B.IA.LEGAL

SCP 0084/2024-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 27 de marzo de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
27 de marzo de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
62241-2024-125-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El adolescente accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la educación y al debido proceso, así como los principios de especialidad, celeridad, pro homine, igualdad y no discriminación; por cuanto, habiéndose acogido a la salida alternativa de terminación anticipada del proceso, seguido en su contra por el delito de robo agravado en grado de tentativa, se le impuso una pena de un año y tres meses, medida socioeducativa a cumplirse en régimen de detención domiciliaria; empero, el Juez y la Secretaria -ahora accionados-, no actuaron de forma oportuna conforme a procedimiento, generando que esté indebidamente privado de libertad en el Centro de Reintegración Social Varones, debido a que la Secretaria coaccionada, exigió el cumplimiento de formalidades para poder emitir el correspondiente “mandamiento de libertad” provocando una retardación de justicia de más de tres días, incumpliendo sus obligaciones establecidas por el art. 94 de la LOJ, además de maltratar a los litigantes, en particular a su progenitora, al no proporcionar la información correspondiente y de manera reticente solo indicar a la prenombrada

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 76/2023 de 5 de octubre, cursante de fs. 31 a 35 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a los derechos al debido proceso -en su elemento celeridad- en directa vinculación a la libertad relacionados a su vez con los principios de especialidad, interés superior de la niña, niño y adolescente, y pro homine conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiendo en consecuencia se emita y ejecute en el día el mandamiento de detención domiciliaria reclamado por el adolescente con responsabilidad penal; salvo que por el transcurso del tiempo ello ya hubiese ocurrido, o la situación jurídica del mismo haya cambiado. 2° DENEGAR la tutela impetrada, respecto a la denuncia de infracción de los principios de igualdad y no discriminación, del derecho a la educación; y, de la pretensión y petitorio sobre que se envíen antecedentes “…al tribunal disciplinario y se remitan incumplimiento de funciones a Ministerio Público en amparo del art. 177 de la ley 1390…” (sic), conforme las razones explicadas en el análisis del caso concreto. 3° Llamar la atención a Javier Peñaranda Saiza, Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad en solicitudes que involucren la definición de situaciones jurídicas vinculadas a la libertad
  2. III.2. El sistema penal diferenciado para adolescentes infractores
  3. III.3. Legitimación pasiva de funcionarios de apoyo judicial del Órgano Judicial
  4. III.4. Análisis del caso concreto
  5. III.5. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0084/2024-S2 Sucre, 27 de marzo de 2024 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 62241-2024-125-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 76/2023 de 5 de octubre, cursante de fs. 31 a 35 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lidia Benita Mamani Llusque en representación del menor de edad AA contra Leónidas Víctor Soria Rojas, Juez; e, Isabel Carrillo Murillo, Secretaria, ambos del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 4 de octubre de 2023, cursante de fs. 19 a 23 vta., el adolescente accionante, a través de su representante, manifiesta que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado en grado de tentativa, de conformidad a los arts. 274 y 308 del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-; y, 24, 115 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE), solicitó ante el Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionado- la aplicación de la terminación anticipada del proceso, señalándose audiencia para ese efecto el 29 de septiembre de 2023 a horas 14:45, en la que se le impuso una sentencia de un año y tres meses, medida socioeducativa no constitutiva de privación de libertad en régimen cerrado por el mencionado delito, a cumplirse en régimen de detención domiciliaria.

No obstante, habiéndose llevado a cabo la referida audiencia en la señalada fecha, a exigencia de la Secretaria del referido Juzgado -ahora coaccionada-, se debía cumplir con los oficios ante el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) de La Paz; sin embargo, habiéndosele consultado sobre la tramitación de los mismos, dicha funcionaria no proporcionó información alguna, refiriendo de manera textual “…pregunte a su abogado…” (sic), originando que “hoy” 4 de octubre de 2023, no se pueda extender el correspondiente “mandamiento de libertad” en régimen domiciliario a un adolescente en sistema penal juvenil debido a que la referida autoridad judicial no se encuentra en su despacho, es decir que dicha funcionaria de apoyo judicial, exige el cumplimiento de formalidades para poder emitir el correspondiente “mandamiento de libertad” provocando una retardación de justicia de más de tres días, incumpliendo sus obligaciones establecidas por el art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, sin considerar que se trata de un adolescente privado de libertad en el Centro de Reintegración Social Varones, y que se encuentra dentro de un grupo de vulnerabilidad, siendo previsible que pueda ser acogido en su domicilio precautelando su derecho a la educación; empero, por la dilación en la respuesta a su solicitud se encontraría en incertidumbre su situación jurídica, en especial una posible libertad asistida en virtud del principio de justicia restaurativa. Añade que, al tratarse de un juzgado especializado “de comunidad vulnerable” la Secretaria coaccionada acostumbra maltratar a los litigantes, en particular a su progenitora, al no proporcionar la información correspondiente y de manera reticente solo indicar a la prenombrada “…que lleve el oficio y que lo traiga sellado, no conforme con ello a solicitud del cuaderno de seguimiento esta última prohibió el cuaderno a la asistente de la causídica” (sic). Por lo expuesto, el Juez y la Secretaria accionados no actuaron de forma oportuna conforme al procedimiento y los plazos establecidos por el Código de Procedimiento Penal y el Código Niña, Niño y Adolescente para definir su situación jurídica considerando que la detención en adolescentes debe ser aplicada de manera estrictamente excepcional y como último recurso, por lo que cualquier aspecto de forma en la respuesta a su situación procesal torna ilegal la privación de su libertad, por la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso, así como los principios de especialidad, celeridad, pro homine, igualdad y no discriminación, por cuanto toda niña, niño y adolescente tiene derecho al acceso a una administración de justicia pronta, oportuna, sin dilaciones indebidas y con asistencia de personal especializado como un componente del principio del interés superior, debiéndose efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, citando a ese efecto las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0418/2016-S1 de 13 de abril y 1304/2015-S1 de 28 de diciembre.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, a través de su representante, alega la vulneración de sus derechos a la libertad, a la educación y al debido proceso, así como los principios de especialidad, celeridad, pro homine, igualdad y no discriminación, citando a tal efecto los arts. 23.I, II y III, 60, 178 y 180 de la CPE; I de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH);7, 24 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 2 y 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; Observación General 14 (2013) del Comité de los Derechos del Niño.

