Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 24 de marzo de 2023
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian que vulneraron sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración probatoria y de presunción de inocencia; toda vez que, la autoridad demandada dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Zaida Rosa Rodríguez en su contra por la presunta comisión del delito de violación a niña, niño y adolescente con agravante por Auto de Vista 234/2021 de 19 de noviembre, confirmó el Auto Interlocutorio de 6 de igual mes y año, que dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, para Pascual Mamani Quispe por la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; y, a Luis León Copa los del 234.1, 2 y 7; y, 235.2 del mismo Código Adjetivo Penal; puesto que, lejos de resolver conforme a los fundamentos del recurso de apelación incidental, sacó sus propias conclusiones dando por bien hecho la determinación del inferior, vulnerando el derecho al debido proceso, al no fundamentar correctamente su decisión y fundar la concurrencia de los referidos riesgos procesales en meras presunciones abstractas. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 04/2021 de 7 de diciembre, cursante de fs. 173 a 185, dictada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia DENEGAR en todo la tutela impetrada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0084/2023-S2 Sucre, 24 de marzo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 44623-2022-90-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 04/2021 de 7 de diciembre, cursante de fs. 173 a 185, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Sandro Fuertes Miranda en representación sin mandato de Pascual Mamani Quispe y Luis León Copa contra María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.
Por memorial presentado el 6 de diciembre de 2021, cursante de fs. 2 a 18, los accionantes a través de su representante, expresaron lo siguiente:
Dentro del proceso penal iniciado en su contra por el Ministerio Público a denuncia de Zaida Rosa Rodríguez por la presunta comisión del delito de violación a niña niño y adolescente con agravante, en audiencia de medidas cautelares con base en la imputación formal, el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, por Auto Interlocutorio de 6 de noviembre de 2021, dispuso su detención preventiva al haberse acreditado los arts. 233.1 y la concurrencia de los riesgos procesales de fuga previsto en el 234.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) para uno de ellos, Luis León Copa y el 234.7 y 235.2 del mismo Código Adjetivo Penal para ambos, decisión contra la que plantearon recurso de apelación incidental; toda vez que, el Juez de la causa determinó dichos riesgos procesales sin la debida y correcta fundamentación, motivación y sin valorar los elementos probatorios que fueron incorporados, omisión que fue expuesta como agravio en el recurso; puesto que, con relación art. 234 del CPP, el citado Juez no aplicó el principio de favorabilidad en razón a que respecto al elemento domicilio de Luis León Copa, no se habría enervado dicho extremo por encontrar una supuesta contradicción en los datos otorgados por el mismo imputado al momento de prestar su declaración informativa y el extracto del Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), único documento presentado por el Ministerio Público para invocar ese riesgo procesal, aspecto ilegal que confirmó la inactividad investigativa de la parte acusadora.
Con relación al art. 235.2 del referido Código, el Juez de primera instancia acreditó esa circunstancia porque faltarían diligencias investigativas por realizar sobre la víctima, como la Cámara GESSEL, pericia psicológica y testigos por declarar, presumiéndose que los imputados influirían negativamente sobre ellos y la víctima, sin explicar de qué forma existiría dicha influencia negativa y peor aún elemento de convicción que demuestre tal circunstancia. Refirieron que, remitidos los antecedentes ante el superior en grado, la Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Auto de Vista 234/2021 de 19 de noviembre, confirmó el Auto Interlocutorio de 6 de noviembre de 2021, disponiendo de forma arbitraria la detención preventiva de ambos, arguyendo circunstancias alejadas de la realidad y sin sustento probatorio, para deducir sin mayor análisis ni revisión de los antecedentes del proceso, que el requisito sustancial se acreditó, como también el riesgo de fuga y de obstaculización, argumentando respecto a este último que era la declaración de la víctima menor, quien indicó que el imputado -no especifica quién- le mencionó le diga a su madre que retire la demanda; empero, conforme a la verdad material en ningún momento de la parte denunciante retiró o se comportó reticente a aportar a la investigación, dejando entrever que no existía una influencia negativa que determine la concurrencia de dicho riesgo procesal; sin embargo, la Vocal precitada lejos de resolver conforme a los fundamentos de la apelación, sacó sus propias conclusiones dando por bien hecho la determinación del inferior, de admitir el peligro de fuga y obstaculización, vulnerando el derecho al debido proceso, al no fundamentar correctamente su decisión y confirmar la concurrencia de los referidos riesgos procesales en meras presunciones abstractas, a través de una motivación arbitraria.
