B.IA.LEGAL

SCP 0085/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de marzo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
23 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
44286-2022-89-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así como los principios de celeridad, pro homine y de progresividad; en razón a que, al haberse cumplido la condena de tres años y dos meses impuesta en su contra por Sentencia 18/2020, solicitó al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, la emisión de un mandamiento de libertad por pena cumplida, determinando la Jueza y Secretaria accionadas, que no darían curso a esa solicitud, quienes por proveído de 18 de noviembre de 2021, declararon ejecutoriada dicha Sentencia, ordenando la remisión de las piezas pertinentes al juzgado de ejecución penal respectivo, debiendo expedirse el mandamiento de condena y remitirse las copias pertinentes al REJAP; en ese sentido, al no haberse remitido su proceso, radicando el mismo en el referido Tribunal, debieron dar curso a su pedido y efectivizar el mandamiento de libertad definitivo, lo que vulneró el principio de celeridad, siendo que se trataba de un caso con detenido preventivo. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 26/2021 de 19 de noviembre, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, con relación al derecho a la libertad, a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, así como el principio de celeridad, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías, en la Resolución principal y en la complementaria. 2° DENEGAR la tutela solicitada, en cuanto a la Secretaria y la o el “AUXILIAR” coaccionadas, así como respecto a los principios pro homine y de progresividad

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Alcance del principio de celeridad en solicitudes vinculadas a la libertad, en el marco de la acción traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0085/2023-S3 Sucre, 23 de marzo de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 44286-2022-89-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 26/2021 de 19 de noviembre, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carla Ninosca Torrez Cano en representación sin mandato de Marco Antonio Villarroel Barra contra Jimena Velásquez Albarracín, Jueza; Frida Mary Mullisaca Flores, Secretaria y “AUXILIAR”, todos del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de noviembre de 2021, cursante de fs. 12 a 15 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de su persona, por la presunta comisión del delito de robo agravado, se encuentra actualmente detenido de manera preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz, por tres años, ocho meses y 29 días, desde el 29 de enero de 2018, dando cumplimiento al mandamiento de detención preventiva expedido por la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz. El 9 de marzo de 2020, se acogió a la salida alternativa de procedimiento abreviado, emitiéndose la Sentencia 18/2020, disponiendo una condena de tres años -y dos meses- a ser cumplida en el indicado recinto penitenciario.

Realizado el seguimiento en el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, funcionarios del mismo y Frida Mary Mullisaca Flores, Secretaria del referido Tribunal -ahora coaccionada-, refirieron que el proceso instaurado en su contra estaría remitido y radicado en el Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del citado departamento; donde se apersonó solicitando se libre mandamiento de libertad por pena cumplida, adjuntando el certificado de permanencia y conducta, emitiéndose un decreto indicando no ha lugar a lo solicitado, ya que solo cursaba el cuaderno de detención preventiva y no así la sentencia condenatoria ejecutoriada; asimismo, revisado ese cuaderno, se evidenció que no cursaba el mandamiento de condena ni la sentencia mencionada. Por ese motivo, nuevamente se acudió al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, donde se pidió revisar el libro de remisiones a fin de tener certeza de donde fue remitido el proceso; sin embargo, la Secretaria coaccionada no prestó dicho libro; por lo que el 11 de noviembre de 2021, presentó al indicado Tribunal un memorial solicitando el desarchivo y la emisión del mandamiento de libertad por pena cumplida, determinando la Jueza y Secretaria ahora accionadas por decreto de 16 del mismo mes y año, tenerlo por apersonado y que conforme los datos del proceso debía acudir a la autoridad competente. Al día siguiente se tomó contacto con dichas funcionarias, quienes indicaron que no darían curso al mandamiento de libertad solicitado y que sería remitido -su pedido- al juzgado de ejecución, emitiendo el 18 de noviembre de 2021, un proveído indicando que de conformidad a lo establecido por el art. 126 del Código de Procedimiento Penal (CPP), las resoluciones judiciales quedan ejecutoriadas sin necesidad de declaración alguna, sin perjuicio de ello la Sentencia 18/2020, quedaba ejecutoriada y de acuerdo a lo previsto por el art. 430 del citado Código, debían remitirse las piezas pertinentes al juzgado de ejecución penal respectivo previo sorteo, debiendo expedirse al efecto los mandamientos de condena y remitirse las copias pertinentes al Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP). Al no haberse remitido “el presente caso”, debió darse curso a su solicitud de emisión del mandamiento de libertad definitiva; y según la Jueza accionada, primero se debe remitir para luego solicitar en otro Tribunal, siendo incongruente que no emitan dicho mandamiento; toda vez que, se trata de un caso con detenido preventivo que tiene prioridad y que excedió el tiempo de su condena aproximadamente en más de ocho meses a la fecha actual; encontrándose todavía en esa calidad en el Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz y acudió al Juzgado competente donde se encuentra radicando su proceso, el cual debió ser remitido el año pasado y no recién este año como pretenden hacerlo las accionadas, sobrepasando el plazo establecido de acuerdo a procedimiento, y ejecutoriando la Sentencia recién el 18 de noviembre de 2021; cuya actuación le priva de su libertad.