I.1.3. Petitorio

Pide se conceda la tutela impetrada y en consecuencia: a) “…SOLICITO SE EXTIENDA EL MANDAMIENTO DE DETENCIÓN DOMICICLIARIA EN EL DIA…” (sic); y, b) Se envíen antecedentes “…al tribunal disciplinario y se remitan incumplimiento de funciones a Ministerio Público en amparo del art. 177 de la ley 1390…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 5 de octubre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 29 a 30 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La abogada del menor de edad accionante, ratificó de manera íntegra el memorial de acción de libertad y ampliando en audiencia manifestó que: 1) El sistema penal juvenil busca la restauración de un adolescente, el presente caso se trata de un hecho de robo de un cajero automático que intentaron cometer el prenombrado de quince años junto a su hermano menor de doce años “por hambre”, por lo que en su condición de adolescente con responsabilidad penal en aplicación de la terminación anticipada del proceso se le impuso una sentencia de un año y tres meses, aclarando que dicho sistema diferenciado tiene una atenuación de la pena de las cuatro quintas partes de la condena, entendiéndose que cuando la condena es superior a los dos años, debe cumplirse en un régimen cerrado de restricción de libertad, pero si la sentencia es menor a dicho plazo, procede un régimen abierto, por cuanto en este caso, debía haberse emitido una sentencia “…en tiempo libre, como procede en la Ley 548, posiblemente por error de tapeo se ha procedido a otro tipo de medida…” (sic), lo que conlleva a que no haya una privación de libertad por este procesamiento; 2) El día viernes 29 de septiembre -de 2023-se emitió la referida sentencia, por consiguiente le correspondía salir del Centro de Reintegración Social que es una “cárcel de adolescentes” y acceder a su libertad; sin embargo “…su autoridad en verdad material puede ver (…) el grado de desnutrición tanto como la madre y el adolescente tienen, se ha visto la necesidad de ponerse al día con los cuadernos del colegio porque el adolescente estaba a un paso de perder el año escolar…” (sic), por lo que su progenitora intentó conversar con la Secretaria coaccionada, entendiendo que se trata de una funcionaria de un juzgado especializado que debe atender considerando el principio de interés superior conforme establece el art. 60 de la CPE, pero la misma le refirió textualmente “..Coordine con su abogada…” (sic), señalando además que para el cumplimiento del mandamiento de detención domiciliaria en régimen abierto en su domicilio, se debía cumplir con los requisitos como presentar los oficios al SEDEGES de La Paz, es decir las terapias o mecanismos de justicia educativa que tendrá el adolescente cuando ya pueda restablecerse a la sociedad, entonces no es posible que se tenga que cumplir dichos mecanismos de justicia restaurativa para que pueda acceder a su libertad, puesto que un día de privación de libertad conlleva una vulneración de sus derechos; 3) “…el día 29 ha sido la audiencia y se ha podido hacer el verificativo domiciliario hasta el lunes, martes, miércoles, jueves y hasta la fecha el mandamiento no ha llegado…” (sic), lo que se verifica de la conexión del adolescente para esa audiencia desde el Centro de Reintegración Social Varones y de la documentación que se presentó ante el SEDEGES de La Paz; 4) “…el mandamiento de libertad que ayer se ha pretendido presentar por esta funcionaria tiene errores de taypeo (…) donde en la parte baja autoridad va a poder usted referir que dice: El presente mandamiento es liberado en la ciudad de La Paz, a los 4 días del mes de septiembre del año 2020” (sic), sin dar la seriedad que requieren este tipo de actuaciones y tratando de evadir sus responsabilidades, emitieron un mandamiento de libertad con fecha 4 de octubre -de 2023-, pero “hasta la fecha” 5 del mismo mes y año, su derecho no ha sido aún restablecido, reflejándose con ello la vulneración de sus derechos que gozan de primacía de acuerdo al art. 410 de la CPE “…aquí autoridad va a poder ver a la progenitora llorando porque no le han querido recibir el mandamiento, ya era tarde, también han mencionado que el memorial ha sido conducido en horarios ya que no estaban ya los funcionarios, la progenitora hoy en la mañana ha vuelto al juzgado donde le han dicho que el juez no se encontraba en juzgados y que vuelva en hora y media, hasta la fecha y hasta hace un momento me llamó y me dice que ha recogido el memorial pero con fecha 4 de octubre…” (sic); 5) El incumplimiento del “principio de subsidiariedad”, por tratarse de un adolescente que pertenece a un sector vulnerable de la población, no es un óbice para la presentación de esta acción de libertad; 6) Pide se remitan antecedentes ante un tribunal disciplinario para la funcionaria de apoyo judicial coaccionada, por el maltrato que ejerce contra la comunidad litigante o en su caso se le exhorte para observar el tratamiento diferenciado que debe ofrecer un juzgado de niñas, niños y adolescentes; y, 7) Solicita se conceda la tutela impetrada, considerando la acción de libertad en su modalidad innovativa a fin de que cualquier otro adolescente no pueda sufrir este tipo de atropellos, ya que su defendido está a punto de perder el año escolar debido a la carga procesal o el mal ordenamiento de un juzgado.

