B.IA.LEGAL

SCP 0084/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 28 de marzo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
28 de marzo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
51042-2022-103-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante, denuncia la lesión de sus derechos al servicio básico de alcantarillado, a la salud y a la vida; en virtud a que, habiéndose determinado en reunión ordinaria de la Junta Vecinal del Barrio 2 de septiembre del Distrito 5, Zona Azari de la ciudad de Sucre, proceder el 21 de agosto de 2022 al corte del alcantarillado de los afiliados que fueron declarados rebeldes; los ahora demandados, en la indicada fecha, mediante vías de hecho, procedieron a romper las tuberías de desagüe del alcantarillado de sus domicilios, para posteriormente taparlos con cemento y yeso, cortándoles de esa manera el indicado servicio básico; aspecto que deja en inminente riesgo su derecho a su salud y la de sus familias, entre los cuales se encuentran menores de edad y personas de la tercera edad. Asimismo, existe amenaza de un posible corte de agua potable.

En consecuencia, en revisión, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 0140/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 202 a 206 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en consecuencia; 1º CONCEDER la tutela solicitada en forma provisional, respecto a los derechos al servicio básico de alcantarillado, a la salud y a la vida, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos que la mencionada Sala Constitucional; y, 2º DENEGAR la tutela impetrada, con relación a la petición de pago de costas y resarcimiento de daños alegado por la parte accionante, conforme lo expuesto en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Vías o medidas de hecho y su tutela a través de la acción de amparo constitucional. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. El servicio de alcantarillado como derecho humano fundamental
  3. III.3. Análisis del caso concreto
  4. III.4. Otras Consideraciones respecto a la actuación de la Sala

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0084/2023-S4 Sucre, 28 de marzo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de amparo constitucional Expediente: 51042-2022-103-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 0140/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 202 a 206 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Saturnina Flores Labrandero de Urquizo, Juan Urquizu Apaza; Jaime, Rolando, Deysi, Liliana y Jhanet Urquizu Flores; Antonia Cabezas Aguado, Ervin Díaz Urquizu, Germán Mamani Mamani, Ximena Cuellar Urquizu, Melina Paco Tejerina, Arminda Cuéllar Ávila, Luis Gonzalo Ortega Romero y Josefina Ávila Miranda de Cuellar contra Agripino Cáceres Subelza, Presidente, Santiago Aguilar Cruz, Vicepresidente, Claudia Sonia Aceituno Alaca, Secretaria de Actas, Guillermina Flores Labrandero Vda. de puma, Tesorera, Ercilia Choque LLanqui, Vocal, todos de la Mesa Directiva del Barrio 2 de septiembre del Distrito 5, Zona Azari de la ciudad de Sucre; y, Rubén Aceituno Peñaranda, René Aceituno Alaca, Modesto Aceituno Coronado, Beatriz Aceituno, Berta y Apolinar, ambos LLanqui y Gregoria Alaca de Aceituno, todos del mencionado Barrio y Distrito.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado, el 13 de octubre de 2022, cursante de fs. 1; y, 85 a 92, la parte accionante, manifestaron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde hace varios años atrás, junto a sus familias, se encuentran constituidos con inmuebles propios en el Barrio 2 de septiembre del Distrito 5, Zona Azari de la ciudad de Sucre, contando con todos los servicios básicos como alcantarillado, agua potable, energía eléctrica y otros; no obstante, la dirigencia del barrio a la cabeza de Agripino Cáceres Subelza como Presidente del mismo –ahora demandado–, convocaron a reuniones con la finalidad de establecer cuotas a los afiliados sin justificar el destino de los mismos; motivo por el cual, dejaron de participar de las reuniones convocadas, siendo en total tres familias; empero, la dirigencia vertió amenazas y les exigieron pagar la suma de Bs2 800.- (dos mil ochocientos bolivianos) por familia, ello por no asistir a las reuniones convocadas. Del mismo modo, en reunión ordinaria de 2 de agosto de 2022, la dirigencia del indicado Barrio, determinó proceder el 21 del igual mes y año, al corte del alcantarillado de los afiliados que fueron declarados rebeldes; por lo que, en la señalada fecha, los hoy demandados procedieron a romper las tuberías de desagüe del alcantarillado de sus domicilios, para posteriormente taparlos con cemento y yeso, cortándoles de esa manera el servicio básico de alcantarillado; aspecto que, los dejó en inminente riesgo la salud de sus familias que cuentan con menores de edad y personas de la tercera edad, riesgo que es provocado por la filtración de las aguas servidas y por la falta de funcionamiento de los servicios sanitarios. Así también, existe amenaza de un posible corte de agua potable, hecho que afectaría la calidad de vida.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela, señalaron como lesionados sus derechos al servicio básico de alcantarillado, a la salud y a la vida, citando al efecto, el art. 20 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitaron se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, disponga; a) El cese de todas las medidas de hecho destinada a la obstrucción o perturbación del servicio básico de alcantarillado y la restitución inmediata del citado servicio a las tres familias afectadas; b) Se exhorte a la Directiva de la Junta Vecinal a prohibir este tipo de sanciones como medida para obligar asistir a las reuniones convocadas; c) Sea con costas; y, d) Se establezca la reparación material del daño causado como consecuencia de la restricción de derechos.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 4 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 181 a 201, en presencia de los solicitantes de tutela, los demandados y el tercero interesado en representación de la Unidad del Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, todos asistidos por sus abogados, y en ausencia del tercero interesado Gerente General de Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado de Sucre (ELAPAS); se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La parte impetrante de tutela, por intermedio de sus abogados ratificaron los términos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Inspección ocular

El Presidente de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en audiencia pública de la presente acción de defensa, dispuso efectuar una inspección ocular del lugar de los hechos, señalando al efecto audiencia de inspección ocular para el mismo día –4 de noviembre de 2022–, según consta en el acta cursante de fs. 189 a 195, en presencia de los solicitantes de tutela Saturnina Flores Labrandero, Agripino Cáceres Subelza, Guillermina Flores Labrandero y René Aceituno Alaca asistidos por su abogado, Berta y Apolinar, ambos LLanqui, Gregoria Alaca de Aceituno y en presencia del abogado de la parte demandada; acto procesal en el cual se efectuó la inspección del lugar de los hechos tomándose al efecto varias fotografías del lugar.

