Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 3 de marzo de 2026
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, y la prohibición de discriminación laboral; toda vez que, el Auto Supremo 155/2023 al declarar la improcedencia del recurso de casación por el cual pretendía se corrija el supuesto error en el que incurrió el tribunal de apelación al disponer la eliminación del desahucio en la liquidación de beneficios sociales que le correspondía, no contemplo que el referido recurso cumplía con los requisitos exigidos por el art. 274 del Código Procesal Civil (CPC) en previsión del art. 274 del Código Procesal del Trabajo (CPT), e inobservo que fue planteado a objeto de cuestionar aspectos de fondo en el Auto de Vista RES. A.V. 190/2022 relacionados al error in judicando que hubieren cometido los Vocales de la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz al momento de emitir el referido Auto de Vista. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 298/2023 de 29 de diciembre, cursante de fs. 56 a 59, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos de la Sala Constitucional, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0079/2026-S3 Sucre, 3 de marzo de 2026 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 63013-2024-127-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 298/2023 de 29 de diciembre, cursante de fs. 56 a 59, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Erick Rudy Larrazábal Antezana contra María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Egüez Añez, Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.
Por memorial presentado el 13 de noviembre de 2023, cursante a fs. 1 y 14 a 19, el accionante manifestó lo siguiente:
Cuando desempeñaba sus funciones como Gerente General de la empresa de Servicios de Aeropuertos Bolivianos Sociedad Anónima (SABSA), a través del Decreto Supremo (DS) 1494 de 18 de febrero de 2013, se dispuso la nacionalización de la referida empresa, además del cese de sus funcionarios ejecutivos, directivos y personal de confianza del Gerente General; motivo por el cual, el 17 de febrero de 2014, aceptó su desvinculación en cumplimiento a lo dispuesto por el referido Decreto Supremo; sin embargo, advirtió que la excepción de la continuidad laboral de su persona representaba su despido intempestivo por encontrarse desempeñando sus funciones laborales bajo el amparo de la Ley General del Trabajo y sus normas conexas. En reiteradas oportunidades, solicitó el pago de beneficios sociales a las autoridades que se hicieron cargo de la empresa SABSA, sin obtener una respuesta favorable; razón por la cual, inició un proceso laboral en contra de SABSA, recayendo en la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segunda de El Alto del departamento de La Paz; una vez instaurado el proceso, el mismo concluyó con la emisión de la Sentencia 87/2021 de 14 de septiembre, que declaró probada en parte la demanda, disponiendo que la empresa demandada cancele en su favor Bs346 977,28 (trescientos cuarenta y seis mil novecientos setenta y siete 28/100 bolivianos) por concepto de derechos laborales incluido el desahucio. A raíz de dicha determinación, la empresa demandada interpuso recurso de apelación, que concluyó con la emisión del Auto de Vista RES. A.V. 190/2022 de 24 de octubre de 2022, emitida por la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que revocó en parte la sentencia de instancia, eliminando el pago del desahucio. Ante el referido Auto de Vista emitido en segunda instancia, el accionante interpuso recurso de casación, solicitando el pago de desahucio como un derecho fundamental de cumplimiento obligatorio; toda vez que, considera que su despido no fue emergente de una causa legal, habiendo incurrido las autoridades recurridas en un error in judicando; emergente de ello, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia emitieron el Auto Supremo 155/2023-I de 21 de marzo, que declaró improcedente el recurso interpuesto. Finalmente, considera que el Auto Supremo 155/2023-I, no consideró los requisitos cumplidos por su persona al momento de impugnar el Auto de Vista RES. A.V. 190/2022, vulnerando su derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; asimismo, violando la prohibición de discriminación laboral establecida en el art. 46.I núm. 1 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, y la prohibición de discriminación laboral; citando al efecto los arts. 46.I núm. 1, 115.II, 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto Supremo 155/2023-I; y, b) Se emita un nuevo Auto Supremo tratando el fondo del recurso de casación interpuesto.
