Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 26 de abril de 2024
Concede en parte la tutela
La parte accionante, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo, denuncia que los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandados- a través del Auto de Vista 070/2022 de 29 de julio vulneraron sus derechos a la defensa, tutela judicial efectiva, al debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba, seguridad jurídica y objetividad; toda vez que: i) Si bien se aludió a lo dispuesto en el proveído de 11 de septiembre de 2020, pero no hizo referencia que la misma no ordena de manera expresa la elaboración de la planilla de costas procesales conforme prevé el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 106/2022 de 22 de agosto, cursante de fs. 62 a 69 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada respecto a la primera, segunda y tercera problemática con relación a los derechos al debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, a la defensa y tutela judicial efectiva, por lo que se dispone dejar sin efecto el Auto de Vista 070/2022 de 29 de julio a fin de que se emita uno nuevo conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela respecto a la denuncia de la lesión del debido proceso en su elemento de fundamentación motivación relacionado al primer cuestionamiento de la segunda problemática, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0082/2024-S1 Sucre, 26 de abril de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 49871-2022-100-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 106/2022 de 22 de agosto, cursante de fs. 62 a 69 vta. pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Ruth Rodríguez Maldonado contra Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro y María Leonor Abasto Saavedra, Jueza Pública Civil y Comercial Decimotercera de la Capital del mismo departamento (Vocal suplente de la mencionada Sala).
Por memorial presentado el 12 y 17 de agosto de 2022, cursante de fs. 29 a 39 vta.; y, 43 y vta., la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la supuesta comisión del delito de cohecho pasivo, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro mediante Auto Interlocutorio 128/2022 de 27 de mayo declaró infundado la observación a la planilla de costas y consecuentemente dispuso la aprobación de dicha planilla; al efecto, en aplicación del art. 272 del Código de Procedimiento Penal (CPP) conminó al pago de la misma al tercer día; empero, no dio cumplimiento a dicha norma respecto al plazo de veinticuatro horas para disponer la elaboración de esa planilla una vez ejecutoriada la sentencia, pretendiendo subsanarlo después de varios meses o años; asimismo, hizo alusión a la ilegalidad de la planilla de costas procesales y honorarios de 4 de referido mes y año, donde en la apelación se refirió también que la misma es ilegal porque contiene datos erróneos, siendo que la funcionaria judicial no considero que nuestra legislación asumió una administración de justicia gratuita donde se suprimió los timbres y valores judiciales.
En ese sentido, los Vocales ahora demandados al momento de resolver su recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 128/2022, no consideraron su derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación y valoración de la prueba, además del principio de congruencia, legalidad y seguridad jurídica; toda vez que, por Auto de Vista 070/2022 de 29 de julio, al declarar procedente en parte su impugnación le dejó en indefensión, sin tutela judicial efectiva, ya que si bien se aludió a lo dispuesto en el proveído de 11 de septiembre de 2020 señaló que "Por secretaria se emita el mandamiento de condena correspondiente con la masificación establecida en el Auto de la fecha, cúmplase con la remisión de obrados y todo lo dispuesto en la parte resolutiva de la sentencia" (sic) pero no refirió que la misma no ordena expresamente la elaboración de la planilla de costas conforme prevé el art. 272 del CPP. Asimismo, el Tribunal de alzada no consideró que con el referido proveído de 11 de septiembre de 2020, no fueron notificados los sujetos procesales, aspecto que está plenamente certificado por la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, mediante certificación de 10 de junio de 2022, el informe de la administradora de Sistemas Informáticos del Consejo de la Magistratura y captura de pantalla del Sistema Integrado de Registro Judicial (SIREJ), cuyas pruebas fueron ofrecidas en segunda instancia conforme al art. 404 del CPP que si bien fueron aceptadas, pero no fue considerado o valorado a momento de resolver su apelación constituyéndose la misma en una franca lesión de su derecho a la defensa y debido proceso.
El Tribunal de alzada argumenta que su persona debió plantear recurso de reposición contra el proveído de 28 de abril de 2022, al no hacerlo hubiera consentido esa decisión en relación a la planilla de costas procesales, razonando de manera tajante para que su persona cumpla con los plazos, pero el incumplimiento de plazos por parte del Tribunal a quo respecto al plazo de veinticuatro horas de ejecutoriada la sentencia para ordenar la elaboración de la planilla de costas conforme prevé el art. 272 del CPP, no es merecedor de observación o recriminación, pues lo consienten y le dan por bien hecho en franco desconocimiento del principio de igualdad de las partes, no porque el Juez tenga la calidad de impartidor de justicia no deba cumplir los plazos para el cumplimento de sus funciones y atribuciones.
Por otra parte, el Tribunal de apelación consciente de que el Tribunal a quo mediante proveído de 28 de abril de 2022 (emitido después de un año y nueve meses de ejecutoriada el fallo), subsane su omisión, de manera oficiosa sin que exista solicitud del querellante de forma tardía e ilegal se dispuso la elaboración de la planilla de costas procesales; empero, si se da una lectura del citado proveído se podrá evidenciar que no hizo referencia a la elaboración de dicha planilla, menos hizo alusión al cumplimento de la normativa legal; respecto al cual, el citado Tribunal de alzada señalando que es correcta esa actitud pretendió convalidar lo dispuesto por el mencionado proveído de 11 de septiembre de referido año, que en ninguna de las partes hace alusión a la orden expresa de elaboración de la mentada planilla de costas.
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba y seguridad jurídica y objetividad; citando al efecto, los arts. 115, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 070/2020 de 29 de julio y en su mérito se emita un nuevo fallo conforme al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y valoración de la prueba respectando los principios de congruencia y seguridad jurídica.
Celebrada la audiencia pública el 22 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 55 a 61 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó íntegramente el contenido de su memorial de acción de amparo constitucional.
