B.IA.LEGAL

SCP 0080/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 16 de abril de 2024

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
16 de abril de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
47786-2022-96-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación, congruencia, vinculado a su libertad y al principio de proporcionalidad; puesto que, el Vocal hoy accionado, que resolvió el recurso de apelación incidental interpuesto por su persona contra el Auto Interlocutorio 12/22 de 12 de abril de 2022, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, que dispuso su detención preventiva; dictó el Auto de Vista 170/2022 de 21 de abril, declarando admisible e improcedente el mismo, manteniendo incólume la resolución impugnada; decisión que habría sido emitida sin la debida fundamentación y motivación. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 002/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 66 a 72 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como componentes del debido proceso.
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0080/2024-S3 Sucre, 16 de abril de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 47786-2022-96-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 002/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 66 a 72 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Cristian Oscar Irahola Rodríguez contra José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de mayo del 2022, cursante de fs. 30 a 39; la parte accionante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El Ministerio Público aperturó proceso penal en su contra, a denuncia de la madre de Mariela Andrade Quintana, por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño o adolescente, previsto y sancionado por el art. 318 con relación al art. 319, ambos del Código Penal (CP). El 11 de abril de 2022, la Fiscal de Materia asignada al caso presentó imputación formal en su contra por la presunta comisión del delito ya referido, solicitando la aplicación de la medida cautelar de carácter personal; por lo que, en mérito a dicha petición, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca emitió el Auto Interlocutorio 12/22 de 12 de igual mes y año, disponiendo la medida cautelar de detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Roque de Sucre, estableciendo la concurrencia del art. 233.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el último con relación al art. 234.7 del mismo Código.

Interpuesto que fue el recurso de apelación incidental por el imputado, de conformidad al art. 251 del CPP, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dictó el Auto de Vista 170/2022 de 21 de abril, confirmando la resolución apelada, manifestando el hoy accionante que, lejos de reparar los hechos ilegales denunciados y sin subsanar los defectos contenidos en aquella, no se realizó una adecuada compulsa de los antecedentes, una correcta valoración de la prueba, violentándose el derecho al debido proceso en su elemento de debida motivación por fallo citra petita, como la vulneración al principio de proporcionalidad y sus subprincipios de necesidad e idoneidad, por lo que activó la vía constitucional a través de esta acción de libertad, toda vez que a su criterio, la autoridad hoy accionada, no reparó los hechos denunciados, ni mucho menos subsanó los defectos contenidos en la resolución impugnada, convalidando la lesión de sus derechos al confirmar el Auto Interlocutorio apelado bajo el fundamento que, el Juez de la causa aludió a normas de derecho interno, a la Constitución Política del Estado, a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, al Código Niña, Niño y Adolescente, a los Convenios sobre Derechos Humanos, en particular a la Opinión Consultiva 6/86 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); y que la defensa no explicó de qué manera la aplicación de una medida menos gravosa a la impuesta, pueda garantizar la realización de los actos investigativos establecidos por el Ministerio Público, y que debe protegerse a la víctima del más mínimo contacto con el imputado para que la declaración de ésta pueda ser más libre, lo que hizo presumible en la autoridad accionada que, una detención domiciliaria no cumple los fines investigativos, sin explicar cómo llegó a esa conclusión; así, el accionado no se pronunció sobre los arts. 7, 221 y 222 del CPP, ya que no hizo un análisis de los juicios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad; solo presumió que la detención domiciliaria no es una medida suficiente para asegurar la investigación.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación, congruencia, vinculado a su libertad y al principio de proporcionalidad, citando al efecto los arts. 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar la nulidad del Auto de Vista 170/2022 de 21 de abril y se emita uno nuevo, en el que el Vocal accionado se pronuncie sobre el principio de proporcionalidad en todos sus elementos dentro las cuarenta y ocho horas desde su notificación en audiencia.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 19 de mayo de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 57 a 65 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante ratificó in extenso el contenido de la demanda tutelar.