I.2.3. Informe de las personas demandadas

Agripino Cáceres Subelza, Presidente, Claudia Sonia Aceituno Alaca, Secretaria de Actas, Guillermina Flores Labrandero, Tesorera, Ercilia Choque LLanqui, Vocal, todos de la Mesa Directiva y del Barrio 2 de septiembre del Distrito 5, Zona Azari de la ciudad de Sucre; y, René Aceituno Alaca y Modesto Aceituno Coronado del mencionado Barrio y Distrito, mediante informe escrito presentado el 4 de noviembre de 2022, cursante de fs. 173 a 175 vta., manifestaron lo siguiente: 1) La parte accionante con el único fin de dañar a la dirigencia del Barrio 2 de Septiembre, exponen un argumento mentiroso en contra de Agripino Cáceres Subelsa con el fin de difamar y calumniarlo; 2) La parte impetrantes de tutela, fundan su pretensión en que como consecuencia de la deuda que tuviesen en el Barrio 2 de Septiembre, hubiesen cortado el alcantarillado, aspecto totalmente falso, pues por Acta de 2 de abril de 2022; se tiene que, el vecino Apolinar LLanqui indicó que existe un mal olor del alcantarillado que pasa por su casa el cual corresponde a Roberto Cuéllar, a quien se le hizo conocer ese aspecto para que haga limpieza del mismo; empero, no lo hizo; asimismo, “Gregoria” también dio a conocer que en varias ocasiones hubo taponamiento de la cámara donde conecta la tubería de la casa de Gabriel Cuéllar, quien tampoco hizo nada pese a que se le informó de la situación; igualmente, Guillermina Flores indicó que pidió a Juan Urquizu Apaza y a Saturnina Flores Labrandero que se lleven su tubería a la matriz por otro lado; sin embargo, los mismos tampoco hicieron nada; 3) Los ahora demandados Rubén Aceituno Peñaranda, René Aceituno Alaca, Modesto Aceituno Coronado, Beatriz Aceituno, Berta y Apolinar, ambos LLanqui y Gregoria Alaca de Aceituno, son los propietarios de los inmuebles por donde pasa la tubería de alcantarillado de los hoy solicitantes de tutela, siendo los mencionados los verdaderos afectados y quienes como consecuencia de la prepotencia e inacción de los accionantes sufren la vulneración de su derecho al “Vivir Bien”; puesto que, las constantes filtraciones y taponamientos de la tubería de alcantarillado y de las cámaras del mismo, ponen en riesgo su derecho a la salud; y, 4) Respecto al principio de subsidiariedad, Saturnina Flores Labrandero y Gimena Cuéllar Urquizu, interpusieron acción popular en contra de René Javier Aceituno Alaca, Agripino Cáceres Subelza, Claudia Sonia Aceituno Alaca, Modesto Aceituno Coronado y Rubén Aceituno Peñaranda, bajo los mismos fundamentos facticos de la presente acción de amparo constitucional, que fue denegado por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, instancia que señaló“…sin perjuicio de lo expresado precedentemente, entendiendo que la conflictividad de las partes pone en manifiesto las amenazas a derechos fundamentales e independientemente de las acciones que puedan activar por quienes se consideran afectados, corresponde Exhortar a los involucrados a que depongan actitudes de confrontación y medidas de hecho, y por el contrario procuren soluciones dialogadas para alcanzar un convivencia armónica” (sic); es decir, la propia instancia constitucional exhortó a buscar mecanismos de diálogo; empero, los impetrantes de tutela no realizaron acción alguna para llegar a un diálogo con la Junta Vecinal y mucho menos con los propietarios de los inmuebles afectados por el paso del alcantarillado; sin embargo, por su parte, acudieron a la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, con la finalidad de dar solución al presente conflicto, habiéndose señalado inspección para el día martes 8 de noviembre de 2022, con la presencia de ELAPAS. Por lo expuesto, no se advierte la existencia de una acción o hecho que vulnere los derechos fundamentales de los solicitantes de tutela, correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela impetrada. En audiencia pública de la presente acción de amparo constitucional, el abogado de los precitados denunciados, señaló que ELAPAS emitió Informe al haberse hecho presente el personal de la Unidad de Catastro de Redes en el lugar de los hechos denunciados el 22 de septiembre de 2022, a efectos de tener conocimiento técnico y real de los daños materiales que hubiera sufrido las tuberías de alcantarillado sanitario, “…habiéndose verificado y/o evidenciado que dichas tuberías son de propiedad privada de las familiar denunciantes de la acción de amparo constitucional en consecuencia no se encontraría bajo administración la responsabilidad e ELAPAS” (sic); asimismo, ELAPAS manifestó que: no habiéndose afectado materialmente la matriz pública de alcantarillado sanitario dependiente de ELAPAS, considera que es un conflicto de afectación de bienes de propiedad privada; y finalmente, la afectación a la salud o medio ambiente cómo se denunció correspondería a otras entidades dependientes como al Gobierno Autónomo Municipal o Departamental. Asimismo, en uso de su derecho a la dúplica, manifestó que efectivamente al presente se mantiene el corte del alcantarillado que se encuentran dentro de los domicilio de tres de los ahora demandados.