Celebrada la audiencia virtual el 29 de diciembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 53 a 55; se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, señaló que: 1) No fue desvinculado por una causal establecida en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT) o en el art. 9 de su reglamento siendo un despido intempestivo; razón por la que, se debía incorporar el desahucio a la liquidación de los beneficios sociales; más aún, si la desvinculación no está supeditada a causales establecidas en el art. 6 de la LGT; 2) Su recurso de casación realiza observaciones de forma y de fondo al Auto de Vista impugnado; al respecto, en el fondo, con relación a la exclusión del desahucio dispuesto y liquidado en la demanda, refiere que el mismo fue excluido sin ninguna fundamentación en segunda instancia, siendo uno de los principales agravios que representan el recurso de casación; 3) A pesar de que la empresa SABSA también interpuso un recurso de casación, la acción de amparo constitucional únicamente se refiere al agravio de la exclusión del desahucio en la liquidación efectuada en el referido Auto de Vista; y, 4) Dentro del contenido del Auto Supremo 155/2023-I; se advierte que, las autoridades demandadas, señalan que no se habría cumplido con los presupuestos procesales para que pueda plantearse el recurso de casación, argumentando que no se hubiere especificado la normativa con la que se respaldó las observaciones efectuadas al agravio dispuesto en el Auto de Vista RES. A.V. 190/2022; por tal razón señala que, en el recurso de casación planteado, se puede evidenciar en el apartado segundo, que la fuerza mayor no constituye una causal de retiro establecida en el art. 16 de la LGT o en el art. 9 de su reglamento; por lo que, se debió recurrir a la Resolución Ministerial 431/21 de 30 de abril de 2021, en el que se especifica cuáles son las causales consideradas de fuerza mayor, y que de las descritas ninguna se adecua a lo expuesto en el referido Auto Supremo, concluyendo que las autoridades demandadas no prestaron atención a lo planteado dentro del recurso de casación.
María Cristina Díaz Sosa y Carlos Alberto Egüez Añez, entonces Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, a través del informe escrito presentado el 29 de diciembre de 2023, cursante de fs. 41 a 43 vta., señalaron que: i) El Auto Supremo cuestionado contiene los fundamentos y argumentos de orden fáctico, jurídico y doctrinario que sustentan su decisión, y que dicho sustento jurídico tiene relación exacta con la aplicación de la Ley, en cuanto se refiere a la aplicación de la doctrina legal; ii) La acción de amparo constitucional planteada no contiene argumentos, fundamentos ni sustento alguno que pueda evidenciar la vulneración de derechos que se hubiere ocasionado con la emisión del Auto Supremo 155/2023-I; toda vez que, se trata simplemente de una elocución propia por la que se pretende suplir las decisiones de la justicia ordinaria a través de una acción constitucional; iii) Los recursos de casación presentados no cumplen con las exigencias para la interposición de este recurso; toda vez que, los recurrentes no fundamentaron de manera clara y concreta sus recursos, tampoco señalaron los agravios ocasionados en términos precisos y concretos de las posibles infracciones en las cuales habría incurrido el “Tribunal” que emitió las resoluciones impugnadas, lo que no les permite comprender que resultado quieren conseguir con los recursos de casación presentados, de igual manera no precisaron que leyes sustantivas o adjetivas habrían sido violadas, interpretadas de forma errónea o aplicada indebidamente, limitándose a realizar una exposición de los antecedentes e impidiendo de tal manera que puedan realizar el control jurisdiccional correspondiente; iv) Las partes recurrentes no explicaron de manera precisa en qué clase de infracción o error recayeron las autoridades judiciales de alzada al momento de emitir el Auto de Vista RES. A.V. 190/2022, extremo que no puede ser subsanado de oficio por el tribunal de casación; v) Al momento de denunciar el pago de desahucio, no especifico las causales legales de despido, tampoco desarrollo ni especifico el error de hecho y de derecho en el que hubieren incurrido las autoridades de alzada al momento de emitir el referido