Daniel Rolando Copa Roque, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro y María Leonor Abasto Saavedra, Jueza Pública Civil y Comercial Decimotercera de la Capital del mismo departamento (Vocal suplente de la mencionada Sala), mediante escrito presentado el 19 de agosto de 2022 cursante a fs. 51 y vta., manifestó que: a) Con relación al reclamo de la falta de notificación del proveído de 11 de septiembre de 2020, la misma no fue cuestionado en la apelación incidental, solo se refirió sobre la inexistencia del proveído, por tal motivo no se hizo el análisis del mismo, por lo que no puede alegarse otro agravio, ya que no fue objeto de análisis en la resolución del Auto de Vista 070/2022 de 29 de julio; b) Respecto a la orden que debió realizar el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, se debe tener presente que dispusieron por secretaria se cumpla con todo lo dispuesto en la parte resolutiva de la Sentencia; es así que, si se revisa la parte dispositiva se dispuso las costas procesales, no pudiendo perderse de vista que esa providencia nos lleva a revisar la sentencia, para poder verificar cuales fueron las disposiciones que realizó el Tribunal, por lo que la parte ahora accionante no puede alegar desconocimiento de que no hubo una orden expresa para la elaboración de la planilla de costas; c) Sobre la providencia de 28 de abril de 2022, esta no refirió a la parte que es susceptible de recurso de reposición (art. 402 del CPP) y el plazo para interponerlo, cabe señalar que, aun cuando el Tribunal a quo no haya señalado que es recurrible la misma, el plazo y quienes pueden interponer, no se puede plantear recurso alguno, ya que son los abogados quienes asisten a sus clientes y tienen el pleno conocimiento de los plazos, para poder interponer cualquier tipo de recurso; d) Con relación al plazo para la elaboración de la planilla de costas, cabe referir que el Tribunal a quo, ya hubo justificado los motivos por los cuales no se pudo hacer efectivo dicho cumplimiento, siendo a causa del cambio de los funcionarios, motivos de salud, entre otros, es decir el Secretario del Juzgado, quien es el encargado de elaborar la planilla; e) Asimismo, se debe tener presente la SC 1677/2010-R de 25 de octubre que respecto a la elaboración de la planilla de costas señaló y ratificó lo previsto por el art. 272 del CPP, señalando de manera textual que debe ser de oficio, no siendo necesario la presentación de una demanda y el impulso de alguna de las partes, por lo que el Tribunal hubiera estado en lo correcto al disponer de oficio que se realice la planilla de costas; y, f) En ese sentido, el Auto de Vista 070/2022 se emitió conforme a la normativa legal, no existiendo una falta de fundamentación, motivación; y, con relación a la valoración de la prueba, se debió tener presente que en alzada no se puede ingresar a valorar la prueba, solo hacer un control cuando el a quo realizó un análisis previo de los mismos, por lo que no existe ninguna vulneración a la parte impetrante de tutela, solicitando que se deniegue tutela solicitada.
Miguel Flores Adrián, mediante escrito presentado el 22 de agosto de 2022 cursante a fs. 53 a 54, manifestó que: 1) Le causa asombro que el accionante pretende desconocer el art. 14 del CPP, al señalar que la parte víctima no hubiera solicitado el pago de las costas procesales así como los daños y perjuicios como ex fiscal sabe que de la acción penal también nace la acción civil para la reparación de daños y perjuicios emergentes; 2) Por Sentencia de 6 de julio de 2018 el Tribunal de Sentencia Penal Segundo condenó a Ruth Rodríguez Maldonado a 3 años y 6 meses de reclusión por la comisión del delito de cohecho pasivo propio con pago de costas y responsabilidad civil a favor del estado y la victima; 3) La citada Sentencia esta ejecutoriada y corresponde hacer cumplir en los términos determinados, por lo que el Tribunal de sentencia en observancia del art. 14 del CPP, lo único que hizo es dar estricta cumplimiento a dicha sentencia; 4) La accionante en su calidad de fiscal aprovechando mi desesperación estando sometido a medidas sustitutivas le sonsacó la suma de Sus1 000.- y Bs800.- con promesa de obtener resolución a mi favor, empero dicho dinero nunca fue recuperado, siendo que le imploro en varias oportunidades; 5) De la revisión de antecedentes en relación a la planilla de costas y regulación de honorarios la autoridad de primera y segunda instancia lo único que hicieron es dar cumplimiento al art. 272 del CPP si hubo alguna demora en el plazo ello no implica de ningún manera extensión del derecho al pago de daños y perjuicios; y, 6) Además el Tribunal de alzada fue claro al señalar que la accionante no impugnó el decreto de 28 de abril de 2022 mediante el recurso de reposición, por lo que consintió y convalidó la disposición del Tribunal a quo, por lo que pidió se declare improcedente in limine la acción tutelar.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro, mediante Resolución 106/2022 de 22 de agosto, cursante de fs. 62 a 69 vta., denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: i) El memorial de acción de amparo constitucional es amplio, reiterativa y confuso -inclusive- pero es necesario extraer los fundamentos y los motivos que orillaron a la parte accionante a formular la presente acción tutelar; ii) Existió un proceso penal concluido y ejecutado -inclusive-, en el cual la parte peticionante de tutela solicitó la devolución de fianza que fue observada; por el cual, surgió el presunto acto ilegal, la decisión aparentemente oficiosa del Tribunal a quo de interrumpir esa petición para aparentemente garantizar el resarcimiento al daño civil o el pago de costas procesales a la víctima, advirtiendo que la sentencia condenatoria contenía imposición de costas y después de casi dos años de concluido este proceso, se percata de este hecho y de oficio emite una providencia donde ordena que con carácter previo a hacerse su devolución deba primero pagarse las costas conforme prevé el art. 272 del CPP; 3) Este elemento lo consideran inoportuno, ilegal, indebido y arbitrario por la interpretación literal que se hace del mencionado precepto legal que a la letra dice "El juez o tribunal ordenará la elaboración de la planilla de costas en el plazo de veinticuatro horas de ejecutoriada la resolución. Las observaciones a la planilla se tramitarán por vía incidental. La resolución del juez o tribunal tendrá fuerza ejecutiva y se hará efectiva en el mismo proceso, sin recurso ulterior, en el término de tres días" (sic); iii) Lo cual se denunció que el Tribunal hubo dispuesto de forma oficiosa la elaboración de planillas para el pago de costas procesales a favor de la víctima, cuando esta no fue solicitado en ninguno de sus apersonamientos, refiriendo que es un actitud oficiosa, debiendo haber planteado la solicitud de tasación de costas porque eventualmente este derecho puede prescribir -le señala-; iv) Se reclamó también que independientemente de aquello, se hubo realizado esta petición cuando el Tribunal tenía la obligación de hacerlo de oficio en veinticuatro horas a partir de ejecutoriada la sentencia ese es el componente principal en cuanto a la interpretación del art. 272 del CPP; v) Asimismo, se hace otra serie de denuncias, de que el decreto de 11 de septiembre del 2020 no existía en primer orden, luego se demostró que estaba y se cuestionó pero que no fue notificado a las partes, por lo tanto, se entiende que no habría generado efecto vinculatorio alguno de las partes, luego se refirió que el decreto de 28 de abril de 2022 por los cuales el Tribunal a quo reitera la elaboración de las planillas, no advirtió a las partes conforme dispone el art. 123 del CPP que dicha resolución era recurrible, porque entiende que de ser recurrible y de hacer uso de ese recurso de repente hubiese podido cambiar el resultado de esa decisión, pero se reclamó que se dejó en indefensión, por no habérsele advertido en que tiempo y que tipo de recurso pudieran haber formulado contra ese proveído; vi) Las autoridades ahora demandadas respondieron que no tomaron en cuenta en la resolución ese fundamento porque el argumento de la apelación iba a la inexistencia de la resolución y no a la falta de notificación; en relación a que la providencia de 28 de abril de 2022 no hubo advertido de la posibilidad de un recurso, este elemento es irrelevante, porque la parte impetrante de tutela que tiene patrocinio legal debió haber formulado su recurso; y, en cuanto a los Bs50.