B.IA.LEGAL

SCP 0082/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 23 de marzo de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
23 de marzo de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
44181-2022-89-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denunció como lesionados sus derechos a la libertad, locomoción y al debido proceso relacionado con su derecho al trabajo; toda vez que, la autoridad demandada: i) Por decreto de 30 de septiembre de 2021, conocedor de la causa, sin motivo alguno, de forma ilegal e indebida, rompiendo el principio de “Celeridad” le conminó a reiterar su solicitud de autorización de salida durante la jornada laboral; y ante su solicitud de reiteración de 21 de octubre de 2021, fijó audiencia para el 5 de noviembre de 2021; y, ii) Una vez instalada el acto procesal con presencia de las partes y cumplidas las notificaciones, dispuso suspender la misma para el 26 de noviembre de 2021, porque en su criterio no asistieron los Jueces Técnicos convocados y que no se tendría el quorum previsto en el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 73/2021 de 10 de noviembre, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada respecto a los derechos a la libertad, locomoción y debido proceso relacionado a su derecho al trabajo, en relación a la primera y segunda problemática, por consiguiente:

1.1° Se dispone que el Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, conformando el quórum correspondiente, resuelva la solicitud de modificación de medidas cautelares relacionado a la autorización de salida durante la jornada laboral, con la celeridad que amerita el caso, en estricta observancia de los plazos previstos por Ley y conforme a los fundamentos expuesto en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º DENEGAR la tutela respecto al cuestionamiento y petición de que la solicitud de modificación de medidas cautelares sea resuelta sin conformar el quórum correspondiente en relación a la segunda problemática, conforme a los fundamentos expuesto en la presente Resolución Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El estándar jurisprudencial más alto en el derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad
  2. III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución
  4. III.4. La competencia de los Tribunales de Sentencia para conocer solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares
  5. III.5. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0082/2023-S1 Sucre, 23 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrado Relator: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 44181-2022-89-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 73/2021 de 10 de noviembre, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Álvaro Gustavo Ayala Rocabado en representación sin mandato de Cynthia Marcela Novillo Salinas contra German Ramos Mamani, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de noviembre de 2021, cursante de fs. 1; y, 3 a 5 la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Publico a denuncia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias -caso 4650/2017 NUREJ 201708543- por Auto Interlocutorio 137/2017 de 8 de junio, se determinó su detención preventiva en el Recinto Penitenciario de Obrajes de la ciudad de La Paz; empero, mediante Resolución 522/2018 de 1 de noviembre, le otorgaron medidas sustitutivas a la detención preventiva sin autorización de salida laboral. Una vez radicado la causa ante el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora accionado-, el 16 de agosto de 2021, presentó un escrito documentado y fundamentado sobre autorización de salida durante la jornada laboral, al efecto la autoridad demandada, por decreto de 30 de septiembre del mismo año, dispuso: “Habiéndose puesto a la fecha en despacho el memorial con cargo de 17 de agosto de 2021, al fallecimiento del Juez Técnico a cargo del proceso (…) conforme al contenido del informe de fecha 29 de septiembre de 2021, deslindando cualquier responsabilidad, se providencia el mismo con fecha actual (…). En consideración a la data de la solicitud efectuada, la parte impetrante en caso de continuar con su pretensión, deberá de reiterar la mismas” (sic); es decir, que el juez conocedor de la causa, sin considerar su situación jurídica le conminó sin motivo alguno repetir su proposición. No obstante del referido decreto ilegal e indebido, que rompe el principio de “Celeridad” previsto en el art. 180 de la Constitución Política del Estado (CPE), mediante memorial presentado el 21 de octubre de 2021, reiteró la solicitud de autorización de salida durante la jornada laboral, a cuyo efecto se fijó audiencia para el 5 de noviembre del mismo año, sin embargo en la fecha señalada, una vez instalada el acto procesal con presencia de las partes, y cumplidas las notificaciones, la autoridad demandada dispuso suspender la audiencia para el 26 del mismo mes y año, porque en su criterio no asistieron los Jueces Técnicos convocados y que no se tendría el quorum previsto en el art. 52 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019 -Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres-. Por lo que, encontrándose con detención domiciliaria que le impide el derecho a la locomoción, vinculado a su derecho al trabajo, además del procesamiento indebido por parte de la autoridad demandada siendo que no se encuentra en juicio oral para que se exija la concurrencia de los tres jueces que determinen la procedencia o no de su planteamiento incidental, formaliza la presente acción de libertad por una dilación indebida, por cuanto el art. 44 del CPP, señala que el Juez o Tribunal, que sea competente para conocer un proceso penal lo será también para decidir cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La accionante denunció como lesionados sus derechos a la libertad, locomoción y al debido proceso relacionado con su derecho al trabajo, citando al efecto los arts. 8.II, 125 y 180 de la CPE; y, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicita que se conceda la tutela y por consiguiente se ordene a la autoridad demandada a resolver su solicitud de autorización de salida durante la jornada laboral sin necesidad de conformar quorum y señalar audiencia para fundamentación dentro de un plazo razonable.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

La audiencia pública se efectuó el 10 de noviembre de 2021, según acta cursante de fs. 23 a 24 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La impetrante de tutela, ratificó in extenso su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

