Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 9 de mayo de 2024
Define la competencia
Se suscita ante este Tribunal Constitucional Plurinacional, el conflicto de competencias jurisdiccionales formulado entre Roberto Chungara Escobar, Tata Mallku Mayor; y, Jorge Luis Canaviri, Mallku Menor, ambos del Ayllu Ilave Grande de la Marka Challapata de la provincia Eduardo Avaroa del departamento de Oruro y la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Challapata del mismo departamento, para conocer y resolver los hechos tipificados como delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado dentro del proceso penal seguido por Flora Demetria y Hugo Venancio, ambos de apellidos Callapa Condori contra Edgar Callapa Condori o Edgar Vedia Callapa.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado y 12.11 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve declarar: COMPETENTE a la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Challapata del departamento de Oruro, para conocer el proceso penal instaurado por Flora Demetria y Hugo Venancio, ambos de apellidos Callapa Condori contra Edgar Callapa Condori o Edgar Vedia Callapa, por la comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; y, sus incidencias.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0018/2024 Sucre, 09 de mayo de 2024 SALA PLENA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 45423-2022-91-CCJ Departamento: Oruro El conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Roberto Chungara Escobar, Tata Mallku Mayor y Jorge Luis Canaviri, Mallku Menor, ambos del Ayllu Ilave Grande de la Marka Challapata de la provincia Eduardo Avaroa del departamento de Oruro y la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Challapata del mismo departamento.
Originaria Campesina (JIOC) reclamantes de competencia Por memorial presentado el 24 de enero de 2022, cursante de fs. 63 a 73, Roberto Chungara Escobar, Tata Mallku Mayor y Jorge Luis Canaviri, Mallku Menor, ambos del Ayllu Ilave Grande de la Marka Challapata de la provincia Eduardo Avaroa del departamento de Oruro, solicitaron a la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Challapata del citado departamento, la declinatoria de competencia y jurisdicción, alegando que conocieron que dentro del proceso penal seguido por Flora Demetria y Hugo Venancio, ambos de apellidos Callapa Condori contra Edgar Callapa Condori o Edgar Vedia Callapa, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, el 1 de septiembre de 2017, el Ministerio Público comunicó al “Juez de Challapata”, el inicio de investigaciones, siendo el último nombrado, imputado formalmente el 6 de febrero de 2019. Y en mérito a ello, el hecho de que dicha causa sea conocida por la vía ordinaria vulnera lo establecido por el art. 1 de la Constitución Política del Estado (CPE), con relación al pluralismo jurídico, además de lo estipulado en los arts. 30.II.14 y 190.I de la Norma Suprema y de la Ley de Deslinde Jurisdiccional.
En ese entendido, se estarían vulnerando derechos de tercera generación, aunque la clasificación ya no sea necesaria; puesto que, todos los derechos tienen igual jerarquía en su aplicación, ya que los derechos colectivos están establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales; y, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, “…en caso de que persista la vulneración de un derecho humano de tercera generación por culpa suya el Estado Boliviano por inobservancia de la normativa internacional que es aplicable con preferencia en derechos humanos…” (sic). Asimismo, se debe considerar lo señalado por el art. 30.II numerales 1, 4 y 14 de la CPE, que refiere que en el marco de la unidad del Estado, las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los derechos a existir libremente, a la libre determinación y territorialidad y, al ejercicio de sus sistemas políticos y jurídicos de acuerdo a su cosmovisión. Como antecedentes de los hechos, señalan que conforme a la imputación y acusación -emitidos dentro el referido proceso penal- Flora Demetria Callapa Condori y otro, en la formalización de su denuncia refieren que son herederos legales de su madre María Cristina Condori Poquechoque Vda. de Callapa, quien en vida “constituyó” bienes materiales como un tractor, una vagoneta marca HYUNDAI y un terreno en la “comunidad de Antacagua”, pero Edgar Vedia Callapa (Edgar Callapa Condori) de manera dolosa falsificó documentos para hacer parecer que es hijo legítimo de la nombrada -María Cristina Condori Poquechoque-, siendo legal y correcto ser hijo de Luisa Ginéz Callapa (hermana de los denunciantes y ahora acusadora) y Félix Vedia; siendo a su nacimiento -el referido denunciado y acusado- registrado e inscrito en la Oficialía -de Registro Civil- 210, Partida 24, Libro 3/69 con fecha de partida de 21 de enero de 1969, con el nombre de Edgar Vedia Callapa, con fecha de nacimiento 23 de enero de 1968, de la localidad de Huari, registro que a la fecha continúa vigente. En ese sentido, respecto al ámbito de vigencia personal, indican que Flora Demetria Callapa Condori, denunciante y/o acusadora y supuesta víctima -dentro el proceso penal en cuestión- es comunaria y se autoidentifica como