I.2.2. Informe de la parte accionada

Leónidas Víctor Soria Rojas, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz, por informe en audiencia, solicitando se deniegue la tutela impetrada manifestó que: i) El 29 de septiembre de 2023, se llevó a cabo la audiencia de consideración de requerimiento conclusivo de terminación anticipada del proceso, habiendo solicitado la autoridad Fiscal la aplicación de una pena de un año y tres meses respecto al adolescente con responsabilidad penal, disponiéndose su detención domiciliaria con una medida socioeducativa con restricción de libertad, además de la prohibición de frecuentar cajeros automáticos, de involucrarse con hechos delictivos y de acercarse a la víctima y terceras personas; y, ii) Asimismo, como un punto importante, se debía señalar el domicilio en el cual se cumplirá la detención domiciliaria, por lo que se ordenó que el personal del referido Juzgado realice el verificativo respectivo y en caso de cambio de domicilio debe ser previa autorización de esta autoridad. Así también, dispuso se expida el mandamiento de “libertad restringida”, una vez cumplida con la verificación del domicilio donde habitará el adolescente, por lo que una vez que se cumplió con dicho verificativo, el 4 de octubre de 2023, se expidió el mandamiento de libertad respectivo, informándose por Secretaría de dicho Juzgado que el mismo fue recogido por la progenitora del adolescente accionante, siendo a partir de ello responsabilidad del Centro de Reintegración Social para Varones dar cumplimiento al mencionado mandamiento, por lo que carece de la legitimación pasiva. Isabel Carrillo Murillo, Secretaria del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz, por informe en audiencia, manifestó que: a) De conformidad a las competencias establecidas por la Ley del Órgano Judicial y el Código Niño, Niña y Adolescente, su persona carece de legitimación pasiva para disponer la detención o la libertad de las personas; b) El 4 de octubre de 2023, se entregó el correspondiente mandamiento de “libertad condicional” a la progenitora del adolescente con responsabilidad penal; y, c) En cuanto al supuesto maltrato que se habría dado a la madre del adolescente ahora accionante, tales hechos son totalmente falsos, ya que no se apersonó la abogada que interpuso la presente acción de libertad, sino una procuradora exigiendo que se le entregue a ella el mandamiento de “libertad condicional”, pero no quiso identificarse, por lo que se le indicó que en mérito al art. 263 del CNNA, todos los casos que se tramitan en el juzgado cuentan con reserva, por lo tanto no podía entregársele dicho mandamiento a la misma por no ser parte del proceso en cuestión, no obstante en horas de la tarde se constituyó la progenitora del menor de edad, a quien sí se le entregó el mandamiento solicitado.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 76/2023 de 5 de octubre, cursante de fs. 31 a 35 vta., denegó la tutela solicitada, sin perjuicio de ello bajo el principio de objetividad, ante la existencia de la denuncia de malos tratos brindados por parte de la Secretaria coaccionada hacia el mundo litigante e incumplimiento de los plazos procesales, se recomienda a la misma, al cumplimiento de dichos plazos en especial de las personas que se encuentran privadas de libertad, que deben ser atendidas en el menor tiempo posible, a fin de evitar la vulneración del derecho a la libertad; determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: 1) El adolescente accionante refiere que dentro de un proceso penal especializado que le sigue el Ministerio Público por el delito de robo agravado en grado de tentativa, se acogió a la salida alternativa de terminación anticipada del proceso o lo que se llama en procedimiento ordinario, procedimiento abreviado, a cuyo efecto, la autoridad jurisdiccional señaló audiencia para el 29 de septiembre de 2023, a horas 14:45, para su consideración, emitiéndose la Sentencia 347/2023, por la cual se le impuso una pena de un año y tres meses con restricción de libertad bajo el régimen domiciliario, lo que llamamos en la vía ordinaria detención domiciliaria, debiendo estar bajo guarda y custodia de su progenitora, aplicando además otras medidas socioeducativas; 2) En ese entendido, refiere que solicitó el mandamiento de libertad o mandamiento de detención domiciliaria; sin embargo, la Secretaria coaccionada no expidió dicho mandamiento ocasionando una retardación de justicia por más de tres días, además que dicha funcionaria acostumbra a maltratar a los usuarios, en el presente caso a la progenitora del adolescente, al no proporcionar la información correspondiente y de manera reticente le indicó que lleve los oficios y los traiga sellados, prohibiendo además el acceso al cuaderno de juicio al asistente de su abogada defensora, aspectos que denuncia vulneran sus derechos a la libertad, al debido proceso y principio de celeridad, más aún cuando se trata de un procedimiento especializado, pues se trata una persona menor de edad que tiene quince años, debiendo aplicarse el sistema penal diferenciado, por lo que solicita se ordene se expida el mandamiento de detención domiciliaria en el día y se remitan antecedentes al Tribunal Disciplinario, al Ministerio Público, por incumplimiento de funciones de las autoridades ahora accionadas; 3) Al respecto, del informe evacuado por el Juez accionado, se establece que él mismo habría ya ordenado, y emitido el referido mandamiento de libertad el 4 de octubre de 2023, el cual también hubiera sido entregado a la parte interesada, conforme fue informado por la Secretaria coaccionada, lo que se corrobora del argumento realizado en esta audiencia virtual y prueba presentada por la abogada del accionante, que no adjuntó a su demanda tutelar; sin embargo, demostró que fueron legalmente notificados con el mandamiento de libertad, pero ese contendría algunos errores de procedimiento, puesto que se hizo referencia que corresponde al “4 de septiembre”, lo cual fue observado por las autoridades del SEDEGES de La Paz lo que imposibilitó que se ejecute; en consecuencia, se tuvo que retornar al Juzgado a objeto de que se subsanen dichos aspectos, y también bajo el principio de lealtad manifestaron que el día de “hoy” la progenitora ya cuenta con dicho mandamiento de libertad; sin embargo, mediante la acción de libertad innovativa solicita que se le conceda la tutela; y, 4) Por lo que en el presente caso de acuerdo al informe de la parte accionada, ya se habría emitido el mandamiento de libertad o detención domiciliaria el 4 de octubre de 2023, que si bien tenía algún defecto procesal, fue reconocido por la representante del accionante que ya contarían con el citado mandamiento, en cuya consecuencia, ya no existe necesidad de ordenar nuevamente que se emita el mandamiento de libertad, dado que el mismo ya fue cumplido, siendo por ello que el objetivo de la presente acción de libertad ha desaparecido, siendo aplicable la jurisprudencia relacionada con la improcedencia de la acción de libertad por sustracción de materia o pérdida del objeto procesal, en cuya consecuencia, no corresponde ingresar a considerar el fondo de la problemática planteada, más aún cuando de los fundamentos expuestos con relación al Juez accionado, no se estableció en concreto cuál el acto que hubiera vulnerado su derecho a la libertad o de locomoción o el principio de celeridad, pues solamente se refirió sobre las actuaciones de la Secretaria coaccionada en sentido de que no habría entregado el correspondiente mandamiento de detención domiciliaria, aspecto que se reitera, ya fue subsanado. En vía de enmienda y complementación, la parte accionante solicitó se mencione bajo qué línea jurisprudencial se ampara la decisión, tomando en cuenta que ésta debe considerar los lineamientos jurisdiccionales establecidos en el Código Niña, Niño y Adolescente. Ante lo cual, el Juez de garantías señaló que, de acuerdo a la SCP 0304/2020-S3, se encuentra impedido de ingresar a considerar el fondo de la problemática planteada, debido a que el objeto que tenía esta acción de libertad, conforme a su petitorio, que se ordene, en el día se emita el mandamiento de libertad, ya fue cumplido, es decir que ya no existe la necesidad de que se ordene su emisión; sin embargo, con relación a la Secretaria coaccionada se le recomendó que en todas las actuaciones cumpla los plazos procesales y sea más diligente, sobre todo en casos donde haya personas que se encuentren privadas de libertad, y con respecto al Juez accionado se reitera no existió fundamentación sobre la vulneración de sus derechos.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante acuerdo jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos de niñas, niños y adolescentes a efectos de hacer efectiva su atención prioritaria y eficaz protección; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra AA