Auto de Vista; en ese sentido, no solo incumplió con lo establecido en la normativa legal sino que omitió remitirse a la doctrina aplicable cuando se denuncia el pago de desahucio y el despido por causa legal previa y debidamente justifica; sin embargo, a pesar de ello el Auto Supremo 155/2023-I desarrolló la referida doctrina inherente al error de hecho y derecho; vi) El Auto Supremo cuestionado identificó los defectos del recurso de casación como la falta de pronunciamiento del desahucio y de las causales legales de retiro en las que se hubiere incurrido al no haberse citado o transcrito el pronunciamiento del Ad quem que contenga el error y en base a ello, motivo y fundamento las razones por las cuales se declaró improcedente el recurso de casación; y, vii) La Acción de amparo constitucional planteada no contiene en absoluto, ningún argumento, relación, sustento o especificidad en relación a cómo el Auto Supremo impugnado vulneró algún derecho, limitándose a realizar reclamos de una motivación insuficiente y transcripción de sentencias constitucionales, cuando en los hechos el Auto Supremo cumplió con responder cada uno de los argumentos expuestos en los recursos de casación conforme establece la normativa procesal y donde claramente se puede evidenciar que no tiene nada que ver con la supuesta vulneración consistente en reclamos que ya se realizaron en la justicia ordinaria.
José Luis Mamani Moya y Eduardo Condo Riveros, Vocales de la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en calidad de terceros interesados a través de informe escrito presentado el 28 de diciembre de 2023, cursante de fs. 37 a 39 vta., señalaron que: a) La controversia surge respecto a la causal de retiro donde existen dos posiciones, la primera donde el actor manifiesta el retiro intempestivo en función al DS 1494, y la segunda, que expone “…SABSA EN LIQUIDACIÓN señalando que se produjo el abandono injustificado de funciones por más de seis días continuos desde el 18 de febrero…” (sic), refiriendo además que no existe ninguna carta de despido o algún documento que establezca la desvinculación del actor; b) La doctrina reconoce otras formas de extinción del vínculo laboral que son ajenas a la voluntad del trabajador y empleador, entre las cuales se encuentran la fuerza mayor, quiebra, edad de jubilación, incapacidad física o mental del trabajador, causas de indisciplina, referidas en la “SCP 0009/2017”; es decir que la desvinculación por fuerza mayor obedece a las causas objetivas que afectan a la empresa sin que medie la voluntad del empleador, justificándose la no transgresión de la estabilidad laboral que se encuentra enmarcada como un principio, derecho y garantía que rige las relaciones laborales; por lo que, no se verifica un despido arbitrario e injustificado, en el caso en particular no fue una decisión unilateral del empleador debido a que se produjo la nacionalización de SABSA en mérito al DS 1494, que como se había explicado con anterioridad garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores, excepto los funcionarios ejecutivos, directivos y personal de confianza de la empresa SABSA; por lo cual, es evidente que no sólo se vio involucrado el actor, sino todos los que quedaban excluidos; c) En obrados no cursa ninguna literal que instruya la destitución, despido o desvinculación del actor; por lo cual no existe un despido o retiro intempestivo, más al contrario, el actor dejo de asistir a su fuente laboral desde el 18 de febrero de 2013 día que fue promulgado el D.S. 1494, siendo su último día laboral el 17 de febrero de 2013; por lo que, se entiende que el actor no espero ninguna instrucción sobre la continuidad o término de su relación laboral, dejando de asistir desde la promulgación del referido decreto, considerándose así que opero su renuncia voluntaria o abandono voluntario de funciones, y que no se encuentra ninguna causa atribuible al empleador, debido a que SABSA fue objeto de nacionalización; d) Una vez verificados los agravios denunciados en observancia a la norma legal citada, se determinó que no correspondía el pago de desahucio solicitado, máxime si se considera que en el hipotético caso de que se le hubiera despedido, el trabajador gozaba de un cargo jerárquico de libre nombramiento en consecuencia de libre remoción, considerando