miembro de la comunidad Indígena Originaria Campesina Rosario Antacagua del Ayllu Ilave Grande de la Marka Challapata, y el denunciado -Edgar Callapa Condori o Edgar Vedia Callapa-, es comunario contribuyente y autoridad Indígena Originario Campesina (IOC) en el cargo de Tata Sullka Kamachij reelecto por la indicada Comunidad; extremo que se puede establecer de los antecedentes del proceso. En cuanto al ámbito de vigencia material, señalan que se debe considerar que el art. 10.III de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ), refiere que los asuntos de conocimiento de la JIOC, no podrán ser conocidas por la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y demás jurisdicciones; y, en materia penal, no está excluida de la competencia de la jurisdicción indígena, el conocimiento de los ilícitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado. A más de ello, los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado fueron de competencia de las autoridades “…TIOC-TCOs ‘COMUNIDAD ROSARIO ANTACAGUA DEL AYLLU ILAVE GRANDE DE LA MARKA CHALLAPATA-SIETE AYLLUS”’ (sic), de forma tradicional y ancestral y, no puede romperse su derecho a administrar justicia como si fueran de un rango inferior. Sobre el ámbito de vigencia territorial, se tiene que el proceso en cuestión se generó en la comunidad Rosario Antacagua, lugar de “vivencia” del Ayllu Ilave Grande de la Marka Challapata, perteneciente a siete Ayllus, por ser Flora Demetria Callapa Condori- comunaria y Edgar Callapa Condori o Edgar Vedia Callapa contribuyente y Tata Sullka Kamachij; es decir, que las partes del proceso pertenecen al territorio indígena “TIOC ‘ROSARIO ANTACAGUA DEL AYLLU ILAVE GRANDE DE LA MARKA CHALLAPATA…” (sic); por lo que, la vigencia territorial se encuentra en lo señalado por el art. 11 de la LDJ, que de manera textual refiere que dicho ámbito se aplica a las relaciones y los hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino, siempre y cuando, concurran los otros ámbitos de vigencia establecidos en la Norma Suprema y la Ley de Deslinde Jurisdiccional. Conforme a lo expuesto, solicitaron a la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Challapata del departamento de Oruro, que se aparte del conocimiento del proceso penal de referencia, disponiendo la remisión de los antecedentes del proceso ante sus autoridades.
Primero de Challapata del departamento de Oruro La Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Challapata del departamento de Oruro, mediante Resolución 02/2022 de 9 de febrero, cursante de fs. 75 a 77 vta., rechazó el cuestionamiento de competencia y solicitud de declinatoria planteada por Roberto Chungara Escobar, Tata Mallku Mayor y Jorge Luis Canaviri, Mallku Menor, ambos del Ayllu Ilave Grande de la Marka Challapata de la provincia Eduardo Avaroa del indicado departamento, bajo los siguientes fundamentos: a) Respecto al cuestionamiento de competencia, se debe considerar que el autor Ramiro Canedo Chávez, en el texto: ‘“Acciones, Conflictos, Controles, Consultas y Recursos Constitucionales de Bolivia”’ (sic), señaló que al tratar el tópico de conflictos de competencias entre las jurisdicciones ordinaria, agroambiental e indígena originaria campesina, existe el denominado “procedimiento previo”, que corresponde al reclamo que la autoridad natural realiza a la autoridad ordinaria, como en este caso, cuya competencia reclama y antes del tratamiento por el Tribunal Constitucional Plurinacional, debe merecer un planteamiento previo, caso contrario se estaría: 1) Consintiendo voluntariamente a la autoridad por el no reclamo oportuno; 2) Consagrando derechos adquiridos en el proceso ya avanzado; y, 3) Reconociendo tácitamente a la autoridad que lleva la causa al no ejercicio del reclamo oportuno de jurisdicción y competencia; b) Lo referido, tiene que ver con la idea central de la SCP 0874/2014 de 12 de mayo, que las ahora autoridades naturales cuestionantes de competencia citan y que es precisamente la inmediatez; es decir, atendiendo incluso estándares internacionales que desarrolló la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos debe procurarse un reclamo y atención oportunos; c) Dicho de otro modo y en consenso con la doctrina desarrollada por Ramiro Canedo Chávez, se debe considerar que si la propia parte o autoridad natural reclama una competencia para sí, luego de transcurrido un amplio margen de tiempo, se entiende que la causa ya derivó en una acción penal de conocimiento de la jurisdicción ordinaria e incluso del desarrollo de actividades jurisdiccionales, y además en el caso concreto, el proceso ya está en la última etapa para dictar la correspondiente sentencia; d) El caso tuvo inicio en su despacho el 11 de septiembre de 2019, emitiéndose el Auto de apertura de juicio oral el 30 de octubre de dicho año, dando inicio el juicio oral el 4 de noviembre de igual año, y la presentación del memorial del cuestionamiento de la jurisdicción y competencia por parte de las autoridades del Ayllu Ilave Grande de la Marka Challapata, fue el 24 de enero de 2022; es decir, dos años y cuatro meses más tarde, y en todo ese tiempo, no se hizo nada, y cuando en los hechos existe un evidente consentimiento