-ahora impetrante de tutela- por la presunta comisión del delito de robo agravado en grado de tentativa, Leónidas Víctor Soria Rojas, Juez Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de El Alto del departamento de La Paz -ahora accionado-, mediante providencia de 20 de septiembre de 2023, señaló audiencia de consideración de terminación anticipada del proceso para el 29 de igual mes y año, a horas 14:45 (fs. 6). II.2. Consta Oficio Of. 240/2023 de 3 octubre, por el cual la autoridad ahora accionada puso a conocimiento del SEDEGES de La Paz la Resolución 347/2023 de 29 de septiembre, mediante la cual se declaró culpable al adolescente con responsabilidad penal, condenándole con la pena restrictiva de un año y tres meses con restricción de libertad bajo el régimen domiciliario, sanción a cumplirse en el domicilio bajo la guarda y custodia de la progenitora. Asimismo se dispuso las siguientes medidas socioeducativas: i) La prohibición de concurrir o frecuentar a cajeros automáticos de cualquier entidad bancaria; ii) La prohibición de involucrarse en hechos delictivos; iii) La prohibición de acercarse a la víctima, por el mismo o mediante terceras personas; y, iv) Señalar el domicilio en cual cumplirá con la detención domiciliaria, por lo que se dispone que el personal del “Juzgado” realice el verificativo del domicilio, en caso de cambio de domicilio, debe ser previa autorización de esta autoridad judicial. Estableciéndose además que, la vulneración de cualquiera de dichas medidas, serán revocadas de forma inmediata disponiéndose en su caso la suspensión de la medida socioeducativa de régimen domiciliario y se cumplirá el resto de la medida en régimen de internamiento. Asimismo, ofíciese al Centro de Orientación dependiente del SEDEGES de La Paz, a efectos de elaborar un Plan Individual de Medidas en el plazo de treinta días a partir de su legal notificación, debiendo remitir los informes de seguimiento de manera oportuna, por el plazo de seis meses. Expídase el mandamiento de la imposición de la medida socioeducativa previa verificación domiciliaria (fs. 1 a 5).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El adolescente accionante, a través de su representante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la educación y al debido proceso, así como los principios de especialidad, celeridad, pro homine, igualdad y no discriminación; por cuanto, habiéndose acogido a la salida alternativa de terminación anticipada del proceso, seguido en su contra por el delito de robo agravado en grado de tentativa, se le impuso una pena de un año y tres meses, medida socioeducativa a cumplirse en régimen de detención domiciliaria; empero, el Juez y la Secretaria -ahora accionados-, no actuaron de forma oportuna conforme a procedimiento, generando que esté indebidamente privado de libertad en el Centro de Reintegración Social Varones, debido a que la Secretaria coaccionada, exigió el cumplimiento de formalidades para poder emitir el correspondiente “mandamiento de libertad” provocando una retardación de justicia de más de tres días, incumpliendo sus obligaciones establecidas por el art. 94 de la LOJ, además de maltratar a los litigantes, en particular a su progenitora, al no proporcionar la información correspondiente y de manera reticente solo indicar a la prenombrada

“…pregunte a su abogado (…) que lleve el oficio y que lo traiga sellado, no conforme con ello a solicitud del cuaderno de seguimiento esta última prohibió el cuaderno a la asistente de la causídica” (sic), todo ello sin considerar que se encuentra dentro de un grupo de vulnerabilidad, evitando que pueda ser acogido en su domicilio precautelando su derecho a la educación. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad en solicitudes que involucren la definición de situaciones jurídicas vinculadas a la libertad

Al respecto, la SCP 0795/2020-S3 de 4 de noviembre, citando a la SCP 0545/2019-S1 de 16 de julio, que a su vez contextualiza los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional sobre este particular, precisó que: «La SCP 0849/2017-S3 de 1 de septiembre, citando la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, estableció que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’. Asimismo, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, desarrollando la doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho, sostuvo que: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’, de donde se extrae que cuando una persona privada de libertad realiza una solicitud en la que pretenda la resolución de su situación jurídica, el Estado a través del Juez de la causa debe tramitar dicha solicitud en los plazos que señala la norma, o en su caso a la brevedad posible y dentro de un plazo razonable, en razón de la naturaleza del derecho que se pretende se tutele”. Por su parte la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). (…)” Del mismo modo el referido fallo constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado, en su Fundamento Jurídico III.4 determinó que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”… De lo que se concluye que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, así lo entendió el extinto Tribunal Constitucional y el actual Tribunal Constitucional Plurinacional. En ese entendido, la SCP 0766/2014 de 21 de abril, citando a la SCP 0011/2014 de 3 de enero, hizo énfasis en que: ‘…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)’…”» (las negrillas son nuestras).

III.2. El sistema penal diferenciado para adolescentes infractores

-actualmente con responsabilidad penal- y el derecho a la defensa en sus distintas dimensiones Al respecto, la SCP 0602/2018-S1 de 8 de octubre, citando a su vez a la SCP 1074/2015-S3 de 5 de noviembre, asumió los siguientes entendimientos: «La SCP 0373/2015-S3 de 8 de abril, precisó que: “Los niños, niñas y adolescentes, son un grupo que merece protección prioritaria y especial, principalmente por la etapa de desarrollo en la que se encuentran; de ahí que: ‘Nuestra Norma Suprema (art. 60)

