Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 14 de marzo de 2025
Deniega la tutela
El solicitante de tutela por medio de su representante sin mandato denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, a la defensa y el debido proceso; debido a que, el Juez demandado determinó mediante Auto Interlocutorio de 12 de agosto de 2022, su detención preventiva con base en una imputación formal en la que se le cambió el delito por el cual brindo su declaración informativa inicialmente, dejándolo en estado de indefensión respecto al delito finalmente imputado. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 26 de agosto de 2022, cursante de fs. 49 a 53 vta., pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Segunda del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0080/2025-S4 Sucre, 14 de marzo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 50028-2022-101-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 26 de agosto de 2022, cursante de fs. 49 a 53 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Romina Jeanette Jaldin Herrera en representación sin mandato de Raúl Ponce Muñoz contra Fernando Milko Cárdenas Cabero, Juez de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero de la Estación Policial Integral (EPI) Sur del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 26 de agosto 2022, cursante de fs. 1; y, 14 a 15 vta., el accionante por medio de su representante sin mandato; manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de acoso sexual, por Auto Interlocutorio de 12 de agosto de 2022, se dispuso su detención preventiva por el lapso de cuatro meses, con base en la imputación fiscal presentada por el ilícito precitado; sin embargo, no se tomó en cuenta que prestó su declaración informativa por el delito de corrupción de niño, niña o adolescente y corrupción agravada, es decir, que nunca pudo asumir defensa y prestar su declaración informativa por el delito que finalmente se le imputó, lo que conllevó a que no conociera desde el primer acto procesal que se lo investigaba por acoso sexual sino por otros tipos penales con diferentes elementos constitutivos, aspecto que no fue corregido por el control jurisdiccional; más aún, cuando en el acta y auto de aplicación de medidas cautelares, el Ministerio Público no cambió el tipo penal, suscitándose así un procesamiento indebido en su contra.
El impetrante de tutela mediante su representante sin mandato denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, a la defensa y el debido proceso, citando al efecto los arts. 115, 116, 117 y 119 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se anule el Auto Interlocutorio de 12 de agosto de 2022, ordenando su libertad mientras se genere en su contra un procesamiento correcto acorde a los derechos fundamentales y garantías constitucionales de las partes.
Celebrada la audiencia virtual el 26 de agosto 2022, según consta en el acta cursante de fs. 45 a 48, presentes el solicitante de tutela acompañado de su abogado; así como, la autoridad demandada; se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, por medio de su abogado, se ratificó in extenso en los argumentos vertidos en su demanda de acción de libertad; y, ampliándolos, señaló que, la actuación reclamada se constituye en un defecto absoluto conforme a lo previsto en el art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP), no pudiendo subsanarse aquello más que por la vía constitucional.
Fernando Milko Cárdenas Cabero, Juez de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero EPI Sur del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 26 de agosto de 2022, cursante de fs. 42 a 44; y, en audiencia, manifestó que: a) No se cumplió con el principio de subsidiariedad; dado que, el impetrante de tutela debía plantear el incidente respectivo según lo establecido por el art. 314.I del adjetivo penal, es decir, dentro de los diez días de conocido el acto presuntamente vulnerador; por lo que, ya feneció el lapso indicado sin haberse hecho uso oportuno de ese recurso por parte del sindicado; b) Por otro lado, el Auto Interlocutorio de 12 de agosto de 2022, ahora cuestionado, se encuentra pendiente de revisión al haber sido apelado; c) El Ministerio Público investiga hechos no delitos, siendo las calificaciones provisionales; en virtud de lo cual, al no haberse cambiado los hechos del caso, no existe indefensión alguna; y, d) No existe coherencia y razonabilidad en los argumentos expuestos sobre la vinculación de la restricción de su libertad y la declaración informativa cuestionada.