de la JIOC, en caso de que se hubiera adecuado a la Ley de Deslinde Jurisdiccional debe producirse inmediatamente después de haberse conocido o enterado del caso, ya que de otro modo, de reclamarse competencia luego de transcurrido mucho tiempo e incluso considerando el avance de la causa, es lógico concluir que no existe vulneración al derecho a la competencia que reclama la JIOC, puesto que así incluso se estuviera dando la impresión de una actividad conclusiva con miras solo a amparar a una parte y no desde una perspectiva imparcial y objetiva, o de la causa misma o las razones de una jurisdicción que debe caracterizarse por el respeto de dichos principios; e) Asumió conocimiento y apertura de la causa a partir de la presentación de la acusación formal por parte del Ministerio Público, cuyo pliego acusatorio se hubiera acreditado el 29 de agosto de 2019, de acuerdo al sello mecánico que consiga dicha pieza procesal y, como resultado de ello, se desplegó el trámite de rigor; y al respecto, se examinó lo relativo a esos hechos, sin emitir criterio valorativo alguno, sino que entre tales hechos se manifiesta que el acusado Edgar Callapa Condori o Edgar Vedia Callapa figura con ocupación de chofer y las presuntas víctimas constituidas por Hugo Venancio y Flora Demetria, ambos de apellidos Callapa Condori, se consignan como militar y ama de casa, respectivamente; en cuanto a sus domicilios, se establecen direcciones de la parte urbana de Challapata; es decir, no figuran ni como comunarios ni como personas que tuvieran por domicilio determinado lugar de carácter comunal para que se advierta la condición o presupuesto personal y territorial; f) El hecho concreto que se denuncia y que es motivo de juicio es que el acusado hubiera falsificado documentos para aparecer como sucesor de María Cristina Condori Poquechoque Vda. de Callapa, siendo que no lo es, y como consecuencia de ello, pretendería bienes materiales que corresponden a la causante; empero, el núcleo central de las acusaciones versa sobre dicha falsificación de documentos y el uso de los mismos en la pretensión de adquirir esos bienes por vía sucesoria; y, g) En ese entendido, es obligación del Estado boliviano brindar seguridad para que todos los ciudadanos realicen con tranquilidad sus actividades comerciales o mercantiles, ya que es el mismo el que avala la fe de los actos públicos.
Constitucional Plurinacional Por escrito presentado el 24 de febrero de 2022, cursante de fs. 28 a 40, Roberto Chungara Escobar, Tata Mallku Mayor y Jorge Luis Canaviri, Mallku Menor, ambos del Ayllu Ilave Grande de la Marka Challapata de la provincia Eduardo Avaroa del departamento de Oruro, refirieron que, dentro del proceso penal seguido por Flora Demetria y Hugo Venancio, ambos de apellidos Callapa Condori contra Edgar Callapa Condori o Edgar Vedia Callapa, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, por memorial presentado el 15 de enero de 2022 -con cargo de recepción de 24 de igual mes y año-, solicitaron a la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Challapata del mismo departamento, que se aparte del conocimiento de esa causa, por ser de su competencia. Ante ello, fuera de plazo, la referida Jueza emitió la Resolución 02/2022, por el que se declaró competente para conocer la causa en cuestión y rechazó su reclamo, alegando que no sería competencia de la JIOC conocer los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, haciendo énfasis en la doctrina basándose en el “no reclamo oportuno” la “aceptación tácita”, la ‘“…consagración de derechos adquiridos en el proceso ya avanzado”’ (sic); y, con relación a ello citó la SCP 0874/2014. De esa manera, la indicada Jueza no tomó en cuenta lo señalado por la SCP 0060/2016 de 24 de junio, por la que se resolvió un conflicto de competencias jurisdiccionales, en la que se hace alusión a que el mismo puede interponerse en cualquier etapa del proceso, tampoco consideró la SCP 0026/2013 de 4 de enero, respecto al ámbito personal, porque dicha autoridad judicial confunde que Hugo Venancio Callapa Condori, fuera militar y Flora Demetria Callapa Condori, ama de casa; y al respecto, se debe tener presente que ambos son “…nuestros Wawakallus parte de la comunidad…” (sic), siendo que el primero de los nombrados se apartó del proceso, reconociendo que no hubo ninguna falsificación, y que el acusado es su hermano legítimo; y la segunda, presentó “…Certificaciones de autoridad Originaria…” (sic), la misma que fue solicitada en su condición de comunaria de la comunidad Indígena Originaria Campesina Rosario Antacagua; documentos que no pueden ser omitidos en su consideración. Asimismo, no se puede dejar de lado los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos por instrumentos internacionales, como ser el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, los cuales son de aplicación preferente en derechos humanos, conforme establecen los arts. 13.IV, 256.I y 410.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
El conflicto de competencias jurisdiccionales fue admitido mediante Auto Constitucional (AC) 0419/2022-CA de 28 de noviembre, emitido por la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (fs. 101 a 105).
