Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de febrero de 2026
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandado, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y de locomoción, a una justicia pronta y oportuna sin dilaciones, y del principio de celeridad; toda vez que, el 7 de julio de 2023 se dictó el Auto Interlocutorio 181/2023 que dispuso su detención preventiva, la cual fue apelada oportunamente; no obstante, más de veinticuatro horas después, el Juez demandado y su personal subalterno no remitieron el legajo de apelación incidental ni los obrados al Tribunal de alzada. Ante ello, el Juez demandado señala que: a) Desde el 5 de julio de 2023, cumplía suplencia legal en el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz y celebró la audiencia de medidas cautelares de 7 del citado mes y año, que terminó con la detención preventiva del accionante. Se admitió y concedió el recurso de apelación incidental, instruyendo su remisión a la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; b) Según la SCP 0162/2018-S2, el plazo de remisión de veinticuatro horas puede extenderse a tres días por carga laboral o suplencias; y, c) Los antecedentes ya fueron sorteados, pero debieron enviarse en original. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 27/2023 de 11 de julio, cursante de fs. 10 a 13, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0078/2026-S2 Sucre, 19 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 56893-2023-114-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 27/2023 de 11 de julio, cursante de fs. 10 a 13, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Miguel Ángel Nina Chambilla en representación sin mandato de Elías Villca Huanto contra Ángel René Mendoza Montecinos, Juez de Instrucción Penal Cuarto; Richard Sumi Poma, Secretario; y, Roxana Melisa Calizaya Argani, Auxiliar, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Segundo, todos de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 10 de julio de 2023, cursante a fs. 1 a 3 vta., el accionante, a través de su representante sin mandado, manifiesta lo siguiente:
El 7 de julio de 2023 fue sometido a una audiencia de consideración de medidas cautelares, la cual concluyó con la imposición de la detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz. En dicha audiencia se dictó el Auto Interlocutorio 181/2023 de igual fecha, determinación que fue oportunamente apelada; sin embargo, pese al transcurso de más de veinticuatro horas hasta la fecha de interposición del presente recurso constitucional, Ángel René Mendoza Montecinos, Juez de Instrucción Penal Cuarto -en suplencia legal de su similar Segundo-; Richard Sumi Poma, Secretario; y, Roxana Melisa Calizaya Argani, Auxiliar, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Segundo, todos de El Alto del departamento de La Paz, no remitieron el legajo de apelación ni los obrados originales ante el Tribunal de alzada.
El accionante, a través de su representante sin mandado, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad física y de locomoción, a una justicia pronta y oportuna sin dilaciones, y del principio de celeridad; sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) En cumplimiento de las funciones establecidas por el art. 101 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), la Auxiliar codemandada deberá constituirse en las Salas correspondientes y proceder a la remisión de los antecedentes ante la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, b) Se llame severamente la atención a los demandados por no actuar conforme a la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; y, la Ley del Órgano Judicial.
Celebrada la audiencia pública virtual el 11 de julio de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 9 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su acción de libertad.