Señalaron como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración probatoria y presunción de inocencia, citando al efecto los arts. 21.7, 22, 23.I y III, 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 1 y 8 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); 7 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 1 y 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitaron se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar que: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 234/2021 de 19 de noviembre, debiendo el Tribunal de alzada emitir uno nuevo dejando sin efecto su detención preventiva; y, b) Se restituya su derecho a la libertad, presunción de inocencia y el debido proceso, por no corresponder la privación de libertad, al no ser concurrentes las circunstancias de fuga y obstaculización.
Celebrada la audiencia pública el 7 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 166 a 173, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de sus abogados, ratificaron in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, añadiendo que: 1) El Juez de la causa, de forma parcializada, equivocada y sin razonamiento, dispuso su detención preventiva, señalando que el requisito material o sustancial inmerso en el art. 233.1 del CPP concurrió, realizando un análisis arbitrario de los elementos de convicción presentados en audiencia por el Ministerio Público que eran contradictorios y confusos y no son claros en el resultado obtenido en la investigación; además que, en la imputación formal no existió una individualización de la participación de los imputados. Es así que, dicha autoridad jurisdiccional señaló que tuvieron relaciones sexuales con la menor, haciendo entender que en un solo acto lo hubiesen realizado, cuando los elementos de convicción hacen ver sucedieron en lugares y tiempos distintos, lo que atenta contra el derecho a la defensa, que no fue observado ni justificado por la Vocal demandada, quien reiteró, recalcó y confirmó la fundamentación equivocada, que los hechos sucedieron en un mismo lugar y tiempo; 2) Asimismo, el Juez de la causa mencionó la existencia de un certificado médico forense, que señaló que si bien existieron lesiones corporales conllevando una incapacidad de dos días a la presunta víctima; empero, señaló en forma objetiva que la lesión al órgano genital femenino no puede determinarse, porque requería de una pericia biológica que determine la presencia de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) del presunto agresor; por lo que, no se podía otorgar credibilidad a la declaración de la víctima, quien además en su entrevista psicológica manifestó que la relación fue consentida, primero con Luis León Copa y después con Pascual Mamani Quispe, lo que demuestra la imposibilidad que la menor hubiere sido objeto de violación; puesto que, como lo reconoce no estaba en total estado de ebriedad; empero, la citada autoridad sostuvo que se encontraba inconsciente e incapaz de defenderse, sin que se hubiere comprobado el grado de alcohol que consumió, apartándose de la deposición de la menor que las relaciones que mantuvo fueron consentidas; por lo cual, el Auto de Vista 234/2021 emitido por la Vocal demandada contiene una fundamentación arbitraria; y, 3) Con relación a que no acreditaron el domicilio, también dicha autoridad judicial confirmó lo sostenido por el inferior, que existió una contradicción con lo certificado por el SEGIP, puesto que no hay una evidencia que demuestre que no tienen domicilio, actuando de la misma manera respecto al riesgo de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP, y que la autoridad jurisdiccional demandada manifestó que se presumía -nada objetivo-, influencia negativa en razón a que se tenía que realizar una pericia psicológica forense y un anticipo de prueba de cámara GESSEL y la recepción de la declaración de los testigos, además que uno de los imputados hubiere señalado a la menor que le dijera a su madre que retire la denuncia presentada en su contra; es decir, que la referida Vocal reformó en su perjuicio, al incrementar hechos a la valoración efectuada por el Juez de la causa; lo que, determinó que hubiere realizado una fundamentación arbitraria, que permitió se mantenga la privación de libertad de ambos, vulnerando su derecho a la libertad.