German Ramos Mamani, Juez del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 10 de noviembre de 2021 cursante de fs. 11 y vta. manifestó que: a) Dentro de la causa seguida por el Ministerio Publico contra Cynthia Marcela Novillo Salinas y otros por el presunto delito de conducta antieconómica y otros, la misma fue puesta en su conocimiento, mediante informe de 29 de septiembre de 2021 emitida por la Secretaria del Tribunal a razón del fallecimiento del Juez Técnico Eddy Alan García Flores, que tenía a su cargo la causa; b) Sobre los memoriales sin providenciar por parte del ex Juez referido, que fueron atendidos en la fecha de puesta a Despacho, figurando entre ellos la petición efectuada por la impetrante de tutela y por la data del mismo, se dispuso que de persistir en su pretensión la misma sea reiterada, siendo reiterado el 21 de octubre de 2021 recibiendo providencia de 22 del citado mes y año fijándose audiencia para para el 5 de noviembre del mismo año y siendo que el Tribunal cuenta únicamente con un Juez a fin de conformar quorum conforme prevé el art. 52 del CPP, se convocó a los Jueces Técnicos del mencionado Tribunal para resolver en audiencia virtual, a la cual los Jueces convocados no comparecieron, por lo que se dispuso la suspensión de la audiencia para el 26 del referido mes y año; c) La peticionante de tutela de inicio invocó la Resolución 522/2018 de 1 de noviembre emitida por el Juzgado Anticorrupción Segundo de la Paz, que le concedió la cesación a la detención preventiva con la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, con detención domiciliaria sin salida laboral y fue así solicitando bajo un mismo tenor la autorización de salida laboral, así se tiene memorial por el cual la accionante "SOLICITA AUTORIZACION DE SALIDA DURANTE JORNADA LABORAL" (sic) para cuyo fin se celebró audiencia el 15 de diciembre de 2020, la cual se suspendió por inasistencia del abogado defensor; d) Posteriormente cursa memorial de 5 de enero de 2021 que "REITERA SOLICITUD DE AUTORIZACION DE SALIDA DURANTE JORNADA LABORAL" (sic) y conforme la Resolución se tiene que siendo similar la petición de la impetrante de tutela se celebró audiencia oral el 28 del mismo mes y año emitiéndose la Resolución 04/2021 "Rechazando la solicitud de modificación de medidas sustitutivas" (sic) la cual no fue recurrida, estando presente el abogado ahora accionante; e) Consta antecedentes y memorial con la suma "SOLICITA AUTORIZACION DE SALIDA DURANTE JORNADA LABORAL" (sic) presentada por la impetrante de tutela reiterando su petitorio de "…SOLICITUD DE AUTORIZACION DE SALIDA DURANTE JORNADA LABORAL" (sic), señalándose audiencia para el 5 de noviembre de 2021 la cual fue suspendida por falta de quorum siendo la misma reprogramada; f) El tenor de las peticiones desde un inicio contiene los mismos fundamentos y en la última petición que es reiterada, se adjunta un contrato de Trabajo a Futuro; y, g) La petición formulada por la accionante, conforme a procedimiento fue sometida a audiencia oral, toda vez que la misma debe ser considerada por el Tribunal en su conjunto, en ese entendido el Tribunal debe estar conformado tal cual lo prevé el art. 52 del CPP y las acefalias existentes hacen que se tenga que convocar a los llamados por Ley, aclarando que en ningún momento como integrante del Tribunal, vulneró norma, ni procedimiento alguno.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 73/2021 de 10 de noviembre, cursante de fs. 25 a 27, denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos: 1) La causa se encuentra en actos preparatorios de juicio, en la cual mediante Resolución 522/2018 de 1 de noviembre emitido por el Juzgado Segundo Anticorrupción de la Ciudad de La Paz, se concedió la cesación de detención preventiva en favor de la acusada -ahora accionante- disponiendo la detención domiciliaria sin salida laboral; 2) Ante la solicitud de autorización de salida laboral de 17 de agosto de 2021, la misma mereció providencia de 30 de septiembre del mismo que determina "habiéndose puesto a la fecha a despacho el memorial con cargo de fecha 17 de agosto de 2021 al fallecimiento del Juez Técnico a cargo del proceso Dr. Eddy Alan García Flores conforme al contenido del informe de fecha 29 de septiembre de 2021 que antecede de obrados deslindando cualquier responsabilidad se providencia el mismo con fecha actual puesta en despacho en lo principal y otrosíes, en consideración a la data de la solicitud efectuada la parte impetrante en caso de continuar con su pretensión deberá reiterar la misma” (sic); 3) Posteriormente se reitera dicha solicitud, en respuesta a la misma se fijó audiencia virtual para el 5 de noviembre de 2021 de cuya acta de audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares, al no hacerse presentes los Jueces convocados, por falta de quórum fue suspendida la misma, no obstante se señaló nueva audiencia para 26 del mismo mes y año siendo notificada las partes conforme establece el art. 160 del CPP; 4) Bajo el razonamiento de la SCP 0423/2018-S4 de 15 de agosto en relación a los derechos reclamados, del acta de suspensión de 5 de noviembre de 2021 se establece que por falta de quorum el juez demandado suspendió la audiencia de consideración de salida laboral reprogramando para el 26 de noviembre de 2021 con esta determinación se notifica a las partes y una vez notificado la parte accionante no presenta recurso de reposición conforme lo establecido en los arts. 401 y 402 ni de acuerdo al art. 125 todos del CPP, limitándose únicamente ser notificados y esperar la fecha de señalamiento de audiencia de consideración de la medida cautelar; 5) Por otro lado el art. 46 de la CPE así como la jurisprudencia constitucional garantizan el ejercicio del derecho al trabajo, bajo esos parámetros, en atención a la compulsa de los antecedentes y razonamientos jurisprudenciales, para que se active la acción de libertad se exige dos requisitos, primero, que se tenga vinculatoriedad con la libertad; en el caso existe una relación con el derecho al trabajo y no así directamente con la libertad física; y, segundo que debe agotarse los mecanismos y recursos que franquea la Ley, en cuanto al recurso de reposición, así como el recurso de aclaración, complementación y enmienda, y, una vez agotada estos mecanismos recién puede activarse la acción de libertad; y, 6) Conforme los argumentos expuestos, corresponde que los lineamientos y el derecho invocado por la accionante sobre el trámite de consideración de autorización de salida laboral se lo realice por un Juez Técnico, la misma que no está vinculado con el derecho a la libertad de la impetrante de tutela, sino es un derecho vinculado con el ejercicio del derecho al trabajo, por lo que no se encuentra en el ámbito de la tutela de esta acción de defensa correspondiendo en su caso sean reclamados a través de un amparo constitucional una vez agotado los medios y recursos previstos por la vía jurisdiccional respectiva.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial presentado el 16 de agosto de 2021, Cynthia Marcela Novillo Salinas -ahora accionante- dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Publico en su contra por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de deberes y otros, impetró ante el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -autoridad jurisdiccional ahora accionada-autorización de salida durante la jornada laboral, solicitando al efecto fijar día y hora de audiencia (fs. 12 a 15). II.2 La autoridad judicial demandada, a través de decreto de 30 de septiembre de 2021 señaló:

Habiéndose puesto a la fecha en despacho el memorial con cargo de 17 de agosto de 2021, al fallecimiento del Juez Técnico a cargo del proceso (…) conforme al contenido del informe de fecha 29 de septiembre de 2021, deslindando cualquier responsabilidad, se providencia el mismo con fecha actual (…). En consideración a la data de la solicitud efectuada, la parte impetrante en caso de continuar con su pretensión, deberá de reiterar la mismas (sic. [fs. 15 vta.]) II.3. Por memorial presentado 21 de octubre de 2021, la impetrante de tutela, reiteró la solicitud de autorización de salida durante la jornada laboral (fs. 16 a 19 vta.). II.4. El Juez Técnico demandado, a través de providencia de 22 de octubre de 2021, fijó audiencia pública virtual para el 5 de noviembre del mismo año (fs. 20).