I.2.2. Informe del accionado

José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por informe escrito presentado el 19 de mayo del 2022, cursante de fs. 51 a 56, señaló inicialmente que, el accionante pretende convertir una acción de defensa constitucional en una nueva instancia ordinaria, lo cual estaría vedado, citando la SCP 0407/2014 de 25 de febrero, que estableció que, el hecho controvertido en el reconocimiento de derechos no puede ser dilucidado por la jurisdicción constitucional. Alegó que, se analizó la necesidad de la medida adoptada, puesto que se refirió a la necesidad de los actos investigativos a realizar, como el grado de vulnerabilidad de la víctima, haciéndose énfasis en la entrevista psicológica realizada a la menor, como lo fundamentado por el Ministerio Público en relación al peligro, no solamente hacia la sociedad, sino principalmente hacia la víctima, considerándose que el presunto autor es un profesional abogado que conoce las leyes; por lo que, se fundamentó por qué no sería viable la aplicación de una medida cautelar de conformidad al art. 221 del CPP, como la solicitada detención domiciliaria, puesto que la medida cautelar apropiada que asegura la averiguación de la verdad, sería la medida excepcional de detención preventiva, solicitando se deniegue la tutela pedida.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Mariela Andrade Quintana, a través de su abogado en audiencia, refirió que no es posible la aplicación de una medida menos gravosa que la detención preventiva, ya que se realizó un test de proporcionalidad, encontrándose frente a un hecho de agresión sexual, en el que se tiene como víctima a una persona menor de edad, y que por el contrario, el imputado es una persona mayor de edad y profesional, haciendo énfasis en la entrevista psicológica preliminar realizada a la menor víctima, debiendo tomarse en cuenta el valor legal otorgado por el art. 190 del Código Niño, Niña, Adolescente (CNNA), y lo señalado por la Norma Suprema referente a los derechos de los niños; motivos por los cuales, solicitó se deniegue la tutela impetrada. Moisés Fernández, abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia Tercera del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, no compareció a la audiencia de consideración de esta acción de defensa, tampoco presentó informe escrito alguno, pese a su legal notificación cursante a fs. 47.

I.2.5. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 002/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 66 a 72 vta., denegó la tutela solicitada por el accionante; con base en los siguientes fundamentos: a) Lo alegado por la parte accionante en relación al contenido del Auto de Vista emitido, es evidente que el mismo no contiene una estructura de análisis respecto a la medida; sin embargo, de manera sucinta explicó porque no resultaría idónea la aplicación de la detención domicilia en el caso, por las características mismas, toda vez que lo que se busca, es el desarrollo de las investigaciones sin obstáculos y sin el riesgo para la víctima, razón por la cual deben considerarse los antecedentes, como los actos ejecutados por el hoy accionante, y las circunstancias en las que se produjeron los hechos; y, b) Es evidente que no se establece de qué manera la detención domiciliaria podría ser factible a efecto de cumplir las finalidades y que existiría la necesidad de aplicar la medida extrema; empero, se advierte que esa motivación sucinta explicó por qué la detención domiciliaria no resultaría idónea, considerándose los antecedentes del hecho, que relatan los actos ejecutados por el accionante, como las circunstancias en las que se produjeron; por lo que, se puede advertir que pese a la falta de análisis concreto integral, los reclamos expuestos por el accionante carecen de relevancia constitucional, tomando en cuenta la provisionalidad, la temporalidad, y las posibilidades de modificación de la medida cautelar impuesta, en ese sentido esa falta de estructura respecto al análisis de idoneidad y de necesidad, dado el examen de proporcionalidad, es que no cambiaría el sentido de la decisión, por lo tanto ante la falta de relevancia, en cuanto a la necesidad de una ampliación de la motivación, se concluye que no amerita conceder la tutela solicitada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público a instancia de Mariela Andrade Quintana, contra Cristian Oscar Irahola Rodríguez -ahora accionante-, por la presunta comisión de los delitos de corrupción de niña, niño o adolescente; mediante Auto Interlocutorio 12/22 de 12 de abril de 2022, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, dispuso la detención preventiva del imputado, ante la concurrencia del riesgo procesal “…del art. 234.7 -vertiente peligro efectivo para la víctima-, por el plazo de dos meses; determinando, a su vez, nueva fecha de audiencia para revisar la situación jurídica del hoy impetrante de tutela, para el 13 de junio de 2022, a horas 10:00 (fs. 16 a 19 vta.). Auto Interlocutorio que fue apelado de forma oral a la conclusión de su emisión. II.2. Cursa el Auto de Vista 170/2022 de 21 de abril, pronunciado por José Manuel Gutiérrez Velásquez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -autoridad ahora accionada-, por el que consideró y resolvió los recursos de apelación formulados por el Ministerio Público y la defensa del imputado, hoy accionante, contra el Auto Interlocutorio 12/22, admitiéndolos, y en el fondo declaró improcedentes los mismos, manteniendo incólume la resolución apelada (fs. 21 a 28 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación, congruencia, vinculado a su libertad y al principio de proporcionalidad; puesto que, el Vocal hoy accionado, que resolvió el recurso de apelación incidental interpuesto por su persona contra el Auto Interlocutorio 12/22 de 12 de abril de 2022, emitido por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, que dispuso su detención preventiva; dictó el Auto de Vista 170/2022 de 21 de abril, declarando admisible e improcedente el mismo, manteniendo incólume la resolución impugnada; decisión que habría sido emitida sin la debida fundamentación y motivación. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. Sobre la fundamentación, motivación y congruencia de las resoluciones como componentes del debido proceso.