María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, presentó informe oral en la audiencia pública de consideración de esta acción tutelar, solicitando se deniegue la tutela impetrada, en virtud a los siguientes argumentos: i) Asumió conocimiento de la apelación incidental presentada por los accionantes a quienes el Juez de la causa les impuso la medida extrema, al establecer que concurrieron los riesgos procesales de fuga y obstaculización alegando como agravios la falta de aplicación objetiva del art. “283.1” -siendo lo correcto 233.1-, inadecuada valoración del certificado médico forense e informe psicológico y sin la debida fundamentación, siendo complementado por el otro abogado de la defensa quien arguyó la falta de valoración de los elementos de convicción; habiendo en el caso concreto dado repuesta, puesto que con relación a los arts. 234.7 y 235.2 del Código Adjetivo Penal, el Juez de la causa señaló que la víctima es una persona vulnerable ya que es una menor de edad que sufrió agresión sexual por parte de los imputados, argumentos respectos a los cuales se revisó de manera integral todos los antecedentes cursantes en obrados; es decir, la declaración de la menor, el certificado médico forense y sobre todo el informe psicológico; y, ii) Se dio explicación a cada punto esgrimido como agravio, ya que con relación al art. 235.2 del CPP, se estableció que los imputados llegarían a obstaculizar la investigación, especialmente en la víctima tomando en cuenta su declaración; toda vez que, señaló que uno de los imputados le indicó que le diga a su madre que retire la denuncia que presentó en Uyuni, aspecto que es un elemento objetivo y no subjetivo, advirtiendo que la pretensión de la parte demandante de tutela es una nueva apelación; por lo cual, la acción tutelar no tiene sustento, habiendo cumplido como Tribunal de alzada con la debida fundamentación; además de tener presente, lo establecido en la jurisprudencia constitucional referente a que la declaración de una persona en la comisión de un supuesto delito tendría todo el valor legal; reiterando se deniegue la tutela solicitada.
El abogado representante de Defensoría de la Niñez y Adolescencia -no especifica de qué entidad municipal- en audiencia manifestó que la autoridad de grado valoró la prueba, no siendo evidente lo aseverado por los abogados de la defensa que no existió relación entre los hechos y las normas. Se debe tener presente que dos autoridades en sus grados pertinentes, valoraron los presupuestos respecto a la declaración de la menor, por consiguiente se efectuó la ponderación de la vulnerabilidad, el estado de ebriedad y que la menor no estaba en condiciones de asumir determinaciones por cuenta propia; por lo que, se debió tomar en cuenta los arts. 60 de la CPE y 47 de la Ley Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, habiendo valorado la Vocal demandada que hubo contradicción respecto al domicilio y no fueron desvirtuados los riesgos procesales.
El Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 04/2021 de 7 de diciembre, cursante de fs. 173 a 185, concedió la tutela impetrada con relación a la incorrecta aplicación del art. 235.2 del CPP, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 234/2021, debiendo la Vocal demandada emitir uno nuevo, conforme a los argumentos expuestos en el fallo constitucional; y, denegó en cuanto al peligro de fuga previsto en el art. 234.1 y 7 del citado Código. Decisión asumida con los siguientes fundamentos: a) El art. 233.1 y 2 del CPP, se acreditó no solo mediante el Auto Interlocutorio de 6 de noviembre de 2021, sino en el Auto de Vista 234/2021 emitido por la Vocal demandada; b) Con relación al art. 235.2 del Código Adjetivo Penal, se advirtió que el indicado Auto de Vista no contó con la debida fundamentación y motivación, al no haberse demostrado con ningún elemento probatorio, que efectivamente los acusados hubieren amenazado, e influido negativamente sobre los partícipes, testigos y peritos a objeto que informen falsamente, o se comporten de manera reticente, máxime cuando en el precitado Auto de Vista emitido, hace referencia a algunos actuados o diligencias que faltarían practicarse (declaraciones en cámara GESSEL, pericias psicológicas, etc.); y, c) Respecto al art. 234.7 del citado Código, estaría debidamente fundamentado, al haberse pronunciado que al encontrarse en libertad el imputado constituiría un peligro para la víctima debido a su minoridad, su condición de mujer y vulnerabilidad, estado emocional, afectivo, consumo de alcohol a su corta edad, conforme lo establecen las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0394/2018-S2, 0070/2014-S1, 0056/2014 y 0001/2019-S2. En vía de complementación y enmienda, el abogado de la parte accionante, solicitó en audiencia que el Juez de garantías se pronuncie sobre su petitorio referente a que notifique con la Resolución emitida a la autoridad judicial demandada, para que dentro de las veinticuatro horas siguientes emita un nuevo Auto de Vista.
