B.IA.LEGAL

SCP 0079/2024

Sentencia Constitucional Plurinacional · Conflicto de competencias jurisdiccionales · Sala Plena · 20 de noviembre de 2024

Define la competencia

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Plena
Fecha
20 de noviembre de 2024
Acción
Conflicto de competencias jurisdiccionales
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
53247-2023-107-CCJ
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Control jurisdiccional / Fiscalía

Qué se discutió

Se suscita conflicto de competencias jurisdiccionales entre Vicente Paco Urquizo, Secretario General, Néstor Fortunato Urquizo Cori, Secretario de Justicia; y Esteban Sosa, Secretario de Relación, todos de la Comunidad Asunta Quillviri, Tercera Sección Municipal de Achocalla de la provincia Murillo del departamento de La Paz y la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del citado departamento, para conocer el proceso de delito de violencia política contra mujeres presentada por Cristina Tambo Mamani, contra Benedicto Urquizo Zenteno, David Julio Chambi Zenteno, Walter Falcón Mamani, Gumercindo Tambo Urquizo, Salustiano Poma Tambo, Remigio Apaza Ventura, Angela Gutiérrez Mamani de Apaza, Secundino Quispe Alejo, Pablo Trujillo Apaza y Anastacia Paye de Urquizo. En consecuencia, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para resolver la problemática referida.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; y, el art. 12.11 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve, declarar: COMPETENTE a la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del Departamento de La Paz, para conocer el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra David Julio Chambi Zenteno y otros, por el delito de violencia política contra mujeres planteado por Cristina Tambo Mamani, debiendo remitirse a conocimiento de la referida autoridad, todos los antecedentes correspondientes.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Los conflictos de competencia jurisdiccionales y los ámbitos de vigencia de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC)
  2. III.2. Conflicto de competencias jurisdiccionales entre la jurisdicción ordinaria penal y la jurisdicción indígena originaria campesina en casos de violencia familiar o doméstica; verificación de la concurrencia del ámbito de vigencia material
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0079/2024 Sucre, 20 de noviembre de 2024 SALA PLENA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Conflicto de competencias jurisdiccionales Expediente: 53247-2023-107-CCJ Departamento: La Paz En el conflicto de competencias jurisdiccionales suscitado entre Vicente Paco Urquizo, Secretario General, Néstor Fortunato Urquizo Cori, Secretario de Justicia; y Esteban Sosa, Secretario de Relación, todos de la Comunidad Asunta Quillviri Tercera Sección Municipal de Achocalla de la provincia Murillo del departamento de La Paz y la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del citado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del conflicto de competencias

Las Autoridades Indigenas Originario Campesinas (IOC) de la Comunidad Asunta Quillviri, Tercera Sección Municipal de Achocalla de la provincia Murillo del departamento de La Paz a través de memorial presentado el 7 de febrero de 2023, expusieron y demandaron ante este tribunal conflicto de competencia jurisdiccional dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancias de la comunaria Cristina Tambo Mamani en contra de Benedicto Urquizo Zenteno, David Julio Chambi Zenteno, Walter Falcón Mamani, Gumercindo Tambo Urquizo, Salustiano Poma Tambo, Remigio Apaza Ventura, Angela Gutiérrez Mamani de Apaza, Secundino Quispe Alejo, Pablo Trujillo Apaza y Anastacia Paye de Urquizo, por la presunta comisión del delito de violencia política contra las mujeres, lo que motivó que se apersonen ante la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz y planteen incidente de declinatoria de jurisdicción y competencia, manifestando ser legítimas autoridades IOC de la citada comunidad, señalando que el supuesto delito de violencia política contra las mujeres, deviene de su destitución del cargo de Secretaria General por parte de los mismos comunarios, quienes tomaron dicha determinación; la que, al configurarse en el motivo que dio lugar a esta controversia y habiéndose resuelto bajo sus usos y costumbres propios, demuestra que no puede ser tramitada por la vía ordinaria, imposibilitando que la causa pueda "reabrirse" por otra jurisdicción distinta a la indígena originaria campesina; asimismo que en el caso concurren los tres ámbitos de vigencia personal, territorial y material; por lo que, solicitaron se dicte Sentencia declarando competente a las autoridades IOC de la indicada comunidad, disponiendo que la Jueza del caso se aparte o se inhiba del conocimiento de la causa principal y se remita los antecedentes a su conocimiento y se deje sin efecto legal alguno la ilegal Resolucion 70/2023 de 3 de febrero, disponiendo como medida cautelar la suspensión de la tramitación del proceso penal entre tanto se resuelva cual será la autoridad competente. Ante ello a través de auto constitucional 0097/2023-CA de 22 de febrero, ante la ausencia de requisitos formales para la admisión del conflicto competencial se dispuso que en el plazo de cinco días de su notificación se proceda a subsanar la observación.

I.2.Pronunciamiento de la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz

A través de la Resolución 70/2013 sobre el Incidente de Declinatoria por Jurisdicción y Competencia de 3 de febrero de 2023, cursante de fs. 159 a 161, la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, determinó declarar INFUNDADO el citado incidente interpuesto por Vicente Paco Urquizo, Secretario General, Néstor Fortunato Urquizo Cori, Secretario de Justicia, y Esteban Sosa, Secretario de Relación, todos de la Comunidad Asunta Quillviri Tercera Sección Municipal de Achocalla de la provincia Murillo del citado departamento, señalando que su autoridad sí es competente para conocer el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra David Julio Chambi Zenteno y otros por el delito de violencia política contra mujeres, señalando como argumentos, que: a) Los impetrantes de declinatoria, mediante memorial presentado el 7 del citado mes y año, se apersonaron y plantearon incidente de declinatoria de jurisdicción y competencia, manifestando ser legítimas autoridades de la señalada Comunidad, planteando su solicitud en base a los arts. 109, 113, 115, 116.I, 117.I, 120.I, 178, 190, 191 y 192 de la Constitución Política del Estado (CPE), bajo el supuesto delito de violencia política contra las mujeres, sosteniendo tener la competencia de acuerdo a sus normas y procedimientos propios para conocer, tramitar y resolver el citado caso; toda vez que, dicho proceso penal deviene de la destitución de la Secretaria General de la Central Cantonal Bartolina Sisa de Asunta Quillviri que desempeñaba funciones dentro de su JIOC; no obstante, la destitución del cargo de secretaria general y al mismo tiempo resolver la acción no es posible que las mencionadas autoridades puedan "...resolver primero la penal por el delito de violencia política contra las mujeres..." (sic); ya que, se vulnerarían los principios de independencia, imparcialidad y transparencia; más aún, cuando la presunta víctima es quien acudió ante el Ministerio Público, y se encuentra protegida por la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- y tiene el derecho de ser oída por una autoridad jurisdiccional; b) La acción penal por el delito de violencia política contra las mujeres pues no se cumplirían con los principios de independencia, imparcialidad y transparencia y debe ser resuelta por materia ordinaria; una acción penal es independiente y goza de distinta naturaleza; y, c) Al no haberse demostrado que las autoridades IOC de la referida comunidad son competentes en el caso en concreto "...se tiene que la suscrita autoridad al igual que el Ministerio Público se es competente para conocer la presente causa..." (sic).

I.3. Admisión

La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de Auto Constitucional (AC) 0372/2023-CA de 18 de agosto, cursante de fs. 167 a 171, ADMITIÓ el conflicto de competencias jurisdiccionales, suscitado entre Vicente Paco Urquizo, Secretario General, Néstor Fortunato Urquizo Cori, Secretario de Justicia; y Esteban Sosa, Secretario de Relación, todos de la Comunidad Asunta Quillviri, Tercera Sección Municipal de la provincia Murillo del departamento de La Paz y la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del citado departamento.