establece el deber del Estado y de la sociedad, en general, de garantizar la prioridad del interés superior del menor, estableciendo el alcance de ello: a) Preeminencia de sus derechos; b) Primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia; c) Prioridad en la atención de los servicios públicos y privados; d) Acceso a una administración de justicia pronta oportuna y con asistencia de personal especializado’ (SCP 0100/2015-S3 de 4 de febrero). Respecto al último punto citado en el párrafo que antecede, el Código del Niño, Niña y Adolescente (Ley 548), en su art. 11, establece que: ‘Las instituciones del Estado en todos sus niveles, involucradas en la protección de los derechos de la niña, niño y adolescente, garantizarán a favor de las niñas, niños y adolescentes el tratamiento especializado, para lo cual desarrollarán programas de capacitación, especialización, actualización e institucionalización de sus operadores’; asimismo, el art. 262 del referido cuerpo normativo, determina que: ‘I. La o el adolescente en el Sistema Penal, desde el inicio del proceso, así como durante la ejecución de la medida socio-educativa, tienen los siguientes derechos y garantías: a) Especialidad. La impartición de justicia se tramitará a través de un sistema penal diferenciado, mediante proceso y asistencia integral de personal especializado, en observancia de su condición como personas en proceso de desarrollo físico, mental, emocional, espiritual, moral y social’” La Constitución Política del Estado en cuanto a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, establece: “Artículo 58. Se considera niña, niño o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en ésta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones”. “Artículo 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”. La normativa legal precedente, emerge de un proceso paulatino de modificación a la legislación nacional, para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia reconocidos en instrumentos internacionales; cuyo hito trascendental, surge a partir de la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la “Convención sobre los Derechos del Niño” Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su Resolución 44/25 el 20 de Noviembre de 1989, (ratificada por el Estado boliviano el 14 de mayo de 1990 mediante Ley 1152); a través de la cual, se estableció un cambio de paradigma en la concepción de la niñez y adolescencia, al reconocer a los menores como sujetos de derechos y partícipes de su propio desarrollo, bajo la premisa del respecto por el “interés superior del niño”, constituyéndose en la esencia reguladora de la normativa a desarrollarse en torno a los derechos de la niñez y adolescencia, traduciéndose en la responsabilidad de protegerlos a través de una efectiva tutela legal y judicial. La Convención sobre los Derechos del Niño estipuló -entre otros aspectos-: “Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. “Artículo 37 (…) d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción”. “Artículo 40.2 inc. b) (…) v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, conforme a la ley”.

En este mismo enfoque normativo, y dentro del paraguas de protección internacional de los derechos de la niñez y adolescencia, se tienen las:

REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUSTICIA DE MENORES (REGLAS DE BEIJING) Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985 “7. Derechos de los menores 7.1 En todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y el derecho de apelación ante una autoridad superior”. “22. Necesidad de personal especializado y capacitado 22.2 El personal encargado de administrar la justicia de menores responderá a las diversas características de los menores que entran en contacto con dicho sistema…”. Que conjuntamente las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) aprobadas y proclamadas por la Asamblea General en su Resolución 45/112 de 14 de diciembre de 1990, contienen pautas contra la discriminación, haciendo énfasis en la reintegración social, resaltando la imperiosa necesidad de contar con personal capacitado para el tratamiento de los menores infractores en el sistema de justicia, con el consecuente respeto a los derechos fundamentales y las garantías jurisdiccionales -como el derecho al debido proceso en su elemento de la doble instancia-, encaminados en la concreción de una legislación y administración de justicia especializadas, sustentadas en el principio del interés superior del niño -ut supra citado- y el respeto a la dignidad de los menores, que fortalezca la vigencia de sus derechos fundamentales y libertades. Los lineamientos de estos instrumentos internacionales universales, también se encuentran reconocidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuando: La Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, adherida por Decreto Supremo (DS) 16575 de 13 de junio de 1979 (elevado al rango de Ley 1430 de 11 de febrero de 1993), establece: “ARTÍCULO 19 Derechos del Niño

Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. (...) En este sentido, y conforme a la normativa supranacional pre existente, la promulgación del Código Niña, Niño y Adolescente, como normativa especial, dentro de su carácter teleológico configura en cuanto al “Sistema Penal para Adolescente”, una jurisdicción especializada así como la aplicación de procedimientos especiales, que permiten una intervención jurídica distinta a la prevista el Código de Procedimiento Penal, conteniendo elementos esenciales propios de cualquier jurisdicción, entendidos como derechos procesales y garantías jurisdicciones (imparcialidad, independencia, principio de legalidad, doble instancia, etc); empero, que adquieren connotaciones especiales en su ejercicio para el caso de los niños y adolescentes; debiendo las autoridades judiciales, imperativamente privilegiar el interés superior del niño, niña y adolescente, orientados por los principios de protección integral y su condición de vulnerabilidad”» (las negrillas nos pertenece).

III.3. Legitimación pasiva de funcionarios de apoyo judicial del Órgano Judicial

Sobre el particular, la SCP 0043/2018-S1 de 12 de marzo, señaló que: “…el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, estableció que los funcionarios subalternos también pueden tener legitimación pasiva y ser codemandados ‘…si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; (…); sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo y principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional’. De la citadas líneas jurisprudenciales, respecto a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional, se concluye como subregla que los mismos carecen de legitimación pasiva para ser demandados en acciones tutelares, por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos; sin embargo, existe la excepción a esta subregla, es decir, que adquieren legitimación pasiva y por consiguiente pueden ser demandados en acciones tutelares en tres supuestos, cuando: a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial; b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionarios subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

El adolescente impetrante de tutela, denuncia que habiéndose acogido a la salida alternativa de terminación anticipada del proceso, seguido en su contra por el delito de robo agravado en grado de tentativa, se le impuso una pena de un año y tres meses, medida socioeducativa a cumplirse en régimen de detención domiciliaria; empero, el Juez y la Secretaria ahora accionados-, no actuaron de forma oportuna conforme a procedimiento, generando que esté indebidamente privado de libertad en el Centro de Reintegración Social Varones, debido a que la Secretaria coaccionada, exigió el cumplimiento de formalidades para poder emitir el correspondiente “mandamiento de libertad” provocando una retardación de justicia de más de tres días, incumpliendo sus obligaciones establecidas por el art. 94 de la LOJ, además de maltratar a los litigantes, en particular a su progenitora, al no proporcionar la información correspondiente y de manera reticente solo indicar a la prenombrada “…pregunte a su abogado (…) que lleve el oficio y que lo traiga sellado, no conforme con ello a solicitud del cuaderno de seguimiento esta última prohibió el cuaderno a la asistente de la causídica” (sic), todo ello sin considerar que se encuentra dentro de un grupo de vulnerabilidad, evitando que pueda ser acogido en su domicilio precautelando su derecho a la educación.