La Jueza de Ejecución Penal Segunda del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución de 26 de agosto de 2022, cursante de fs. 49 a 53 vta., denegó la tutela impetrada, disponiendo sin embargo, la inmediata remisión de las actuaciones pertinentes al recurso de apelación planteado contra el Auto Interlocutorio de 12 de agosto de 2022, ante la Sala Penal de Turno, con la recomendación al personal de apoyo jurisdiccional del Juzgado a cargo de la autoridad demandada, de que en futuras apelaciones de medidas cautelares no se dilate su tramitación ante el Tribunal de Alzada por falta de recaudos conforme al principio de gratuidad; ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) De obrados se observa que el fallo ahora cuestionado fue apelado por parte de la defensa técnica del hoy solicitante de tutela; por lo que, tal determinación debe ser previamente revisada por la jurisdicción ordinaria a través del Tribunal ad quem, impidiendo por ello que la vía constitucional pueda pronunciarse al respecto; y, 2) En el decreto y nota posterior de atención al recurso de apelación formulado; se advierte que, se le conminó al recurrente a la provisión de recaudos para la remisión de dicha impugnación, lo que llegó a concretarse recién el 24 de agosto de 2022, sin evidenciarse hasta la audiencia de esta acción de libertad, la existencia del oficio de remisión correspondiente.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio de 12 de agosto de 2022, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Raúl Ponce Muñoz –hoy accionante–, por la presunta comisión del delito de acoso sexual; Fernando Milko Cárdenas Cabero, Juez de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero EPI Sur del departamento de Cochabamba –ahora demandado–, determinó la detención preventiva del sindicado por un lapso de cuatro meses, señalando audiencia de consideración de cesación de dicha medida cautelar para el 12 de diciembre del año indicado; interponiendo en el mismo actuado la defensa técnica del impetrante de tutela recurso de apelación incidental contra la referida determinación (fs. 36 a 39). II.2. Consta Oficio de 25 de agosto de 2022 (fs.41), suscrito por la autoridad demandada dirigido a la Presidente y Vocal de la Sala Penal de Turno, con cargo de recepción de la misma fecha, por parte de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, remitiendo la apelación descrita en la Conclusión previa (fs. 36 a 39).
El solicitante de tutela por medio de su representante sin mandato denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, a la defensa y el debido proceso; debido a que, el Juez demandado determinó mediante Auto Interlocutorio de 12 de agosto de 2022, su detención preventiva con base en una imputación formal en la que se le cambió el delito por el cual brindo su declaración informativa inicialmente, dejándolo en estado de indefensión respecto al delito finalmente imputado. En consecuencia, corresponde en revisión, dilucidar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
La SCP 0071/2018-S4 de 27 de marzo, haciendo un análisis de la línea jurisprudencial emitida por este Tribunal, sobre la temática citada al exordio, concluyó que: “El extinto Tribunal Constitucional, expresó que no es posible activar simultáneamente dos jurisdicciones, para que ambas al mismo tiempo se pronuncien sobre hechos denunciados como ilegales, por cuanto esto conllevaría a una disfunción procesal contraria al orden jurídico, al existir dos resoluciones simultáneas tanto de la jurisdicción ordinaria como de la jurisdicción constitucional. En este sentido la SC 0608/2010-R de 19 de julio, precisó que: ‘...para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico»’. Razonamiento que es ratificado por Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0003/2012 de 13 de marzo, que de igual forma concluyó que: ‘Conforme prevé el art. 179.III de la CPE, la justicia constitucional será ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, institución que por mandato de lo establecido por el art. 196 de la Norma Suprema, velará por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercerá el control de constitucionalidad y precautelará el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales; en este sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, tiene un estatus de órgano constitucional independiente y distinto al de los demás, de manera que, en el ejercicio de su función jurisdiccional, no está subordinado ni sometido sino a la Ley Fundamental y a las leyes; razón por la cual, todo ciudadano que pretenda acudir y activar a un órgano tan importante como es este Tribunal, debe hacerlo previamente acudiendo a instancias legales reconocidas y previstas por ley como sucedió en el presente caso; sin embargo, es deber del sujeto legitimado, el exigir la respuesta de su solicitud a la autoridad de la jurisdicción distinta a la constitucional, la cual en su efecto jurídico, puede restituir o restablecer el derecho presuntamente cuestionado y vulnerado. Con la misma lógica, y considerando los nuevos retos de un Tribunal Constitucional Plurinacional, es importante no activar innecesariamente esta jurisdicción, en la nueva coyuntura constitucional plurinacional, se ve la necesidad de fortalecer otros aspectos inherentes al nuevo modelo de Estado plasmado en la Norma Fundamental; por eso mismo, es imperioso que las controversias que podrían conllevar a suscitar una acción constitucional, previamente sean resueltas y «respondidas» en