Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 12 de marzo de 2025
Deniega la tutela
Los accionantes a través de su representante, consideran lesionados sus derechos al debido proceso y a la defensa; toda vez que, dentro de la demanda ordinaria de cumplimiento de obligación, devolución o entrega de lo indebidamente cobrado más daños y perjuicios, se nombró a su madre y tercera interesada como su tutora ad litem, sin respaldo de norma alguna y consentimiento o aceptación de la misma, siendo relevante que a momento de admitir la referida demanda en su contra, el Juez ahora demandado, tenía la obligación de disponer las notificación de las autoridades competentes en defensa de sus derechos conforme el art. 60 de la CPE; asimismo, sin que la nombrada asuma su defensa fueron declarados rebeldes sin siquiera nombrarles un defensor de oficio, llevándose a cabo la audiencia preliminar sin que la DNA pueda asumir su defensa y evitar su indefensión. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 247/2024 de 16 de diciembre, cursante de fs. 96 a 103 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por la aludida Sala Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0084/2025-S3 Sucre, 12 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencia Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 70042-2025-141-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 247/2024 de 16 de diciembre, cursante de fs. 96 a 103 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ariel Mamani Tomave, Dirección de Igualdad de Oportunidades (DNA - CENTRO) del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro en representación de los menores AA y BB contra Eddy Alarcón Rinaldo, Juez Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de Oruro.
Por memorial presentado el 28 de noviembre de 2024, cursantes de fs. 20 a 24 vta., los accionantes a través de su representante expresaron que:
Dentro del proceso civil de cumplimiento de contrato seguido por Victoria Cabrera Ayanome, Eddy Alarcón Rinaldo, Juez Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de Oruro -demandado- mediante Auto Interlocutorio de 26 de junio de 2023, amplió la demanda en su contra, nombrando como tutora ad litem a Amparo Grace Ninoska Loayza Sarmiento -su madre-, a objeto de que asuma su defensa; empero, sin sustentar con norma legal alguna o facultad para dicha designación, siendo trascendental, que al momento de admitir dicha demanda en su contra, era obligación del Juez demandado,“…disponer la notificación de las autoridades competentes en defensa de los derechos de los menores…” (sic) en observancia del art. 60 de la Constitución Política del Estado (CPE), ante una eventual negativa de su madre.
Asimismo, el 23 de septiembre de 2024, sin que su progenitora asuma su defensa, fueron declarados rebeldes sin haberles nombrado un defensor de oficio, denotando una clara intención de llevar adelante el proceso sin defesa técnica que permita el resguardo a sus derechos, permitiéndose que se lleve la audiencia preliminar y complementaria sin su salvaguarda. Además, en la audiencia preliminar de 28 de octubre de igual año, se advirtió la presencia de su madre; empero, sin una defensa técnica, lo cual no impidió que la autoridad demandada prosiga con dicho verificativo en desigualdad de condiciones; pues, tampoco se convocó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) y el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), situación que les impidió contestar a la demanda, presentar excepciones o asumir cualquier mecanismo de defensa, encontrándose condenados a una futura sentencia en un proceso en el cual no tuvieron oportunidad de ejercer una defensa eficaz.
Denunciaron la lesión de sus derechos al debido proceso y a la defensa, citando al efecto los arts. 115.II y 117.I de la CPE.
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo: a) La Nulidad del Auto Interlocutorio de 26 de junio de 2024, así como todos los actuados posteriores realizados dentro del proceso ordinario de cumplimiento de obligación; y, b) La inclusión obligatoria en el citado proceso a la DNA para que asuma su representación y defensa legal.
Celebrada la audiencia pública el 16 de diciembre de 2024, según consta en acta cursante de fs. 88 a 95 vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes no presentaron escrito alguno, tampoco asistieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 32 y 83.