A objeto de resolver el reclamo constitucional que motivó la interposición de esta acción tutelar, es pertinente y necesario efectuar una contextualización del escenario fáctico y procesal que dio origen a la misma. Así, de la revisión de antecedentes se tiene que, dentro del proceso seguido por el Ministerio Público contra el ahora menor accionante, por la comisión del delito de robo agravado en grado de tentativa, el Juez ahora accionado, en procedimiento de terminación anticipada del proceso emitió la Sentencia 347/2023 de 29 de septiembre, declarando culpable al adolescente con responsabilidad penal por la comisión del delito previsto y sancionado por el art. 332.2 del Código Penal (CP) con relación al art. 8 del mismo cuerpo legal, condenándole con la pena restrictiva de un año y tres meses con restricción de libertad bajo el régimen domiciliario, sanción a cumplirse en el domicilio bajo la guarda y custodia de la progenitora; disponiendo las siguientes medidas socioeducativas: a) La prohibición de concurrir o frecuentar a cajeros automáticos de cualquier entidad bancaria; b) La prohibición de involucrarse en hechos delictivos; c) La prohibición de acercarse a la víctima, por el mismo o mediante terceras personas; y, d) Señalar el domicilio en el cual cumplirá con la detención domiciliaria, ordenando que el personal del Juzgado realice el verificativo del domicilio, y en caso de cambio de domicilio, sea previa autorización de dicha autoridad judicial. Estableciéndose además que, la vulneración de cualquiera de dichas medidas, serán revocadas de forma inmediata disponiéndose en su caso la suspensión de la medida socioeducativa de régimen domiciliario y se cumplirá el resto de la medida en régimen de internamiento. Asimismo, determinó ofíciese al Centro de Orientación dependiente del SEDEGES de La Paz a efectos de elaborar un Plan Individual de Medidas en el plazo de treinta días a partir de su legal notificación, debiendo remitir los informes de seguimiento de manera oportuna, por el plazo de seis meses. Disponiendo se expida el mandamiento de la imposición de la medida socioeducativa previa verificación domiciliaria (Conclusiones II.1 y II.2).

Bajo este último antecedente procesal, la parte impetrante de tutela denuncia una conducta dilatoria del Juez y de la Secretaria accionados en los trámites para la efectivización de la medida socioeducativa de restricción de libertad bajo el régimen domiciliario determinada en la Sentencia 347/2023; generando que esté indebidamente privado de libertad en el Centro de Reintegración Social Varones, sin considerar que se trata de un adolescente que se encuentra dentro de un grupo de vulnerabilidad y de atención prioritaria, provocando que no pueda ser acogido en su domicilio precautelando, entre otros, su derecho a la educación.

A ese efecto, resulta pertinente como razonamiento medular enfatizar los lineamientos jurisprudenciales contenidos en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, de cuyo desarrollo se tiene establecido que los adolescentes con responsabilidad penal -antes concocidos como infractores-, se encuentran sometidos a un sistema penal diferenciado, en el que, bajo el marco de regulación supranacional, constitucional y legal atendiendo su interés superior y la protección prioritaria y especial que merecen como personas en proceso de desarrollo físico, mental, emocional, espiritual, moral y social, entre otros aspectos, tienen como parámetro protectivo el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna con asistencia de personal especializado en todas las etapas del proceso garantizando que sean atendidos por una autoridad competente, independiente e imparcial establecida conforme a ley y dentro de una jurisdicción especializada y aplicación de procedimientos especiales, implicando una intervención jurídica distinta a la prevista en el Código de Procedimiento Penal, que si bien contiene elementos esenciales de cualquier jurisdicción, adquiere connotaciones especiales al guiarse la labor de la justicia especializada en privilegiar el interés superior de la niña, niño y adolescente en el comprendido de la protección integral y su condición de vulnerabilidad. (En ese sentido la SCP 0377/2022-S3 de 28 de abril)

Así también conforme a la jurisprudencia constitucional establecida en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad, adquiriendo lógicamente mayor relevancia este elemento, cuando se trata de un menor de edad. Consecuentemente, corresponde realizar un análisis individual tanto de la actuación de la nombrada autoridad judicial, como de la funcionaria de apoyo jurisdiccional accionadas, a fin de determinar si resulta evidente lo reclamado y si corresponde conceder o denegar la tutela solicitada. Respecto a la actuación del Juez accionado. Esta autoridad, en su informe puso de manifiesto que el 29 de septiembre de 2023, se llevó a cabo la audiencia de consideración de requerimiento conclusivo de terminación anticipada del proceso, en la que se dispuso la detención domiciliaria con una medida socioeducativa con restricción de libertad del adolescente con responsabilidad penal, además de otras medidas, estableciendo que se debía señalar el domicilio en el cual se cumplirá la detención domiciliaria, por lo que ordenó que el personal del referido Juzgado realice el verificativo respectivo, disponiéndose se expida el mandamiento de libertad restringida, una vez cumplida con la verificación del domicilio donde habitará el adolescente, por consiguiente, habiéndose cumplido con dicho verificativo, el 4 de octubre de 2023, se expidió el “mandamiento de libertad” respectivo, por lo que se habría informado por Secretaría de dicho Juzgado, que el mismo fue recogido por la progenitora del adolescente accionante, considerando a partir de ello que era responsabilidad del Centro de Reintegración Social para Varones dar cumplimiento al mencionado mandamiento.