las instancias establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, ya sea un vocal, un juez y el propio Ministerio Público, pero claro está, antes de activar una acción tutelar’. En ese orden, se tiene que nuestro sistema procesal penal se encuentra estructurado –entre otros– mediante medios y mecanismos de defensa idóneos, los cuales sirven para restablecer cualquier vulneración a derechos fundamentales y garantías constitucionales; razón por la cual, si dichos medios ordinarios son activados –y se encuentren pendientes de resolución– y paralelamente se suscita la acción de libertad, esta jurisdicción constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar al fondo de la problemática venida en revisión, ya que podría conllevar a duplicidad de fallos tanto en la jurisdicción ordinaria como en la constitucional, ocasionando inseguridad jurídica en el sistema por una posible contradicción en ambas jurisdicciones” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
Precisada que fue la problemática traída en revisión, de los antecedentes y conclusiones del presente fallo constitucional; se tiene que, a través de Auto Interlocutorio de 12 de agosto de 2022, dictado dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Raúl Ponce Muñoz –hoy accionante–, por la presunta comisión del delito de acoso sexual; Fernando Milko Cárdenas Cabero, Juez de Instrucción Penal y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero EPI Sur del departamento de Cochabamba –ahora demandado–, determinó la detención preventiva del sindicado por un lapso de cuatro meses, señalando audiencia de consideración de cesación de dicha medida cautelar para el 12 de diciembre del año indicado; interponiendo en el mismo actuado la defensa técnica del impetrante de tutela recurso de apelación incidental contra la referida determinación (Conclusión II.1.). En ese contexto, el solicitante de tutela por medio de su representante sin mandato denunció la lesión de sus derechos a la libertad de locomoción, a la defensa y el debido proceso; debido a que, el Juez demandado determinó mediante Auto Interlocutorio de 12 de agosto de 2022, su detención preventiva con base en una imputación formal en la que se le cambió el delito por el cual brindo su declaración informativa inicialmente, dejándolo en estado de indefensión respecto al delito finalmente imputado. Ahora bien, con carácter previo a ingresar al fondo de la problemática planteada, debe tenerse presente que el hoy accionante identificó en su petitorio al Auto Interlocutorio de 12 de agosto de 2022, como el actuado lesivo de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales ahora reclamados de tutela (Antecedentes I.1.3.); no obstante, de la revisión del legajo constitucional; se advierte que; en el mismo verificativo la defensa técnica del impetrante de tutela planteó recurso de apelación contra tal decisión (Conclusión II.1.), el cual se encontraba pendiente de resolución al momento de llevarse a cabo la audiencia de la presente acción de libertad; es decir, pretendiendo el solicitante de tutela mediante la vía constitucional crear una disfunción procesal, al desconocer que ya activó el referido recurso contra el mismo actuado procesal ahora cuestionado por medio de esta acción de libertad; en cuyo mérito, conforme a la jurisprudencia y normativa desglosada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, este Tribunal se ve impedido de emitir pronunciamiento alguno sobre la problemática venida en revisión; ya que, el Auto Interlocutorio cuestionado, ya fue previamente observado mediante los medios y mecanismos de defensa previstos por la jurisdicción ordinaria; situación que resulta inadmisible, al no poder activarse dos jurisdicciones en forma simultánea o paralela para resolver una misma pretensión –en el presente caso, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional–; puesto que, si dichos medios ordinarios son activados –y se encuentren pendientes de resolución– y paralelamente se suscita la acción de libertad, la vía constitucional se encuentra imposibilitada de ingresar al fondo de la problemática venida en revisión, ya que podría conllevar a duplicidad de fallos tanto en la jurisdicción ordinaria como en la constitucional, ocasionando inseguridad jurídica en el sistema por una posible contradicción en ambas jurisdicciones; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada. Finalmente, con relación a lo dispuesto por la Jueza de garantías con relación a la remisión del legajo de apelación, de la revisión de obrados; se tiene que, consta Oficio de 25 de agosto de 2022, suscrito por la autoridad demandada dirigido a la Presidente y Vocal de la Sala Penal de Turno, con cargo de recepción de la misma fecha, por parte de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, remitiendo la apelación indicada (Conclusión II.2.); es decir, un día antes de la interposición de esta acción de libertad; por lo que, se evidencia que no corresponde mantener lo ordenado por la Jueza de garantías. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 26 de agosto de 2022, cursante de fs. 49 a 53 vta., pronunciada por la Jueza de Ejecución Penal Segunda del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración de que no se ingresó al fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0080_2025-S4.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 9fde5e118b72f7a63a5a907d98333d08182823e76132a0ea5d2aafff00ed56ac
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