- (cincuenta bolivianos) por gastos procesales, timbres y otras cosas, le dice explique la secretaria nuevamente pero en cuanto a la imposición de honorarios profesionales esta decisión es correcta, entonces a criterio de ellos, cumplen con haber fundamentado y motivado adecuadamente; además, señalan que ni siquiera deberían haber admitido esta acción tutelar por razón de subsidiariedad, en razón a que el decreto de 28 de abril de 2022 no fue impugnado; vii) Por ese motivo en especial, este Tribunal de garantías pudo haber optado por activar el principio de subsidiariedad y decir, efectivamente la aprobación de la planilla de costas y costos dependía mucho del resultado del recurso de reposición que sin embargo no fue advertido a las partes pudo haber cambiado el destino de esta situación, por lo tanto esta acción de amparo constitucional no es el remedio ideal, pero debido a la relevancia constitucional deberá ingresarse a analizar esos elementos sin perjuicio de denegarse la tutela; viii) Efectivamente, se hizo una denuncia sobre la inexistencia de la providencia del 11 de septiembre de 2020 que luego se acreditó que si existía pero que no se habría notificado, ese elemento resultó intrascendente a la acción de amparo constitucional subsecuente y metódicamente convalidado por la propia accionante cuando no lo reclamó en su oportunidad, cuando ni siquiera fue parte de otros reclamos, inclusive a la formulación de su propia petición de devolución de fianza para pedir oportunamente su saneamiento, no existe una petición de saneamiento expresa antes de formularse el recurso de apelación, y la acción de amparo constitucional, por lo tanto entendemos que en función a los principios que rigen a las nulidades procesales estos fueron convalidados; ix) En cuanto a la fundamentación, las autoridades de segunda instancia, manifestaron su parecer y su posición con respecto a la falta de notificación, recondujeron el proceso, acogieron parcialmente el recurso de apelación en cuanto a la determinación de los Bs50.- denegaron en cuanto a la planilla de costas relativos a los honorarios profesionales, manifiestan que ese elemento no era trascendente y entendemos de esa manifestación que está expresamente sustentada que responde cabalmente a todas las premisas del memorial de apelación incidental, por lo tanto esta resolución en esa estructura contiene la suficiente motivación y fundamentación que la hacen entendible y que responde en grado de congruencia a los postulados del recurso de apelación, incluso atiende a uno de ellos en cuanto a la revocación parcial del mismo; x) Ahora, para determinar el elemento de relevancia constitucional debemos ir incluso al principio, es decir, que es lo que pidió la parte peticionante de tutela en el memorial de acción de amparo constitucional, y en la parte del petitorio que es la parte vinculante al principio de congruencia refiere que se declare probada su observación a la planilla y se deje sin efecto la misma y la cancelación ya que se dispuso fuera del plazo establecido en el art. 272 de CPP; xi) El único argumento sustentable de esta resolución es que precisamente se está pidiendo que se deje sin efecto dicha planilla por haber sido emitida después de las veinticuatro horas que dice el art. 272 del CPP, y la reitera que al 28 de abril de 2022 ya habrían transcurrido varios meses, incluso años de la ejecutoria de la sentencia, y que al presente este plazo se encuentra prescrito; habría que hacer un análisis semántico de lo que es prescripción o caducidad que no corresponde en esta instancia, cuyo cuestionamiento del incumplimiento del plazo de las veinticuatro horas determina la relevancia de la resolución de segunda instancia y en esta resolución se le explico que más allá de eso el plazo incluso no puede abstraer para decir que la orden de practicar la liquidación de la planilla fuera ilegal, genera otro tipo de responsabilidades; xii) De igual forma existe una contradicción en los fundamentos de la acción de defensa que son precisamente los que le quitan relevancia constitucional para analizar este cumulo de defectos procesales denunciados, que por una parte se dice no tenía por qué haberse ordenado de oficio la planilla de costos y costas procesales, eso un primer presupuesto, pero contradictoriamente el otro argumento de la acción de amparo constitucional es que la ley refiere que si se puede hacer pero debe ser en el plazo de veinticuatro horas y se lo realizo después de casi dos años, aspecto que le quita relevancia constitucional, por fin puede hacerse o no de oficio, "entiendo que sí", el contenido del art. 272 del CPP es claro; xiii) Ahora, el incumplimiento de este plazo, que los Jueces del Tribunal de Sentencia no hayan advertido la recurribilidad del Auto de 28 de abril de 2022, que no se haya notificado oportunamente con la providencia de 11 de septiembre de 2020, si bien son defectos procesales pero no son tan relevantes para activar la presente acción tutelar, generan responsabilidad administrativa disciplinaria de los servidores judiciales que cometieron esas acciones y omisiones si, el hecho de no haber ordenado de oficio el cumplimiento en la elaboración de planilla en las veinticuatro horas es una responsabilidad de las autoridades sí, porque hay un incumplimiento, pero este derecho deberá activarlo la parte accionante a la vía administrativa correspondiente, no son suficientes motivos aquellos como para que este Tribunal puede entender que esta liquidación de la planilla sea ilegal, los argumentos sobre si podría existir una factura, un recibo o incluso una iguala profesional son irrelevantes porque son subjetivos; y, xiv) En ese antecedente este Tribunal no encuentra fundamento alguno como para entender que la resolución de segunda instancia sea ilegal, arbitraria o indebida por lo tanto la denuncia de vulneración de derechos no fue debidamente justificada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente:
II.1. Mediante Auto interlocutorio 149/2020 de 11 de septiembre, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Ruth Rodríguez Maldonado -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo, en aplicación del art. 53 del Código Penal (CP) determinaron que la pena impuesta a la prenombrada sea cumplida en el Centro Penitenciario La Merced del referido departamento (fs. 3). II.2 Se tiene proveído de 11 de septiembre de 2020, a través del cual el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamos de Oruro, señaló:
"...emítase el mandamiento de condena correspondiente con las modificación establecida en el auto de la fecha, cúmplase con la remisión de obrados y todo lo dispuesto en la parte resolutiva de la sentencia condenatoria" (sic [fs. 2 vta.]). II.3. A través de Memorial presentado el 26 de abril de 2022, la parte peticionante de tutela además de solicitar el desarraigo pidió la devolución de la fianza económica de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos) (fs. 5 a 6). II.4. Mediante proveído de 28 de abril de 2022, el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, señaló que:
"...Con carácter previo a disponer lo que fuera de ley es necesario que por secretaria se de cumplimiento a lo dispuesto en relación a la planilla de costas procesales y la remisión de obrados dispuestas en la sentencia ejecutoriada..." (sic [fs. 7]). II.5. Consta Planilla de Costas Procesales y Honorarios de 4 de mayo de 2022 emitido por la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, en cumplimiento de la providencia de 28 de abril del mismo año, en la cual como gastos originarios durante la tramitación se tiene la suma de Bs50.-; respecto a los honorarios profesionales y gastos durante el trámite del proceso asciende a la suma total de Bs6 550 00.- (seis mil quinientos cincuenta bolivianos) (fs. 8). Al efecto cursa copia de decreto de la misma fecha por el cual la autoridad judicial dispuso que la citada planilla pase a conocimiento de las partes (fs. 9). II.6. Por escrito presentado el 18 de mayo de 2022, la parte impetrante de tutela reiteró la cancelación de medidas cautelares; asimismo, en el "Otrosí 1ro." reiteró su impugnación a la planilla de costas procesales (fs. 10 a 11). II.7. Mediante Auto 128/2022 de 27 de mayo, los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, declararon infundado la observación a la planilla de costas procesales, por lo que dispusieron la aprobación de la misma en aplicación del art. 272 del CPP, conminándose al pago el tercer día (fs. 12 y vta.). II.8. A través de escrito presentado el 7 de junio de 2022, la parte accionante interpuso recurso de apelación contra el Auto 128/2022, pidiendo que una vez remitido la impugnación ante el superior en grado se disponga la revocatoria del citado Auto y en su mérito se declare probada la observación a la planilla, dejando además sin efecto la misma y la cancelación por haberse dispuesto fuera del plazo previsto en el art. 272 del CPP, alegando a esos efectos los siguientes extremos:
"i) Mediante memorial de 26 de abril de 2022, solicitó el desarraigo y la devolución de fianza, empero el Tribunal a quo de oficio por proveído de 28 de abril de 2022 dispuso que: "...Con carácter previo a disponer lo que fuere de ley es necesario que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto con relación a la planilla de costas procesales..." (sic) siendo que la supuesta víctima en ninguna etapa del proceso solicitó la misma; posteriormente el 6 de mayo de 2022 fue notificada con la planilla de costas, por lo que al amparo del art. 119 II de la CPE, impugnó esa planilla expedido por Secretaria del juzgado, siendo que la misma es atentatorio a sus derechos, puesto que actuó de manera oficiosa, beneficiando así a la víctima actitud que denota una total parcialización; ii) En respuesta a su pretensión de 13 de mayo de 2022 fue notificado con el proveído 12 del citado mes y año que respecto al Otrosí 3ro señaló que deja expresa constancia que actuó en el marco de la imparcialidad, asimismo hace notar que se está dando cumplimiento al art. 272 del CPP, ya que las costas procesales fueron impuesta tanto en la Sentencia como en el Auto de Vista y que mediante decreto de 11 de septiembre de 2020 se dispuso que por secretaria se cumpla con todo lo dispuesto en la parte resolutiva de la Sentencia, empero debido al cambio de personal sub alterno, no se cumplió ese aspecto, por lo que reitera la orden a la secretaria; es decir que, el proveído contenía información errónea e imprecisiones cuando hace alusión a la existencia del proveído de 11 de septiembre de 2020, siendo este extremo erróneo e inexistente; iii) Asimismo, hizo notar que en el proveído de 12 de mayo de 2022, el Tribunal a quo no dio cumplimiento al art. 272 del CPP, ya que las costas procesales fueron impuestos tanto en la Sentencia como en el Auto de Vista; empero dicho Tribunal recién el 28 de abril del citado año, después de varios meses, años de ejecutoriada la sentencia, dispone que se elabore la planilla de costas procesales, no siendo cumplida en su oportunidad, incumpliendo con el plazo de su emisión ya que al presente ya ha prescrito; iv) Asimismo, conforme prevé el art. 404 de la CPP se considere la certificación como prueba en segunda instancia, que permitirá comprobar que la Sentencia fue ejecutoriada en la gestión 2020 y recientemente el 28 de abril de 2022 la Autoridad Judicial vulnerando sus derechos como el debido proceso, la legalidad y a la defensa pretende dar cumplimiento al art. 272 del CPP, también conforme al informe y la captura de pantalla que se emitió por el encargado de la Unidad de Sistemas del Consejo de la Magistratura, refiere que "si se realizaron" las correspondientes diligencias de notificación con el decreto de 11 de septiembre de 2020, que jamás fue emitido por el Tribunal a quo, por el contrario existe un Auto Interlocutorio 149/2020 de 11 de septiembre; y, v) La planilla de costas procesales y honorarios de 4 de mayo de 2022, es ilegal porque contiene datos erróneos e improbados, siendo que la funcionaria judicial a momento de emitir la misma no considera que nuestra legislación ha asumido una administración de justicia gratuita, donde se ha suprimido los timbres, valores judiciales, por lo que los gastos originarios duranter la tramitación del proceso por Bs 50.-, es erróneo, lo propio sucede respecto a la asignación del monto de los honorarios profesionales según Arancel del Colegio de Abogados, donde no se tiene una iguala profesional" (fs. 13 a 18 vta.). II.9. Se tiene Certificación de 10 de junio de 2022 por el cual la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, certifica que en el caso signado con NUREJ 201404653 señala que la Sentencia 29/2018 de 6 de julio se encuentra debidamente ejecutoriada conforme prevé el art. 126 del CPP, siendo la fecha de ejecutoria el 3 de julio de 2020; asimismo, refiere que una vez revisado el cuaderno procesal y SIREJ se tiene que la providencia de 11 de noviembre de 2020 se dio cumplimiento expidiéndose el mandamiento de condena y sus respectivas notificaciones al Juez de Ejecución Penal, REJAP y Ministerio Público (adjunta captura de pantalla de dicho decreto del sistema SIREJ); y, "...con la providencia de fecha 11 de septiembre de 2020 los sujetos procésales no fueron notificados" (sic [fs. 22]). II.10. Los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Auto de Vista 070/2022 de 29 de julio, luego de señalar los antecedentes del caso, exponer los agravios y los fundamentos jurídicos, declararon PROCEDENTE EN PARTE el recurso de apelación incidental interpuesto por la parte peticionante de tutela y en su mérito revocó el Auto Interlocutorio 128/2022 de 27 de mayo por lo que dispuso que por secretaria se elabore nueva planilla de costas procesales y honorarios solo referente a los timbres y otros, debiendo detallar de manera específica de donde deviene el monto de Bs50.- sea en plazo de veinticuatro horas una vez devuelta el testimonio de apelación, todo ello bajo los siguientes argumentos:
"...Posteriormente en fecha 26 de abril de 2022 la parte sentenciada Ruth Rodríguez Maldonado, presenta memorial de Apersonamiento, Solicita Desarraigo y Devolución de Fianza, ante aquella solicitud el Tribunal A quo, por proveído de fecha 28 de abril de 2022 dispone: "... Con carácter previo a disponer lo que fuere de ley es necesario que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en relación a la planilla de costas procesales y la remisión de obrados dispuestas en la sentencia ejecutoriada en el caso de autos. Una vez cumplido aquel aspecto ingrese obrados a despacho para resolución..."; proveído con la que fue notificada la defensa técnica de la parte sentenciada en fecha 28 de abril de 2022, así se tiene de fs. 50 del testimonio de apelación. Al respecto cabe señalar que ante la solicitud de la devolución de fianza el Tribunal A quo dispuso que con carácter previo a disponer lo que fuere de ley es necesario que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en relación a la planilla de costas procesales, aspecto que no fue en ningún momento observado o planteado reposición ante dicha determinación, siendo que la parte ahora incidentista Ruth Rodríguez Maldonado, tuvo la oportunidad de plantear reposición contra la providencia de fecha 28 de abril de 2022, si es que no estaba de acuerdo con la determinación que realizó el Tribunal A quo, conforme determinan el art. 401 del CPP, que señala: "El recurso de reposición procederá solamente contra las providencias de mero trámite, a fin de que el mismo Juez o tribunal, advertido de su error, las revoque o modifique.", en ese sentido se puede establecer que la parte ahora incidentista convalidó la disposición del Tribunal A quo al no haber planteado el recurso de reposición, cuando dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en relación a la planilla de costas procesales. En ese sentido, al haber aceptado tácitamente la disposición la providencia de fecha 28 de abril de 2022 para la elaboración de la planilla de costas procesales, al no haber planteado la reposición a la decisión asumida por el Tribunal A quo, que ahora considera que fue desfavorable a sus intereses, que en su debido momento pudo haber sido modificado o incluso ser revocado, empero, al haber convalidado dicha determinación, ya no puede reclamarse conforme el art. 272 del CPP, ya que el mismo Código regula dentro de las reglas generales de los recursos en su art. 396 núm. 3), que: "Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determina en este Código, con indicación especifica de los aspectos cuestionados de la resolución"; asimismo, el art. 160 del CPP, en el régimen de las comunicaciones establece que las notificaciones tienen por objeto hacer conocer a las partes o a terceros las resoluciones judiciales y en el presente caso la parte ahora incidentista fue debidamente notificada, así se tiene de la diligencia de notificación de fs. 50 del testimonio de apelación. Segundo. A efectos de realizar el análisis de la realización de las costas, corresponde mencionar la SC Nro. 1677/2010-R de 25 de octubre que señaló: "Las costas procesales en materia penal, se encuentran reguladas por el Libro Sexto, Titulo Primero, Capitulo Primero, arts. 264 al 272 del CPP (...) Corresponde la autoridad que conoce el proceso en la resolución final del proceso, del incidente o del recurso determinar motivadamente quien debe soportar las costas y de acuerdo con los preceptos del art. 272 del CPP una vez ejecutoriada la resolución, en el plazo de veinticuatro horas el Juez elaborara la elaboración de la planilla de costas. Tal actuado importa un trámite interno dentro del órgano jurisdiccional pues de un lado, de acuerdo a la citada norma la imposición de costas no es una demanda..."; lo que nos da entender que el Tribunal A quo, ha actuado de manera correcta al disponer de oficio que se realice la planilla de costas, no siendo necesario que la parte víctima presente alguna solicitud de elaboración de planilla de costas y costos del proceso, por lo que respecto a lo señalado por la parte recurrente no tiene asidero legal. Con relación al proveído de fecha 11 de septiembre de 2020, de que no existiría en obrados, más al contrario existiría un Auto Interlocutorio Nro. 149/2020 de fecha 11 de septiembre de 2020 cursante a fs. 433 de obrados, al respecto cabe señalar que del testimonio de apelación se advierte a fs. 30 vita. el proveído de fecha 11 de septiembre de 2020, que dispone: ""Por secretaria se emita el Mandamiento de Condena correspondiente con la modificación establecida en el Auto de la fecha, cúmplase con la remisión de obrados y todo lo dispuesto en la parte resolutiva de la Sentencia"; asimismo, se tiene de la certificación de la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Nro. 2 de la Capital, de fecha 10 de junio de 2022 y la captura del sistema SIREJ, asimismo, el informe de la Ing. Gabriela Condori Sánchez, donde señala que se encuentra el actuado del decreto de fecha 11 de septiembre de 2020 de horas 13:20:54 saliente a fs. 130 complementado a 135 del testimonio de apelación. En ese sentido se puede establecer que se encuentra en obrados y el sistema el proveído de fecha 11 de septiembre de 2020 y no como refiere la incidentista, evidenciándose la existencia de ambos actuados tanto el proveído de fecha 11 de septiembre de 2020 y el Auto Interlocutorio Nro. 149/2020 de fecha 11 de septiembre de 2022, no existiendo ninguna irregularidad al respecto. Tercero.- Ahora referente a la impugnación de la planilla de Costas Procesales y Honorarios de fecha 4 de mayo de 2022 emitido por la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal No. 2 de Oruro, señalando que es ilegal porque contiene datos erróneos e improbados y no considera que la administración de justicia es gratuita, donde se ha suprimido la existencia de timbres, valores judiciales, al respecto cabe señalar, lo que refiere el art. 264 del CPP, y nos da a entender que cuando se elabora la planilla de Costas Procesales y Honorarios, se deben tomar tres punto: primero, los gastos originados durante la tramitación del proceso, tales como el importe del papel sellado, timbres y otros que corresponda por la actuación judicial; segundo, los honorarios de los abogados, peritos, consultores técnicos, traductores e intérpretes; y, tercero, la remuneración de los jueces ciudadanos, la que será imputada a favor del Estado; en el presente caso la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal No. 2 de Oruro, tomo en cuenta el importe del papel sellado, timbres y el honorario de los abogados, así se detalla de la planilla de Costas Procesales y Honorarios de fecha 4 de mayo de 2022, detallando el monto de los honorarios profesiones por etapas, 1.-Etapa preparatoria, Bs. 2.500.-; y 2.- Juicio Oral público Bs. 4.000.- regulación que lo hace a de acuerdo al Arancel Mínimo del Ilustre Colegio Departamental de Abogados;
lo cual considera este Tribunal de Alzada que esta regulaciones está acorde y conforme a nuestra normativa. Para hacer mayor énfasis a la regulación de Honorarios Profesionales, bajo los principios de razonabilidad, objetividad y sana crítica, deberán ser tasados por el juzgador sobre la base mínima establecida en el arancel del Colegio de Abogados, vigente al momento de plantearse la demanda de acción de amparo constitucional; debiendo para ello, efectuarse una ponderación de la labor jurídica efectuada por el abogado, atendiendo para ello, la naturaleza y complejidad del tema; el resultado obtenido; la calidad, eficacia y extensión del trabajo, así como la trascendencia jurídica, moral y económica del asunto; parámetros que permitirán al administrador de justicia, establecer el honorario profesional reclamado como parte de las costas procesales de la acción tutelar, razonamiento que lo recogió el Auto Constitucional Plurinacional Nro. 0001/2019-CDP de 5 de febrero de 2019, aspectos que deben ser considerados por la parte ahora recurrente. Cuarto.- Con relación a la regulación de Timbres y otros, en la planilla de costas procesales, donde hace el cálculo de Bs. 50.-, cabe mencionar la Secretaria del Tribunal de Sentencia debe hacer un cálculo detallado de donde sale el monto de Bs. 50.- señalando si son las hojas y cuantas hojas, si hay timbres, en que fojas, Comprobantes de pago a fojas, para que ambas partes puedan tener la certeza de donde sale ese monto y no hacer mención simplemente de manera genérica timbres y otros. En ese sentido respecto al detalle que figura en la tabla de las costas Procesales y Honorarios, referente a Timbres y otros, se debe realizar una nueva explicación de manera detallada de donde deviene ese monto de Bs. 50.-, a efectos de no causar ninguna susceptibilidad para ambas partes. Por lo que, bajo los fundamentos expuestos precedentemente corresponde declarar procedente en parte el recurso de apelación planteado por Ruth Rodríguez Maldonado" (fs. 25 a 28 vta.).