Santiago Aguilar Cruz, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Barrio 2 de septiembre del Distrito 5, Zona Azari de la ciudad de Sucre; y, Rubén Aceituno Peñaranda, Beatriz Aceituno, Berta y Apolinar, ambos LLanqui y Gregoria Alaca de Aceituno, todos del mencionado Barrio y Distrito, no presentaron informe escrito, así como tampoco se hicieron presentes en audiencia pública de la presente acción tutelar, pese a sus legales notificaciones cursantes a fs. 128; 135; 136; 138; 140; y, 145.

I.2.4. Intervención de los terceros interesados

Enzo Arnaldo Porcel Arandia, Gerente General a.i. de ELAPAS, por memorial presentado el 4 de noviembre de 2022, cursante a fs. 180, manifestó lo siguiente: i) Habiendo tenido conocimiento de los hechos denunciados dentro de la acción de amparo constitucional, el personal técnico de la Unidad de Catastro de Redes de ELAPAS dependiente de la Gerencia Técnica, se hizo presente el 22 de septiembre del indicado año, en el lugar de los hechos denunciados Barrio 2 de septiembre del Distrito 5, Zona Azari de la ciudad de Sucre, a objeto de tener conocimiento real y técnico de daños materiales que hubiesen sufrido las tuberías de alcantarillado sanitario, habiéndose verificado y evidenciado que dichas tuberías son de propiedad privada de las familias denunciantes de la acción de amparo constitucional; en consecuencia, no se encontrarían bajo administración o responsabilidad de ELAPAS; ii) No habiéndose afectado materialmente la matriz pública de alcantarillado sanitario dependiente de ELAPAS, la entidad considera que es un conflicto con afectación de bienes de propiedad privada; y, iii) La afectación probable a la salud y/o medio ambiente como se denuncia, correspondería a entidades públicas dependientes del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre o Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca, según su competencia. El Directo del Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, en audiencia pública de esta acción tutelar, cedió la palabra al Jefe de Gestión de Residuos Sólidos, quien señaló que el 22 de septiembre de 2022, recibió una denuncia de parte de los vecinos del lugar donde participaron en la inspección conjuntamente con ELAPAS, la Dirección del Medio Ambiente y la Junta Vecinal del Barrio 2 de Septiembre, como también los vecinos afectados; inspección que concluyó con la emisión del Informe Técnico, determinaron que “…verificado en el lugar que lamentablemente se había cortado el alcantarillado de las tres familias…” (sic), y que “a raíz del corte de red alcantarillado en el paso de servidumbre de tres familias afectadas existía contravención al acceso universal y equitativo al servicio alcantarillado por la junta vecinal 2 de Septiembre” (sic), incluso se inculcó a la Junta Vecinal que esto estaba contraviniendo el art. 20 de la CPE; para que, puedan consensuar entre ellos para llegar a una solución; asimismo, recomendaron a la Junta Vecinal como a los vecinos que incentiven una participación e integración de la Junta Vecinal del Barrio 2 de Septiembre y sus vecinos y generar acciones de acercamiento para buscar una solución amena para el bienestar de la Junta Vecinal de la población asentada; Informe que remitieron tanto a los afectados como a ELAPAS.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución 0140/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 202 a 206 vta., concedió parcialmente la tutela solicitada, disponiendo: a) El cese inmediato de todas las medidas o vías de hecho destinadas a la obstrucción o taponamiento de los tubos de alcantarillado, desagüe, que pasan por los inmuebles de Berta y Apolinar, ambos LLanqui y Gregoria Alaca de Aceituno, sea en el plazo máximo de tres días, siendo la tutela provisional otorgando un plazo de seis meses a los accionantes para llegar a un acuerdo respecto a la servidumbre de paso alegada o en su caso activar la jurisdicción ordinaria para dilucidar dicha problemática; y, b) La Directiva del Barrio 2 de septiembre del Distrito 5, Zona Azari de la ciudad de Sucre, se abstenga de aplicar este tipo de sanciones; por el contrario, facilite la reincorporación de los afiliados denominados rebeldes. Y denegó la tutela impetrada con relación al pago de costos, costas, daños y perjuicios al no haber sido debidamente acreditados los mismos y considerando además que las acciones efectuadas devienen de una conflictividad interna en la que los solicitantes de tutela también tienen una corresponsabilidad. Ello con base en los siguientes fundamentos: 1) De la inspección ocular realizada y de la propia aseveración de los demandados, se determinó que efectivamente se procedió al corte y obstrucción del alcantarillado de tres familias a las integran los hoy accionantes; acto que fue realizado por determinación del Barrio 2 de septiembre del Distrito 5, Zona Azari de la ciudad de Sucre a la cabeza de Agripino Cáceres Subelza en su condición de Presidente del Barrio y los demás miembros de la