B.IA.LEGAL

SCP 0085/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 27 de marzo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
27 de marzo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
46832-2022-94-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral, al trabajo digno, por la parte demandada quien agradeció sus servicios a través del Memorándum 49/2022 de 1 de febrero, despido injustificado e ilegal; puesto que, no se consideró que cuenta con inamovilidad laboral al tener bajo su cuidado a una persona con discapacidad del 90% que llega a ser su cuñada, siendo que su esposa es tutora designada con Sentencia de 10 de agosto de 2018, emitida por autoridad judicial competente y su persona es el sostén económico de su familia. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 30 de noviembre de 2022, cursante de fs. 290 a 291 vta., pronunciada por el Juez Público de Familia Primero de Yacuiba del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada; y, 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia, debiendo mantenerse firmes y sin devolución los sueldos percibidos por el impetrante de tutela por la concesión de tutela por parte del Juez de garantías, hasta la notificación de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La tutela de los derechos de personas con discapacidad o que tienen a su cargo personas con discapacidad
  2. III.2. La protección a las personas con discapacidad en situación de dependencia o de quienes tienen a personas con discapacidad a su cargo. Jurisprudencia reiterada.
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0085/2023-S2 Sucre, 27 de marzo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de amparo constitucional Expediente: 46832-2022-94-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución de 30 de noviembre de 2022, cursante de fs. 290 a 291 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ángel Paniagua Barja contra José Luis Abrego Serruto, Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 29 de marzo de 2022, cursante de fs. 189 a 195, el accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

A través del Memorándum 52/218 de 16 de enero de 2018, fue designado Director de Gestión de Conflictos Coordinación con Organizaciones Sociales dependiente del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, función que desempeñó hasta el 31 de diciembre del citado año; posteriormente, suscribió Contrato Administrativo de Consultoría en Línea 764/2019 de 7 de octubre al 30 de noviembre de similar año; el 6 de febrero de 2020, procedió a la firma de un nuevo Contrato Administrativo “139/2020” como Técnico Especializado II de Planificación e Inversión para la Secretaría Regional hasta el 20 de mayo de igual año; finalmente, mediante Memorándum 24/2021 de 4 de enero, fue designado en el cargo de Responsable del Programa de Cultura – Profesional I, dependiente de la Secretaría Regional de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, siendo agradecidos sus servicios a través de la emisión del Memorándum 49/2022 de 1 de febrero.

