Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 14 de marzo de 2025
Concede la tutela
El accionante denunció lesionado el debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, y valoración de la prueba, vinculando con su derecho a la libertad y dignidad humana; toda vez que, el Vocal demandado, de manera incorrecta, arbitraría, de oficio y realizando una indebida fundamentación, motivación, y no efectuando una valoración correcta de la prueba y la línea jurisprudencial, mediante Auto de Vista de 23 de junio de 2022, confirmó la Resolución que rechazó su solicitud de modificación de fianza; y, por esta determinación le estaría negando a acceder a la cesación de su detención preventiva dispuesta a su favor, misma que no puede ser materializada debido a una fianza impuesta de imposible cumplimiento; y por el cual, estaría hasta la presente más de once meses detenido indebidamente. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen actos lesivos de los derechos fundamentales o garantías constitucionales, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 18 de agosto de 2022, cursante de fs. 90 a 95 vta., pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Segunda del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista de 23 de junio de 2022, y ordenando que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita una nueva resolución conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, siempre y cuando la situación jurídica del solicitante de tutela, por el trascurso del tiempo no hubiera cambiado.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0081/2025-S4 Sucre, 14 de marzo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 50029-2022-101-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 18 de agosto de 2022, cursante de fs. 90 a 95 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Noé Vilche Bautista contra Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 17 de agosto de 2022, cursante de fs. 1; y, 13 a 18; el accionante manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal que le sique el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, estando recluido en el Centro Penitenciario de San Antonio de Cochabamba; el 10 de junio de 2022, se llevó a cabo su audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares, verificativo en el cual, la Jueza de Sentencia Penal Décima Primera del departamento de Cochabamba, mediante Auto Interlocutorio de la citada fecha, rechazó su solicitud con argumentos nada valederos y franca contradicción con la línea jurisprudencial, a pesar de haber adjuntado prueba idónea y fehaciente que acreditaba la modificación requerida. En ese contexto, al haber interpuesto recurso de apelación contra dicha determinación, el 23 de junio de 2022, se llevó a cabo su audiencia; en la cual, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba –ahora demandado–, de manera incorrecta, realizando una indebida fundamentación, motivación y no efectuando una valoración correcta de la prueba y línea jurisprudencial, mediante Auto de Vista de la referida fecha, confirmó la negativa de la Jueza a quo de su solicitud de modificación de fianza; es decir, la autoridad demandada: a) Al no fundamentar adecuadamente su resolución, estaría atentado no solo el debido proceso, sino tendría una incidencia directa con su libertad, ya que por su mala fundamentación le estaría negando a acceder a la cesación de su detención preventiva, misma que no puede ser materializada debido a la fianza impuesta de imposible cumplimiento, por el cual estaría hasta la presente más de once meses detenido, máxime si acreditó con documentación idónea la falta de recursos económicos y su situación lamentable que atravesaba, al comer de una olla común, y sustentarse con el prediario que recibiría; igualmente, la necesidad de rebaja de la fianza es para poder tener acceso a su libertad y poder seguir manteniendo a su familia que dependen exclusivamente de él; más aun, considerando que existe parte de la fianza depositada ante la dirección de finanzas y que no se le otorgó una libertad irrestricta sino que dentro de las medidas cautelares impuestas, está la detención domiciliaría con derecho al trabajo; es decir, al solicitar la rebaja de la fianza no se estaba poniendo en absoluto en riesgo el normal desarrollo del proceso ni la finalidad establecida en el art. 221 del Código de Procedimiento Penal (CPP); asimismo, el Auto de Vista cuestionado, emitió un fundamento de oficio, al indicar que, si bien el art. 250 del CPP no señalaría cuales son las circunstancias en las que se puede viabilizar la modificación de las medidas cautelares de carácter personal y los requisitos que deben ser exigidos; empero, se debería hacer una supuesta interpretación sistemática en la que se debe considerar tres parámetros para viabilizar la modificación; es decir, la autoridad demandada, de manera oficiosa y arbitraría, implementó la necesidad de incluso desvirtuar riesgos procesales que ya fueron superados en su momento, y mal podría tratar de incorporar presupuestos inexistentes y no establecidos en la Ley o el art. 250 del aludido Código; b) La Jueza a quo, cuando rechazo la modificación de su fianza, argumentado que la prueba que presentó no era idónea ni pertinente, pues no habría demostrado su estado de necesidad, demostró con ello una fundamentación inadecuada, y de forma inclusive escueta se limitó a señalar que la autoridad que le otorgó la cesación a su detención preventiva, sabrá por qué lo hizo; estos argumentos tampoco fueron observados o corregidos por el Vocal ahora demandado como era su deber en calidad de Tribunal de alzada, vulnerando con ello el art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE) que garantiza el derecho de impugnación, al actuar de forma contradictoria con la SCP 1543/2013 de 10 de septiembre, que señala que no se puede omitir referirse a todos y cada uno de los aspectos expuestos por las partes; es decir, en este caso, de todas las pruebas que aportó, lesionando de esa manera también de los arts. 124 y 173 del CPP; c) La autoridad demandada, no consideró los principios in dubio pro reo, pro homine, y la aplicación del art. 7 del referido Código, que establece en la consideración de medidas cautelares donde se genere duda, se deberá estar a lo que sea más favorable al procesado; toda vez que, hizo lo contrario y no cumplió con lo que manda la Ley, al actuar por encima de la misma, y haciendo prevalecer su capricho al negarle la modificación que solicitó; y, d) El Vocal demandado, al señalar que se debe de considerar tres presupuestos –no establecidos de manera textual en la Ley y el art. 250 del CPP–, entre ellos los arts. 221, 222, y 239 de la citada norma, significan que la merituada autoridad estaría interpretando o modificando la Ley a su gusto e interés, olvidando el principio de reserva de la Ley; misma que, es la soberana para abrir o cerrar las puertas de la cárcel, y por ello no podía salirse, como ocurre en la especie, de la norma legal, vulnerando de esa forma su derecho de contar un Juez probo, imparcial, objetivo e idóneo; puesto que: 1) Al referirse al art. 221 del CPP, sería un razonamiento no pertinente ni adecuado al caso, ya que no se trataba de una audiencia de agravación de medidas cautelares para ver si la medida estaba cumpliéndose o no su fin, si no más al contrario se trataba de un verificativo de modificación de fianza en parte, pues ya se cumplió con la primera fianza impuesta, y a raíz de una modificación realizada se le aumentó la misma; por lo que, solo estaba solicitando se rebaje el 50% de la fianza y no el total; y, fuera de ello, en caso de ser necesario la aplicación o consideración del art. 221 del referido Código, se debió realizar bajo una interpretación progresiva; es decir, solo se debió considerar la indispensabilidad de la misma, que en el presente caso, sería la existencia de una fianza ya impuesta y pagada ante finanzas en la suma de Bs20 000.