que no fue mediante concurso de méritos que adquirió su fuente laboral, sino por invitación directa como se advierte de la literal adjunta, por lo que su cargo debe ser considerado de libre nombramiento y de libre separación, por el cargo ejecutivo desarrollado; e) En el caso particular no se verificó un despido arbitrario e injustificado, puesto que no fue producto de una decisión unilateral del empleador debido a que se produjo en base a la nacionalización de SABSA en mérito al D.S. 1494; al respecto la desvinculación por fuerza mayor obedece a las causas objetivas que afectan a la empresa sin que medie la voluntad del empleador, justificándose la no transgresión de la estabilidad laboral que se encuentra enmarcada como principio, derecho y garantía. Willy Severiche Seas, Gerente General de SABSA S.A., en calidad de terceros interesados a través de informe escrito de su representante presentado el 29 de diciembre de 2023, cursante de fs. 50 a 51 vta., señalaron que: 1) El actor fue contratado por SABSA que formaba parte de “Abertis S.A.”, donde el accionante presto sus servicios hasta el 17 de febrero de 2013, es decir antes de la nacionalización de 18 del mismo mes y año, fecha en la que se asume la calidad de SABSA NACIONALIZADA, lo que desvirtúa la existencia de la relación laboral entre el actor y SABSA NACIONALIZADA, siendo confirmada la relación laboral del actor con SABSA, que formaba parte de “TBI Overseas Bolivia”; 2) Sobre la causal de retiro, el accionante señala que el informe “INF/EA/RRHH 0124/2020” manifiesta que el actor fue dado de baja de la Caja Petrolera de Salud con el último día laborable el 17 de febrero de 2013 debido a la nacionalización de SABSA; sin embargo, no existe ninguna carta de despido o algún documento por el cual se establezca su desvinculación, siendo que el demandante dejo de asistir a su fuente laboral desde el 18 de febrero de 2013, operando el abandono de trabajo por más de seis días continuos; 3) Corresponde considerar lo establecido por el D.S. 1494 que indica “…se exceptúa de la continuidad laboral dispuesta en el parágrafo precedente a los funcionarios ejecutivos, directivos y personal de confianza de la empresa SABSA…” (sic); por lo cual, el actor queda excluido de la continuidad laboral, por lo que se desvirtúa el despido intempestivo; 4) El accionante actuó de forma maliciosa; toda vez que, recién en la gestión 2019 se apersonó ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social para denunciar el no pago de beneficios sociales y en 2020 recién interpuso la demanda laboral, dejando transcurrir más de seis años desde la ruptura laboral con SABSA, observando su intención de apropiarse de los recursos del Estado; 5) El accionante menciona la vulneración del debido proceso, pero no establece exactamente el elemento o la vertiente exacta del derecho al debido proceso, si bien menciona la motivación y la fundamentación, sin embargo no hace mención a la Sentencia Constitucional con relación a esa vertiente, tampoco identifica que elemento fue vulnerado; y, 6) Denuncia la lesión de su derecho a la no discriminación; empero, no desarrolla porque es discriminativa y con qué objetivo invoca la discriminación, siendo que fue tratada de manera igualitaria en todos los aspectos. Velia Choque Tapia, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segunda de El Alto del departamento de La Paz, en calidad de tercero interesado, no presento informe escrito, tampoco asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante a fs. 32.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 298/2023 de 29 de diciembre, cursante de fs. 56 a 59, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto Supremo 155/2023-I, ordenando se emita uno nuevo conforme a los argumentos emitidos en la resolución. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) De la revisión del recurso de casación, se identificó que el mismo estaba planteado en el fondo y contiene un petitorio claro que establece cual es la finalidad que persigue el recurso de casación en el fondo, ello demuestra que lo extrañado por la referida Sala del Tribunal Supremo de Justicia no es evidente, respecto a que no se hubiere citado las normas sustantivas o adjetivas que hubieren sido violadas; ii) El recurso de casación analizado expresamente señala dos hechos fundamentales que cuestionan el Auto de Vista RES. A.V. 190/2022 y que considera que hubieren constituido error in judicando; ellos son, primero, el pago de desahucio como un derecho fundamental de cumplimiento obligatorio que en criterio del accionante incluye también a los directores, y segundo, el hecho de que exista una fuerza mayor o caso fortuito respecto al despido, no es un argumento válido para no cumplir el pago; iii) Se verificó la denuncia de agravios claros y precisos en el recurso de casación planteado, además de la cita normativa de la LGT, de la CPE y Sentencias Constitucionales que determinan que es viable que el tribunal de casación a través de las autoridades demandadas puedan conocer y resolver el fondo de la pretensión planteada en el recurso de casación y que determinan que la decisión de improcedencia del recurso no responde a argumentos expuestos como agravios por el accionante a momento de interponer su recurso de casación; y, iv) La Sala Constitucional considera que el Auto Supremo 155/2023-I al manifestar que no se hubiere cumplido con los requisitos para la admisibilidad del recurso de casación incurrió en una lesión al debido proceso por falta de fundamentación; toda vez que, es evidente que el recurso de casación planteado por el accionante contiene elementos mínimos que pueden dar lugar a un análisis de fondo del recurso.
Por memorial presentado el 3 de abril de 2025, (fs. 101 y vta.), ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, el accionante pidió adelanto de sorteo por ser una persona adulta mayor; a lo cual, la Comisión de Admisión de este Tribunal a través del AC 166/2025-CA/S de 17 de abril, cursante de fs. 118 a 123, dispuso ha lugar la misma, procediéndose al efecto con el sorteo respectivo de la causa.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso laboral seguido por Erick Rudy Larrazábal Antezana
-accionante- en contra de SABSA, por el concepto de pago de beneficios sociales, cursa Auto de Vista RES. A.V. 190/2022 de 24 de octubre, emitido por los Vocales de Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -terceros interesados-; por la cual; revoca en parte la Sentencia 87/2021 de 14 de septiembre emitida por la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segunda de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, elimina el pago del desahucio (fs. 4 a 7 vta.).
II.2. Consta memorial de 26 de enero de 2023, dirigido a los Vocales de la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por el cual Erick Rudy Larrazábal Antezana, interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista RES. A.V. 190/2022; solicitando que, una vez admitido el recurso de casación en el fondo, el Tribunal Supremo de Justicia case el recurso, disponiendo la incorporación del desahucio a la liquidación de los beneficios sociales (fs. 8 a 9 vta.). II.3. Mediante Auto Supremo 155/2023-I de 21 de marzo, los Magistrados de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia -demandados-, declaró improcedentes los recursos de casación interpuestos por Erick Rudy Larrazábal Antezana y Analía Vargas Villafuerte en representación de SABSA (fs. 10 a 12).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, y la prohibición de discriminación laboral; toda vez que, el Auto Supremo 155/2023 al declarar la improcedencia del recurso de casación por el cual pretendía se corrija el supuesto error en el que incurrió el tribunal de apelación al disponer la eliminación del desahucio en la liquidación de beneficios sociales que le correspondía, no contemplo que el referido recurso cumplía con los requisitos exigidos por el art. 274 del Código Procesal Civil (CPC) en previsión del art. 274 del Código Procesal del Trabajo (CPT), e inobservo que fue planteado a objeto de cuestionar aspectos de fondo en el Auto de Vista RES. A.V. 190/2022 relacionados al error in judicando que hubieren cometido los Vocales de la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz al momento de emitir el referido Auto de Vista. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0006/2025-S1 de 5 de marzo, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2, ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio2, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. (Las negrillas son nuestras).
Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elemento configurativo del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio3 precisó que dicho 1El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3 El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.
enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, 6El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
7El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 9El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013, citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados se tiene que, dentro del proceso laboral seguido por el accionante en contra de SABSA por el pago de beneficio sociales, el 24 de octubre de 2022, la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a través del Auto de Vista RES. A.V. 190/2022, revocó en parte la Sentencia 87/2021, disponiendo eliminar el pago del desahucio y determinando un nuevo monto a pagarse para el impetrante de tutela (Conclusión II.1). A raíz de ello, a través de memorial de 26 de enero de 2023, dirigido a los Vocales de la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el impetrante de tutela interpuso recurso de casación contra el Auto de Vista RES. A.V. 190/2022, solicitando que, una vez admitido el recurso de casación en el fondo, el Tribunal Supremo de Justicia case el recurso disponiendo la incorporación del desahucio a la liquidación de beneficios sociales, recurso que fue resuelto, por las autoridades demandadas, quienes a través del Auto Supremo 155/2023-I, declararon improcedente el recurso de casación (Conclusiones II.2 y II.3). Ahora bien, el accionante considera que el Auto de Vista cuestionado a través de la presente acción tutelar, es lesivo a su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación; toda vez que, la misma al declarar la improcedencia del recurso de casación que presento, con la finalidad de que se corrija el supuesto error en el que incurrió el tribunal de apelación al disponer la eliminación del desahucio en la liquidación de beneficios sociales que le correspondía, no contemplo que el mismo cumplió con los requisitos exigidos por el art. 274 del CPC en previsión del art. 274 del CPT, e inobservo que fue planteado con la finalidad de cuestionar aspectos de fondo en el Auto de Vista impugnado, relacionados al error in judicando que hubieren cometido los Vocales de la Sala Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz al momento de emitir el referido Auto de Vista; de igual forma manifiesta que, las autoridades demandadas al momento de señalar que el recurso de casación no hizo referencia a la normativa que respaldaba las observaciones realizadas sobre los agravios denunciados, no prestaron atención al apartado segundo de su memorial, donde señala expresamente que “…la fuerza mayor no constituye una causal de retiro establecida en el art. 16 de la LGT o en el art. 9 de su reglamento y que se debió recurrir a la Resolución Ministerial 431/21, norma en la que se especifica cuáles son las causales consideradas de fuerza mayor, y que de las descritas ninguna se adecua a lo expuesto en el Auto Supremo 155/2023…” (sic).
En ese sentido, resulta necesario señalar lo expuesto por el impetrante de tutela a través de su recurso de casación, a objeto de determinar si el Auto Supremo 155/2023-I fue emitido dentro del marco del debido proceso, cumpliendo con la debida fundamentación y motivación, respecto a los agravios denunciados en el recurso de apelación.
a) Señaló que el hecho generador para la vulneración de sus derechos se dio a partir de la supresión de su derecho al desahució como parte de los beneficios sociales que se dispuso en su favor; toda vez que, no se consideró que su despido fue emergente de la emisión del DS 1404, y la orden imperativa de que no gozaban de estabilidad laboral los funcionarios ejecutivos, directivos y personal de confianza de la empresa SABSA, teniendo en cuenta que fungía como Gerente del Aeropuerto Internacional de El Alto, razón por la que era innecesario una carta o nota que indique su destitución; sin embargo, el entendimiento desarrollado por el tribunal de apelación de manera contraria determinó que no le correspondía el pago del desahució, porque la ruptura de su relación laboral con la empresa SABSA obedece a una situación ajena a la voluntad del trabajador y el empleador, es decir una situación de fuerza mayor , de igual manera no correspondía la incorporación del desahucio a la liquidación de sus beneficios sociales debido a que hizo abandono de su fuente laboral, al no existir una carta o nota de retiro. b) Establece que la fuerza mayor o caso fortuito no constituye una causal legal de retiro y que no se encuentra contemplada dentro de las causales justificadas de despido establecidas taxativamente en el art. 16 de la LGT y el art. 9 de su reglamento; además que, la jurisprudencia constitucional considera para que un evento se constituya una causal de desvinculación bajo el criterio de fuerza mayor, el evento debería ser insostenible para el empleador, haciendo que proceda la misma, debe tener como finalidad salvaguardar la sostenibilidad de la empresa; sin embargo, en el caso en particular de manera contraria, el DS 1404 que dispuso la nacionalización de SABSA estableció la continuidad laboral, derechos y beneficios sociales de sus trabajadores.