II.5. Consta acta de audiencia de consideración de modificación de medidas sustitutivas de 5 de noviembre de 2021, la cual no se desarrolló fijando nueva audiencia para el 26 de igual mes y año señalando:

El informe elevado por la señora secretaria del cual se advierte que este tribunal ha cumplido con todas las diligencias (…) habiendo escuchado lo vertido por Y.P.F.B. así como también lo manifestado por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción y lo requerido por el señor abogado de la defensa (…) se debe considerar que este tribunal conforme establece el art. 52 del C.P.P. el mismo debe estar conformado por tres jueces técnicos tal cual se ha referido ante el fallecimiento del juez técnico Eddy Alan García Flores este tribunal a la fecha únicamente cuenta con un juez (…) sin embargo de ello la suscrita autoridad ha señalado audiencia para dicha consideración convocando a los jueces necesarios para resolver dicha situación legal de la acusada en ese entendido al no contar con el quorum correspondiente se hace inviable considerar dicha situación… (sic. [fs. 21 a 22]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denunció como lesionados sus derechos a la libertad, locomoción y al debido proceso relacionado con su derecho al trabajo; toda vez que, la autoridad demandada: i) Por decreto de 30 de septiembre de 2021, conocedor de la causa, sin motivo alguno, de forma ilegal e indebida, rompiendo el principio de “Celeridad” le conminó a reiterar su solicitud de autorización de salida durante la jornada laboral; y ante su solicitud de reiteración de 21 de octubre de 2021, fijó audiencia para el 5 de noviembre de 2021; y, ii) Una vez instalada el acto procesal con presencia de las partes y cumplidas las notificaciones, dispuso suspender la misma para el 26 de noviembre de 2021, porque en su criterio no asistieron los Jueces Técnicos convocados y que no se tendría el quorum previsto en el art. 52 de CPP, lo cual le impide su locomoción vinculado a su derecho al trabajo, además del procesamiento indebido, siendo que no se encuentra en juicio oral para que se exija la concurrencia de los tres Jueces, por lo que mínimamente debió señalar audiencia en un plazo razonable. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para tal efecto, se analizarán los siguientes temas: a) El estándar jurisprudencial más alto en el derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad; b) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; c) El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución; d) La competencia de los Tribunales de Sentencia para conocer solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares; y, e) Análisis del caso concreto.

III.1. El estándar jurisprudencial más alto en el derecho al debido proceso y su protección vía acción de libertad

Con relación a la aplicación del debido proceso como expresión del estándar jurisprudencial más alto en las acciones de libertad, incumbe remitirnos a lo desarrollado en la SCP 0153/2020-S1 de 24 de julio; toda vez que, esta Magistratura en dicha Sentencia Constitucional Plurinacional efectuó un cambio de razonamiento, ante la existencia de dos líneas contradictorias entre sí, mismas que expresaban entendimientos distintos en cuanto a la procedencia de la acción de libertad cuando se denunciaba vulneración al debido proceso; a tal fin, y cumpliendo la obligación que tiene este Tribunal Constitucional Plurinacional, como máximo guardián de la Constitución Política del Estado, de velar por la supremacía de la Norma Suprema, ejercer el control de constitucionalidad, y precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, mandato conferido en el art. 196 de la CPE, determinó aplicar los entendimientos contenidos en las SCP 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, glosados en su F.J. III.1, que establecieron que el juzgador tiene la obligación de vincularse al precedente jurisprudencial que contenga el estándar jurisprudencial más alto; es decir, aquel fallo que ha desarrollado una interpretación más favorable y progresiva del derecho, entendiendo que:

…el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva, a través de una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad.

En esa misma línea y siguiendo dichos entendimientos, la indicada SCP 0153/2020-S1 de 24 de julio en su Fundamento Jurídico III.2 desarrolló más ampliamente los razonamientos expresados en la SCP 2233/2013 sobre la aplicación del estándar más alto, misma que advirtió dos aspectos importantes para aplicar el referido estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, uno de ellos cuando se advierta la existencia de dos líneas contradictorias, señalando que el juzgador está obligado a vincularse al entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial y no solamente a partir de un criterio temporal; para lo cual describiendo el contenido de la SCP 2233/2013, la precitada SCP 0153/2020-S1 señalo que:

Nos referimos, con la expresión estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, para resaltar aquélla o aquéllas decisiones del Tribunal Constitucional que hubieran resuelto un problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional, es a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá en aquél que resulte de dicha comparación.

Bajo esa comprensión y los razonamientos contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, esta Magistratura en la mencionada SCP 0153/2020-S1, inicio en su Fundamento Jurídico III.3 el análisis integral y dinámico de la línea jurisprudencial respecto a la protección del derecho al debido proceso a través de la acción de libertad, a efectos de identificar el precedente en vigor; así, señaló que entre los primeros razonamientos emitidos por el Tribunal Constitucional se tiene a la SC 0024/2001-R de 16 de enero, que establece que la activación de la vía constitucional a través de la acción de libertad, cuando se denuncia vulneraciones al debido proceso no alcanza a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión; en ese mismo sentido la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, estableció el agotamiento previo de todos los medios ordinarios antes de acudir a esta jurisdicción, puesto que las lesiones al debido proceso debían ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, exceptuando los casos en que por dichas vulneraciones del debido proceso se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad. Siguiendo, esos entendimientos la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, incluyó ambos condicionamientos como presupuestos que se deben concurrir a efectos de activar la acción de libertad en busca de protección de lesiones al derecho al debido proceso; es decir: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad; presupuestos, que fueron exigiéndose de manera uniforme por esta instancia constitucional, y denegándose la tutela ante la inconcurrencia de los mismos en reiterados fallos. Luego de ese desarrollo, la SCP 0153/2020-S1 señalo que dicho razonamiento jurisprudencial, fue seguida en diferentes fallos emitidos por este Tribunal Constitucional de manera uniforme y reiterada, incluida esta Magistratura, citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0151/2015-S1 de 26 de febrero; 1133/2016-S2 de 7 de noviembre; 0859/2017-S3 de 1 de septiembre; 0495/2018-S3 de 13 de septiembre; 0768/2019-S3 de 17 de octubre; 1094/2019-S1 de 26 de noviembre, entre otras; agregando que la misma reflexión; es decir, la exigencia de la vinculación directa del acto ilegal con el derecho a la libertad, también se fue aplicando en los casos en los que se invocaba tutela vía acción de libertad en los procedimientos para otorgar el beneficio de indulto y/o amnistía, denegándose las mismas por tal razón –cita las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1043/2019-S1 de 21 de octubre; 0661/2017-S3 de 30 de junio-. En tal sentido y continuando con ese análisis dinámico, la tantas veces señalada SCP 0153/2020-S1, citó a la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, la cual a partir de una interpretación sistemática y teleológica de los 0768/2019-S3 de 17 de octubre; 1094/2019-S1 de 26 de noviembre, entre otras. Asimismo, respecto de la invocación de tutela vía acción de libertad ante observaciones o negativa de otorgar el beneficio de indulto y/o amnistía, dichas denuncias fueron denegadas siguiendo las mismas razones a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1043/2019-S1 de 21 de octubre; 0661/2017-S3 de 30 de junio, entre tantas. 3 La citada SCP, continúo señalando: “…de una interpretación sistemática y teleológica de los arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del Código de Procedimiento Penal (CPCo), a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, corresponde efectuar un cambio de línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad. (…) En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. (…) en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos. En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad.” (el resaltado nos pertenece).

arts. 115.II, 125, 178.I y 180.I de la CPE, con relación al art. 46 del CPCo, a la luz del principio de favorabilidad y la fuerza expansiva de los derechos fundamentales, moduló la línea jurisprudencial respecto a la tutela del debido proceso mediante la acción de libertad, que exige que la causalidad de los actos u omisiones denunciados deben tener directa vinculación con la supresión o limitación del derecho a la libertad, estableciendo que:

En ese entendido, bajo una interpretación literal de dichas normas, pero también atendiendo a una interpretación teleológica de las mismas, debe señalarse que la garantía del debido proceso en materia penal es tutelable por la acción de libertad, aún no exista una vinculación directa con el derecho a la libertad física o personal, siendo suficiente la existencia de una relación indirecta con dicho derecho ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone. (…) en resumen del derecho a un debido proceso, se determina que, únicamente cuando se trata de materia penal, la acción de libertad es el medio idóneo, eficaz y eficiente para restablecer el debido proceso, en todos sus elementos. En consecuencia, se hace necesario establecer a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que las lesiones al debido proceso en materia penal en aquellos casos en los que se colocó al accionante en absoluto estado de indefensión o cuando éste agotó los medios de impugnación intra procesales, son susceptibles de la tutela constitucional que brinda la acción de libertad. (el resaltado nos pertenece).

