Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de Libertad · Sala Tercera · 3 de marzo de 2026
Concede la tutela
El impetrante de tutela alega la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la libertad, a la impugnación; y, a los principios de celeridad y pro actione; toda vez que, dentro del proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de asesinato, interpuso recurso de apelación incidental contra la resolución que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva; transcurriendo treinta y cinco días sin que hasta la fecha -debe entenderse de presentación de la acción tutelar- los jueces y secretaria demandados hayan remitido los antecedentes de su recurso de apelación ante el Tribunal de alzada, manteniendo su detención preventiva de forma ilegal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 030/2023 de 10 de febrero, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a Solveiga Evelyn Pinto Michel, Jueza; y, Roxana Castro Garnica, Secretaria, ambas del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 2° Denegar en relación a los derechos a la defensa e impugnación, así como el principio pro actione; y, respecto a Leonardo Guillermo Gutiérrez Mendieta, y Claudio Torrez Fernández, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0085/2026-S3 Sucre, 3 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de Libertad Expediente: 53773-2023-108-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 030/2023 de 10 de febrero, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roberto Jhonatan Valero Calla contra Solveiga Evelyn Pinto Michel, Leonardo Guillermo Gutiérrez Mendieta, y Claudio Torrez Fernández, Jueces; y, Roxana Janeth Castro Garnica, Secretaria, todos del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 10 de febrero de 2023, cursante de fs. 10 a 11 vta., el accionante expresó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y otros, por la presunta comisión del delito de asesinato, en audiencia pública de consideración de cesación a la detención preventiva, desarrollada el 5 de enero de 2023, las autoridades ahora demandadas por Auto Interlocutorio 01/2023 determinaron rechazar su solicitud; motivo por el cual, en el referido acto procesal, interpuso de manera oral recurso de apelación incidental contra la citada determinación; sin embargo, hasta la presentación de la acción de libertad transcurrieron treinta y cinco días sin que hayan remitido el legajo de apelación al Tribunal de alzada. Si bien, el 19 del indicado mes y año, después de catorce días, se sorteó el recurso de apelación a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, esta instancia el 25 de igual mes y año devolvió los antecedentes con observaciones, por otros diez días más incumplieron con la remisión del recurso de apelación incidental; omisión que le tornaría su detención ilegal.
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la libertad, a la impugnación; y, a los principios de celeridad y pro actione, citando al efecto los arts. 23, 178.I, 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia se ordene a los demandados, en el día, remitan el legajo de apelación a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Celebrada la audiencia virtual el 10 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 15 a 16, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, en la audiencia de esta acción tutelar ratificó íntegramente los términos de su demanda.
Solveiga Evelyn Pinto Michel, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 10 de febrero de 2023, cursante a fs. 20, solicitó se deniegue la tutela, e informó: a) El 5 de enero del mencionado año dispuso la remisión del recurso de apelación al Tribunal de alzada; sin embargo, que la Secretaria del Tribunal mencionado, no cumplió de forma eficiente dicha remisión; efectuándola recién el 29 del mismo mes y año; por lo que la demora no le es atribuible; y, b) Señaló que dicha funcionaria de apoyo judicial incurre reiteradamente en el incumplimiento de sus funciones específicas, razón por la cual sería quien ostenta la legitimación pasiva. Roxana Janeth Castro Garnica, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 10 de febrero de 2023, cursante a fs. 21, solicitó se “rechace” (sic) la tutela, e informó: 1) El 5 de enero del mismo año, si bien se dispuso la remisión de la apelación, se hizo notar que el Tribunal no contaba con vale para sacar fotocopias; en consecuencia, la Presidenta del referido Tribunal mencionado instruyó que los solicitantes se apersonen a fin extraerlas y así posibilitar su remisión; bajo esta disposición la parte se apersonó recién el 19 de igual mes y año; extremo por el cual, en tal fecha remitió el recurso a la Sala Penal Cuarta, instancia que recibió el legajo el 24 del citado mes y año; y, 2) La remisión fue observada por la referida Sala mediante Decreto de 25 del mismo mes y año; razón por la cual fue devuelta al Tribunal el 2 de febrero de igual año; una vez subsanada la observación, el 7 del referido mes y año, y tras obtener las fotocopias con recursos propios, se remitieron a la Oficina Gestora de Procesos (OGP) para la realización de las notificaciones correspondientes, la diligencia fue devuelta el 10 del indicado mes y año en horas de la tarde; por lo que, en esa misma fecha, remitió nuevamente los antecedentes a la Sala sorteada; sin embargo, no se efectuó la recepción, debido a que la atención para dicho fin se realizaba únicamente en horario de la mañana. Leonardo Guillermo Gutiérrez Mendieta, Claudio Torrez Fernández, ambos Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, no presentaron informe escrito, tampoco asistieron a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 13.
El Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 030/2023 de 10 de febrero, cursante de fs. 17 a 18 vta., concedió en parte la tutela solicitada, en relación a la Jueza Presidenta Solveiga Evelyn Pinto Michel, y la Secretaria Roxana Janeth Castro Garnica; disponiendo que, en el día, remitan los antecedentes exigidos al Tribunal de alzada, decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) El 5 de enero de 2023, en audiencia cautelar ante la apelación interpuesta, correspondía su remisión dentro del plazo de veinticuatro horas; sin que a la fecha se haya hecho efectiva la misma; si bien en un primer momento el recurso fue remitido el 19 del mismo mes y año, este fue observado el 25 del citado mes y año; por lo que, fue devuelto al Tribunal de Sentencia el 2 de febrero de igual año, desde entonces las observaciones no han sido subsanadas, lo que afecta directamente el derecho a la libertad al impedir la resolución de la situación jurídica del accionante; en consecuencia, la tramitación de la remisión del recurso continúa pendiente ante el Tribunal demandado; ii) Si bien el Tribunal de Sentencia es colegiado, la norma prevé la designación de un presidente de causa, encargado de dirigir el proceso y ejercer su control; en tal condición de corresponde velar por el cumplimiento de la decisión adoptada y supervisar la ejecución de los dispuesto; por ellos, la Presidenta del caso no puede eximirse de responsabilidad por la falta de remisión del recurso, al haber omitido adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la decisión; en relación a los otros dos jueces técnicos, estos carecen de responsabilidad, toda vez que la Presidenta de causa quien debe hacer el seguimiento o control del cumplimiento de la decisión asumida respecto al recurso de apelación; y, iii) La secretaría -demandada- estaba en la obligación de realizar todos los diligenciamientos necesarios para la remisión de lo ordenado por la autoridad jurisdiccional, extremo que no fue cumplido; en este caso la omisión de no remitir debidamente la documentación dentro de los plazos legales o inclusive justificar las razones por las cuales no remitió en plazo, hacer ver su responsabilidad.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-003/2025-II de 26 de noviembre, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. Asimismo, conforme el Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP-004/2025-II de 30 de diciembre, se dispuso la devolución y nuevo sorteo de expedientes pendientes de resolución emergente de la cesación de cinco magistrados, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
II.1. En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Roberto Jhonatan Valero Calla -ahora accionante- y otros, por la presunta comisión del delito de asesinato, en audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva, desarrollada el 5 de enero de 2023, el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, a través del Auto Interlocutorio 01/2023 determinó rechazar su solicitud; consta en dicha Resolución, que ante la reserva de apelación, Solveiga Evelyn Pinto Michel -Presidenta del Tribunal antes mencionado-, ordenó que “Por secretaria se remita al Tribunal de alzada conforme al Art 251 del CPP” (sic) (fs. 2 a 3). II.2. Mediante nota 74/2023 de 19 de enero, con sello de recepción de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz de 24 del mismo mes y año, Roxana Castro Garnica, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, remitió a esa instancia, el legajo de apelación incidental interpuesto por el impetrante de tutela (fs. 7 y vta.). II.3. A través de Decreto de 25 de enero de 2023, la Secretaria de la Sala Penal mencionada observó los antecedentes remitidos, disponiendo que, por secretaría del juzgado de origen se subsane lo extrañado; en consecuencia, se devolvieron obrados; posteriormente mediante nota de 26 del indicado mes y año, la servidora de apoyo judicial antes mencionada, remitió al Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento referido el legajo de apelación, el cual fue recibido en dicho Tribunal el 2 de febrero de la misma gestión (fs. 8 a 9 vta.).