En contra sentido, de los fundamentos expuestos en el Auto Supremo 155/2023-I; por el cual, se declaró improcedente el recurso de casación, se tiene que:
1) El recurso no habría cumplido con las exigencias anotadas; toda vez que, el solicitante no fundamentó de manera clara y concreta el mismo, tampoco señalo en términos precisos y concretos los agravios ocasionados y las posibles infracciones en las que habría incurrido el tribunal de apelación; razón por la cual, no se les permitió comprender el resultado que se pretende conseguir a través del recurso presentado.
2) No se precisó las leyes sustantivas o adjetivas que fueron violadas, interpretadas de forma errónea o aplicadas indebidamente, y que únicamente el accionante se limitó a realizar una exposición de los antecedentes impidiéndoles realizar el respectivo control jurisdiccional; por esas razones, la parte accionante no habría cumplido con los requisitos de admisibilidad exigidos por el art. 274 del CPC. Ahora bien, conforme la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; se tiene que, toda autoridad judicial o administrativa que emita una determinación, ya sea en el ámbito administrativo o jurisdiccional, debe hacerlo en el marco del debido proceso, cumpliendo con la debida fundamentación, motivación y congruencia, en la que debe expresar claramente los motivos de hecho como de derecho, en los que se basarán sus determinaciones, así como el valor otorgado a los medios de prueba presentados por las partes o interesados, no pudiendo las autoridades reemplazar esa labor con la simple relación de documentos; ello con el objeto de lograr el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino en la forma como se decidió; asegurando además, la estricta correspondencia entre lo peticionado, lo probado por las partes y lo resuelto -congruencia externa-, así como la coherencia y concordancia entre su parte considerativa y dispositiva, efectuando un razonamiento integral y armonizado en todo su contenido -congruencia interna-. Bajo ese contexto, no resulta ser evidente que el accionante no identifico y señalo de manera precisa y clara los agravios ocasionados más al contrario, a través de su recurso de casación refirió que el problema jurídico radica en la supresión del desahucio de los beneficios sociales que se le otorgó, ello en base a que considera que de manera errónea su desvinculación fue interpretada como una renuncia voluntaria ante la inexistencia de alguna nota o carta que acredite su destitución, además manifestó que su destitución no puede considerarse un caso de fuerza mayor; toda vez que, de manera intempestiva fue retirado a través de la emisión del DS 1404, ello nos permite comprender que el objeto del recurso de casación es lograr la inserción del desahucio a los beneficios sociales que le fueron otorgados en primera instancia pero que fueron suprimidos por el tribunal de apelación.
Por otro lado, las autoridades demandadas manifestaron que el recurso de casación no contenía una exposición respecto a las normas sustantivas o adjetivas que fueron violadas, interpretadas o aplicadas de manera errónea y que únicamente se habría limitado a realizar una descripción de los antecedentes; sin embargo, del recurso de casación se advierte que el impetrante de tutela aduce un error in judicando puesto que las autoridades demandadas, de manera errónea habrían considerado la fuerza mayor como una causal legal de retiro, sin que la misma se encuentre contemplada dentro de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT y el art. 9 de su reglamentario inherente a las causales de despido legalmente establecidas, lo que les llevó a determinar la exclusión del desahucio de los beneficios sociales determinados.