Eddy Alarcón Rinaldo, Juez Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de Oruro, mediante informe escrito presentado el 3 de diciembre de 2024, cursante de fs. 37 a 41, manifestó que: 1) Por el principio dispositivo, las partes dentro de un proceso que consideren haber sido agraviadas con una resolución, tiene el derecho de impugnar dicha decisión judicial, siendo obligación del Tribunal de apelación resolver y pronunciarse sobre el recurso en la forma en que fue planteado; 2) La presente acción de amparo constitucional versa sobre la vulneración del derecho a la defensa, al no haberse puesto la causa en conocimiento de la DNA en representación de los menores AA y BB, así como la falta de designación de un defensor de oficio; 3) Bajo el principio dispositivo, Victoria Cabrera Ayonome formuló demanda ordinaria de cumplimiento de obligación contra Víctor Hugo y Victoria Vanina ambos Pérez Salazar -terceros interesados-; y, Amparo Grace Ninoska Loayza Sarmiento -tercera interesada y madre de los impetrantes de tutela-, admitida por Auto Interlocutorio de 14 de junio de 2024, y ampliada contra los hijos menores de nombrada; 4) Con carácter previo a desarrollarse la primera audiencia preliminar de “…fecha 651 a 652 se dispuso la intervención de la DIRECCION DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (DIO) dependiente del G.A.M.O, en resguardo y protección de los derechos de los menores de edad, así como la participación de la Defensoría del Adulto Mayor en resguardo de los derechos de la parte demandante por tratarse de una persona de la tercera edad, notificación que consta en diligencia de fs. 657 y 658 de obrados de fecha viernes 11 de octubre del 2024” (sic); 5) La primera audiencia preliminar de 28 de octubre de 2024, posterior a la inclusión y notificación de mencionada institución del menor, la misma no se apersonó, considerando que conforme el art. 188 inc. b) del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA) una de sus atribuciones es “Apersonarse de oficio e intervenir en defensa de la niña, niño o adolescente ante las instancias administrativas o judiciales (…) sin mandato expreso…” (sic), resultando falso que no se hubiera dispuesto su intervención; 6) La designación de la madre como tutor ad litem de los menores demandados emerge de la competencia plena de la autoridad judicial en la sustanciación de la causa conforme el art. 25.1 del Código Procesal Civil (CPC); 7) Respecto a la denuncia de falta de designación de defensor de oficio, la única forma prevista por el mencionado código, es la citación por edictos, cuando el demandado no tiene domicilio conocido, lo cual no se adecua a la causa; pues, la madre de los solicitantes de tutela fue citada en su domicilio real; 8) Conforme el art. 193 del CNNA, en procesos judiciales , la niña, niño y adolecente será representado por su madre, padre, guardadora o guardador, tutora o tutor según corresponda; por lo que, no existió vulneración de derecho alguno; por cuanto, la madre de los accionantes fue designada como tutora ad litem, quien se presentó a la audiencia preliminar sin su abogado; asistió y participó en dicho verificativo, ratificándose en todo lo que obró en el proceso; posterior a la fase de ratificación a la demanda y contestación, se ingresó a la etapa de conciliación, momento en que solicitó permiso para acudir con su abogado; por lo que se declaró un cuarto intermedio bajo la advertencia que si no regresaba se continuaría con el desarrollo de la audiencia; empero, ante el abandono malicioso, se continuó con dicho actuado judicial considerando que conforme el art. 365.II del CPC la audiencia preliminar se posterga por única vez por inasistencia de una de las partes; 9) En relación a la presentación -sin asistencia técnica de su abogado-, en la audiencia preliminar Amparo Grace Ninoska Loayza Sarmiento en calidad de demandada y tutora ad litem, el art. 37.III del protocolo de aplicación del Código Procesal Civil establece que: si alguna de las partes se presenta sin su abogado, se dará continuidad con la audiencia; toda vez que, puede haber actuaciones y defensas materiales, salvo mejor criterio de la autoridad judicial; 10) En cuanto al derecho a la defensa establecido en el art. 115.II de la CPE, debe ser interpretado siempre conforme al principio de favorabilidad, antes que restrictivamente; y, 11) Lo que se pretende a través de este mecanismo de defensa, es la nulidad del Auto Interlocutorio de 26 de junio de 2024 y posteriores actuaciones judiciales; empero, ante el rechazo -se entiende de un recurso- correspondió interponer la apelación conforme el art. 180.II de la CPE, que garantiza el principio de impugnación.