De lo expuesto, a la fecha es evidente que no se contaba con una sentencia ejecutoriada, y el Tribunal a cargo de su caso causa demora y dilación al omitir plazos y no querer hacerse cargo de efectivizar el mandamiento de libertad definitiva, vulnerando el principio de celeridad lo que le provoca indefensión y el derecho a la libertad. Al ser condenado a tres años, permanece ocho meses sin gozar de su libertad, incumpliéndose lo establecido por el art. 135 del CPP; es decir, la Jueza, la Secretaria y “AUXILIAR” hoy accionadas no cumplieron sus funciones, suscitando una retardación de justicia y negación de la misma, más aun tratándose de una persona privada de libertad. Interpone la presente acción de libertad contra: a) La Jueza accionada por no emitir el mandamiento de libertad definitiva a su favor y por emitir un decreto tardío respecto a la ejecutoria de la Sentencia y la remisión al juzgado de ejecución penal; b) La Secretaria coaccionada, por no proporcionar datos concretos y dar datos falsos y erróneos “…QUE HACEN INCURRIR AL JUEZ” (sic); y, c) “AUXILIAR”, por no cumplir con sus funciones ante la falta de remisión “A EJECUCIÓN” conforme a procedimiento.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela a través de su presentante sin mandato, denuncia como lesionados sus derechos a la libertad, a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así como los principios de celeridad, pro homine y de progresividad, citando al efecto los arts. 13.I y IV, 24, 115.I, 178.I, 180 y 256.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8.1 y 29 inc. b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

En audiencia solicitó se conceda la tutela impetrada y se admita la acción de defensa planteada contra los accionados.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 19 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 21 a 23 vta., presentes la representante sin mandato del peticionante de tutela, la Jueza y Secretaria accionadas, y ausente el Auxiliar coaccionado, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su representante sin mandato, ratificó los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad, y ampliando en audiencia refirió que: 1) Es incongruente que no se emita el mandamiento de libertad; toda vez que, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, aún estaría a cargo del proceso instaurado en su contra. No quieren hacerse cargo -se entiende la Jueza y Secretaria accionadas- de efectivizar dicho mandamiento, pese a tener conocimiento la certificación de permanencia de conducta; y, 2) A las prenombradas no les dio la gana de revisar el proceso y procedieron a archivarlo, sin que el mismo esté ejecutoriado, y mucho menos lo remitieron al juzgado de ejecución; es por ello que se interpuso la presente acción de libertad. Por lo expuesto, solicita se conceda la tutela impetrada y se admita la acción de defensa planteada contra los accionados.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Jimena Velásquez Albarracín, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia manifestó que: i) Cumplió con su responsabilidad de dictar la Sentencia 18/2020 de 9 de marzo, condenando al impetrante de tutela a tres años y dos meses; ii) La Secretaria coaccionada le informó que en reiteradas oportunidades fue al Juzgado una abogada en busca de un cuaderno procesal, presentando un memorial suelto donde se apersona, solicita el desarchivo de ese cuaderno procesal y la emisión de un mandamiento de libertad por pena cumplida; por lo que se la tuvo por apersonada y le indicó que acuda a la autoridad competente, ya que al haberse emitido una sentencia el proceso debía estar en el juzgado de ejecución penal; iii) Se menciona el abandono y retardación, siendo que Defensa Pública es quien tiene que hacer el seguimiento a sus causas; iv) En la última parte de la referida Sentencia señaló que se notifique en el plazo de quince días; luego se apersonó la abogada de Defensa Pública, quien teniendo conocimiento de que había una sentencia, solamente pidió una salida; v) “Ayer” luego de revisar el expediente, se llamó la atención a la Secretaria coaccionada, indicándole que no cumplió con las diligencias; vi) La abogada de Defensa Pública se apersonó el 20 de octubre de 2020, después de seis meses de pronunciada la Sentencia 18/2020 