La parte accionante, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo, denuncia que los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandados- a través del Auto de Vista 070/2022 de 29 de julio vulneraron sus derechos a la defensa, tutela judicial efectiva, al debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba, seguridad jurídica y objetividad; toda vez que: i) Si bien se aludió a lo dispuesto en el proveído de 11 de septiembre de 2020, pero no hizo referencia que la misma no ordena de manera expresa la elaboración de la planilla de costas procesales conforme prevé el art. 272 del CPP; asimismo, no consideraron que con el citado proveído no fueron notificados los sujetos procesales, aspecto que está debidamente probado mediante un certificado y un informe, que fueron ofrecidos en segunda instancia, pero no fueron valorados, lo cual vulnera su derecho a la defensa; ii) El argumento de que su persona debió plantear recurso de reposición contra el proveído de 28 de abril de 2022, y al no hacerlo hubiera consentido dicha decisión en relación a la planilla de costas, razona de manera tajante para que su persona cumpla con los plazos, pero el incumplimiento del plazo de veinticuatro horas para ordenar la elaboración de esa planilla por parte del Tribunal a quo no es merecedor de observación vulnerando el principio de igualdad de las partes; y, iii) Respecto al reclamo de que de oficio sin que exista una solicitud del querellante se dispuso de manera tardía e ilegal la elaboración de la planilla de costas, el Tribunal de alzada señalando que es correcta esa actitud, pretende convalidar lo dispuesto por el proveído de 11 de septiembre de 2020, que no hace alusión a la orden expresa de elaboración de la referida planilla, lesionando con ello sus derechos a la defensa y el debido proceso.
En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; para ello, se desarrollarán los siguientes temas: a) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; b) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; y, c) Análisis del caso concreto.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0333/2020-S1 de 14 de agosto, 0365/2020-S1 de 20 de agosto; y, 0378/2020-S1 de 24 de agosto; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento: El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema.
Bajo esa comprensión, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando.
En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:
i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras).
Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 2 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).
Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.
(demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
3 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
(…).
De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0049/2020-S1 de 13 de julio; 0077/2020-S1 de 17 de julio; 0364/2020-S1 de 20 de agosto; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento: En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:
“el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en 4 SCP 0316/2010-R de 15 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic). (…).
general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia” (el resaltado nos corresponde).
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH), en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:
“77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (las negrillas son adicionadas).
Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:
“(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…” En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.
La parte accionante, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo, denuncia que los Vocales de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandados- a través del Auto de Vista 070/2022 de 29 de julio vulneraron sus derechos a la defensa, tutela judicial efectiva, al debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación, congruencia, valoración de la prueba, seguridad jurídica y objetividad; toda vez que: i) Si bien se aludió a lo dispuesto en el proveído de 11 de septiembre de 2020, pero no hizo referencia que la misma no ordena de manera expresa la elaboración de la planilla de costas procesales conforme prevé el art. 272 del CPP; asimismo, no consideraron que con el citado proveído no fueron notificados los sujetos procesales, aspecto que está debidamente probado mediante un certificado y un informe, que fueron ofrecidos en segunda instancia, pero no fueron valorados, lo cual vulnera su derecho a la defensa; ii) El argumento de que su persona debió plantear recurso de reposición contra el proveído de 28 de abril de 2022, y al no hacerlo hubiera consentido dicha decisión en relación a la planilla de costas, razona de manera tajante para que su persona cumpla con los plazos, pero el incumplimiento del plazo de veinticuatro horas para ordenar la elaboración de esa planilla por parte del Tribunal a quo no es merecedor de observación vulnerando el principio de igualdad de las partes; y, iii) Respecto al reclamo de que de oficio sin que exista una solicitud del querellante se dispuso de manera tardía e ilegal la elaboración de la planilla de costas, el Tribunal de alzada señalando que es correcta esa actitud, pretende convalidar lo dispuesto por el proveído de 11 de septiembre de 2020, que no hace alusión a la orden expresa de elaboración de la referida planilla, lesionando con ello sus derechos a la defensa y el debido proceso. En consecuencia, conforme a las Conclusiones arribadas en el presente fallo constitucional, se tiene Auto interlocutorio 149/2020 de 11 de septiembre, por el cual el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra la ahora peticionante de tutela por la supuesta comisión del delito de cohecho pasivo, determinó que la pena impuesta sea cumplida en el Centro Penitenciario La Merced de referido departamento; asimismo, mediante proveído de la citada fecha señaló: "...emítase el mandamiento de condena correspondiente con las modificación establecida en el auto de la fecha, cúmplase con la remisión de obrados y todo lo dispuesto en la parte resolutiva de la sentencia condenatoria" (sic [Conclusión II.1 y II.2]). Posteriormente, el 24 de abril de 2022, la parte impetrante de tutela además de solicitar su desarraigo pidió la devolución de la fianza económica de Bs5 000.- por lo que el Tribunal a quo, mediante proveído de 28 del citado mes y año, refirió que: "...previo a disponer lo que fuera de ley es necesario que por secretaria se de cumplimiento a lo dispuesto en relación a la planilla de costas procesales y la remisión de obrados dispuestas en la sentencia..." (sic). Al efecto consta planilla de costas y honorarios de 4 de mayo de 2022 emitido por la Secretaria del Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Oruro, la misma que fue puesta a conocimiento de las partes a través de decreto de la misma fecha; empero, la parte accionante el 18 del precitado mes y año reiteró la cancelación de medidas cautelares; asimismo, insistió su impugnación a la planilla de costas; por lo que, el Tribunal a quo mediante Auto 128/2022, declaró infundado la observación a esa planilla y dispuso la aprobación de la misma en aplicación del art. 272 del CPP, conminándose al pago en el tercer día (Conclusión II.3, II.4, II.5, II.6 y II.7). A través de escrito presentado el 7 de junio de 2022, la accionante interpuso recurso de apelación contra el Auto 128/2022 de 27 de mayo. En ese contexto se tiene Certificación de 10 de junio de 2022 por el cual la Secretaria del referido Tribunal, certifica que la Sentencia 29/2018 de 6 de julio se encuentra debidamente ejecutoriada; asimismo, refiere que una vez revisado el cuaderno procesal y el sistema SIREJ se tiene que "...con la providencia de fecha 11 de septiembre de 2020 los sujetos procésales no fueron notificados" (sic). Ulteriormente los Vocales ahora demandados por Auto de Vista 070/2022, declararon PROCEDENTE EN PARTE el recurso de apelación incidental y en su mérito revocaron el Auto Interlocutorio 128/2022 por lo cual dispuso que por secretaria se elabore nueva planilla de costas procesales y honorarios solo referente a los timbres y otros (Conclusión II.8, II.9 y II.10). Ahora bien, en relación a la problemática, por didáctica constitucional, en primera instancia se abordará el objeto procesal inmerso en el inc. i) posteriormente el inc. ii), seguidamente se verificará el inc. iii). En relación a la problemática descrita