El Juez de garantías complementó disponiendo que se notifique de manera expresa a la parte demandada para que emita una nueva resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes.
Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Zaida Rosa Rodríguez contra Pascual Mamani Quispe y Luis León Copa -hoy accionantes- por la presunta comisión del delito de violación, el Juez de Instrucción Penal Primero de Uyuni del departamento de Potosí, mediante Auto Interlocutorio de 6 de noviembre de 2021, dispuso su detención preventiva, como medida cautelar de carácter personal, estableciendo para el primero de los nombrados la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; y, para el segundo los instituidos en los arts. 234.1., 2 y 7; y, 235.2 del Código Adjetivo Penal (fs. 94 vta. a 101). II.2. Los demandantes de tutela contra el Auto Interlocutorio precitado el 8 de noviembre de 2021, interpusieron recurso de apelación incidental (fs. 104 y vta.); instancia en al cual, María Luz Flores Mollinedo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, -ahora demandada- a través de Auto de Vista 234/2021 de 19 de noviembre, lo declaró improcedente y en consecuencia confirmó el Auto Interlocutorio impugnado (fs. 124 a 126 vta.).
Los accionantes denuncian que vulneraron sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración probatoria y de presunción de inocencia; toda vez que, la autoridad demandada dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Zaida Rosa Rodríguez en su contra por la presunta comisión del delito de violación a niña, niño y adolescente con agravante por Auto de Vista 234/2021 de 19 de noviembre, confirmó el Auto Interlocutorio de 6 de igual mes y año, que dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, para Pascual Mamani Quispe por la concurrencia de los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; y, a Luis León Copa los del 234.1, 2 y 7; y, 235.2 del mismo Código Adjetivo Penal; puesto que, lejos de resolver conforme a los fundamentos del recurso de apelación incidental, sacó sus propias conclusiones dando por bien hecho la determinación del inferior, vulnerando el derecho al debido proceso, al no fundamentar correctamente su decisión y fundar la concurrencia de los referidos riesgos procesales en meras presunciones abstractas. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Con relación a la exigencia ineludible, por parte de las autoridades jurisdiccionales, de emitir resoluciones debidamente motivadas y fundamentadas, a tiempo de la imposición o modificación de una medida cautelar, más aun cuando se trata de la detención preventiva; el extinto Tribunal Constitucional, sentó la línea jurisprudencial, que esta obligación no solo le alcanza al Juez de la causa, sino también al Tribunal de alzada, a tiempo de conocer el recurso de apelación incidental previsto por el art. 251 del CPP, al señalar en la SC 0782/2005-R de 13 de julio, que: “Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar” . De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se la mantiene; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial, conforme establece el art. 124 del CPP.