Victoria Cabrera Ayanome Vda. de Pérez, por escrito presentado el 3 de diciembre de 2024, cursante de fs. 74 a 81 vta., manifestó que: i) El que su persona haya solicitado se nombre tutora ad litem a la madre de los menores AA y BB y el juez de la causa, al haber resuelto el nombramiento no transgredió derecho alguno; ii) Es la madre o el padre quien asume la representación de los hijos menores de edad, sin que exista la opción de aceptar o negar la tutoría ad litem, sino que se encuentra por sentada la representación; en el caso de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, de oficio puede apersonarse a cualquier proceso; iii) Mediante sus representantes pidió la notificación a la Dirección de Igualdad de Oportunidades (DIO), actuación que fue oportuna y previa a la realización de la audiencia preliminar, donde dicha entidad del menor pudo pedir el saneamiento del proceso; sin embargo, pese a las notificaciones de “fojas 657, 669 y 696”, no asistió a ninguna audiencia; iv) Si bien el Juez demandado obvió la notificación a la mencionada dirección; no obstante, su persona pidió se ordene tal actuación, misma que fue ordenada por el citado Juez conjuntamente el señalamiento de primera audiencia preliminar; actuado que fue suspendido; v) La declaratoria de rebeldía -23 de septiembre de 2024-, de Amparo Grace Ninoska Loayza Sarmiento y los impetrantes de tutela fue notificada en el domicilio real de la nombrada; asimismo, a tiempo de contestar la demanda, no hizo reclamo alguno por sus hijos, mucho menos negó la tutoría ad litem; el 26 de septiembre de 2024, presentó un recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto Interlocutorio que declaro su rebeldía y la de sus hijos -ahora impetrantes de tutela-, señalando en el punto cuarto de dicha impugnación que: “…mi persona a contestad[o] la demanda en fecha 24 de septiembre de 2024, TANTO A NOMBRE MIO COMO EN REPRESENTACION DE MIS HIJOS…” (sic); y, vi) En la audiencia preliminar de 28 de octubre de 2024, la madre de los accionantes se presentó con el auxiliar de su abogado, y respecto a la Dirección de Igualdad de Oportunidades, la misma simplemente no asistió pese a su notificación cursante a “fojas 657 de obrados”; sin embargo, al no ser causales para la suspensión de la audiencia, se continuo con la misma; no obstante, la prenombrada, solicitó un cuarto intermedio -el cual fue otorgado por el juez de la causa-; empero, no retornó abandonando dicho verificativo; vii) Por norma es la madre o el padre quien asume la representación de los hijos menores de edad, sin que exista la aceptación o negativa a la tutoría ad litem; viii) La Defensoría de la Niñez y Adolescencia de oficio puede apersonarse a cualquier proceso en los que se involucra a menores de edad; ix) Su persona es quien, mediante sus representantes pidió la notificación de la DIO, misma que fue dispuesta de manera oportuna , previamente a la primera audiencia preliminar; tal cual se tiene de “…las notificaciones de fojas 657, 669 y 696…”, la mencionada entidad no asistió a ninguna audiencia; y, x) Respecto al derecho a la defensa. Amparo Grace Ninoska Loayza Sarmiento fue notificada con la demanda el 19 de junio de 2024 y los impetrantes de tutela el 2 de julio de igual año; en lo que concierne a la DIO, fue notificada conforme se establece de “fojas 657, 669 y 696” (sic), antes y después de la primera audiencia preliminar.
En la audiencia de garantías a través de su representante, ratificó su informe escrito presentado y ampliándolo señaló que, la madre de los impetrantes de tutela asumió ampliamente su defensa y la de sus hijos.