- (veinte mil bolivianos), su arraigo, y que no fue beneficiado con una libertad irrestricta, sino con una detención domiciliaría; empero, los mismos no fueron considerados y menos referidos o mencionados, demostrándose con ello, que la autoridad demandada, no solo fundamento de manera incorrecta su solicitud, sino que omitió referirse en cuanto al análisis de la prueba aparejada, contraviniendo el art. 173 del CPP, al no haber hecho mención de la prueba ni haberse valorado en base a la sana crítica; 2) En cuanto al art. 222 del precitado Código, el Vocal demandado menciona la misma, pero la aplica y fundamenta de manera incorrecta, ya que dicho articulado al establecer que toda medida cautelar y por ende una modificación de fianza que hace viable a la libertad, debe ser aplicada con criterio restrictivo y de modo que perjudique lo menos posible a la persona; sin embargo, la aludida autoridad, analizó sus fundamentos en apelación indicando que: “…cuando se pretende la modificación de una medida cautelar debe demostrarse que justamente qué medida cautelar impuesta está ocasionando al que lo sufre un perjuicio relevante, en estas circunstancias lógicamente es viable también la modificación de la medida cautelar de carácter real” (sic); y, a decir del mismo que: “…en el caso presente tampoco fue demostrado por la parte hoy recurrente” (sic); cuando este extremo sería falso, pues demostró con un Informe Socio Económico emitido por la Trabajadora Social del Régimen Penitenciario y bajo requerimiento fiscal, la precariedad en la cual se encontraría, la olla y celda común donde se alimenta, el prediario con el que vive, y que todas sus hermanas estaban bajo su dependencia, ante al abandono de su madre y la falta de preocupación de su padre al ser agricultor; demostrando con ello el perjuicio de imponerle una fianza de imposible cumplimiento al no poder o contar con recursos, y el enorme detrimento de privación de su derecho a una familia y una vida digna; y, 3) El Vocal hoy demandado, al referirse que necesariamente y lógicamente debería de presentar nuevos elementos que demuestre que ya no concurren los motivos que la fundaron; empero, dicho fundamento sería incorrecto y arbitrario, ya que no está establecido como requisito dicha situación en el art. 250 del CPP; pues, al haberse ya dispuesto la cesación de la medida extrema de su detención preventiva, e impuesto medidas sustitutivas, ya se hubiera valorado y superado estos extremos; en ese entendido, lo que correspondía tanto por la Jueza a quo, y la autoridad demandada, es que resuelvan la procedencia o no de la modificación de su fianza, y no entrar en mayores consideraciones que solo alargarían indebidamente su libertad.
El impetrante de tutela denunció lesionado el debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, y valoración de la prueba, vinculando con su derecho a la libertad y dignidad humana; citando al efecto los arts. 22, 23, 73 y 115.II de la CPE; y, 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que la autoridad ahora demandada dicte una nueva resolución en estricto apego a la Ley, y en su caso fundamente adecuadamente su resolución, de forma racional y bajo los componentes del debido proceso, de una debida argumentación o fundamentación, y conforme a procedimiento.
Celebrada la audiencia pública el 18 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 86 a 89 vta., presentes el accionante asistido por su abogado; así como, la representante del Ministerio Público, y ausente la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, en audiencia, ratificó íntegramente los términos expuestos en su demanda de acción de defensa, y ampliándolo, manifestó que, en su caso se debería considerar lo establecido en la SC 0408/2001-R de 8 de mayo, que en situaciones similares, al tratarse de una problemática relacionada con la imposición de una fianza de imposible cumplimiento, estableció lineamientos jurisprudenciales; es decir, realizando una interpretación constitucional, en su caso solo correspondía únicamente ser verificado y aplicado bajo los principios de acceso a la justicia de manera irrestricta, y verdad material.
Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 18 de agosto de 2022, cursante de fs. 84 a 85, manifestó que: i) Se podrá evidenciar que el Auto de Vista cuestionado no sería arbitrario, ya que se pronunció en función a una apelación incidental planteada, y la decisión se sujetó al art. 398 del CPP, absolviendo cada uno de los puntos cuestionados por el apelante; asimismo, aplicando a su vez la línea jurisprudencial de las Sentencias Constitucionales 0012/2006-R de 24 de enero, 2515/2010-R de 19 de noviembre, y 0589/2013-L de 28 de junio; constando con ello las razones por las que se declaró la improcedencia del recurso, producto del análisis y aplicación de la jurisprudencia constitucional y también doctrina legal aplicable al caso concreto; por lo que, no podría la citada Resolución cuestionada, vulnerar el debido proceso y menos el derecho a la libertad del solicitante de tutela, siendo los fundamentos de la misma claros, y de acuerdo a la exigencia prevista en el art. 124 del CPP; ii) El accionante en su demanda de acción de defensa, no señaló de forma concreta la interrelación de su libertad con los actos realizados en el Auto de Vista; puesto que, solo se limitó a realizar una relación de los actos procesales y emitir su propio análisis valorativo, pretendiendo con ello que esta instancia constitucional, realice una nueva revisión de actos procesales y elementos de convicción que ya fueron presentados ante la Jueza a quo a tiempo de revisar su situación jurídica y que solo atañen a esta jurisdicción ordinaria; es decir, la resolución motivo de apelación, al ser analizada dentro del marco técnico legal previsto en el art. 398 del CPP, no podría ser tildado de arbitrario o erróneo la precitada Resolución cuestionada; toda vez que, la jurisdicción constitucional no podría suplir a la jurisdicción ordinaria en la interpretación de la legalidad ordinaria, así estaría establecido en la SC 0085/2006-R de 25 de enero y la SCP 0230/2014-S3 de 8 de diciembre; iii) El impetrante de tutela no estaría siendo sometido a un procesamiento indebido; ya que, la aplicación de sus medidas cautelares personales, emanarían del régimen de medidas ordenadas por autoridad competente; por lo que, la improcedencia de su recurso de apelación no podría constituirse en afectación al debido proceso, por estar correcta y debidamente fundamentada; además, explicando las razones fácticas y jurídicas que la motivaron; y, iv) Cabe señalar que las medidas cautelares, por el principio de revisabilidad, no causan estado; es decir, al ser modificables los mismos aún de oficio como lo establece el art. 250 del CPP, la defensa del solicitante de tutela tendría las vías respectivas para solicitar la modificación de la medidas cautelares impuestas, demostrando objetivamente su pretensión; por lo que, conforme a todo lo precitado, requirió que se deniegue la tutela impetrada.