Siguiendo los líneas jurisprudenciales desarrolladas sobre la fundamentación y motivación exigida e ineludible en toda resolución sea judicial o administrativa y específicamente, en aquellas vinculadas con las solicitudes de medidas cautelares, el Tribunal Constitucional Plurinacional, concluyó que se encuentran directamente relacionadas con las reglas del debido proceso; en este entendido, la SCP 1226/2017-S1 de 17 de noviembre, señaló: “…en un análisis de jurisprudencia al respecto, el entonces Tribunal Constitucional, a través de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, estableció los requisitos para asegurar el elemento motivación en las resoluciones jurisprudenciales y también la valoración integral de la prueba aportada, exigencias entre las cuales se encuentran las siguientes: ‘a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) 11 Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado’. Los aspectos antes señalados, ya asumidos por la jurisprudencia precedente, deben ser aplicados por la nueva jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional Plurinacional, por ser acordes con el ejercicio pleno del control plural de constitucionalidad, en ese orden, y merced a este entendimiento, se colige que los requisitos detallados supra, denotan la exigencia del cumplimiento por parte de las autoridades jurisdiccionales de la motivación y constituyen presupuestos esenciales de las reglas de un debido proceso, postulados, que en definitiva asegurarán la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y que en caso de ser vulnerados, hacen viable la activación del control de constitucionalidad a través de la acción de libertad en el marco del presupuesto del procesamiento indebido en causas procesales referentes a medidas cautelares vinculadas con la libertad. Asimismo, debe precisarse que la omisión valoratoria, en el marco de las reglas de un debido proceso, implica la falta de consideración de alguno de los elementos probatorios producidos por las partes en el decurso de la causa, aspecto que implica el incumplimiento del postulado en virtud del cual, la autoridad jurisdiccional, debe considerar de manera integral todos los medios de prueba aportados; por lo señalado, se concluye que el incumplimiento de este presupuesto, al igual que el incumplimiento de la motivación de decisiones jurisdiccionales, activa el control tutelar de constitucionalidad para la restitución del mismo en el marco del respeto al debido proceso”.
Como lo señala la jurisprudencia citada, toda resolución en la que se disponga una medida restrictiva o limitativa de derechos fundamentales, la autoridad que la emita deberá basar sus decisiones en elementos objetivos que puedan indicar que se puedan materializar efectivamente los peligros procesales que se buscan precaver.
Los demandantes de tutela a través de la presente acción de libertad, denuncian que dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público a instancias de Zaida Rosa Rodríguez, por la presunta comisión del delito de violación a niña, niño o adolescente, con agravante mediante Auto de Vista 234/2021 de 19 de noviembre, la Vocal demandada confirmó el Auto Interlocutorio de 6 igual mes y año; por el cual, el Juez de la causa dispuso su detención preventiva como medida de carácter personal, estableciendo la concurrencia de los riesgos procesales de fuga de los arts. 234.1 y 2 para uno de ellos Luis León Copa; y, 234.7 y obstaculización del 235.2 todos del Código Adjetivo Penal para ambos; decisión judicial, dictada sin la debida y correcta fundamentación y motivación y sin valorar los elementos probatorios que fueron incorporados; omisión, en la que incurrió de la misma manera la Vocal demandada, quien lejos de resolver conforme a los fundamentos de la apelación, sacó sus propias conclusiones dando por bien hecho la determinación del Juez de la causa, de admitir los peligros de fuga y obstaculización y vulnerando el derecho al debido proceso, al no fundamentar correctamente su decisión al fundar la concurrencia de los referidos riesgos procesales en meras presunciones abstractas. Planteada la problemática, se advierte que los impetrantes de tutela cuestionan el Auto de Vista de 234/2021, dictado por la Vocal demandada, quien declaró improcedente el recurso de apelación incidental y confirmó el Auto Interlocutorio de 6 de idéntico mes y año; que dispuso su detención preventiva como medida cautelar de carácter personal, a cuyo efecto, se procederá a su análisis con el objeto de verificar si es evidente lo denunciado en esta acción tutelar. En ese cometido, los demandantes de tutela plantearon su recurso de apelación incidental, expresando que: 1) Con relación al art. 233 del CPP, existió una errónea valoración de la prueba, por cuanto dispone el art. 173 del Código Adjetivo Penal concordante con el 302 del mismo Código; como el primer agravio