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto Constitucional de 20 de junio 2024, cursante a fs. 182, se solicitó documentación complementaria, en cuyo mérito se dispuso la suspensión del cómputo de plazo, habiéndose reanudado el mismo, de acuerdo a decreto de 12 de noviembre de 2024, cursante a fs. 265.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de oficio de 5 de octubre de 2022 Cristina Tambo Mamani se dirigió a Olga Rojas, Ejecutiva Provincial de la provincia Murillo y Co Directorio, señalando que su persona en su calidad de Secretaria General Central Cantonal Bartolina Sisa de Asunta Quillviri, señaló, entre otros, que el día de su posesión el 5 de marzo de 2022 esa autoridad le había posesionado en la puerta de la Sub Alcaldía del mismo Cantón; y que desde esa fecha es agredida en las reuniones por el esposo de Angela Gutiérrez Mamani de Apaza, de nombre Remigio Apaza Ventura que es el Secretario General de la Comunidad Kajchiri confrontándola con situaciones que afectan su dignidad de mujer, distorsionando antecedentes y creando malestar entre los comunarios; asimismo informó que el 22 de septiembre de ese año en una reunión llevada a cabo en la Casa Artesanal de Quillviri en un ampliado general manifestó:

…los hermanos me obligaron a renunciar a mi cargo, resolviendo en la misma que una vez presentada mi renuncia, las autoridades convalidaran el tiempo que estuve en el cargo como si mi persona hubiera cumplido las dos gestiones como si mi persona ejerció el cargo en el tiempo establecido es decir los dos años a fin de no perjudicarme… (…)… habiendo renunciado de manera obligatoria al cargo y en el cual resuelven también convalidar el tiempo que ejercío el cargo… (sic [ fs. 79 a 82). II.2. Mediante oficios de 19 de septiembre, de 3, 7 y 30 de noviembre de 2022, Cristina Tambo Mamani, solicitó a Olga Rojas, Ejecutiva de la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de la provincia Murillo “Bartolina Sisa”, fotocopias del Voto Resolutivo de 11 de septiembre de 2022 (fs. 78 y 83 a 87). II.3. Por memorial de 9 de diciembre de 2022, Cristina Tambo Mamani, presentó DENUNCIA ante el Ministerio Público de El Alto, en contra de Benedicto Urquizo Zenteno, David Julio Chambi Zenteno, Walter Falcón Mamani, Gumercindo Tambo Urquizo, Salustiano Poma Tambo, Remigio Apaza Ventura, Angela Gutiérrez Mamani de Apaza, Secundino Quispe Alejo, Pablo Trujillo Apaza y Anastacia Paye de Urquizo, por ser con probabilidad, autores del delito de violencia política contra mujeres, señalando que el 2 de abril del señalado año, en una reunión de la tercera sección del municipio de Achocalla fue agredida por dos autoridades quienes le quisieron obligar a presentarse ante el secretario general Remigio Apaza Ventura; ya que, cumplía el cargo de Secretaria General de la Central Cantonal Bartolina Sisa de Asunta Quillviri, acomodando dicho accionar en los arts. 148 ter del código Penal (CP) y la Ley 348; por esos actos presentó denuncia contra los ya citados, pidiendo la apertura de diligencias preliminares (fs. 89 a 94). II.4. Consta Formulario Único de Denuncia por ante el Ministerio Público presentado por Cristina Tambo Mamani en contra de Benedicto Urquizo Zenteno, David Julio Chambi Zenteno, Walter Falcón Mamani, Gumercindo Tambo Urquizo, Salustiano Poma Tambo, Remigio Apaza Ventura, Angela Gutiérrez Mamani de Apaza, Secundino Quispe Alejo, Pablo Trujillo Apaza y Anastacia Paye de Urquizo, de fecha 9 de diciembre de 2022, señalando que:

… el 2 de abril de 2022, en la reunión comunal ubicado en el Cantón Asunta Quillviri de la tercera sección del municipio de Achocalla el señor Benedicto Urquizo Zenteno de manera agresiva y prepotente me lleva a un lado, en el cual se encontraba de igual manera el señor David Chambi Zenteno, del cual me quisieron obligar a irme presentarme donde Secretario General Remigio Apaza juntamente con su esposa Angelica Gutiérrez de Apaza del cual de esa comunidad no me llego ninguna invitación ya que yo cumplía con el cargo de Central Cantonal Bartolina Sisa, en el cual solo tenía una invitación para Achocalla en la comunidad de Huaywasi y yo les explique, pero ellos de manera prepotente querían obligarme a ir y no sé cuál era su intención para que fuera a presentarme. Es así que en fecha 06 de junio de 2022 se llevó a cabo la iza de bandera en Villa Layuri, en el cual el alcalde informa que el dia de año nuevo aymara se llevara a cabo en el Cantón Asunta Quillviri, después del acto nos reunimos las dos organizaciones centrales cantonales , donde se encontraba el señor Benedicto Urquizo central cantonal Tupak Catari y su miembro directorio, así como también yo me encontraba con mi miembro directorio de Bartolina Sisa, por el cual el señor Benedicto Urquizo Zenteno comienza a cobrar 10 bolivianos a todos para unas invitaciones, motivo del cual yo tomo la palabra e indico que esas invitaciones no los pueden realizar en las Oficinas de Control Social y que es totalmente gratis, de esta manera por el hecho de decir que es gratis y no poner los 10 bolivianos comienzan a agredirme el señor Benedicto Urquizo Zenteno junto, el señor Segundino Quispe, indicándome con fuertes palabras, que soy una tacaña, que por el hecho de ser mujer no debería opinar y dar mis 10 bolivianos callada y someterme a lo que ellos digan, es así que fui sufriendo agresiones verbales y discriminación por el hecho de ser mujer y llevar el cargo de Central Cantonal de Bartolina Sisa. En fecha 20 de junio de 2022 se lleva a cabo una reunión donde tenían que estar presentes las dos organizaciones centrales Tupack Catari y Bartolina Sisa, motivo por el cual no se informa nada y se nos hace a un lado a todas las mujeres del cual el señor Benedicto Urquizo Zenteno y su miembro directivo reciben lo gestionado es asi que al dia siguiente en fecha 21 de junio de 2022 me entero que nos habrían entregado lo gestionado del cual se me aparto totalmente y que el alcalde de Achocalla nos donó 100 caja de cerveza, 20 paquetes de refresco Coca Quina de 2 litros, (…)… y aproximadamente a horas 16:30 pm, dichos señores se burlan de mí, hablan en contra mía indicando que me iban a sacar de mi Central Cantonal Bartolina sisa y que tiene influencias con la Federación Provincial Bartolina Sisa para retirarme de mi cargo y que se iban a organizar estas personas para sacarme y que me pueden sacar rápidamente de mi cargo, por el simple hecho que no me someto a sus decisiones de dichas personas y así también por hecho que no consumo bebidas alcohólicas, es así que fui sufriendo agresiones y amenazas de que me sacarían de mi cargo. Seguidamente pasando las 3 semanas yo me encontraba en la Alcaldía de Achocalla haciendo algunos trámites del cual el señor Benedicto Urquizo Zenteno me encuentra y me dice vas a sellar la conformidad de todo lo recibido de fecha 20 y 21 de junio de 2022 yo me niego a firmar porque este señor Bendicto Urquizo Zenteno me da un papel en blanco y no me da razón de lo que estoy firmando y por el hecho que no quiero firmar se molesta y de manera brusca me quiere hacer firmar y obligarme a sellar y firmar, yo le digo que me muestre el contenido del cual me muestra y rápidamente me lo quita de manera brusca y se lo esconde, y a lo que vi ese informe de conformidad estaba alterado y que además me quería hacer responsable de ello sin que yo recibiera esto ya que fui apartada en el momento de recibir y en la distribución de esta. Por estos motivos estos señores se fueron organizando para sacarme de mi cargo… (sic [fs. 88)].

II.5. Cursa copia simple de Acta de Posesión de 1 de enero de 2023 de las nuevas autoridades de la “Comunidad Asunta Quillviri”, entre ellos, Vicente Paco Urquizo, Secretario General, Néstor Fortunato Urquizo Cori, Secretario de Justicia, y Esteban Sosa, Secretario de Relación (fs. 15). II.6. Del Informe Técnico de Campo TCP/STyD/UJIOC/009/2024 (agosto de 2024) “COMUNIDAD ASUNTA QUILLVIRI, MUNICIPIO DE ACHOCALLA, PROVINCIA MURILLO DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ); expedido por la Jefa Unidad de Justicia Indígena Originaria Campesina de la Secretaría Técnica y Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional; se establece lo siguiente:

II.6.1. Como ANTECEDENTES DE LA COMUNIDAD ASUNTA QUILLVIRI, señalan que la comunidad Asunta Quillviri, fue creado mediante Ley 694 de 17 de octubre de 1984 con los siguientes límites: al norte con el cantón Achocalla, al sur con la provincia Ingavi, al este con el cantón chanca y al oeste con la provincia Ingavi. Esta región se caracteriza por presentar suelos aptos para la agricultura y la producción de forrajes para la ganadería. II.6.2. Que la estructura y testimonio de las autoridades de la Comunidad Asunta Quillviri; según lo manifestado por Benedicto Urquizo Zenteno Sub - Alcalde, se tiene lo siguiente:

Soy uno de los afectados también aquí se encuentra los diez afectados, de la Comunidad es el Secretario General, Central Cantonal, Ejecutivo de la Provincia Murillo sobre eso viene Ejecutivos Departamentales después la Nacional, nosotros este problema que tenemos con la señora: Cristina Tambo Mamani, llego hasta el Provincial ahí se ha solucionado, tenemos actas de solución, hemos arreglado en la comunidad el problema porqué la comunidad le ha elegido, la comunidad también le ha hecho dar un paso al costado de ahí nosotros hemos arreglado aqui en la reunión general del Secretario General después viene Centrales y Cantonales yo ese año ocupaba el cargo de Central Cantonal después hemos llegado hasta la Provincial ahí se arregló el problema.