Marlene Ivette Rocabado Revollo, Fiscal de Materia, en audiencia, refirió que: a) Si bien en la demanda de acción de defensa hace referencia al debido proceso, pero no específica en cuál de sus vertientes, ya que dicho término resulta muy amplio; y, b) La parte accionante manifestó que habría pagado cierta suma; sin embargo, se debería considerar que cuando se impone una medida como es la fianza, la Ley no expresa en ninguna parte que la misma puede ser cumplida a medias, simplemente establece la suma de la fianza en su integridad para pedir su modificación conforme al art. 255 del CPP.
La Jueza de Ejecución Penal Segunda del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, a través de la Resolución de 18 de agosto de 2022, cursante de fs. 90 a 95 vta., denegó la tutela solicitada, con base a los siguientes fundamentos: 1) La parte accionante identificó como vulnerados el debido proceso en su componente fundamentación, señalando que los argumentos del Auto de Vista cuestionado, sería contradictoria a los fundamentos de derecho que se expone en el mismo; empero, verificados dichos antecedentes procesales se advierte que el Tribunal de alzada, en atención a lo previsto en el art. 398 del CPP; así como, la jurisprudencia constitucional, sí consideró los agravios expuestos por el impetrante de tutela; y, 2) Se concluyó que, el Auto de Vista cuestionado, se encuentra enmarcado en los arts. 124 y 173 del citado Código; dado que, fue resuelto en virtud a los agravios expuestos por el solicitante de tutela, y determinando que la decisión asumida por la Jueza a quo fue la correcta, al redirigir a la parte accionante, que las medidas cautelares pueden ser revocables y modificables incluso aún de oficio, y a solicitud de la parte deba de cumplir con la documentación idónea y pertinente para efectos de demostrar su insolvencia económica como también su situación patrimonial.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Auto Interlocutorio de 11 de enero de 2022, el Juez de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Cochabamba, dispuso la cesación de detención preventiva de Noé Vilche Bautista –ahora accionante–, y la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, entre otras, la fijación de una fianza económica de Bs20 000.-, la prohibición de salir de la ciudad de Cochabamba y del país, ordenando su arraigo, y detención domiciliaria con derecho al trabajo (fs. 28 a 29 vta.). II.2. Mediante Auto de Vista 49/2022 de 15 de marzo, la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, ante el recurso de apelación planteado por Jheymi Huanaco Choque contra el precitado Auto Interlocutorio; resolvió en declarar procedente dicho recurso, anulando la actuación desarrollada el 11 de enero de 2022 por el Juez titular, y disponiendo la renovación del acto a partir de un nuevo señalamiento para considerar la situación jurídica del imputado (fs. 30 a 32 vta.). II.3. A través del Auto Interlocutorio de 30 de marzo de 2022, el Juez de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Cochabamba, dispuso la cesación de detención preventiva del impetrante de tutela, y la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, entre otras, la fijación de una nueva fianza económica de Bs40 000.-, y advirtiéndose que cursar un depósito judicial de 11 de enero de igual año, por la suma de Bs20 000.-, solo quedaría pendiente los otros Bs20 000.-; la prohibición de salir de la ciudad de Cochabamba y del país, ordenando su arraigo; y, detención domiciliaria con derecho al trabajo; citada Resolución que fue apelada por la parte víctima (fs. 35 a 37 vta.).
II.4. Mediante memorial presentado el 3 de junio de 2022, ante la Jueza de Sentencia Penal Décima Primera del departamento de Cochabamba; el solicitante de tutela solicitó audiencia de modificación de medidas cautelares; del cual, conforme al Acta de Audiencia de Consideración de Modificación de Medidas Cautelares de 8 del referido mes y año, la misma fue suspendida por existir un recurso de apelación interpuesto el 30 de marzo de igual año, y por no tener constancia de la resolución que se hubiere emitido; disponiendo la aludida autoridad, que el accionante previamente acompañe dicha “acta de Audiencia de Vista” (sic), y acorde a ello se señalará la audiencia solicitada (fs. 38; y, 69 y vta.). II.5. Por Auto Interlocutorio de 10 de junio de 2022, la Jueza de Sentencia Penal Décima Primera del departamento de Cochabamba, rechazó la solicitud de modificación de fianza económica del impetrante de tutela; aludida Resolución que fue apelada por la parte accionante (fs. 3 vta. a 5 vta.). II.6. Mediante Auto de Vista de 23 de junio de 2022, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba –hoy demandado–, declaró improcedente el recurso de apelación planteado por el impetrante de tutela, y confirmó el Auto Interlocutorio precitado (fs. 7 a 9 vta.).