El impetrante de tutela alega la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la libertad, a la impugnación; y, a los principios de celeridad y pro actione; toda vez que, dentro del proceso que se le sigue por la presunta comisión del delito de asesinato, interpuso recurso de apelación incidental contra la resolución que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva; transcurriendo treinta y cinco días sin que hasta la fecha -debe entenderse de presentación de la acción tutelar- los jueces y secretaria demandados hayan remitido los antecedentes de su recurso de apelación ante el Tribunal de alzada, manteniendo su detención preventiva de forma ilegal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
A partir de la clasificación del recurso de hábeas corpus, actualmente acción de libertad, desarrollada por las Sentencias Constitucionales 1579/2004-R de 1 de octubre y 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “… lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.
De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental de medida cautelar, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señaló que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.
En ese entendido, la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 sistematizó las subreglas relativas a la obligación de remitir los antecedentes del recurso de apelación de medidas cautelares, conforme al siguiente entendimiento: i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. (el resaltado es propio) vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.
El rol del juez en cualquier proceso judicial es fundamental para la administración de justicia, su función se centra en garantizar que el proceso judicial se desarrolle de manera justa, eficiente y conforme a la ley, al respecto la SCP 0015/2012 de 16 de marzo, refiriéndose al principio de dirección del proceso, concluyó lo siguiente:
[Al] respecto, se afirma el deber del juez de impulsar de oficio los procesos, conforme a sus facultades procesales de dirección, que guardan armonía con el principio de dirección judicial, que se complementa con el de impulso procesal o impulso de oficio, que -a su vez- se manifiesta en una serie de potestades que las normas confieren al juez operador, como intérprete de la norma para conducir y hacer avanzar autónomamente el proceso, sin necesidad de petición de parte y sin que ello signifique coartar el derecho de los sujetos procesales a dinamizar y ser los propulsores naturales del proceso.
La sistematización jurisprudencial que se desarrolla a continuación se sustenta, entre otras, en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0178/2018-S2 de 14 de mayo. Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio definió la legitimación pasiva, señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a 3 La citada Sentencia en su fundamentación jurídica establece que “Mediante el principio de dirección judicial del proceso, se infiere que la autoridad judicial queda compelida a impulsar de oficio -cuando corresponda- el trámite de la causa, adecuar la exigencia de las formalidades a los fines del proceso, interpretar y aplicar a las leyes según los preceptos y principios constitucionales, expedir sentencia cumpliendo los requisitos que la misma debe contener y, en el caso de la expedición estimativa de medidas cautelares, exigir apariencia de buen derecho (Bonus fumus iures), evitando el peligro en la demora (periculum in mora). Siguiendo la tendencia moderna, el principio de la dirección judicial, convierte hoy en día al juez en una autoridad dinámica y no en un simple ‘convidado de piedra’’. Recogiendo este postulado, la Constitución Política del Estado, en su art. 115, haciendo armonía con la doctrina, precisa: ‘I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’. En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su art. 8, referido a las garantías judiciales, dispone: ‘1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella...’. Por otra parte, el art. 168 del CPP: señala: ‘…el juez o tribunal, de oficio a petición de parte, advertido el defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumpliendo el acto omitido; así, la autoridad judicial tiene una función activa de acuerdo con el principio de dirección procesal, de tal suerte que de oficio puede dar celeridad y adoptar las diligencias para mejor proveer, más aún cuando está de por medio la libertad. 4El Cuarto Considerando, refiere: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”.