La denuncia fue presentada antes a la Justicia Ordinaria, el conflicto con la señora: Cristina Tambo Mamani, ocurrió en la comunidad Asunta Quillviri, aqui en la comunidad también la hemos desconocido, nosotros en este caso nada teníamos que ver en este problema porque la Reunión General es del Secretario General, solo ella nos ha culpado porqué nosotros habíamos instado, nosotros ya hemos arreglado este problema con el Ejecutivo de la Provincia Murillo, todas las actas se encuentra en el expediente de Sucre, pisoteando todos los acuerdos se fue a denunciar a la Justicia Ordinaria para demandarnos pero toda es mentira. Según lo manifestado por el señor; Remigio Apaza Ventura, Secretario General de la Comunidad Kajchiri, manifiesta lo siguiente: La hermana Cristina Tambo Mamani, estaba como Central Bartolina Sisa, su hermano es abogado ella es profesora toda la familia ocupa cargo, en Achocalla paso el conflicto el Sub - Alcalde era Juan Camargo, había sacado para hacer trabajar con tractor como Central Agraria Villa Layuri y Cantonal y eso no le ha gustado a la señora: Cristina Tambo Mamani porque no has sacado como cantonal no más el otro abogado le ordena rómpalo eso no sirve la señora: Cristina Tambo Mamani, procede a romperlo todo el trámite que se estaba haciendo de eso me enoje como autoridad porque el Sub-Alcalde era de mi comunidad como nos va a discriminar de esa manera.

Los comunarios de la Comunidad Asunta Quillviri, señalaron que en una Asamblea nombraron a Cristina Tambo Mamani en el cargo de Secretaria General de Bartolina Sisa (una organización de mujeres indígenas). De la misma manera en una Asamblea de la comunidad suspendieron del cargo a la mencionada, los problemas del fondo para suspender del cargo fueron, que la mencionada se opuso a una decisión tomada por el Sub-Alcalde “Juan Camargo”. Este último había roto el trámite de la solicitud de tractor para hacer trabajos comunitarios para beneficiar a las comunidades agrarias Villa Layuri y Cantón Asunta Quillviri; lo cual, se sintieron discriminados por Cristina Tambo Mamani, Esta acción generó molestia de los comunarios y del Sub-Alcalde, ya que consideraban que se estaba discriminando a parte de la población, aparte no cumplía con el cargo asignado. II.6.3. En cuanto a la consulta de cuál fue la vía que eligió Cristina Tambo Mamani, si fue de manera voluntaria para que se resuelva su denuncia, se respondió que:

Yo como autoridad seguí el conducto regular lo que dice el estatuto sin embargo en una primera instancia a mí me denuncian a la Provincial de Bartolina Sisa yo era Secretaria General de la Cantonal era la cabeza de Bartolina Sisa, también hay otra organización que es de Tupac Katari que tiene la misma competencia ellos me denuncian a Bartolina Sisa en la cual la Provincial es donde yo corresponde no pueden los cargos inferiores llamarme la atención o algo así es la Provincial la que tiene que solucionar cuando me hacen llamar en primera instancia en fecha 11 de septiembre y ellos estaban con bastante actividad me llaman la hermana provincial actualmente ella es departamental Olga rojas, me llama y me dice tienes una denuncia, tienes bastantes denuncias por lo tanto te boya suspender pero no dejas de ser autoridad lo único que no vas a poder hacer es realizar actividades pero continuas siendo autoridad no te estoy quitando el mando, en estos momentos estoy con la entrega de fertilizantes estoy bastante ocupada a la vez también va ver un careo bueno como es mi ente matriz yo acepte, estuve asi pero ya no había una cabeza quien dirija en mi lugar luego habia esa exigencia de las bases exigiendo cuando hermana, cuando hermana, arreglara su problema, resultado es que me vuelve a ser llamar, resultado es donde estamos en los meses de septiembre, octubre y noviembre no se me permite participar de los actos cívicos justamente en este mes 11 de septiembre en esa plaza del pueblo ahí realizamos nuestras reuniones comunales el primer sábado de cada mes he participado la última reunión he sido abucheada con las mentiras que ellos han hablado este de Tupac Katari cantonal que ahora está ejerciendo como sub alcalde ese día 11 de septiembre de 2022 se han burlado de mi han inventado cosas que nunca yo hice por esa razón ellos han instigado para que no me escuchen han llegado en el momento donde uno de ellos viene y me dice que estás haciendo tu aqui tu ya no eres parte de la directiva sácate la chalina nosotros utilizamos la chalina el chicote la onda el aguayo, mi persona siguió asistiendo a las reuniones porque si no te cargan las multas de cada reunión que no asistes es 100 bs. La multa, hasta que me han sacado del mando seguí asistiendo, pero después discontinuamente he seguido asistiendo a las reuniones porqué se hacían la burla, me hacían bulin".

En cuanto a la consulta, de “porque eligió dicha vía”, respondió:

Porque la provincial se ha parcializado con los denunciados que son diez tanto del centro poblado como le estamos diciendo que trabaja la cantonal con tres comunidades y este centro poblado está considerado como comunidad para estos casos pese que corresponde a FEDJUVE pero por necesidad lo toman en cuenta como comunidad trabaja con tres comunidades y de las tres comunidades son diez los denunciados son de repente los más principales para ocasionar estos problemas yo he salido por el terreno el mandato es de dos años, sin embargo salimos tres comunarios hemos salido mi persona realizo los cargos anteriores eso me habilita llevar la cabeza porqué ya hice un cargo menor para asumir un cargo mayor.

A la consulta de “si se le informó previamente si tenía esa posibilidad de elegir la jurisdicción para conocer y resolver su caso”, respondió:

En una instancia cuando fui a denunciar no, pero después los denunciados han pedido resolver este caso en la Justicia Indígena Originaria Campesina se lleva una audiencia en el mes de febrero 23, la denuncia ya estaba en la vía ordinaria, hay una audiencia donde analizan las denuncias donde corresponde y donde se puede resolver se ha llevado esa audiencia tres horas o tres horas y media, estaba a cargo de la presente audiencia la juez Mirian Laura, fue quien dirigió la audiencia manifestando que no corresponde a la Justicia Indígena Originaria Campesina si no corresponde a la justicia ordinaria porqué hay delitos.

Respecto a la “Reunión con las autoridades de la comunidad Asunta Quillviri”, se señaló:

En la visita realizada previo al levantamiento del informe técnico, nos reunimos con los comunarios en la sede social de la comunidad Asunta Quillviri, para entrevistar a la Cristina Tambo Mamani, los presentes manifestaron que la Cristina Tambo Mamani no vivía en la comunidad, los mismos comunarios nos comentaron en la reunión que la mencionada no vivía en la comunidad, si no que vivía en la ciudad de La Paz, por tal motivo es que nos comunicamos por vía telefónica para realizar la entrevista en las oficinas de la Coordinación Tribunal Constitucional Plurinacional Regional La Paz. Las autoridades manifestaron que la citada no habita permanentemente en la comunidad, motivo por el cual los comunarios suspendieron de su cargo, las mismos AUTORIDADES señalaron que la Cristina Tambo Mamani ejerce como profesora en una Unidad Educativa en turno de la noche en la ciudad de La Paz (fs. 187 a 260).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Se suscita conflicto de competencias jurisdiccionales entre Vicente Paco Urquizo, Secretario General, Néstor Fortunato Urquizo Cori, Secretario de Justicia; y Esteban Sosa, Secretario de Relación, todos de la Comunidad Asunta Quillviri, Tercera Sección Municipal de Achocalla de la provincia Murillo del departamento de La Paz y la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del citado departamento, para conocer el proceso de delito de violencia política contra mujeres presentada por Cristina Tambo Mamani, contra Benedicto Urquizo Zenteno, David Julio Chambi Zenteno, Walter Falcón Mamani, Gumercindo Tambo Urquizo, Salustiano Poma Tambo, Remigio Apaza Ventura, Angela Gutiérrez Mamani de Apaza, Secundino Quispe Alejo, Pablo Trujillo Apaza y Anastacia Paye de Urquizo. En consecuencia, corresponde dilucidar cuál es la autoridad competente para resolver la problemática referida.