El accionante denunció lesionado el debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, y valoración de la prueba, vinculando con su derecho a la libertad y dignidad humana; toda vez que, el Vocal demandado, de manera incorrecta, arbitraría, de oficio y realizando una indebida fundamentación, motivación, y no efectuando una valoración correcta de la prueba y la línea jurisprudencial, mediante Auto de Vista de 23 de junio de 2022, confirmó la Resolución que rechazó su solicitud de modificación de fianza; y, por esta determinación le estaría negando a acceder a la cesación de su detención preventiva dispuesta a su favor, misma que no puede ser materializada debido a una fianza impuesta de imposible cumplimiento; y por el cual, estaría hasta la presente más de once meses detenido indebidamente. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen actos lesivos de los derechos fundamentales o garantías constitucionales, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Sobre el particular, la SCP 0621/2020-S4 de 20 de octubre, reiterando a la SCP 0584/2019-S4 de 29 de julio; estableció que: “‘Considerando que las medidas cautelares, ostentan los caracteres de excepcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, temporalidad y variabilidad, provocando que su aplicación y vigencia esté regida por específicos requisitos procesales, cuya verificación de cumplimiento está a cargo de la autoridad jurisdiccional competente que conoce la causa en cada una de las etapas del proceso penal, trasciende la obligación de dichas autoridades, de fundamentar y motivar, suficiente y debidamente la decisión de imponer, modificar o revocar una medida cautelar.
Entonces, todas las autoridades jurisdiccionales en general y, específicamente los jueces y tribunales que conocen una solicitud de aplicación de medidas cautelares, deben fundamentar suficientemente sus determinaciones, en ese entendido se pronunció la SCP 0759/2010-R de 2 de agosto, con el siguiente razonamiento: «…la jurisprudencia constitucional ha dejado establecido que el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada; es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma. Consecuentemente, cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho, que vulnera de manera flagrante el citado derecho, que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido o lo que es lo mismo, cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión. En ese entendido, ‘…toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución, tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso sino que también la decisión está normada por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra manera de resolver los hechos juzgados, sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que ha arribado el juzgador, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se tienen los canales que la Ley Fundamental le otorga para que, en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales y así pueda obtener una resolución que ordene la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir, del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento, una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, las SSCC 1369/2001-R, 0752/2002-R…’ (…) Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y fondo. En cuando a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas», (SC 1365/2005-R de 31 de octubre). Del referido desglose jurisprudencial, es posible concluir que las autoridades judiciales a quienes les corresponda conocer y resolver la situación jurídica del procesado, deberán efectuar una fundamentación y motivación clara, debida y suficiente, en base a la compulsa de las pruebas y de las normas jurídicas aplicables al caso’” (las negrillas nos pertenecen).
Sobre el particular, la precitada SCP 0621/2020-S4 de 20 de octubre, reiterando la línea jurisprudencial emanada al respecto; sostuvo que: “‘…por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente’” (las negrillas y subrayado nos pertenecen).
Presupuestos necesarios para su aplicación conforme a la legislación boliviana y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos
Al respecto la SCP 0694/2019-S4 de 28 de agosto, señala que: “Las medidas sustitutivas a la detención preventiva, se aplican cuando resulta improcedente la detención preventiva y exista peligro de fuga u obstaculización del procedimiento, circunstancia en la cual: “…el juez o tribunal, mediante resolución fundamentada, podrá disponer la aplicación de una o más de las siguientes medidas sustitutivas: (….) 6. Fianza juratoria, personal o económica. La fianza económica podrá ser prestada por el imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca (art. 240 del CPP). Asimismo, conforme al Código adjetivo penal, la fianza tendrá por exclusiva finalidad asegurar que el imputado cumpla las obligaciones que se le impongan y las órdenes del juez o tribunal, fijándose la misma teniendo en cuenta la situación patrimonial del imputado, sin que en ningún caso pueda determinarse una fianza económica de imposible cumplimiento. El imputado y el fiador podrán sustituir la fianza por otra equivalente, previa autorización del juez o tribunal (art. 241). Sobre la naturaleza jurídica de la figura procesal en estudio, la SC 0760/2012 de 13 de agosto, asumió: “…la fianza real se constituye con bienes inmuebles o muebles, dinero o valores que por su sentido teleológico tiene la finalidad de asegurar que el imputado o el procesado cumplirán las obligaciones impuestas y las órdenes del Juez o Tribunal y de esta forma asegurar los fines del proceso penal y la eficacia de la persecución penal; así también el legislador aclaró que en ningún momento se fijará una fianza que sea de imposible cumplimiento; por tanto, si se ofrecen bienes inmuebles, propios o de un tercero, se exigirá el título de propiedad, avalúo catastral y certificado de registro correspondiente para demostrar que no pesa sobre ellos ningún gravamen, o que estando gravado constituye suficiente garantía, siendo necesaria la conformidad del propietario; así también, tratándose de bienes muebles o joyas, se acreditará su valor mediante pericia, el juez o tribunal verificará su autenticidad y veracidad de esta operación y designará el depositario correspondiente; tratándose de bienes sujetos a registro, el gravamen deberá inscribirse, debiendo los funcionarios encargados dar prelación a la inscripción, efectuándola a la presentación del documento, bajo su responsabilidad dentro del término de veinticuatro horas como establece la norma. En este sentido, tenemos que la fianza real, efectivamente es una medida cautelar de carácter temporal de índole coercitivo, es decir, se constituye en una restricción a derechos personales o patrimoniales impuestos en la realización penal para obtener o asegurar los fines del proceso penal, constituyéndose en una herramienta necesaria para auxiliar al Ministerio Público, cuando no corresponde la detención preventiva. Sin embargo, a la luz de los valores y principios de la Constitución que irradian en nuestro ordenamiento jurídico, en el marco previsto por los arts. 7 y 221 del CPP, su aplicación deberá efectuarse con criterio restrictivo y cumpliendo con las condiciones de validez legal previstas por las normas procesales respectivas. Empero, una vez aplicada la medida en el marco referido, su cumplimiento es obligatorio para el imputado o procesado a quien se impone ésta medida. Sobre la temática, resulta imperativo acudir a los razonamientos jurisprudenciales sostenidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Andrade Salmón vs. Bolivia, sobre el instituto jurídico de la fianza: “…es relevante mencionar que la fianza como medida cautelar en el marco de un proceso penal constituye una garantía que tiene por finalidad asegurar que el procesado cumpla efectivamente con las obligaciones procesales que pesan sobre él. Como consecuencia de ello, cuando ésta se refiere al pago de una suma de dinero o de una garantía real, para determinar la cuantía del monto, debe prestarse especial atención a la intensidad de los riesgos, de modo tal que se establezca entre ellos una relación de proporción: a mayor riesgo procesal, mayor caución o fianza, atendiendo a la particular situación patrimonial del imputado