y hasta ese momento no hubo reclamo alguno; vii) La asistente de defensa pública le hizo conocer -lo denunciado- y en el momento y a vista de la misma se emitió el decreto correspondiente llamando severamente la atención a la Secretaria coaccionada por no haberse cumplido “con esto” emitiendo un memorando en su contra; por lo que dispuso la ejecutoria de la señalada Sentencia, remitiendo la causa al juez de ejecución penal; viii) No entiende porque en el cuaderno procesal no existe algún documento que haya sido remitido a “Sentencia ejecución penal”, tampoco porque se menciona el Juzgado “…Tercero de Ejecución Penal…” (sic); ix) Ayer tuvo conocimiento de la situación y en el momento lo solucionó, llamando la atención a la Secretaria del Juzgado del cual es titular, por no tener el cuidado respectivo; encontrándose su Juzgado con “0” causas; y, x) El seguimiento de causas le corresponde a Defensa Pública y sus funcionarios ocasionaron retardación. No negó en ningún momento la expedición del mandamiento de libertad. Frida Mary Mullisaca Flores, Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia indicó que: a) Corrobora todos los extremos vertidos por la Jueza accionada; además, la representante sin mandato del peticionante de tutela y abogada de Defensa Pública, una sola vez se aproximó al Juzgado, siendo ella quien mencionó que el proceso se encontraba en ejecución; b) Revisado el sistema de acuerdo a la información proporcionada por la misma abogada, la cual mencionó que encontró un legajo en el Juzgado de “ejecución tercero”; indicándole que era imposible que se mande a ejecución de esa manera ya que no podían recibir sin un mandamiento de condena; sin embargo, dicha abogada manifestó que si había ese legajo y que ella iría en ese momento a traer una fotocopia del último decreto del citado Juzgado de Ejecución, donde se señaló que se acuda a la autoridad pertinente; empero, la misma ya no se hizo presente; c) El día de ayer se presentó la asistente de la abogada de Defensa Pública, quien se entrevistó con la Jueza accionada y en ese momento se dispuso la ejecutoria de la Sentencia y se entregó una copia a dicha asistente, mencionando que se remitiría el legajo a ejecución; d) Un requisito esencial para enviar ese legajo es el mandamiento de condena, el cual se envió ayer; sin embargo, en la oficina Gestora no había personal “…que iban a los penales a remitir esos mandamientos lo han llevado el día de hoy…” (sic), y por la tarde le trajeron debidamente diligenciado; e) “…si lo llevábamos hoy el legajo a ejecución no me lo iban a recibir…” (sic), porque un requisito esencial es el citado mandamiento, el cual lo tiene en su poder y hará llegar una copia con la fecha de hoy debidamente diligenciada y el legajo ya estará remitido al juzgado de ejecución; y, f) Como Tribunal se cumplió con los plazos procesales establecidos dentro de las veinticuatro horas de remitida la ejecutoria. “AUXILIAR” del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, ante la intervención de la Secretaria coaccionada se informó que el Tribunal que conforma desde el mes de junio no contaba con Auxiliar.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Segunda de Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 26/2021 de 19 de noviembre, cursante de fs. 24 a 26 vta., “OTORGA” la tutela solicitada, con relación a la Jueza y la Secretaria accionadas, determinando que se deba remitir en el plazo de veinticuatro horas, el legajo del trámite de la Sentencia 18/2020 y las piezas procesales pertinentes, como el mandamiento de condena ante el Juez de Ejecución Penal, decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) En el presente caso se debe tomar en cuenta el principio del debido proceso en su elemento de celeridad y el derecho a la libertad. Quien administra justicia debe aplicar el principio de celeridad, más aún si en el presente caso el accionante se encuentra detenido por tres años, ocho meses y veintinueve días; 2) El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, no cumplió lo establecido por el art. 130 del CPP, vulnerando el principio de celeridad y el derecho a la libertad del impetrante de tutela, debiendo haber obrado de manera oportuna cumpliendo los plazos procesales que señala la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, en cuanto a la remisión de los actos procesales, con relación al procedimiento abreviado y donde se dicta la respectiva Sentencia Condenatoria; 3) La remisión de copias auténticas de los autos al juez de ejecución penal, prevista por el art. 430 del CPP, no fue cumplida hasta la fecha por la Jueza ni la Secretaria accionadas; 4) Se considera un acto vulneratorio del derecho a la libertad con relación al principio de celeridad el no haberse remitido el legajo de la consideración de la salida alternativa respecto del peticionante de tutela; más aún si esa determinación fue resuelta el 9 de marzo de 2020, considerando que nos encontramos en la gestión 2021; y, 5) El Tribunal de garantías considera que la autoridad accionada no actuó de manera pronta y oportuna respecto a la remisión de antecedentes ante el Juez de Ejecución Penal de turno. Ante el pedido de explicación y enmienda realizado por el accionante, quien refiere que planteó la acción de libertad porque no se emitió el mandamiento de libertad; en tal sentido, pide se informe respecto a esa petición. Al respecto, los miembros del Tribunal de garantías refirieron que en cuanto al reclamo de que no se emitió el respectivo mandamiento de libertad, se tiene que la emisión del mismo le corresponde al juzgado de ejecución penal cuando se demuestre el cumplimiento de la pena.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa la Sentencia 18/2020 de 9 de marzo, emitida por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz contra Marco Antonio Villarroel Barra -hoy impetrante de tutela- (fs. 9 a 11). II.2. Consta el Certificado de Permanencia y Conducta de 28 de octubre de 2021, perteneciente al peticionante de tutela, emitido por el Director del Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz (fs. 1 a 2). II.3. Por memorial presentado el 3 de noviembre de 2021, ante el Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento La Paz, el accionante se apersonó y solicitó el mandamiento de libertad por cumplimiento de la pena; emitiéndose al efecto el proveído de 4 del mes y año citado, por el Juez a cargo del mencionado Juzgado (fs. 3 a 4). II.4. A través del memorial presentado el 11 de noviembre de 2021, dirigido al Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, el impetrante de tutela se apersonó a dicho Tribunal, solicitando el desarchivo del cuaderno de control jurisdiccional y se emita el mandamiento de libertad por pena cumplida (fs. 6 y vta.). II.5. Por proveído de 16 de noviembre de 2021, Jimena Velásquez Albarracín, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz -hoy accionada-, tuvo por apersonado al peticionante de tutela y señaló que conforme los datos del proceso debía acudir ante la autoridad competente y por proveído de 18 del mismo mes y año, declaró ejecutoriada la Sentencia 18/2020, ordenando se remitan las piezas pertinentes al juzgado de ejecución penal respectivo previo sorteo, se expida el mandamiento de condena y se remitan la copias pertinentes al REJAP (fs. 7 a 8).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así como los principios de celeridad, pro homine y de progresividad; en razón a que, al haberse cumplido la condena de tres años y dos meses impuesta en su contra por Sentencia 18/2020, solicitó al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, la emisión de un mandamiento de libertad por pena cumplida, determinando la Jueza y Secretaria accionadas, que no darían curso a esa solicitud, quienes por proveído de 18 de noviembre de 2021, declararon ejecutoriada dicha Sentencia, ordenando la remisión de las piezas pertinentes al juzgado de ejecución penal respectivo, debiendo expedirse el mandamiento de condena y remitirse las copias pertinentes al REJAP; en ese sentido, al no haberse remitido su proceso, radicando el mismo en el referido Tribunal, debieron dar curso a su pedido y efectivizar el mandamiento de libertad definitivo, lo que vulneró el principio de celeridad, siendo que se trataba de un caso con detenido preventivo. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Alcance del principio de celeridad en solicitudes vinculadas a la libertad, en el marco de la acción traslativa o de pronto despacho

La SCP 0127/2018-S1 de 16 de abril, efectuando una sistematización sobre esta tipología de acción de libertad, y denotando la connotación de la celeridad como valor y principio inherente al debido proceso como base de la potestad de impartir justicia, precisó que: “La SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: ‘…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Del mismo modo, el referido fallo constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado en su Fundamento Jurídico III.4, determinó que: ‘Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’. Entonces, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, así lo entendió el extinto Tribunal Constitucional y el actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese entendido, la SCP 0766/2014 de 21 de abril, citando a la SCP 0011/2014 de 3 de enero, hizo énfasis en que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así como los principios de celeridad, pro homine y de progresividad; en razón a que, al haberse cumplido la condena de tres años y dos meses impuesta en su contra por Sentencia 18/2020 de 9 de marzo, solicitó al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, la emisión de un mandamiento de libertad por pena cumplida, determinando la Jueza y Secretaria del mencionado Tribunal -ahora accionadas-, que no darían curso a esa solicitud, quienes por proveído de 18 de noviembre de 2021, declararon ejecutoriada dicha Sentencia, ordenando la remisión de las piezas pertinentes al juzgado de ejecución penal respectivo, debiendo expedirse el mandamiento de condena y remitirse las copias pertinentes al REJAP; en ese sentido, al no haberse remitido su proceso, radicando el mismo en el mencionado Tribunal, debieron dar curso a su pedido y efectivizar el mandamiento de libertad definitivo, lo que vulneró el principio de celeridad, siendo que se trataba de un caso con detenido preventivo. De la revisión de antecedentes se advierte que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra del peticionante de tutela, por la presunta comisión del delito de robo agravado, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de La Paz, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro del referido departamento, librando al efecto el mandamiento respectivo; encontrándose recluido desde el 29 de enero de 2018. El 9 de marzo de 2020, el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del citado departamento, en el proceso penal de referencia, emitió en contra del accionante la Sentencia 18/2020, dentro de la salida alternativa de procedimiento abreviado solicitada por el Ministerio Público, disponiendo como condena la pena privativa de libertad de tres años y dos meses a sufrir en el referido Centro Penitenciario. En ese sentido, su permanencia desde su ingreso a dicho Centro Penitenciario (29 de enero de 2018) hasta la emisión del Certificado de Permanencia y Conducta de 28 de octubre de 2021, era de tres años, ocho meses y veintinueve días (Conclusiones II.1. y II.2). El 3 de noviembre de 2021, el impetrante de tutela se apersonó al Juzgado de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, solicitando se libre el respectivo mandamiento de libertad por cumplimiento de la pena; en tal sentido, el Juez a cargo de dicho Juzgado, emitió el proveído respectivo negando lo solicitado, haciéndole conocer que no podía emitir dicho mandamiento al cursar solamente el cuaderno de detención preventiva y no así la sentencia condenatoria ejecutoriada, debiendo acudir al juez de ejecución penal que conozca su sentencia (Conclusión II.3.); en ese sentido, por memorial de 11 del mes y año indicados, dirigido al Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del mencionado departamento, el peticionante de tutela se apersonó y solicitó el desarchivo del cuaderno de control jurisdiccional y la emisión del mandamiento de libertad por pena cumplida (Conclusión II.4.); emitiendo la Jueza accionada el proveído de 16 del mismo mes y año, señalando que de acuerdo a los datos del proceso debía acudir ante la autoridad competente, y por proveído emitido el 18 de noviembre de 2021, declaró ejecutoriada la Sentencia 18/2020, ordenando se remitan las piezas pertinentes al juzgado de ejecución penal respectivo, previo sorteo; se expida el mandamiento de condena y se remitan la copias pertinentes al REJAP (Conclusión II.5). No constando en antecedentes, prueba documental alguna de que se hayan materializado esas determinaciones.

Establecidos los antecedentes procesales, del análisis de la problemática identificada en la presente acción de defensa, se advierte que el accionante cuestiona a través del presente medio de defensa constitucional, la negativa de la Jueza y la Secretaria accionadas, de dar curso a su solicitud de librar el correspondiente mandamiento de libertad, a pesar de haberse cumplido la condena impuesta en su contra y radicar el proceso en el Tribunal a su cargo; asimismo, denuncia que por proveído de 18 de noviembre de 2021, declararon -de manera tardía- la ejecutoria de la Sentencia de 9 de marzo de 2020, ordenando la remisión de las piezas pertinentes al juzgado de ejecución penal respectivo, la expedición del mandamiento de condena y el envío de las copias respectivas al REJAP. Bajo ese contexto macro de sus denuncias constitucionales, el impetrante de tutela, especifica y aclara que interpone la presente acción de libertad en contra de la Jueza accionada por no emitir el mandamiento de libertad definitiva en su favor y por emitir un decreto tardío respecto a la ejecutoria de la Sentencia, y la remisión -de antecedentes- al juzgado de ejecución penal. En ese sentido, de los hechos fácticos conocidos, en especial lo relativo a las actuaciones posteriores a la emisión de la Sentencia condenatoria 18/2020, resulta aplicable el entendimiento jurisprudencial mencionado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, relacionado con el principio de celeridad, constituyéndose la acción de libertad traslativa o de pronto despacho en el mecanismo procesal idóneo cuando exista conculcación de ese principio, en cuanto a trámites judiciales que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; en ese contexto, de los antecedentes descritos se tiene que una vez pronunciada la referida Sentencia 18/2020, por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, producto de la aplicación del procedimiento abreviado, en la que se condenó al impetrante de tutela a la pena privativa de libertad de tres años y dos meses, la Jueza accionada en su calidad de Presidenta del mencionado Tribunal, asumió una actitud pasiva y dilatoria, al abandonar la causa sin supervisar ni ejercer el control jurisdiccional de la misma, dándose por enterada un día antes de la audiencia de consideración de la presente acción de libertad, que la Sentencia condenatoria emitida en la salida alternativa de procedimiento abreviado, aún se encontraba en el Tribunal a su cargo, evidenciando así una excesiva dilación en la definición de la situación jurídica del peticionante de tutela, quien de acuerdo al mencionado Certificado de Permanencia y Conducta de 28 de octubre de 2021, ingresó al Centro Penitenciario de San Pedro del departamento de La Paz el 29 de enero de 2018, con mandamiento de detención preventiva, contando a esa fecha con un tiempo de permanencia de tres años, ocho meses y veintinueve días, de lo que se concluye que a la fecha de realización de la audiencia tutelar -19 de noviembre de 2021-, había cumplido abundantemente la condena de tres años y dos meses de pena privativa de libertad que le fue impuesta a través de la señalada Sentencia. Por otra parte y pese a que la norma contenida en el art. 126 del CPP, no requiere de declaración alguna para tener por ejecutoriada a las resoluciones judiciales cuando no se hubiesen interpuesto en contra de ellas los recursos en los plazos legales o las mismas no admitan recurso ulterior; se evidencia que la falta de supervisión y control del fallo emitido por parte de la Jueza accionada, ocasionó que esa Sentencia merezca una declaración judicial expresa de ejecutoria el 18 de noviembre de 2021, recién un día antes de interposición de la presente acción de libertad y después de un año, ocho meses y nueve días de ser emitida, y como efecto de esa situación, la Jueza accionada no remitió durante todo ese tiempo ante el juez de ejecución penal de turno, los actuados principales del proceso penal y especialmente de la Sentencia 18/2020 emitida en contra del accionante para el respectivo control de la ejecución de la condena impuesta en su contra, impidiendo que pueda descontarse de la pena aplicada el tiempo que permaneció detenido en celdas judiciales y policiales -detenido preventivamente-, y realizar el cómputo efectivo de la misma, para que en caso de estar cumplida gozar de la libertad inmediata, en el marco de lo establecido por el art. 39 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, que establece: “Cumplida la condena, concedida la Libertad Condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno”. Además, debe tenerse en cuenta que de acuerdo al informe brindado por la Secretaria coaccionada, recién en horas de la mañana del día de la audiencia de garantías -19 de noviembre de 2021-, aparentemente se habría remitido el mandamiento de condena y no así el legajo conteniendo los demás antecedentes o actuados principales del proceso penal y especialmente de la Sentencia 18/2020 emitida en contra del impetrante de tutela. No existiendo antecedente alguno que corrobore esa situación; es decir, no consta en el expediente constitucional, elemento de prueba o convicción alguna que demuestre que se hayan cumplido efectiva y totalmente las determinaciones asumidas por la Jueza accionada en el proveído de 18 de noviembre de 2021. Por lo expuesto, al ser evidente la dilación en la que incurrió la Jueza accionada, de acuerdo a los argumentos expuestos y la pretensión buscada por el peticionante de tutela, corresponde conceder la tutela impetrada, al haber actuado la misma de manera contraria al principio de celeridad y el derecho a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, siendo uno de sus deberes el de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin demoras innecesarias, máxime si los mismos se encuentran relacionados con el derecho a la libertad, que también se considera lesionado.

