Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 18 de abril de 2024
Concede la tutela
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y, el acceso a la justicia de su hijo menor de edad; puesto que, el Fiscal Departamental hoy accionado mediante Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022, ratificó la Resolución de Rechazo de 23 de septiembre de 2020 de su denuncia interpuesta contra los hoy terceros interesados, sin tomar en cuenta que existe un acto investigativo pendiente como la pericia de ADN -indicio-; además, asumió esa decisión: 1) Con una fundamentación infra petita al no pronunciarse respecto a lo establecido por la SC 0797/2010-R y no responder a los argumentos expuestos en su memorial de objeción contra la referida Resolución de Rechazo; 2) Basado en una fundamentación y motivación arbitraria, ya que no se tomó en cuenta que la víctima del delito es un menor de edad, y no se garantizó la prioridad del interés superior de los niños que comprende la preeminencia de sus derechos y la prioridad en el acceso a una administración de justicia pronta; y, 3) Con una fundamentación arbitraria, ya que confirmó el rechazo de su denuncia fundado en la negativa del denunciado -hoy tercero interesado- de someterse a la prueba pericial de ADN -indicio-, al no estar de acuerdo ni permitir la toma de muestra de sangre, no pudiendo ser esa negativa un argumento para su rechazo ya que el Ministerio Público tiene el deber de investigar y más si se encuentra involucrado un menor de edad; además, dio a entender que ninguna de las partes quiso tomarse la muestra. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 0119/2022 de 20 de septiembre, cursante de fs. 174 a 178, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en todo la tutela solicitada; disponiendo:
a) Dejar sin efecto la Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022, debiendo el Fiscal Departamental de Chuquisaca, pronunciar nueva resolución jerárquica conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0084/2024-S3 Sucre, 18 de abril de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de amparo constitucional Expediente: 49951-2022-100-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 0119/2022 de 20 de septiembre, cursante de fs. 174 a 178, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Adriana Tita Carballo Guerrero contra Álvaro Mauricio Nava Morales, Fiscal Departamental de Chuquisaca.
La accionante, por memoriales presentados el 26 de junio y 1 de agosto de 2022, cursantes de fs. 80 a 90; y, 93 a 98 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido a denuncia de su persona -accionante- contra Viviana Peralta Chambi por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica, previsto y sancionado por el art. 199 del Código Penal (CP), y Franz Reynaldo Pérez Romero -ahora tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado, previsto y sancionado por el art. 200 del citado Código; la primera por haber introducido declaraciones falsas en el Dictamen Pericial “INF-LAB-CLIN-GEN-001/117 de fecha 04 de enero de 2017”, al referir que el nombrado se excluyó como padre biológico del menor de edad AA; y éste utilizó ese documento en un proceso de desafiliación para quitarle el apellido paterno a dicho menor. Proceso en el que se emitió la Resolución de Rechazo de 23 de septiembre de 2020, rechazando su denuncia al no haber aportado a la investigación elementos suficientes para fundarse una acusación; en ese sentido, presentó objeción contra la referida Resolución, emitiéndose la Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022, ratificando la determinación recurrida.
Del contenido de la Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022, se tiene que quedaron actuados investigativos pendientes, refiriendo que se debe colectar elementos de prueba que no solo beneficien a una de las partes, que si bien existe un requerimiento de pericia de Ácido Desoxirribonucleico (ADN); no obstante, el denunciado se opuso a tomarse una muestra de sangre, al igual que su persona; por lo que, no se pudo realizar esa pericia, por falta de muestra de sangre y por haber omitido dar argumentos que permitan desvirtuar la postura del denunciado -hoy tercero interesado- de no sacarse dicha muestra. El hecho generador de la presente acción tutelar, se traduce en los motivos de la Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022, ya que el Fiscal Departamental ahora accionado ratificó la Resolución de Rechazo de 23 de septiembre de 2020, sin tomar en cuenta que existe un acto investigativo pendiente que resulta ser la pericia de ADN, lo que generó la vulneración de los derechos de un menor de edad. Existe fundamentación arbitraria por fundamentación infra petita con respecto a lo establecido en la SC 0797/2010-R de 2 de agosto; de lo que se comprende que durante el proceso de recolección de elementos de prueba, el Ministerio Público no puede omitir la recolección de pruebas, y sobre la base de la libertad probatoria la realización de una pericia es lícita y necesaria en delitos de falsedad; por lo que el Fiscal de Materia asignado al caso no puede omitir esa recolección al tratarse de un proceso donde se investiga la comisión del delito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; por lo que, correspondía que se realice la prueba de ADN -indicio- para la comprobación de la verdad histórica de los hechos denunciados y su configuración a los elementos del tipo penal enunciados. Sobre -el contenido de- la precitada SC 0797/2010-R y sus fundamentos, el Fiscal Departamental ahora accionado no se pronunció; es por ello, que dichos argumentos expuestos en su memorial de objeción no fueron respondidos, ya que de haberse tomado en cuenta, tenía la obligación de revocar el rechazo y disponer que se lleve adelante la toma de muestra, así sea de manera coercitiva; por lo que, al no haberse dado una respuesta positiva o negativa, la Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022, resulta infra petita, vulnerando el derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación; obligación de fundamentar que fue vulnerado por el referido Fiscal al inobservar jurisprudencia vinculante y no responder a sus alegaciones. Además, la fundamentación y motivación expuestas por el Fiscal Departamental ahora accionado fue arbitraria, ya que no se tomó en cuenta que la víctima del delito es un menor de edad que se encuentra protegido constitucionalmente. En el presente caso, por la negativa del denunciado -hoy tercero interesado- de someterse a una prueba de ADN -indicio- que es determinante para acreditar el delito, el Ministerio Público rechazó la causa, a -simple- voluntad de dicho denunciado, quien, al no realizarse una pericia, motivó a que el Ministerio Público rechace la causa, lo que hizo que los procesos nunca avancen. El Fiscal Departamental hoy accionado emitió su Resolución sin garantizar la preeminencia de los derechos de su hijo menor de edad, ni priorizó su acceso a una administración de justicia pronta, sino que prevaleció el interés del referido denunciado de no someterse a una prueba pericial; siendo que su hijo menor de edad tiene derecho a obtener una investigación dentro de la cual se encuentra la pericia alegada, para averiguar la verdad de los hechos denunciados; por lo que al cerrar el caso no se veló por la preeminencia de su derecho de acceso a la justicia y vulneró el interés superior del menor de edad al privilegiar el interés del denunciado -hoy tercero interesado-. Así también existe una fundamentación arbitraria, por fundarse en la negativa del denunciado -hoy tercero interesado- de someterse a una prueba pericial de ADN -indicio-. Dicho denunciado se negó a tomarse la muestra de sangre y el Ministerio Público con base en esa reticencia rechazó la causa; no pudiendo ser esa negativa un argumento para su rechazo ya que el Ministerio Público tiene el deber de investigar y más aún si se encuentra involucrado un menor de edad. El Fiscal Departamental ahora accionado en una Resolución -requerimiento- de 23 de julio de 2021, determinó que se lleve adelante la pericia de ADN, señalando audiencia para la toma de muestras; sin embargo, ante la negativa del denunciado -hoy tercero- interesado de someterse a esa prueba el Fiscal de Materia sustentó el rechazo -de la denuncia-, y teniendo en cuenta lo afirmado al respecto por el referido Fiscal Departamental al resolver la objeción planteada contra esa decisión, se advierte que admitió que existe el requerimiento para la realización de la pericia y alegó como argumento que no había materia prima porque el referido denunciado no estaba de acuerdo con la toma de muestra, sustentando su Resolución Jerárquica en que el denunciado no quiso someterse a la pericia ya que no permitió que le tomen la muestra de sangre para su estudio; además dio a entender que su persona tampoco sometió a su hijo a la toma de muestra, siendo que esa situación se dio luego de que el denunciado -hoy tercero interesado- no accedió a tomarse la muestra, ya que sin ella la pericia no podía llevarse adelante, haciendo parecer que ninguna de las partes quisieron someterse a la toma de muestras, cuando eso no es evidente, ya que si el referido denunciado no se tomó la muestra es insulso que su hijo lo haga; por lo que, la pericia no puede hacerse solo con la muestra del menor de edad. En ese sentido, el Fiscal Departamental hoy accionado ratificó la Resolución de Rechazo de 23 de septiembre de 2020, y para hacerlo se basó en la negativa del denunciado -hoy tercero interesado- de someterse a la toma de muestra; es decir, con base en su voluntad. Además, si el denunciado se negó correspondía formular imputación y en la etapa preparatoria -investigativa- llevar adelante la pericia. Así también, el Ministerio Público debió recolectar la prueba, y si no lo hizo, no pudo sustentar un rechazo -de la denuncia- en su propia negligencia, ya que ante la mencionada negativa debió imputar y de manera coercitiva tomar la muestra al denunciado -tercero interesado- para averiguar la verdad de los hechos.