procurando que en ningún caso se convierta de imposible cumplimiento. De lo contrario, en caso de avaluarse la fijación de una fianza por encima de la capacidad económica real del acusado, se torna ilusorio el goce de la libertad caucionada y se podría estar vulnerando el derecho de igualdad ante la ley. En ese entorno, es posible asumir que la autoridad jurisdiccional que determine imponer una medida sustitutiva prevista y reconocida en el art. 240 del CPP, debe hacerlo a través de una resolución debidamente fundamentada, lo que guarda coherencia no sólo con la obligación descrita en el art. 124 del mismo Código, que dispone que las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados, expresando los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba; asimismo, que la fundamentación no podría ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes sino también es concordante con los principios constitucionales que rigen a la jurisdicción ordinaria, entre ellos, el debido proceso (art. 180.I de la CPE), que como tal impele a que las autoridades jurisdiccionales sujeten su accionar al respeto y efectivización de los derechos y garantías que les asisten a las partes procesales en contienda judicial. El debido proceso, concebido como principio, derecho y garantía, ostenta entre sus elementos a la fundamentación y motivación, que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional: “…entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma…consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión” (SC 752/2002-R de 25 de junio, reiterada por las Sentencia Constitucionales 2023/2010-R de 9 de noviembre, 1054/2011-R de 1 de julio y 0286/2019-S4 de 29 de mayo, entre otras). Ahora bien, específicamente en lo relativo a la fianza económica, que puede ser prestada por el imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, igualmente el juez de la causa está obligado a fundamentar y motivar su decisión de imponerla, observando la situación patrimonial del imputado de modo tal que no constituya una carga de imposible cumplimiento. La CIDH, respecto a los presupuestos que deben ser considerados, asumió el siguiente razonamiento: “…no existen criterios precisos para fijar el monto de la caución real o fianza personal, sin embargo, el derecho comparado ofrece pautas orientadoras que, sin eliminar por completo el margen de discrecionalidad de la autoridad judicial competente, permiten establecer ciertos parámetros con pretensión de objetividad. Entre estos criterios, se destacan los siguientes: a) las circunstancias personales, profesión, situación familiar y social del procesado; b) las características del hecho, y el quantum de la pena en expectativa (mientras mayor sea, más debe ser la caución ya que existirá mayor interés del procesado en eludir la acción de la justicia); c) los antecedentes del procesado; d) si el procesado tiene domicilio conocido o lugar de residencia; e) si el mismo tiene procesos pendientes o paralelos, y f) si estuvo prófugo o si registra rebeldías entre otros.
En el mismo sentido, el Tribunal constata que el Código Procesal Penal de Bolivia establece en su artículo 241 que “[…] la fianza económica se fijará teniendo en cuenta la situación patrimonial del imputado, en ningún caso se fijará una fianza económica de imposible cumplimiento”. (…) …respecto a las medidas cautelares en el marco de un proceso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la garantía establecida en el artículo 5.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tiene por finalidad garantizar la comparecencia del procesado a la audiencia. En efecto, dicho artículo establece, al igual que el artículo 7.5 de la Convención Americana, que la puesta en libertad del procesado puede ser condicionada a una garantía que asegure su la comparecencia al juicio184 . Ello significa que la naturaleza y la cantidad de la garantía exigida deben estar relacionadas principalmente con la persona procesada, su situación patrimonial o su relación con la persona que paga la fianza, todo ello para alcanzar el mayor grado de seguridad que sea posible, entendiendo que la perspectiva de una acción en contra del garante en caso de no comparecencia al proceso constituiría una motivación suficiente como para abstenerse de darse a la fuga” (las negrillas y subrayado nos pertenece).
El accionante denunció lesionado el debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, y valoración de la prueba, vinculando con su derecho a la libertad y dignidad humana; toda vez que, el Vocal demandado, de manera incorrecta, arbitraría, de oficio y realizando una indebida fundamentación, motivación, y no efectuando una valoración correcta de la prueba y la línea jurisprudencial, mediante Auto de Vista de 23 de junio de 2022, confirmó la Resolución que rechazó su solicitud de modificación de fianza; y, por esta determinación le estaría negando a acceder a la cesación de su detención preventiva dispuesta a su favor; misma que, no puede ser materializada debido a una fianza impuesta de imposible cumplimiento; y por el cual, estaría hasta la presente más de once meses detenido indebidamente. Identificada la problemática jurídica venida en revisión, de antecedentes y Conclusiones; se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, en contra de Noé Vilche Bautista –ahora impetrante de tutela–, por la presunta comisión del delito de homicidio, y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, y estando el mismo recluido en el Centro Penitenciario de San Antonio de Cochabamba; mediante Auto Interlocutorio de 11 de enero de 2022, el Juez de Instrucción Penal Cuarto del departamento de Cochabamba, dispuso la cesación de detención preventiva del nombrado, y la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, entre otras, la fijación de una fianza económica de Bs20 000.-, arraigo, y detención domiciliaria con derecho al trabajo; sin embargo, al ser recurrida dicha Resolución por Jheymi Huanaco Choque – parte víctima–, y mediante Auto de Vista 49/2022, se declaró procedente dicho recurso, anulando la actuación desarrollada el 11 de enero de 2022 por el Juez titular, y disponiendo la renovación del acto a partir de un nuevo señalamiento para considerar la situación jurídica del solicitante de tutela; a través del Auto Interlocutorio de 30 de marzo de igual año, el referido Juez de Instrucción, dispuso la cesación de detención preventiva del mismo, y la aplicación de medidas cautelares de carácter personal, imponiéndole entre otras, la fijación de una nueva fianza económica de Bs40 000.-, y advirtiéndo que cursa por este un depósito judicial de 11 de enero de igual año, por la suma de Bs20 000.-, solo quedaría pendiente los otros Bs20 000.-; asimismo, ordenando su arraigo; y, detención domiciliaria con derecho al trabajo; citada Resolución que fue apelada por la parte víctima (Conclusiones II.1, II.2, y II.3). Posteriormente, el accionante al solicitar audiencia de modificación de medidas cautelares, mediante memorial presentado el 3 de junio de 2022 ante la Jueza de Sentencia Penal Décima Primera del departamento de Cochabamba; conforme se tiene del Acta de Audiencia de Consideración de Modificación de Medidas Cautelares de 8 de junio de 2022, la aludida autoridad, suspendió dicho verificativo, señalando que existiría un recurso de apelación interpuesto el 30 de marzo de igual año –haciendo referencia del recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de la citada fecha, por la parte víctima–, y por no tener constancia de la resolución que se hubiere emitido para tal efecto; por lo que, dispuso que el impetrante de tutela previamente acompañe dicha “acta de Audiencia de Vista” (sic), y acorde a ello se señalará la audiencia que solicitó (Conclusión II.4). Y por último, se tiene que por Auto Interlocutorio de 10 de junio de 2022, la Jueza de Sentencia Penal Décima Primera del departamento de Cochabamba, rechazó la solicitud de modificación de fianza económica del impetrante de tutela; aludida Resolución que al ser apelada por el mismo, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba –hoy demandado–, mediante Auto de Vista de 23 de igual mes y año, declaró improcedente dicho recurso de apelación, y confirmó el Auto Interlocutorio recurrido (Conclusiones II.5, y II.6).
