Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Cuarta Especializada · 14 de marzo de 2025
Deniega la tutela
El accionante denunció la vulneración del principio de congruencia “…como vertiente de la motivación, la fundamentación de las resoluciones judiciales…” (sic); y los principios de “…prohibición de retroactividad…” (sic), legalidad y seguridad jurídica; alegando que, dentro del proceso ordinario de cumplimiento de contrato interpuesto en su contra -en ejecución de sentencia- los Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -demandados- pronunciaron el Auto de Vista S.C.C. II 264/2002 17 de agosto, que: i) Incrementó la multa de Bs100.- que pidieron los apelantes y otorgaron Bs150.- y dispuso que el pago sea de forma retroactiva desde el Auto Interlocutorio de 25 de febrero de 2022, obviando que el Auto apelado data del 14 de junio del citado año, incurriendo en la dictación de una resolución que afecta la congruencia en su elemento ultra petita y el principio de “prohibición de retroactividad”; y, ii) No se consideró lo previsto en el art. 5 del Reglamento de Multas Procesales de la DAF del Órgano Judicial, que establece la multa de Bs500.-a Bs1000.- más el 10% sobre la multa fijada, inobservando los principios de legalidad y seguridad jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 014/2023 de 6 de febrero, cursante de fs. 146 a 148 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0078/2025-S4 Sucre, 14 de marzo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de amparo constitucional Expediente: 53347-2023-107-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 014/2023 de 6 de febrero, cursante de fs. 146 a 148 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Alfredo Caballero Cuba contra Hugo Bernardo Córdova Egüez y Julio Cesar Sandi Ustarez, Vocales de las Salas Civil y Comercial Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca respectivamente.
Por memoriales presentados el 16 y 28 de diciembre de 2022, cursante de fs. 104 a 113 y, 117 a 121, el accionante expresó que:
Dentro del proceso ordinario de cumplimiento de contrato interpuesto en su contra por Ángel Gilberto Cuba Arancibia y Andreina Valeria Vedia Cuba -hoy terceros interesados-, en ejecución de Sentencia, los prenombrados solicitaron la aplicación de sanciones compulsivas en progresión geométrica debido al incumplimiento de la Sentencia 96/2021 de 27 de julio; en ese sentido, el Juez Público Civil y Comercial Segundo del departamento de Chuquisaca, emitió el Auto Interlocutorio de 4 de enero de 2022, imponiéndole una multa de Bs10.-(diez bolivianos), a computarse cada día a partir del 22 de diciembre de 2021. De forma posterior, la autoridad judicial dictó los Autos Interlocutorios de 25 de febrero y 14 de junio de 2022 respectivamente, en atención a las solicitudes de incremento que pidieron los ahora terceros interesados, por no haber observado lo dispuesto en la primera resolución, estableciendo multas de Bs20.- (veinte bolivianos) y Bs30.- (treinta bolivianos); durante la emisión de las resoluciones, los prenombrados no formularon ningún recurso de apelación de forma oportuna; puesto que, si bien interpusieron uno contra el Auto Interlocutorio de 4 de enero de 2022, el mismo fue declarado inadmisible por ser extemporáneo, dando a entender con su actuar, que estaban de acuerdo y consentían lo obrado por el Juez a quo. El 17 de junio de 2022, los prenombrados activaron el recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 14 de igual mes y año, solicitaron se aplique la sanción compulsiva en progresión aritmética sobre la base inicial de Bs100.-(cien bolivianos), sin lapso de tiempo hasta que se cumpla la Sentencia 96/2021; merecieron el Auto de Vista S.C.C. II 264/2022 de 17 de agosto, pronunciado por los Vocales ahora demandados, quienes de forma arbitraria sancionaron con Bs150.- (ciento cincuenta bolivianos) de multa por cada día de retraso en el que se incumpla la obligación contenida en la Sentencia 96/2021, a computarse desde el día posterior al plazo que se le otorgó por el Auto Interlocutorio de 25 de febrero del citado año; es decir, desde el 3 de abril de ese año, considerando la notificación que se le practicó con el Auto Interlocutorio de 2 de marzo de dicho año. Con base en lo expuesto, las autoridades demandadas vulneraron el principio de congruencia en su elemento ultra petita, como componente de la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales componente del debido proceso además del principio de “prohibición de retroactividad”, pues incrementaron la multa de Bs100.- que fue pedida por los ahora terceros interesados a Bs150.- y dispusieron que sea pagada de manera retroactiva debiendo computarse desde el Auto Interlocutorio de 25 de febrero de 2022, siendo que el Auto apelado data del 14 de junio del citado año. Por otra parte, las autoridades demandadas lesionaron los principios de legalidad y seguridad jurídica, pues debieron reconducir el proceso considerando que están sometidos a la Constitución Política del Estado y a la ley, en este caso, al Reglamento de Multas Procesales de la Dirección Administrativa Financiera (DAF) del Órgano Judicial, el cual establece en el art. 5 que por incumplimiento a resoluciones pronunciadas por jueces y tribunales de garantías, corresponde la multa de Bs500.- (quinientos bolivianos) a Bs1 000.- (mil bolivianos) más el 10% sobre la última multa fijada, situación que no aconteció.