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, este último elemento identificado en audiencia de consideración de la presente acción tutelar; y, el acceso a la justicia de su hijo menor de edad, citando al efecto los arts. 60 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia: a) Se deje sin efecto la Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022, pronunciada por el Fiscal Departamental de Chuquisaca ahora accionado; y, b) Se reestablezcan sus derechos constitucionales con la emisión de una nueva resolución a ser pronunciada por la indicada autoridad.
Celebrada la audiencia virtual el 20 de septiembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 161 a 173, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestó que: 1) Su denuncia fue inicialmente desestimada, siendo confirmada por el Fiscal Departamental ahora accionado, y con la interposición de una anterior acción de amparo constitucional se admitió su denuncia, y recién en ese momento dicha autoridad fiscal alegó el derecho al interés superior del menor de edad y que debía hacerse un estudio científico; sin embargo, ahora dice lo contrario; 2) Si el denunciado -hoy tercero interesado- se niega someterse a una prueba de ADN, -indicio- sabiendo que es el padre biológico del menor de edad la falsedad está casi comprobada, y habrá que investigar cuales fueron los motivos para que salga un resultado “cómo salió en el IDIF”; 3) Respecto a la SC 0797/2010-R, el Fiscal Departamental ahora accionado en su informe indicó que no es la misma situación fáctica, argumento que debió señalarlo en la Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022 ahora impugnada y no en esa instancia, siendo claro que no se pronunció sobre ese fallo constitucional; 4) El Ministerio Público refirió que el denunciado -hoy tercero interesado- no estaba de acuerdo con la toma de muestra, y por eso se cerró el caso, alegación que no tiene ninguna fundamentación normativa; es decir, que no había materia prima para que se realice la pericia; por lo que, ante la negativa del denunciado, se paralizó la investigación, aspecto que denota una fundamentación arbitraria; 5) Con la prueba de ADN -indicio- no se vulnera ningún derecho del denunciado -tercero interesado-, tampoco se infringió los derechos a la intimidad y a la integridad física cuando se trata de realizar una prueba prevista por ley y acordada por autoridad fiscal en el curso de un proceso; y, 6) Se indicó que existe una Resolución y una pericia del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF); empero, el objeto del proceso es esa pericia, el dictamen pericial que contiene datos falsos.
Ante las preguntas efectuadas por los Vocales de la Sala Constitucional, indicó que el art. 60 de la CPE se refiere al acceso a la administración de justicia, que implica presentar la denuncia y realizar una investigación efectiva de parte del Estado; no siendo, como se indicó, que sea el menor de edad quien deba probar el delito sino el Ministerio Púbico quien tiene la obligación de investigar; en ese sentido, la relevancia de esa norma parte de la preeminencia de los derechos del interés superior que implica un acceso efectivo a la justicia, y resulta arbitraria la fundamentación porque va contra esa norma, ya que ante una simple negativa del denunciado -tercero interesado- se cerró el caso, contrariando el derecho de acceso a la justicia. Asimismo, parecería que se investigó diecinueve meses, lo que no resulta evidente, ya que anteriormente se desestimó su denuncia y ante la -primera-objeción planteada recién se dio curso a la pericia -que no fue realizada-, y después se emitió la Resolución de Rechazo de 23 de septiembre de 2020 que también fue impugnada. Así también, entre la emisión de la Resolución de Rechazo y el pronunciamiento de la Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022, no existió un tiempo largo, dentro del cual se activaron algunas solicitudes para que se someta a un peritaje, pidiendo al Ministerio Público que se tome la muestra. Entre la negativa y el rechazo de la denuncia tampoco pasó un largo tiempo.