Victoria Vanina Pérez Salazar, por medio de su representante refirió que, pidieron al juez de la causa, a) La notificación de la Defensora de la Niñez y Adolescencia y la DIO; empero, “…como en todos los procesos nunca asiste” (sic); sin embargo, estando de por medio un millón de bolivianos, recién se apersona interponiendo una acción de amparo constitucional, cuando debió apersonarse al proceso; y, b) Que no se notificó a la DIO conjuntamente la demanda “…es totalmente falso, a fojas 65 cursa la notificación a la Defensoría a la Dirección de Igualdad de Oportunidades de la DIO (…) con memorial de demanda, con auto de fecha 14-06-2024, memorial de fecha 30-09-2024, auto de fecha 04-10-2024, se ha notificado (…) la DIO ha sido notificada en fecha viernes 11 de octubre de 2024, antes de pasar a la siguiente etapa procesal de la audiencia preliminar y complementaria” (sic).
Amparo Grace Ninoska Loayza Sarmiento, a través de su representante, en audiencia de garantías, sostuvo que; 1) El juez de la causa, a tiempo de admitir la demanda debió haber dado parte a las autoridades competentes que tiene como función la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en virtud al art. 60 de la CPE; 2) Se notificó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, luego de haber transcurrido el plazo para contestar la demanda, interponer excepciones y hacer uso de los recursos establecidos por ley; y, 3) La omisión del Juez demandado de dar cumplimiento al citado precepto constitucional, en el primer momento procesal no pudo ser pasado por alto, por lo que debe concederse la tutela y se disponga la nulidad de obrados hasta el momento de la admisión de la demanda que involucra a menores de edad y con el objeto que el Estado tenga la oportunidad de representarlos.
Víctor Hugo Pérez Salazar, no presentó escrito alguno, tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 29.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 247/2024 de 16 de diciembre, cursante de fs. 96 a 103 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: i) Mediante Auto Interlocutorio de 14 de junio de 2024, fue admitida la demanda ordinaria de cumplimiento de obligación formulada por Victoria Cabrera Ayonome; misma que fue ampliada mediante Auto Interlocutorio de 26 de igual mes y año, contra AA y BB -accionantes-, disponiéndose su notificación mediante Amparo Grace Ninoska Loayza Sarmiento -su madre y tercera interesada- a quien se nombró tutora ad litem de los menores mencionados, resolución que fue notificada “conforme cursa a fojas 545”; ii) El Juez demandado, por Auto de 23 de septiembre de ese año, declaró en rebeldía a Amparo Grace Ninoska Loayza Sarmiento y a los ahora impetrantes de tutela, determinación que también fue de conocimiento de la nombrada; iii) A través de Auto Interlocutorio de 4 de octubre de igual año, la autoridad demandada rechazo el recurso de reposición contra el mencionado Auto Interlocutorio de 23 del mes y año señalados; asimismo, dispuso la notificación de la DIO del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro en resguardo y protección de los derechos de los accionantes, determinación que fue notificada de manera efectiva el 11 de Octubre de igual año; iv) El Juez de la causa atendiendo la observación realizada por una de las terceras interesadas y en cumplimiento de su obligación, dispuso la notificación de la DNA en resguardo de los derechos de los menores de edad demandados, entidad que fue notificada legalmente con todos los actuados desarrollados dentro el proceso en cuestión; y, v) Si bien es evidente que la DNA no asumió su rol protector