Ángel René Mendoza Montecinos, Juez de Instrucción Penal Cuarto -en suplencia legal de su similar Segundo- de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: 1) Desde el 5 de julio de 2023 se encontraba cumpliendo suplencia legal en el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de igual ciudad y departamento. Durante dicha suplencia llevó adelante la audiencia de medidas cautelares del 7 del citado mes y año, en la cual se dispuso la detención preventiva del accionante. Al concluir la audiencia, el impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), recurso que admitió y concedió, instruyendo su remisión a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; 2) Según la SCP 0162/2018-S2 de 14 de mayo, el plazo de veinticuatro horas para remitir el recurso puede flexibilizarse hasta tres días por carga laboral o suplencias. El recurso ya había sido sorteado a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pero que, al no haberse proporcionado fotocopias, los actuados debieron enviarse en original. Los antecedentes fueron remitidos al Juez de garantías por la acción de libertad presentada; y, 3) El plazo para la remisión todavía no había vencido, por lo que no se vulneró derecho alguno del peticionante de tutela. Además, observó que la Auxiliar codemandada no tenía responsabilidad en la remisión del recurso, labor atribuida al Secretario. Richard Sumi Poma, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, no presentó informe alguno ni se conectó a la audiencia virtual programada, pese a su notificación cursante a fs. 7. Roxana Melisa Calizaya Argani, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela solicitada, adhiriéndose a lo expresado por el Juez demandado, complementando que se le encomendó la ejecución del mandamiento de detención domiciliaria dispuesto en el Auto Interlocutorio 181/2023, el cual fue cumplido de manera efectiva en la fecha.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido como Juez de garantías, por Resolución 27/2023 de 11 de julio, cursante de fs. 10 a 13, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) El 7 de julio de 2023, el Juez demandado tramitó el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 181/2023, disponiendo remitir los antecedentes al Tribunal de alzada conforme al art. 251 del CPP; no obstante, la referida autoridad judicial demandada se encontraba en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz y soportaba una alta carga procesal, al igual que el personal subalterno, lo que justificó excepcionalmente la ampliación del plazo de remisión de veinticuatro horas a tres días, conforme a la SCP 0162/2018-S2; y, ii) El trámite del recurso de apelación incidental se encontraba dentro del plazo legal y constitucionalmente permitido, sin que se evidenciara vulneración de derechos del accionante. Además, el Secretario codemandado tenía la obligación de remitir el legajo dentro del plazo legal, siendo su incumplimiento pasible de sanción conforme al Código de Procedimiento Penal y la Ley del Órgano Judicial.
Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025 (fs. 21), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 6 de febrero de 2026 (fs. 25); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.
No cursa en el expediente antecedentes del caso, por lo que se procederá a resolver con base en lo expuesto por los sujetos procesales y que no fue controvertido.
El accionante, a través de su representante sin mandado, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física y de locomoción, a una justicia pronta y oportuna sin dilaciones, y del principio de celeridad; toda vez que, el 7 de julio de 2023 se dictó el Auto Interlocutorio 181/2023 que dispuso su detención preventiva, la cual fue apelada oportunamente; no obstante, más de veinticuatro horas después, el Juez demandado y su personal subalterno no remitieron el legajo de apelación incidental ni los obrados al Tribunal de alzada. Ante ello, el Juez demandado señala que: a) Desde el 5 de julio de 2023, cumplía suplencia legal en el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz y celebró la audiencia de medidas cautelares de 7 del citado mes y año, que terminó con la detención preventiva del accionante. Se admitió y concedió el recurso de apelación incidental, instruyendo su remisión a la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; b) Según la SCP 0162/2018-S2, el plazo de remisión de veinticuatro horas puede extenderse a tres días por carga laboral o suplencias; y, c) Los antecedentes ya fueron sorteados, pero debieron enviarse en original. El plazo aún no vencía, no se vulneró derecho alguno, y la Auxiliar codemandada no tenía responsabilidad en la remisión, atribuida al Secretario codemandado. Por su parte, el Secretario codemandado no presentó informe alguno ni se conectó a la audiencia virtual programada. Por último, la Auxiliar codemandada manifiesta se adhirió a lo expresado por el Juez demandado, señalando que solo ejecutó la detención domiciliaria del Auto de Interlocutorio 181/2023, cumplida efectivamente. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En cuanto a la temática, el art. 251 del CPP establece que: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas”. En ese sentido, dicha normativa habilita al imputado a interponer el recurso de apelación incidental dentro del plazo legal. Asimismo, el citado artículo dispone que: “Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad”. La norma impone al Juez la obligación de remitir oportunamente los antecedentes al Tribunal de alzada, sin demoras injustificadas. El mandato “bajo responsabilidad” reafirma su deber funcional y sanciona cualquier incumplimiento que afecte la continuidad de proceso o los derechos del imputado. En ese contexto, también corresponde citar la SCP 0162/2018-S2 de 14 de mayo de 2018, que estableció: “…formulado el recurso de apelación incidental contra una resolución que rechace la solicitud de la cesación preventiva y este sea concedido en audiencia, la remisión del legajo de las piezas penitentes al Tribunal de alzada se debe efectuar en el plazo de veinticuatro horas, salvo que exista una justificación razonable o fundada en el retardo; para lo cual, el mencionado término legal, puede ser ampliado a tres días, no pudiendo las autoridades y los servidores judiciales excederse de ese plazo procesal, habida cuenta que la situación jurídica de la persona privada de libertad se encuentra de por medio”.