Al respecto, corresponde referir que tal como reconoce la autoridad judicial accionada, si bien la efectivización de lo dispuesto por la Resolución 347/2023, como es la detención domiciliaria del menor accionante -ahora representado- estaba reatada al previo cumplimiento de circunstancias administrativas, como la verificación domiciliaria, no es menos evidente que por regla general dichas actuaciones están revestidas de celeridad y debida diligencia, más aún en el contexto y alcances jurisprudenciales contenidos en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, al estar de por medio el derecho a la libertad de una persona, que en el presente caso goza de protección reforzada por su minoridad; advirtiéndose que al efecto habiéndose desarrollado la audiencia de terminación anticipada del proceso el 29 de septiembre de 2023, conforme lo informado por el Juez accionado, dicha verificación recién se realizó el 4 de octubre de ese mismo año; asimismo, si bien dicha autoridad manifiesta que se expidió el mandamiento extrañado el mismo día, el cual habría sido recogido por la madre del menor ahora accionante en igual data, atribuyendo -el accionado- la responsabilidad en la materialización del cumplimiento efectivo de la detención domiciliaria al Centro de Reintegración Social para Varones; no obstante, de acuerdo a las aseveraciones efectuadas por la parte accionante, y que no fueron refutadas por la parte accionada, el mismo no pudo ser ejecutado debido al error en la consignación de la fecha de emisión “…4 días del mes de septiembre del año 2020” (sic), conllevando ello a que el referido adolescente continúe restringido de su libertad en el mencionado Centro no solo hasta la interposición de la presente acción tutelar, sino incluso a momento de realizarse la audiencia de la acción de libertad, como fue expuesto por el abogado de la parte accionante en dicha audiencia. En ese sentido, si bien se evidencia que inicialmente el Juez accionado ordenó que el personal del Juzgado realice el verificativo del domicilio y se expida el mandamiento de la imposición de la medida socioeducativa previo cumplimiento de dicha verificación; sin embargo, ello no se materializó de forma oportuna, en desmedro del menor de edad, sin que tampoco lo alegado por la referida autoridad judicial constituya un argumento suficiente para deslindar su responsabilidad, y menos justifica la dilación innecesaria en la tramitación de la expedición del mandamiento respectivo a objeto del cumplimiento de la pena impuesta al menor de edad en su domicilio, por cuanto es su responsabilidad el seguimiento y verificación del cumplimiento de las órdenes que imparte a su personal de apoyo, debiendo en su caso, y de ser necesario, adoptar las medidas administrativas efectivas que viabilicen el cumplimiento de lo determinado por la Sentencia 347/2023, pues le corresponde al juez como director del proceso, controlar y velar que todas las causas que están a su conocimiento cumplan con las normas y plazos establecidos, y sobre todo se actúe de forma diligente en casos que involucren a menores de edad restringidos de su libertad; además de tener la obligación de compulsar y verificar que la documentación que suscribe no contenga errores que vayan a perjudicar a la efectivización de las ordenes que imparte, como aconteció en este caso debido al error en la fecha de expedición del mandamiento extrañado y que derivó en la dilación advertida y el consiguiente incumplimiento de la restricción de libertad domiciliaria; debida diligencia que no se evidencia que haya sido materializada por dicha autoridad judicial, provocando de ese modo la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de celeridad vinculado al derecho a la libertad del adolescente con responsabilidad penal, correspondiendo conceder la tutela solicitada respecto a dicha autoridad judicial. En cuanto a la Secretaria coaccionada En esa misma línea de análisis, en cuanto a la actuación de la Secretaria coaccionada, la parte accionante denuncia en concreto que dicha funcionaria de apoyo judicial exigió el cumplimiento de formalidades para poder emitir el correspondiente “mandamiento de libertad” provocando una retardación de justicia de más de tres días, incumpliendo sus obligaciones establecidas por el art. 94 de la LOJ, además de maltratar a los litigantes, en particular a su progenitora, al no proporcionar la información correspondiente y de manera reticente solo indicar a la prenombrada “…pregunte a su abogado (…) que lleve el oficio y que lo traiga sellado, no conforme con ello a solicitud del cuaderno de seguimiento esta última prohibió el cuaderno a la asistente de la causídica” (sic). Al respecto, corresponde considerar la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; la cual señala que, si bien los funcionarios de apoyo judicial no cuentan con legitimación pasiva al no ser quienes asumen determinaciones jurisdiccionales; empero, no es menos evidente que pueden ser accionados, cuando: “…a) incurrieran en excesos contrariando o alterando las determinaciones de la autoridad judicial;