Mediante decreto constitucional de 14 de febrero de 2024, se dispuso la suspensión del plazo a efectos de recabar documentación complementaria. Recibida la documentación, por decreto constitucional de 9 de abril de 2024, notificado a las partes procesales el 3 de mayo de igual año, se reanudó el cómputo, por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del plazo previsto por el Código Procesal Constitucional.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente se establece lo siguiente: II.1. En el proceso penal seguido por Flora Demetria y Hugo Venancio, ambos de apellidos Callapa Condori contra Edgar Callapa Condori o Edgar Vedia Callapa, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, la Fiscal de Materia asignada al caso, el 7 de febrero de 2019, presentó ante el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, imputación formal, solicitando su detención preventiva (fs. 187 a 191). II.2. Consta Sentencia 06/2022 de 12 de septiembre, emitida por la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Challapata del departamento de Oruro, mediante la cual absolvió de culpa a Edgar Callapa Condori o Edgar Vedia Callapa, por la comisión del delito de uso de instrumento falsificado; y, lo condenó por la comisión del ilícito de falsedad ideológica respecto al documento público consistente en certificado de nacimiento “…bajo la Partida No 52, folio No 52, Libro No 2-2006 ORC 414011, fecha de partida 28 de abril del 2007…” (sic), con la pena de privación de libertad de tres años y seis meses a cumplir en el Centro Penitenciario de San Pedro del citado departamento (fs. 791 a 799 vta.); determinación que fue confirmada en grado de apelación y ante la interposición del recurso de casación por el prenombrado, este fue declarado inadmisible por incumplimiento de los requisitos establecidos por el art. 417 del CPP (fs. 843 a 848; y, 1109 a 1112). II.3. Cursa Informe TCP-UUJ 0007/2024 de 22 de febrero, por el cual, Luis Alberto Velasco Álvarez, Letrado de la Unidad de Unificación Jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional, remitió al Presidente de la Comisión de Admisión del mismo Tribunal, el desarrollo de la línea jurisprudencial sobre el ámbito de vigencia material, dentro de conflictos de competencias jurisdiccionales suscitados entre las jurisdicciones indígena originaria campesina y ordinaria penal, que emergen de procesos penales por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, en el que se consigna a la SCP 0029/2020 de 23 de septiembre, como moduladora respecto a la temática antes mencionada (fs. 128 a 160).
Se suscita ante este Tribunal Constitucional Plurinacional, el conflicto de competencias jurisdiccionales formulado entre Roberto Chungara Escobar, Tata Mallku Mayor; y, Jorge Luis Canaviri, Mallku Menor, ambos del Ayllu Ilave Grande de la Marka Challapata de la provincia Eduardo Avaroa del departamento de Oruro y la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Challapata del mismo departamento, para conocer y resolver los hechos tipificados como delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado dentro del proceso penal seguido por Flora Demetria y Hugo Venancio, ambos de apellidos Callapa Condori contra Edgar Callapa Condori o Edgar Vedia Callapa.
Al respecto, la SCP 0045/2021 de 16 de agosto, desarrolló los siguientes entendimientos sobre la naturaleza jurídica y alcance de estos procesos constitucionales, a partir de su previsión en la Norma Suprema y las leyes de desarrollo, señalando: «Conforme prescribe el art. 179.I de la Constitución Política del Estado (CPE), la nueva concepción para administrar justicia dentro el Estado Plurinacional establece diversidad de jurisdicciones para cumplir con esta esencial labor en igualdad jerárquica: ordinaria, agroambiental, indígena originaria campesina (IOC) y especializadas reguladas por la ley. En ese marco, el art. 14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010- precisa que los conflictos de jurisdicción entre la ordinaria, agroambiental, especializada e indígena originario campesino se resolverán por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Al respecto, la SCP 0064/2014 de 3 de enero, expresó que: “…el Tribunal Constitucional Plurinacional, tiene la obligación de asumir con celo el control competencial de constitucionalidad, sobre el ámbito de acción de los Órganos de poder constituido, como es el Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral; asimismo, a los conflictos suscitados entre el gobierno central y las entidades territoriales autónomas así como entre estas últimas; y, finalmente, entre la jurisdicción indígena originaria campesina, la jurisdicción ordinaria y la agroambiental”.
Suscitado el conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la indígena originaria campesina, la SCP 0023/2018 de 26 de junio 2018, asumiendo los entendimientos jurisprudenciales al respecto, precisó: “El art. 179.I de la CPE, determina que: ‘La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus propias autoridades…’. Este artículo, en su parágrafo segundo dispone que la jurisdicción ordinaria y la indígena originaria campesina gozarán de igual jerarquía, por lo que ninguna de ellas podrá asumir la facultad de revisar lo resuelto por la otra. Ahora bien, ante la existencia de un conflicto de competencias entre ambas jurisdicciones, el art. 202.11 de la CPE faculta al Tribunal Constitucional Plurinacional para conocer: ‘Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental’. Producido que fuera un conflicto de esa naturaleza, la autoridad que considere que se usurpa su competencia ‘…solicitará que ésta última se aparte de su conocimiento’ y ‘Si la autoridad requerida rechaza la solicitud o no se manifiesta en el plazo de los siete días subsiguientes, a partir de la petición de la autoridad demandante, ésta se encontrará facultada para plantear el conflicto ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (art. 102.I y II del CPCo)”’».
