Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 28 de marzo de 2023
Deniega la tutela
La accionante, a través de su representante legal, denunció la lesión a su derecho de libertad de locomoción; en virtud a que la autoridad demandada en fecha 26 de septiembre de 2021, emitió un mandamiento de captura, mismo que adolece de toda legalidad, por estar sustentado en un Auto Supremo inexistente en dicha causa y consignarse una fecha de emisión del mandamiento –26 de septiembre de 2021– anterior a la fecha de recepción de la causa en su Juzgado; es decir que, la autoridad demandada, hubiese emitido el mandamiento antes de haberse puesto el cuaderno procesal a su conocimiento.
En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si lo alegado es evidente o no, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2021 de 6 de diciembre, cursante de fs. 11 a 12 vta., pronunciada por el Juzgado Público Civil y Comercial de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz; en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0079/2023-S4 Sucre, 28 de marzo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 44585-2022-90-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 07/2021 de 6 de diciembre, cursante de fs. 11 a 12 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Víctor Hugo Condori Ato representante sin mandato de Elsa Catalina Mejía Aguilar contra Hernán Eulogio Galier Quelali, Juez Segundo de Ejecución Penal del Departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 6 de diciembre de 2021, cursante de fs. 3 a 4 vta., la accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso Penal que sigue el Ministerio Público en su contra, por el presunta comisión del delito de estafa con agravación de víctimas múltiples, por Resolución 226/2021 de 11 de marzo, el Juez de Sentencia Penal Décimo Segundo del departamento de La Paz, la sentenció a cumplir ocho años de presidio en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes de la ciudad de La Paz, resolución que fue motivo de apelación, y confirmada a través de Auto de Vista 079/2021 de 14 de julio, que al no considerarse su Recurso de Casación, la Sala Penal Cuarta del Tribunal de Justicia de La Paz, devuelve obrados ante el juzgado de origen, quien con el fallo del Tribunal de alzada, tomó la sentencia como ejecutoriada y remitió actuados ante el Juez ejecución, que por sorteo recayó en el Juzgado de Ejecución Penal Segundo del departamento de La Paz a cargo de Henan Eulogio Galier Quelali –ahora demandado–, autoridad que en fecha 26 de septiembre de 2021, emitió mandamiento de captura, poniendo en riesgo su derecho a la libertad de locomoción; sin embargo, señaló que dicho documento adolece de toda legalidad, al consignar como fecha de emisión 26 de septiembre de 2021; fecha en la que, la autoridad demandada, aun no conoció dicha causa, pese a ello, dispuso que se oficie ante la Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), para la ejecución de dicho actuado.
La parte accionante denunció la lesión al derecho a la libertad de locomoción señalando como normas vulnerados los arts. 22 y 23 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela solicitada; y, en consecuencia, se deje sin efecto el mandamiento de captura.
Celebrada la audiencia pública el 6 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 8 a 10, presentes el accionante, y demandado; se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela se ratificó en su acción de libertad.
Hernán Eulogio Galier Quelali, Juez de Ejecución Penal Segundo del departamento de La Paz, en audiencia señaló que: a) El 29 de octubre de 2021, la Juez de Sentencia Penal Décimo Segundo del Departamento de La Paz, remitió a su juzgado el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Mejía Aguilar Elsa Catalina y otro, por la presunta comisión del delito de estafa, cuya Sentencia 126/2021 de 11 de marzo, en su parte resolutiva, falla declarando a la ahora accionante, autora de la comisión del delito de estafa con agravación en caso de victimas múltiples, con pena privativa de libertad de ocho años computados a partir del 11 de marzo de 2021 al 11 de marzo de 2029; b) Asimismo, cursa en el expediente Auto de Vista emitido por Sala Penal Cuarta, rechazando el recurso de apelación, planteado por la impetrante de tutela, en mérito a esta resolución se habría ejecutoriado la sentencia, con estos antecedentes y en apego al art. 430 del Código de Procedimiento Penal (CPP), se emitió el mandamiento de captura, mismo que consignó errores en la fecha –26 de septiembre de 2021– cuando lo correcto debió ser –26 de noviembre de 2021– además de haberse consignado un Auto Supremo que no se encontraba en el expediente, por lo que se ordenó se deje sin efecto el mencionado mandamiento de captura; y, c) Finalmente observó que la impetrante de tutela al advertir de estos errores debió haber acudido a su autoridad y no plantear directamente esta Acción constitucional, por lo que en este caso señala operaría la subsidiariedad, solicitando en consecuencia su denegatoria.