de la minoridad; también es cierto que en primera instancia se nombró tutora ad litem de los menores demandados a su madre para que los pueda representar e interponer los recursos tal cual lo hizo en el proceso presentando recurso de reposición contra la admisión de la demanda y declaratoria de rebeldía. En vía de complementación, aclaración y enmienda, la parte tercera interesada solicitó el levantamiento de la medida cautelar de suspensión de proceso ordinario. La citada Sala Constitucional, en sustanciación y resolución, dejó sin efecto la medida cautelar dispuesta por decreto de 29 de noviembre de 2024, por cuanto la misma fue determinada en tanto se emita resolución.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, la Sala Plena de este Tribunal, dispuso la priorización de sorteo y resolución de causas de las acciones de defensa en los que se encuentra involucrado los derechos fundamentales de Niñas, Niños y Adolescentes y que se encuentren en trámite y pendientes de Sorteo; por lo que, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 22 de agosto de 2023, ante el Juez Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de Oruro, Victoria Cabrera Ayonome -tercera interesada- a través de su representante, interpuso demanda ordinaria de cumplimiento de obligación, devolución o entrega de lo indebidamente cobrado más daños y perjuicios contra Amparo Grace Ninoska Loayza Sarmiento y Víctor Hugo y Victoria Vanina Pérez Salazar -terceros interesados- (fs. 3 a 7 vta.). II.2. Mediante Auto Interlocutorio de 26 de junio de 2024, Eddy Alarcón Rinaldo, Juez Público Civil y Comercial Segundo de la Capital del departamento de Oruro, amplío la referida demanda contra AA y BB -accionantes-, nombrando como tutora ad litem a su madre Amparo Grace Ninoska Loayza Sarmiento (fs. 8). II.3. A través del Auto Interlocutorio de 23 de septiembre de igual año, la mencionada autoridad judicial, considerando que Amparo Grace Ninoska Loayza Sarmiento fue citada y emplazada el 19 de junio de ese año, emplazada asimismo por los menores impetrantes de tutela el 2 de julio del referido año, sin que hubiera contestado a la demanda, en aplicación del art. 364 del CPC declaró en rebeldía a los mismos, disponiendo su notificación a la nombrada, por sí y en representación de los menores de edad en su domicilio real (fs. 9). II.4. Cursa cédula judicial de 25 de septiembre de 2024, de notificación a Amparo Grace Ninoska Loayza Sarmiento y los menores AA y BB con memorial de 20 y Auto Interlocutorio de 23 de igual mes y año (fs. 52 y 53). II.5. Por escrito de 26 de septiembre de igual año, Amparo Grace Ninoska Loayza Sarmiento interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto Interlocutorio de 23 del referido mes y año, señalando, asimismo, que su persona contestó la demanda “…a nombre mío como en representación de mis hijos…” (sic [fs. 56 y vta.]). II.6. Por medio del memorial exteriorizado el 30 de septiembre de ese año, la demandante y tercera interesada a través de su representante solicitó al Juez demandado que: “…a fin [de] evitar, cualesquier forma de indefensión, respecto a los menores de edad, no obstante tienen a su Tutora Legal apersonada en el proceso, su Autoridad se sirva disponer la notificación a la Dirección de Oportunidades dependiente del GAMO…” (sic [fs. 57 y vta.]).
II.7. Consta diligencia de notificación practicada de 11 de octubre de 2024. a la DIO del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, con demanda de 22 de agosto, Auto Interlocutorio de 14 de junio, memorial de 30 de septiembre y Auto Interlocutorio de 4 de octubre de 2024 (fs. 59).