El accionante denunció la lesión de sus derechos al “…principio de congruencia, como vertiente de la motivación, la fundamentación de las resoluciones judiciales de manera arbitraria, ultra petita…” (sic); y los principios de “…prohibición de retroactividad…” (sic), legalidad y seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista S.C.C. II 264/2002 17 de agosto; y, b) Los demandados emitan una nueva resolución.
Celebrada la audiencia pública virtual el 6 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 138 a 145, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado ratificó el tenor íntegro del memorial de acción de amparo constitucional y en audiencia de garantías la amplió manifestando que: 1) Las autoridades demandadas señalaron en su informe presentado en esta acción de defensa, que pueden establecer multas mayores de acuerdo a las circunstancias, citando el art. 401 del Código Procesal Civil (CPC); empero, no consideraron lo previsto en el art. 265 del mismo cuerpo normativo, que limita las facultades del Tribunal de alzada, debiendo circunscribirse a lo resuelto por el inferior y que fue objeto de apelación y fundamentación; 2) Si bien, los ahora terceros interesados le cuestionan que durante ocho años, no suscribió la minuta de transferencia, objeto del proceso ordinario, contrariamente solicitan al Juez a quo una multa, pudiendo pedir una “obligación de hacer”, conforme prevé el art. 430 del CPC, en un plazo de diez días, subsidiariamente debió otorgar la escritura pública definitiva; 3) El proceso ordinario emergió debido a que suscribió un contrato de pago de honorarios con el tercero interesado, en su calidad de abogado patrocinante, acuerdo que consistía en la transferencia de un inmueble de 200 m sobre una superficie de “…25 metros…” (sic); empero, en el proceso ordinario no se dilucidó muchas cuestiones relacionadas a la contradicción de límites y superficie que tiene ese bien, resultando inejecutable la Sentencia 96/2021; por esa razón solicitó se aclare esa decisión al ser ambigua, debiendo complementarla especificando el lugar del terreno, colindancias, límites y otros datos que no fueron consignados; y, 4) En el art. 5 del Reglamento de Multas Personales Procesales, señala que ante el incumplimiento de las resoluciones pronunciadas “…por Jueces o Tribunales de garantía dice la multa de 500 bolivianos o el 10% de la multa fijada anteriormente…” (sic), normativa que tampoco contemplaron los demandados.
Hugo Bernardo Córdova Egüez y Julio César Sandi Ustarez, Vocales de las Salas Civil y Comercial Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante informe escrito presentado el 10 de enero de 2023, cursante de fs. 133 a 134 vta., manifestaron que: i) El Auto de Vista S.C.C. II 264/2002 17 de agosto fue pronunciado en base a lo previsto en el art. 401.II del CPC, que establece que la sanción considerará la naturaleza del asunto, la cuantía y las posibilidades económicas del obligado; en ese sentido, siendo que dentro de la referida causa civil, de acuerdo a la Sentencia que se encuentra en etapa de ejecución, el ahora accionante no cumplió la obligación contraída con los demandantes desde el 18 de marzo de 2014; es decir, hace más de ocho años, se advirtió que la multa procesal tampoco cumplía los fines de constricción al ser ínfimos, tomando en cuenta la data del incumplimiento del contrato, el valor del inmueble comprometido y el perjuicio causado; por lo que, el aumento realizado se efectuó en el marco del citado artículo, que no afecta el derecho al debido proceso en sus elementos congruencia externa ni ultra petita; y, ii) Respecto a la presunta infracción del art. 123 de la CPE, que prohíbe aplicar de forma retroactiva las leyes, no aplica para las resoluciones judiciales, pues el Auto de Vista cuestionado fue dictado debido al incumplimiento injustificado y reiterado por el accionante a la mencionada Sentencia; por lo que, no es cierto que se lesionaron derechos ni garantías constitucionales, correspondiendo se deniegue la tutela impetrada.