directiva; pero a su vez, coadyuvado con los propietarios de los inmuebles por donde pasa y descarga la tubería; puesto que, si bien el corte no es directamente en la propiedad de los ahora accionantes; empero, sí en las propiedades contiguas que afecta al mismo desagüe que pasa por los diferentes domicilios; 2) En cuanto a lo alegado por los impetrantes de tutela, respecto a que esas instalaciones fueron realizadas con el consentimiento o tolerancia de los dueños de los inmuebles donde se procedió al corte; dicha situación no fue acreditada, pues fue rechazada por los propietarios de dichos inmuebles; sin embargo, si bien se puede establecer que las indicadas viviendas no son construcciones recientes y que probablemente en su debido momento debió existir algún acuerdo, es evidente que existe una conflictividad interna dentro de la organización y que en gran medida no es unilateral, que es ocasionada por ambas partes, tanto por los ahora demandados como por los solicitantes de tutela, lo cual va en contra de lo que implica el “Vivir Bien”; acciones que los propios impetrantes al no cumplir con sus reglamentos internos han provocado esta medida de hecho; en consecuencia, si bien tuvieron una tolerancia, un consentimiento provisional, de los inmuebles contiguos donde se realizó el corte, esta servidumbre no se encuentra acreditada y por lo tanto esta jurisdicción no podría disponer una restitución definitiva, sino solo provisional en función a la necesidad urgente de activar las tuberías de desagüe al servicio de alcantarillado; 3) En ese entendido, siendo evidente la obstrucción del servicio elemental al alcantarillado, que pueden tener su incidencia en la salubridad pública, corresponde resolver este aspecto provisionalmente; empero, tomando en cuenta que dichos desagües no están organizados de manera uniforme y van pasando por otras propiedades, por lo cual los interesados deben accionar los mecanismos necesarios para no tener este tipo de problemas a futuro, dicha activación u obtención de un acuerdo deberá ser en un plazo de seis meses; y, 4) En cuanto a la petición de resarcimiento de daños y perjuicios alegado por los impetrantes de tutela, el mismo no fue corroborado y no corresponde tutelar estos aspecto; por cuanto, los solicitantes de tutela, también son corresponsables de cómo se desencadenó esta situación y medida.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Acta de Reunión Ordinaria de 2 de agosto de 2022, de la Junta Vecinal del Barrio 2 de septiembre del Distrito 5, Zona Azari de la ciudad de Sucre; se tiene que, en la misma “SE DETERMINA DE MANERA UNÁNIME: QUE EN FECHA (…) 21 DE AGOSTO SE REALIZARA EL CORTE DE ALCANTARILLADOS DE ESOS VECINOS REBELDER, LUEGO DE HABER SIDO NOTIFICADOS EN 3 Y 4 OCACIONES, DONDE PARTICIPARON TODAS LAS BASES EN GRAL. QUE HA TRABAJADO DE MANERA CONJUNTA DURANTE VARIOS AÑOS” (sic [fs. 54 y vta.]). II.2. Mediante Acta de Reunión extraordinaria de 21 de agosto de 2022 del precitado Barrio a las 08:00. “A las 10:00 a.m. se procede al corte de alcantarillado de los afiliados que no asisten al barrio…” (sic), donde “el señor Gabriel Cuéllar y el señor Gonzalo Ortega y la señora Arminda Cuéllar se apersonaron a grabar y sacar fotos…” (sic [fs. 55 y vta.]). II.3. Por Informe Técnico P.CA.y G.C./J.G.A. CITE No. 12/2022 de 23 de agosto, el Jefe de Gestión Ambiental y Residuos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, ante la denuncia de corte de alcantarillado a varios vecinos de la Junta Vecinal del Barrio 2 de septiembre del Distrito 5, Zona Azari de la ciudad de Sucre, inspeccionó el lugar, concluyendo que a raíz del corte de la red de alcantarillado en el pase de servidumbre de tres familias afectadas, existe contravención al acceso universal y equitativo de servicio al alcantarillado por parte de la Junta Vecinal del precitado Barrio; recomendando a ELAPAS y la mencionada Junta Vecinal a restablecer el servicio a la brevedad posible a las tres familias afectadas (fs. 81 a 83). II.4. Cursa Formulario Notarial de Declaración Voluntaria de 12 de octubre de 2022, correspondiente a Saturnina Flores Labrandero de Urquizu –hoy accionante–, quien refirió que el 21 de agosto de 2022, la Junta Vecinal del Barrio 2 de septiembre del Distrito 5, Zona Azari de la ciudad de Sucre, se reunió con bolsas de yeso y herramientas de trabajo como ser picota y otros, por lo que procedió a preguntar qué es lo que estaba pasando, le indicaron que se atenga a las consecuencias por no pagar sus aportes, procediendo Modesto Aceituno a destruir su alcantarillado con picota y posteriormente realizar el tapado del mismo con yeso; por lo que, a partir de esa fecha no pudo hacer uso de sus baños, duchas y lavandería; adjuntado al efecto muestrario fotográfico en número de seis del indicado hecho así como de un Disco Compacto (CD), en las cuales se observa a varias personas reunidas entre ellas a los ahora demandados quienes con picota procedieron al corte de alcantarillado (fs. 18 a 23).