señalaron que, el Ministerio Público ni la autoridad jurisdiccional individualizaron la participación de cada uno de los imputados; 2) Como segundo agravio expusieron que el certificado médico forense y el informe psicológico, debieron ser analizados de manera conjunta, por cuanto el segundo contenía la declaración que estableció que la víctima mantuvo relaciones sexuales con ellos de forma voluntaria, además que sería mayor de catorce años y fue quien convocó a ambos imputados para consumir bebidas alcohólicas, no existiendo ningún elemento que demuestre que ellos le obligaron o influenciaron para beber, teniendo presente también que la víctima se acordaba de lo sucedido, lo que significaría que el consumo fue mínimo; por lo que, no concurría el art. 308 del Código Penal (CP) y de acuerdo al art. 193 inc. c) del Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA) referido a la verdad material, se tuvo que en su declaración no señaló aspectos que fortalezcan la imputación formal, ya que todos los actos sucedidos fueron libres y consentidos; es decir, que el contenido de esa disposición fue completamente distinto a lo resuelto por la autoridad jurisdiccional. Asimismo, el certificado médico legal señaló que la forma de determinar el hecho, era la realización de un análisis de hisopos a la víctima; por lo que, el mismo no es suficiente para establecer la existencia del elemento constitutivo del tipo penal de violación en estado de inconciencia; y, 3) Con relación a los riesgos procesales, se estableció contra Pascual Mamani Quispe el previsto en el art. 234.7 del CPP, alegando la vulnerabilidad de la víctima, sin considerar que el hecho fue consentido, habida cuenta que no existió un acto antijurídico ya que la norma establece que debe haber un daño físico o psicológico, sucediendo lo mismo con el otro imputado al haber duda sobre el elemento sustancial. Respecto al art. 235.2 del precitado Código, el Ministerio Público alegó la falta de la recepción de declaraciones a los testigos, sin que hubiere un elemento objetivo con relación a Luis León Copa, del riesgo procesal el art. 234.1 del CPP, al señalar que existe contradicción; sin embargo, se desvirtuaron los riesgos procesales establecidos para ambos, habiendo la autoridad judicial demandada emitido su fallo, sin la debida fundamentación ni motivación conforme lo dispone el art. 124 del referido Código Adjetivo Penal, que es el tercer agravio expuesto en el recurso de apelación incidental. La Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, a la conclusión de la audiencia, pronunció el Auto 234/2021, por el que declaró improcedente el recurso de apelación incidental y confirmó el Auto Interlocutorio de 6 de noviembre de 2021; es decir, la medida cautelar de detención preventiva con los siguientes fundamentos: i) No es evidente que el Juez de la causa no hubiere efectuado la individualización de los imputados; contrariamente, aplicó correctamente los arts. 124 y 173 del CPP; puesto que en el Considerando Tercero del mencionado Auto de Vista analizó como fue la participación en primera instancia de Luis León Copa y posteriormente del coimputado Pascual Mamani Quispe, en qué forma mantuvieron las relaciones sexuales, fecha aproximada, primero con qué persona y con quienes más se hubiere encontrado, habiendo el Juez de la causa efectuado una valoración integral de la prueba presentada, como lo hizo del certificado médico forense y del informe psicológico, realizando del primero una transcripción del que se desprendió que la víctima tenía curaciones en las extremidades inferiores coincidentes con la data del hecho y desgarro himeneal antiguo que serán determinado con los hisopados, otorgando una incapacidad de dos días; y, con relación al informe psicológico se estableció que la menor consumió bebidas alcohólicas y que fueron utilizadas como estrategia por los imputados para persuadir como enredar emocionalmente a la menor en diferentes ocasiones y tener relaciones sexuales con ambos en distintas oportunidades, pero en estado de ebriedad circunstancia aprovechada por los agresores, habiendo manifestado la víctima que se encontraba incapacitada por esa situación para resistir a esas insinuaciones, lo que prueba que la valoración fue objetiva y razonable, concluyendo que evidentemente existieron elementos de convicción suficientes de la probable participación de los sindicados y que por otra parte prueba que el inferior fundamentó y valoró debidamente los elementos probatorios; por lo que, el agravio expresado por la parte apelante no es evidente que se hubiere creado una duda razonable, más aún cuando se debió aplicar el principio de verdad material y lo que establece el art. 193 del CNNA y sobre todo el informe psicológico que no fue observado en el momento de la etapa preliminar; ii) Respecto a los riesgos procesales, se tiene que sobre Luis León Copa, no se creó duda