En cuanto a los ámbitos de vigencia de la jurisdicción indígena originaria campesina y bajo el marco normativo constitucional establecido en el art. 191 de la CPE, la SCP 0026/2013 de 4 de enero, refirió que:
“…Ámbito de vigencia personal
El art. 30.I de la CPE, precisa: ‘Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española’, por su parte el art. 2 de la Ley Fundamental , hace referencia a dos elementos a considerar que son: ‘Dada la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios…’ y finalmente debe considerarse el art. 191.I de la Norma Suprema, que establece: ‘La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino’.
En este sentido, para este Tribunal Constitucional Plurinacional resulta claro que la interpretación del art. 9 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional que establece: ‘Están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino’, debe interpretarse en un sentido amplio y conforme al art. 191.II.1 de la CPE, que establece que: ‘Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos’, de donde puede extraerse que inicialmente alcanza a:
1) Los miembros de las colectividades humanas que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión con existencia precolonial y que ejercen dominio ancestral sobre sus territorios (…).
2) En este sentido, debe considerarse que el vínculo ‘particular’ que une a los miembros de una nación o pueblo indígena originario campesino de ninguna manera podría fundarse en el nacimiento o los rasgos físicos, por ello mismo, una persona no nacida en una determinada cultura puede adoptar la misma y por ende ser juzgado por la jurisdicción indígena originaria campesina (…).
3) Por otra parte y considerando que el derecho colectivo a administrar su justicia está relacionado a la construcción de su identidad social, es lógico aceptar que es posible el juzgamiento de personas que no necesariamente pertenezcan a la nación o pueblo indígena originaria campesino pero que voluntariamente de manera expresa o tácitamente se sometan a dicha jurisdicción por ejemplo al decidir ocupar sus territorios ancestrales aunque ello no implica que no deba analizarse en cada caso la concurrencia de los ámbitos territorial, material y personal referidos por el art. 191.II de la CPE.
…Ámbito de vigencia territorial
(…)
i) En general la jurisdicción indígena originaria campesina se aplica en los territorios ancestrales. ii) A hechos cometidos fuera del espacio físico de un territorio indígena originario campesino que puedan afectar la cohesión social colectiva como podría suceder; por ejemplo cuando, los mismos se produzcan por una autoridad en representación del pueblo indígena originario campesino o exista desvío de poder respecto a dicha representación. …Ámbito de vigencia material
Respecto al art. 191.II.2 de la CPE, respecto al ámbito de vigencia material, establece que la jurisdicción indígena originaria campesina: ‘…conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional’, pese a ello, a este Tribunal Constitucional Plurinacional le resulta absolutamente claro que las comunidades indígena originario campesinas vienen conociendo desde la antigüedad todas las controversias surgidas en la misma de forma que cuentan con la presunción de competencia por su situación histórica de desventaja respecto a la jurisdicción ordinaria por lo que la interpretación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, debe efectuarse de tal manera que lo inhibido a la jurisdicción indígena originaria campesina sea el resultado de una interpretación sistemática del texto constitucional de donde resulte que la exclusión de un ‘asunto’ de la competencia de la jurisdicción indígena originaria campesina busque de manera evidente y clara en el caso concreto proteger un bien jurídico de entidad nacional o internacional de acuerdo a las particularidades del caso concreto”.
Conforme se tiene precisado, la labor de control de constitucionalidad de este Tribunal Constitucional Plurinacional, se desarrollará en el presente caso, dentro de su dimensión de dilucidación competencial, para lo cual, conforme al entendimiento citado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es importante, como razonamiento inicial, señalar que este proceso constitucional de índole competencial jurisdiccional, dentro del marco de la normativa constitucional y procesal -arts. 202.11 de la CPE y 100 del Código Procesal Constitucional (CPCo)-, tiene como único fin definir la jurisdicción competente a la cual le corresponde la tramitación y resolución del caso -del cual deviene el presente conflicto-, lo que implica que la jurisdicción constitucional no puede emitir pronunciamiento o criterio alguno sobre el problema de fondo, puesto que el ejercicio de este control de constitucionalidad se encuentra enmarcado a la definición de la competencia para alguna de las jurisdicciones en conflicto; vale decir, ordinaria e indígena originaria campesina, las cuales por la previsión de art. 179.II de la Norma Suprema, gozan de igualdad jerárquica. Con ese preámbulo argumentativo e ingresando al examen del caso, dentro de los actuados cursantes en el expediente constitucional y como elementos de relevancia para el desarrollo analítico argumentativo posterior, se tiene que en el proceso penal seguido por Flora Demetria y Hugo Venancio, ambos de apellidos Callapa Condori contra Edgar Callapa Condori o Edgar Vedia Callapa, la Fiscal de Materia asignada al caso, el 7 de febrero de 2019, presentó ante el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, imputación formal contra el último nombrado, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; y, solicitó su detención preventiva (Conclusión II.1). Asimismo, consta Sentencia 06/2022 de 12 de septiembre, emitida por la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Challapata del departamento de Oruro, mediante la cual absolvió de culpa a Edgar Callapa Condori o Edgar Vedia Callapa, por la comisión del delito de uso de instrumento falsificado; y, lo condenó por la comisión del delito de falsedad ideológica respecto al documento público consistente en certificado de nacimiento “…bajo la Partida No 52, folio No 52, Libro No 2-2006 ORC 414011, fecha de partida 28 de abril del 2007…” (sic), con la pena de privación de libertad de tres años y seis meses a cumplir en el Centro Penitenciario de San Pedro del citado departamento; determinación que fue confirmada en grado de apelación y ante la interposición del recurso de casación por el prenombrado, este fue declarado inadmisible por incumplimiento de los requisitos establecidos por el art. 417 del CPP (Conclusión II.2).