Jurisprudencia reiterada

La SCP 0450/2012 de 29 de junio, precisó que: “…la jurisprudencia constitucional ha referido que la fundamentación y motivación que realice un servidor público a tiempo de emitir una determinación, debe exponer con claridad los motivos que sustentaron su decisión, entre otras, la SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, refiere que: ‘Al efecto, es necesario recordar que este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha dejado sentado que, la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.

…la garantía del debido proceso, que faculta a todo justiciable a exigir del órgano jurisdiccional a cargo del juzgamiento una resolución debidamente fundamentada, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R, de 25 de junio, que ampliando el entendimiento de la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre señaló lo 16 siguiente: «(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión».

Finalmente, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aún siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas’. La jurisprudencia señaló que el debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales, jurisdiccionales y administrativas, y constituye una garantía de legalidad procesal prevista por el constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales o administrativas. Abarca un conjunto de derechos y garantías mínimas que garantizan el diseño de los procedimientos judiciales y administrativos, entre sus elementos se encuentra la fundamentación y motivación de las resoluciones, a las que toda autoridad a cargo de un proceso está obligada a cumplir, no solamente a efectos de resolver el caso sometido a su conocimiento, sino exponiendo de manera suficiente, las razones que llevaron a tomar cierta decisión, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, es decir, debe llevar al convencimiento que se hizo justicia, tanto a las partes, abogados, acusadores y defensores, así como a la opinión pública en general; de lo contrario, no sólo se suprimiría una parte estructural de la resolución sino impediría que las partes del proceso conozcan los motivos que llevaron a dicha autoridad a asumir una determinación, lo que no implica que dicha motivación contenga una exposición ampulosa y sobrecargada de consideraciones y citas legales, basta con que ésta sea concisa pero clara y satisfaga todos los aspectos demandados. El tratadista mexicano Javier Alba Muñoz indicó que el debido proceso debemos entenderlo como: ‘…el razonamiento mediante el cual se da la explicación lógicamente 17 razonable del porqué el acto de autoridad tiene su apoyo en la disposición legal…’ (ALBA MUÑOZ, Javier, Contrapunto Penal, Cárdenas Editor y Distribuidor, México, 1998, p. 7)” (las negrillas son nuestras). En relación al principio de congruencia, que es relevante en cualquier naturaleza de proceso, de manera especial en materia penal, la SCP 0387/2012 de 22 de junio, asumiendo el entendimiento de la SC 1619/2010-R de 15 de octubre, estableció que en el ámbito procesal este principio debe ser entendido como: “‘…la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación. Esta definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, y que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume’… De este entendimiento, se deduce que este principio exige la correspondencia que debe existir entre lo resuelto por el juez y las pretensiones planteadas por las partes en conflicto en un proceso sea en el ámbito penal o administrativo; es decir, este principio delimita el contenido de las resoluciones que deben pronunciarse en concordancia con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes; en consecuencia, es innegable que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes, pero no es menos evidente que si bien esos elementos de contenido de las resoluciones deben estar presentes como parte esencial de la misma; la exigencia de su presencia no debe ir más allá de lo previsible en vinculación al contenido razonable que haga contundente un fallo”.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente fundamentación, motivación, congruencia, vinculado a su libertad y al principio de proporcionalidad; debido a que dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de corrupción de niña, niño y adolescente, se encuentra indebidamente procesado, puesto que habiéndose emitido la resolución de imputación formal, mediante Auto Interlocutorio 12/22 de 12 de abril de 2022, pronunciado por el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, se dispuso la medida extrema de su detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Roque de Sucre, por el tiempo de dos meses, ante la concurrencia de los arts. 233 y 234.7 de CPP; razón por la que, interpuso recurso de apelación incidental contra dicha resolución, que fue resuelto por el Vocal hoy accionado mediante Auto de Vista 170/2022 de 12 de abril, mismo que sin mayor fundamentación y motivación, resolvió por mantener incólume la decisión contenida en el Auto Interlocutorio 12/22, pese a haber establecido en su tercer punto de apelación, la falta de fundamentación y motivación en la resolución del Juez de primera instancia para imponer la medida extrema de la detención preventiva en su contra. De los antecedentes traídos en revisión, se tiene el Auto Interlocutorio 12/22 de 12 de abril de 2022, mediante el cual se dispuso la detención preventiva del imputado, ante la concurrencia del riesgo procesal “…del art. 234.7 -vertiente peligro efectivo para la víctima-, por el plazo de dos meses; determinando, a su vez, nueva fecha de audiencia para revisar la situación jurídica del imputado en fecha 13 de junio del 2022 a hrs. 10:00 am.” (sic [fs. 16 a 19 vta.]); contra dicho Auto de manera oral, el hoy accionante interpuso el recurso de apelación incidental de conformidad al art. 251 del CPP (Conclusión II.1), mereciendo el Auto de Vista 170/2022, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; por el que se declaró la admisibilidad y la improcedencia del recurso, confirmando en consecuencia, el Auto Interlocutorio citado (Conclusión II.2). En el presente caso, considerando el contexto de la problemática expuesta circunscrita en torno a una presunta falta de fundamentación y motivación; corresponde ingresar a conocer la expresión de agravios deducidos por la parte imputada hoy accionante, y posteriormente los fundamentos en los que fue sustentado el Auto de Vista confutado, ello con la finalidad verificar si lo denunciado a través de esta acción de defensa, resulta ser o no evidente; para tal efecto, previamente concierne aclarar que al no contar esta jurisdicción constitucional con el acta de audiencia de apelación, los reclamos efectuados en alzada, serán extractados del fallo cuestionado, contenidos en el “2º ALEGATOS DE LAS PARTES” (sic [fs. 21 a 23]), los cuales versaron en reclamar tres motivos, siendo el tercer motivo, la razón de la presente demanda tutelar.