El Juzgado Público Civil y Comercial de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Chulumani del Departamento de La Paz, mediante Resolución 07/2021 de 6 de diciembre, cursante de fs. 11 a 12 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Que si bien hubo errores en la emisión del mandamiento de captura, la parte accionante no planteó mecanismo alguno ante el juez de ejecución ahora recurrido, para que corrijan los mismos, lo que debió hacerse de manera primigenia y ante la negativa, recién activar la jurisdicción constitucional; sin embargo, advertido la autoridad demandada de los errores, enmendó dejando sin efecto el mandamiento de captura; y, 2) Siendo evidente que el accionante interpuso Incidente de Nulidad Absoluta, ante la autoridad demandada, la misma mediante providencia de 26 de noviembre de 2021, habría determinado se corra en traslado a todos los sujetos procesales, de igual forma no se advierte que la parte impetrante de tutela hubiera presentado recurso ordinario en contra de dicha providencia si la misma consideraba que se encontraba errado, recayendo de igual forma en la imposibilidad de poder revisar dicho proceder en la vía constitucional de manera directa, ya que existen medios de impugnación idóneos para reparar los agraviaos que la misma ve existentes dentro de la presente causa, estos deben necesariamente ser activados antes de activarse la vía constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través Mandamiento de Captura, contra Elsa Catalina Mejía Aguilar; en el cual, se consigna la Sentencia 126/2021 de 11 de marzo, Auto de Vista 079/2021 de 14 de julio y Auto Supremo 067/2021 de 15 de marzo –ahora observado–; y, en el acápite final señala: EL PRESENTE MANDAMIENTO ES LIBRADO EN LA CIUIDAD DE LA PAZ A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUN AÑOS (sic) (fs. 1).
La accionante, a través de su representante legal, denunció la lesión a su derecho de libertad de locomoción; en virtud a que la autoridad demandada en fecha 26 de septiembre de 2021, emitió un mandamiento de captura, mismo que adolece de toda legalidad, por estar sustentado en un Auto Supremo inexistente en dicha causa y consignarse una fecha de emisión del mandamiento –26 de septiembre de 2021– anterior a la fecha de recepción de la causa en su Juzgado; es decir que, la autoridad demandada, hubiese emitido el mandamiento antes de haberse puesto el cuaderno procesal a su conocimiento.
En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si lo alegado es evidente o no, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Al respecto, este Tribunal en la SC 0582/2011-R de 3 de mayo, haciendo mención a la SC 0102/2010-R de 10 de mayo, sostuvo que: “…[la] >acción de libertad, constituye una garantía instrumental de rango constitucional, que garantiza el ejercicio y respeto del derecho a la libertad personal y de locomoción, inclusive ahora, el derecho a la vida, cuando ésta se encuentra afectada por la restricción o supresión de la libertad, cuya finalidad es hacer frente a una situación de arbitrariedad proveniente de autoridades y/o particulares…”. En ese mismo sentido, la SCP 0037/2012 de 26 de marzo, estableció que: “La acción de libertad conocida en el derecho comparado y en nuestra legislación abrogada como 'recurso de habeas corpus', encuentra fundamento en innumerables instrumentos normativos de orden internacional como en la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones normativas que forman parte del bloque de constitucionalidad, de conformidad a lo dispuesto por el art. 410 de la CPE. Se trata de un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales o indebidos por parte de servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando esté en peligro. Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: ‘Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad’. Norma constitucional concordante con el art. 65 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), la cual establece que su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión.
En tal sentido, debe señalarse que la ingeniería dogmática de la acción de libertad está diseñada sobre la base de dos pilares esenciales, el primero referente a su naturaleza procesal y el segundo, compuesto por los presupuestos de activación. En cuanto al primer aspecto que configura el contenido esencial de esta garantía, es decir, su naturaleza procesal, se establece que se encuentra revestida o estructurada con una tramitación especial y sumarísima, reforzada por sus características de inmediatez en la protección, informalismo, generalidad e inmediación; procede contra cualquier servidor público o persona particular, es decir, no reconoce fueros ni privilegios. Postulados que pueden ser inferidos de la norma constitucional antes referida. Ahora bien, el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (las negrillas son añadidas).