Álvaro Mauricio Nava Morales, Fiscal Departamental de Chuquisaca, mediante informe presentado el 24 de agosto de 2022, cursante de fs. 137 a 141, manifestó que: i) La objeción presentada por la accionante habilitó la revisión integral de todos los antecedentes del cuaderno de investigación dentro del proceso penal de referencia; ii) Si bien en la Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022 hoy impugnada, se hizo mención de que no se tomó en cuenta que estaría pendiente la realización de una pericia de ADN, entre el hijo de la accionante y el hoy tercero interesado, tomando en cuenta lo establecido por la SC 0797/2010-R, referida en su objeción y determinarse si se llegó a incurrir en falsedad en el dictamen pericial que estableció la exclusión de paternidad en un proceso familiar; por lo que, no debió omitirse la prueba relacionada con los hechos denunciados; al respecto, dicha accionante pretende desconocer el resultado del Dictamen Pericial “INF-LAB-CLIN-GEN-0017/17”, por el cual, se descartó la paternidad de Franz Reynaldo Pérez Romero respecto al menor de edad AA; así como eludir que entre los fundamentos de la referida Resolución Jerárquica hoy impugnada se especificó que de la información recabada en la etapa preliminar no se constató que en el dictamen pericial se haya insertado información no fidedigna, al ser realizado por personal calificado del IDIF; iii) Se reclama que no se realizó otra pericia, pretendiendo poner en duda una determinación emitida por una institución pública, cuya labor la realiza dentro de la investigación de delitos y se encarga de los estudios científicos técnicos para la comprobación de hechos encomendados por orden judicial, tal como se llevó adelante en el mencionado proceso familiar, más aun si no se tiene constancia de que se llegó a romper la cadena de custodia de las muestras recabadas para esa pericia; iv) No se llegó a “…constatar, emergente del desarrollo del proceso investigativo, la Resolución Fiscal, así como los propios argumentos inmersos en el memorial de objeción…” (sic), que permitan demostrar que la pericia realizada por el IDIF dentro del proceso familiar no tendría solidez; v) Durante el avance de la causa si se llegó a requerir por el Fiscal de Materia, la designación de un perito del Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), que se encuentra habilitada para la realización de estudios técnicos científicos; vi) Del Informe INF-CINGEN 036/21 de 7 de septiembre de 2021, se estableció que el hoy tercero interesado, no brindó su consentimiento para la toma de muestra, que sería imprescindible para un segundo estudio pericial; no teniéndose determinada ni identificada por la accionante, la base -legal- para obligar a una persona a tomarse una muestra; aspecto que no se puede dejar de lado; vii) Si bien parecería comprensible el reclamo respecto a una omisión de pronunciamiento sobre la SC 0797/2010-R; sin embargo, se pretende darle un entendimiento limitativo a ese lineamiento; ya que en ese fallo no se tiene claramente determinado que se haya incurrido en omisiones que precisen concederse la tutela, tal como entiende la accionante, al no tenerse constancia que se llegó a generar una situación perecida con la determinación dispuesta cuando se emitió la Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022; además, que no se tienen las mismas características especiales de un dictamen pericial como en el presente caso, al tratarse de otro tipo de situación; por lo que, la pretensión de establecer que ese lineamiento estuviese reconociendo que debe existir un pronunciamiento destinado a obligar a una persona a hacer lo que no consiente respecto de su propio cuerpo, alejándose de su protección constitucional, no se encuentra justificado por la accionante; viii) En el fondo se busca quitarle credibilidad al trabajo realizado por el IDIF; lo que demuestra que no solo se pretende sostener que la conclusión de la pericia sería falsa, sino que se busca imponer como obligación que se vaya contra la voluntad de las personas en actos que precisan su consentimiento, tal como lo establece el art. 44.I de la CPE; ix) La intención de realizarse una segunda pericia, exigiendo que se tome muestra al denunciado -hoy tercero interesado-, sin que él las consienta, se constituye en una afectación a sus derechos fundamentales, lo que coincide con lo determinado por la SCP 1912/2014 de 25 de septiembre, relativo a que la intervención del Ministerio Público debe realizarse respetando las garantías procesales; x) No se llegó a determinar cuáles serían los elementos con los que podría sostenerse durante el estudio pericial del IDIF y su dictamen, o se constate alguna irregularidad en la que se incurrió para determinarse algún elemento falseado; más aún si cuando se tomó la muestra dentro del proceso familiar la accionante y la autoridad judicial se encontraban presentes; xi) La determinación de otro estudio pericial fue dispuesto; sin embargo, el resultado del mismo versó en el resguardo del derecho fundamental de la accionante de dar a conocer su posición sobre el desarrollo del mismo, teniéndose al respecto lo dispuesto en la SCP 0845/2019-S1 de 11 de septiembre, sobre la valoración de la prueba; no existiendo las omisiones denunciadas ni la vulneración de derechos ni garantías constitucionales, menos se desconocieron las reglas de la debida fundamentación; xii) No se evidencia que una probable omisión de pronunciamiento generó afectación a la fundamentación realizada en la Resolución Jerárquica ahora impugnada, tomando en cuenta los puntos de la objeción planteada y la información de los antecedentes que fue valorada de manera integral, así como la relación del hecho, los argumentos que respaldan la decisión asumida y la base legal que la sustenta; xiii) En cuanto a la fundamentación y motivación arbitraria; el tema de fondo está referido a la negativa del presunto autor de someterse a la prueba de ADN -indicio-, y si bien la accionante considera que se estaría dando prioridad al derecho del presunto autor de no dar su consentimiento por encima del derecho que tendría su hijo; sin embargo, no se indica cómo esa interpretación se demostraría al utilizarse un dictamen pericial dentro de un proceso familiar, no habiéndose desvirtuado la veracidad de ese resultado; xiv) El reconocimiento de la víctima en el proceso penal no puede desconocer que el denunciado -hoy tercero interesado- también cuenta con derechos y que se precisan elementos probatorios para llegar hasta la instancia de juicio oral, público y contradictorio; al respecto, no se tiene constancia de que existió omisión de actuados investigativos durante la etapa preliminar, que afecten el derecho de las partes; xv) En la causa penal se toma en cuenta los indicios de cargo y descargo; no habiéndose determinado un favoritismo infundado al valorar la información de los antecedentes ni menos que ello pueda comprenderse como restricción del derecho de acceso a la justicia, ya que iniciada la causa se cumplieron con los actuados investigativos y las partes aportaron documentación e información que fue valorada; aspecto que no fue desacreditado por la accionante, no advirtiendo que se infringió el art. 115.II de la CPE; xvi) No existió incumplimiento al mandato del art. 277 del Código de Procedimiento Penal (CPP); en razón a que la documentación observada responde a un estudio especializado realizado por el IDIF, y si bien se pretendió un nuevo examen sobre el mismo para la comprobación de una paternidad; sin embargo, el mismo se vio limitado por el derecho previsto por el art. 44.I de la CPE, en el que se apoyó al posible autor, extremo que no fue omitido al evaluarse la objeción; xvii) No es evidente que la negativa a la toma de muestras fue el punto de trascendencia para ratificar el rechazo, aspecto que no responde al contenido de la Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022, donde se expusieron y explicaron los fundamentos conforme a la información del cuaderno de investigación, y no solo en el informe del IITCUP; xviii) La pretensión de la accionante no se encuentra dentro del contexto penal en el que interviene la Fiscalía, sino dentro del ámbito familiar que debe ser tramitado ante la autoridad competente, y buscar una solución; xix) Para poder imputar se precisan indicios que permitan establecer la probabilidad de autoría, así como la intervención del denunciado -ahora tercero interesado- en el presunto ilícito, y si no se cuenta con insumos corresponde la emisión de un rechazo, como ocurrió en el presente caso; por lo que, no se evidenció la emisión de decisiones injustificadas y sin ningún respaldo; y, xx) No se expusieron criterios sólidos que demuestren que la referida Resolución Jerárquica carecería de fundamentación, la cual contiene la base legal que la sustenta, siendo sus argumentos claros que justifican la decisión asumida, no advirtiéndose una falta de congruencia ni imprecisión al ratificar la Resolución de Rechazo de 23 de septiembre de 2020. No habiéndose especificado la forma en que esa determinación incurrió en afectación del derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación, y tampoco se explicó las bases objetivas con las que evidencie que su pretensión sería razonable y estaría sustentada suficientemente. Por lo expuesto, pide se deniegue la tutela solicitada.