III.1. Los conflictos de competencia jurisdiccionales y los ámbitos de vigencia de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina (JIOC)

En las demandas de conflicto de competencias jurisdiccionales, el Tribunal Constitucional Plurinacional se limita a resolver si es la autoridad de la jurisdicción indígena originaria campesina o el de la jurisdicción ordinaria o agroambiental, la autoridad competente para conocer y juzgar el caso y, en ese sentido, el conflicto de competencias jurisdiccionales es una acción constitucional específico del derecho procesal constitucional que tiene la finalidad de resguardar la garantía del juez natural, imparcial e independiente; por lo que, al declarar competente a una determinada autoridad, debe resguardar al mismo tiempo el derecho al debido proceso de las partes expresado, principalmente, en la imparcialidad y la objetividad que debe primar en el conocimiento del caso por la autoridad al que declare competente; sin embargo, el conflicto de competencias jurisdiccionales no tutela derechos constitucionales ni toma en cuenta si en el caso hay parcialización de la autoridad jurisdiccional con una de las partes, o si existe o no cosa juzgada; puesto que, estos asuntos se deben resolver en la vía que corresponda. El art. 191 de la CPE, expresa:

I. La jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino. II. La jurisdicción indígena originario campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial:

1. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados o imputados, recurrentes o recurridos.

2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional.

3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino.

En cumplimiento de la disposición del art. 191.II.2 de la CPE, se emitió la Ley de Deslinde Jurisdiccional cuyo art. 8 dispone: “La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, cuando concurran simultáneamente” (las negrillas son nuestras). Asimismo, debe tomarse en cuenta para dicho cometido, la vasta jurisprudencia vinculante emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, de la siguiente manera:

III.1.1.En relación al ámbito de vigencia personal

Al respecto se debe tomar en cuenta la conceptualización de pueblo y nación indígena efectuada por el art. 30.I de la CPE que expresa: “Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española”, debiendo tomarse en cuenta lo dispuesto por el art. 2 de la CPE que hace referencia a dos elementos cuya expresión simultánea se trasunta en “la existencia pre-colonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios…” que, en ese sentido, “garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley”.

En desarrollo del mandato constitucional, el art. 9 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional establece que “están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino” (las negrillas nos corresponden); por lo que, a los fines del ámbito de vigencia personal de la jurisdicción indígena originaria campesina, se debe distinguir dos instancias de organización social como son la nación y el pueblo y los elementos emergentes de ello.

A partir de estas consideraciones de orden doctrinal constitucional, podemos señalar que el ámbito de vigencia personal, desde el punto de vista de la jurisdicción indígena originaria campesina, alcanza a los miembros de los pueblos y naciones indígenas que comparten una identidad cultural expresada en el idioma, formas de vida, tradición histórica, instituciones comunes, cosmovisión y filosofía de vida común expresada en el dominio ancestral sobre un territorio determinado desde la época precolonial; por lo que, estos dos elementos como son la precolonialidad y la ancestralidad, fundan su carácter de pueblos indígena originario campesinos, pudiendo, a partir de ello, variar sus formas de organización y composición social; por lo que, su estructura organizativa, en función a razones de orden social e histórico se expresa en organizaciones campesinas, juntas vecinales, organizaciones sindicales periurbanas y otras modalidades organizativas que reflejan el complejo proceso de mestizaje y de paulatina integración social a la que están sometidas, conservando en medio de todo ello su identidad colectiva basada en su idioma, identidad cultural, organización social y administrativa, organización territorial ancestral, ritualidad y cosmovisión propia que hacen a su compleja identidad nacional originaria y ancestral.

Por otra parte, para establecer la pertenencia de las personas dentro de un grupo, pueblo o nación indígena originaria campesina, se debe tomar en cuenta la adscripción de la identidad indígena que hacen muchas personas a tenor del art. 1.2 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que expresa que “la conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio”.

Asimismo, la SCP 0005/2016 de 14 de enero, señala:

De acuerdo al art. 30.II.14 de la CPE, las NPIOC gozan del derecho al ejercicio de sus sistemas jurídicos. En todo conglomerado social existe una racionalidad o coherencia y la institucionalidad propias, generadas como consecuencia de la vida social y el avance histórico. El núcleo esencial de esta realidad es la regulación social orientada a permitir, prohibir realizar uno o más actos humanos. Para la aplicación práctica de ese derecho fundamental, el art. 190.I de la Norma Suprema establece que: ‘Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercerán sus funciones jurisdiccionales y de competencia a través de sus autoridades, y aplicarán sus principios, valores culturales, normas y procedimientos propios’. De este enunciado se infiere que las autoridades IOC, constitucionalmente, están legitimadas para conocer y resolver controversias, sustentados en su legitimidad propia que equivale a la jurisdicción. Respecto a la competencia propia relacionada con la resolución de problemas, dimanan de sus instancias de decisión, que pueden ser: reunión, consejo, ampliado y tantachawi. Al aplicar la normatividad jurídica, deberán respetar el derecho a la vida, a la defensa y otros derechos y garantías establecidas en la Constitución Política del Estado, de todas las personas sin ninguna discriminación, constituyéndose de esta manera, el contenido de tales derechos, en el límite, al ejercicio de las funciones o atribuciones de todas las autoridades del sistema judicial.

Del art. 191.I de la CPE, se deriva dos dimensiones que explican la jurisdicción propia: 1) El concreto o restringido, que fundamenta el vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva NPIO; es decir, tienen domicilio permanente en él, sin que ello signifique, que tal miembro no pueda trasladarse a otros lugares del país, por motivos que atingen a sus intereses legítimos y de su familia; ya sea por un corto tiempo o prolongado. En esta comprensión, la posición de la concurrencia simultánea de los ámbitos de vigencia personal, material y territorial establecido por el art. 8 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional de 29 de diciembre de 2010 (LDJ), corresponde al criterio señalado; y, 2) El extensivo, se desprende del art. 191.II de la Norma Suprema en relación con los arts. 13.I y II y 30.II.14 de dicha Norma Fundamental. El primer artículo nombrado señala que: ‘La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce en los siguientes ámbitos de vigencia personal, material y territorial’. Sobre este punto, resulta necesario remarcar que, el constituyente prefirió utilizar el término vigencia, en vez de la palabra competencia, con el propósito de evitar, la asimilación del sistema jurídico propio al derecho escrito de aplicación predominante en los Estados-nación, de carácter monocultural y de tendencia liberal, en contradicción de la concepción filosófica del Estado Plurinacional.

Del art. 191.II de la Norma Suprema, antes mencionado, desde la perspectiva extensiva, se comprende que: i) Sobre el ámbito de vigencia personal, están sujetos a esa jurisdicción, los miembros de la NIOPC, involucrados en un problema que afecte, principalmente, la vida comunitaria cuyas raíces se encuentran en la institucionalidad del territorio histórico del Qullasuyu y Abya Yala. Desde la posición de la interpretación extensiva de la norma jurídica, ese enunciado referido, alcanza a las personas que no necesariamente viven o residen con permanencia en una comunidad IOC; pero que, están vinculadas por ciertos intereses legítimos, por ejemplo la tenencia de tierras de cultivo, descendencia familiar o que se expresen someterse voluntariamente a la JIOC; sustentados en los principios de pluralismo e interculturalidad jurídica”. Por otra parte, la SCP 0388/2014 de 25 de febrero, señala:

A un entendimiento similar, arribó la SCP 1422/2012 de 24 de septiembre, que estableció: ‘…que la identificación de naciones y pueblos indígenas originario campesinos en el Estado Plurinacional de Bolivia, para la aplicación de los derechos colectivos consagrados por el régimen constitucional imperante, deberá contemplar la existencia de los elementos de cohesión referentes a la identidad cultural; idioma; organización administrativa; organización territorial; territorialidad ancestral; ritualidad y cosmovisión propia, entre otras características de cohesión colectiva.