A partir de estos razonamientos en dicha SCP 0153/2020-S1, esta Magistratura concluyó en que debía ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales, por mandato de los arts. 13.I y 256.I de la CPE, considerando que debe buscarse siempre la interpretación más amplia y progresiva de los derechos que este mismo Tribunal haya efectuado en diferentes fallos, los cuales entran en el catálogo del estándar jurisprudencial más alto, por lo que, en cuanto a la invocación de tutela vía acción de libertad por indebido procesamiento, determinó acoger los criterios de la SCP 0217/2014 de 5 de febrero, al considerar que la misma se constituye en el precedente en vigor, al haber superado ampliando la exigencia de una causalidad directa de los actos u omisiones con el derecho a la libertad, siendo suficiente una vinculación indirecta que el proceso penal conlleva, posibilitando a este Tribunal Constitucional Plurinacional garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Por lo que, en el entendido que dicho razonamiento condice con el carácter progresivo de la norma fundamental y garantiza el acceso efectivo a la justicia constitucional cuando se invoca tutela vía acción de libertad por indebido procesamiento, la ya citada SCP 0153/2020-S1, en apego al estándar más alto de protección de los derechos señalo que es atendible cuando: 1) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, 2) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa.

III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Al respecto cabe previamente señalar el art. 8.II de la Constitución Política del Estado, que se sustenta entre otros valores en la libertad, cuya concreción material trasciende en el fin máximo, el cual resulta el vivir bien; en este sentido, se ha previsto no solo los valores generales entre los cuales figura la libertad, sino también, principios procesales específicos en los cuales se funda la jurisdicción ordinaria, entre ellos el principio de celeridad –arts. 178 y 180.I de la CPE–, el cual obliga a resolver los procesos evitando dilaciones en su tratamiento y velando por el respeto a los derechos fundamentales establecidos en la Norma Suprema.

En ese sentido, la Constitución Política del Estado, anterior y actual, ha previsto un medio de defensa para resguardar estos derechos, valores y principios a través de acciones, efectivas, oportunas e inmediatas, entre ellas, la acción de libertad, misma en una interpretación evolutiva del art. 125 de la CPEde parte del Tribunal Constitucional Plurinacional como máximo guardián de la Norma Suprema, a través de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus –ahora acción de libertad–, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el 4 Art. 125 de la CPE señala: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertada personal, podrá interponer Acción de Libertada y acudir, de manera oral o escrita, por si o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitara se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad.” 5 En su F.J.III.5 señala: “Dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a la que se le ha agregado el hábeas corpus restringido, debe considerarse también al hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho…”, como se pasa a explicar: (…) Por último, se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R), o en los casos en que se ha demorado la efectividad de la libertad, pese a que el imputado ha cumplido con las medidas sustitutivas impuestas (SSCC 1477/2004-R, 046/2007-R, entre otras)”

habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Bajo ese contexto, en mérito a la existencia de casos relacionados con la demora y dilaciones en la tramitación de las causas penales que se fueron convirtiendo en un suplicio de los justiciables, sobre todo de aquellos privados de libertad; y, además, ante la evidencia de dichas demoras el Tribunal Constitucional Plurinacional fue concediendo la tutela en los casos en los que se evidenció la inobservancia al principio de celeridad consagrado en la Constitución Política del Estado y cuya finalidad es garantizar el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, al efecto la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre siguiendo entre otras, la línea jurisprudencial establecida en la SCP 0112/2012 de 27 de abril, realizó una sistematización de los supuestos de dilaciones indebidas e injustificadas en los casos vinculados a la libertad.

No obstante de lo señalado, este Tribunal en mérito al análisis dinámico de la línea jurisprudencial, relacionada al ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en el Fundamento Jurídico III.2.1 de la SCP 0846/2020-S1 de 9 de diciembre, partiendo del precedente en vigor –SC 0044/2010-R– y citando entre otras las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2601/2012 de 21 de diciembre, 0997/2016-S3 de 22 de septiembre y la 1180/2019-S1 de 2 6 El FJ III. 3 señala: “Del repaso de la jurisprudencia constitucional vinculada a la tramitación del recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, y con la finalidad de otorgar seguridad jurídica a los justiciables, corresponde sistematizar las subreglas que han sido delineadas por este Tribunal, conforme a lo siguiente:

i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto. iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación. iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación. v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia. vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte…”. 7 El FJ. III.4 sostuvo que: “…De lo expresado precedentemente, se concluye que toda vez que el derecho a la libertad tiene carácter primario al encontrarse estatuido en el art. 22 de la CPE: “La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”, concordante con los art. 115 y 178.I de la Norma Suprema, como también en los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de de diciembre, en estricta observancia de los arts. 13 y 196 de la CPE, referidos a la progresividad de los derechos y la función de interpretación del Tribunal Constitucional Plurinacional, en el subtítulo III.2.1.1 del citado fallo, vio pertinente integrar y armonizar la línea jurisprudencial relativo a la tipología de acción de libertad objeto de la presente, no solo en casos en los que se tenga una persona privada de libertad sino también de aquellas personas que tengan restricción de su derecho a la libertad de locomoción, al efecto precisó:

…Consecuentemente, es inminente, necesario y fundamental INTEGRAR la línea jurisprudencial relativa al ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, permitiendo armonizar los dos entendimientos jurisprudenciales, de manera que, esta modalidad traslativa sea aplicada no solo en casos en los que se tenga una persona privada de libertad sino también de aquellas personas que tengan restricción de su derecho a la libertad de locomoción; ello con el fin de buscar la eficacia plena de este derecho; así, cuando se tenga que definir la situación jurídica de una persona que tenga restringido su derecho a la libertad de locomoción su resolución debe ser pronta oportuna y sin dilaciones, es decir, en estricta observancia del principio de celeridad que procura no imponer la práctica de actos innecesarios atiborrados de formalismo que retrasa los trámites.