Al respecto, el art. 274 del CPC establece los requisitos que debe contener un recurso de casación a objeto de que pueda ser admitido, mismos que según el Auto Supremo 155/2023-I, no fueron cumplidos por el accionante; sin embargo, del contenido del recurso, se advierte que el mismo, tiene debidamente identificado el Auto de Vista impugnado, además de que realizó una exposición clara de las normas que considero erróneamente aplicadas al referirse que el error in judicando deviene de la errónea consideración de la fuerza mayor como causal de despido legal, sin que la misma este establecida dentro de las causales señaladas en el art. 16 de la LGT y 9 de su reglamento, además se entiende que el nexo de causalidad entre dicha interpretación errónea con la pretensión que busca a través del recurso referido, tiene como finalidad la solicitud de que se reincorpore el desahucio a sus beneficios sociales.
De todos los argumentos expuestos y extraídos del recurso de casación, del Auto Supremo 155/2023-I; en concordancia con la norma adjetiva civil; se advierte que, el fallo emitido por las autoridades demandadas, inobservó, los fundamentos de hecho y de derecho en los que el accionante sustento su pretensión; es decir, se pronunció respecto a los requisitos que debe contener un recurso de casación sin verificar si el recurso contenía los mismos, incurriendo en arbitrariedad al momento de emitir el referido Auto Supremo; toda vez que, la motivación y fundamentación contenida omite pronunciarse de manera precisa y clara sobre los argumentos desarrollados por el accionante; además que, no brinda las razones por las cuales no se pronuncia al respecto, ello en consecuencia genera una duda razonable en el justiciable respecto a la valoración de los hechos denunciados; al respecto, es necesario precisar que la conclusión arribada no tiene relación con el fondo de la demanda laboral, sino únicamente con los presupuestos que fueron considerados para la inadmisibilidad del recurso de casación.
Finalmente, el objeto de la acción tutelar en análisis, únicamente fue cuestionar y resolver aspectos inherentes al Auto Supremo 155/2023-I estrictamente vinculados a la procedencia del recurso de casación planteado y no así a cuestiones de fondo de la problemática jurídica como tal; en ese sentido, no resulta posible realizar un análisis de fondo sobre la supuesta lesión de su derecho al debido proceso en su elemento de prohibición de discriminación laboral; toda vez que, ello implica inmiscuirse en la problemática jurídica en el fondo, puesto que dicho elemento del debido proceso se encuentra íntimamente ligado al desahucio como instituto jurídico, aspecto que debe de ser considerado en el fondo del problema jurídico y no así en la fase de admisibilidad.
En la tramitación de la acción de amparo constitucional se observó que los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través del Auto de Admisión de 30 de noviembre de 2023, reconocieron en calidad de terceros interesados a Velia Choque Tapia, Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social Segunda de El Alto del departamento de La Paz, José Luis Mamani Moya y Eduardo Condo Riveros, ambos Vocales de la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, todas autoridades jurisdiccionales que tramitaron el proceso ordinario en primera y segunda instancia, respectivamente; al respecto, no resulta admisible que las autoridades jurisdiccionales que tramitaron el proceso judicial, adquieran la calidad de terceros interesados, puesto que esa condición está supeditada a los sujetos que participaron en el proceso ordinario en calidad de parte y/o su situación jurídica o intereses que puedan verse afectados con la determinación emergente de la acción tutelar; además que, su reconocimiento como terceros interesados implicaría que el juzgador se convierta en parte interesada de su propio fallo, lo cual contradice la esencia del control tutelar, que busca proteger derechos y garantías fundamentales frente a posibles excesos de la administración de justicia. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 298/2023 de 29 de diciembre, cursante de fs. 56 a 59, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos de la Sala Constitucional, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo.Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo.Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0079_2026-S3.pdf · páginas 1 a 18.
Huella digital del PDF (SHA-256): b6e3913fa00a302e07c63a5f3c4f7fb4dfcdd9a09e00ae31a162ed90ecc25a96
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