En cuanto a los tres puntos de apelación, el imputado, hoy demandante de tutela, refiere como primer punto, que el Juez de primera instancia realizó una fundamentación arbitraria sobre la probabilidad de autoría, precisando su observación en la palabra corromper, negándose la autoridad a resolver los aspectos alegados, indicando no ser el momento procesal para subsumir la existencia penal; como segundo punto, se refiere con relación al art. 234.7 del CPP, aludiendo que hubo una indebida aplicación de la jurisprudencia y de los elementos que requiere la interpretación de esta norma, señalando que sobre el mismo hecho de la comisión del delito, no se puede acreditar una conducta que amerite el riesgo de obstaculización porque se estaría anticipando la culpabilidad del mismo, y que para la consideración de los riesgos procesales, debe existir certeza y no probabilidad; y, como tercer punto, aludió la inexistencia de fundamentación en lo que concierne a la proporcionalidad, idoneidad y necesidad de la medida de detención preventiva aplicada, toda vez que la autoridad jurisdiccional de primera instancia no analizó, ni consideró la aplicación de una medida menos lesiva que cumpla la misma finalidad que una detención preventiva.

Con relación a los puntos apelados, la autoridad accionada, en el Auto de Vista 170/2022, ingresando al fondo del recurso de impugnación, determinó que la autoridad jurisdiccional a quo, si bien omitió la obligación de la subsunción del tipo penal o por lo menos, revisar la subsunción de éste; sin embargo, no se puede omitir resolver la situación jurídica del imputado, porque el segundo aspecto que cuestiona la defensa sobre la subsunción del delito imputado, refiriendo que “…no se puede corromper lo ya corrompido…” (sic), al hacer referencia a un hecho de agresión sexual anterior que hubiese sufrido la víctima, denota un sesgo de género, mismo que no está permitido por el marco del bloque de constitucionalidad, las Convenciones de Belem Do Pará y de las Naciones Unidas, respecto a la eliminación de toda clase de discriminación hacia la mujer, teniéndose presente que el bien tutelado es el derecho que tienen los menores de edad (niños y adolescentes) a desarrollar su sexualidad de manera sana y sin intromisiones exteriores; motivo por el cual, la agresión previa a la víctima no puede considerarse como un elemento que descarte la corrupción de la misma, incurriendo el apelante inclusive de alguna manera en la revictimización de la menor respecto a una previa agresión, denotándose una evidente corrupción, toda vez que el Ministerio Público con una fundamentación no muy ampulosa indicó cuáles eran los elementos del tipo penal, debiendo entenderse el verbo “corromper” desde el punto de vista doctrinal, el alterar o trastocar la forma de alguna cosa, por lo que se consideró el relato vertido por la víctima en la entrevista psicológica, con lo que se denota la actitud libidinosa del imputado, al solicitar a la misma el envío de fotografías íntimas, desnuda y mucho más cuando a quien se las pedía era una menor de edad, por tales razones la autoridad hoy accionada determinó que la conducta del imputado se adecuaba al ilícito penal previsto en el art. 218 de CP, además que al tratarse de la versión de la víctima y al ser menor de edad, aplica el art. 193.c del CNNA referente a la presunción de veracidad, revestida del estándar de la Corte Interamericana en la Sentencia del Caso “J vs Perú”, siendo absolutamente relevante porque es un elemento material que demuestra los estándares internacionales sobre Derechos Humanos, particularmente de mujeres en situación de violencia sexual, concretamente de menores, de todo tipo de agresiones sexuales, no limitándose solo en caso de violaciones, sino en todo acto que implique una agresión a la libertad e integración sexual de personal, en el presente caso, de una menor de edad, por lo que estableció que los elementos que constituyen la imputación formal y lo vertido en la audiencia de apelación, son elementos que sustentan el art. 233.1 de CPP.