De lo anotado, sin pretender ser reiterativos, conforme ya se señaló, si bien la SCP 0044/2010-R determinó el ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho a los casos en los que se Derechos Civiles y Políticos; es deber de las autoridades judiciales, resolver con la mayor prontitud los casos sometidos a su conocimiento, más aún aquellos en los que encuentre vinculado el derecho a la libertad física y de locomoción; en el caso objeto de análisis, si bien se evidencia que el representado del accionante a tiempo de interponer la acción de libertad se encontraba cumpliendo la medida sustitutiva de detención domiciliaria, empero, no puede desconocerse que con la suspensión de audiencia de consideración de modificación de medidas sustitutivas y con el señalamiento de una nueva celebración dispuesta para un mes después, indudablemente su derecho a la libertad de locomoción fue vulnerado, en ese sentido el Juez demandado, debió imprimir a la solicitud formulada la debida celeridad, en atención a encontrarse de por medio el derecho primigenio a la libertad…” (las negrillas son agregadas). 8 El FJ III.3.1 sostuvo que: “Antes de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, corresponde en principio remitirnos a la SC 0023/2010-R de 13 de abril, la cual sostuvo que: “el derecho a la libertad de circulación es como una derivación o extensión del derecho a la libertad física, toda vez que el moverse libremente en el espacio, solo puede ser ejercido si existe el derecho a la libertad física o personal, y de ahí precisamente la conexión entre ambos derechos.

(…)

Consecuentemente, sobre la base de los principios de favorabilidad, e interpretación progresiva, el derecho a la libertad de locomoción, se encontraría bajo la tutela de la acción de libertad prevista en el art. 125 y ss., de la CPE en los supuestos anotados precedentemente; por tanto, todas aquellas restricciones a la libertad de circulación-locomoción con las puntualizaciones supra mencionadas, deben ser protegidas a través de la acción de libertad. En ese sentido, se tiene que la presente temática –falta de resolución de solicitud de levantamiento de arraigo, pese haber transcurrido casi un mes desde su presentación hasta la interposición de la presente acción de libertad–, se encuentra directamente vinculado con el derecho a libertad de locomoción o de circulación del hoy accionante, mismo que se encuentra dentro del ámbito de protección de la acción de libertad…”. 9 El FJ III.4 manifestó que: “Identificada la problemática planteada en la presente acción tutelar, en primera instancia es necesario establecer que la limitación al derecho a la libertad de locomoción, se encuentra directamente vinculada al derecho a la libertad personal, como se tiene del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, manteniéndose en el caso subsistente su restricción por la vulneración del principio de celeridad procesal, puesto que el último proveído de 28 de junio de 2019, emitido por la Jueza –ahora demandada–, constituye una directa restricción al derecho a una resolución pronta y oportuna de la situación jurídica de los accionantes en torno a la vigencia de las medidas cautelares, pues difiere indebidamente su tratamiento a la eventualidad de que la Sentencia S-24/2018 adquiera la calidad de cosa juzgada vulnerando el principio de celeridad sin que la reposición sea un recurso idóneo para ello; consecuentemente, la supuesta subsidiariedad alegada tanto por la autoridad demandada como por la Jueza de garantías, carece de mérito, correspondiendo el análisis de fondo. En este entendido es de resaltar que de acuerdo al contenido normativo del art. 364 del CPP “La sentencia absolutoria ordenará la libertad del imputado en el acto, la cesación de todas las medidas cautelares personales y fijará las costas y, en su caso, declarará la temeridad o malicia de la acusación a efectos de la responsabilidad correspondiente…” (las negrillas son nuestras), denuncia lesiones al principio de celeridad vinculado a la libertad personal; bajo la integración de línea jurisprudencial efectuada, la modalidad traslativa de pronto despacho se constituye en un mecanismo procesal idóneo que busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas que eviten resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra restringida de su derecho a la libertad personal y/o de locomoción (el resaltado es nuestro). Por lo señalado en forma precedente, se llega a la conclusión de que respecto al ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, no solo procede en casos en los que una persona esta privada de libertad, sino también de aquellas personas que no están privadas de libertad, en este caso que tengan restricción de su derecho a la libertad de locomoción.

III.3. El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución

El art. 410.II de la CPE, establece que “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes”

A partir de este texto constitucional se entiende que la Constitución Política del Estado tiene una jerarquía normativa y goza de aplicación preferente frente a cualquier otra disposición normativa, así fue interpretada también por la SCP 0112/2012 de 27 de abril; esta primacía hace que surja la preponderancia del órgano judicial que exige de los jueces un razonamiento que desborda la subsunción y por el contrario requiera la aplicación directa de la Constitución; primacía que no es solo un asunto meramente formal de jerarquías y competencias, sino porque está cargada de normas constitucionales-principio, que son los valores, principios, derechos y garantías plurales que coexisten, que conviven como expresión de su base material pluralista y se comunican entre sí como expresión de su base intercultural y son los que informan el orden constitucional y legal, sin renunciar a su contenido de unidad -art. 2 de la CPE-.

En igual sentido, la jurisprudencia interpretó en la citada SCP 0112/2012, que la Constitución goza de primacía con relación al ordenamiento jurídico; es decir es la ley suprema del ordenamiento jurídico nacional, en ese sentido, los tribunales, jueces y autoridades deben aplicarla con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualquier otras resoluciones; interpretación que se encuentra acorde a lo previsto en el art. 410.II de la CPE. Esta misma Sentencia citada, en un entendimiento, relevante sostuvo que:

Entonces, con mayor razón, la primacía de las normas constitucionales principios respecto de las normas legales-reglas (contenidas en las leyes formales o materiales, códigos sustantivos o procesales, disposiciones reglamentarias en general, etc.)”, bajo dicho marco, refirió que las normas constitucionales-principio son los valores, principios, derechos fundamentales y garantías constitucionales que orientan al poder público, la convivencia social, así como las relaciones entre particulares y estos con el Estado.

Consecuentemente, de esta descripción jurisprudencial, se tiene que por mandato constitucional todos estos derechos, valores y principios obligan a todos los actores sea en el ámbito judicial, administrativo o particular a regir sus actos en observancia de los mismos, y por ello, el Tribunal Constitucional a través de su basta jurisprudencia fue ratificando dichos postulados, y dando realce a uno prevaleciente que compele a quienes administran justicia a su observancia, cuyo fin es el acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; así se tiene que, el mismo está expresamente inmerso en la norma fundamental, en los artículos: 178.I de la CPE, que dispone: “ La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”, así también en el art. 180.I de la Norma Suprema, que prevé: “ La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”.

Ahora bien, relacionado a estas dos normas constitucionales, se halla previsto el art. 115.II de la CPE, que expresa: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.

En tal entendido se tiene que, el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios.

Es así que sobre este principio, la jurisprudencia constitucional ha sido uniforme en sostener que la acción de libertad puede ser activada cuando se denuncia dilaciones indebidas y se advierta una mora procesal o retardación de justicia, ostensible, con inobservancia de plazos procesales previstos por el ordenamiento jurídico en la resolución de un determinado asunto más aun tratándose de asuntos relacionados con personas privadas de libertad; esa misma línea jurisprudencial se siguió en la SC 0862/2005-R, de 27 de julio, reiterada por las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre; 0900/2010 de 10 de agosto, 1157/2017 de 15 de noviembre; 0052/2018-S2 de 15 de marzo entre otras.

En ese entendido, la SCP 0112/2012 de 27 de abril citada anteriormente, generó una regla procesal penal que estableció que la exigencia de la observancia del principio de celeridad se hace extensible no solo a los jueces o tribunales de control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que coadyuva o intervenga en la administración de justicia y de cuya actuación dependa la libertad del privado.