Ahora bien, los aspectos antes citados, configuran a los pueblos y naciones indígena originario campesinas como sujetos colectivos de derecho; en ese orden, por razones de orden sociohistóricas, debe entenderse a este término como un concepto compuesto e inescindible, que comprende a poblaciones indígenas de tierras altas, tierras bajas y zonas geográficas intermedias sometidas a un proceso de mestizaje, razón por la cual este concepto se compone de los elementos indígena-originario-campesino con una semántica socio-histórica indivisible. En coherencia con lo señalado, debe precisarse además que en el contexto de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, su estructura organizativa por razones también de orden socio-histórico, podría estar compuesta por organizaciones campesinas, juntas vecinales u otras modalidades organizativas que reflejen un proceso de mestizaje vivido en el País, en estos casos, el reconocimiento de derechos colectivos como naciones y pueblos indígena originario campesinos, responderá a la concurrencia de cualquiera de los elementos de cohesión colectiva descritos supra, es decir a la existencia de identidad cultural; idioma; organización administrativa; organización territorial; territorialidad ancestral; ritualidad y cosmovisión propia, entre otras; por tanto, a pesar de la influencia de elementos organizativos propios de un proceso de mestizaje, en la medida en la cual se identifique cualquiera de los elementos de cohesión colectiva antes señalados, la colectividad será sujeta de derechos colectivos y le será aplicables todos los efectos del art. 30 en sus dos parágrafos de la Constitución, así como los efectos del principio de libre-determinación inherente a los pueblos y naciones indígenas originario y campesinos plasmado en el segundo artículo de la CPE”.

Finalmente, en cuanto al ámbito de vigencia personal, la SCP 0764/2014 de 15 de abril, señala que el primer presupuesto para el ejercicio de la jurisdicción indígena originario campesina son los vínculos personales; por lo que:

Para desarrollar este primer criterio, es pertinente en principio, realizar la interpretación del art. 191 de la CPE, en sus dos parágrafos; por tanto, en estricta coherencia con lo señalado, debe precisarse que el art. 191.I de la Constitución, en su tenor literal, señala que la jurisdicción indígena originario campesina se fundamenta en un vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino, por cuanto, para una plurinacionalidad con complementariedad, armonía social y respecto, el primer elemento esencial para el ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina, es la existencia de un vínculo personal, el cual debe ser interpretado de la manera más extensiva y progresiva posible a favor de un goce y ejercicio pleno del derecho a la libre determinación; en ese orden, este primer presupuesto, se tiene por cumplido en aquellos casos en los cuales exista un lazo cultural, idiomático, religioso, de cosmovisión o de otra índole entre los miembros de una nación y pueblo indígena originario campesino; o cuando a través de la auto-identificación o cualquier otra declaración de voluntad, una o más personas generen un vínculo de pertenencia con una nación o pueblo indígena originario campesino. El postulado expuesto, constituye precedente jurisprudencial vinculante.

El resultado hermenéutico anotado anteriormente, responde a las dos pautas hermenéuticas utilizadas en el presente fallo; es decir, a la interpretación a través del principio de unidad constitucional y la interpretación de acuerdo a las directrices y pautas rectoras del modelo constitucional imperante; por tanto, el art. 9 de la LDJ, en una interpretación “Desde y Conforme al Bloque de Constitucionalidad”, debe dársele el alcance interpretativo transcrito líneas arriba, para determinar el alcance del ámbito de vigencia personal de la jurisdicción indígena originario campesina”.

Es decir, que, para la concurrencia del ámbito de vigencia personal, las partes -denunciantes, víctimas, querellantes, imputados- deben ser miembros de la Comunidad indígena, o en su caso en ejercicio de su derecho a la autodeterminación personal haber expresado de forma expresa o tácita la pertenencia a dicha comunidad.

II.1.2. Sobre el ámbito de vigencia territorial

Al respecto el art. 191.II.3 de la CPE, señala:

Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino”.

Dicha previsión constitucional que ha sido desarrollado por el art. 11 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional (LDJ) -Ley 073 de 29 de diciembre de 2010-, que expresa:

El ámbito de vigencia territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino, siempre y cuando concurran los otros ámbitos de vigencia establecidos en la Constitución Política del Estado y en la presente Ley (las negrillas fueron añadidas).

Por su parte, la respecto al ámbito de vigencia territorial, la SCP 0764/2014 de 15 de abril, señaló que:

Además del ámbito de vigencia personal y del ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina, el cual tal como se señaló en el parágrafo anterior debe ser interpretado de manera extensiva y progresiva, debiendo ademar interpretarse las exclusiones competenciales disciplinadas en el art. 10.II de la LDJ de manera restrictiva, es necesario establecer también que los hechos o conflictos que la jurisdicción indígena originaria campesina, histórica y tradicionalmente conoce bajo sus normas, procedimientos propios y saberes, para cumplir con el ámbito de vigencia territorial, deben generarse o producirse en el espacio geográfico de titularidad o posesión de las naciones o pueblos indígena originario campesinos; o en su caso deben surtir efectos en ella (las negrillas son nuestras).

Es decir, la jurisdicción indígena originaria campesina se aplica en los territorios indígenas de carácter precolonial y que constituyen su dominio territorial ancestral; dos elementos en los que se funda el carácter y la naturaleza colectivista de los pueblos indígenas y que constituyen el fundamento básico sobre el que se erigen sus variadas formas de organización y composición social. Asimismo, teniendo en cuenta que los miembros de los pueblos y naciones indígenas originario campesinas están sometidos a migraciones constantes por los avatares de la vida, la jurisdicción indígena originaria campesina también se aplica a hechos o acciones producidas fuera del territorio ancestral y de dominio histórico del pueblo o nación indígena; pero, sobre el que tiene directa incidencia, afectando la convivencia comunitaria y colectiva cuando, por ejemplo, dos migrantes del mismo pueblo o nación indígena incurran en la comisión de hechos que se consideran delictivos por las que son sometidas a la jurisdicción ordinaria por autoridades ajenas a su pueblo o nación y en un territorio ajeno al de su dominio ancestral, afectando la vida de dicha comunidad; por lo que, estos procesos podrán ser conocidas, previo trámite del conflicto de competencias, por las autoridades jurisdiccionales indígenas que corresponda.

II.1.3. Respecto al ámbito de vigencia material

Al respecto el art. 10 de la LDJ establece que:

I. La jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación. II. El ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza a las siguientes materias:

a) En materia penal, los delitos contra el Derechos Internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio; b) En materia civil, cualquier proceso en el cual sea parte o tercero interesado el Estado, a través de su administración central, descentralizada, desconcentrada, autonómica y lo relacionado al derecho propietario;

c) Derecho Laboral, Derecho de la Seguridad Social, Derecho Tributario, Derecho Administrativo, Derecho Minero, Derecho de Hidrocarburos, Derecho Forestal, Derecho Informático, Derecho Internacional público y privado, y Derecho Agrario, excepto la distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas;

d) Otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la Ley a las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente.

III.2. Conflicto de competencias jurisdiccionales entre la jurisdicción ordinaria penal y la jurisdicción indígena originaria campesina en casos de violencia familiar o doméstica; verificación de la concurrencia del ámbito de vigencia material

La SCP 0067/2023 de 2 de agosto, respecto al conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina en temas de violencia familiar o doméstica, en el marco de la Recomendación General 33 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), efectuó de un lado, la verificación concreta de la concurrencia de los ámbitos de vigencia, fundamentalmente material para el ejercicio de la JIOC, de acuerdo al contexto del art. 10.II inc. a) de la Ley de Deslinde Jurisdiccional precisando que es una tarea que al concernir un cotejo del tenor literal de dicho precepto, y en la constatación evidente que no prevé como hechos vedados para la JIOC, aquellos vinculados a la violencia familiar o doméstica, se concluía en que sea ésta la competente para la sustanciación y sanción correspondiente a través de sus normas y procedimientos propios. En ese tenor, se emitieron varios fallos constitucionales, entre éstos, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0067/2017 de 19 de octubre, 0065/2019 de 18 de diciembre, 0060/2021 de 24 de noviembre y 0002/2022 de 26 de enero, en las que se declaró competente a las autoridades de la JIOC, por concurrir en todos los casos los ámbitos de vigencia para el ejercicio de la misma, y particularmente, en el examen del ámbito de vigencia material, bajo el solo razonamiento de no estar comprendidos los hechos calificados como “violencia familiar o doméstica” dentro de las exclusiones previstas en el art. 10.II inc. a) de la LDJ, añadiéndose en algunos casos que la JIOC previno primero la denuncia de esos hechos.