en el inc. i) Como un primer punto la parte peticionante de tutela denuncia que los Vocales ahora demandados por Auto de Vista 070/2022, vulneraron sus derechos; toda vez que, si bien se aludió a lo dispuesto en el proveído de 11 de septiembre de 2020, pero no hizo referencia que la misma no ordena de manera expresa la elaboración de la planilla de costas procesales conforme prevé el art. 272 del CPP; asimismo, no consideraron que con el citado proveído no fueron notificados los sujetos procesales, aspecto que está debidamente probado mediante un certificado y un informe, que fueron ofrecidas en segunda instancia, pero no fueron valorados, lo cual vulnera su derecho a la defensa. Al respecto, previamente cabe señalar la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, el cual refirió que la fundamentación es la labor argumentativa por el cual la autoridad competente en la resolución de un caso está impelido de citar las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, en casos específicos y necesarios tiene la obligación interpretar la norma aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional; cuya motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación. En ese marco de la contrastación del memorial del recurso de apelación incidental (Conclusión II.8) con los fundamentos del Auto de Vista 070/2022 (Conclusión II.10) se advierte que luego de identificarse el agravio o cuestionamiento referido a lo dispuesto en el proveído de 11 de septiembre de 2020, los Vocales ahora demandados señalaron que con relación a que dicho proveído no estaría en obrados y que más al contrario existiría el Auto Interlocutorio 149/2020 de 11 de septiembre; al respecto, cabe señalar que del testimonio de apelación se advierte el proveído de 11 de referido mes y año que dispone: "Por secretaria se emita el Mandamiento de Condena correspondiente con la modificación establecida en el Auto de la fecha, cúmplase con la remisión de obrados y todo lo dispuesto en la parte resolutiva de la Sentencia" (sic), lo cual conforme a certificación e informe se establece que se encuentra en obrados como en el sistema y no como refiere el incidentista. De la respuesta descrita en el párrafo precedente se establece que los Vocales ahora demandados, respondieron al presente cuestionamiento sin una debida fundamentación y motivación; puesto que, sin citar las normas aplicables al caso, ni esgrimir un argumento lógico-jurídico o motivación, se limitan en establecer la existencia en obrados y en el sistema del proveído de 11 de septiembre de 2020 que dispone: "Por secretaria se emita el Mandamiento de Condena correspondiente con la modificación establecida en el Auto de la fecha, cúmplase con la remisión de obrados y todo lo dispuesto en la parte resolutiva de la Sentencia…” (sic), sin establecer o aclarar a esos efectos si la misma ordena o no de manera expresa la elaboración de la planilla de costas procesales conforme prevé el art. 272 del CPP, referido a la liquidación, ejecución y trámite de las costas procesales. Es así que, hace viable conceder la tutela sobre este cuestionamiento. En relación al agravio o cuestionamiento de que no consideraron que con el citado proveído -de 11 de septiembre de 2020- no fueron notificados los sujetos procesales, aspecto que estaría debidamente probado mediante un certificado y un informe, que fueron ofrecidas en segunda instancia, pero no fueron valorados, lo cual vulneraria su derecho a la defensa; al efecto, las Autoridades ahora demandadas señalaron que se tiene certificación de la Secretaria del mencionado Tribunal de 10 de junio de 2022, captura de pantalla del sistema SIREJ, y el Informe de la Ingeniera de Sistemas, donde señala que se encuentra el actuado del Decreto de 11 de septiembre de 2020 de horas 13:20 "...saliente a fs. 130 complementado a 135 del testimonio de apelación..." (sic). En ese sentido se puede establecer que se encuentra en obrados y el sistema el proveído de 11 de septiembre de 2020 y el Auto Interlocutorio 149/2020 de la misma fecha, no existiendo ninguna irregularidad al respecto. De la respuesta descrita en el párrafo precedente se establece que los Vocales ahora demandados, sin una debida fundamentación que implica la cita de normas aplicables al caso, ni esgrimir un argumento lógico jurídico o motivación, simplemente señalando los elementos probatorios de la certificación de la Secretaria del referido Tribunal de 10 de junio de 2022, captura de pantalla del sistema SIREJ, y el Informe de la Ingeniera de Sistemas, se circunscriben en afirmar que se encuentra en obrados y el sistema, el proveído de 11 de septiembre de 2020 y el Auto Interlocutorio 149/2020 de la misma fecha, sin establecer a esos efectos si las partes fueron notificados debidamente con esos actos procesales; aspecto que, además hizo que se vulnere el debido proceso en su vertiente de congruencia y omisión valorativa de la prueba porque no se respondió al mencionado cuestionamiento ni se valoró debidamente dichos elementos probatorios. De lo precisado y contrastado en forma precedente se concluye que, las Autoridades demandadas vulneraron el debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación respecto al cuestionamiento_relativo a la dispuesto en el proveído de 11 de septiembre de 2020; lo propio sucede sobre el cuestionamiento de que no consideraron que con el citado proveído no fueron notificados los sujetos procesales; por lo cual, además de no responderse con una debida fundamentación y motivación sobre dichos agravios o cuestionamientos hizo que también se haya vulnerado el principio de congruencia omisiva; aspecto que, a su vez hizo que sea pertinente conceder la tutela impetrada sobre ambos cuestionamientos por el debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, relacionado también al derecho a la defensa, tutela judicial efectiva y omisión valorativa de la prueba. En relación a la problemática descrita en el inc. ii) Como un segundo punto la parte accionante denuncia que los Vocales ahora demandados por Auto de Vista 070/2022, vulneraron sus derechos; toda vez que, el argumento de que su persona debió plantear recurso de reposición contra el proveído de 28 de abril de 2022, y al no hacerlo hubiera consentido dicha decisión en relación a la planilla de costas, razona de manera tajante para que su persona cumpla con los plazos, pero el incumplimiento del plazo de veinticuatro horas para ordenar la elaboración de esa planilla por parte del Tribunal a quo no es merecedor de observación vulnerando el principio de igualdad de las partes. Al respecto, en aplicación de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional relativo a la fundamentación y motivación de los fallos judiciales, -desarrollado en forma precedente-corresponde señalar que de la revisión del Auto de Vista 070/2022 (Conclusión II.10), se evidencia que respecto al reclamo de que ante la solicitud de la devolución de fianza, el Tribunal a quo habría dispuesto que con carácter previo era necesario que por secretaria se dé cumplimiento a la planilla de costas procesales, siendo que la misma en ningún momento habría sido observado mediante el recurso reposición; al respecto, los Vocales ahora demandados tal como se tiene precisado supra señalaron que, si bien la parte apelante no estaba de acuerdo con la providencia de 28 de abril de 2022, en observancia de lo que determina el art. 401 del CPP, debió plantear el recurso de reposición; es decir que, la parte ahora incidentista al no haber obrado en ese sentido convalidó dicha decisión que dispuso que se dé cumplimiento a todo lo dispuesto en relación a la planilla de costas procesales. De lo señalado y descrito en el párrafo precedente, se establece que sobre el agravio o cuestionamiento en sentido de que la accionante habría consentido la decisión en relación a la planilla de costas al no plantear el recurso de reposición contra el proveído de 28 de abril de 2022, los Vocales ahora demandados, respondieron con una debida fundamentación y motivación, ya que citando el art. 401 del CPP, referido a la procedencia del recurso de reposición, con argumentos lógico-jurídicos o motivación explicaron que el incidentita ahora accionante al no haber interpuesto el recurso de reposición dentro de plazo contra el mencionado proveído que dispuso que la Secretaria de cumplimiento a lo dispuesto con relación a la planilla de costas procesales, lógicamente convalidó y dio por bien hecho la determinación del Tribunal a quo, aspecto que a su vez hace viable denegar la tutela sobre dicho cuestionamiento.