II.5. Consta Formulario Notarial de Declaración Voluntaria de 12 de octubre de 2022, correspondiente a Arminda Cuellar Ávila –hoy accionante–, quien manifestó que el 21 de agosto de 2022, la Junta Vecinal Barrio 2 de septiembre del Distrito 5, Zona Azari de la ciudad de Sucre, se apersonaron al domicilio de su vecina Gregoria Alaca Vda. de Aceituno, donde Modesto Aceituno se encontraba preparando la mezcla de yeso en una cubeta; para posteriormente pasar el mismo a René Aceituno Alaca, quién procedió a realizar la obstrucción de su alcantarillado, desde ese día no pudo hacer uso de los baños, duchas ni lavandería, existiendo daños considerables, ya que las aguas están estancadas generando humedad en sus paredes y en su negocio; además de vivir junto a su madre que cuenta con ochenta años de edad quien tiene problemas de salud –remitiendo al efecto Certificado Médico de Josefina Ávila Miranda [fs. 41]– y tres niños que no pueden hacer uso de los baños; adjuntado a dicha declaración muestrario fotográfico en número de cuatro y un CD, de donde se observa varias personas reunidas quienes proceden a la mezcla del yeso con agua para luego cerrar el alcantarillado (fs. 36 a 40). II.6. Mediante Formulario Notarial de Declaración Voluntaria de 13 de octubre de 2022, Ximena Cuellar Urquizu –ahora impetrante de tutela–, manifestó que el 21 de agosto del señalado año, la Junta Vecinal del Barrio 2 de septiembre del Distrito 5, Zona Azari de la ciudad de Sucre, realizó destrucción de su alcantarillado y cuando preguntó por qué lo hacían les respondieron que era debido a que no asistía a las reuniones de la junta vecinal, además de no aportar sus cuotas; adjuntando al mismo una fotografía y un CD (fs. 48 a 51). II.7. De la Inspección Ocular del lugar de los hechos efectuada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca el 4 de noviembre del precitado año, se tiene fotografías tomadas en dicha audiencia en número de once, de donde se evidencia el corte de alcantarillados (fs. 192 a 194 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante, denuncia la lesión de sus derechos al servicio básico de alcantarillado, a la salud y a la vida; en virtud a que, habiéndose determinado en reunión ordinaria de la Junta Vecinal del Barrio 2 de septiembre del Distrito 5, Zona Azari de la ciudad de Sucre, proceder el 21 de agosto de 2022 al corte del alcantarillado de los afiliados que fueron declarados rebeldes; los ahora demandados, en la indicada fecha, mediante vías de hecho, procedieron a romper las tuberías de desagüe del alcantarillado de sus domicilios, para posteriormente taparlos con cemento y yeso, cortándoles de esa manera el indicado servicio básico; aspecto que deja en inminente riesgo su derecho a su salud y la de sus familias, entre los cuales se encuentran menores de edad y personas de la tercera edad. Asimismo, existe amenaza de un posible corte de agua potable.

En consecuencia, en revisión, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Vías o medidas de hecho y su tutela a través de la acción de amparo constitucional. Jurisprudencia reiterada

Al respecto la SCP 0729/2020-S4 de 12 de noviembre, citando la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre, estableció que: “‘…la tutela de derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional frente a estas vías de hecho, tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia; en ese orden, a partir de estas dos finalidades y dentro del alcance de los presupuestos de activación de la acción de amparo constitucional como mecanismo idóneo para la eficacia tanto vertical como horizontal de derechos fundamentales, las vías de hecho se definen como el acto o los actos cometidos por particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad, por lo que al ser actos ilegales graves que atentan contra los pilares propios del Estado Constitucional de Derecho, de acuerdo al mandato inserto en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la acción de amparo constitucional, es un medio idóneo para la tutela eficaz, pronta y oportuna de los derechos fundamentales lesionados como consecuencias de vías de hechoʼ. En ese mismo sentido, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, haciendo mención al derecho a la jurisdicción o acceso a la justicia en acciones vinculadas a medidas de hecho, sostuvo que: ‘De manera general, cuando los particulares o el Estado invocando supuesto ejercicio legítimo de sus derechos o intereses adoptan acciones vinculadas a medidas o vías de hecho en cualesquiera de sus formas: i) Avasallamientos u ocupaciones por vías de hecho de predios urbanos o rurales privados o públicos con limitación arbitraria del derecho a la propiedad, la pérdida o perturbación de la posesión o la mera tenencia del bien inmueble (…) excluyen el derecho a la jurisdicción…ʼ. Consecuentemente, respecto al tema, el AC 0307/2014-RCA de 4 de diciembre, estableció que: ‘Sin embargo de lo señalado, la jurisprudencia constitucional determinó una excepción al principio de subsidiariedad, prescindiendo de esa naturaleza supletoria ante una lesión al o los derechos y garantías invocados y por consiguiente, de un daño irreparable e irremediable provocado por vía o medidas de hecho, que merecen protección inmediata porque de lo contrario resultaría ineficaz; de manera que, a pesar de existir vías legales ordinarias, es posible activar inmediatamente esta vía tutelar para que, compulsando los antecedentes y verificando los hechos ilegales o indebidos, se otorgue una tutela provisional. Es así que la SC 0156/2010-R de 17 de mayo, recogiendo la jurisprudencia delimitada en la SC 0832/2005-R de 25 de julio, indica que: «…Dentro de esos supuestos excepcionales, en los que el amparo entra a tutelar de manera directa e inmediata, prescindiendo inclusive de su carácter subsidiario, está la tutela contra acciones o medidas de hecho cometidas por autoridades públicas o por particulares, entendidas éstas como los actos ilegales arbitrarios que desconocen y prescinden de las instancias legales y procedimientos que el ordenamiento jurídico brinda, realizando justicia directa, con abuso del poder que detentan frente al agraviado, actos que resultan ilegítimos por no tener respaldo legal alguno y que por el daño ocasionado y la gravedad de los mismos, merecen la tutela inmediata que brinda el amparo por vulnerar derechos fundamentales. La idea que inspira la protección no es otra que el control al abuso del poder y el de velar por la observancia de la prohibición de hacerse justicia por mano propia, control que se extiende tanto a las autoridades públicas como a los particulares que lo ejercen de manera arbitraria por diferentes razones y en determinadas circunstancias. Frente a estas medidas de hecho, el criterio de este Tribunal ha sido uniforme en declarar la procedencia del amparo como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos fundamentales considerados lesionados…». De lo glosado, se concluye que ninguna persona, sea autoridad o particular, tiene la facultad para asumir medidas de hecho contra uno de sus congéneres; porque de hacerlo, estaría lesionando derechos fundamentales, sin causal que la justifique y menos aún abusar de la condición de autoridad, haciendo uso ilegal de su poderʼ” (las negrillas son nuestras).