Ángel Gilberto Cuba Arancibia y Andreina Valeria Vedia Cuba, a través de su abogado en audiencia de garantías, señalaron que: a) El 20 de octubre de 2021, el impetrante de tutela fue notificado con la Sentencia 96/2021; empero, la misma no fue cumplida; por lo que, solicitaron tasación, costas y costos, así como una multa de Bs100.- (cien bolivianos) en progresión geométrica; b) No les corresponde hacer cumplir el fallo ejecutoriado, en todo caso, es el peticionante de tutela quien debió observar la misma, y si bien debido a un error en el contrato que dice “…25000 mts…” (sic) se entienda que solo debe ser “…25…” (sic), es una cuestión que el prenombrado pretende utilizar para justificar su incumplimiento a una obligación contraída y reconocida por autoridad judicial; y, c) Solicitaron que la multa de Bs100.- (cien bolivianos) sea en progresión geométrica, la multa de Bs150.- (ciento cincuenta) es diaria, esperando que pueda garantizar de cierta forma se acate la Sentencia. 1.2.4. Resolución La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 014/2023 de 6 de febrero, cursante de fs. 146 a 148 vta., concedió en parte la tutela impetrada, únicamente con relación al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia y denegó en relación a los principios de legalidad y seguridad jurídica, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista S.C.C. II 264/2002 17 de agosto, debiendo emitirse una nueva resolución, con base en los siguientes fundamentos: 1) Del análisis del Auto de Vista S.C.C. II 264/2002 17 de agosto, se evidencia que las autoridades demandadas se apartaron del límite del recurso de apelación interpuesto, con relación a la multa solicitada de Bs100.- (cien bolivianos) al imponer una de Bs150.- (ciento cincuenta); y, en cuanto a la temporalidad por disponer que la misma corra a partir del día posterior al plazo que se le otorgó al ahora accionante en el Auto de 25 de febrero de 2022; es decir, desde el 3 de abril de 2022, cuando el Auto apelado es de 20 de junio del citado año; disposiciones que no fueron motivadas ni fundamentadas, pues no expresaron cuál es el razonamiento que permitió concluir aquello; 2) Las autoridades demandadas incurrieron en la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento incongruencia interna, puesto que sostiene que los Autos que impusieron multas de Bs10.- y Bs20.-, no fueron impugnados, pero al momento de tomar una decisión, obviaron esas resoluciones y definieron que la multa se remonta al Auto de 25 de febrero del referido año; 3) Los prenombrados también afectaron la incongruencia interna, ya que no plasmaron el sustento normativo de su decisión, sus argumentos son irrisorios y no permitieron cumplir con la finalidad que es el cumplimiento de la Sentencia 96/2021; en cuanto a los principios de legalidad y seguridad jurídica, el impetrante de tutela no presentó elementos que permitan ingresar a su análisis, al no haber sido acreditada su vulneración; por lo que, incumbe denegar la tutela pedida; y, 4) Considerando que la jurisdicción constitucional vela por los derechos y su efectivo cumplimiento, se debe exhortar al accionante que cualquier multa que le sea impuesta, cesará sus efectos cuando cumpla con lo dispuesto en la mencionada Sentencia; mientras tanto, las autoridades judiciales tienen la facultad de aplicar los mecanismos coercitivos a ese fin.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 17 de junio de 2022, Ángel Gilberto Cuba Arancibia y Andreina Valeria Vedia Cuba -terceros interesados-formularon recurso de apelación ante el Juez Público Civil y Comercial Segundo del departamento de Chuquisaca, solicitando revocar el Auto de 14 de junio del citado año, disponiendo que en vías de ejecución de sentencia, se apliquen sanciones compulsivas en progresión geométrica sobre la base inicial de la variante de Bs100.- (cien bolivianos) por día sin lapso de tiempo, hasta que el demandado -ahora accionante- cumpla la Sentencia ejecutoriada 96/2021 de 27 de julio (fs. 75 a 76). II.2. Mediante Auto de 7 de julio de 2022, el señalado Juez concedió el recurso de apelación contra el Auto de 14 de junio del citado año, en efecto devolutivo (fs. 84). II.3. A través del Auto de Vista S.C.C. II 264/2002 17 de agosto, pronunciado por los Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora demandados-, revocaron el Auto apelado y en el fondo deliberaron que, ante el incumplimiento reiterado del demandado -ahora impetrante de tutela- a los fallos ejecutoriados dictados dentro del proceso ordinario, así como los perjuicios causados, le impusieron la sanción pecuniaria de Bs150.- (ciento cincuenta bolivianos) por cada día de retraso que incumpla la obligación impuesta en la Sentencia 96/2021, sanción que deberá computarse desde el día posterior al plazo que se le otorgó al ciudadano por el Auto de 25 de febrero de 2022; es decir, desde el 3 de abril del citado año (fs. 99 a 100 vta.).