Acto ilegal que lesionó sus derechos fundamentales, así como el de su esposa quien tiene la tutoría de una persona con discapacidad severa con un porcentaje del 90% que necesita una atención permanente; es así que, ingresó a trabajar en representación de su esposa al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco; en tal sentido, se vulneró las leyes y derechos supremos que avalan a las personas con discapacidad, padres, madres, tutores, cónyuges y otros, que tienen bajo su cuidado a personas con discapacidad y son inamovibles de sus puestos de trabajo gozando de inamovilidad funcionaria en el sector público y privado sin reducción de sueldos. Se procedió a la injusta, ilegal y discriminatoria destitución de sus funciones, sin considerar que su persona cuenta con inamovilidad en sus funciones de acuerdo a lo establecido por el Decreto Supremo (DS) 29608 de 18 de junio de 2008, que estipula en su art. 5 “(INAMOVILIDAD) 1. LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE PRESTEN SERVICIOS EN LOS SECTORES PÚBLICOS O PRIVADOS, GOZARAN DE INAMOVILIDAD EN SUS PUESTOS DE TRABAJO EXCEPTO POR LAS CAUSALES ESTABLECIDAS POR LEY…”; discapacidad que se acreditó con el carnet de discapacidad otorgado por el Comité Departamental de la Persona con Discapacidad (CODEPEDIS) Tarija; por su parte, el art. 34.I de la Ley General para Personas con Discapacidad (LGPD), señala que: “El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de Gobierno, deberá incorporar planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo económico a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad. II. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizara la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padres, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido”. (sic). En ese contexto queda claro que fue despedido de manera ilegal e intempestiva; puesto que, no fue sometido a proceso administrativo alguno, menos se siguió los procedimientos establecidos en la Ley de Administración y Control Gubernamentales ni en el Estatuto del Funcionario Público, desconociendo su calidad de esposo de Fanny Arroyo Ochoa de Paniagua, tutora de Paola Inés Arroyo Ochoa, y su condición de representante de su esposa quien tiene la tutela ordenada por la autoridad judicial competente que emitió la Sentencia de 10 agosto de 2018, dictada por el Juzgado Público de Familia Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, dentro el proceso de declaración de interdicto; en tal sentido, como se advierte se halla amparado por el art. 46 del Código Procesal Civil (CPC) que establece la representación sin mandato. Pese a que el 9 de agosto de 2021, dio a conocer a José Luis Abrego Serruto, Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, la inamovilidad laboral que tenía, y haberse emitido el Informe Legal GARGCH 02/2022 de 7 de enero, el cual entre sus conclusiones y recomendaciones señaló: “POR LO QUE EN EL CASO CONCRETO DE LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTO A LA PRESENTE SOLICITUD Y EN ATENCIÓN A LOS PRECEPTOS NORMATIVOS DESCRITOS LINEAS ARRIBA, SE RECOMIENDA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS OTORGAR EL BENEFICIO DE INAMOVILIDAD LABORAL SOLICITADA” (sic); haciendo caso omiso al informe legal precedente, le notificaron con el Memorándum 49/2022 de 1 de febrero, de agradecimiento de servicios. Ante ese hecho acudió a la Jefatura Regional de Trabajo de Yacuiba, instancia en la cual le negaron su derecho al trabajo, agotando de esa manera los recursos administrativos para poder acudir a la jurisdicción constitucional para el restablecimiento de sus derechos conculcados.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a la inamovilidad laboral, al trabajo digno; citando al efecto los arts. 46.I, 70.I y II, 71, 72 y “232” de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Al Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco deje sin efecto el Memorándum 49/2022 de 1 de febrero, de agradecimiento de servicios que le sancionó con el retiro de esa institución; y, b) La inmediata restitución al cargo que desempeñaba como Responsable del Programa de Cultura – Profesional I, con efecto retroactivo a la fecha del despido, con goce de haberes y demás derechos laborales, más daños perjuicios y costas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 30 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 287 a 289 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogada, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, ampliando que: 1) El 7 de enero de 2022, se emitió el Informe Legal GARGCH 02/2022, el cual concluyó y recomendó a la Dirección de Recursos Humanos (RR.HH.) del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, otorgar el beneficio de inamovilidad laboral solicitada a su favor, fundamentándose en la SCP 0502/2018-S3 de 12 de octubre, la cual refirió que: “…En el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios que prestan servicios en los sectores públicos o privados, no solo se refiere al trabajador en sí mismo, sino que en prevención de una ruptura de la relación laboral puede llegar a afectar a un dependiente discapacitado de este trabajador o funcionario garantizando su inamovilidad instituyendo una tutela reforzada del derecho al trabajo de las personas en razón de su discapacidad o de la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia excepto que su despido se opere por las causales señaladas por ley y previo proceso de determine haberse incurrido en dichas causales…”; 2) Se lesionaron todos los derechos en favor de la persona con discapacidad, así como de la madre, padre, cónyuge, tutor o tutora que se encuentren a cargo de una o más personas con discapacidad grave o muy grave mayores de dieciocho años, debiendo tomarse en cuenta la SCP 0321/2021-S1 de 2 de agosto, que establece la protección a las personas con discapacidad en situación de dependencia o de quienes tienen a personas con discapacidad a su cargo, jurisprudencia reiterada en el art. 70 de la CPE que señala que toda persona con discapacidad debe ser protegida, primero por su familia y segundo, por el Estado; pues, se encuentra en situación especial de vulnerabilidad por cuanto las limitaciones físicas, psíquicas o intelectuales merman determinadas capacidades de la persona y adicionalmente pueden impedir que ejerza por si misma determinados derechos como el trabajo, de donde deriva que la satisfacción de sus necesidades conlleva a un costo económico, el cual debe erogarse a través de la asistencia del entorno familiar; 3) El Estado debe proteger al trabajador que tiene como dependiente a una persona con discapacidad tomando en cuenta los principios de favorabilidad y progresividad inmersos en el texto constitucional -arts. 13 y 256-, garantizando la inamovilidad laboral de la o del trabajador que tiene una persona dependiente con discapacidad, así la jurisprudencia constitucional sentada en la SC 0235/2007-R de 10 de abril, tuteló la garantía de inamovilidad funcionaria y laboral de estos trabajadores en el entendido de que la ruptura de la continuidad de la relación laboral puede afectar no solo al trabajador sino también a un dependiente con discapacidad; y, 4) Al ser su persona el sostén de su familia y el que solventa los tratamientos, compra de medicamentos de Paola Inés Arroyo Ochoa, persona con discapacidad severa con un porcentaje del 90% quien es hermana de su esposa y debido a que ella se encuentra bajo su tutela, la cual no puede trabajar por la atención que brinda a su hermana además de tener a su cargo cuatro hijos, solicita se conceda la tutela impetrada.