III.2. El servicio de alcantarillado como derecho humano fundamental

Respecto al servicio de alcantarillado como derecho humano fundamental, la SCP 0056/2015-S2 de 3 de febrero, señaló que: “El contenido del art. 20 de la CPE, incorpora como derechos fundamentales los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones, atribuyendo la responsabilidad de su provisión al Estado en todos sus niveles de gobierno, haciendo principal referencia a los servicios de agua y alcantarillado como derechos humanos que no se encuentran sujetos a concesión y/o privatización, sino a régimen de licencias y registros conforme a ley. En este contexto, la SCP 0016/2013 de 3 de enero, sobre el derecho a los servicios básicos, señaló que: “…el acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos que no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros conforme a Ley. En ese contexto se puede colegir que cualquier acto ilegal o arbitrario que suspenda u obstaculice la provisión o el uso de dichos servicios, se constituyen en actos vulneratorios a los derechos fundamentales, que además tomando en cuenta lo desarrollado, en el acápite anterior, pueden ser protegidos a través de la presente acción” (resaltado añadido), razonamiento compartido por la SC 1898/2010-R de 25 de octubre, que estableció: “El derecho de acceso al agua, alcantarillado y electricidad es uno de los derechos humanos inherentes a toda persona por el solo hecho de existir, reconocido por el art. 20. I y II de la CPE; por tanto, de rango constitucional, al estar previsto en el catálogo de derechos fundamentales; y que establece que toda persona tiene acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones, por lo que el corte arbitrario de los servicios constituye una violación a esos derechos fundamentales” (las negrillas nos corresponden). (…) Ahora bien, en una interpretación sistemática y teleológica del marco normativo específico del derecho de acceso al servicio básico de alcantarillado, con las previsiones constitucionales contenidas en el art. 8.I de la CPE, que reconoce como principal objetivo del Estado Plurinacional el principio ético moral de vivir bien y en consonancia con tratados de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad, conforme prevé el art. 410.II de la Norma Suprema, se reconoce y garantiza el derecho a una vida digna, por lo que, los principios y axiomas constitucionales cumplen el rol de orientar la conducta y comportamiento de todos los bolivianos, con el propósito fundamental de vivir en armonía, dentro de una sociedad que no se constituye en un mero enunciado y donde todos los patrones de comportamiento y todos los actos de la vida cotidiana de todo individuo, se hallen sometidos a la aplicación y observancia de la ley y la constitución, asegurando que los valores de armonía, dignidad, solidaridad, reciprocidad y bienestar común se manifiesten de manera pacífica en todas las relaciones sociales y dentro del marco de nuestra diversidad cultural. Entonces, estando establecido el acceso al alcantarillado, como uno de los servicios básicos que se constituye en un derecho humano fundamental, conlleva implícitamente la prohibición de su afectación, restricción o vulneración por parte de cualquier otro ser humano, se trate de autoridad pública o de un particular, debido a que, de su disminución podrían derivarse situaciones que acarren la lesión de otros derechos conexos como el derecho a la salud, a la dignidad humana y a la propia vida de una familia, en específico a todos aquellos que se pudieran ver afectados por el conflicto, pues tal como prevén las normas citadas previamente, no es viable restringir su acceso en base a motivos o causas que no se encuentren previstas en el ordenamiento jurídico” (las negrillas son añadidas). En ese entendido, siendo un derecho fundamental el acceso al servicio básico de alcantarillado, la restricción al uso del mismo mediante la comisión de medidas de hechos por cualquier otro ser humano, sea esta autoridad pública o por un particular, se colige en un acto ilegal o arbitrario vulnerador del indicado derecho y la lesión de otros derechos conexos como a la salud, a la vida de una familia entre otros.