El accionante denunció la vulneración del principio de congruencia “…como vertiente de la motivación, la fundamentación de las resoluciones judiciales…” (sic); y los principios de “…prohibición de retroactividad…” (sic), legalidad y seguridad jurídica; alegando que, dentro del proceso ordinario de cumplimiento de contrato interpuesto en su contra -en ejecución de sentencia- los Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -demandados- pronunciaron el Auto de Vista S.C.C. II 264/2002 17 de agosto, que: i) Incrementó la multa de Bs100.- que pidieron los apelantes y otorgaron Bs150.- y dispuso que el pago sea de forma retroactiva desde el Auto Interlocutorio de 25 de febrero de 2022, obviando que el Auto apelado data del 14 de junio del citado año, incurriendo en la dictación de una resolución que afecta la congruencia en su elemento ultra petita y el principio de “prohibición de retroactividad”; y, ii) No se consideró lo previsto en el art. 5 del Reglamento de Multas Procesales de la DAF del Órgano Judicial, que establece la multa de Bs500.-a Bs1000.- más el 10% sobre la multa fijada, inobservando los principios de legalidad y seguridad jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0144/2024-S3 de 9 de mayo, citando a la SCP 0340/2016-S2 de 8 de abril, respecto a la doctrina de las auto restricciones, estableció que: “‘…la justicia constitucional, únicamente podrá revisar la interpretación de la legalidad realizada por la jurisdicción ordinaria, cuando, quien denuncia tal extremo como lesivo a sus derechos y garantías constitucionales: 1) Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo,
2) Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, con dicha interpretación; y,
3) Establezca el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación absurda, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, y los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con dicha interpretación, explicando sí el resultado, cuál la relevancia constitucional’.
Determinando que, respecto a la valoración de la prueba ‘…la jurisdicción constitucional se abrirá a la revisión de la labor valorativa de la prueba, únicamente cuando el accionante especifique: 1) Qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; 2) Cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas (…); 3) Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final’. Entendimientos que mediante la indicada Sentencia Constitucional Plurinacional, fueron complementados respecto a la exigencia de revisión de la fundamentación, motivación y congruencia de los fallos judiciales o administrativos, impugnados en instancia constitucional, en los cuales se denuncie además la errónea interpretación de la ley y/o indebida valoración de la prueba, estableciéndose que: ‘…en los casos en los cuales se impugnen resoluciones judiciales o administrativas denunciando falta de fundamentación, motivación y congruencia de un fallo y acusando errónea interpretación y/o aplicación de la legalidad ordinaria o defectuosa valoración de la prueba; la jurisdicción constitucional se verá impedida de ingresar a analizar el fondo de la problemática; por cuanto, si la parte accionante no cumple con la carga argumentativa y los presupuestos exigidos por la doctrina de las autorestricciones para que esta instancia revise la labor de la justicia ordinaria, menos podrá emitir pronunciamiento, cuando de aquellas causas emane una decisión, cuya fundamentación, motivación y congruencia se reclame de deficiente.
(…) No obstante lo expresado precedentemente, dados los fines propios de la justicia constitucional traducidos en el control de constitucionalidad y el resguardo y vigencia de los derechos y garantías constitucionales y acceso a la justicia constitucional, a fin de aplicar una verdadera justicia material, se hace preciso complementar esta doctrina de las auto restricciones, estableciendo que: De manera excepcional y como facultad potestativa del Tribunal Constitucional Plurinacional en grado de revisión de oficio, si la violación a los derechos fundamentales es grave y evidente según los datos del expediente; ante esta certeza, es posible ingresar al análisis de la legalidad ordinaria y de la valoración de la prueba como también de la fundamentación, sin necesidad de las exigencias desarrolladas por la jurisprudencia. Aclarándose expresamente que ésta es una facultad potestativa y exclusiva del Tribunal Constitucional Plurinacional y que por lo mismo, no podrá ser esgrimida por el accionante, para quien en párrafos precedentes conforme la jurisprudencia emanada de esta instancia se ha establecido’” (las negrillas corresponden al texto original).