En cuanto al segundo punto referido al art. 234.7 CPP -peligro efectivo para la víctima o la sociedad-, refirió que para la activación de este riesgo procesal, se debe tomar el término “efectivo”, refiriendo que el peligro exista, sea real o verdadero, dicho peligro tiene que ser materialmente verificable, e ir más allá de un criterio subjetivo del juzgador, por lo cual a momento de la consideración del mismo, la autoridad judicial debe aplicar los principios de razonabilidad y proporcionalidad, debiendo realizar una labor argumentativa, a ello añadió la SC 0001/2019-S2 de 15 de enero de 2019, en la que se abordó el denominado enfoque interseccional para mujeres menores de edad, víctimas de violencia sexual, aplicándose al caso en concreto la ley especial, es decir, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia en cuanto a los derechos de los menores y mujeres menores de edad, víctimas de violencia de género, por lo que se analizó este riesgo procesal desde el enfoque no solamente del Código adjetivo penal, sino también de la referida Ley, considerando la entrevista psicológica como elemento principal, ya que es la declaración de la víctima, a través del cual se evidencia la multiplicidad de hechos acontecidos, direccionados por el imputado, ya que se consideró la edad del mismo y su condición de abogado de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, por tanto conocedor de las leyes, evidenciándose el peligro efectivo para la víctima, existiendo elementos materiales reales y verificables de este peligro, además, no se basa en subjetividades sino en objetividad, por lo que existió una carga argumentativa en cuanto a la razonabilidad y proporcionalidad respecto a la concurrencia del peligro procesal.

Respecto al tercer punto; en cuanto refiere a la inexistencia de fundamentación en la proporcionalidad e idoneidad de la medida de detención preventiva aplicada; evidenció que el Juez de la causa aludió a normas de derecho interno, de la Constitución Política del Estado, la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, el Código Niña, Niño y Adolescente, los Convenios sobre Derechos Humanos, en particular a la Opinión Consultiva 6/86 de la Corte IDH, correspondiendo la aplicación de la medida más confiable que permita asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la ley, medidas que son variables y modificables, en tal sentido, la medida adoptada dentro de los delitos inmersos en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, debe cumplir no solamente lo tradicional, sino que debe ser especial y concreta, fijándose la medida en la necesidad de la realización de los actos investigativos, estableciendo el Ministerio Público de manera imperiosa la necesidad de la realización de la pericia psicológica tanto a la menor como al imputado, la toma de declaración de los testigos y la inspección ocular del lugar de los hechos. En el caso, el apelante no estableció de qué manera una medida menos gravosa garantizaría el cumplimiento de estos actos investigativos, máxime si la etapa preparatoria tiene como uno de sus fines, el preservar la averiguación de la verdad, y más si del informe social y de la imputación formal se denotan los problemas familiares por los que está atravesando la víctima, además que la menor ya vendría de sufrir una agresión sexual anterior, por lo que en ese contexto es innegable la necesidad de garantizar a la víctima, siendo una obligación del Estado, precautelar que tenga la mayor protección en todo acto investigativo y desarrollo del proceso, a fin de que ésta no tenga el más mínimo contacto con el imputado o ser influenciada por el mismo, lo cual hizo presumible que la detención domiciliaria no cumpliría con los fines investigativos respecto a la necesidad e idoneidad, considerando también el plazo impuesto.

Sobre el particular y tomando en cuenta la denuncia del solicitante de tutela, se puede constatar que la autoridad accionada analizó el peligro efectivo para la víctima, considerando la vulnerabilidad de la niña víctima del delito de agresión sexual y los mandatos contenidos en instrumentos internacionales y la jurisprudencia constitucional, considerándose que el procesado es una persona mayor de edad, el mismo que cuenta con una profesión como es la de abogado, y que de acuerdo al contenido del informe psicológico realizado a la víctima, este habría aprovechado su condición de servidor público de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia para acercarse a la menor víctima, y proponerle que él, le proporcionaría un dispositivo celular a cambio que la menor le enviara fotos de ella desnuda, hasta llegar a proponerle mantener relaciones sexuales, no habiendo contado estos hechos la menor a su mamá, sino que hubieran sido de conocimiento de la madre de la víctima, cuando ésta cuestionó a la menor de edad por el uso del cargador de su celular, lo que denota la ventaja del imputado hoy accionante sobre la actitud de la víctima; por lo que, habiendo realizado el Juez de primera instancia el test de proporcionalidad y justificando esa decisión en la necesidad que se debía garantizar el cumplimiento de la ley y llegar a un equilibrio entre los derechos de ambas partes procesales, dando preminencia a los de la víctima, como emergencia de un análisis integral del problema jurídico, en ese orden, no siendo necesario que la fundamentación de la autoridad accionada sea ampulosa y extensa, siendo ésta suficiente para permitir advertir el motivo y la finalidad de la decisión asumida, la cual está de acuerdo al contexto del presente caso y responde a las características del mismo, el que claramente requiere una protección mayor para los derechos de la víctima y el aseguramiento de la averiguación de la verdad.

De ello, se advierte que la autoridad hoy accionada respondió a los reclamos del ahora accionante; vale decir, que cumplió con el art. 398 del CPP, el cual regula la actuación de las autoridades de segunda instancia, que resuelven apelaciones incidentales contra medidas cautelares, estando debidamente fundamentado, de acuerdo a los aspectos señalados precedentemente, no siendo ciertas las reclamaciones del impetrante de tutela; consiguientemente, no se evidencia la vulneración de los derechos del prenombrado a la libertad ni al debido proceso en su elemento de fundamentación.

En el caso que nos ocupa; no obstante, de la revisión de los fundamentos expresados por el Vocal hoy accionado en el Auto de Vista ahora impugnado, se advierte que al existir una estricta correspondencia desde la parte considerativa de los hechos, la identificación y valoración de los riesgos procesales cuestionados, la cita pertinente de normativa con lo resuelto en su parte resolutiva, dicho fallo goza de consistencia y coherencia sobre la determinación, efectuando un análisis integral y armonizado de los razonamientos que llevó a la decisión de confirmar el fallo del Juez de control jurisdiccional y mantener la medida cautelar dispuesta, cumpliéndose con el principio de congruencia que debe observar toda resolución judicial en alzada al absolver el agravio formulado en su recurso. Por lo expuesto, la autoridad accionada en su determinación se enmarcó y asumió una decisión acorde al orden constitucional, por cuanto el Auto de Vista cuestionado contiene una clara y detallada explicación de alegatos, del cual no se advierte vulneración a derechos, fallo provisto de fundamentación y motivación, guardando la coherencia respectiva de la parte considerativa con la decisión; es decir, con congruencia en la forma, así como en el fondo, argumentando de forma razonada la persistencia de la medida cautelar conforme al entendimiento jurisprudencial desarrollado en los fundamentos jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, ello considerando el nuevo marco normativo relativo a la protección reforzada e internacional respecto de mujeres en situación de violencia, expresando las razones determinativas de la decisión. Además, se debe tener presente que la SC 1365/2005-R de 31 de octubre, sobre la motivación estableció que no implica: “…la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas…”.

En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 002/2022 de 19 de mayo, cursante de fs. 66 a 72 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0080_2024-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 29f59e12326bf4e9710618e88d14f1acbde800ef1b60ab683030904e53ae71f1

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