Del análisis de los antecedentes expuestos, se evidencia que la denuncia del ahora accionante se centra en afirmar que el Juez demandado, el Secretario y la Auxiliar codemandados no remitieron el recurso de apelación incidental dentro del plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP, lo que habría generado la vulneración de sus derechos a la libertad física y de locomoción, a una justicia pronta y oportuna, y del principio de celeridad procesal. Conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la normativa procesal penal establece expresamente que el Juez debe remitir las actuaciones pertinentes al Tribunal de alzada dentro de las veinticuatro horas, bajo responsabilidad; no obstante, la jurisprudencia de este Tribunal matizó dicho plazo, reconociendo que circunstancias objetivas que afectan el normal desenvolvimiento de la actividad jurisdiccional pueden justificar una extensión temporal. Así, se establece que, en casos de cargas laborales extraordinarias o de ejercicio de suplencias judiciales, el plazo puede prolongarse hasta un máximo de tres días, siempre que la demora sea razonable y debidamente justificada, protegiendo en todo momento los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. En el caso concreto, se tiene que el Juez demandado se encontraba ejerciendo suplencia legal desde el 5 de julio de 2023 en el Juzgado de Instrucción Penal Segundo de El Alto del departamento de La Paz, lo que implicaba una carga adicional de trabajo derivada de la acumulación de causas y audiencias del despacho que reemplazaba. En la audiencia de 7 del citado mes y año -día viernes- se admitió y concedió el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, disponiéndose la remisión de los actuados a la Sala Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; sin embargo, aunque la remisión se hubiera efectuado ese mismo día, el sábado 8 de julio de 2023 era día no laborable, por lo que no se hubiera realizado ninguna actuación judicial. Del informe de la autoridad judicial demandada, se tiene que el plazo máximo de tres días para la remisión de los antecedentes, fijado por la jurisprudencia constitucional en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional para este tipo de actuaciones, aún no había vencido. Precisamente, el lunes 10 de julio de 2023, fecha en la que se cumplía dicho parámetro, el impetrante de tutela decidió interponer la acción de libertad, sin aguardar el cumplimiento efectivo del plazo razonable para la remisión del recurso, que, como se indicó, todavía no se había agotado. Sobre la base de estas consideraciones, este Tribunal concluye que la demora advertida no constituye una vulneración a los derechos alegados, en tanto existieron circunstancias objetivas que justificaron la extensión del plazo inicial de veinticuatro horas, sin que ello implique negligencia, desatención o incumplimiento arbitrario por parte de la autoridad judicial demandada. La conducta del Juez demandado y su personal subalterno se enmarca en los márgenes de razonabilidad jurisprudencialmente reconocidos para la remisión de apelaciones incidentales previstas por el art. 251 del CPP, por lo que no se acreditó la lesión a la libertad física, a la justicia pronta u oportuna ni al principio de celeridad. Por consiguiente, atañe que la autoridad judicial demandada y los codemandados continúen con la tramitación correspondiente a la remisión del recurso de apelación incidental dentro de los parámetros y plazos razonables establecidos por la jurisprudencia constitucional, sin que sea necesario disponer medida restitutoria adicional, en virtud de que no se evidenció vulneración de derechos fundamentales; por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 27/2023 de 11 de julio, cursante de fs. 10 a 13, pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0078_2026-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): fe12cc958546d67825b50fc6e2a3eda20c37db7497e32bcb0f6499ddd5fe6b76
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