Ahora bien, si al analizar la concurrencia del ámbito de vigencia material, se considera a la imputación formal como el único elemento por el cual se verifica si los hechos allí calificados están o no dentro de las exclusiones previstas en el art. 10.II inc. a) de la LDJ, ello indefectiblemente concluirá en que el tipo penal de violencia familiar o doméstica no está expresamente contenido en dicho precepto y por lo tanto, se acreditaría que esta materia se encuentra dentro de los alcances jurisdiccionales de las autoridades indígena originaria campesinas.

Sin embargo, esa tarea reducida a la simple subsunción, invisibiliza cualidades de necesaria consideración respecto a las víctimas de violencia de género y su situación de vulnerabilidad, ya sea que ésta se haya dado en la familia o en otros contextos que son o serán investigados en las jurisdicciones ordinaria o indígena originara campesina -según sea determinado por este Tribunal-; puesto que, independientemente que en la imputación formal se haya efectuado una calificación provisional de un hecho de violencia, a más de que esta puede modificarse en el decurso de la etapa preparatoria del proceso penal, dicho elemento -por sí mismo- no puede ser suficiente para determinar la concurrencia o no del ámbito de vigencia material, al estar de por medio un hecho de violencia que exige a la jurisdicción constitucional actuar en resguardo de principios y garantías procesales a favor de las víctimas, en procura que logren obtener justicia y reparación a sus derechos en la jurisdicción donde continuará la tramitación de su causa; más aún, si a consecuencia de la admisión del conflicto de competencias jurisdiccionales el proceso principal queda suspendido hasta la emisión de la Sentencia Constitucional Plurinacional que dirima la autoridad competente, lo que sin duda mantiene en suspenso la averiguación del acto violento cuya sanción se pretende por la víctima.

Al respecto, se hace preciso considerar que si bien el art. 10.II inc. a) de la LDJ contiene expresamente que los delitos que no pueden ser sujeto de investigación y sanción en la JIOC, dentro de los cuales no se encuentra el delito de violencia familiar o doméstica, dicho precepto debe ser interpretado bajo un enfoque de género y de forma favorable a los derechos de las víctimas de violencia en razón de género; metodología jurídica incorporada para el análisis de los conflictos de competencia jurisdiccionales, particularmente de los que emergen de hechos sustanciados en la jurisdicción ordinaria penal o en la JIOC, donde se involucran derechos de las mujeres indígenas víctimas de violencia. En ese sentido, también se pronunció la SCP 0060/2022 de 19 de septiembre.

Más aún, si se toma en cuenta que por la Recomendación General 33 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW -por sus siglas en inglés-), como estándar internacional sobre el acceso a la justicia de mujeres y niñas, se efectuaron recomendaciones a los Estados, sobre esferas específicas del derecho, en atención a la diversidad de las instituciones y su configuración orgánica propia, determinándose respecto a la jurisdicción constitucional que:

“Proporcionen protección constitucional explícita para la igualdad sustantiva y la no discriminación en las esferas pública y privada y en todos los ámbitos del derecho, reforzando de ese modo el principio de igualdad ante la ley y facilitando el acceso de las mujeres a la justicia” (Recomendación 33, párrafo 42 inc. a) del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer).

Y en cuanto a los sistemas de justicia plurales, recomendó a los Estados: “Aseguren que las mujeres puedan elegir, con un consentimiento informado, la ley y los tribunales judiciales aplicables en los que preferirían que se tramitarán sus reclamaciones” (Recomendación 33, párrafo 64 inc. d). del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer). (…) en lo que respecta a la protección reforzada a las víctimas de violencia de género, se hace preciso incorporar como un criterio más de verificación para la concurrencia del ámbito de vigencia material para el ejercicio de la JIOC, cuando la causa principal involucre derechos de las mujeres por ser víctimas de violencia, que en el análisis de dicho elemento se valoren-los antecedentes arrimados al conflicto competencial, no únicamente a partir de la imputación formal -que contiene una calificación provisional del hecho- o la acusación, o si la JIOC previno primero la causa o si los hechos de violencia son históricamente resueltos por sus autoridades-; sino, fundamentalmente, que se considere la voluntad de la víctima, bajo un consentimiento informado, de la jurisdicción en la que prefiere sea tramitada su denuncia por violencia de género.

Elemento que debe ser considerado indefectiblemente por las Juezas y Jueces ordinarios ante quienes se plantee un reclamo de competencia por las autoridades de la JIOC, como se prevé en el Protocolo de Actuación Intercultural de las Juezas y Jueces, aprobado por Acuerdo de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia 216/2017 de 30 de noviembre; y en su caso, de ser necesario, a través de la Secretaría Técnica y Descolonización, en la Unidad de Justicia Indígena Originaria Campesina de este Tribunal Constitucional Plurinacional, velando siempre en que la causa no incurra en dilaciones indebidas, conforme se tiene dispuesto en el Protocolo de Juzgamiento con Perspectiva de Género Interseccional para la jurisdicción constitucional.

Modulación jurisprudencial sobre los elementos que deben ser valorados para dirimir un conflicto de competencias entre las jurisdicciones ordinaria e indígena originaria campesina, respecto a la concurrencia del ámbito de vigencia material de ésta, que no implican un pronunciamiento sobre el fondo de los hechos; más al contrario, se traduce en un criterio objetivo que lejos de pronunciarse sobre la existencia o no del hecho o su autoría, procura que ante denuncias de violencia en razón de género -las mismas que pueden tener repercusiones sobre otros derechos (como la vida, la integridad, corporal, entre otras)-, pueda disponerse que la persona agraviada elija la jurisdicción que reconozca como la más garante para sus derechos.

III.3. Análisis del caso concreto

Se suscita conflicto de competencias jurisdiccionales entre Vicente Paco Urquizo, Secretario General, Néstor Fortunato Urquizo Cori, Secretario de Justicia; y Esteban Sosa, Secretario de Relación, todos de la Comunidad Asunta Quillviri, Tercera Sección Municipal de Achocalla de la provincia Murillo del departamento de La Paz y la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del citado departamento, para conocer el proceso de delito de violencia política contra mujeres presentada por Cristina Tambo Mamani, contra Benedicto Urquizo Zenteno, David Julio Chambi Zenteno, Walter Falcón Mamani, Gumercindo Tambo Urquizo, Salustiano Poma Tambo, Remigio Apaza Ventura, Angela Gutiérrez Mamani de Apaza, Secundino Quispe Alejo, Pablo Trujillo Apaza y Anastacia Paye de Urquizo.