En ese contexto, conforme a la problemática planteada, el solicitante de tutela identificó al Auto de Vista de 23 de junio de 2022 como el actuado lesivo de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales hoy reclamados vía esta acción de tutela; alegando que, el Vocal demandado, de manera incorrecta, arbitraría, y de oficio, al resolver su recurso de apelación contra el rechazo de su solicitud de modificación de fianza, declaró improcedente su recurso con una indebida fundamentación, motivación, y no efectuando una valoración correcta de la prueba y la línea jurisprudencial; ello mediante el precitado Auto de Vista –hoy cuestionado–, que confirmó el Auto Interlocutorio de 10 de junio de 2022 de la Jueza a quo; y, al considerar que con dicha determinación lesionó su derecho a la libertad, señaló que le estarían negando a acceder a la cesación de su detención preventiva dispuesta a su favor, misma que no puede ser materializada debido a una fianza impuesta de imposible cumplimiento; y por el cual, estaría hasta la presente detenido indebidamente.
Bajo la premisa expuesta, corresponde conocer los argumentos del recurso de apelación incidental interpuesta en contra del Auto Interlocutorio de 10 de junio de 2022, conforme al Acta de Audiencia Virtual de 23 de igual mes y año; por el cual, el recurrente ahora accionante, solicitó que el Tribunal de alzada, emita una nueva resolución, y al concederle la admisibilidad de su requerimiento, se le otorgue la modificación de su de fianza; centrándose en los siguientes agravios:
a) Primer agravio: Existiría una inobservancia de la aplicación de la Ley penal; ya que, la resolución pronunciada por la Jueza a quo, carece de una debida fundamentación y motivación, conforme al art. 124 del CPP; es decir, según a los antecedentes del proceso, no solicitó que se revise su situación jurídica, sino que requirió la modificación de la fianza económica de Bs40 000.- que le fue impuesta; empero, la citada autoridad, sin una debida fundamentación y motivación, señaló que al haber renunciado a la apelación, por consiguiente convalidó dicha fianza; y, b) Segundo agravio: Existiría una errónea valoración de los elementos de prueba que presentó, y que estarían establecidos en el art. 173 del CPP; es decir, no se le otorgó el valor correspondiente y correcto al Informe Socio Económico, y no se consideró el art. 180 de la CPE; puesto que, la Jueza a quo, señaló que se trataría de un simple informe emitido por una funcionaría dependiente del Régimen Penitenciario, cuando el mismo fue obtenido mediante un requerimiento fiscal, y establece que percibe un prediario de Bs3.- (tres bolivianos); asimismo, que estaría bajo su dependencia cuatro de sus hermanos menores, antecedentes que no fueron considerados por la aludida autoridad; igualmente, acompaño certificaciones correspondientes a efectos de acreditar que no cuenta con bienes, y si bien según a la Certificación de Tránsito se acreditó que tendría una motocicleta; sin embargo, este tiene un gravamen a favor de los denunciantes; por lo que, la Jueza a quo, además de no otorgarle el valor correspondiente al citado Informe Socio Económico, asimismo refirió que no estaría demostrando su estado de necesidad; y, c) Tercer agravio: Si bien se convalidó la fianza económica al no haberse interpuesto recurso alguno; empero, aquello contravendría las normas procesales penales, ya que el art. “252” del CPP, establece que las medidas cautelares no causan estado y pueden ser modificadas incluso de oficio; asimismo, al existir prueba que no fueron mencionados por la Jueza a quo a efectos de que rebaje la fianza, se constituiría en una omisión por parte de la misma; puesto que, solicitó la rebaja de Bs40 000.- a Bs20 000.-; y, tampoco se tomó en cuenta en su caso, los principios de favorabilidad y pro homine, mismos que estarían establecidos en las Sentencias Constitucionales 0379/2010-R de 22 de junio, 0101/2013 de 17 de enero, y 0006/2010-R de 6 de abril.
En ese entendido, a los fines de dilucidar si en efecto existe falta de fundamentación, motivación, valoración correcta de la prueba, y la línea jurisprudencial, debe tenerse presente que toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de agravio expuestos por la parte recurrente, que se entiende, deben estar relacionado con lo discutido ante la autoridad a quo. Y siendo que el accionante denunció en su memorial de esta acción tutelar, la lesión a su derecho a una resolución fundamentada, motivada, y valoración de la prueba, teniéndose que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional transcrita en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el debido proceso tiene como uno de sus componentes la fundamentación, motivación, congruencia y valoración de las pruebas de las resoluciones que dilucida cualquier conflicto jurídico, entendido éste como la obligación que se impone a toda autoridad a que motive y fundamente adecuadamente sus fallos, mencionando las razones de hecho y derecho, base de sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, no siendo exigible una exposición necesariamente amplia de consideraciones y citas legales, pero tampoco una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino debe contener una estructura de forma y de fondo que integre todos los puntos demandados, respecto a que los Tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada; y, además que permita comprender los motivos de la determinación asumida de forma concisa y clara.