A partir de dichos antecedentes y en función al conflicto de competencias formulado, en aplicación a lo establecido en el art. 191.II del CPE y tal cual se tiene del Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, corresponde verificar si concurren simultáneamente los ámbitos de vigencia de la jurisdicción indígena originaria campesina: personal, territorial y material, para en base a ello dilucidar la controversia competencial y determinar a qué jurisdicción corresponde conocer los hechos por los que se promovió la acción penal. En ese entendido, inicialmente se debe precisar que conforme al art. 8 de la LDJ: “La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, cuando concurran simultáneamente” (las negrillas fueron añadidas). Es así que, en razón a la necesaria concurrencia simultánea de los referidos ámbitos, es pertinente abordar como primer enfoque de examen constitucional de dilucidación competencial el ámbito de vigencia material. Al respecto, corresponde traer a colación el contenido del art. 10.I y II inc. a) de la LDJ:
“(ÁMBITO DE VIGENCIA MATERIAL). I. La jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación.
II. El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza a las siguientes materias:
a) En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio...” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). A partir de ese marco de regulación normativa, considerando que el proceso penal del cual emergió el presente conflicto de competencias jurisdiccionales, se desarrollaba al momento de suscitarse este, en torno a la comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado de un documento público consistente en un certificado de nacimiento, hechos delictivos sobre los cuales se desplegó la labor investigativa y procesal, se advierte consecuentemente que el proceso penal convergía en delitos contra la fe pública con evidente denotación de afectación al Estado, contexto material de relevancia que tiene incidencia de trascendencia en el análisis del ámbito de vigencia material. En efecto, conforme se tiene del entendimiento desarrollado en la SCP 0029/2020 de 23 de septiembre -moduladora-, que también resolvió un conflicto de competencias jurisdiccionales en base a los mismos tipos de delitos -Conclusión II.3-, la relevancia del bien jurídico presuntamente afectado, como lo es la fe pública, determina los límites de ejercicio de la jurisdicción indígena originario campesina, a partir de su vinculación del Estado como víctima; así dicho fallo constitucional estableció: “…en el caso de análisis, si bien se ha establecido que existen normas y procedimientos propios vigentes; empero, no se ha determinado que la conducta, o los hechos acusados como delictivos en el presente caso puedan ser atribuidos o correspondan a los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conoció la Comunidad Originaria Viliroco de la provincia Ingavi del departamento de La Paz; aspecto que, adquiere relevancia en consideración del bien jurídico presuntamente afectado (la Fe Pública, de conformidad con lo establecido por el Título IV del Código Penal [CP], cuyo Capítulo III denominado 'Falsificación de documentos en general ', contiene los delitos acusados en el proceso penal objeto de análisis), cuya presunta víctima es el Estado, constituyendo así tipos penales que no son únicamente de interés particular de la Comunidad mencionada; sino que, involucran al Estado cuyos intereses representan los de toda la sociedad boliviana, resultando razonable que a partir de su resguardo el legislador haya establecido una restricción para la JIOC cuyo ejercicio -al igual que otras jurisdicciones-, se desarrolla dentro de límites constitucional y normativamente establecidos respecto a su ámbito de vigencia material; por lo que, se tiene que éste no concurre” (las negrillas nos corresponden).
En ese entendido, corresponde aclarar que el análisis a desplegarse en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se limitará al certificado de nacimiento, cuya falsedad se invoca como el hecho delictivo trascendental en el caso de origen, y precisamente por su efecto determinante en la resolución del conflicto competencial planteado. A partir de ello, considerando que se trata de un documento público y oficial, cuya emisión está a cargo del Servicio de Registro Cívico (SERECI), dependiente del Tribunal Supremo Electoral, corresponde realizar la siguiente puntualización:
Conforme al art. 71.I.3 de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (LOEP), modificado por la Ley 1066 de 28 de mayo de 2018, el SERECI, tiene entre sus funciones, expedir certificados de nacimiento, matrimonio y defunción. En mérito a esa regulación normativa y del entendimiento jurisprudencial citado -SCP 0029/2020-, se concluye que en el presente caso evidentemente el bien jurídico afectado es el de la fe pública del Estado respecto a su atribución de emitir documentos públicos auténticos, lo cual evidentemente no sería solo de interés de las personas naturales que son partes del proceso penal en cuestión, sino que de manera determinante esa afectación involucra al Estado, como representación de toda la sociedad, en este caso, boliviana, detentando la calidad de víctima. Para comprender ese particular contexto, resulta pertinente considerar lo señalado por el autor Rubén Enrique Figari, quien -citando a otros destacados autores- precisó lo siguiente:
A Filangieri se le debe la primera noción de la fe pública e integrando a los delitos contra el orden público. “Servirse de depósito de la confianza pública con el fin de violar las obligaciones dependientes del mismo es el carácter de los delitos comprendidos en esta clase”.