Por memorial presentado el 17 de junio de 2020, Ángel Gilberto Cuba Arancibia y Andreina Valeria Vedia Cuba -terceros interesados- formularon recurso de apelación ante el Juez Público en Civil y Comercial Segundo del departamento de Chuquisaca, solicitando revocar el Auto de 14 de junio del citado año, y disponiendo que en vías de ejecución de Sentencia, se apliquen sanciones compulsivas en progresión geométrica sobre la base inicial de la variante de Bs100.- (cien bolivianos) por día sin lapso de tiempo, hasta que el demandado -ahora accionante-cumpla la sentencia ejecutoriada 96/2021 (Conclusión II.1); escrito atendido mediante Auto de 7 de julio de 2022, por el cual, el señalado Juez concedió el recurso de apelación en efecto devolutivo (Conclusión II.2); por su parte, los Vocales de la Sala Civil y Comercial Primera y Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -demandados-, a través del Auto de Vista S.C.C. II 264/2002 17 de agosto, revocaron el Auto apelado y en el fondo deliberaron que, ante el incumplimiento reiterado del demandado -ahora impetrante de tutela- a los fallos ejecutoriados, así como los perjuicios causados, le impusieron la sanción pecuniaria de Bs150.- (ciento cincuenta bolivianos) por cada día de retraso que incumpla la obligación impuesta en la Sentencia 96/2021, la cual deberá computarse desde el día posterior al plazo que se le otorgó a dicho ciudadano en el Auto de 25 de febrero de 2022; es decir, desde el 3 de abril del citado año (Conclusión II.3). Contextualizado el problema jurídico, se advierte que el impetrante de tutela denunció que los Vocales demandados pronunciaron el Auto de Vista S.C.C. II 264/2002 17 de agosto, el cual: a) Incrementó la multa de Bs100.- que pidieron los apelantes y otorgaron Bs150.- y dispuso que el pago sea de forma retroactiva desde el Auto Interlocutorio de 25 de febrero de 2022, obviando que el Auto apelado data del 14 de junio del citado año, incurriendo en la dictación de una resolución que afecta la congruencia en su elemento ultra petita y el principio de “…prohibición de retroactividad…”; y, b) No consideró lo previsto en el art. 5 del Reglamento de Multas Procesales de la DAF del Órgano Judicial, que establece la multa de Bs500.-a Bs1000.- más el 10% sobre la multa fijada, inobservando los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Previo al análisis de la presunta conculcación de derechos, deberá verificarse si el accionante cumplió con los presupuestos exigidos en la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; en ese sentido, se tiene que la doctrina de las autorrestricciones se construyó atendiendo los principios de independencia judicial, autonomía decisoria, verdad material e inmediación, estableciendo subreglas que permiten a la jurisdicción constitucional verificar si, como emergencia de una supuesta incorrecta interpretación de la legalidad ordinaria y/o una defectuosa valoración de la prueba, los juzgadores ocasionaron lesión a derechos y garantías constitucionales; a dicho efecto, es preciso que la parte accionante, establezca con claridad por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda e ilógica o con error evidente, identificando en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por la instancia judicial o administrativa; debiendo precisar los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, y establecer con claridad el nexo de causalidad entre la ausencia de motivación, arbitrariedad u otra situación, por no aplicar la interpretación que considera debió efectuarse, así como los derechos y/o garantías que conforman el bloque de constitucionalidad, y que han sido lesionados con esa interpretación, explicando así el resultado y cuál la relevancia constitucional.