III.3. Análisis del caso concreto

A través de la presente acción de amparo constitucional, los accionantes, denuncian la lesión de sus derechos al servicio básico de alcantarillado, a la salud y a la vida; en virtud a que, habiéndose determinado en reunión ordinaria de la Junta Vecinal del Barrio 2 de septiembre del Distrito 5, Zona Azari de la ciudad de Sucre, proceder el 21 de agosto de 2022 al corte del alcantarillado de los afiliados que fueron declarados rebeldes; los ahora demandados, en la indicada fecha, mediante vías de hecho, procedieron a romper las tuberías de desagüe del alcantarillado de sus domicilios, para posteriormente taparlos con cemento y yeso, cortándoles de esa manera el indicado servicio básico; aspecto que, deja en inminente riesgo su derecho a su salud y la de sus familias, entre los cuales se encuentran menores de edad y personas de la tercera edad. Asimismo, existe amenaza de un posible corte de agua potable. Previo a resolver la problemática planteada, cabe señalar que de acuerdo al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, las vías o medidas de hecho, fueron definidas por la jurisprudencia constitucional, como los actos ilegales y arbitrarios, cometidos por autoridades públicas o personas particulares, al margen de las instancias y de los procedimiento legales, que derivan en lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, sea por el abuso de poder que detentan frente al agraviado o mediante el ejercicio de una justicia directa o por mano propia. Asimismo, quedó establecido que ante una denuncia de este tipo, se abre de manera directa, la vía de la acción de amparo constitucional, sin necesidad de agotar los mecanismos procesales previos; es decir, prescindiendo de su carácter subsidiario. Como bien se refirió anteriormente, para que proceda la acción de amparo constitucional cuando se denuncia la comisión de vías de hecho, es viable flexibilizar el principio de subsidiariedad, pues se entiende que al tratarse de un mecanismo regido; entre otros, por el principio de sumariedad, es que la subsidiariedad debe ceder en estos casos, garantizando el acceso pronto y oportuno a una tutela efectiva frente a aquellos hechos ilegítimos que puedan causar una inminente lesión a derechos fundamentales, otorgando una tutela inmediata que intervenga, detenga, repare o prevenga un daño mayor, teniendo presente que las medidas o vías de hecho se configuran en actos contrapuestos al orden constitucional, al ser ejecutados en inobservancia de los mecanismos institucionales de la administración de justicia, más aun cuando los solicitantes de tutela pidieron la aplicación la flexibilización del principio de subsidiariedad al encontrase a su cargo personas de la tercera edad, una de ellas con cuadro médico de espondilosis lumbar severa el cual le dificultaría caminar; asimismo, menores de edad, conforme se tiene de las fotocopias de las Cédulas de Identidad y Certificados de Nacimiento (fs. 12; 13; 14; 15; 31; 32; 33; 44; 45; y, 46), y siendo que la jurisprudencia constitucional establecida en la SCP 0959/2015-S1 de 19 de octubre, señaló que: “…ciertas situaciones se abstraen del principio de subsidiariedad que rige a las acciones de amparo constitucional en casos estrictamente limitados por la misma; en los que, pese a la existencia de medios intraprocesales de impugnación, sin embargo, los mismos no impedirían la consumación de una evidente amenaza, restricción o lesión de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, por no constituir vías idóneas para su inmediato cese, lo que podría ocasionar un daño irreparable o irremediable; excepciones entre las que se pueden citar, denuncias sobre comisión de medidas de hecho, demandas de mujeres embarazadas trabajadoras, niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes y de la tercera edad” (las negrillas son añadidas). Resulta aplicable la excepción al principio de subsidiariedad, como presupuesto procesal para acceder a la justicia constitucional. En ese marco, conforme se tiene de antecedentes, los accionantes, cumplieron con la carga de la prueba tendiente a demostrar la existencia de actos vinculados a medidas o vías de hecho; puesto que, además de acreditar su interés legítimo, demostraron a través de medios objetivos la consumación de medidas de hechos asumidas por los particulares demandados; por cuanto, según los señalados antecedentes y lo desarrollado en Conclusiones de este fallo constitucional; se evidencia que, efectivamente los demandados habrían procedido al corte del paso del alcantarillado que transita por el inmueble de alguno de los demandados; ya que, en función al Acta de Reunión Ordinaria de 2 de agosto de 2022, se tiene que la Junta Vecinal del Barrio 2 de septiembre del Distrito 5, Zona Azari de la ciudad de Sucre; dispuso lo siguiente: “SE DETERMINA DE MANERA UNÁNIME: QUE EN FECHA (…) 21 DE AGOSTO SE REALIZARA EL CORTE DE ALCANTARILLADOS DE ESOS VECINOS REBELDER, LUEGO DE HABER SIDO NOTIFICADOS EN 3 Y 4 OCACIONES, DONDE PARTICIPARON TODAS LAS BASES EN GRAL. QUE HA TRABAJADO DE MANERA CONJUNTA DURANTE VARIOS AÑOS” (sic [Conclusión II.1]); por lo que, conforme los Formularios Notariales de Declaraciones Voluntarias de 12 y 13 de octubre de 2022, correspondientes a Saturnina Flores Labrandero de Urquizu, Arminda Cuellar Ávila y Ximena Cuellar Urquizu –hoy impetrantes de tutela–; se tiene que, el 21 de agosto de 2022, los ahora demandados a la cabeza del demandado Agripino Cáceres Subelza, Presidente, del Barrio 2 de septiembre del Distrito 5, Zona Azari de la ciudad de Sucre, se habrían reunido para proceder a la destrucción de los alcantarillados de los impetrantes de tutela con picotas, para luego efectuar el tapado de los mismos con yeso, debido a la falta de pago de sus aportes a la Junta Vecinal; adjuntándose al efecto muestrario fotográfico, así como CDs, por los cuales se evidencia lo manifestado (Conclusiones II.4, 5 y 6); hecho por el que los solicitantes de tutela se encontrarían restringidos de poder hacer uso de los baños, duchas y lavanderías de sus domicilios, siendo que tienen a su cargo personas de la tercera edad y menores de edad, conforme se advierte del Certificado Médico correspondiente a Josefina Ávila Miranda (de ochenta años), madre de Arminda Cuellar Ávila –hoy accionante–, (Conclusión II.5). Por otro lado, del Acta de Reunión extraordinaria efectuada el 21 de agosto de 2022, se advierte que la Junta Vecinal del precitado Barrio, señaló que: “A las 10:00 a.m. se procede al corte de alcantarillado de los afiliados que no asisten al barrio (…) el señor Gabriel Cuéllar y el señor Gonzalo Ortega y la señora Arminda Cuéllar se apersonaron a grabar y sacar fotos…” (sic). Asimismo, por Informe Técnico P.CA.y G.C./J.G.A. CITE No. 12/2022 de 23 de agosto, el Jefe de Gestión Ambiental y Residuos del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, ante la denuncia de corte de alcantarillado a varios vecinos de la Junta Vecinal del Barrio 2 de septiembre del Distrito 5, Zona Azari de la ciudad de Sucre, inspeccionó el lugar, concluyendo que a raíz del corte de la red de alcantarillado en el pase de servidumbre de tres familias afectadas, existe contravención al acceso universal y equitativo de servicio al alcantarillado por parte de la Junta Vecinal del precitado Barrio; recomendando a ELAPAS y la mencionada Junta Vecinal a restablecer el servicio a la brevedad posible a las tres familias afectadas. En ese entendido, dadas las circunstancias del caso concreto, es preciso recordar que conforme a lo expresado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, ninguna persona particular o pública puede restringir o suprimir el ejercicio de un derecho a voluntad propia, pues tratándose de restricciones que afectan directamente el derecho a la salud con la posible contaminación de su vivienda y la probable afectación de los vecinos colindantes, se puede verificar que la actitud de las medidas de hecho aplicadas en el presente caso por las personas demandadas, se constituye en actos ilegales que se encuentran fuera de las normas previstas en el ordenamiento jurídico vigente.