Sobre el particular, la SCP 1261/2011-R de 16 de septiembre, reiterando entendimientos anteriores; concluyó que: “Respecto a la corrección de la actividad procesal defectuosa por la vía incidental, este Tribunal, a través de la SC 0522/2005-R de 12 de mayo, ha establecido en una problemática similar que: ‘En ese orden, el art. 169.3 del CPP al referirse a los defectos absolutos de la actividad procesal, señala que no serán susceptibles de convalidación los defectos concernientes a los que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías previstos en la Constitución Política del Estado, las Convenciones o Tratados internacionales vigentes y el citado Código. Para el efecto, de conformidad con lo establecido por los arts. 314 y 315 de igual normativa, las excepciones y las peticiones o planteamientos de las partes que, por su naturaleza o importancia, deban ser debatidas o requieran la producción de prueba, se tramitarán por la vía incidental, sin interrumpir la investigación y serán propuestas por escrito fundamentado en la etapa preparatoria y oralmente en el juicio, ofreciendo prueba y acompañando la documentación correspondiente. A su vez el art. 407 del CPP referido a la apelación restringida señala que: «Cuando el precepto legal que se invoque como inobservado o erróneamente aplicado constituya un defecto de procedimiento, el recurso sólo será admisible si el interesado ha reclamado oportunamente su saneamiento o ha efectuado reserva de recurrir, salvo en los casos de nulidad absoluta o cuando se trate de los vicios de la sentencia de conformidad a lo previsto por los arts. 169 y 370 de este Código». En ese sentido, siempre que sea posible, el Juez o Tribunal, de oficio o a petición de parte, advertido del defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumplimiento el acto omitido, conforme se encuentra señalado en el art. 168 del CPP. Consecuentemente, la corrección de la actividad procesal defectuosa dentro de los procesos penales puede hacérsela por la vía incidental ante el juez cautelar en la etapa preparatoria o ante el Juez o Tribunal de Sentencia en el juicio oral, y, en su caso, a través del recurso de apelación restringida, recursos que deberán ser interpuestos con carácter previo, puesto que sólo ante el agotamiento de los mismos la jurisdicción constitucional, a través del amparo, quedará abierta para el análisis y consideración de los actos u omisiones que impliquen lesión de los derechos y garantías constitucionales’” (las negrillas nos pertenecen).
La accionante de tutela, denuncia lesión a su derecho de libertad de locomoción; en virtud a que la autoridad demandada en fecha 26 de septiembre de 2021, emitió un mandamiento de captura, mismo que adolece de toda legalidad, por estar sustentado en un Auto Supremo inexistente en dicha causa y consignarse una fecha de emisión del mandamiento –26 de septiembre de 2021– anterior a la fecha de recepción de la causa en su Juzgado; es decir, que el demandado, hubiese emitido el mandamiento antes de haberse puesto el cuaderno procesal a su conocimiento.
Cursa en antecedentes el Mandamiento de Captura, emitido contra Elsa Catalina Mejía Aguilar –ahora accionante–; en el cual, se consigna Auto Supremo de quince de marzo –ahora observado por no tener ninguna relación con el expediente–; y, que en el acápite final señala: el presente mandamiento es librado en la ciudad de La Paz a los veintiséis días del mes de septiembre de dos mil veintiún años (Sic), (Conclusión II.1).
Ahora bien, a fin de considerar la problemática planteada corresponde tomar en cuenta lo informado por la autoridad demandada y verificado por el juez de garantías y no controvertido por la ahora impetrante de tutela, respecto de haberse dejado sin efecto el Mandamiento de Captura, motivo de la presente acción tutelar, alegando el primero que, advertido su error en la cita de un Auto Supremo y la fecha de emisión de oficio procedió a corregir dicho error, decisión y/o actuado que va acorde a la competencia y atribuciones de la merituada autoridad, conforme lo desarrollado en el Fundamentos Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que establece que; “el Juez o Tribunal, de oficio o a petición de parte, advertido del defecto, deberá subsanarlo inmediatamente, renovando el acto, rectificando el error o cumplimiento el acto omitido, conforme se encuentra señalado en el art. 168 del CPP”, en consecuencia la autoridad demandada al haber dejado sin efecto el Mandamiento motivo de la presente acción tutelar no genero lesión a derecho alguno de la parte impetrante de tutela. En consecuencia, con base a lo señalado supra, al no advertirse arbitrariedad alguna en la actuación de la autoridad demandada que amerite tutelar vía esta acción de libertad el agravio traído en consideración por la solicitante de tutela (fundamento jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional) y por ende tampoco la vulneración a su derecho a la libertad personal y de locomoción –alegado–, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 07/2021 de 6 de diciembre, cursante de fs. 11 a 12 vta., pronunciada por el Juzgado Público Civil y Comercial de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Chulumani del departamento de La Paz; en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0079_2023-S4_id62122.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): c6af97415137f61820cf20ae438f24abcb7b86954158a92714771a89d624681c
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