Camignani entiende el concepto de fe pública como un objeto jurídico de contenido patrimonial y define al delito de falsedad como una alteración fraudulenta de la verdad con daño de otro. (…) Pessina explica que la fe pública es la sancionada por el Estado, la fuerza probatoria atribuida por él a algunos objetos, signos o formas exteriores y los delitos que la lesionan se consuman cuando se adulteran aquellos actos, signos, formas a los cuales la ley atribuye el destino de hacer fe de la verdad de un estado de cosas del cual se deriva cualquier consecuencia jurídica. De manera que el núcleo de la falsead punible está dado por violar el derecho sustancial por medio del derecho formal, adulterando aquellos objetos exteriores a los cuales la ley atribuye el valor de certeza legal. (…) Muñoz Conde al tratar el bien jurídico protegido que tutela la fe pública en el Código Penal español en un título que califica de vago -“de las falsedades”-, entiende que la falsedad es lo contrario a la verdad pero la verdad que aquí interesa no es la verdad en sentido filosófico, sino la apariencia de conformidad a la realidad que engendran determinados signos, nombres, documentos, trajes, etc. Esta apariencia que generan tales signos, engendra una confianza, una fe, en la sociedad, en el público en general, la fe pública que se protege por el Estado en cuanto es necesario para el tráfico jurídico y puede servir como medio de prueba o autenticación. Todos o casi todos los objetos materiales sobre los que recae la acción en los delitos de falsedades: sellos o efectos timbrados, monedas, documentos públicos, documentos mercantiles, títulos profesionales, etc. son signos que engendran esa apariencia de realidad. La creación y la manipulación ilegítimas de esos objetos son ataques al tráfico fiduciario, a la fe pública, en la medida en que dichos objetos gozan de crédito en las relaciones sociales y su uso es indispensable para el normal desarrollo de una convivencia con un mínimo de su organización. Sin la fe pública no podría desarrollarse el tráfico jurídico. En su vida de relación las personas han ido creando una serie de signos a los que en el transcurso del tiempo la sociedad y, en última instancia, el Estado han dotado de significación. Así, por ejemplo, la firma al pie de un documento indica normalmente que la declaración de voluntad que allí se contiene procede del firmante; la cantidad expresada en un papel moneda, el valor económico que el Estado le atribuye, etc. Estos signos, en cuanto gozan de un crédito público, son también medios probatorios de la realidad que representan (las negrillas son añadidas). Es entonces a partir de todos los presupuestos precedentes que hacen al contexto fáctico, normativo, jurisprudencial y doctrinal, de aplicación en el presente caso, que este Tribunal Constitucional Plurinacional, sin desconocer los derechos de los pueblos indígena originario campesinos, en cuanto a sus atribuciones para impartir su propia justicia, en el caso concreto, no puede soslayar el considerar y denotar que el documento público falsificado -certificado de nacimiento, generador además de la investigación y proceso penal-, corresponde ser expedido -conforme a lo señalado por el art. 71.I.3 de la LOEP, citado supra- por la entidad pública autorizada que es el SERECI, por lo que, los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado de un certificado de nacimiento, no pueden ser comprendidos al margen del Estado -constituido a su vez en víctima a partir del bien jurídico protegido que es la fe pública- y por ende desvinculados de su poder punitivo ejercido a través de los órganos de persecución y dentro de la jurisdicción ordinaria penal. En ese mismo entendido, resulta pertinente precisar que si bien, el art. 10.II de la LDJ, dentro del ámbito de vigencia material de la JIOC, determina un catálogo de delitos excluidos de su ejercicio, entre los cuales, los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado no están expresamente establecidos; sin embargo, en materia penal, se establece un límite en el ejercicio competencial, al indicar “…o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado”; a partir de lo cual, se infiere que esa restricción se encuentra dirigida a la consecución de la protección del interés público, con la especificidad demostrada en el presente caso, en vinculación al tipo de documento acusado de falsedad. En este sentido, es necesario considerar nuevamente lo desarrollado en la SCP 0029/2020 -moduladora-, la cual, precisó que: “…en la presunta comisión de un delito que amenace un bien jurídico inherente al Estado, podría encontrarse comprometido el ejercicio del poder público, los bienes comunes sobre los cuales ejerce potestad el Estado y otros intereses o derechos colectivos que no están sujetos a la disposición de las partes, su negociación o transacción inclusive si se trataría de delitos de carácter privado; sino que, guardan relación directa con los poderes y prerrogativas del poder público, (de las cuales el Estado en cualquiera de sus niveles no puede válidamente desprenderse o renunciar), en la medida que tales poderes y facultades le son otorgadas por la Constitución y la ley como uno de los medios para atender y satisfacer las necesidades de los bolivianos y bolivianas; y, en general, para proveer a la realización de los fines esenciales del Estado, de donde surge de modo necesario e indiscutible la necesidad de perseguir y sancionar penalmente toda amenaza contra los bienes jurídicos y derechos del Estado -protegidos por los diferentes tipos penales-, cuyos intereses representan los de toda la sociedad boliviana; de manera que, su transgresión equivale a la conculcación del interés público que el Estado en sus diferentes niveles implícitamente ostenta…” (las negrillas nos corresponden). A partir de cuyo razonamiento, se reitera que, en el caso en cuestión, al tratarse el certificado de nacimiento, de un documento de fe pública, la posible afectación de su legitimidad, recaería también en la entidad estatal pública autorizada normativamente para otorgarlo, al verse afectada precisamente por las atribuciones legalmente encomendadas y por los fines que persigue. Lo cual además, podría derivar en que la institución pública afectada pueda constituirse en parte de un proceso penal en su condición de víctima por el bien jurídico presuntamente afectado.