Viviana Peralta Chambi, Laboratorista de Biología del IDIF -Perito-, a través de su abogada en audiencia, manifestó qué: a) Se adhiere a los argumentos del informe presentado por el Fiscal Departamental hoy accionado; además, hizo conocer que las investigaciones se iniciaron el 5 de febrero de 2020 y estuvo diecinueve meses en proceso de investigación, posteriormente se emitió la Resolución de Rechazo de 23 de septiembre de 2020, producto de una conminatoria, durante ese tiempo su situación jurídica estuvo en incertidumbre; b) Dentro del proceso familiar el Juez de la causa dio curso a la solicitud de la accionante para que se efectúe la pericia en el Laboratorio Génesis; empero, al no cumplirse con la notificación a esa entidad de salud, se decidió notificar al IDIF para que se designe al perito y realice la pericia; c) Una vez posesionada la Laboratorista de Biología del IDIF, la misma tomó las muestras delante de la accionante, su abogado y el Juez de la causa, y luego mediante una cadena de custodia llegó a su persona las muestras sobre las cuales hizo su valoración y un estudio científico responsable, ya que no es una perito de parte sino una trabajadora del IDIF; d) La materia prima que se hace referencia; es decir, las muestras que se tomaron al menor de edad así como al supuesto padre, aún se encuentran en la unidad de custodia de evidencias del IDIF -en Sucre-; e) No existe una sola prueba que indique que su persona en su condición de perito del IDIF haya insertado datos falsos; por lo que, la Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022 ahora impugnada que confirmó la Resolución de Rechazo de 23 de septiembre, fue acertada y enmarcada en la ley y en la justicia; y, f) Anteriormente ya se emitió una Resolución de Rechazo y durante la etapa reabierta la accionante no presentó más pruebas; además, dentro del proceso familiar podía presentar una nueva pericia; por todo lo expuesto, pidió se deniegue la tutela solicitada. Franz Reynaldo Pérez Romero -denunciado-, por intermedio de su abogado en audiencia, señaló qué: 1) La accionante en su denuncia hace un reconocimiento respecto al agotamiento de la vía familiar, respecto al proceso de exclusión de paternidad, cuyo resultado de no ser de aceptación de las partes, pueden impugnar y buscar en una segunda instancia otro examen de paternidad; 2) Dicha accionante en su denuncia reconoce que no recurrió de la Sentencia de primera instancia, la cual fue declarada ejecutoriada y consentida por ella; por eso fue observada y desestimada la denuncia -en una anterior oportunidad-, que luego fue objetada y se emitió una primera Resolución Jerárquica que posteriormente dio curso al inicio de la investigación; aspectos que deben ser considerados respecto al primer cuestionamiento relativo a la fundamentación infra petita al no ser respondido un argumento de su objeción planteada referida a la falta de agotamiento de la realización de una pericia en sede fiscal;
3) En ejercicio de su derecho, indicó en audiencia de toma de muestras que no se sometería a la pericia; empero, señaló que había muestras de sangre recolectadas en el IDIF y que por eso no permitiría que se tomen nuevas muestras; 4) En el memorial de la presente acción de defensa, la accionante reconoció que al preguntarle si se sometería a la toma de muestras, ella junto a su abogado señaló que no aceptaría hacerlo; en ese sentido, no puede impedirse el acceso a la justicia de una persona que se niega a realizar ese actuado, que en el caso concreto fueron dos personas las que se negaron a hacerlo, siendo ella quien ocasionó que no se permita efectuar la pericia ante el IITCUP; negativa que fue valorada por el Fiscal de Materia y por el Fiscal Departamental ahora accionado, ya que actuó de manera incongruente con la pretensión buscada al interponer la denuncia penal; 5) La negativa de la accionante a la toma de nuevas muestras para una futura pericia, “deja en saco roto” cualquier argumento respecto a la existencia de una arbitraria fundamentación; lo cual se refleja al indicar que el Fiscal Departamental hoy accionado, no protegió los intereses de un menor de edad; sin embargo, cabe preguntarse si la accionante habría cumplido con esa protección, en sede familiar cuando no impugnó la Sentencia de primera instancia que aceptó la negación de paternidad fruto del examen de ADN; 6) La Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022, respondió a todos los argumentos de la objeción planteada por la accionante, refiriéndose a la negativa de someterse a la prueba pericial, lo que no resulta evidente; ya que, en su objeción buscaba la realización de la pericia del IITCUP, y que según el informe elevado por esa instancia, la toma de muestras no fue realizada por oposición de su persona sino de la propia accionante; 7) Respecto a la SC 0797/2010-R, señala que en la misma el Ministerio Público refiere que tiene que agotar todos los actos investigativos, lo que no es evidente; y, 8) Si bien la accionante pretendía realizar una pericia en la que necesariamente tendría que haber tomas de muestras que involucra una intervención en el cuerpo de las partes para la obtención de esas muestras; sin embargo, las partes se opusieron a ese actuado.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, -con la aclaración que se convocó al Vocal de la Sala Penal Segunda del referido Tribunal-, mediante Resolución 0119/2022 de 20 de septiembre, cursante de fs. 174 a 178, concedió parcialmente la tutela solicitada, dejando sin efecto la Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022, disponiendo que el Fiscal Departamental hoy accionado emita nueva resolución, en el marco de los estándares del debido proceso y lo expuesto supra, y denegó respecto a la preeminencia en la protección de los derechos de la niñez de acuerdo a lo expuesto en la misma; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: i) La Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022 hoy cuestionada, incorporó una síntesis de los motivos de la objeción planteada, relativo a que quedan actuados pendientes, la determinación del Fiscal Departamental hoy accionado carece de fundamentación y motivación; y, la transgresión al derecho de acceso a la justicia de la víctima; ii) Entre las razones para asumir la decisión de confirmar la Resolución de Rechazo de 23 de septiembre de 2020, se tiene que: a) La denunciante -accionante- no consideró que a la conclusión de la etapa preliminar no se logró conseguir los insumos que respalden su versión, y se realizaron actuados útiles y pertinentes para esclarecer los hechos, no constando que se haya transgredido el principio de objetividad, y si bien se cuenta con el requerimiento y designación de perito de la IITCUP para la realización de la pericia genética, la misma no se realizó por falta de materia prima, por la manifestación de desacuerdo del denunciado -hoy tercero interesado- con la toma de muestra, y que en la objeción se omitió introducir argumentos que permitan desvirtuar la postura del referido denunciado; empero, que tampoco se tienen referencias precisas respecto a que la realización de otros actuados permitan esclarecer lo ocurrido; b) No se describió que la valoración de los elementos recolectados resulten ser impertinentes, ya que las manifestaciones de la denunciante -accionante- no cuentan con respaldo que se constituyan en serios indicios sobre la incorporación de información irreal al realizarse el dictamen pericial, menos que exista actuación maliciosa de ocultar la verdad, y en la etapa preliminar no se constató que se insertó información no fidedigna en ese dictamen; además, la referida Resolución de Rechazo cuenta con una estructura lógica y los argumentos son