b) la vulneración de los derechos tutelados a través de acciones de defensa emerjan de un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas a estos; y, c) emerjan del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; si concurren alguno de estos supuestos, los funcionaros subalternos o de apoyo jurisdiccional pueden ser sujetos de demanda puesto que se activa la excepción a la legitimidad pasiva” (el énfasis es añadido). En ese entendido, del informe prestado por la Secretaria coaccionada, la misma hizo referencia a que el 4 de octubre de 2023, se entregó el correspondiente mandamiento de “libertad condicional” a la progenitora del adolescente con responsabilidad penal y en cuanto al supuesto maltrato que se habría dado a la madre del adolescente ahora accionante, señala que tales hechos son totalmente falsos, ya que no se apersonó la abogada que interpuso la presente acción de libertad, sino una procuradora exigiendo que se le entregue a ella el mencionado mandamiento de libertad; pero, no quiso identificarse, indicándole que en mérito al art. 263 del CNNA, todos los casos que se tramitan en el Juzgado cuentan con reserva, por lo que no podía entregársele dicho mandamiento a la misma por no ser parte del proceso en cuestión, no obstante en horas de la tarde se habría constituido la progenitora del menor de edad, a quien sí se le entregó el mandamiento solicitado. De lo que se concluye que, si bien no se tiene constancia de lo denunciado por la parte impetrante de tutela con relación a una extralimitación en los requisitos formulados por el Juez accionado a efecto de que se libre el mandamiento de detención domiciliaria que se centraban en lo esencial en la verificación domiciliaria; sin embargo, tal como fue analizado precedentemente, en el caso concreto se advierte una conducta dilatoria en la labor de la verificación del domicilio del accionante que le fue encomendada a dicha funcionaria, actuación que debió ser realizada con la celeridad necesaria y la diligencia debida que requería el presente caso por encontrarse de por medio la libertad de un adolescente con responsabilidad penal, sin que dicha funcionaria hubiese tampoco expresado la razón o razones para dilatar la verificación requerida, o en su caso demostrar que se realizó de la forma más inmediata posible, y al contrario de ello más bien se tiene que la citada coaccionada ni siquiera reparó la existencia de los errores de los que adolecía el mandamiento de detención domiciliaria emitido por el propio Juzgado, y por los que no pudo ser ejecutado, actuar que incidió negativamente en desmedro de los derechos del adolescente ahora accionante, concretamente sobre el derecho al debido proceso en su elemento celeridad vinculado en este caso de forma directa a la libertad para el cumplimiento de la sanción en su domicilio, adecuándose la conducta de la citada funcionaria al segundo y tercer presupuestos establecidos en la jurisprudencia constitucional, por un evidente incumplimiento o desconocimiento de las funciones y obligaciones conferidas, e incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado; actuación con la que provocó demora en la concreción y ejecución de la situación jurídica del accionante, afectando su derecho a la libertad; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada en su modalidad traslativa o de pronto despacho. Sobre el particular, es oportuno también aclarar que en el caso en análisis no podría concurrir una eventual sustracción del objeto procesal, al haberse presuntamente cumplido el acto procesal extrañado, como trató de argumentar el Juez de garantías al denegar la tutela, dado que conforme al análisis desarrollado, corresponde señalar que en audiencia de consideración de esta acción de defensa el abogado de la parte accionante manifestó que: “…aquí autoridad va a poder ver a la progenitora llorando porque no le han querido recibir el mandamiento, ya era tarde, también han mencionado que el memorial ha sido conducido en horarios ya que no estaban ya los funcionarios, la progenitora hoy en la mañana ha vuelto al juzgado donde le han dicho que el juez no se encontraba en juzgados y que vuelva en hora y media, hasta la fecha y hasta hace un momento me llamó y me dice que ha recogido el memorial pero con fecha 4 de octubre…” (sic); al respecto, ante la falta de constancia de la emisión en tiempo oportuno del mandamiento de detención domiciliaria solicitado por la parte hoy accionante, y consiguientemente la materialización de la ejecución del mismo, por causas no atribuibles al menor de edad -ahora representado-, quien a tiempo de la celebración de la audiencia de consideración de esta acción de defensa se manifestó continuaba en el Centro de Reintegración Social para Varones, se tiene que en efecto su situación y reclamo objeto de esta acción de defensa, no cambió incluso hasta la celebración de la audiencia de garantías. En ese orden, y dentro el marco de protección que goza el adolescente con responsabilidad penal y atención al principio de interés superior, no es posible asumir que el actuado ahora extrañado fue cumplido de forma previa a la interposición de esta acción tutelar y por ende se produjo el cese del acto lesivo denunciado como vulnerador de los derechos invocados por el mismo, pues ante una eventual extensión efectiva -es decir sin errores- del mandamiento de forma posterior a la presentación de este mecanismo de defensa e instalación de la consideración de la audiencia no opera la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal como equivocadamente fue establecido por el Juez de garantías que conoció la presente acción de libertad. De otro lado, corresponde precisar que la alegación de presuntos malos tratos brindados por la Secretaria coaccionada a la progenitora del impetrante de tutela, a más de ser una situación controvertida porque la prenombrada negó dicha situación, tampoco correspondería ser analizada vía esta acción de defensa, no pudiendo este Tribunal Constitucional Plurinacional pronunciarse al respecto por ser competencia de un tribunal disciplinario, por lo que no es atendible el petitorio y pretensión de la parte peticionante de tutela sobre que se envíen antecedentes “…al tribunal disciplinario y se remitan incumplimiento de funciones a Ministerio Público en amparo del art. 177 de la ley 1390…” (sic), debiendo en su caso, y de así considerarlo pertinente, acudir dicha parte a la instancia competente para conocer y resolver su reclamo. Finalmente, en lo que atañe a la denuncia de infracción de los principios de igualdad y no discriminación, del contenido de la acción de libertad se advierte que solo efectuó una simple enunciación; ocurriendo lo propio respecto al derecho a la educación que solo fue invocado de manera referencial, pero sin vincular ninguno de ellos con una actuación y/u omisión en concreto, en directa relación además a los bienes protegidos por esta acción tutelar, por lo que, respecto a los mismos corresponde denegar la tutela solicitada.

III.5. Otras consideraciones

Resuelto el problema jurídico constitucional formulado, este Tribunal Constitucional Plurinacional dentro de la atribución establecida en el art. 202.6 de la CPE, advierte que, no obstante que en la audiencia virtual de consideración y resolución de esta acción de defensa, el Juez de garantías verificó la prueba presentada por la parte accionante; empero, dichos antecedentes respecto a la emisión del mandamiento de detención domiciliaria en favor del adolescente no fueron adjuntados al expediente constitucional y en consecuencia menos remitidos en revisión. Asimismo, una vez resuelta la acción de defensa a través de la Resolución 76/2023 de 5 de octubre, la misma fue efectivamente remitida a este Tribunal Constitucional Plurinacional el 27 de febrero de 2024 (fs. 36), luego de más de cuatro meses, sin considerar lo previsto por el art. 38 del CPCo, el cual establece, que dicho acto procesal debe realizarse en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la emisión de la resolución. Motivos por los cuales corresponde llamar la atención al Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, para que en posteriores acciones tutelares que sean puestas a su conocimiento, se cumpla la remisión de la integralidad de actuados a los que tuvo acceso e inherentes a la problemática que motivó la activación de la vía constitucional tutelar, debiendo además tramitar de forma diligente la acción de defensa planteada, en apego a la normativa señalada precedentemente, sin ocasionar dilaciones innecesarias, más aún tratándose de una acción de libertad, de tramitación sumarísima para la protección oportuna de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y que en el caso se constituye en menor de edad. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 76/2023 de 5 de octubre, cursante de fs. 31 a 35 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a los derechos al debido proceso -en su elemento celeridad- en directa vinculación a la libertad relacionados a su vez con los principios de especialidad, interés superior de la niña, niño y adolescente, y pro homine conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiendo en consecuencia se emita y ejecute en el día el mandamiento de detención domiciliaria reclamado por el adolescente con responsabilidad penal; salvo que por el transcurso del tiempo ello ya hubiese ocurrido, o la situación jurídica del mismo haya cambiado. 2° DENEGAR la tutela impetrada, respecto a la denuncia de infracción de los principios de igualdad y no discriminación, del derecho a la educación; y, de la pretensión y petitorio sobre que se envíen antecedentes “…al tribunal disciplinario y se remitan incumplimiento de funciones a Ministerio Público en amparo del art. 177 de la ley 1390…” (sic), conforme las razones explicadas en el análisis del caso concreto. 3° Llamar la atención a Javier Peñaranda Saiza, Juez de Sentencia Penal y Pérdida de Dominio Primero de la Capital del departamento de La Paz, por las razones expuestas en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0084_2024-S2.pdf · páginas 1 a 23.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8475a965c4c54498660062a7e89d703acc2fb3b29ff433921c9e422d4e06eaac

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