De esa manera, se concluye que en el presente caso los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, al involucrar un documento público como es el certificado de nacimiento, se encuentran dentro de la limitación de ejercicio jurisdiccional -conocimiento y resolución- de la JIOC prevista en el art. 10.II inc. a) de la LDJ; razón por la cual, dentro del alcance establecido en el art. 191.II.2 de la CPE, el ámbito de vigencia material no concurre; por lo que, resulta innecesario ingresar a analizar los ámbitos de vigencia personal y territorial; toda vez que, el art. 8 de la LDJ, prescribe con claridad el requisito de simultaneidad de concurrencia de los tres ámbitos de vigencia establecidos al efecto. Al respecto, se debe aclarar, que el análisis precedentemente efectuado sólo se relaciona a la determinación de no concurrencia del ámbito de vigencia material, pero no involucra de forma alguna, un pronunciamiento o apreciación valorativa de fondo sobre el proceso penal de origen, pues ello, como se tiene precisado ut supra, no corresponde a la naturaleza jurídica y alcance de este proceso constitucional -conflicto competencial-. Con base a lo anterior, corresponde declarar competente a la jurisdicción ordinaria penal para conocer el proceso penal seguido por Flora Demetria y Hugo Venancio, ambos de apellidos Callapa Condori contra Edgar Callapa Condori o Edgar Vedia Callapa, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
Finalmente, solo de forma aclarativa, es necesario referir que ante la solicitud de documentación complementaria efectuada por este Tribunal, se advierte que en el presente caso ya se habría emitido Sentencia dentro del proceso penal de origen, e incluso actuaciones y determinaciones asumidas en instancias superiores; empero, ello se suscitó cuando el presente conflicto competencial se encontraba en trámite y antes de la emisión y notificación del AC 0419/2022-CA de 28 de noviembre, lo que por una parte demostraría las razones por las cuales la jurisdicción ordinaria continuó con la tramitación del proceso, y de otro lado, evidencia la inviabilidad de determinar una eventualidad improcedencia por el principio de oportunidad, pues como se tiene explicado el conflicto fue suscitado incluso antes de que exista sentencia dentro del caso y tampoco tendría relevancia la existencia de decisiones asumidas en apelación y casación, pues la competencia está siendo determinada -como en efecto corresponde- a favor de la referida jurisdicción ordinaria -penal-; en consecuencia, no existe incidencia de esa situación presentada, y al contrario, dado que existiría en los hechos una Sentencia condenatoria ejecutoriada, corresponde garantizar en la fase de ejecución de Sentencia, la continuidad del proceso penal, asumida bajo la competencia de la autoridad judicial penal y de la jurisdicción ordinaria penal, con la finalidad de validar -en el marco competencial- los actos posteriores realizados y los futuros a realizarse.
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado y 12.11 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve declarar: COMPETENTE a la Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Primera, Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primera de Challapata del departamento de Oruro, para conocer el proceso penal instaurado por Flora Demetria y Hugo Venancio, ambos de apellidos Callapa Condori contra Edgar Callapa Condori o Edgar Vedia Callapa, por la comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; y, sus incidencias. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que los Magistrados Dr. Petronilo Flores Condori y Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, MSc. Georgina Amusquivar Moller; y, el Presidente Ph.D. Paul Enrique Franco Zamora, son de Voto Disidente. Asimismo, la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo; y, el Magistrado René Yván Espada Navía, son de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fdo. René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
1 FIGARI, Rubén Enrique, artículo Delitos contra la fe pública, (sf), p. 2. -FILANGIERI, Gaetano, Scienza della legislazione, vol. II, Firenze, 1872, p. 398-.
2 FIGARI, Rubén Enrique, artículo Delitos contra la fe pública, (sf), p. 3. -CAMIGNANI, Giovanni, Elementi di Diritto Penale, Milán, 1882, p. 416-.
3 FIGARI, Rubén Enrique, artículo Delitos contra la fe pública, (sf), p. 4. -PESSINA, Enricco, Elemento dei Diritto Penale, vol. III, Marghieri, Napolí, 1885, p. 294-.
4 FIGARI, Rubén Enrique, artículo Delitos contra la fe pública, (sf), p. 7-8. -MUÑOZ CONDE, Francisco, Derecho Penal. Parte Especial, Undécima edición, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, p. 605-606-.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0018_2024.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): 993e88bb90968e3a4dece1b645ab7907d7489153cc9241ba2e2d6af3a698b414
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