Por lo expuesto, se concluye que los demandados, al actuar de manera directa, privando a los accionantes de un servicio básico como es el de alcantarillado, que afecta implícitamente a otros derechos como ser el derecho a la salud, ocasionaron a los impetrantes de tutela, un perjuicio en la actividad normal de su vivienda, pues al no contar con el normal funcionamiento de la circulación de los desechos orgánicos, sin duda se vieron afectados todos los miembros de su familia, más aun tomando en cuenta que como se dijo anteriormente, tienen personas de la tercera edad y menores de edad a su cargo, las mismas que dentro del marco normativo nacional y convencional requieren una protección reforzada de parte del Estado que garantice su pleno y libre ejercicio de sus derechos; afectación que no solo fue por la incomodidad ocasionada, sino por la inminente posibilidad de originarse el deterioro en la salud como también en el inmueble tanto de los solicitantes de tutela como de los propios demandados, inclusive en la de los vecinos colindantes. En ese entendido, si los demandados consideraban que sus actos se encontraban conforme a derecho, tenían la vía expedita para hacer prevalecer sus derechos; sin embargo, al no hacerlo se pudo constatar que sus acciones son eminentemente de hecho, y la consecuencia de ello se traduce en una vulneración a los derechos que denuncian los accionantes; por lo que, dicha actitud, indudablemente se constituye en arbitraria e ilegal, la cual a decir del propio abogado de la parte demandada en audiencia pública de esta acción de defensa en uso de su derecho a dúplica, manifestó que efectivamente al presente –4 de noviembre de 2022– se mantiene el corte del alcantarillado; aspecto que también fue corroborado por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en la audiencia de inspección ocular efectuada en la indicada fecha. Consecuentemente, al verificarse que las medidas de hecho asumidas por los ahora demandados permanecieran vigentes, las mismas que fueron ejecutadas al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por Constitución Política del Estado y el bloque de constitucionalidad, mientras se dilucide la situación del alcantarillado sanitario del inmueble de los impetrantes, corresponde conceder la tutela impetrada de forma provisional. No sin antes aclarar y reiterar a la parte demandada que, si considera que sus derechos fueron lesionados, en virtud a una supuesta falta de mantenimiento de las alcantarillas, incumbe que los mismos acudan a la vía ordinaria sea esta judicial y/o administrativa, para hacer valer sus derechos, no siendo admisible de ninguna manera el uso de la justicia por mano propia, para hacer valer sus derechos. Finalmente, en cuanto a la petición de pago de costas y resarcimiento de daños alegado por la parte impetrante de tutela en contra de los demandados, al no haberse presentado los elementos necesarios para determinar lo referido, no corresponde emitir pronunciamiento alguno al respecto.

III.4. Otras Consideraciones respecto a la actuación de la Sala

Constitucional

Finalmente, cabe destacar la labor desplegada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, la misma que procuró el acceso a la verdad material, al haber determinado la inspección ocular a los inmuebles de los solicitantes de tutela, a objeto de evidenciar lo alegado por las partes para poder otorgar o no una tutela inmediata prescindida de toda formalidad; de donde se pudo verificar el corte de tubería de tres alcantarillados a los cuales se encontraban conectados los domicilios de los ahora accionantes, conforme se tiene del acta de la audiencia de inspección ocular y del muestrario fotográfico adjunto al mismo. Cumpliendo de esa forma con el encargo dado por la Constitución Política del Estado, en la concreción de los principios, valores y fines del Estado. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder parcialmente la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 0140/2022 de 4 de noviembre, cursante de fs. 202 a 206 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en consecuencia; 1º CONCEDER la tutela solicitada en forma provisional, respecto a los derechos al servicio básico de alcantarillado, a la salud y a la vida, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos que la mencionada Sala Constitucional; y, 2º DENEGAR la tutela impetrada, con relación a la petición de pago de costas y resarcimiento de daños alegado por la parte accionante, conforme lo expuesto en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0084_2023-S4.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3bc7151d1ae6ca263995eaadf22ef7d5eb96c3989b6c31bd4adce596aaf18c35

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