con relación a su domicilio sino se determinó una contradicción porque en la audiencia él señaló una dirección y el SEGIP otra; no siendo cierto que, el inferior no actuó correctamente. Con referencia al art. 234.7 para establecerlo el Juez de la causa tuvo presente la “SCP 0394/2018” que se manifiesta sobre la víctima conforme al art. 60 de la CPE; señalando al efecto, que se encontraba dentro de un grupo vulnerable además de analizar la forma en que sucedieron los hechos, y considerar el informe psicológico del estado emocional en que se encontraba; y, iii) La autoridad jurisdiccional al establecer el riesgo procesal previsto en el art. 235.2 del CPP, tomó en cuenta que se debía realizar anticipo de prueba, una pericia psicológica, además de una declaración de la víctima en la cámara GESSEL, considerando que podrían influir en ella, puesto que de la declaración de la menor se estableció que cuando su madre la estaba buscando y se enteraron los imputados le dijeron que le pida a su progenitora retire la denuncia en su contra, siendo esa la influencia, la obstaculización por parte de los sindicados; estableciendo que los agravios expresados por la parte apelante, no son evidentes; toda vez que, la autoridad jurisdiccional a quo, aplicó los arts. 124 y 173 del CPP. Por lo relacionado precedentemente y de la revisión del Auto de Vista 234/2021, se constata que la Vocal demandada, actuó correctamente; puesto que, se pronunció sobre los agravios expuestos por los accionantes, previo análisis y revisión del Auto Interlocutorio apelado, concluyendo que el inferior actuó correctamente, en virtud a que efectivamente existían indicios de la probabilidad de autoría de los imputados en el hecho incriminado y que respecto a los riesgos procesales de fuga y obstaculización previstos en los arts. 234, 1, 2, y 7; y, 235.2 del CPP, no los desvirtuaron; toda vez que, uno de ellos no acreditó su domicilio y por ende su arraigo natural y respecto al de obstaculización referido a ambos demandantes de tutela, aún estaban pendiente de realización las diligencias investigativas como la pericia psicológica a la víctima y su declaración en la cámara GESSEL, deposición de testigos y peritos, sobre los cuales encontrándose en libertad influirían negativamente, al margen de haberle pedido a la víctima el retiro de la denuncia por parte de su progenitora; habiendo para ello, valorado integralmente los medios probatorios existentes en el proceso investigativo; verificando -se reitera-, no ser evidente lo alegado por los impetrantes de tutela que no se analizó el informe psicológico ni el certificado médico forense aludidos en la demanda de acción de libertad, considerando el estado de vulnerabilidad de la víctima y demás circunstancias que le hacen al riesgo de obstaculización como al de fuga. Consiguientemente, lo denunciado por los impetrantes de tutela en sentido que la Vocal demandada pronunció el Auto de Vista 234/2021, vulnerando el derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración probatoria y presunción de inocencia; no es evidente, por haberse constatado que actuó con la facultad que la ley le atribuye, resolviendo el recurso de apelación incidental planteado, efectuando la compulsa de los antecedentes procesales, valorando los elementos probatorios y cumpliendo con las reglas del debido proceso en la emisión de la Resolución cuestionada, conforme lo establecido por la jurisprudencia constitucional citada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, no siendo cierto que hubiere lesionado el derecho fundamental invocado; lo que determina, no se abra el ámbito de protección de la acción de libertad, correspondiendo por ello, se deniegue la tutela impetrada.
Se remarca que el acta de audiencia, se constituye en una certificación o testimonio escrito que da cuenta de lo sucedido en ese actuado procesal -en éste caso de consideración de la acción tutelar-; misma que, a su vez se constituye en la constancia de las declaraciones y argumentos exhibidos por las partes. En consecuencia, se recomienda la observancia del art. 29.4 inc. f) del Código Procesal Constitucional (CPCo), al Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Potosí, quien en lo sucesivo deberá enviar el acta adecuadamente redactada, permitiendo identificar de manera clara la exposición de fundamentos de los sujetos procesales y autoridades.
En consecuencia, el Juez de garantías al denegar en parte la tutela solicitada, actuó de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 04/2021 de 7 de diciembre, cursante de fs. 173 a 185, dictada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia DENEGAR en todo la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0084_2023-S2.pdf · páginas 1 a 13.
Huella digital del PDF (SHA-256): d5a7526a08696b449ba6f85e8df5eca06fbe5e6b292e236b42c370530ccf6683
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