III.4. La competencia de los Tribunales de Sentencia para conocer solicitudes de cesación o modificación de medidas cautelares

Al respecto, el art. 52.I del CPP modificado por el art. 3 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019– dispone que: “I. Los Tribunales de Sentencia estarán integrados por tres (3) jueces técnicos…”; asimismo, el art. 44 del citado precepto legal estableció que: “El juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas”. El Tribunal Constitucional mediante la reiterada SC 1493/2005-R de 22 de noviembre, sobre casos en los que un solo juez de un tribunal colegiado se pronunció respecto a una solicitud de cesación de la detención preventiva estableció que:

…los tribunales de sentencia pueden conocer y resolver solicitudes sobre medidas cautelares, entre ellas, la cesación de la detención preventiva. Consecuentemente, tratándose de la etapa de preparación del juicio, corresponde a los dos jueces técnicos resolver las solicitudes sobre medidas cautelares, mediante resolución dictada en audiencia pública, la cual debe cumplir con los requisitos formales exigidos por ley; que si bien resulta válido el que los decretos y providencias de mero trámite sean sustanciados por el presidente del Tribunal; empero, la consideración y resolución de una solicitud de medidas cautelares debe ser resuelta, en esta etapa, por los dos jueces técnicos, puesto que al tratarse de un Tribunal colegiado, los incidentes y demás cuestiones deben ser resueltas por ese Tribunal y no sólo por uno de sus componentes, debido a que no se trata de un Tribunal unipersonal, para que únicamente uno de los jueces técnicos, conozca y resuelva las solicitudes vinculadas con la libertad de los procesados, entre ellas, la cesación de la detención preventiva (las negrillas son nuestras). Al respecto, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 1006/2021-S3 de 1 de diciembre, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado en forma precedente estableció que:

…jurisprudencia constitucional que si bien se encuentra contextualizada cuando los Tribunales de Sentencia estaban conformados por dos Jueces Técnicos y tres jueces ciudadanos a diferencia de que al presente con las modificaciones de la Ley 1173, dichos tribunales están conformados solo por tres jueces técnicos; sin embargo, siguen constituyéndose en Tribunales colegiados; por lo tanto, es aplicable el razonamiento antes expuesto.

De la normativa y jurisprudencia glosada en forma precedente, tomando en cuenta el principio del Juez natural, se llega a la conclusión de que los tribunales de sentencia penal pueden conocer y resolver solicitudes de medidas cautelares en etapa de juicio oral; es decir que, dichas solicitudes deben ser resueltas mínimamente por dos jueces técnicos mediante resolución dictada en audiencia pública, la cual debe cumplir con los requisitos formales exigidos por ley; y, si bien resulta válido que los decretos y providencias de mero trámite sean sustanciados por el presidente del Tribunal colegiado; empero, la consideración y resolución de una solicitud de medidas cautelares debe ser resuelta en esta etapa con el quorun necesario, o por dos de los tres jueces técnicos, precautelando de esta forma el principio de celeridad procesal que debe regir la tramitación de una causa penal.

III.5. Análisis del caso concreto

La accionante denunció como lesionados sus derechos a la libertad, locomoción y al debido proceso relacionado con su derecho al trabajo; toda vez que, la autoridad demandada: a) Por decreto de 30 de septiembre de 2021, conocedor de la causa, sin motivo alguno, de forma ilegal e indebida, rompiendo el principio de “Celeridad” le conminó a reiterar su solicitud de autorización de salida durante la jornada laboral; y ante su solicitud de reiteración de 21 de octubre de 2021, fijó audiencia para el 5 de noviembre de 2021; y, b) Una vez instalada el acto procesal con presencia de las partes y cumplidas las notificaciones, dispuso suspender la misma para el 26 de noviembre de 2021, porque en su criterio no asistieron los Jueces Técnicos convocados y que no se tendría el quorum previsto en el art. 52 de CPP, lo cual le impide su locomoción vinculado a su derecho al trabajo, además del procesamiento indebido, siendo que no se encuentra en juicio oral para que se exija la concurrencia de los tres Jueces, por lo que mínimamente debió señalar audiencia en un plazo razonable.

Conforme a los antecedentes que cursan en el presente proceso se establece que el 16 de agosto de 2021, la accionante dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Publico por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de deberes y otros, impetró ante el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, autorización de salida durante la jornada laboral, solicitando al efecto fijar día y hora de audiencia, por lo que la autoridad judicial demandada, a través de decreto de 30 de septiembre del mismo año señaló: “Habiéndose puesto a la fecha en despacho el memorial (…) al fallecimiento del Juez Técnico a cargo del proceso (…) deslindando cualquier responsabilidad, se providencia el mismo con fecha actual (…). En consideración a la data de la solicitud efectuada, la parte impetrante en caso de continuar con su pretensión, deberá de reiterar la mismas” (sic); al efecto la accionante el 21 de octubre de 2021 reiteró su solicitud, por lo que, a través de providencia de 22 de octubre de 2021, se fijó audiencia pública virtual para el 5 de noviembre de 2021 (Conclusión II.1, II.2 y II.3). Consta acta de audiencia de consideración de modificación de medidas sustitutivas de 5 de noviembre de 2021, la cual ante la suspensión de la misma, señaló audiencia para el 26 del mismo mes y año señalando : “El informe elevado por la señora secretaria del cual se advierte que este tribunal ha cumplido con todas las diligencias (…) habiendo escuchado lo vertido por Y.P.F.B. así como también lo manifestado por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción y lo requerido por el señor abogado de la defensa (…) se debe considerar que este tribunal conforme establece el art. 52 del C.P.P. el mismo debe estar conformado por tres jueces técnicos tal cual se ha referido ante el fallecimiento del juez técnico Eddy Alan García Flores este tribunal a la fecha únicamente cuenta con un juez (…) sin embargo de ello la suscrita autoridad ha señalado audiencia para dicha consideración convocando a los jueces necesarios para resolver dicha situación legal de la acusada en ese entendido al no contar con el quorum correspondiente se hace inviable considerar dicha situación…” (sic. [Conclusión II.4]). En ese contexto, previo a ingresar al análisis del caso, concierne señalar que, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando se denuncia violaciones al debido proceso mediante acciones de libertad, es posible ingresar a su compulsa cuando: 1) Exista vinculación directa o indirecta con el derecho a la libertad física o personal, ante la amenaza de privación de libertad que el proceso penal supone; y, 2) Se hubieren agotado los medios de impugnación dentro del proceso penal, siempre que estos sean idóneos, específicos y aptos para restituir de forma inmediata los derechos que se encuentran en el ámbito de protección de la acción de libertad; salvo indefensión absoluta del accionante, supuesto en el cual, la acción de libertad podrá ser formulada de manera directa. En ese marco, para el caso presente, se advierte que la impetrante de tutela, se encuentra con medidas cautelares personales como emergencia de una resolución judicial dentro un proceso penal en su contra, en la cual entre otros aspectos denuncia que no fue atendida su solicitud de autorización de salida durante la jornada laboral con celeridad; irregularidad, que si bien no incidió en su limitación a la libertad; empero, tienen vinculación indirecta con su derecho a la libertad de locomoción al ser procesada penalmente; asimismo, se advierte que no es posible exigir que previamente interponga el recurso de reposición en razón a la inminente vulneración de derechos; consecuentemente, en aplicación del estándar mas alto desarrollado por la SCP 0153/2020-S1 del señalado Fundamento Jurídico III.1, se ingresará a compulsar la denuncia de la accionante.

a. Sobre la primera problemática

La accionante denuncia que el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, que por decreto de 30 de septiembre de 2021, conocedor de la causa, sin motivo alguno, de forma ilegal e indebida, rompiendo el principio de “Celeridad” le conminó a reiterar su solicitud de autorización de salida durante la jornada laboral; y ante su solicitud de reiteración de 21 de octubre de 2021, fijó audiencia para el 5 de noviembre de 2021.