El caso presente, se trata de un conflicto competencial entre las autoridades de la jurisdicción ordinaria penal y la jurisdicción indígena originario campesina, para conocer y resolver el proceso penal por la presunta comisión del delito de violencia política contra las mujeres seguido por el Ministerio Público a denuncia de Cristina Tambo Mamani. De acuerdo al contenido del expediente constitucional, las autoridades IOC a través de memorial de 24 de enero de 2023 interpuesto ante la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, le solicitaron se aparte del conocimiento del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Cristina Tambo Mamani, contra Benedicto Urquizo Zenteno, David Julio Chambi Zenteno, Walter Falcón Mamani, Gumercindo Tambo Urquizo, Salustiano Poma Tambo, Remigio Apaza Ventura, Angela Gutiérrez Mamani de Apaza, Secundino Quispe Alejo, Pablo Trujillo Apaza y Anastacia Paye de Urquizo, por la presunta comisión del delito de violencia política contra las mujeres, impetrando decline su competencia en favor de sus autoridades, sosteniendo tener la competencia de acuerdo a sus normas y procedimientos propios para conocer, tramitar y resolver el citado caso; siendo que, dicho proceso penal deviene de la destitución de Cristina Tambo Mamani de la Secretaría General de la Central Cantonal Bartolina Sisa de Asunta Quillviri que desempeñaba funciones dentro de su JIOC, y que debía resolverse en el marco de sus propios usos y costumbres; por lo que, no puede ser tramitada por la vía ordinaria. Ante ello, la autoridad jurisdiccional de referencia, a través de la Resolución 70/2013, determinó declarar infundado el citado incidente interpuesto, argumentando que es competente para conocer dicho proceso penal seguido por el Ministerio Público por el delito de violencia política contra las mujeres; toda vez que, la presunta víctima es quien acudió ante el Ministerio Público, y se encuentra protegida por la Ley 348 y tiene el derecho de ser oída por una autoridad jurisdiccional. Ante ello, las autoridades IOC mediante memorial de 7 de febrero de 2023, acudieron ante este tribunal demandando conflicto de competencias jurisdiccionales, impetrando se determine a la autoridad competente. Respecto a ese contexto fáctico el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se establece que en cuanto a los ámbitos de acción de los jueces de la jurisdicción ordinaria, las disposiciones normativas deben ser interpretadas desde y conforme a la Constitución Política del Estado; es decir, que ante un posible conflicto competencial, el Tribunal Constitucional Plurinacional; ante todo, debe resguardar el derecho al debido proceso, en la medida en que las contiendas de los justiciables sean resueltas por una autoridad competente, independiente e imparcial; y que en cumplimiento de la disposición del art. 191.II.2, se emitió la Ley de Deslinde Jurisdiccional cuyo art. 8 dispone: “La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material y territorial, cuando concurran simultáneamente. En ese marco, realizando un análisis de los ámbitos señalados, en relación al ámbito de vigencia personal, conforme al Fundamento Jurídico III.1.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; la cual, es entendida como la que prevé la existencia de un vínculo personal, como un lazo cultural, idioma, de cosmovisión o de otra índole entre los miembros de una nación y pueblo IOC; o cuando a través de la auto-identificación o cualquier otra declaración de voluntad, una o más personas generen un vínculo de pertenencia con una nación o pueblo indígena originario campesino. En ese marco, de la revisión de antecedentes, se tiene que tanto la denunciante Cristina Tambo Mamani, quien presuntamente fue destituida del cargo de Secretaria General de la Central Cantonal Bartolina Sisa de Asunta Quillviri a través de agresiones verbales que afectaron su dignidad de mujer; así como las anteriores autoridades IOC, ahora denunciadas (Benedicto Urquizo Zenteno, David Julio Chambi Zenteno, Walter Falcón Mamani, Gumercindo Tambo Urquizo, Salustiano Poma Tambo, Remigio Apaza Ventura, Angela Gutiérrez Mamani de Apaza, Secundino Quispe Alejo, Pablo Trujillo Apaza y Anastacia Paye de Urquizo), son pertenecientes de la Comunidad Asunta Quillviri; tal cual, se tiene del Informe Técnico de Campo TCP/STyD/UJIOC/ 009/2024 (Conclusión II.6) en cuya parte in fine los servidores de dicha instancia técnica señalaron que:

…en la visita realizada previo al levantamiento del informe técnico, se reunieron con los comunarios en la sede social de la comunidad Asunta Quillviri, para entrevistar a la Cristina Tambo Mamani; sin embargo, le dijeron que: “…la Cristina Tambo Mamani no vivía en la comunidad, los mismos comunarios nos comentaron en la reunión que la mencionada no vivía en la comunidad, si no que vivía en la ciudad de La Paz, por tal motivo es que nos comunicamos por vía telefónica para realizar la entrevista en las oficinas de la Coordinación Tribunal Constitucional Plurinacional Regional La Paz. Las autoridades manifestaron que la citada no habita permanentemente en la comunidad, motivo por el cual los comunarios suspendieron de su cargo, las mismos AUTORIDADES señalaron que la Cristina Tambo Mamani ejerce como profesora en una Unidad Educativa en turno de la noche en la ciudad de La Paz. No obstante estos elementos, de los antecedentes de la denuncia, se tiene que Cristina Tambo Mamani en el antecedente citado en la Conclusión II.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, ésta afirmó que el 5 de marzo de 2022 la “Ejecutiva Olga” la había posesionado en el cargo de Secretaria General de la comunidad “…en la puerta de la Sub Alcaldía del mismo Cantón…”. En ese marco; toda vez que, Cristina Tambo Mamani, de acuerdo a los antecedentes expuestos, al margen de la consideración de que se halle ejerciendo funciones de profesora en la ciudad de la Paz; por lo cual, se encuentra viviendo en dicha ciudad, no significa que no se considere la pertenencia a la comunidad, máxime si al haber asumido un cargo de autoridad indígena originario campesina en la Comunidad Asunta Quillviri, determina que se haga evidente dicha pertenencia a la señalada comunidad, como miembro de la misma; razón por la cual, se llega a establecer que la citada denunciante, sí pertenece a la señalada Comunidad.

De similar modo, en cuanto a las autoridades ahora denunciadas del citado Informe Técnico de Campo, se tiene que en entrevista al ahora co denunciado Benedicto Urquizo Zenteno, el mismo señaló que:

…Soy uno de los afectados también aquí se encuentra los diez afectados, de la Comunidad es el Secretario General, Central Cantonal, Ejecutivo de la Provincia Murillo sobre eso viene Ejecutivos Departamentales después la Nacional, nosotros este problema que tenemos con la señora: Cristina Tambo Mamani, llego hasta el Provincial ahí se ha solucionado, tenemos actas de solución, hemos arreglado en la comunidad el problema porqué la comunidad le ha elegido, la comunidad también le ha hecho dar un paso al costado de ahí nosotros hemos arreglado aquí en la reunión general del Secretario General después viene Centrales y Cantonales yo ese año ocupaba el cargo de Central Cantonal después hemos llegado hasta la Provincial ahí se arregló el problema… Consideraciones de las cuales se tiene que Benedicto Urquizo Zenteno, David Julio Chambi Zenteno, Walter Falcón Mamani, Gumercindo Tambo Urquizo, Salustiano Poma Tambo, Remigio Apaza Ventura, Angela Gutiérrez Mamani de Apaza, Secundino Quispe Alejo, Pablo Trujillo Apaza y Anastacia Paye de Urquizo, resultan autoridades y por ende, son miembros de la Comunidad Asunta Quillviri, Tercera Sección Municipal del Achocalla, provincia Murillo del departamento de La Paz. De lo precisado en el párrafo precedente respecto a la parte denunciante y denunciados, de los propios antecedentes, que dan cuenta a través de los datos generados por servidores de la Secretaria Técnica y Descolonización de éste Tribunal, permite concluir que la parte denunciante o supuesta víctima (Cristina Tambo Mamani), así como los denunciados tienen un vínculo de pertenencia con la referida Comunidad; aspecto que, hace evidente la concurrencia del ámbito de vigencia personal, tal como exige el art. 9 de la LDJ y el Fundamento Jurídico III.1.1 del presente fallo constitucional, lo que permite afirmar que en el presente caso, concurre el ámbito de vigencia personal.

Respecto al ámbito de vigencia territorial; por el cual, la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, señala que la JIOC se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino; es decir, que éste ámbito de vigencia territorial debe ser interpretado de manera extensiva y progresiva, debiendo además interpretarse las exclusiones competenciales disciplinadas en el art. 10.II de la LDJ de manera restrictiva; para cumplir con el ámbito de vigencia territorial, deben generarse o producirse los hechos en el espacio geográfico de titularidad o posesión de las naciones o pueblos indígena originario campesinos; o en su caso deben surtir efectos en ella. Al respecto, de la revisión de antecedentes, se tiene que el problema habría surgido a raíz de que la ahora denunciante, a través de distintas acciones de hostigamiento en variadas ocasiones, derivaron en la presión para dejar el cargo que ejercía; es decir, que a través de acciones de hostigamiento, fue obligada a renunciar al cargo de Secretaría General de la Central Cantonal Bartolina Sisa de Asunta Quillviri, habiendo sufrido agresiones verbales que afectaron su dignidad de mujer, hechos acontecidos en puertas de la Sub Alcaldía del Cantón Asunta Quillviri, así como en ambientes de la Casa Artesanal de Quillviri de la Organización Bartolina Sisa de la provincia Murillo del departamento de La Paz; aspecto que, claramente denota la concurrencia del ámbito de vigencia territorial; por cuanto, los hechos del supuesto delito de violencia política, también conforme a la referida denuncia ante el Ministerio Público de El Alto en contra de Benedicto Urquizo Zenteno, David Julio Chambi Zenteno, Walter Falcón Mamani, Gumercindo Tambo Urquizo, Salustiano Poma Tambo, Remigio Apaza Ventura, Angela Gutiérrez Mamani de Apaza, Secundino Quispe Alejo, Pablo Trujillo Apaza y Anastacia Paye de Urquizo, se suscitaron en la referida comunidad; consideraciones por las cuales se tiene por concurrente en el presente caso, el ámbito de vigencia territorial. En relación al ámbito de vigencia material, la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1.3 del presente fallo constitucional, citando el art. 10.I y II de la LDJ, señala que la JIOC conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación, asimismo señala que el ámbito de vigencia material de la jurisdicción indígena originaria campesina, no alcanza a las siguientes materias: a) En materia penal, los delitos contra el Derecho Internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio.