coherentes con la decisión; y, c) La determinación asumida por el Fiscal -de Materia- se encuentra plenamente fundada y basada en el análisis de toda la información recabada, de lo que se concluye que el actuar supuestamente delictivo no se enmarca en lo dispuesto por los arts. 199 y 203 del CP; iii) De lo anotado se advierte que no existe un análisis y pronunciamiento preciso respecto a lo reclamado en “el recurso de” objeción, referido a que el Ministerio Público debió conminar al denunciado para la toma de muestra y en su caso aplicar mecanismos coercitivos para llevar adelante la pericia, que resultaba determinante para esclarecer los hechos, actuado que habría sido calificado como útil por el propio Fiscal Departamental hoy accionado, en una anterior resolución; iv) Respecto a la denuncia de incongruencia infra petita, en la Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022, no se expuso ningún fundamento jurídico, por el cual, ante la sola negativa del denunciado -ahora tercero interesado- a someterse a la obtención de muestra para la pericia genética, correspondía rechazar esa denuncia; y si bien se enunció el art. 304 inc. 3) del CPP, señalando que no se recabó los suficientes indicios para emitir otra resolución; empero, en el informe presentado por Fiscal Departamental ahora accionado se aludió al art. 44.I de la CPE, referido a que ninguna persona puede ser sometida a una prueba sin su consentimiento; empero, este último fundamento no fue parte de la referida Resolución Jerárquica; v) Se debe tomar en cuenta que la debida fundamentación no implica solo citar normativa legal, sino establecer los supuestos que contiene, el sentido y alcance que le asigna la autoridad; en este caso, respecto a los mecanismos frente a la negativa del denunciado o exponiendo el sustento jurídico en virtud al cual, la sola negativa del denunciado -hoy tercero interesado- pueda inviabilizar una investigación penal; vi) El Fiscal Departamental ahora accionado debió exponer de manera precisa la norma jurídica o jurisprudencia que contenga los parámetros para el análisis de la negativa del referido denunciado a someterse a la obtención de las muestras para el estudio pericial genético, y a partir de ello, explicitar su análisis y razonamiento, no siendo suficiente la mención del art. 304 inc. 3) del CPP, sino que debió analizar la problemática previo establecimiento del sustento jurídico; vii) Tampoco existe un análisis y pronunciamiento respecto al precedente alegado por la accionante en su objeción, relativo a la SC 0797/2010-R, y con base en ello debió analizarse y explicar de qué manera la sola negativa o renuencia del denunciado para la obtención de la muestra para el estudio genético puede dar por agotado los actos investigativos en etapa preliminar del proceso penal y por qué no resulta viable someter a una autorización del Juez de control jurisdiccional la toma de muestra para esa pericia; viii) En el caso examinado, se encuentran fundadas las denuncias formuladas sobre -falta de- fundamentación, motivación y congruencia; empero, no corresponde disponer directamente que el Fiscal Departamental hoy accionado revoque la Resolución de Rechazo de 7 de marzo de 2022 y tampoco ordenar la realización de la pericia genética, ya que ello implicaría invadir sus competencias, sino que cumpla con fundamentar debidamente sus decisiones, en particular, sobre los derechos de los menores de edad que merecen un trato diferenciado y protección especial; y, ix) No puede “acogerse” la afirmación de la accionante que bajo lo previsto por el art. 60 de la CPE, respecto al interés superior del niño, la negativa de someterse a un examen de ADN o a la toma de muestras biológicas para ello, pueda ser elemento determinante para disponer una imputación formal; puesto que, ello implicaría una suerte de presunción que no se encuentra prevista en norma alguna.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 5 de febrero de 2020, ante el Fiscal de Materia de turno, por el cual Ariana Tita Carballo Guerrero -ahora accionante- interpuso la denuncia contra Viviana Peralta Chambi -hoy tercera interesada-, por la presunta comisión del delito de falsedad ideológica y Franz Reynaldo Pérez Romero -hoy tercero interesado-, por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado (fs. 7 a 14 vta.). II.2. Consta la Resolución de Rechazo de 23 de septiembre de 2020, emitida por Tito Freddy Ayala Daza, Fiscal de Materia, mediante la cual dispuso, entre otros aspectos, el rechazo de la denuncia planteada por la accionante contra los ahora terceros interesados (fs. 56 a 66). II.3. Por memorial presentado el 1 de octubre de 2021, ante el Fiscal de Materia asignado a Patrimoniales II de la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, la accionante, planteó objeción contra la Resolución de Rechazo de 23 de septiembre de 2020, solicitando sea revocada la misma y se disponga la continuación del proceso investigativo (fs. 67 a 73). II.4. Mediante Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022, Álvaro Mauricio Nava Morales, Fiscal Departamental de Chuquisaca -hoy accionado-, ratificó la Resolución de Rechazo de 23 de septiembre de 2020, objetada, disponiendo al archivo de obrados (fs. 74 a 78), con el que fue notificada a la accionante en la misma fecha (fs. 79).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y, el acceso a la justicia de su hijo menor de edad; puesto que, el Fiscal Departamental hoy accionado mediante Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022, ratificó la Resolución de Rechazo de 23 de septiembre de 2020 de su denuncia interpuesta contra los hoy terceros interesados, sin tomar en cuenta que existe un acto investigativo pendiente como la pericia de ADN -indicio-; además, asumió esa decisión: 1) Con una fundamentación infra petita al no pronunciarse respecto a lo establecido por la SC 0797/2010-R y no responder a los argumentos expuestos en su memorial de objeción contra la referida Resolución de Rechazo; 2) Basado en una fundamentación y motivación arbitraria, ya que no se tomó en cuenta que la víctima del delito es un menor de edad, y no se garantizó la prioridad del interés superior de los niños que comprende la preeminencia de sus derechos y la prioridad en el acceso a una administración de justicia pronta; y, 3) Con una fundamentación arbitraria, ya que confirmó el rechazo de su denuncia fundado en la negativa del denunciado -hoy tercero interesado- de someterse a la prueba pericial de ADN -indicio-, al no estar de acuerdo ni permitir la toma de muestra de sangre, no pudiendo ser esa negativa un argumento para su rechazo ya que el Ministerio Público tiene el deber de investigar y más si se encuentra involucrado un menor de edad; además, dio a entender que ninguna de las partes quiso tomarse la muestra. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0652/2015-S1 de 22 de junio, estableció que: «"'La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas' (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio). De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo‟. De lo expresado concluimos que la fundamentación y la motivación en una resolución judicial o administrativa, constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, en tal razón estos fallos a más de estar debidamente motivadas tienen que tener un sustento jurídico; es decir que, deben estar fundamentadas en elementos de hecho y de derecho» (las negrillas nos pertenecen). En cuanto a la congruencia, la SCP 0687/2016-S2 de 8 de agosto citando a la SCP 0177/2013 de 22 de febrero, indicó que: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…)
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas son nuestras).
La accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; y, el acceso a la justicia de su hijo menor de edad; puesto que, el Fiscal Departamental hoy accionado mediante Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022, ratificó la Resolución de Rechazo de 23 de septiembre de 2020 de su denuncia interpuesta contra los hoy terceros interesados, sin tomar en cuenta que existe un acto investigativo pendiente como la pericia de ADN -indicio-; además, asumió esa decisión: i) Con una fundamentación infra petita al no pronunciarse respecto a lo establecido por la SC 0797/2010-R y no responder a los argumentos expuestos en su memorial de objeción contra la referida Resolución de Rechazo; ii) Basado en una fundamentación y motivación arbitraria, ya que no se tomó en cuenta que la víctima del delito es un menor de edad, y no se garantizó la prioridad del interés superior de los niños que comprende la preeminencia de sus derechos y la prioridad en el acceso a una administración de justicia pronta; y, iii) Con una fundamentación arbitraria, ya que confirmó el rechazo de su denuncia fundado en la negativa del denunciado -hoy tercero interesado- de someterse a la prueba pericial de ADN -indicio-, al no estar de acuerdo ni permitir la toma de muestra de sangre, no pudiendo ser esa negativa un argumento para su rechazo ya que el Ministerio Público tiene el deber de investigar y más si se encuentra involucrado un menor de edad; además, dio a entender que ninguna de las partes quiso tomarse la muestra. De la revisión de antecedentes se advierte que dentro de la denuncia interpuesta por la accionante contra los ahora terceros interesados, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, respectivamente (Conclusión II.1.); el Fiscal de Materia a cargo de las investigaciones, mediante Resolución de Rechazo de 23 de septiembre de 2020, dispuso de conformidad a lo previsto por el art. 304 inc. 3) del CPP, el rechazo de esa denuncia, alegando entre otros aspectos, que hoy tercero interesado se opuso a que se le tome la muestra sanguínea para el estudio genético de ADN, que es una prueba idónea para establecer la verdad histórica de los hechos; además hizo referencia a los informes del IDIF, uno de los cuales indica que las muestras colectadas dentro del proceso de negación de paternidad, se encuentran en custodia y cumplen con todas las normas de almacenamiento; asimismo, refirió que la oposición del denunciado -tercero interesado- a que se le tome las muestras dificultaba establecer la presunta participación de la codenunciada -tercera interesada-, en los hechos denunciados; consiguientemente, en atención a esos argumentos, concluyó que lo elementos indiciarios eran insuficientes para atribuir responsabilidad penal a los sindicados en cuanto a los delitos denunciados (Conclusión II.2.). Contra la Resolución de Rechazo de 23 de septiembre de 2020 -de la denuncia- la accionante presentó objeción entre otros aspectos, refiriendo, que una de las facultades del Fiscal de Materia es promover la acción penal pública, con el propósito de descubrir la verdad material de lo ocurrido, y no rechazar un caso sin tener elementos de prueba suficientes de cargo y menos aún sin haber realizado un acto investigativo como la de efectuar una pericia de ADN -indicio-; lo que demostraría su falta de objetividad; así también, indicó que al estar pendiente dicho acto investigativo y teniendo en cuenta lo establecido por la SC 0797/2010-R sobre la recolección de medios de prueba durante la etapa preparatoria como atribución propia del Ministerio Público, y que la pericia es un medio de prueba imprescindible en delitos en los que se alegue falsedad o cuya licitud o ilicitud dependa de un estudio científico especializado que determine la existencia cierta de la conducta antijurídica que se adecúe al tipo penal; de lo que se comprende que durante el proceso de recolección de elementos de prueba, el Ministerio Público no puede omitir esa recolección de medios probatorios, y sobre la base de la libertad probatoria, la pericia es lícita y necesaria en delitos de falsedad; en tal sentido, el Fiscal de Materia asignado al caso no podía omitir recolectar pruebas, al tratarse de los delitos denunciados de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; por lo que, correspondía que se realice la pericia de ADN. Conforme lo establece el art. 54.IV de la CPE, el menor de edad tiene el derecho a la filiación de su progenitor, el cual sería ejercido de manera plena cuando se realice la prueba de ADN -indicio-; asimismo, de acuerdo a lo previsto por el art. 60 de la Norma Suprema, los Fiscales de Materia deben garantizar el interés superior de los menores de edad, lo que implica la preeminencia de sus derechos y la primacía en recibir protección. Al rechazarse la causa dejando en la impunidad el hecho delictivo denunciado, y eximiendo de culpa a los denunciados, cuando existen suficientes elementos de convicción que no fueron valorados por el Fiscal de Materia; por lo que, se vulneró el derecho de acceso a la justicia (Conclusión II.3.). En vista de la referida objeción, el Fiscal Departamental hoy accionado, pronunció la Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022, a través de la cual ratificó la Resolución de Rechazo, de 23 de septiembre de 2020, disponiendo al archivo de obrados siendo notificada la accionante en la misma fecha (Conclusión II.4.). Establecidos los antecedentes procesales, de la problemática identificada en la presente acción de defensa, se advierte que la accionante identificó como el acto vulneratorio de sus derechos, a la determinación asumida por el Fiscal Departamental ahora accionado en la Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022, denunciando que la misma vulneró su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, éste último teniendo en cuenta el argumento expuesto y aclarado en audiencia sobre la falta de pronunciamiento del razonamiento de la SC 0797/2010-R; así también, alegó la vulneración del derecho de acceso a la justicia de su hijo menor de edad; en ese sentido, con la finalidad de verificar si esas denuncias resultan evidentes, corresponde conocer cuáles fueron los argumentos expuestos en la mencionada Resolución Jerárquica que guardan relación con los aspectos denunciados en la presente acción de defensa, así como realizar la contrastación del referido reclamo relacionado con la falta de pronunciamiento respecto a la SC 0797/2010-R y lo resuelto sobre la misma en la mencionada Resolución Jerárquica. En ese sentido, se tiene que la Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022 hoy impugnada, consignó los siguientes argumentos: a) La dirección funcional que ejercita el Ministerio Público en el desarrollo de la etapa preliminar, no se limita a buscar elementos destinados a demostrar la posible responsabilidad, olvidando tomar en cuenta el principio de inocencia; no constando que la recurrente -accionante- haya realizado un análisis integral de toda la información recabada, -por- la cual se decidió cerrar esa etapa procesal;
b) Si bien se cuenta con el requerimiento y designación de perito del IITCUP para la realización de una pericia en genética, se observa que su respuesta cursa en el cuaderno de investigación, en la que se establece el motivo por el que no fue posible ejecutarlo, aspecto que -no- se llegó a producir por falta de materia prima para su estudio; ya que para esa actividad se requiere de los insumos que constituyan el material de cotejo, sobre el cual se emita una decisión;
c) De la revisión de obrados consta que en el Acta de audiencia de 10 de septiembre de 2021, el abogado de Franz Reynaldo Pérez Romero, señaló que su representado -hoy tercero interesado- no estaba de acuerdo con la toma de muestra, del mismo modo, el abogado que asistió a la accionante, indicó en primera instancia que su cliente se sometería a la toma de muestras, al ser un actuado imprescindible para la investigación; empero, ante la negativa del sindicado, señaló que ella y el infante no se someterían a la muestra sanguínea, concluyendo de esa manera en presencia de la perito genetista del IITCUP, -quien se retiró del lugar-; no observándose que tal situación justifique la pretensión de la recurrente, más aun si en su objeción omitió introducir argumentos que permitan desvirtuar la postura asumida por el denunciado -hoy tercero interesado-; es decir, no dar su consentimiento para que se le tomen muestras, ingresando en una referencia que no brinda aportes sólidos que permitan demostrar que la decisión fiscal fue inadecuada, cuando hizo la valoración de ese antecedente;