En mérito a ello, corresponde efectuar el análisis pormenorizado, para establecer si es evidente o no lo señalado por el impetrante de tutela en su demanda de acción de libertad; por lo tanto, es necesario realizar la contrastación de los puntos de agravios en el recurso de apelación incidental interpuesto por el solicitante de tutela en contra del Auto Interlocutorio de 10 de junio de 2022, y los fundamentos que utilizó la autoridad demandada, dentro del Auto de Vista de 23 de igual mes y año; por el cual, determinó declarar improcedente las cuestiones planteadas del recurso, y ratificar en su totalidad el fallo objetado; en ese entendido, de dicha Resolución de alzada, se tiene lo siguiente:
1) Cuando las partes invocan la modificación de medidas cautelares y se respaldan en la aplicación del art. 250 del CPP, corresponde verificar cuales son los presupuestos de valides legal insertos en esta determinación; asimismo, también debe tomarse en cuenta a efectos de considerar la solicitud de modificación de medidas cautelares en lo que respecta a la fianza económica de Bs40 000.- a la suma de Bs20 000.-; por el cual, la abogada de la defensa, requirió ante la autoridad de instancia y a este Tribunal de alzada, modificación consistente en la rebaja de esta fianza económica; en ese entendido, a efectos de verificar si lo alegado por el apelante constituye agravio, corresponde hacer una interpretación sistemática de las disposiciones contenidas en el art. 250 del CPP, con los arts. 221, 222 y 239 del citado Código. En lo que respecta al art. 250 del CPP, al establecer que: “El auto que imponga una medida cautelar o la rechace es revocable o modificable, aun de oficio”, quiere decir que efectivamente es viable la modificación de las medidas cautelares de carácter personal en cualquier momento; empero, esta disposición no señala cuales son las circunstancias en la que pueden viabilizarse la modificación de la mismas, y los requisitos que deben de exigirse; en ese sentido y desde la interpretación sistemática referida anteriormente, debemos remitirnos también al art. 221 de la referida norma, que prevé lo siguiente: “(FINALIDAD Y ALCANCE). La libertad personal y los demás derechos y garantías reconocidos a toda persona por la Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados internacionales vigentes y este Código, solo podrán ser restringidos cuan sea indispensable para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley”, esto significa que la medidas cautelares de carácter personal tienen un fin específico, el aseguramiento de la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, también significa que cuando se pretende la modificación de una medida cautelar debe lógicamente demostrarse que su imposición ya no resulta ser efectiva o eficaz para garantizar el cumplimiento de estos fines; es decir, que la medida cautelar que se le impuso no está siendo suficiente para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley. Por otro lado, el art. 222 del CPP, al prever que: “(Carácter). Las medidas cautelares de carácter personal, se aplicarán con criterio restrictivo y se ejecutarán de modo que no perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los afectados”, quiere decir precisamente por este criterio de carácter restrictivo de las medidas cautelares, deben ser impuestas de manera que perjudiquen lo menos posible a la persona que está siendo afectada, ello supone que cuando se pretende la modificación de una medida cautelar debe demostrarse justamente qué medida impuesta está ocasionando al que lo sufre un perjuicio relevante, en esta circunstancia lógicamente es viable también la modificación de la medida cautelar de carácter personal. Por último el art. 239 del referido Código, modificado por la Ley 1173 y la Ley 1226, al establecer que: “…Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: 1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida”, podemos darnos cuenta que en el contexto de dicha disposición, hace referencia a la cesación de las medidas cautelares, cesación que lógicamente supone una modificación de la situación jurídica de la persona a la que se le impuso una determinada medida cautelar, y que la misma es viable a través de la presentación de nuevos elementos que demuestren que ya no concurren los motivos por los cuales se dispuso la imposición de la medida cautelar; por lo que, en base a lo desarrollado en la fundamentación jurídica de la resolución emitida por la autoridad de instancia, y de esta resolución de alzada, se debe claramente establecer que son esos los tres parámetros señalados que viabilizan la modificación de la medida cautelar a la que hace referencia el art. 250 del CPP; y,
2) En base a este marco normativo, corresponde abordar la problemática planteada en la audiencia de apelación; en el cual, la defensa del imputado solicito se modifique o más bien se rebaje la medida de la fianza económica impuesta de la suma de Bs40 000.- por el monto de Bs20 000.-, en base a los principios de favorabilidad y pro homine; y, tomándose en cuenta que el imputado percibe un prediario de Bs.3.-, además se encuentra a cargo de cuatro de sus hermanos menores, no cuenta con bienes, y si bien tiene una motocicleta la misma está gravada a favor de los denunciantes; así expuesta la pretensión de la defensa del imputado, claramente se tiene que dicho argumento no se ajusta a los alcances del art. 221 del CPP, porque no señala que la medida que se le impuso, no permita cumplir con las finalidades del precitado artículo anteriormente indicados; tampoco dicho argumento se ajusta a los alcances del art. 222 del referido Código, que señala que es viable la modificación cuando se demuestre un perjuicio, en el presente caso, tampoco fue demostrado por la parte hoy recurrente. Consecuentemente cabe reiterar que este aspecto no se ajusta a los alcances del art. 221 de la citada norma y menos al art. 239 de la misma, porque en la audiencia de apelación, no se hizo referencia que ante el Juez de instancia, la presentación de documentos que permitan verificar los motivos por lo que se le impusieron las medidas cautelares estarían variando; es así que, este Tribunal de alzada considera que la decisión asumida por la autoridad de instancia resulta ser la correcta; por cuanto la documentación acompañada fue considerada por dicha autoridad, quien señaló que para poder modificar la fianza económica a través de la insolvencia, la situación o estado de necesidad o pobreza, el imputado debe contar por medio de una documentación que respalde este aspecto; motivo por los cuales no da mérito a la petición realizada por el recurrente; sin embargo, debe extraerse el fundamento intelectivo desarrollado por la autoridad de instancia, siendo el siguiente argumento: “…siendo que la autoridad jurisdiccional a momento de emitir esta resolución, ha realizado esa valoración correspondiente, caso contrario efectivamente la parte procesada tenía las vías correspondientes para hacer valer sus derechos, conforme la normativa que hemos precisado, es decir, establecer ese aspecto a través de un agravio de que no se ha considerado la situación económica del imputado imponiéndole una fianza de imposible cumplimiento, aspecto en la presente causa a través de la prueba que ha hecho llegar la defensa, Auto de Vista de 15 de marzo, misma que establece a que ha sido desistida por ambas partes, en consecuencia se establece que la parte hoy solicitante ha convalidado el actuar de la autoridad jurisdiccional, referente a la valoración para la imposición de la fianza que la norma no establece referente art. 241 del CPP” (sic); es decir, este razonamiento realizado por la autoridad de instancia debe extraerse, porque las medidas cautelares pueden ser revocables, modificables incluso de oficio; es así que, la jurisprudencia sentada en la SC 0012/2006-R de 24 de enero, SC 2515/2010-L de 19 de noviembre, y la SCP 0589/2013-L de 28 de junio, estableció que una medida cautelar puede ser modificable, vale decir puede ser flexibilizada o inclusive agravada, pero cuando se altere las situaciones de hecho en las que se fundamentó la adopción de la medida cautelar; sin embargo, en el caso presente, no ocurrió aquello, ya que no fue acreditado por la parte hoy recurrente; por lo que, este Tribunal de alzada confirma el decisorio de la autoridad de instancia.