En ese marco jurisprudencial y fáctico, de la revisión de antecedentes se tiene que la denunciante Cristina Tambo Mamani denunció ante el Ministerio Público a Benedicto Urquizo Zenteno, David Julio Chambi Zenteno, Walter Falcón Mamani, Gumercindo Tambo Urquizo, Salustiano Poma Tambo, Remigio Apaza Ventura, Angela Gutiérrez Mamani de Apaza, Secundino Quispe Alejo, Pablo Trujillo Apaza y Anastacia Paye de Urquizo, por la supuesta comisión del delito de violencia política que se viene sustanciando en el Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz, señalando en lo sustancial en la denuncia penal, que desde el día de su posesión el 5 de marzo de 2022, empezaron con las agresiones y presiones, entre otros, por el Secretario General de la Comunidad Kajchiri, confrontándola con situaciones que afectaron su dignidad de mujer, distorsionando los antecedentes de sus labores y creando malestar entre los comunarios; denunciando además, que el 22 de septiembre del indicado año en una reunión llevada a cabo en la Casa Artesanal de Quillviri en un ampliado general, los compañeros comunarios, la obligaron a renunciar al cargo de Secretaría General de la Central Cantonal Bartolina Sisa de Asunta Quillviri; en el cual, fue posesionada por la “Ejecutiva Olga” en la puerta de la Sub Alcaldía del mismo Cantón, presentando obligada, su renuncia en dicha ocasión, ello a fin de parar con las agresiones, acomodando en su denuncia, el citado accionar de los denunciados en los arts. 148 ter del CP y la Ley 348, pidiendo la apertura de las diligencias preliminares. En ese orden, conforme a los antecedentes descritos, se constata que el conflicto de competencias jurisdiccionales en examen, nace de una denuncia de violencia política ejercida contra una mujer que pertenece a la misma comunidad indígena originaria campesina, quien como víctima de agresiones sufridas por parte de los miembros de su misma comunidad, fue obligada a renunciar al cargo que venía fungiendo; razones por las cuales, buscando protección acudió ante el Ministerio Público, así como a la justicia ordinaria penal para el procesamiento de los presuntos agresores. En ese marco fáctico, corresponde enunciar y analizar el componente normativo que llega a determinar que lo denunciado se enmarca o constituye violencia de género. En ese marco, el art. 15.II de la CPE, instituye que:

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, física sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. III.El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar, la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado. Y en esa adopción de medidas preventivas y sancionadoras para quienes ejercen esa violencia de género, el Estado emitió normativa específica para la prevención, atención, protección y reparación de las víctimas de violencia de género y generacional; entre ellas, la "Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia" (Ley 348). En ese orden, el componente normativo enunciado, determina que la Ley 348, se funda en el mandato constitucional y en los Instrumentos, Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Bolivia, que garantizan a todas las personas, en particular a las mujeres, el derecho a no sufrir violencia física, sexual y/o psicológica tanto en la familia, como en la sociedad. Asimismo, es necesario establecer que la normativa enunciada, tiene vinculación con la tipificación de violencia política establecida en la Ley 243 de 28 de mayo de 2012, “Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres”, cuyo objeto es establecer mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos. Lo expuesto determina que la Ley 348, es una normativa que tiene estrecha vinculación con la Ley 243 en cuyo art. 8 relativo describe los actos considerados como (ACTOS DE ACOSO Y/O VIOLENCIA POLÍTICA), estableciendo que son actos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres, aquellos que: “inc. p) Presionen o induzcan a las autoridades electas o designadas a presentar renuncia al cargo.” (sic); asimismo, dicha normativa, en su art. 20 (DE LOS NUEVOS TIPOS PENALES), incorporó en el Código Penal el delito de acoso político y violencia política contra las mujeres en el Título II Capítulo I “Delitos contra la Función Pública”, Artículo 148 del CP. En ese contexto, si bien el delito atribuido a las ex autoridades indígena originarios campesinas, no se halla expresamente excluido del ámbito de vigencia material de la JIOC conforme lo previsto en el art. 10.II de la LDJ; sin embargo, sobre dicha figura concebida por la denunciante como violencia política contra la mujer, considerado también como violencia de género, ello en observancia de la Recomendación 33 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitido por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), -descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional-, determina que las mujeres puedan elegir los tribunales judiciales aplicables en los que preferirían que se tramitarán sus reclamaciones. En ese marco normativo y jurisprudencial, se tiene que la víctima-denunciante, de acuerdo a los antecedentes escogió de manera voluntaria a la jurisdicción ordinaria para la tramitación de su denuncia por violencia política; estableciéndose asimismo, que la normativa en materia penal descrita, tipifica de manera taxativa en sus códigos sustantivo y adjetivo penal, la figura de violencia política conforme a la Recomendación 33 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitido por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la CEDAW, advirtiéndose en ese sentido, que en el presente caso, no concurre el ámbito de vigencia material. En consecuencia, si bien tal como se tiene precisado en forma precedente, en el caso de conflicto competencial entre la jurisdicción ordinaria penal y la Jurisdicción IOC, concurren los ámbitos de vigencia personal y territorial; empero, no concurre el ámbito de vigencia material, resulta un extremo que hace evidente el incumplimiento de los tres ámbitos de vigencia en forma simultánea, lo que permite definir, que se debe declarar competente para el conocimiento y resolución del presente caso penal, a la jurisdicción ordinaria penal. En ese orden, de acuerdo a los fundamentos jurisprudenciales y normativos desarrollados y la relación fáctica, se hace evidente que la autoridad competente para conocer el proceso penal de violencia política contra la mujer, es la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del departamento de La Paz.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Plena; en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 202.11 de la Constitución Política del Estado; y, el art. 12.11 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; resuelve, declarar: COMPETENTE a la Jueza de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Segunda de El Alto del Departamento de La Paz, para conocer el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra David Julio Chambi Zenteno y otros, por el delito de violencia política contra mujeres planteado por Cristina Tambo Mamani, debiendo remitirse a conocimiento de la referida autoridad, todos los antecedentes correspondientes.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Se hace constar que el Magistrado Dr. Petronilo Flores Condori es de Voto Disidente; asimismo, el Magistrado René Yván Espada Navía es de Voto Aclaratorio.

Ph. D. Paul Enrique Franco Zamora

PRESIDENTE MSc. Georgina Amusquivar Moller Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADA MAGISTRADO MSc. Isidora Jiménez Castro MSc. DAEN Brigida Celia Vargas Barañado MAGISTRADA MAGISTRADA René Yván Espada Navía MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADO MAGISTRADA

MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Notas al pie

1 ARTÍCULO 148 Ter. (VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA MUJERES).- Quien o quienes realicen actos y/o agresiones físicas y psicológicas contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública y/o en contra de sus familiares, para acortar, suspender e impedir el ejercicio de su mandato o su función, será sancionado con pena privativa de libertad de tres (3) a ocho (8) años. En casos de actos o agresiones sexuales contra las mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político - pública, se sancionará conforme dispone este Código Penal. (Los arts. 148 Bis. y 148 Ter. son incorporados por disposición del art. 20 de la Ley 243 de 28 de mayo de 2012 Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres).

2 Artículo 148 Ter (VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA MUJERES).- Quien o quienes realicen actos y/o agresiones físicas y psicológicas contra mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político – pública y/o en contra de sus familiares, para acortar, suspender e impedir el ejercicio de su mandato o su función, será sancionado con pena privativa de libertad de tres (3) a ocho (8) años.”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0079_2024.pdf · páginas 1 a 26.

Huella digital del PDF (SHA-256): 0c514df13d48e913b10b3bb2e8ea9442f6f3d59f9cb38893df4d0888d0d2a07d

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