través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad, es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada posteriormente por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0345/2012 de 22 de junio y 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras; estableció que estas o estos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades jurisdiccionales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad. No obstante, la SC 0332/2010-R de 17 de junio estableció una excepción a esta regla, señalando que el personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contradigan lo dispuesto por la autoridad judicial o cometieran excesos en sus funciones que pudieran lesionar derechos fundamentales o garantías constitucionales, pero si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y 5El FJ III.5, menciona: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus-: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 6El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 7El FJ III.2, señala: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 8El FJ III.4, señala que: “Ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo”.
garantías, no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno. Más tarde, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril indicó que los funcionarios subalternos tienen legitimación pasiva cuando incurran en excesos que impliquen contradicción o alteración a las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas. Como se puede advertir, la jurisprudencia emanada de este Tribunal, señala que el personal subalterno al no contar con poder de decisión jurisdiccional que pueda definir la situación jurídica de las partes en un proceso, carece de legitimación pasiva, entendiendo que su actuar se circunscribe a obedecer las órdenes del juez que tiene el control jurisdiccional; sin embargo, esta regla tiene su excepción en los casos en los cuales este personal, comete excesos en su labor o contradice lo dispuesto por las autoridades superiores o sus actos u omisiones vulneran derechos fundamentales o garantías constitucionales de las partes, casos en los cuales, tendría legitimación pasiva para ser demandado (el énfasis es añadido).
9El FJ III.2, define: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: ʽCon relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: ʽEl personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.
De los antecedentes contenidos en el expediente, se evidencia que, a través del Auto Interlocutorio 01/2023 de 5 de enero, el Tribunal demandado rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva que planteó el accionante; resolución contra la cual, en el mismo actuado procesal, interpuso recurso de apelación incidental; asimismo, de la documental adjunta, se evidencia que mediante nota 74/2023 de 19 de enero, la Secretaria demandada, remitió a esa instancia, el legajo de apelación incidental que fue recibido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 24 del mismo mes y año; instancia que mediante Proveído de 25 del mismo mes y año, tras observar los antecedentes remitidos, mediante nota de 26 del indicado mes y año, dispuso la devolución de obrados al “juzgado de origen” (sic), para que subsane los aspectos observados; Tribunal a quo recibió dicho legajo el 2 de febrero del mismo año. Sobre el particular, es necesario resaltar, que si bien se demandó a todos los Jueces técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, corresponde a la Presidenta del mismo, en ejercicio de su poder ordenador y disciplinario, dirigir la audiencia y ordenar los actos necesarios para su desarrollo; en este caso, ese rol cumplió la Jueza demandada Solveiga Evelyn Pinto Michel; en consecuencia, los Jueces codemandados, carecen de legitimación pasiva en la presente acción tutelar, al no tener a su cargo la tramitación del recurso de apelación; por lo que, corresponde denegar la tutela respecto a ellos. En ese marco, en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, sobre la naturaleza de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que se configura en la presente causa, al evidenciarse que existe una vulneración al principio de celeridad respecto a la remisión del recurso de apelación incidental al tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas de interpuesto el recurso, conforme prevé el art. 251 del CPP; omisión que en el presente caso, retardó el trámite para resolver la apelación interpuesta por el impetrante de tutela y por ende su situación jurídica, lo cual se encuentra vinculado directamente al derecho a la libertad personal; es decir, en el presente caso, el transcurso de treinta cinco días sin la remisión efectiva, excede de manera desmedida e injustificada el plazo legal establecido, por lo cual existe una dilación indebida, debiendo tomar en cuenta además, que el accionante se encontraba cumpliendo detención preventiva; de ahí que al no proceder de ese modo, evidentemente trasunta en la vulneración de los derechos a la libertad y debido proceso vinculado al principio de celeridad denunciados por el accionante, toda vez que impidió a que se considere su recurso de apelación, manteniendo su detención preventiva.