d) No se observa que las determinaciones de carácter administrativo y la supresión en el Servicio de Registro Cívico (SERECI) del primer apellido que según considera le generaría una afectación, se constituya en otro insumo que permita determinar se continúe con la causa penal, ya que esa situación responde a una decisión jurisdiccional en la cual los cambios que se efectúen no llegan a constituirse en una negativa de su identidad; puesto que, bajo esa lógica, todas las personas registradas con un solo apellido estarían siendo objeto de vulneración permanente, aspecto que no responde al sentido del art. 23 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 de 19 de noviembre de 2014-; es decir, no se tienen referencias precisas con las cuales se constate que disponer la realización de otros actuados permitirían esclarecer lo ocurrido y con ello ampliarse los datos ya obtenidos, no encontrándose justificada la pretensión expuesta;
e) En la objeción se considera que se vulneró su derecho a la filiación;
no obstante, no se observa que esa situación que responde a un trámite en el que se tomó la decisión basada en la ley especial, sea un justificativo que tenga que integrar posibles hechos ilícitos, ya que como menciona responde a una orden judicial que dispuso se cancele la filiación por indicación que en su momento se hizo con base en el Código de las Familias y del Proceso Familiar, y por ello, debe extraerse el apellido paterno del menor de edad al no haberse encontrado vínculo consanguíneo; lo cual, no constituye vulneración alguna, que se encuentre vinculado al uso de documentación que sea falsa;
f) Del contenido de la Resolución de Rechazo de 23 de septiembre de 2020, se constata que cuenta con una estructura lógica, siendo detallados los datos de identificación de la causa y la relación de hechos expuestas en la denuncia; además, de juicios de valor sobre los antecedentes y los que fueron aportados por las partes, realizando un análisis integral con el cual se arribó a una conclusión clara que tiene una base legal que la sustenta, siendo coherentes los argumentos que respaldan su determinación, y por ello no carecen de fundamentación ni motivación; y, g) No se tiene establecida la manera en que podría considerarse que la intervención del Ministerio Público pudo afectar el derecho de acceso a la justicia, ya que si bien la activación de la labor fiscal se generó con un querella, denuncia o un informe policial, que dan cuenta de una noticia criminosa, que justifica el desarrollo de un proceso penal, en el que la dirección le compete a la autoridad fiscal; sin embargo, la colaboración que puede otorgar la víctima y el sindicado será útil y puede facilitar su trabajo en el descubrimiento de la verdad de los hechos a realizarse dentro de un plazo determinado; no obstante, por el avance de la causa se constata que se llegó a obtener insumos de cargo y descargo sobre las que se hizo una ponderación clara, propiciando se emita un decisión debidamente razonada que respalda la aplicación del art. 304 inc. 3) del CPP. La objeción no logró describir con suficiente precisión que la valoración particular que le otorgó al rechazo emitido, se caracterice por no tener sentido oportuno, ya que el mismo está basado en la verificación exhaustiva de la información recabada en la investigación, cumpliendo los requisitos exigidos por ley, no existiendo vulneración alguna. Ahora bien, teniendo en cuenta la denuncia de falta de fundamentación, motivación y congruencia realizado por la accionante, corresponde señalar que sobre esos elementos del derecho al debido proceso, el razonamiento mencionado en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que la fundamentación y motivación de las resoluciones implica que éstas deban contener las razones que sustentan la decisión asumida, la exposición de los hechos, así como el sustento jurídico, lo que no significa una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que debe ser clara y concisa; además, de integrar todos los puntos demandados, debiendo exponerse los argumentos y las razones que justifiquen la determinación basada en los hechos y las normas que sostienen la parte dispositiva del fallo, con la finalidad de garantizar el derecho al debido proceso; asimismo, en cuanto a la congruencia, se indicó que la misma comprende la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; así también, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes e implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva de la resolución, que debe mantenerse en todo su contenido; es decir, entre los distintos considerandos y razonamientos Bajo ese contexto jurisprudencial y con relación a la congruencia, de la contrastación realizada entre el reclamo de la falta de pronunciamiento sobre la SC 0797/2010-R identificado en la objeción contra la Resolución de Rechazo de 23 de septiembre de 2020, planteada (Conclusión II.3.) contra la Resolución de Rechazo y los argumentos de la Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022 hoy impugnada, se pudo evidenciar que efectivamente el Fiscal Departamental hoy accionado, no emitió pronunciamiento alguno menos una manifestación sobre el contenido jurisprudencial de ese fallo constitucional, con el cual, la accionante pretendía que el Ministerio Público, a fin de cumplir con su propósito de promover la acción de la justicia, para perseguir y sancionar al autor de la comisión de un delito, no omita su tarea y obligación de recolección de elementos probatorios, y realice el acto investigativo pendiente relativo a la pericia de ADN -indicio-, ya que conforme al lineamiento de dicha Sentencia Constitucional, la pericia es un medio de prueba imprescindible en delitos en los que se alegue falsedad o cuya licitud o ilicitud dependa de un estudio científico especializado que determine la existencia cierta de la conducta antijurídica que se adecúe al tipo penal; por lo que, durante el proceso de recolección de elementos de prueba, el Ministerio Público no puede omitir esa atribución de colectar y compulsar medios probatorios, más aún si tienen relación con los hechos expuestos en su denuncia y que conduzcan a demostrar la responsabilidad del denunciado -tercero interesado-. De lo expuesto, se advierte que el Fiscal Departamental ahora accionado al no referirse a dicho reclamo en la Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022, vulneró el derecho al debido proceso de la accionante en su elemento de congruencia; ya que, no cumplió con la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; por tal motivo, se debe conceder la tutela solicitada sobre este primer cuestionamiento identificado en la presente acción de defensa -aunque el mismo fue expuesto bajo la consigna de fundamentación infra petita-; debiendo la indicada autoridad fiscal emitir un pronunciamiento acorde al contenido del argumento consignado en el memorial de objeción planteado dentro del proceso penal de referencia y considerando el reclamo de que existe un actuado investigativo pendiente de realizarse. Así también, la accionante cuestionó, bajo el marco de una fundamentación y motivación arbitraria, que la Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022, emitida por el Fiscal Departamental hoy accionado, al confirmar el rechazo de su denuncia debido a la negativa del denunciado -tercero interesado- de someterse a una prueba de ADN -indicio-, no consideró que la víctima del delito es un menor de edad, y que tampoco se garantizó la prioridad del interés superior de los niños que comprende la preeminencia de sus derechos y la prioridad en el acceso a una administración de justicia pronta. Al respecto, el Fiscal Departamental hoy accionado, señaló que no se tenía establecida la manera en que podría considerarse que la intervención del Ministerio Público pudo afectar el derecho de acceso a la justicia -de la víctima-, ya que una vez activada la labor fiscal e iniciado el desarrollo del proceso penal, en el que la dirección le compete al Fiscal de Materia, la colaboración que podía otorgar la víctima y el sindicado sería útil y podía facilitar su trabajo en el descubrimiento de la verdad de los hechos a realizarse dentro de un plazo determinado; no obstante, en el avance de la causa, se llegaron a obtener insumos de cargo y descargo sobre las que se hizo una ponderación clara, propiciando se emita una decisión debidamente razonada que respalda la aplicación del art. 304 inc. 3) del CPP. De lo expuesto, no se logra advertir inicialmente, que la respuesta emitida guarde relación con el contenido íntegro del argumento de la objeción planteada por la accionante, ya que es evidente que no existe una referencia expresa ni alegación alguna que denote la consideración de la edad de la víctima en la Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022 ahora impugnada, ni tampoco sobre la prioridad que debe tener el Estado a través de sus órganos de representación, de garantizar la prioridad del interés superior de los menores, que comprende entre otros aspectos, la preeminencia de sus derechos. Existiendo simplemente una referencia vaga sobre el derecho de acceso a la justicia, en la cual se aseveró que la dirección de la investigación del proceso penal le correspondía al Fiscal de Materia; empero, que la colaboración de las partes era útil en la averiguación de la