En cuanto a la solicitud de emisión del mandamiento de libertad, es necesario señalar que la expedición de dicho mandamiento por cumplimiento de condena, es una atribución del juez de ejecución penal; al respecto, la SC 0676/2005-R de 16 de junio, mencionada por la SCP 1026/2022-S3 de 9 de agosto, en sus argumentos: “…Reconoció la competencia del Juez de Ejecución Penal para librar mandamiento de libertad, una vez cumplida la condena, a partir de las atribuciones de los jueces de ejecución penales previstas en el art. 55 del CPP y art. 19.7 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), de controlar la ejecución de las sentencias, sustanciar y resolver la libertad condicional y todos los incidentes que se produjeran durante la etapa de ejecución, así como de lo dispuesto en el art. 428 del CPP, que dispone: ‘Las sentencias condenatorias serán ejecutadas por el Juez de ejecución penal, quien tendrá competencia para resolver todas las cuestiones o incidentes que se susciten durante la ejecución’; imponiéndole el deber de ordenar inmediatamente la libertad del condenado...”. En tal sentido, no corresponde dar curso a lo peticionado. En cuanto a la Secretaria coaccionada, el accionante de manera específica señaló que interpuso la presente acción de libertad contra la misma, por no proporcionar datos concretos y dar datos falsos y erróneos -se entiende sobre el juzgado de ejecución penal donde radicaban los antecedentes del proceso penal seguido en su contra-; sin embargo, no respaldó esa denuncia con documento o medio probatorio alguno, que permita a este Tribunal realizar el análisis respectivo y poder determinar si en efecto dicha funcionaria judicial, cometió las irregularidades denunciadas. En ese sentido, al verse imposibilitada esta Sala Constitucional de ingresar al análisis del cuestionamiento realizado en la presente acción de defensa, por no contar con los medios necesarios para ello, corresponde denegar la tutela impetrada contra la Secretaria coaccionada. Finalmente, al no haberse identificado a la o el “AUXILIAR” coaccionado, que no hubiera cumplido con sus funciones, relativos a la falta de remisión al juzgado de ejecución penal de los actuados principales del proceso penal seguido en contra del impetrante de tutela; y tampoco haberse adjuntado prueba que demuestre el incumplimiento de sus deberes en ese sentido, no se puede emitir un pronunciamiento al respecto, dado que no se cuenta con material que pueda ser analizado y corroborar si efectivamente hubo negligencia en su actuación; más aún si del informe prestado por la Secretaria coaccionada en audiencia tutelar, se tiene que el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, desde el mes de junio no contaba con dicho funcionario de apoyo judicial.

Por consiguiente, amerita denegarse la tutela solicitada en cuanto al “AUXILIAR” coaccionado, que se reitera no fue identificado pero si fue accionado de esa manera. En cuanto a los principios pro homine y de progresividad, al no haberse expuesto un argumento de la forma en que los mismos fueron lesionados ni tampoco al haberlos vinculados con algunos de los derechos considerados como vulnerados, no corresponde emitir un pronunciamiento sobre los mismos. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, aunque con terminología errónea, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 26/2021 de 19 de noviembre, cursante de fs. 24 a 26 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, con relación al derecho a la libertad, a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, así como el principio de celeridad, en los mismos términos dispuestos por el Tribunal de garantías, en la Resolución principal y en la complementaria. 2° DENEGAR la tutela solicitada, en cuanto a la Secretaria y la o el “AUXILIAR” coaccionadas, así como respecto a los principios pro homine y de progresividad Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0085_2023-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): 720564bb70bed4da7a5861cb9ea4cda1a7fd820f26ab675387b3aede3875881d

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