Los accionantes a través de su representante, consideran lesionados sus derechos al debido proceso y a la defensa; toda vez que, dentro de la demanda ordinaria de cumplimiento de obligación, devolución o entrega de lo indebidamente cobrado más daños y perjuicios, se nombró a su madre y tercera interesada como su tutora ad litem, sin respaldo de norma alguna y consentimiento o aceptación de la misma, siendo relevante que a momento de admitir la referida demanda en su contra, el Juez ahora demandado, tenía la obligación de disponer las notificación de las autoridades competentes en defensa de sus derechos conforme el art. 60 de la CPE; asimismo, sin que la nombrada asuma su defensa fueron declarados rebeldes sin siquiera nombrarles un defensor de oficio, llevándose a cabo la audiencia preliminar sin que la DNA pueda asumir su defensa y evitar su indefensión. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 1879/2012 de 12 de octubre, desarrolló el siguiente entendimiento: “…a partir del interés superior como principio que ampara a los menores de edad, por cuyo motivo este Tribunal en acciones de libertad ya prescindió de la subsidiariedad excepcional que la caracteriza; dada la situación especial de este sector vulnerable de la sociedad que goza de la preeminencia en sus derechos fundamentales, en acciones de amparo constitucional también deberá relegarse el carácter subsidiario que exige la interposición de los medios intra procesales vigentes en forma previa a su activación, tomando en cuenta que un excesivo celo procesal podría poner a la persona afectada -accionante menor de edad- en situaciones no deseadas por el orden constitucional, materializando la transgresión de sus derechos cuando a lo que se propende con la interposición de las acciones de tutela es a lograr la máxima eficacia y tutela de los derechos consagrados por nuestra Norma Suprema…” (las negrillas son del texto original). Bajo dicho razonamiento, en aquellos casos en los que se denuncie la lesión de derechos fundamentales de grupos de atención prioritaria -Niñas, Niños y Adolescentes-, la acción amparo constitucional, se configura como el medio idóneo para invocar tutela constitucional, sin que pueda exigirse previamente el agotamiento de las vías ordinarias, pues se comprende que la problemática planteada adquiere inmediata relevancia constitucional al tratarse de un sujeto de protección especial y preferente.
Sobre el tópico, la SCP 0821/2019-S3 de 15 de noviembre, asumiendo el entendimiento de la SCP 0343/2018-S4 de 17 de julio, sostuvo que: “…la Convención sobre los Derechos del Niño, asume varios principios a observarse en la protección de los derechos de la niñez, entre ellos, el de interés superior (art. 3), como eje transversal de todas las decisiones a adoptarse por instituciones públicas o privadas, en sentido que sus derechos prevalecen sobre los demás, favoreciendo su desarrollo físico, psicológico, moral y social...
Con la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, los Estados parte iniciaron un proceso de adecuación de su legislación a la luz de la doctrina de la protección integral de los niños, considerándolos como sujetos plenos de derechos y dejando atrás la concepción de sujeto pasivo de medidas de protección. En ese marco normativo internacional, la Constitución Política del Estado vigente, en su primera parte, Titulo II –incluyó el tema relativo a los derechos fundamentales y garantías–, Capítulo Quinto, Sección V, el reconocimiento específico de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, cuyos arts. 58 y 60, respectivamente, identifican a los titulares de su ejercicio, señalando que: ‘Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones’; para consagrar posteriormente, el principio de interés superior del derecho del menor, al disponer: ‘Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado’.
De ese modo, la Norma Fundamental recoge el criterio de protección integral de la niñez, que asumió el Código Niño, Niña y Adolescente -Ley 2026 de 27 de octubre de 1999-, con la ratificación de la ya referida Convención, considerando a los niños y adolescentes como titulares de todos los derechos que pueden ser ejercidos directamente de acuerdo a su edad y desarrollo. El Código aludido, a su vez, informa su contenido en el reconocimiento de los principios de no discriminación (art. 3), de interés superior (arts. 6 y 7), de unidad familiar (art. 27 y ss.) y de autonomía progresiva, entre otros.
Así es que el interés superior del niño y adolescente cumple un papel regulador de la normativa de sus derechos y se funda básicamente en la dignidad del ser humano y en la característica de este grupo vulnerable y la necesidad de procurar su desarrollo integral. En ese orden, el art. 2 de la Declaración de los Derechos del Niño, reconoce que: ‘El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”; para luego enfatizar este principio en el artículo posterior, indicando que “1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño’.
En conclusión, las niñas, niños y adolescentes, son un grupo que merece protección prioritaria y especial, principalmente por la etapa de desarrollo en la que se encuentran; de ahí que: ‘Nuestra Norma Suprema (art. 60) establece el deber del Estado y de la sociedad, en general, de garantizar la prioridad del interés superior del menor, estableciendo el alcance de ello: a) Preeminencia de sus derechos; b) Primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia; c) Prioridad en la atención de los servicios públicos y privados; d) Acceso a una administración de justicia pronta oportuna y con asistencia de personal especializado’ (SCP 0100/2015-S3 de 4 de febrero).
De todo lo referido, es evidente y lógico que tanto la normativa internacional, como la constitucional y la interna del país, otorgan una protección reforzada a los derechos de la minoridad; los cuáles deben ser acatados por todos los habitantes del país, ya sean autoridades públicas o particulares, velando por el interés superior de la niñez y adolescencia de Bolivia” (las negrillas y subrayado nos pertenecen).
Con carácter previo, considerando la existencia en esta causa, de menores de edad pertenecientes a un sector vulnerable de la sociedad y de atención prioritaria, de acuerdo con los presupuestos señalados en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde señalar que la acción de amparo constitucional, si bien se configura como un mecanismo de defensa inmediato de carácter preventivo y reparador, destinado a lograr la vigencia y respeto de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección, o cuando las vías idóneas pertinentes, una vez agotadas, no han restablecido el derecho lesionado. No obstante, conforme se refirió de manera reiterada a través de la jurisprudencia constitucional emanada de esta instancia, existen situaciones especialísimas que permiten hacer abstracción del principio de subsidiariedad, cuando se advierta la concurrencia de los denominados grupos vulnerables, entre los que se encuentran niñas, niños y adolescentes, oportunidad en la cual es posible aplicar la excepción a este principio a efectos de asegurar una pronta y efectiva protección de sus derechos fundamentales. Ahora bien, en el caso concreto, los accionantes a través de su representante, consideran lesionados su derecho al debido proceso y a la defensa; toda vez que, dentro de la demanda ordinaria de cumplimiento de obligación, devolución o entrega de lo indebidamente cobrado más daños y perjuicios, se nombró a su madre y tercera interesada como su tutora ad litem, sin respaldo de norma alguna y consentimiento o aceptación de la misma, siendo relevante que a momento de admitir la referida demanda en su contra, el Juez ahora demandado, tenía la obligación de disponer las notificación de las autoridades competentes en defensa de sus derechos conforme el art. 60 de la CPE; asimismo, sin que la nombrada asuma su defensa fueron declarados rebeldes sin siquiera nombrarles un defensor de oficio, llevándose a cabo la audiencia preliminar sin que la DNA pueda asumir su defensa y evitar su indefensión. En ese contexto, con el fin de establecer una coherente argumentación jurídico constitucional es preciso determinar que, dentro la referida demanda ordinaria de cumplimiento de obligación, devolución o entrega de lo indebidamente cobrado más daños y perjuicios seguida por Victoria Cabrera Ayonome -tercera interesada-contra Amparo Grace Ninoska Loayza Sarmiento y, Víctor Hugo y Victoria Vanina Pérez Salazar -terceros interesados- (Conclusión II.1) el Juez -ahora demandado-, mediante Auto Interlocutorio de 26 de junio de 2024, amplío la misma contra AA y BB -accionantes-, nombrando como su tutora ad litem a su madre Amparo Grace Ninoska Loayza Sarmiento (Conclusión II.2.); asimismo, se constata, que a través del Auto Interlocutorio de 23 de septiembre de igual año, la mencionada autoridad judicial, considerando que Amparo Grace Ninoska Loayza Sarmiento fue citada y emplazada con la demanda el 19 de junio de ese año, también por los menores impetrantes de tutela el 2 de julio de referido año, sin que hubiera contestado a la demanda, por lo que en aplicación del art. 364 del CPC, declaró en rebeldía a los mismos, disponiendo su notificación a la nombrada, por si y en representación de los menores de edad en su domicilio real (Conclusión II.3). Asimismo, se tiene que por escrito de 26 de septiembre de igual año, la madre de los accionantes interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto Interlocutorio de 23 del referido mes y año, señalando que su persona contestó la demanda “…a nombre mío como en representación de mis hijos…” (sic [Conclusión II.5]); por su parte, la demandante -ahora tercera interesada-, por medio del memorial exteriorizado el 30 de septiembre de ese año, solicitó al Juez demandado que: “…a fin [de] evitar, cualesquier forma de indefensión, respecto a los menores de edad, no obstante tiene a su Tutora Legal apersonada en el proceso, su Autoridad se sirva disponer la notificación a la Dirección de Oportunidades dependiente del GAMO…” (sic [Conclusión II.6]), constando que la comunicación a la mencionada entidad fue realizada el 11 de octubre de 2024, con la demanda de 22 de agosto, Auto Interlocutorio de 14 de junio, memorial de 30 de septiembre y Auto Interlocutorio de 4 de octubre de 2024 (Conclusión II.7).
En ese orden, de la necesaria relación efectuada, se asume que el Juez demandado en el trámite de la mencionada demanda ordinaria, asumió su rol en el marco de la Constitución Política del Estado, y las normas que regulan la protección integral y prioritaria de los niños niñas y adolescentes, nombrando en primera instancia tutora ad litem de los accionantes a su madre, quien no objetó dicha determinación al contrario asumió su defensa dentro del proceso (conclusión II.5) y reforzando dicha determinación el órgano judicial dispuso la notificación de la DNA tal cual se establece de los antecedentes glosados a la presente causa (ConclusiónII.7), asumiendo en tal sentido las medidas de protección en relación a los menores demandados; pues, conforme el razonamiento citado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señalando que las niñas, niños y adolescentes, son un grupo que merece protección prioritaria y especial, fundamentalmente por la etapa de desarrollo en la que se encuentran; sentido en el cual el art. 60 de la CPE, instituye el deber del Estado y de la sociedad, en general, de garantizar la prioridad del interés superior de dicho sector vulnerable, estableciendo la preeminencia de sus derechos; primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia; prioridad en la atención de los servicios públicos y privados; y acceso a una administración de justicia pronta oportuna; siendo preciso recordar que el órgano jurisdiccional cumplió su obligación de notificar a ambas entidades públicas, siendo distinto que estas ingresaron en omisiones que los operadores de justicia no pueden suplir; sumado a ello, corresponde añadir que la integración de la DIO se produjo en forma previa a la instalación de la audiencia preliminar, y fue por propia negligencia el no haber asistido a dicho actuado para formular todas las postulaciones sobre el proceso ordinario, sin dejar de lado que la madre de los impetrantes de tutela expresó haber asumido su defensa, lo que no implica que las instituciones del menor eludan la obligación que la Constitución Política del Estado y las leyes les exige; por consiguiente, no se advierte que el Juez demandado, hubiera transgredido los derechos al debido proceso y fundamentalmente a la defensa de los accionantes. Finalmente, si bien toda autoridad jurisdiccional, debe con preeminencia garantizar el interés superior de las niñas, niños y adolescente en el ámbito de todo proceso judicial y/o administrativo, aquello no implica que la responsabilidad de las instituciones protectoras de dicho sector de vulnerabilidad -Defensoría de la Niñez y Adolescencia-, incumplan los roles establecidos por la Constitución Política del Estado, normas legales y tratados internacionales; máxime si conforme el art. 188 del CNNA, tiene la obligación de personarse de oficio e intervenir en defensa de la niña, niño o adolescente ante las instancias administrativas o judiciales en cualquier estado de la causa, sin necesidad de mandato expreso; pues, habiendo advertido inobservancia de la convocatoria del Juez de la causa a la mencionada causa ordinaria, corresponde reprochar la actitud de la DNA y de la DIO dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, exhortando a la autoridad demanda asumir las medidas que vea convenientes para garantizar la presencia las mencionadas entidades en los procesos en los cuales intervengan menores de edad. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 247/2024 de 16 de diciembre, cursante de fs. 96 a 103 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos expresados por la aludida Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0084_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3db4e63318d694460737eb4f5604401fcbdca8a4111418d81141a492c5fc52c1
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