Ahora bien, previamente corresponde referirnos lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, en el cual señala que la fianza como medida sustitutiva a la detención preventiva puede ser fijada por la autoridad jurisdiccional a través de una resolución debidamente fundamentada; es decir, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma, en atención al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación y considerando la situación patrimonial del imputado de modo tal que no constituya una carga de imposible cumplimiento; razonamiento complementado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con los siguientes presupuestos a considerar: a) Las circunstancias personales, profesión, situación familiar y social del procesado; b) Las características del hecho, y el quantum de la pena en expectativa (mientras mayor sea, más debe ser la caución ya que existirá mayor interés del procesado en eludir la acción de la justicia); c) Los antecedentes del procesado; d) Si el procesado tiene domicilio conocido o lugar de residencia; e) Si el mismo tiene procesos pendientes o paralelos; y, f) Si estuvo prófugo o si registra rebeldías entre otros.
En ese marco de lo expuesto, y efectuada la contrastación entre lo denunciado en esta acción de defensa, los agravios del recurso de apelación incidental y lo resuelto por el Vocal demandado; del Auto de Vista cuestionado, se advierte que dicha autoridad, incurrió en una indebida fundamentación, y motivación, y no valoración de la prueba; así se advierte de los incisos 1) y 2), del fallo judicial demandado de lesivo, pues únicamente se restringió a efectuar una descripción de la naturaleza, alcances y modificación de medidas cautelares conforme a las disposiciones contenidas en el art. 250 del CPP, con los arts. 221, 222 y 239 del citado Código, y estableciendo que según a los tres presupuestos exigidos en los tres referidos artículos últimos –respecto a la finalidad, alcance, un perjuicio relevante, y nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida–, obviando responder la problemática planteada. Se limitaron a señalar que, la solicitud de modificación o rebaja de la fianza económica de Bs40 000.- a Bs20 000.- en base a los principios de favorabilidad y pro homine, y los antecedentes del Informe Socio Económico, la certificación de no contar con bienes, y la Certificación de Tránsito que acredita la propiedad de una motocicleta del imputado, pero gravada en favor de los denunciantes; no serían argumentos y documentos, que se ajusten a los alcances de los arts. 221, 222 y 239 del CPP, y por ello no se podría viabilizar la modificación de la medida cautelar solicitada al no haberse acreditado por parte del recurrente; cuando el accionante identificó que su pretensión era la que considere la modificación del monto de su fianza impuesta por ser de imposible cumplimiento. Advirtiéndose que, el Vocal demandado, no efectuó análisis alguno al respecto, y determine si las pruebas aportadas, eran o no suficientes para acreditar lo argumentado por el impetrante de tutela; tomando en cuenta, que el mismo art. 240 del CPP, establece que toda medida alternativa a la medida extrema de la detención preventiva, debe ser asumida a través de una resolución fundamentada y el art. 241 del citado Código adjetivo penal y la jurisprudencia constitucional y del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (F.J. III.3), prevé presupuestos y aspectos a considerar a tiempo de determinar su aplicación, referente a la situación patrimonial del imputado de modo tal que no constituya una carga de imposible cumplimiento, elementos que de modo alguno se advierte que la autoridad demandada hubiese considerado para ratificar la fianza impuesta por el a quo.
Por último, respecto a una valoración correcta de la prueba; corresponde referirnos lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; mismo que señala, que por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: i) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, iiu) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, como se expuso anteriormente, se denota que el Vocal demandado en el Auto de Vista cuestionado, no efectuó el control de cada una de las pruebas presentadas en la pretensión del accionante limitándose a señalar que “no eran suficientes”, sin argumentar porque llegaba a esa conclusión; constituyéndose de esa forma también en una omisión de manera arbitraria en la no consideración de la citadas pruebas. En consecuencia, resulta evidente la lesión del debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación, congruencia y no valoración de la prueba del fallo judicial invocado por el impetrante de tutela, con directa incidencia en su derecho a la libertad, pues conforme se tiene del precitado fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en caso de evaluarse la fijación –en el presente caso la ratificación del rechazo de la solicitud de modificación de la fianza económica impuesta al solicitante de tutela–, sin aplicar la normativa correcta que sustenta la parte dispositiva de la misma y sin considerar los presupuestos señalados por la CIDH, considerando la situación patrimonial del imputado de modo tal que no constituya una carga de imposible cumplimiento, se torna ilusorio el goce de la libertad caucionada, por cuanto ante su incumplimiento por la imposibilidad material alegada por el accionante, es previsible la revocatoria de dicha medida sustitutiva y la imposición nuevamente de su detención preventiva; por lo que, conforme a todos los argumentos establecidos precedentemente, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado; y, el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución de 18 de agosto de 2022, cursante de fs. 90 a 95 vta., pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Segunda del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista de 23 de junio de 2022, y ordenando que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita una nueva resolución conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, siempre y cuando la situación jurídica del solicitante de tutela, por el trascurso del tiempo no hubiera cambiado.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0081_2025-S4.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): ad1dc73b21e622f9459de76288eac7c4086a00c60246c177a63d89866a83ba30
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