I.2.2. Informe del demandado

José Luis Abrego Serruto, Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, remitió informe de 4 de abril de 2021, cursante de fs. 268 a 272, mediante el que solicitó se deniegue la tutela, en mérito a los siguientes fundamentos: i) A través del Memorándum 24/2021, el accionante fue designado como personal permanente del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, para ocupar el cargo de Responsable del Programa Cultura Profesional I, es así que su persona al asumir la función de Ejecutivo Regional luego de evaluar a las unidades pertinentes, todos los aspectos inherentes a los recursos humanos de la entidad, tal como corresponde a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) en el inicio de una gestión administrativa seria y con las atribuciones contenidas por ley, se procedió a introducir los ajustes legales, técnicos y administrativos que correspondían, entre ellos, el agradecimiento de servicios de numerosos servidores públicos, producto de esa evaluación a Ángel Paniagua Barja -ahora accionante-, se le agradeció sus servicios por tratarse de un puesto de trabajo que debe ser parte de una próxima restructuración institucional, siendo a la vez servidor público de libre nombramiento como se demuestra en el Memorándum de designación 24/2021; ii) Se cuenta con amplia jurisprudencia constitucional y normativa respecto a la inamovilidad laboral de los servidores públicos de libre nombramiento; así el art. 34 de la LGPD, refiere: “(AMBITO DEL TRABAJO). Parágrafo II. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizara la inamovilidad laboral a las personas con discapacidad, cónyuges, padre, madres y/o tutores de hijos con discapacidad, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido”, aspecto concordante con el art. 1 de la Ley de Inserción Laboral y de ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 27 de septiembre de 2017- y el DS 29608, de la normativa especial referente a las personas con discapacidad permite establecer excepciones al beneficio de inamovilidad laboral entres estas “…y cuando cumplan normativa vigente y no existan causales que justifiquen debidamente su despido…” (sic), así como también de no ser mayor de dieciocho años, en consecuencia, la inamovilidad laboral no se aplicará en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obra; iii) De acuerdo a la jurisprudencia constitucional el beneficio de la inamovilidad laboral le corresponde al peticionante de tutela, si acaso en el proceso de declaración de interdicto el demandante hubiese sido declarado tutor, pero por la documentación que se adjunta por parte del impetrante de tutela queda claro que quien fue declarada tutora es Fanny Arroyo Ochoa de Paniagua, esposa del prenombrado, siendo incorrecta su aseveración de ser representante de su esposa, ya que ni siquiera procede esa pretensión; y, iv) Se emitió el Memorándum 49/2022, en ejercicio de sus funciones y atribuciones como MAE de la institución, todo en el marco de la normativa jurídica administrativa vigente, sin lesionar la normativa especial que rige para las personas con discapacidad, por lo que no incurrió en acto ilegal o indebido alguno, sino ejerció sus atribuciones y responsabilidades establecidas en las normas administrativas y el Estatuto Regional del Gran Chaco.

I.2.3. Resolución

El Juez Público de Familia Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, constituido en Juez de garantías, por Resolución de 30 de noviembre de 2022, cursante de fs. 290 a 291 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo: “1.- Se ordena la inmediata reincorporación del accionante ANGEL PANIAGUA BARJA a su fuente de trabajo como RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE CULTURA -PROFESIONAL I, dependiente de la Secretaria Regional de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco con el nivel salarial 8 de la escala salarial, debiendo asimismo cancelar los sueldos devengados y demás derechos que le correspondan hasta la fecha de reincorporación; 2.- Se declara la nulidad del MEMORANDUM N° 49/2022 de fecha 01 de febrero de 2022, otorgado por JOSE LUIS ABREGO SERRUTO Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco” (sic); bajo los siguientes fundamentos: a) Se adjuntó el Memorándum 49/2022; por el cual, se agradeció los servicios prestados por el accionante en la institución, de la revisión minuciosa del mismo se desprende que no contempla las razones del porqué se le cesó de sus funciones; asimismo, no se consideró el Informe Legal GARGCH 02/2022, emitido por la Secretaría Regional Jurídica del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco que en su parte final recomendó con buen criterio a la Dirección de RR.HH. otorgar el beneficio de inamovilidad por que el solicitante tiene bajo su dependencia a una persona con discapacidad; b) La esposa del impetrante de tutela Fanny Arroyo Ochoa de Paniagua, fue designada tutora de la declarada interdicta que llega a ser su hermana Paola Inés Arroyo Ochoa, además de adjuntar el carnet de discapacidad múltiple muy grave; es por ello, que al sentir del art. 70 de la CPE, la familia de la persona con discapacidad sería el accionante y su esposa que fue designada judicialmente tutora con el deber de protegerla; así también, el art. 62 de la misma Norma Suprema establece que el Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y garantiza las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral; en tal circunstancia, siendo que la esposa del accionante es la tutora de la discapacitada deben recibir la protección del Estado como estatuye el art. 70.I de la CPE, si esta persona discapacitada depende del impetrante de tutela y de su esposa como núcleo familiar debe aplicarse la inamovilidad laboral en favor del prenombrado, al depender de este económicamente tanto su esposa como la discapacitada; c) Al emitirse el Memorándum 49/2022, no se consideró la situación social del accionante quien tiene a su cuñada, hermana de su esposa bajo su responsabilidad y al haberlo cesado de sus funciones se pone en riesgo y vulnerabilidad a ésta; consecuentemente, se lesionó el derecho a la estabilidad laboral establecido por el art. 49 de la CPE; d) Por su parte, la Ley 977 en su art. 2.V señala que: “El Estado Plurinacional de Bolivia garantizara la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de 18 años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación” cita, concordante con el art. 34.II de la LGPD; y, e) Bajo el nuevo paradigma de la familia instituido por el art. 62 de la CPE, que reconoce a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad que garantiza las condiciones sociales y económicas de todos sus integrantes en igualdad de derechos, la discapacitada Paola Inés Arroyo Ochoa, sería tanto o igual que hija del accionante y se encuentra bajo su protección; así también, El Código de las Familias y del Proceso Familiar es más amplio, real y solidario quedando claro que los lazos de familia que une al impetrante de tutela con la discapacitada son de orden afectivo, emocionales y de afinidad, por tiempo indefinido, que el Estado está en la obligación de protegerlos y más aún cuando está a su cargo una persona con discapacidad muy grave.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Memorándum 52/18 de 16 de enero de 2018, emitido por José Antonio Quecaña Quispe, Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, se designó a Ángel Paniagua Barja -ahora accionante- como Director de Gestión de Conflictos Coordinación Organizaciones Sociales dependiente del referido Gobierno (fs. 4). II.2. Cursa Sentencia de 10 de agosto de 2018, pronunciada por el Juez Público de Familia Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, dentro el proceso de declaración de interdicto deducido por Fanny Arroyo Ochoa de Paniagua contra Paola Inés Arroyo Ochoa; disponiendo en la parte resolutiva: “1.- Se declara interdicto a PAOLA INES ARROYO OCHOA. 2.- Se designa tutor del declarado interdicto a FANNY ARROYO OCHO DE PANIAGUA, conforme establece el art. 112-1 al 6 de la Ley 603” [sic (fs. 19 a 20)]. II.3. Cursan contratos administrativos de consultoría suscritos por el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco con el accionante, el primero Contrato Administrativo de Consultoría 764/2019 de 7 de octubre de 2019, el segundo Contrato Administrativo 139/2020 para la Prestación de Servicios de Consultoría de 6 de febrero de 2020 y Contrato Administrativo 320/2020 para la Prestación de Servicios de Consultoría de 22 de octubre de 2020, por los cuales, desempeñó diferentes cargos (fs. 5 a 12 vta.). II.4. Mediante Memorándum 24/2021 de 4 de enero, el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, representado por José Antonio Quecaña Quispe, Ejecutivo Regional Transitorio, designó al impetrante de tutela en el cargo de Responsable del Programa de Cultura – Profesional I dependiente de la Secretaría Regional de Desarrollo Social (fs. 13). II.5. Por nota de 9 de agosto de 2021, el accionante hizo conocer a José Luis Abrego Serruto, Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, que gozaría de inmovilidad laboral ya que su esposa es tutora de su cuñada que tiene discapacidad múltiple con un porcentaje de 90%, siendo su persona el único sostén económico de su familia y quien solventa los tratamientos de la persona con discapacidad (fs. 31). II.6. A través del Memorándum 49/2022 de 1 de febrero, emitido por José Luis Abrego Serruto, Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco se agradeció los servicios del impetrante de tutela (fs. 14). II.7. A través del Auto Administrativo MTEPS/JRTY/ERYC 010/2022 de 24 de marzo, Elvis Ronald Yujra Cazana, Jefe Regional de Trabajo de Yacuiba del departamento de Tarija, resolvió: “DECLINAR la Competencia Administrativa, ante la judicatura laboral a objeto de que la misma, emita pronunciamiento respecto a la legalidad o ilegalidad del despido así como los derechos que le corresponde al trabajador ANGEL PANIAGUA BARJA, dado que dentro del presente caso, se ha evidenciado que existen hechos controvertidos, entre la posición alegada por el denunciante y la parte denunciada, el cual pretende la Reincorporación Laboral por despido Injustificado en razón a que tiene beneficio constitucional de INAMOVILIDAD LABORAL por ser conyugue de la TUTORA de la persona que tiene capacidad diferente hasta una DISCAPACIDAD GRAVE, y del otro lado la posición de la entidad que afirma, que el denunciante al haber sido Funcionario Público de Libre Nombramiento y que no es TUTOR, estaría exento de los derechos laborales que la Normativa Nacional y la Ley General del Trabajo y Otras. Pudiesen otorgarle." [sic (fs. 48 a 50 vta.)].

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral, al trabajo digno, por la parte demandada quien agradeció sus servicios a través del Memorándum 49/2022 de 1 de febrero, despido injustificado e ilegal; puesto que, no se consideró que cuenta con inamovilidad laboral al tener bajo su cuidado a una persona con discapacidad del 90% que llega a ser su cuñada, siendo que su esposa es tutora designada con Sentencia de 10 de agosto de 2018, emitida por autoridad judicial competente y su persona es el sostén económico de su familia. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela

III.1. La tutela de los derechos de personas con discapacidad o que tienen a su cargo personas con discapacidad

A respecto de los trabajadores que tienen a su cargo personas con discapacidad, la SCP 0321/2021-S1 de 2 de agosto refirió que: “En ese orden, corresponde distinguir las dos modalidades diferenciadas de protección constitucional que proceden y que están en la tradición jurisprudencial ante la vulneración de la garantía de la inamovilidad laboral, como son: 1) La tutela directa a través de la acción de amparo constitucional, sin la exigencia del agotamiento de ninguna vía judicial o administrativa en un supuesto de excepción al principio de subsidiariedad -SCP 1422/2004-R de 31 de agosto-; o, en su caso; y, 2) La tutela a través de la acción de amparo constitucional, vía cumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo.

La distinción mencionada, permite visualizar claramente que ante despidos producidos en el sector público o privado, la búsqueda de la protección de la garantía de inamovilidad laboral de la trabajadora o del trabajador con discapacidad o de la trabajadora o el trabajador que tiene bajo su dependencia una persona con discapacidad, formalmente puede tener dos procedimientos disímiles; por cuanto, algunas veces opta por acudir directamente a la justicia constitucional vía amparo constitucional sin que exista ninguna conminatoria de reincorporación emitida por la autoridad administrativa laboral y, otras veces, elige acudir previamente a la vía administrativa, esto es, ante la Jefatura Departamental del Trabajo, y en este camino procesal, obtiene una conminatoria de reincorporación, y ante el incumplimiento por el empleador, interpone acción de amparo constitucional buscando precisamente se cumpla tal conminatoria. En ese orden, si bien formalmente se plantean dos actos lesivos distintos ante la justicia constitucional, esto es: i) La denuncia de incumplimiento de la conminatoria de reincorporación emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo por el empleador; y, ii) La denuncia de despido del trabajador, bajo la protección de la garantía de inamovilidad por ser una persona con discapacidad o tener bajo su dependencia una persona con discapacidad, a ser valorada directamente por la justicia constitucional, sin que exista de por medio una conminatoria de autoridad administrativa que cumplir; sin embargo, en ambos casos existe, en realidad, un mismo acto lesivo esencial vinculado al despido o no contratación al trabajador o servidor público con discapacidad o con persona dependiente discapacitada; puesto que, en ambos casos, se busca la protección de la garantía de inamovilidad de trabajador o servidor público, instituyendo así una tutela reforzada, salvo que su despido se opere por las causas señaladas por ley a través de un debido proceso, conforme lo entendió la SC 0235/2007-R de 10 de abril. De ello se desprende que existe un mismo problema jurídico; pues, se trata de un mismo acto lesivo esencial, de los mismos o similares derechos supuestamente vulnerados y de la misma petición. Entendimiento establecido en la SCP 0463/2019-S2 de 9 de julio”.

III.2. La protección a las personas con discapacidad en situación de dependencia o de quienes tienen a personas con discapacidad a su cargo. Jurisprudencia reiterada.

Sobre el particular, la SCP 0321/2021-S1, desarrolló el siguiente entendimiento: “El art. 70 de la CPE, señala que:

Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación en lenguaje alternativo. 4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna. 5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales. Así, el art. 70.1 de la CPE, reconoce el derecho de las personas con discapacidad ‘A ser protegidos por su familia y por el Estado’; por lo que, corresponde analizar tanto los deberes de los familiares y las responsabilidades públicas o estatales. En ese marco la protección de las personas con discapacidad por su familia es especialmente importante porque se encuentran en situación de especial vulnerabilidad; por cuanto, las limitaciones físicas, psíquicas o intelectuales, merman determinadas capacidades de la persona; y, adicionalmente, pueden impedir que ejerzan, por sí mismos, determinados derechos, como el trabajo, de donde deriva que la satisfacción de sus necesidades, conlleva un coste económico, el cual debe erogarse a través de la asistencia del entorno familiar. En cuanto a la protección por parte del Estado, cabe señalar que la especial vulnerabilidad antes anotada, demanda acciones afirmativas por parte del Estado, siendo una de ellas la protección del trabajador que tiene como dependiente a una persona con discapacidad. Esto se trasunta en el reconocimiento de la garantía de inamovilidad laboral, instituida en el art. 34.II de la Ley General para Personas con Discapacidad (LGPD) -Ley 223 de 2 de marzo de 2012- a favor del cónyuge, padre, madre y/o tutor de las personas con discapacidad; protección que no es absoluta, por cuanto se mantiene en tanto el trabajador no incurra en las causales de despido contempladas por la Ley General del Trabajo. lo que resulta, que el Estado Plurinacional de Bolivia, en virtud a los principios antes mencionados, particularmente tomando en cuenta los de favorabilidad y progresividad, inmersos en el texto constitucional (arts. 13 y 256 de la CPE), garantiza la inamovilidad laboral de la o el trabajador que tiene una persona dependiente con discapacidad, con la finalidad de lograr la protección de todas las personas que, por razones ligadas a la falta o la pérdida de la autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia para ejercer sus derechos y asegurarles una existencia digna. Desde esta perspectiva, dicho resguardo, al igual que la protección de las personas con discapacidad, encuentra su fundamento en la dignidad humana, así como en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad real e integración anhelada por los Estados. (…) Asimismo, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0235/2007-R de 10 de abril, tuteló la garantía de inamovilidad funcionaria y laboral de estos trabajadores, en el entendido que la ruptura de la continuidad de la relación laboral, puede afectar no solo al trabajador sino también a un dependiente con discapacidad; razonamiento jurisprudencial que fue reiterado posteriormente, por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0391/2012, 0614/2012 y 0390/2014, entre otras. En consecuencia, esta protección conlleva a obligaciones pasivas para el empleador, de abstenerse a realizar cualquier medida que limite el ejercicio de estos derechos, entendiendo que de la vulneración del derecho al trabajo y otros derechos laborales conexos, que corresponden al trabajador, deriva la lesión al ejercicio de los derechos de aquella persona dependiente con discapacidad, que atañen a su dignidad e igualdad. Al contrario, le corresponde al empleador tanto en las entidades públicas y privadas, asegurar al trabajador a cargo de la asistencia y manutención de esta persona, la permanencia en su fuente de trabajo. Sin embargo, esta protección no es absoluta; toda vez que, está condicionada a una buena conducta del trabajador en su desempeño laboral, ya que el retiro se justifica si éste incurre en una causal de despido establecido conforme a ley. Entendimiento que también fue establecido en la SCP 0463/2019-S2 de 9 de julio”.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denunció la vulneración a sus derechos a la inamovilidad laboral, al trabajo digno, por la parte demandada quien agradeció sus servicios a través del Memorándum 49/2022 de 1 de febrero, despido injustificado e ilegal, puesto que no se consideró que cuenta con inamovilidad laboral al tener bajo su cuidado a una persona con discapacidad del 90% que llega a ser su cuñada, siendo que su esposa es tutora designada con Sentencia de 10 de agosto de 2018, emitida por autoridad judicial competente y su persona es el sostén económico de su familia.