Ahora bien en el caso que nos ocupa, de la lectura íntegra de esta acción de defensa y su subsanación, se advierte que la pretensión del impetrante de tutela es cuestionar el Auto de Vista S.C.C. II 264/2002 17 de agosto, alegando que los Vocales demandados incrementaron la multa pedida por los apelantes de Bs100.- y otorgaron Bs150.-, disponiendo que el pago sea de forma retroactiva desde el Auto Interlocutorio de 25 de febrero de 2022, obviando que el Auto apelado data del 14 de junio del citado año, señalando que se trata de una resolución que afectaría el “principio” de congruencia, peticionando se deje sin efecto el Auto de Vista; sin embargo, no se advierte que el accionante hubiese explicado cuáles fueron la reglas de interpretación omitidas por las autoridades demandadas, tampoco explicó por qué la labor interpretativa plasmada en el Auto de Vista resultaría incongruente, ni vinculó esos presuntos actos lesivos con el derecho que reclama que fue vulnerado, menos demostró cuál es el nexo de causalidad entre ambos, aspecto que incluso fue observado en su momento, por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Chuquisaca, y que no fue superado por el impetrante de tutela en el memorial de subsane de 28 de diciembre de 2022; asimismo, obvió señalar cuál la relevancia constitucional que implica atender la problemática planteada. En efecto, la demanda tutelar se limitó a realizar una transcripción inextensa de disposiciones normativas, jurisprudencia constitucional, así como del recurso de apelación y del Auto de Vista S.C.C. II 264/2002 17 de agosto, incluso al momento de plasmar su reclamo consignó erróneamente a la congruencia como un principio, siendo que es un componente del derecho al debido proceso, se limita a señalar únicamente que es incongruente la disposición de autos, sin establecer con que parte o partes del auto identifica incongruencia. En consecuencia, se evidencia que el accionante no cumplió con los presupuestos exigidos en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, impidiendo que de manera excepcional la jurisdicción constitucional revise la actividad interpretativa de la jurisdicción ordinaria, en procura de verificar si el Auto de Vista S.C.C. II 264/2002 17 de agosto se emitió en observancia de derechos y garantías constitucionales; en contrario sensu, las cuestionantes del accionante van dirigidas a que este Tribunal asuma un rol revisor de la actividad desplegada por las autoridades ahora demandadas, pretendiendo que actúe como una instancia superior o adicional a las establecidas, confundiendo incluso la naturaleza y finalidad de la acción de amparo constitucional. En tales circunstancias, al no haberse cumplido con los presupuestos exigidos por la jurisprudencia constitucional a efectos que esta jurisdicción pueda revisar la labor interpretativa de la legalidad ordinaria en lo que concierne a la congruencia del Auto de Vista, y al no existir una evidente lesión a derechos y garantías constitucionales que permitan a esta instancia hacer uso de su facultad potestativa de revisión extraordinaria, no puede ingresarse al análisis de fondo de la problemática planteada, correspondiendo denegar la tutela solicitada.
Es pertinente aclarar en este punto que no existe principio de “prohibición de retroactividad” sino el principio de irretroactividad de la ley, consagrado en el art. 33 de la CPE, el cual no fue invocado ni relacionado a ningún derecho por parte del accionante. Respecto a la vulneración al principio de legalidad, si bien no puede ser tutelado vía acción de amparo constitucional, dicha regla encuentra una excepción cuando se establece su vinculación con algún derecho, en ese sentido, la SC 0096/2010-R de 4 de mayo, sostuvo que: “…se debe tener claramente establecido que ‘la seguridad jurídica’ al ser un principio, no puede ser tutelado por el recurso o acción de amparo constitucional que tiene por finalidad proteger derechos fundamentales -no principios-, reconocidos por la Constitución, las normas internacionales de derechos humanos reconocidos y/o ratificados por el país (que conforman el bloque de constitucionalidad) y las leyes; sin embargo, por su reconocimiento constitucional, no puede ser inobservado por las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas, al momento de conocer y resolver un caso concreto sometido a su competencia, por tanto es de inexcusable cumplimiento. De tal manera que cuando se viola un derecho fundamental en esa instancia procesal sea judicial o administrativa, deviene en la inobservancia a este principio de orden general y procesal, es decir, es un efecto o consecuencia; más sin embargo ello no implica que sea tutelable, precisamente y como se tiene explicado, por no ser un derecho autónomo, como sostuvo la pasada jurisprudencia de este Tribunal. Por ello, cuando se exigía la tutela en su generalidad se lo hacía unido a otros derechos como lógica consecuencia, no así de manera independiente” (las negrillas fueron añadidas); criterio reiterado por este Tribunal en la SCP 1123/2017-S3 de 31 de octubre. Consiguientemente, al ser la legalidad, la seguridad jurídica y la irretroactividad de la ley, actualmente principios constitucionales que pueden tutelarse indexo a derechos; empero, el accionante no efectuó carga argumentativa para tutelar algún derecho, corresponde también denegar tutela solicitada, no son susceptibles de protección vía acción de amparo constitucional cuya finalidad, de acuerdo a la Constitución Política del Estado es proteger derechos fundamentales; por lo que, no corresponde realizar análisis alguno al respecto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber concedido en parte la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 014/2023 de 6 de febrero, cursante de fs. 146 a 148 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y en consecuencia, DENEGAR en todo la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0078_2025-S4.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5c7002e3e1afed47e7afee14649883a3e154b664cd09c6453b9526c2dc2559f8
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →