCP 0764/2014 adoptó el siguiente entendimiento: “…es necesario establecer también que los actos hechos o conflictos que la jurisdicción indígena originaria campesina, histórica y tradicionalmente conoce bajo sus normas, procedimientos propios y saberes, para cumplir con el ámbito de vigencia territorial, deben generarse o producirse en el espacio geográfico de titularidad o posesión de las naciones o pueblos indígena originario campesinos; o en su caso deben surtir efectos en ella (…)”.

III.3. La competencia de las autoridades indígena originario campesinas en contextos urbanos con relación al ámbito de vigencia personal y territorial

Sobre el tema, surge la interrogante si las autoridades IOC pueden extender su competencia territorial a contextos o áreas urbanas de las ciudades capitales de los municipios rurales, sobre todo, en cuanto a los ámbitos de vigencia personal y territorial, ya que para demostrar la concurrencia del ámbito de vigencia personal no solamente es necesario demostrar la condición de afiliado o miembro de una comunidad sino también determinar el lugar donde viven y desarrollan sus actividades, y en lo que corresponde al ámbito de vigencia territorial se debe acreditar el lugar donde se producen los actos o hechos fácticos de la vida real que generan conflictos o problemas o el lugar donde repercuten sus efectos. De tal manera que, ese lugar puede estar comprendido dentro del área urbana o rural.

Para determinar aquello, es necesario revisar la normativa constitucional y legal existente al respecto. Así, el art. 2 de la CPE, establece que: “Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley” (las negrillas nos pertenecen).

Asimismo, el art. 9.1 de la CPE, determina que son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Norma Suprema y la ley: “1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales” (las negrillas son nuestras).

Por su parte, el art. 30.I de la CPE, establece que: “Es nación o pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española” (las negrillas nos corresponden).

Mientras que, el art. 270 de la CPE, determina que: “Los principios que rigen la organización territorial y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas, son: (…) y preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en los términos establecidos en esta Constitución” (las negrillas nos pertenecen).

De la normativa constitucional transcrita, se puede resaltar que el constituyente utiliza dos palabras para reconocer y definir a las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC), las cuales son la precolonialidad y la prexistencia a la invasión colonial española; en segundo lugar, reconoce el dominio ancestral sobre sus territorios y finalmente la consolidación de sus entidades territoriales. Por el primero, las dos palabras, precolonialidad y preexistencia, expresan la misma cualidad de las NPIOC, en tanto que tienen una existencia anterior a la invasión colonial española y preexisten a los actuales Estados republicanos; y, como una segunda característica definitoria, se reconoce el dominio ancestral sobre sus territorios con la pretensión de consolidación de sus entidades territoriales, si bien esos territorios fueron fragmentados y retaceados durante la colonia, dicha política persistió durante la República; sobreponiendo a los territorios ancestrales de las NPIOC los departamentos, provincias, secciones y cantones; posteriormente, el Estado Plurinacional definió su organización territorial en departamentos, provincias, municipios y territorio indígena originario campesino, a pesar de ello, las NPIOC por reconocimiento constitucional mantienen su dominio ancestral sobre sus territorios y sus autoridades conservan las facultades jurisdiccionales en esos ámbitos territoriales aplicando su propio sistema jurídico, tomando en cuenta que el concepto de dominio ancestral sobre sus territorios es más amplio que denota no solamente una relación jurídica de propiedad colectiva sino político, social, económico, histórico, cultural y lingüístico, de modo que no es necesario que las NPIOC acrediten el derecho propiedad colectiva sobre el territorio ancestral para habilitar su competencia, basta con que se advierta que ese territorio pertenecía ancestralmente a una nación o pueblo indígena originario campesino para que sus autoridades estén habilitadas para impartir justicia.

Aparte de lo anterior, durante la República se crearon sobre los territorios ancestrales de las NPIOC, las áreas urbanas, primero en las ciudades capitales de los nueve departamentos y posteriormente con la Ley de Participación Popular en los centros poblados de los municipios rurales, que ante el crecimiento acelerado de la población en las ciudades capitales, las áreas urbanas de los municipios se fueron extendiéndose y ampliándose constantemente hacia las áreas rurales al extremo de hacer desaparecer comunidades íntegras, lo que dio lugar a un razonamiento simplista, cerrado y automático de señalar que las autoridades de la JIOC tienen competencia solamente en áreas rurales y no así en áreas urbanas, sobre todo en los municipios rurales, sin tomar en cuenta que la ley de creación, delimitación y ampliación de las áreas urbanas, así como las resoluciones supremas de homologación no determinan directa y automáticamente la extinción de la personería de las NPIOC; por lo que, se mantiene el principio general establecido en el punto anterior de que las NPIOC al tener dominio ancestral sobre sus territorios, aun cuando hubieran mutado a espacios urbanos, sus autoridades pueden ejercer jurisdicción y competencia sobre los asuntos que afecten a su convivencia armónica y colectiva.

III.4. Los casos de avasallamiento u ocupación ilegal en el marco de las normas y procedimientos propios del Ayllu Kharacha, conforme al Informe Técnico de Campo TCP/STyD/UD/020/2022

Del citado Informe Técnico, se puede extractar los siguientes aspectos relevantes:

III.4.1. La estructura de organización territorial y las autoridades o instancias de impartición de justicia en el Ayllu Kharacha

El Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, pertenece a la nación Charka Qhara Qhara, forma parte de la parcialidad Manqhasaya -abajo- de la referida nación ancestral que abarcó toda la región que hoy se conoce como Norte de Potosí. Esa nación originaria estuvo compuesta por dos parcialidades: Alaxsaya -la parte de arriba-, cuya capital fue Sacaca y la Manqhasaya -la parte de abajo- con su capital Chayanta. A su vez Chayanta se divide en dos parcialidades: Alaxsaya, conformado por los Ayllus: Laymi, Puraca, Chullpa y Jukumani; mientras que la Manqhasaya conforman los Ayllus: Chayantaka, Sikuya, Kharacha y Aymaya; por lo que, dicho Ayllu Kharacha forma parte de la citada parcialidad Manqhasaya.

El territorio del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, se compone de veintiséis comunidades, organizado territorialmente según los pisos ecológicos que ocupan, así la Puna es la cabecera del valle y lo que se conoce como Pata Qullana -arriba-, se encuentra conformada por las comunidades de Maraca, Yauriri y Alta Calasaya; Jach’a Qullana -medio-, integrado por las comunidades de: Merkamaya, Cotaviri, Vinto, Villca Pujyu, Pista Pampa, Ñeq’iri, Pasto Pampa, Colocoma y Pista Calasaya; y Jisk’a Qullana -abajo-, que está conformado por las comunidades: Sunuyu, Azaniri, Huaraca, Lawa lawa, “Jayu jayu”, Ponpoyo, Ch’iu 1, Ch’iu 2, “k’uyu”, K’esocoyo, Sao Sao y Marka Chayanta. Las autoridades que imparten justicia en el Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, es el Segunda Mayor -hombre y mujer-; Corregidor -hombre y mujer- y Subalcalde -hombre y mujer-. Todos los cargos se encuentran conformados por “chacha-warmi”, electos por “Muyu-Thaki” -rotación o turno-. Su periodo de mandato es de dos años para estas altas autoridades de dicho Ayllu. Dentro de esa estructura el citado Ayllu a nivel regional está afilado a la mencionada Federación, para lo cual eligen un representante llamado Kuraj Mallku (chacha-warmi) que los representara también por un periodo de dos años en esa organización.

A nivel de las comunidades sus autoridades son: Jilanqu -hombre y mujer-, Sursi, Qhawasiri, y el Consejo Educativo o Junta Escolar; el tiempo de mandato de esas autoridades locales es de un año calendario de enero a diciembre, para los que están en calidad de originarios y medio año para los que son agregados. Se eligen con base al principio de “‘Muyu- Thaki’”, de acuerdo a la lista de los contribuyentes o “‘Taseros’”, que son los representantes de cada parcela, lo que hoy se conoce como Norte de Potosí.

Las instancias encargadas de impartir justicia en el Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, a nivel de ese Ayllu es el Jach’a Tantachawi -cabildo ordinario-, el Jisk’a Tantachawi -cabildo extraordinario- y el Consejo de Autoridades del Ayllu, en tanto que a nivel de las comunidades es el cabildo comunal y la reunión de autoridades de la comunidad. Con relación al procedimiento que se sigue para la resolución de conflictos al interior de las comunidades, las autoridades señalaron que existen veintiséis comunidades, una de esas comunidades es Sunuyu, más arriba está el mencionado Ayllu que pertenece a la Marka Chayanta y más arriba se encuentra la FAOI-NP. El Tata Segunda Mayor del Ayllu, Corregidor y Subalcalde, son las tres autoridades a nivel del Ayllu; los Jilankus están a nivel de la comunidad acompañado de los Qawasiris. Cuando existe un conflicto, primeramente se denuncia el conflicto ante el Jilanqu, cuando no puede resolver sube con un informe al Tata Segunda Mayor del Ayllu, y si este no resuelve remite con un informe a la FAOI-NP.

III.4.2. Formas de resolución de conflicto sobre la tierra, casos de invasión a “mantas” o “sayañas” colindantes

Las “‘mantas’” constituyen espacios de tierra cultivable, en la que cada una de las familias tiene sus parcelas, las cuales se manejan bajo el principio de rotación o muyu. En el Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, el tiempo de rotación de las “‘mantas’” es de cuatro a siete años, dependiendo de la extensión de la “‘manta’” y la cantidad de familias. Cuando existe avance o invasión sobre las parcelas o “‘mantas’” de los vecinos, es una ocupación ilegal, y son las autoridades quienes deben resolver el problema, siendo una de las causas para ello el abandono de las parcelas por parte de los comunarios, dando lugar a que otros aprovechen sembrando o desviando el agua; por lo que, se activa el siguiente procedimiento para solucionar el problema.

Primero se hace conocer la denuncia a la autoridad local que es el Jilanqu de la comunidad; Segundo, esa autoridad cita a las partes en conflicto mediante una notificación; Tercero, se recaba información en el lugar del conflicto de ambas partes; Cuarto, se recoge el testimonio de los colindantes para conocer quién es el verdadero poseedor; Quinto, se determina una solución que puede ser “‘amediar’” que implica distribuir en partes iguales; Sexto, en caso de no existir entendimiento entre las partes, se remite con informe al Tata Segunda Mayor del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, quien buscará una solución al caso o bien puede convocar a cabildo para que esa instancia determine una solución o sanción; y, Séptimo, en casos complejos acuden a la FAOI-NP.

Se conoce que el territorio del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, se encuentra en proceso de saneamiento, aclarando que en estos Ayllus siempre fue colectiva la posesión de las tierras, regulada por normas y procedimiento propios. También se conoce que dentro del citado Ayllu existen algunas familias que tienen propiedad privada como terceros, tierras que fueron adquiridas antes de 1980. La comunidad sabe quiénes son esas familias; empero, actualmente se encuentra restringido, ya que la transferencia de la tierra solamente es posible entre los comunarios del mismo Ayllu, la cual debe ser autorizada por la comunidad, no siendo posible para otros terceros. Es más, dentro del territorio del señalado Ayllu no existe la propiedad privada, por cuanto, no se tiene un título civil que permita la inscripción en la Oficina de DD.RR..

III.4.3. La pertenencia de las partes, el lugar de los hechos y lo resuelto por las autoridades de la JIOC

Los denunciantes, Zacarías y Valentín, ambos de apellidos Ramírez Cáceres, vivieron en la comunidad Sunuyu -perteneciente al Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí-; empero, abandonaron la misma por un largo tiempo, motivo por el cual fueron sancionados con una multa económica y recientemente se afiliaron nuevamente a dicha comunidad. Mientras que los denunciados Iginia Mamani Arbita Vda. de Cirilo y José Luis Cirilo Mamani son miembros de la comunidad “K’uyu”, de acuerdo a la lista de comunarios de esa comunidad.

Sobre el lugar donde ocurrieron los hechos, de acuerdo al testimonio de los comunarios, fue en la “‘manta’” o parcela de terreno que pertenece a la comunidad de Sunuyu -del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí-, con una superficie de 3 ha promedio llamado “‘Putuloma’” que la familia Ramírez Cáceres hubiera obtenido mediante una permuta con Juan de Dios Cirilo Chiri en años anteriores. No obstante, los hijos del nombrado intentaron ocupar el predio, motivo por el cual el asunto fue comunicado a las autoridades locales. La Resolución Final en Grado de Sentencia de la Jurisdicción Indígena Originaria del Ayllu Kharacha de 28 de octubre de 2018, señaló que ese predio fue trabajado por la indicada familia Ramírez Cáceres, siendo por ello, prohibido en ese sector cualquier tipo de ocupación o construcción.

Asimismo, las autoridades del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, explicaron que el acceso a las parcelas de tierras es muy diversificada como una “mixtura”; por lo que, una familia puede tener acceso a parcelas no solo en su comunidad sino también en otras comunidades, lo cual fue estudiado por Jhon Murra como un control simultáneo de espacios interzonales, como un archipiélago de territorios discontinuos. En ese marco los integrantes de una comunidad pueden tener espacios de tierra dentro de otras comunidades, de esa forma explicaron los comunarios del citado Ayllu, del porqué los denunciados Iginia Mamani Arbita Vda. de Cirilo y José Luis Cirilo Mamani, si bien son comunarios de la comunidad “K’uyu”; sin embargo, también tienen parcelas en la “‘manta’” de la señalada comunidad Sunuyu.

Respecto a que si los hechos fueron resueltos por las autoridades del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, indicaron que el problema data de 2017, y que intentaron solucionar el conflicto desde el nivel de la comunidad, pasando por el Ayllu hasta llegar a la indicada Federación, sin poder solucionar el mismo, hasta que la familia Ramírez Cáceres se fue a la jurisdicción ordinaria, existiendo como prueba de ello la Resolución Final en Grado de Sentencia de la Jurisdicción Indígena Originaria del Ayllu Kharacha de 28 de octubre de 2018, en la cual, se resolvió: 1) Respetar la primera Acta de solución emitida por el Corregidor del Ayllu de ceder un lote de terreno en favor de la familia Cirilo Arbita; y, 2) Ceder un segundo lote de terreno en favor de esa familia. Con esos dos lotes de terreno, se consideró solucionado el problema.

III.4.4. La competencia de las autoridades de la JIOC en áreas urbanas de los municipios rurales

El área urbana del municipio de Uncía está dentro del territorio del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí; por lo que, la mayor parte de las actividades propias del citado Ayllu, tales como reuniones, eventos deportivos, actividades festivas, económicas y otras, se desarrollan en el área urbana del mencionado municipio, al extremo de que la sede oficial de ese Ayllu se encuentra en dicho municipio. No se trata de la llegada de los pueblos indígenas a la ciudad, sino que la ciudad se construyó dentro del territorio de las comunidades.

Las familias del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, viven tanto en la comunidad como en el área urbana del municipio de Uncía de dicho departamento, lo cual es natural debido a la cercanía de la ciudad y de sus beneficios, estas familias optan por vivir en área urbanas sin abandonar la comunidad; mas al contrario la capital de ese municipio se constituye en un lugar de residencia simultanea; es decir, se implementa una lógica multiresidencialidad que se articula en un mismo sistema de control territorial, tanto en la comunidad como en el barrio urbano. Desde esa perspectiva, la función de las autoridades originarias de conocer y resolver los casos de conflicto de tierras se analiza y se resuelve en reuniones que se llevan en la sede situada en el referido municipio, como en la misma comunidad donde acaecen los hechos, ya que no existe una separación definitiva y determinante entre campo y ciudad para el ejercicio de las funciones de las autoridades originarias. Por tanto, se puede afirmar que la inclusión de las áreas urbanas dentro el ámbito territorial de la JIOC, donde habitan sus comunarios, es parte de su ámbito de vigencia territorial.

III.5. Análisis del caso concreto

La problemática planteada versa sobre el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Roberto Almanza Huarayo, Segunda Mayor; y, Filomena Condori Arista, Mama Segunda ambos del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí y el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo de Uncía del mismo departamento, respecto del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Zacarías y Valentín, ambos de apellidos Ramírez Cáceres contra Iginia Mamani Arbita Vda. de Cirilo y José Luis Cirilo Mamani, por la presunta comisión del delito de avasallamiento. Ahora bien, de los antecedentes se tiene que Roberto Almanza Huarayo y Filomena Condori Arista, Segunda Mayor y “MAMA T’ALLA”, ambos del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, acreditaron su legitimación activa con el Acta de Nombramiento y Posesión efectuada por las máximas autoridades originarias del referido Suyu a los nombrados, a partir del 8 de enero de 2022 hasta el 7 de igual mes de 2023 (Conclusión II.1.). En esa condición, éstos promovieron ante el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo en suplencia legal de su similar Primero, ambos de Uncía del citado departamento, conflicto de competencias jurisdiccionales respecto del conocimiento del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Zacarías y Valentín, ambos de apellidos Ramírez Cáceres contra Iginia Mamani Arbita Vda. de Cirilo y José Luis Cirilo Mamani por la presunta comisión del delito de avasallamiento, solicitando se declare competente a las autoridades de la JIOC (Conclusión II.2.); en cuya virtud, dicha autoridad judicial, emitió el Auto Interlocutorio de 10 de febrero de 2022, rechazando la solicitud de declinatoria de competencia, declarándose competente para el conocimiento y trámite de la causa, señalando que no concurren los ámbitos de vigencia personal y territorial; además que, la “Resolución” de 28 de octubre de 2018, pronunciada por el Tata Segunda Mayor y Corregidor titular del referido Ayllu, en el primer punto, resolvió que: “…Se respeta la primera acta de solución que dio la Máxima Autoridad Tata Corregidor Titular, en el que la familia Ramírez cedió un lote de terreno para que pueda construir vivienda social la familia Cirilo. 2.- Después de haber valorado a las partes de sus exposiciones pruebas documentales y la declaración de los testigos, se determina a que la familia Ramírez debe Ceder un Lote de terreno más a favor de la familia Cirilo, esto en el marco de la solidaridad…” (sic). Empero, que respecto al primer punto, no se conocen los términos de esa Acta de Conciliación, ya que no fue adjuntada, y en segundo lugar, referente a la mencionada Resolución, la misma no está firmada por las partes (Conclusión II.3.). En ese contexto, se advierte que tanto las autoridades de la JIOC del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, así como el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo del mismo departamento, se consideran a su turno competentes para conocer y resolver los hechos que motivaron el inicio del proceso penal antes descrito, suscitándose así el conflicto de competencias jurisdiccionales entre la JIOC y la jurisdicción ordinaria, que fue admitido por la Comisión de Admisión de este Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante el AC 0068/2022-CA, para su resolución de fondo y se determine la autoridad competente que debe conocer y resolver el asunto. Al respecto, de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene competencia para dilucidar conflictos de competencias entre la JIOC y la jurisdicción ordinaria. En dicha labor se debe tener presente que ese mecanismo constitucional tiene por finalidad únicamente definir conforme a los arts. 202.11 de la CPE y 100 del CPCo, la autoridad competente para conocer y resolver los hechos que motivaron el inicio del proceso penal, sin que pueda emitir criterio alguno sobre el problema o la pretensión de fondo, en el marco del ejercicio del control competencial de constitucionalidad. Para cumplir con esa labor corresponde verificar de acuerdo a los antecedentes y pruebas adjuntadas, la concurrencia o no de los ámbitos de vigencia personal, territorial y material, en función de lo previsto por el art. 191.II de la CPE y de los criterios expuestos en los Fundamentos Jurídicos III.2. III.3. y III.4. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y como resultado de ese análisis declarar competente a una de las autoridades jurisdiccionales que forman parte del conflicto de competencias jurisdiccionales. Sobre el ámbito de vigencia personal Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, quedó precisado que de acuerdo a lo previsto por el art. 191 de la CPE, la concurrencia del ámbito de vigencia personal de la JIOC, se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva NPIOC, ya sea que actúen dentro de los asuntos o conflictos como demandantes o demandados, denunciantes o denunciados, recurrentes o recurridos y alcanza a los miembros de las colectividades humanas que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión con existencia precolonial y que ejercen dominio ancestral sobre sus territorios; así también, a los que se someten tácita o expresamente a esa jurisdicción; a quienes siendo terceros no indígenas pero que los actos que realizaron en sus territorios afectan a las personas y bienes de la comunidad; asimismo, cuando sean poseedores de tierras que son parte del territorio de una comunidad, o bien a través del principio de auto-identificación definen su pertenencia a una comunidad determinada.

En ese contexto, las autoridades de la JIOC en la demanda del conflicto de competencias jurisdiccionales, indicaron que los denunciantes, los hermanos Zacarías y Valentín, ambos de apellidos Ramírez Cáceres, de manera reiterada y en más de una ocasión se sometieron a la JIOC del del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, asistiendo de manera disciplinada a las reuniones y audiencias convocadas por las autoridades del citado Ayllu, expresando los motivos que les llevaron a acceder a las solicitudes de cesión de terrenos, efectuadas por la familia Cirilo y las autoridades de ese Ayllu, ya que Juan de Dios Cirilo Chiri, fue quien transfirió el lote de terreno a la madre de los denunciantes, quien a su vez era comunario de la comunidad “Sunuyo” del mencionado Ayllu, lo cual constituye la manifestación de la voluntad tácita de los nombrados de someter los asuntos de su interés a las autoridades de dicho Ayllu; mientras que los denunciados Iginia Mamani Arbita Vda. de Cirilo y José Luis Cirilo Mamani, de manera reiterada se autoidentificaron como comunarios de la comunidad “K’uyo” perteneciente al indicado Ayllu, siendo corroborado por las Certificaciones emitidas por Eduardo Alivares Villca, Segunda Mayor de ese Ayllu; además que, se encuentran respaldados con el Acta de Conciliación de 13 de septiembre de 2018, el Acta de Reunión de 17 de junio de 2021 y la “…resolución definitiva de 28 de octubre de 2021…” (sic). Es más, los extremos referidos fueron confirmados en el Informe Técnico de Campo TCP/STyD/UD/020/2022 esbozado en el Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional, que con relación al ámbito de vigencia personal señaló que con base a los testimonios de las autoridades y comunarios del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, establece que: Los denunciantes, Zacarías y Valentín, ambos de apellidos Ramírez Cáceres vivieron en la comunidad Sunuyu perteneciente a ese Ayllu; empero, abandonaron la misma, por un largo tiempo, motivo por el cual fueron sancionados con una multa económica y que recientemente se afiliaron nuevamente a la citada comunidad. Mientras que los denunciados Iginia Mamani Arbita Vda. de Cirilo y José Luis Cirilo Mamani son miembros de la comunidad de “K’uyu”, que también pertenece a la jurisdicción territorial del referido Ayllu. De lo expuesto, se llega a la conclusión que concurre el ámbito de vigencia personal respecto de las autoridades del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí; por cuanto, tanto los denunciantes así como los denunciados, si bien pertenecen a comunidades diferentes; no obstante, las comunidades Sunuyu y “K’uyu” pertenecen a la jurisdicción territorial del citado Ayllu; donde comparten la misma identidad cultural, idioma quechua, historia, tradiciones, instituciones, territorialidad y cosmovisión propias de la región; por lo que, se tiene por concurrente el ámbito de vigencia personal.

Respecto al ámbito de vigencia material Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, la JIOC conoce los asuntos indígena originario campesinos de acuerdo a lo previsto por la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que en su art. 10.II, establece que: “II. El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza a las siguientes materias: a) En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio”. Ese ámbito de aplicación material, debe ser interpretado de la manera más amplia y progresiva posible, para asegurar la vigencia de la plurinacionalidad y el respeto al ejercicio pleno de la libre determinación de las NPIOC, tomando en cuenta su sistema jurídico y de vida social y cultural de las mismas en la calificación de los hechos. En el presente caso, de acuerdo a los antecedentes se tiene que Zacarías y Valentín, ambos de apellidos Ramírez Cáceres, presentaron ante el Ministerio Público una denuncia penal contra Iginia Mamani Arbita Vda. de Cirilo y José Luis Cirilo Mamani, por la presunta comisión del delito de avasallamiento, alegando que serían legítimos propietarios de un lote de terreno agrícola situado en la “Manta de Sunuyo” dentro del territorio del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, en las inmediaciones de la comunidad “de Sunuyo” perteneciente a ese Ayllu, que hubiera sido adquirido por Martina Cáceres Vda. de Ramírez -madre de los denunciantes- mediante transferencia efectuada por Juan de Dios Cirilo Chiri, en su calidad de comunario de dicha comunidad, registrada en la Oficina de DD.RR., bajo la matrícula computarizada 5.02.1.01.0000524; ya que, a finales de 2018, los denunciados fueron beneficiados con una vivienda del programa AEVIVIENDA; empero, no contaban con un espacio de terreno en la población de Uncía del mencionado departamento; por lo que, gracias a las gestiones realizadas por el Corregidor titular del referido Ayllu, arguyendo que la denunciada Iginia Mamani Arbita Vda. de Cirilo, les transfirió la parcela que no tenía documentación, sin conocer que los denunciantes contaban con documentación, a mucha insistencia acordaron cederle de manera solidaria un lote de terreno de 250 m, para la construcción de una vivienda para Iginia Mamani Arbita Vda. de Cirilo y sus hijos; así también, después de unos días se constituyeron en el indicado lote de terreno a objeto de verificar el cumplimiento del acuerdo suscrito; sin embargo, se sorprendieron con el actuar de los denunciados, quienes se encontraban edificando una vivienda en otro lote de terreno, y no en ese lote de terreno cedido mediante el señalado acuerdo; por cuanto, nuevamente acudieron ante las autoridades del mencionado Ayllu, donde los denunciados manifestaron que no estaban conformes con un solo lote de terreno y que querían el 50% del total del terreno, oportunidad en las que las autoridades IOC pidieron que se les enseñe los documentos de propiedad; por lo que, la familia Ramírez colocó sus documentos a la vista, los cuales fueron aceptados por esas autoridades; empero, los denunciados inconformes abandonaron la reunión; es más, el 23 de agosto de 2021, se constituyeron en el terreno con dichas autoridades, constatándose que los imputados se encontraban realizando construcciones ilegales dentro de sus terrenos; es así que el Ministerio Público el 3 de enero de igual año, imputó formalmente a Iginia Mamani Arbita Vda. de Cirilo y Jorge Luis Cirilo Mamani por la presunta comisión del delito de avasallamiento, previsto y sancionado por el art. 351 bis del Código Penal (CP), modificado por la Ley contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras -Ley 477 de 30 de diciembre de 2013-. En ese sentido, los hechos fueron calificados por el Ministerio Público como la presunta comisión del delito de avasallamiento, tipo penal que no se encuentra excluido expresamente por el art. 10.II inc. b) de la LDJ; por lo que, aplicando el entendimiento expuesto en el Fundamento Jurídico III.2. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que señala que el ámbito de vigencia material de la JIOC debe ser interpretado de la manera más amplia y progresiva posible, para asegurar la vigencia de la plurinacionalidad y el respeto del ejercicio pleno de la libre determinación de las NPIOC, y que la calificación de los hechos debe realizarse de acuerdo a su sistema jurídico, acorde a su forma de vida social y cultural. Asimismo, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional, se advierte que el Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, cuenta con normas y procedimientos propios aplicables a los conflictos sobre la tenencia de tierras en casos de invasión a “mantas” o “sayañas” colindantes; puesto que, las “mantas” constituyen espacios de tierra cultivable, en los que cada una de las familias tiene sus parcelas. Esas “mantas” se manejan bajo el principio de rotación o muyu. En el indicado Ayllu, el tiempo de rotación de las “mantas” sería de cuatro a siete años, dependiendo de la extensión de la misma y la cantidad de familias. Cuando existe avance o invasión sobre las parcelas o “mantas” de los vecinos, se considera una ocupación ilegal, que las autoridades deben resolver, siendo una de las causas para ello el abandono de las parcelas por parte de los comunarios, dando lugar a que otros aprovechen sembrando o desviando el agua de riego; ante ese tipo de problemas se activa el siguiente procedimiento para solucionar el conflicto: Primero se hace conocer la denuncia a la autoridad local que es el Jilanqu de la comunidad; Segundo, esa autoridad cita a las partes en conflicto mediante una notificación; Tercero, se recaba información en el lugar del conflicto de ambas partes; Cuarto, se recoge el testimonio de los colindantes para conocer quién es el verdadero poseedor; Quinto, se determina una solución que puede ser “‘amediar’” que implica distribuir en partes iguales; Sexto, en caso de no existir entendimiento entre las partes, se remite con informe al Tata Segunda Mayor del citado Ayllu, el cual buscará una solución al caso o bien puede convocar a cabildo para que esa instancia determine una solución o sanción; y, Séptimo, en casos complejos acuden a la FAOI-NP. Por otro lado, se conoce que el territorio del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, se encuentra en proceso de saneamiento, aclarando que en estos ayllus la posesión de la tierra siempre fue colectiva regulada por normas y procedimiento propios. También se tiene conocimiento que dentro del citado Ayllu la transferencia de la tierra solamente es posible entre los comunarios del mismo Ayllu, la cual debe ser autorizada por la comunidad, no siendo posible para otros terceros. Es más, dentro del territorio del referido Ayllu no existe propiedad privada, por tanto no se tiene un título civil que permita la inscripción en la Oficina de DD.RR.. De lo expuesto, se concluye que concurre el ámbito de vigencia material; por cuanto, se cumple con lo dispuesto por los arts. 191.II.2 de la CPE y 10.I de la LDJ, ya que las autoridades del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, conocieron histórica y tradicionalmente bajo sus normas y procedimientos propios, de acuerdo a su libre determinación los conflictos emergentes de la posesión de la tierra, contando para ello con normas y procedimientos propios, calificando los hechos de acuerdo a su sistema jurídico conformado de valores culturales y saberes ancestrales. Con relación al ámbito de vigencia territorial Conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, luego de acreditar la concurrencia de los ámbitos de vigencia personal y material, es necesario complementar con el análisis del ámbito de vigencia territorial, cuya definición se efectúa en consideración a que las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuando sus efectos se producen dentro de la jurisdicción territorial de una NPIOC. En el presente caso, las autoridades del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí que promovieron el conflicto de competencias jurisdiccionales, en el memorial de la demanda de declinatoria de competencia, afirmaron que los hechos ocurrieron en la “manta” de la comunidad “de Sunuyo” que forma parte del territorio del citado Ayllu, debiendo quedar claro que la JIOC alcanza tanto a conflictos ocurridos dentro de sus tierras, territorio y territorialidad; si bien existiría el Informe de 24 de septiembre de 2021, evacuado por el Secretario Técnico Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de Uncía de dicho departamento; empero, no tendría valor probatorio, debido a que, por un lado se afirmó: “…‘actualmente no se tiene definido la mancha urbana ni aprobada’…” (sic), y más adelante de manera contradictoria se indicó: “…‘el bien inmueble ubicado en la localidad de Sunuyo se encuentra dentro lo que es el Radio Urbano de Nuestra ciudad de Uncia’” (sic). Es más, de asumirse que estuviera ubicado dentro del radio urbano, ese extremo de ninguna manera constituye óbice para que las autoridades del mencionado Ayllu, continúen conociendo los hechos, ya que al respecto emitieron la “resolución definitiva” de 28 de octubre de 2018; debido a que, los hechos que investiga el Ministerio Público, afectan de manera directa a la ejecución de la citada Resolución, correspondiendo a las autoridades de la JIOC velar el correcto cumplimiento de esa Resolución, y no a la jurisdicción ordinaria. Versión que fue confirmada por el Informe Técnico de Campo TCP/STyD/UD/020/2022, expuesto en el Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional; puesto que, de acuerdo al testimonio de los comunarios, los hechos ocurrieron en la “manta” o parcela de terreno que pertenece a la comunidad Sunuyu del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, con una superficie de 3 ha, llamado “Putuloma” que la familia Ramírez Cáceres hubiese obtenido mediante una permuta con Juan de Dios Cirilo Chiri en años anteriores. No obstante, los hijos del nombrado ahora intentarían recuperar el predio, motivo por el cual el asunto fue comunicado a las autoridades locales; así la Resolución Final en Grado de Sentencia de la Jurisdicción Indígena Originaria del Ayllu Kharacha de 28 de octubre de 2018, señaló que ese predio fue trabajado por la indicada familia Ramírez Cáceres, siendo por ello, prohibido en ese sector cualquier tipo de ocupación o construcción. De lo expuesto, resulta aplicable el criterio expuesto en el Fundamento Jurídico III.3. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a los contextos urbanos de los municipios, ya que durante la República se crearon sobre los territorios ancestrales de las NPIOC las áreas urbanas, primero en las ciudades capitales de los departamentos y posteriormente con la Ley de Participación Popular en los centros poblados de los municipios rurales, que ante el crecimiento acelerado de la población, las áreas urbanas de los municipios fueron extendiéndose y ampliándose constantemente hacia las áreas rurales al extremo de hacer desaparecer comunidades íntegras, lo que dio lugar a un razonamiento simplista y cerrado de señalar que las autoridades de la JIOC tienen competencia solamente en áreas rurales y no así en áreas urbanas, sobre todo en los municipios rurales, sin tomar en cuenta que la ley de creación, delimitación y ampliación de las áreas urbanas, así como las resoluciones supremas de homologación no determinan automáticamente la extinción de la personería de las NPIOC; por lo que, se mantiene el principio general de que las NPIOC al tener dominio ancestral sobre sus territorios, aun cuando hubieran mutado a espacios urbanos, sus autoridades pueden ejercer jurisdicción y competencia sobre los asuntos que afecten a su convivencia armónica.

Al respecto, el Informe Técnico de Campo TCP/STyD/UD/020/2022 contenido en el Fundamento Jurídico III.4. de este fallo constitucional, establece que el ámbito de vigencia territorial de la JIOC se extiende a las áreas urbanas, ya que el municipio de Uncía está dentro del territorio del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí; por lo que, la mayor parte de las actividades propias del citado Ayllu, tales como reuniones, eventos deportivos, actividades festivas, económicas y otras, se desarrollan en el área urbana de dicho municipio, al extremo de que la sede oficial de ese Ayllu se encuentra en la ciudad de Uncía; por lo que, no se trata de la llegada de los pueblos indígenas a la ciudad, sino que la ciudad se construyó dentro del territorio de esas comunidades; es más, las familias del indicado Ayllu viven tanto en la comunidad como en el área urbana del referido municipio; empero, sin abandonar la comunidad; mas al contrario la capital de ese municipio se constituye en un lugar de residencia simultanea; es decir, se implementa una lógica multiresidencialidad que se articula en un mismo sistema de control territorial, tanto en la comunidad como en el barrio urbano. Desde esa perspectiva, la función de las autoridades originarias es conocer y resolver los casos de conflicto de tierras, lo cual se analiza y se resuelve en reuniones que se llevan en la sede de la citada ciudad, como en la misma comunidad donde acaecen los hechos, ya que no existe una separación definitiva y determinante entre campo y ciudad para el ejercicio de las funciones de las autoridades originarias. Por tanto, se puede afirmar que la inclusión de las áreas urbanas dentro el ámbito territorial de la JIOC donde habitan sus comunarios, es parte de su ámbito de vigencia territorial. Del análisis realizado, se concluye que concurren simultáneamente los ámbitos de vigencia personal, material y territorial para el ejercicio de la JIOC; por lo que, corresponde a la JIOC del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, conocer y resolver los hechos que fueron denunciados como de la presunta comisión del delito de avasallamiento, aplicando su sistema jurídico, en el marco del derecho a la libre determinación de las NPIOC, más aun considerando que el territorio de ese Ayllu, está en proceso de Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen (SAN-TCO). Al margen de lo anterior, en el Informe Técnico de Campo TCP/STyD/UD/020/2022 expuesto en el Fundamento Jurídico III.4. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, las autoridades del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, explicaron que el acceso a las parcelas de tierras es muy diversificada como una “mixtura”; por lo que, una familia puede tener parcelas no solo en su comunidad sino también en otras comunidades, en ese marco los integrantes de una comunidad pueden tener espacios de tierra dentro de otras comunidades, de esa forma los comunarios y autoridades del citado Ayllu, explicaron del porqué los denunciados Iginia Mamani Arbita Vda. de Cirilo y José Luis Cirilo Mamani, si bien son comunarios de la comunidad “K’uyu”; sin embargo, también tienen parcelas en la “manta” de la comunidad Sunuyu; puesto que, debe tomarse en cuenta que ambas comunidades forman parte del territorio del referido Ayllu. Con relación a que los hechos fueron resueltos por las autoridades del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la FAOI-NP, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, en el Informe Técnico de Campo TCP/STyD/UD/020/2022, se estableció que el problema data del 2017, y que las autoridades de dicho Ayllu, intentaron solucionar el conflicto desde el nivel de la comunidad, pasando por el Ayllu hasta llegar a la FAOI-NP, sin poder solucionar el mismo, hasta que la familia Ramírez Cáceres se fue a la jurisdicción ordinaria, existiendo la Resolución Final en Grado de Sentencia de la Jurisdicción Indígena Originaria del Ayllu Kharacha de 28 de octubre de 2018, donde resolvieron: i) Respetar la primera Acta de solución emitida por el Corregidor del Ayllu de ceder un lote de terreno en favor de la familia Cirilo Arbita; y, ii) Ceder un segundo lote de terreno en favor de dicha familia; además, de una Acta de Reunión extraordinaria de 9 de igual mes de 2021; sin embargo, no cursan en antecedentes esos documentos; por lo que, para este Tribunal Constitucional Plurinacional, no es posible fundar ninguna decisión en dichas determinaciones de la JIOC.

POR TANTO

La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional; en virtud a la autoridad que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; y, 12.11 y 28.I.10 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, resuelve: 1° Declarar COMPETENTE a las autoridades indígena originario campesinas del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte de Potosí, provincia Rafael Bustillo del departamento de Potosí, para conocer y resolver los hechos que derivaron en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Zacarías y Valentín, ambos de apellidos Ramírez Cáceres contra Iginia Mamani Arbita Vda. de Cirilo y José Luis Cirilo Mamani, por la presunta comisión del delito de avasallamiento. 2° Disponer que el Juez Público de Familia e Instrucción Penal Segundo, en suplencia legal de su similar Primero, ambos de Uncía del departamento de Potosí, remita los antecedentes del proceso penal a las autoridades del Ayllu Kharacha, Marka Chayanta del Suyu Charcas Qhara Qhara de la Federación de Ayllus Originarios Indígenas del Norte de Potosí, provincia Rafael Bustillo del citado departamento. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que no intervienen las Magistradas MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas, MSc. Brigida Celia Vargas Barañado y MSc. Georgina Amusquivar Moller, por ser de Voto Disidente; asimismo, los Magistrados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano y René Yván Espada Navía, son de Voto Aclaratorio.

Fdo. Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO VOTO DISIDENTE

Fdo. Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0022_2023.pdf · páginas 1 a 30.

Huella digital del PDF (SHA-256): 714c9067d90df38106afb364556259544db2d219251646e0499680217489ec02

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