Al efecto, cabe previamente remitirnos a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Resolución Constitucional, el cual señala que en virtud del principio de celeridad vinculado con el derecho a la libertad o locomoción las causas deben ser tramitadas sin dilación alguna en el plazo y formas previstos en el art. 239 del CPP concordante con el art. 113 del citado precepto legal; es decir siguiendo el trámite de cesación de las medidas cautelares personales y según corresponda, en audiencia a ser llevada a cabo por el Juez de control jurisdiccional dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas.

En ese marco, conforme a la Conclusión II.1 de este fallo constitucional se tiene que la accionante presentó su solicitud de autorización de salida durante la jornada laboral el 16 de agosto de 2021 y en lugar de fijar audiencia, la autoridad jurisdiccional demandada que forma parte del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero de la Capital del 15 Al respecto el art. 113 del CPP –modificado por el art. 7 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019– señala: “I. Las audiencias se realizarán bajo los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. Excepcionalmente, podrá darse lectura de elementos de convicción en la parte pertinente, vinculados al acto procesal. En ningún caso se alterará el procedimiento establecido en este Código, autorizando o permitiendo la sustanciación de procedimientos escritos, cuanto esté prevista la realización de audiencias orales. (…) II. Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, salvo las excepciones establecidas en este Código. (…) La jueza, el juez o tribunal en ningún caso podrá suspender las audiencias por las circunstancias señaladas en el presente Parágrafo, bajo su responsabilidad, debiendo hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes. Excepcionalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles. La o el abogado ni la o el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad. En ningún caso podrá disponerse la suspensión de las audiencias sin su previa instalación. La jueza, el juez o tribunal podrá disponer que la audiencia se lleve a cabo mediante videoconferencia precautelando que no se afecte el derecho a la defensa, debiendo las partes adoptar las previsiones correspondientes, para garantizar la realización del acto procesal. III. Verificada la presencia de las partes, la jueza, el juez o tribunal deberá establecer el objeto y finalidad de la audiencia, debiendo dictar las directrices pertinentes, moderar la discusión y moderar el tiempo del debate. En ningún caso se permitirá el debate de cuestiones ajenas a la finalidad y naturaleza de la audiencia. Las decisiones serán emitidas inmediatamente de concluida la participación de las partes”.

departamento de La Paz, que ejerce el control jurisdiccional del proceso penal, mediante proveído de 30 de septiembre de 2021 dispuso que la impetrante de tutela reitere su solicitud, lo cual lesiona sus derechos alegados; por cuanto, al emitir inicialmente la providencia después de 45 días calendario señalando de manera absurda que reitere su solicitud, sobre este aspecto se advierte una dilación indebida ya que el memorial de solicitud debió ser decretado dentro de las 24 horas conforme prevé el art. 132.1 del CPP, pero contrariamente se decretó después de 45 días calendario, cuya justificación de que recién por causa de muerte de uno de los miembros del Tribunal habría sido remitido el caso a su despacho no justifica tal dilación, máxime que no se adjuntó prueba que demuestre tal situación o que el proceso estaba o no en su despacho. Por su parte, una vez que la Autoridad demandada tomó conocimiento de dicha solicitud, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esta Resolución Constitucional, en observancia del principio de celeridad debió fijar día y hora de audiencia dentro del plazo de 48 horas, al no haber actuado en ese sentido y pedir que se reitere la solicitud de modificación de medida cautelar, ciertamente incurrió en una dilación indebida; lo propio sucede respecto a la ratificación de su solicitud de 21 de octubre de 2021, por cuanto a través de providencia de 22 del mismo mes y año, fijó audiencia de modificación de medida cautelar para el 5 de noviembre de igual año, es decir para 15 (quince) días después de la última petición realizada y 81 (ochenta y un) días después de la primera solicitud, aspecto que de igual forma resultó dilatorio, siendo que debió fijar audiencia dentro del plazo precitado, por lo que siendo evidente de la dilación indebida en la que incurrió la autoridad jurisdiccional accionada, corresponde conceder la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad de pronto despacho explicada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. b. Respecto a la segunda problemática

La impetrante de tutela denuncia que el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, una vez instalada el acto procesal con presencia de las partes y cumplidas las notificaciones, dispuso suspender la misma para el 26 de noviembre de 2021, porque en su criterio no asistieron los Jueces Técnicos convocados y que no se tendría el quorum previsto en el art. 52 de CPP, lo cual le impide su locomoción vinculado a su derecho al trabajo, además del procesamiento indebido, siendo que no se encuentra en juicio oral para que se exija la concurrencia de los tres Jueces, por lo que mínimamente debió señalar audiencia en un plazo razonable.

Sobre el reclamo de que la Autoridad demandada suspendió la audiencia, con el argumento de no había el quorum previsto en el art. 52 del CPP por no haber concurrido los tres Jueces Técnicos, corresponde señalar la jurisprudencia glosada en el Fundamento jurídico III.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que respecto a dicho cuestionamiento tomando en cuenta el principio del Juez Natural, señaló que los Tribunales de Sentencia Penal pueden conocer y resolver solicitudes de medidas cautelares en etapa de juicio oral; es decir que, dichas solicitudes deben ser resueltas mínimamente por dos Jueces Técnicos mediante Resolución dictada en audiencia pública, la cual debe cumplir con los requisitos formales exigidos por Ley; y, si bien resulta válido que los decretos y providencias de mero trámite serán sustanciados por el Presidente del Tribunal Colegiado; empero, la consideración y resolución de una solicitud de medidas cautelares debe ser resuelta en esta etapa con el quórum necesario, o por dos de los tres Jueces Técnicos, precautelando de esta forma el principio de celeridad procesal que debe regir la tramitación de una causa penal.