De acuerdo al entendimiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, es deber del juez de impulsar de oficio los procesos, conforme a sus facultades procesales de dirección judicial, que se manifiesta en una serie de potestades que las normas confieren al juez operador, como intérprete de la norma para conducir y hacer avanzar autónomamente el proceso; en ese marco, la Jueza demandada en su informe presentado trató de justificar su accionar alegando que ordenó a la Secretaria del Juzgado remita el testimonio de la apelación al Tribunal de alzada, siendo esta funcionaria la responsable de las remisiones; al respecto, cabe establecer que en su condición de Presidenta del Tribunal es la directora del proceso, y le corresponde, ejerciendo su poder ordenador y disciplinario, realizar el control y supervisión del cumplimiento de las atribuciones y deberes que el personal de apoyo jurisdiccional debe cumplir, como es el acatamiento de la orden de remisión en el plazo legal, así como su consecución, aspectos que no fueron cumplidos por la autoridad judicial demandada. En relación a la Secretaria codemandada, conforme al entendimiento asumido en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece su legitimación pasiva, cuando la vulneración de los derechos tutelados emerja del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas en la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-; así como de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; en ese contexto, no podemos soslayar del análisis, el justificativo expuesto por ésta codemandada, quien en su informe atribuyó la demora en la remisión del legajo de apelación al tardío apersonamiento del apelante para la provisión de copias, así como al establecimiento de horarios por la secretaría de cámara de la Sala para la recepción de documentación, y a la devolución de la OGP de las diligencias de notificación; estos argumentos no pueden sobreponerse a lo determinado por el art. 251 del CPP, ni tampoco a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, por ser contrario a sus postulados normativos; en tal sentido, se corrobora que la funcionaria de apoyo jurisdiccional demandada, si bien remitió el recurso de apelación, la misma no se efectivizó porque al ser observada por el Tribunal de apelación se ordenó su devolución; esta omisión o error, aunque sea por descuido, constituye mala conducta de la servidora pública, lo cual repercutió en los derechos alegados por el accionante, especialmente a su libertad personal. En ese contexto, si bien es evidente, que se remitió al de alzada el recurso de apelación el 24 de enero de 2023, fuera del plazo previsto por el CPP, dicha remisión quedó sin efecto, por cuanto la Sala Penal Cuarta del referido Tribunal Departamental de Justicia mediante Proveído de 25 del mismo mes y año, tras observar los antecedentes remitidos, mediante nota de 26 del indicado mes y año, dispuso la devolución de obrados al “juzgado de origen” (sic), por existir observaciones en el legajo de apelación a fin que las subsane; lo cual implica que, los obrados una vez enmendada la observación, nuevamente tendrían que ser remitidos al Tribunal de alzada; es decir, hasta la fecha de la audiencia de la presente acción de defensa, no se cumplió con la remisión efectiva extrañada, lo cual impidió a resolver la situación procesal del accionante en instancia de apelación; por lo cual quedó latente la dilación corroborada; razones por las cuales, corresponde conceder la tutela impetrada en relación a la Jueza presidenta y Secretaria demandadas. Finalmente, en relación a la denuncia de vulneración de los derechos a la defensa e impugnación, así como el principio pro actione, este Tribunal no evidencia la forma en la que los mismos fueron lesionados; por consecuencia, corresponde denegar la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 030/2023 de 10 de febrero, cursante de fs. 17 a 18 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto a Solveiga Evelyn Pinto Michel, Jueza; y, Roxana Castro Garnica, Secretaria, ambas del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías. 2° Denegar en relación a los derechos a la defensa e impugnación, así como el principio pro actione; y, respecto a Leonardo Guillermo Gutiérrez Mendieta, y Claudio Torrez Fernández, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
1 La SCP 0281/2012, en el F.J III.4 refirió: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.
2 La sistematización de los precedentes constitucionales referidos a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares, ha sido realizada en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0036/2018-S2, 0068/2018-S2, 0105/2018-S2, entre otras, en las que se ha resuelto situaciones similares al ahora planteado.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0085_2026-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 31b559df90dc3d5b4a7461a20727fa05066b0f61367e1f468be20fe61f78d09e
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