De los antecedentes que ilustran el expediente se tiene que el impetrante de tutela desde el 2018, vino desempeñando diferentes cargos dentro el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco; es así que, por Memorándum 52/18 de 16 de enero de 2018, emitido por José Antonio Quecaña Quispe, Ejecutivo Regional fue nombrado como Director de Gestión de Conflictos Coordinación Organizaciones Sociales; posteriormente, se suscribieron tres contratos de consultoría en línea siendo el último Contrato Administrativo 320/2020 para la Prestación de Servicios de Consultoría firmado el 22 de octubre de 2020. Así también se advierte que el peticionante de tutela fue designado Responsable del Programa Cultura – Profesional I, dependiente de la Secretaría Regional de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, mediante la emisión del Memorándum 24/2021 de 4 de enero; finalmente, fueron agradecidos sus servicios con la emisión de Memorándum 49/2022. En el caso concreto se observa que la génesis de la problemática planteada radica en el despido de su fuente laboral del que fue objeto el accionante por parte del Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, argumentando el impetrante de tutela que el agradecimiento de servicios fue ilegal al no tomarse en cuenta que goza de inamovilidad laboral por tener bajo su dependencia a una persona con discapacidad muy grave; es en ese contexto, presentó como pruebas la Sentencia de 10 de agosto de 2018, dictada por el Juez Público de Familia Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, dentro el proceso de declaración de interdicto deducido por Fanny Arroyo Ochoa de Paniagua contra Paola Inés Arroyo Ochoa, disponiendo en la parte resolutiva: “1.- Se declara interdicto a PAOLA INES ARROYO OCHOA. 2.- Se designa tutor del declarado interdicto a FANNY ARROYO OCHOA DE PANIAGUA, conforme establece el art. 112-1 al 6 de la Ley 603…” (Conclusión II.2). Así también, refiere el peticionante de tutela que a través de la nota de 9 de agosto de 2021, hizo conocer a José Luis Abrego Serruto, Ejecutivo Regional del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco que tenía inmovilidad laboral, puesto que su esposa es tutora de su cuñada que tiene discapacidad múltiple con un porcentaje de 90%, siendo su persona el único sostén económico de su familia y quien solventa los tratamientos de la persona con discapacidad. En ese orden de cosas queda claro que el impetrante de tutela, en la presente acción de defensa no es tutor de la persona con discapacidad, sino su esposa Fanny Arroyo Ochoa de Paniagua, que fue designada tutora por autoridad judicial competente de su hermana Paola Inés Arroyo Ochoa quien fue declarada interdicta, si bien el peticionante de tutela argumentó que le es aplicable la protección que tienen las personas con discapacidad así como los trabajadores que tienen bajo su dependencia a personas con discapacidad, haciendo alusión a los arts. 34.I de la LGPD y 1 de la Ley 977; sin embargo, de la lectura de dichas normas se infiere que la protección abarca a las personas con discapacidad, vale decir a los trabajadores o trabajadoras con capacidades diferentes que desarrollan actividades en alguna institución pública o privada; asimismo, se extiende la inamovilidad laboral a los cónyuges, padres, madres y tutores de hijos con discapacidad, aclarando que deben cumplir con las normativas vigentes y no existir causales que justifiquen debidamente su despido. Conforme lo expuesto precedentemente se puede colegir que el demandante de tutela no es cónyuge, ni padre de la discapacitada, sino es el cuñado y quien fue designada tutora es su esposa, por lo que no se aplicaría en el presente caso la protección que reclama de inamovilidad laboral, puesto que no tiene la calidad de tutor para exigir la aplicación de la Ley General para Personas con Discapacidad y Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad, por tal motivo, debe denegarse la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, actuó de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 30 de noviembre de 2022, cursante de fs. 290 a 291 vta., pronunciada por el Juez Público de Familia Primero de Yacuiba del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada; y, 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia, debiendo mantenerse firmes y sin devolución los sueldos percibidos por el impetrante de tutela por la concesión de tutela por parte del Juez de garantías, hasta la notificación de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0085_2023-S2.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): d6b8cbd740d1f5fc62b0a6b8a7f729dba1805716c29563359c28aecfd0044dac

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