verdad de los hechos; aseveraciones que no responden a los reclamos expuestos en la objeción planteada, ni guardan relación con el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, que de acuerdo a la jurisprudencia consiste en: “1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; siendo la respuesta emitida al respecto, carente de motivación y fundamentación…” (SCP 1076/2023-S3 de 6 de octubre); siendo por ese motivo la respuesta emitida al respecto; por lo que, se encuentra carente de motivación y fundamentación; motivo por el cual, se debe conceder la tutela solicitada sobre la denuncia precedentemente examinada, debiendo el Fiscal Departamental ahora accionado emitir un pronunciamiento puntal sobre el punto objetado, con la debida fundamentación y motivación. En cuanto a la denuncia de fundamentación arbitraria, porque la Resolución Jerárquica confirmó el rechazo de su denuncia fundado en la negativa del denunciado -ahora tercero interesado- de someterse a la prueba pericial de ADN -indicio-, al no estar de acuerdo ni permitir la toma de muestra de sangre; por lo que, no podía esa negativa ser un argumento para su rechazo ya que el Ministerio Público tiene el deber de investigar y más si se encuentra involucrado un menor de edad; además, se dio a entender que ninguna de las partes quiso tomarse la muestra. Al respecto, en la Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022, el Fiscal Departamental hoy accionado señaló que, si bien se contaba con el requerimiento y designación de perito del IITCUP para la realización de una pericia en genética, la misma no se llegó a producir por falta de materia prima para su estudio, ya que, en el Acta de audiencia de 10 de septiembre de 2021, se hizo constar que el tercero interesado no se encontraba de acuerdo con la toma de muestra, y que ante esa negativa, la accionante señaló que ni ella ni su hijo se someterían a la prueba sanguínea, concluyendo dicha audiencia; aspectos que no justificarían su pretensión de que la causa continúe, más aun si en la objeción omitió introducir argumentos que permitan desvirtuar la postura asumida por el denunciado -tercero interesado-; es decir, no dar su consentimiento para que se le tomen muestras. Asimismo, indicó que la Resolución de Rechazo de 23 de septiembre de 2020, contaba con una estructura lógica, siendo detallados los datos de identificación de la causa y la relación de hechos expuestas en la denuncia; además, de juicios de valor sobre los antecedentes y los que fueron aportados por las partes, realizando un análisis integral con el cual se arribó a una conclusión clara que tiene una base legal que la sustenta, siendo coherentes los argumentos que respaldan su determinación. Asimismo, en audiencia de consideración de la presente acción de defensa, el Fiscal Departamental ahora accionado, manifestó que no era evidente que la negativa a la toma de muestras fuera el punto de trascendencia para ratificar el rechazo, aspecto que no responde al contenido de la Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022. De todo lo expuesto sobre este cuestionamiento, se advierte que contrariamente a lo señalado por el Fiscal Departamental hoy accionado, es evidente que la Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022, simplemente fundó la confirmación del rechazo de la denuncia, en la negativa del tercero interesado a la toma de muestra para la pericia genética, alegando que por la falta de esa materia prima no se realizó la misma, ya que dicho tercero interesado no se encontraba de acuerdo con ese actuado; siendo ese el argumento central de la referida Resolución Jerárquica, para ratificar el rechazo de la denuncia dispuesta por el Fiscal de Materia; situación que demuestra que no se cumple con los presupuestos establecidos en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, para considerar que la Resolución emitida cumple con la debida fundamentación y motivación de la decisión asumida, ya que ese argumento no cuenta con un respaldo normativo o jurisprudencial, y menos con la exposición de las razones o justificativos que lo sustenten, que permitan analizar y entender por qué la sola negativa del denunciado a someterse a la obtención de las muestras para el estudio pericial genético pueda inviabilizar una investigación penal; no siendo suficiente la mención del contenido normativo del art. 304 inc. 3) del CPP, sino que se debe realizar un examen de la problemática exponiendo el sustento jurídico y un razonamiento que explique porqué se pueden considerar agotados los actos investigativos preliminares, a partir de la resistencia a la toma de muestras para un estudio pericial. En ese sentido, al ser la negativa del denunciado el sustento para la confirmación del rechazo de la denuncia, no le correspondía a la accionante introducir argumentos para desvirtuar la postura del denunciado -tercero interesado- de no dar su consentimiento para la toma de muestra de sangre, sino que el resguardo de esa determinación le correspondía al Fiscal Departamental ahora accionado, exponiendo el respaldo normativo y el razonamiento que defienda la decisión asumida, ya que fue el referido Fiscal quien utilizó ese argumento al emitir la Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022 ahora impugnada, decisión que como se tiene señalado debió ser emitida en cumplimiento del derecho al debido proceso, y principalmente con la debida fundamentación y motivación. Además, del análisis realizado, se tiene que no resulta evidente que la accionante haya sido quien ocasionó que no se permita realizar la pericia de ADN ante el IITCUP, como aseveró el hoy tercero interesado en audiencia de consideración de la presente acción tutelar, y como dejó por sobreentendido el Fiscal Departamental ahora accionado, al señalar que la accionante también indicó que ni su persona y menos su hijo se someterían a la prueba sanguínea; puesto que, esa decisión fue asumida por la nombrada, luego de expresada la negativa del hoy tercero interesado de proceder a la toma de muestras de sangre, ya que la pericia de ADN no podría realizarse únicamente con las muestras de la madre y de su hijo, sino que también es necesaria las muestras del ahora tercero interesado, para acreditar o desvirtuar en el caso concreto la comisión de los presuntos delitos denunciados y establecer en definitiva la verdad histórica de los hechos. Así también, al señalar el Fiscal Departamental hoy accionado que la Resolución de Rechazo de 23 de septiembre de 2020 objetada, contaba con una estructura lógica, y con el detalle de los datos de la causa, así como la relación de los hechos denunciados y juicios de valor sobre los antecedentes de cargo y descargo, que fueron analizados de manera integral; no se advierte que haya considerado entre sus razonamientos, a pesar de ser parte de la objeción planteada por la accionante, que el destinatario final de la activación de la acción penal pública y de la consiguiente intervención del Ministerio Público, se trataba de un menor de edad, extremo que debió ser tomado en cuenta y valorado en el marco de la atención preferente y prioritaria que merece este grupo humano, por su condición de vulnerabilidad y manifiesta indefensión derivada de su minoridad; en ese sentido, al ser destinatario de un trato diferenciado y merecedor de una protección reforzada en la defensa de sus derechos, se debió garantizar la prioridad del interés superior de los niños y la preeminencia de sus derechos, así como garantizar un real acceso a la justicia, en el que el Ministerio Público como titular de la investigación, obtenga todos los elementos probatorios, incluida la pericia extrañada, que permitan esclarecer los hechos puestos en su conocimiento, y no solo considerar los derechos del hoy tercero interesado y principalmente su negativa a la toma de muestra de sangre para la realización de la prueba de ADN -indicio-.
Por lo expuesto, resulta evidente la vulneración de los derechos al debido proceso en su elemento de fundamentación, y de acceso a la justicia del menor de edad, conforme lo precedentemente expuesto, motivo por el cual se debe conceder la tutela solicitada por la accionante, debiendo el Fiscal Departamental hoy accionado emitir nuevo pronunciamiento sobre la denuncia analizada con la debida fundamentación. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder parcialmente -en parte- la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 0119/2022 de 20 de septiembre, cursante de fs. 174 a 178, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en todo la tutela solicitada; disponiendo:
a) Dejar sin efecto la Resolución Jerárquica de 7 de marzo de 2022, debiendo el Fiscal Departamental de Chuquisaca, pronunciar nueva resolución jerárquica conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0084_2024-S3.pdf · páginas 1 a 24.
Huella digital del PDF (SHA-256): a99f864cbea226dffa030e0a89c3d902caa622042af4df2dc5ed09e927e4343a
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