En ese marco, de la revisión del acta de audiencia de 5 de noviembre de 2021 referida a la consideración de modificación de medidas cautelares, que no fue desarrollada debido a que la misma fue suspendida para el 26 del citado mes y año, la misma fue suspendida bajo el siguiente argumento:

El informe elevado por la señora secretaria del cual se advierte que este tribunal ha cumplido con todas las diligencias (…) habiendo escuchado lo vertido por Y.P.F.B. así como también lo manifestado por el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción y lo requerido por el señor abogado de la defensa (…) se debe considerar que este tribunal conforme establece el art. 52 del C.P.P. el mismo debe estar conformado por tres jueces técnicos tal cual se ha referido ante el fallecimiento del juez técnico Eddy Alan García Flores este tribunal a la fecha únicamente cuenta con un juez (…) sin embargo de ello la suscrita autoridad ha señalado audiencia para dicha consideración convocando a los jueces necesarios para resolver dicha situación legal de la acusada en ese entendido al no contar con el quorum correspondiente se hace inviable considerar dicha situación…” (sic) Es decir que, la Autoridad jurisdiccional demandada realizando una correcta aplicación de la normativa vigente, debido a la inconcurrencia de los Jueces Técnicos convocados a la audiencia, por falta de quorum, no tuvo otra alternativa que suspender el actuado procesal, sobre el cual no resulta pertinente realizar el reproche constitucional tal como de forma errada o equivocada solicita la accionante, siendo que una vez radicada la causa ante el Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, conforme al referido Fundamento Jurídico III.4, todas las cuestiones incidentales como el presente deben ser resueltas por el Juez Natural que en este caso está compuesto por un Tribunal Colegiado compuesto por 3 (tres) Jueces Técnicos, vale decir con el quorum correspondiente, al efecto la autoridad demandada al haber actuado conforme a la norma vigente hace viable que se deba denegar la tutela sobre dicho cuestionamiento. Ahora bien, no sucede lo mismo respecto al cuestionamiento de que mediante providencia de 5 de noviembre de 2021, se fijó audiencia para el 26 del referido mes y año; toda vez que, tomando en cuenta el principio de celeridad, considerando que de por medio se estaba alegando el derecho a la libertad de locomoción vinculado a su derecho al trabajo de la accionante, debió fijarse audiencia dentro del plazo de 48 horas previsto por ley y no 20 (veinte) días después del referido actuado procesal, correspondiendo sobre dicho cuestionamiento conceder la tutela impetrada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada actuó de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 73/2021 de 10 de noviembre, cursante de fs. 25 a 27, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada respecto a los derechos a la libertad, locomoción y debido proceso relacionado a su derecho al trabajo, en relación a la primera y segunda problemática, por consiguiente:

1.1° Se dispone que el Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, conformando el quórum correspondiente, resuelva la solicitud de modificación de medidas cautelares relacionado a la autorización de salida durante la jornada laboral, con la celeridad que amerita el caso, en estricta observancia de los plazos previstos por Ley y conforme a los fundamentos expuesto en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º DENEGAR la tutela respecto al cuestionamiento y petición de que la solicitud de modificación de medidas cautelares sea resuelta sin conformar el quórum correspondiente en relación a la segunda problemática, conforme a los fundamentos expuesto en la presente Resolución Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Se hace constar que la MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 En este sentido, el uso del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional al menos tiene dos consecuencias prácticas: i) Provoca que un juez o tribunal en caso de contar con dos sentencias constitucionales contradictorias elija de acuerdo a las particularidades de cada caso el entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales que llega a ser el estándar más alto. ii) Asimismo, de existir diversos entendimientos jurisprudenciales no antagónicos sino progresivos los mismos deben armonizarse para la resolución más adecuada del caso en atención a los derechos fundamentales obteniéndose vía integración de jurisprudencia el estándar más alto.

2 La SCP…(Exp. 31042-2019-63-AL), en su FJ. III. 3 desarrollo: “…a partir de la doctrina constitucional sentada en la SC 1865/2004-R, de 1 de diciembre, para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”. A partir de dicho razonamiento jurisprudencial, esta instancia contralora de garantías, en la resolución de los casos, de manera uniforme y reiterada siguió la referida reflexión mediante las siguientes Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0151/2015- S1 de 26 de febrero; 1133/2016-S2 de 7 de noviembre; 0859/2017-S3 de 1 de septiembre; 0495/2018-S3 de 13 de septiembre;

10 En su F.J.III.1 indico que: “La Constitución es una norma jurídica directamente aplicable y justiciable por su órgano final de aplicación, salvaguarda y garantía, de naturaleza judicial y de composición plurinacional (Tribunal Constitucional Plurinacional) así como -atendiendo sus específicas atribuciones- por los jueces y tribunales de garantías que ejercen justicia constitucional; sin exclusión de los jueces o autoridades originarias de la pluralidad de jurisdicciones reconocidos en el texto constitucional (Jurisdicción ordinaria, agroambiental, indígena originario campesina y las jurisdicciones especializadas reguladas por la ley, conforme disponen los arts. 179 y 410 de la CPE), últimos operadores jurídicos, que se constituyen en los garantes primarios de la Constitución.”

11 La SCP 0112/2012 de 27 de abril, refirió que: “Existe uniformidad en la doctrina y jurisprudencia constitucional comparada en reconocer, de manera general, que los textos constitucionales están integrados prevalentemente por normas constitucionales- principios (Constituciones principistas) y también en la primacía de éstas respecto de las normas constitucionales-reglas (ante eventuales “antinomias” que salven la coherencia del sistema normativo).”

12 En su F.J. III.2 “(...) el tratamiento que debe darse a las solicitudes en las que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido. Esto en los casos, en los que por razones ajenas al beneficiario, la cesación de la detención preventiva u otro beneficio, no puede concretarse debido a los actos de obstaculización o dilación innecesaria, que originan que el solicitante, no obstante de haber sido favorecido por un beneficio que le permite obtener su libertad, se ve impedido de accederla, permaneciendo indebidamente detenido, situación por la cual se abre la protección que brinda el hábeas corpus ante la ausencia de celeridad en efectivizarse el beneficio otorgado.”

13 En su F.J.III. “…La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”.

14 El FJ III.2 de la SCP 0196/2015-S3 de 20 de febrero señala: “Respecto de las Juezas ciudadanas codemandadas, éstas carecen de legitimación pasiva, al no haber intervenido en la dictación de la Resolución 53/2014, ahora cuestionada. Así también conviene aclarar, que el entonces Tribunal Constitucional dictó la SC 1493/2005-R de 22 de noviembre, señalando que: “… los tribunales de sentencia pueden conocer y resolver solicitudes sobre medidas cautelares, entre ellas, la cesación de la detención preventiva. Consecuentemente, tratándose de la etapa de preparación del juicio, corresponde a los dos jueces técnicos resolver las solicitudes sobre medidas cautelares, mediante resolución dictada en audiencia pública, la cual debe cumplir con los requisitos formales exigidos por ley; que si bien resulta válido el que los decretos y providencias de mero trámite sean sustanciados por el presidente del Tribunal; empero, la consideración y resolución de una solicitud de medidas cautelares debe ser resuelta, en esta etapa, por los dos jueces técnicos…”, por lo que, los tribunales de sentencia, a tiempo de resolver solicitudes de medidas cautelares, pueden hacerlo estando conformados únicamente por jueces técnicos, no siendo necesario convocar a jueces ciudadanos para su intervención, precautelando de esta forma el principio de celeridad procesal que debe regir la tramitación de una causa penal”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0082_2023-S1_id65530.pdf · páginas 1 a 24.

Huella digital del PDF (SHA-256): abefbb90d5752137c1fad147a6178c67b3e8def19dc725cc3a04ba1d80c4a886

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