No sucede lo mismo en relación al agravio o cuestionamiento referido al incumplimiento del plazo de veinticuatro horas por parte del Tribunal a quo para ordenar elaborar la planilla de costas procesales; tal como dispone el art. 272 del CPP -referido a la liquidación trámite y ejecución de las costas- que además de vulnerar el principio de congruencia e igualdad de las partes, lesiona el debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación, en el entendido de que sin sustento legal se exige al incidentista el cumplimiento de plazos para interponer el recurso de reposición, pero en su calidad de Tribunal de revisión o alzada, en un trato desigual no observa el incumplimiento de plazos por parte del Tribunal a quo en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, aspecto que a su vez hace viable conceder la tutela solicitada sobre este cuestionamiento.
En relación a la problemática descrita en el inc. iii) Como un tercero punto la parte peticionante de tutela denuncia que los Vocales ahora demandados por Auto de Vista 070/2022, vulneraron sus derechos; toda vez que, respecto al reclamo de que de oficio sin que exista una solicitud del querellante se dispuso de manera tardía e ilegal la elaboración de la planilla de costas, el Tribunal de alzada señalando que es correcta esa actitud, pretende convalidar lo dispuesto por el proveído de 11 de septiembre de 2020, que no hace alusión a la orden expresa de elaboración de la referida planilla, lesionando con ello sus derechos a la defensa y el debido proceso. Al respecto, en aplicación de la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional relativo a la fundamentación y motivación de los fallos judiciales -descrito en forma precedente- de la revisión del Auto de Vista 070/2022 (Conclusión II.10); se evidencia que, respecto al análisis de la realización de costas procesales respondieron señalando que corresponde mencionar la SC 1677/2010-R de 25 de octubre que refirió: "Las costas procesales en materia penal, se encuentran reguladas por el Libro Sexto, Titulo Primero, Capitulo Primero, arts. 264 al 272 del CPP (...) Corresponde la autoridad que conoce el proceso en la resolución final del proceso, del incidente o del recurso determinar motivadamente quien debe soportar las costas y de acuerdo con los preceptos del art. 272 del CPP una vez ejecutoriada la resolución, en el plazo de veinticuatro horas el Juez elaborara la elaboración de la planilla de costas. Tal actuado importa un trámite interno dentro del órgano jurisdiccional pues de un lado, de acuerdo a la citada norma la imposición de costas no es una demanda..." (sic). Lo cual nos da entender que el Tribunal a quo, actuó de manera correcta al disponer de oficio que se realice la planilla de costas, no siendo necesario que la víctima presente alguna solicitud de elaboración de planilla de costas y costos, por lo que respecto a lo señalado por la parte recurrente no tiene asidero legal. De lo señalado y descrito en el párrafo precedente, se establece que sobre el reclamo de que de oficio sin que exista una solicitud del querellante se habría dispuesto de manera tardía e ilegal la elaboración de la planilla de costas, respecto al cual tratando de convalidar lo dispuesto en el decreto de 11 de septiembre de 2022 –que no hace alusión a la elaboración de planilla de costas– hubiera indicado que es correcta esa actitud; al respecto los Vocales demandados, respondieron sin una debida fundamentación y motivación, puesto que, si bien menciona la SC 1677/2010-R de 25 de octubre que a su vez cita el art. 272 del CPP, referidos al plazo de veinticuatro horas para la elaboración de la planilla de costas procesales una vez ejecutoriada la sentencia; sin argumentos lógico-jurídicos o motivación, luego de señalar y afirmar que es correcta el actuar oficioso del Tribunal a quo, se limitan en “entender” que no era necesario que la supuesta víctima presente una solicitud de elaboración de planilla de costas y costos procesales, aspecto que hace viable conceder la tutela impetrada sobre este cuestionamiento; toda vez que, además de no esgrimir o señalar un argumento en sentido de que dicho decreto ordenaba o no expresamente la elaboración de la planilla de costas procesales, tampoco aclara si la misma se lo hizo dentro del plazo de 24 horas tal como prevé la citada norma y jurisprudencia aplicable, lo cual ciertamente, vulneró el debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación así como el derecho a la defensa. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 106/2022 de 22 de agosto, cursante de fs. 62 a 69 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada respecto a la primera, segunda y tercera problemática con relación a los derechos al debido proceso en su elemento de fundamentación, motivación, congruencia y valoración de la prueba, a la defensa y tutela judicial efectiva, por lo que se dispone dejar sin efecto el Auto de Vista 070/2022 de 29 de julio a fin de que se emita uno nuevo conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela respecto a la denuncia de la lesión del debido proceso en su elemento de fundamentación motivación relacionado al primer cuestionamiento de la segunda problemática, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio.
MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
1 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado
5 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0082_2024-S1.pdf · páginas 1 a 26.
Huella digital del PDF (SHA-256): ee6441a70b6a1277ffd0a5dafa0c0374c5b5f0d90cbd04e055a0221535b36223
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