B.IA.LEGAL

SCP 0078/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 11 de marzo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
11 de marzo de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
53097-2023-107-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, y acceso a la justicia; toda vez que, los Vocales demandados, a través de Auto de Vista 171/2022 de 26 de mayo, confirmaron el Auto Interlocutorio 356/2021 de 5 de noviembre -dictado por la Jueza codemandada- que declaró “desestimada” su demanda monitoria de cese de copropiedad. Ello: a) Sin pronunciarse sobre todos los agravios que denunció en su recurso de apelación, ni valorar las pruebas que demostrarían el derecho propietario que tiene sobre el inmueble objeto de su demanda; y, b) Interpretando y aplicando incorrectamente el art. 391 del CPC, al exigir la demostración del origen contractual de la copropiedad que busca cesar; cuando ese aspecto no llegaría a ser un prepuesto sine qua non de procedibilidad de la acción incoada, pues la misma podría ser promovida en dos supuestos. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera y en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 224/2022 de 29 de septiembre, cursante de fs. 97 a 100 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada con base en los fundamentos y motivos desarrollados en los apartados precedentes.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  2. III.2. Jurisprudencia reiterada sobre relevancia constitucional como presupuesto para abrir el ámbito de tutela de la acción de amparo constitucional
  3. III.3. La acción de amparo constitucional no es una instancia procesal adicional que forme parte de las vías legales ordinarias
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0078/2025-S3 Sucre, 11 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 53097-2023-107-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 224/2022 de 29 de septiembre, cursante de fs. 97 a 100 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional presentada por Lourdes Fátima Paredes Llanos, contra Rosario Verónica Sánchez Sánchez e Iván Edgar Ordoñez Quijarro, Vocales de las Salas Civiles Tercera y Quinta, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Gloria Consuelo Cuellar Müller, Jueza Pública Civil y Comercial Decimosexta de la Capital del señalado departamento.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 18 de agosto y 7 de septiembre de 2022, cursantes de fs. 58 a 69; y, 72 a 76 vta., la accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En la vía monitoria presentó una demanda de cese de copropiedad sobre el bien inmueble ubicado en la calle 12-A 100 de la zona Alto Seguencoma, con una superficie de 255,30 m²; la cual fue observada hasta en tres ocasiones por la Jueza Pública Civil y Comercial Decimosexta de la Capital del departamento de La Paz -codemandada-, hasta que dictó el Auto Interlocutorio 356/2021 de 5 de noviembre, declarándola “desestimada”. Motivo por el que interpuso recurso de apelación, que fue resuelto por los Vocales demandados, a través de Auto de Vista 171/2022 de 26 de mayo, confirmando la resolución judicial impugnada. Refiere que los Vocales demandados, no se pronunciaron sobre todos los agravios denunciados en el recurso de apelación interpuesto; no valoraron las pruebas adjuntadas, la cuales demuestran el derecho propietario que tiene sobre el bien inmueble objeto de la demanda presentada; así como tampoco, no interpretaron y aplicaron correctamente el art. 391 del Código Procesal Civil (CPC), al exigir la demostración del “origen contractual” de la copropiedad que busca cesar; cuando ese aspecto no es un prepuesto sine qua non de procedibilidad de la acción incoada, ya que -a su criterio- puede ser promovida en dos supuestos descritos en dicha disposición normativa.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; y acceso a la justicia; citando al efecto los arts. 115, 117.I y 119.II de la Constitución Policía del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: “…DECLA[RAR] LA NULIDAD DEL AUTO DE VISTA N° 171/2022 DE 26 DE MAYO EMITIDA POR LA SALA CIVIL TERCERA (…) DEBIENDO EMITIR UN NUEVO AUTO DE VISTA (…) REVOCANDO LA RESOLUCIÓN N° 356/2021 DE 05 DE NOVIEMBRE, EN CONSECUENCIA, DISPONGA LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA MONITORIA DE CESE DE COPROPIEDAD PLANTEADA…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 29 de septiembre de 2022, según consta del acta cursante de fs. 93 a 95, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante se ratificó íntegramente en su demanda de acción de amparo constitucional, y ampliándola expresó: a) La acción de defensa tiene como propósito dejar sin efecto el Auto de Vista 171/2022; al no pronunciarse sobre todos los agravios denunciados en el recurso de apelación interpuesto, e interpretar erróneamente la ley adjetiva civil; b) Con el proceso de estructura monitoria no se pretende la división del bien objeto de la demanda presentada, ya que ello no sería posible desde un punto de vista legal y técnico, sino, su remate; c) Se inició la acción en cuestión con base en el art. 391 del CPC, el cual merece una interpretación desde dos enfoques; “…el cese de copropiedad común o cuando la propiedad no pudiera dividirse por un acuerdo contractual…” (sic); entonces, al actuarse en el primer sentido, la norma no exige como requisito sine qua non para el inicio de la causa, la existencia de un contrato o lo que se conoce como el origen contractual. Lo que no fue considerado por los Vocales demandados; d) Se adjuntó toda la prueba que demuestra el derecho propietario y sucesorio que se tiene sobre el bien inmueble objeto de la demanda; pese a ello, las autoridades demandadas no corrigieron el proceder de la Jueza codemandada; quien igualmente interpretó y aplicó erróneamente el art. 391 del CPC. Es así que, incorrectamente se ordenó acudir la vía llamada por ley; y, e) Los Vocales demandados no tomaron en cuenta que la jurisprudencia reguló la procedencia de un proceso monitorio de cese de copropiedad; de la cual se entiende que, basta con demostrarse que el bien inmueble es indivisible; extremo que se corroboró en la causa con la amplia prueba presentada. Ante la pregunta de aclaración realizada por la Sala Constitucional; concerniente a cuáles serían los derechos lesionados en el presente caso. La accionante expresó: Que se vulneró su derecho de acceso a la justicia; al no haberse dispuesto el inicio del correspondiente proceso monitorio, pese a que para ello los requisitos pertinentes fueron cumplidos; como ser: la existencia de un derecho sucesorio consolidado; es decir, una herencia; y, un bien inmueble indivisible.

I.2.2. Informe de los demandados

Rosario Verónica Sánchez Sánchez e Iván Edgar Ordoñez Quijarro, Vocales de las Salas Civiles Tercera y Quinta, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por informe de 29 de septiembre de 2022, cursante de fs. 83 a 87 vta., señalaron lo siguiente: 1) Lo expresado por la imperante de tutela muestra que su acción de defensa constituye erróneamente un recurso de casación. No cumple con los requisitos establecidos por la jurisprudencia para que la justicia constitucional pueda ejercer control sobre la actividad jurisdiccional de los jueces ordinarios; motivo por el que debe declarársela improcedente; 2) No se lesionó ninguno de los derechos de la impetrante de tutela; toda vez que, la resolución judicial que denuncia como el acto conculcador de sus derechos, se sustenta en normas vigentes que rigen la materia; 3) La accionante incorrectamente refiere que se lesionó su derecho de acceso a la justicia, cuando los hechos muestran que en ninguna instancia se le impidió activar los mecanismos tendientes al resguardo de sus intereses; por el contrario, los ejercitó todos; 4) Al dictarse el Auto de Vista 171/2022, se tomaron en cuenta las disposiciones normativas generales y específicas; mismas que regulan el proceso de estructura monitora de cese de copropiedad. Así, en el caso en concreto, se constató que la impetrante de tutela no presentó el documento auténtico o legalizado que demuestre la fundabilidad de su pretensión; por lo que, no cumplió con el presupuesto necesario de procedibilidad de la acción incoada; 5) De una interpretación gramatical del art. 391 del CPC, se tiene que, para la procedencia del proceso de estructura monitoria de cese de copropiedad, debe demostrarse el origen contractual. Lo que en el caso no se acreditó ante la Jueza codemandada, quien observó ese aspecto en reiteradas ocasiones; 6) Nótese que la copropiedad que alega tener la accionante sobre el inmueble objeto de su demanda, deviene de una sucesión hereditaria; es decir, de un documento de orden general; y no de una relación jurídico-contractual, plasmada en un documento de orden específico. Por ello, no corresponde la tramitación de su pretensión en la vía monitoria; sino en la ordinaria o incidental. Lo que demuestra que no se incurrió en ninguna irregularidad; y, 7) Todos los agravios denunciados por la solicitante de tutela son impertinentes; pues las observaciones que se hizo a su demanda no fueron subsanadas en su momento. Además, el Auto de Vista 171/2022 se dictó atendiendo lo resuelto por la Jueza de la causa y la apelación interpuesta, conforme al art. 265 del CPC. Por lo que, corresponde que se deniegue la tutela solicitada. Gloria Consuelo Cuellar Müller, Jueza Pública Civil y Comercial Decimosexta de la Capital del departamento de La Paz; por informe de 29 de septiembre de 2022, cursante de fs. 88 a 92 vta., señaló lo siguiente: i) Debe tenerse presente que, sobre el bien inmueble objeto de la demanda que presentó la accionante, tienen derecho otros herederos de quien en vida fue su progenitor. Por un lado ella misma con su hermano Sócrates Iván Paredes Llanos; y por otro, Mary Virginia Zeballos de Paredes, Claudia y Milton Hernán ambos de apellidos Paredes Zeballos; ii) De las normas que rigen un proceso de estructura monitoria y lo dispuesto por el art. 391 del CPP, se tiene que el cese de la copropiedad común, como acción específica, solo procede si su origen es contractual; y no a otro como los casos de herencia o mandato legal. Por lo que, la pretensión de la impetrante de tutela, como es la división de un inmueble, solo puede tramitarse en la vía ordinaria o incidental; iii) La copropiedad por herencia y la copropiedad contractual presentan diferencias sustanciales al instituto del cese de copropiedad monitoria. Por esa razón, merecen tramitaciones procesales particularizados; iv) Debe tomarse en cuenta que, la accionante presentó una demanda basada en un derecho sucesorio que consolidó y no sobre la base de una relación contractual específica; motivo por el que su acción monitoria no mereció una atención de fondo a través del Auto Interlocutorio 356/2021, que fue confirmada por Auto de Vista 171/2022; y, v) Al haberse procedido solo conforme a la normativa vigente y siendo que no se lesionó ningún derecho de la accionante, corresponde que la tutela solicitada sea denegada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 224/2022 de 29 de septiembre, cursante de fs. 97 a 100 vta.; denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) La controversia constitucional versa específicamente sobre el art. 391 del CPC; entonces, debe partirse del entendimiento que dicha disposición normativa se encuentra dentro del marco legal regulador de los procesos monitorios. Vía en la que se dilucidan pretensiones munidas de certeza en cuanto a un determinado derecho, con base en un documento que solo puede ser revisado en su faceta formal; lo que no ocurre en la instancia ordinaria, donde toda circunstancia está sometido al contradictorio; b) El mencionado precepto legal, contiene un instituto legal con una condición de procedibilidad, consistente en el origen contractual que define cuotas partes de derecho y como un manifiesto de acuerdo de voluntades; y, dos supuestos de acción, que tienen que ser interpretados en su sentido general; c) Las autoridades demandadas no actuaron de forma irregular al dictar el Auto de Vista 171/2022, ya que aplicaron e interpretaron el art. 391 del CPC de forma correcta. Norma por demás clara que condice con el fin último de un proceso de estructura monitoria; d) Compulsado el principio de la relevancia constitucional, con los derechos denunciados como lesionados por la accionante;

la jurisdicción constitucional avizora que, en caso de concederse la tutela solicitada, lo resuelto en la resolución judicial dictada por los Vocales demandados -acto tachado de irregular- no sufrirá en el fondo ninguna modificación sustancial. A razón de existir un impedimento procesal que hace inviable la atención de la demandada planteada por la que es la impetrante de tutela, en la vía monitoria; e) En la justicia constitucional están prohibidas las tutelas aparentes; por lo que, en el presente caso debe actuarse con base en el principio de predictibilidad del acto, resaltando que los Vocales demandados aplicaron e interpretaron la ley adjetiva civil de forma correcta; y, f) Solo a fin de que no se dilate la materialización de los derechos de la misma accionante, corresponde en el caso, denegar la tutela solicitada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de Auto Interlocutorio 356/2021 de 5 de noviembre, Gloria Consuelo Cuellar Müller, Jueza Pública Civil y Comercial Decimosexta de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, declaró: “Desestimada” la demanda monitoria de cese de copropiedad, presentada por Lourdes Famita Paredes Llanos -hoy accionante-. Aclarando que se salvan sus derechos en la vía legal que llegue a corresponder (fs. 18 a 20). II.2. Por memorial de 16 de noviembre de 2021, Lourdes Fátima Paredes Llanos interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 356/2021, pidiendo su revocatoria. Es así que denunció como agravios los siguientes: 1) Se consignó como parte demandada a otros sujetos de derechos; sin considerarse en ningún sentido la modificación que se efectuó sobre la demanda principal; 2) Se dilató la tramitación del proceso; pues si la Jueza de instancia consideraba desde un inicio que la demanda presentada era improponible, debió rechazarla y no instruir su subsanación reiteradamente; exigiendo la presentación de prueba -a su criterio- de imposible obtención. Al margen que se condujo empleando terminóloga incorrecta; 3) Se interpretó incorrectamente el art. 391 del CPC, al conminarse la presentación del documento que demostrara el origen contractual de lo demandado. Olvidándose que el cese de copropiedad en vía monitoria, puede buscarse ante una “…indivisión de la cosa común…” (sic) y ante la “…indivisión de origen contractual…” (sic). Y desatendiendo la jurisprudencia sentada en las “…SSCCPP 0086/2019 y 0056/2019…” (sic); y, 4) Los fundamentos de la Jueza demandada se constituyen en “plagio” de lo desarrollado en un artículo de autoría de una firma de abogados particulares. Lo que demuestra que dicha autoridad jurisdiccional actuó al margen del principio de lealtad procesal (fs. 24 a 28). II.3. A través de Auto de Vista 171/2022 de 26 de mayo, Rosario Verónica Sánchez Sánchez e Iván Edgar Ordoñez Quijarro, Vocales de la Sala Civil Tercera y Quinta, respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -hoy demandados-; resolvieron el recurso de apelación interpuesto por la impetrante de tutela, contra el Auto Interlocutorio 356/2021. Por lo que dispusieron confirmar la resolución judicial impugnada, señalando lo siguiente: i) Sobre el proceso monitorio de cese de copropiedad, Gonzalo Castellanos Trigo, en su obra “Procesos Monitorios de Ejecución y Coactivo Civil”, explicó: “…‘La norma en análisis determina que podrá demandarse el cese o división del estado de copropiedad común o sin indivisión forzosa que haya tenido origen contractual, cuando exista imposibilidad de la cómoda división del bien, para su venta en pública subasta al mejor postor, para luego ser repartido el dinero entre los copropietarios, (Art. 391 C.P.C.)’. Podemos deducir que aplicando la ley a la letra muerta (en forma restringida), el cese de la copropiedad deben concurrir los siguientes requisitos: Copropiedad común o sin indivisión forzosa. La copropiedad debe tener origen contractual; por lo tanto estaría excluida la partición de bienes sucesorios…” (sic); ii) La Jueza a quo ordenó a la demandante en el proceso de origen, en reiteradas ocasiones, subsane su demanda; sin embargo, se limitó a presentar el mismo actuado. Solo modificó lo concerniente a la parte demandada, quien en último término llegó a ser “…SOCRATES IVAN PAREDES LLANOS…” (sic); iii) Del análisis del proceso, se establece que, la Jueza de la causa desestimó la demanda presentada por no existir un contrato suscrito entre partes. Y que, por ello, no correspondía iniciar un proceso monitorio, pues únicamente existiría un derecho propietario otorgado por sucesión hereditaria; iv) Del art. 375.I del CPC, se entiende que, los procesos monitorios por su naturaleza, tienen como presupuesto principal el origen contractual o un documento que respalde la pretensión perseguida; v) La demandante de tutela debía acreditar el dominio sobre el inmueble objeto de su demanda, con un documento que reúna las condiciones necesarias para el inicio de un proceso monitorio; es decir, uno que tenga carácter auténtico, judicial o notarial. Empero, no tomó en cuenta aquello y mucho menos cumplió con las subsanaciones que se le instruyó efectué. Una declaratoria de herederos es general sobre todo el acervo hereditario dejado por su causante y no es específico; Es por ello que, sus derechos fueron salvados para que acuda a la vía llamada por ley; y, vi) La Jueza a quo actuó conforme a derecho; dado que la demandante es quien no presentó el documento específico que tenga la legalidad que requiere un proceso de estructura monitoria (fs. 41 a 42 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, y acceso a la justicia; toda vez que, los Vocales demandados, a través de Auto de Vista 171/2022 de 26 de mayo, confirmaron el Auto Interlocutorio 356/2021 de 5 de noviembre -dictado por la Jueza codemandada- que declaró “desestimada” su demanda monitoria de cese de copropiedad. Ello: a) Sin pronunciarse sobre todos los agravios que denunció en su recurso de apelación, ni valorar las pruebas que demostrarían el derecho propietario que tiene sobre el inmueble objeto de su demanda; y, b) Interpretando y aplicando incorrectamente el art. 391 del CPC, al exigir la demostración del origen contractual de la copropiedad que busca cesar; cuando ese aspecto no llegaría a ser un prepuesto sine qua non de procedibilidad de la acción incoada, pues la misma podría ser promovida en dos supuestos. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

Sobre el particular, la SCP 0302/2024-S1 de 17 de julio, en su Fundamento Jurídico (FJ.III.1.), señaló: “…la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. (…). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes: ‘…(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…’. En ese contexto, las citadas jurisprudencias constitucionales, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador...” (el resaltado es añadido).

III.2. Jurisprudencia reiterada sobre relevancia constitucional como presupuesto para abrir el ámbito de tutela de la acción de amparo constitucional

La SC 0995/2004-R de 29 de junio, determinó que: “…los errores o defectos de procedimiento que materialmente no lesionan derechos y garantías fundamentales no tienen relevancia constitucional y por lo mismo, no son susceptibles de corrección por la vía del amparo, a menos que concurran necesariamente, los presupuestos jurídicos que se detallan a continuación: a) cuando el error o defecto procedimental en el que incurra el Juez o Tribunal, provoque una lesión evidente del debido proceso en cualquiera de sus elementos constitutivos; b) los errores o defectos procedimentales que ocasionan una indefensión material en una de las partes que interviene en el proceso judicial, impidiéndole toda posibilidad de que pueda hacer valer sus pretensiones, alegando, contrastando o probando; y, c) esas lesiones tengan relevancia constitucional, es decir, que esa infracción procedimental de lugar a que la decisión impugnada tenga diferente resultado al que se hubiera dado de no haberse incurrido en los errores o defectos denunciados” (el resaltado es añadido). Posteriormente dicho entendimiento fue modulado por la SCP 0738/2013 de 7 de junio; que ampliando los supuestos de falta de relevancia constitucional, señaló lo siguiente: “(...) En el marco de las consideraciones antes señaladas, el juez o tribunal de garantías, ante el planteamiento de una demanda de esta naturaleza, debe constatar: que el acto denunciado de ilegal evidentemente tenga relevancia constitucional; que se haya cumplido a cabalidad con el principio de subsidiariedad, salvo se trate de acciones u omisiones que vulneren el derecho fundamental y las consecuencias sean irremediables e irreversibles; que se haya promovido la demanda en observancia de los requisitos de admisibilidad y, en particular el principio de inmediatez; que al tratarse de una irregularidad procesal, la misma tenga efecto determinante y decisivo en el fallo impugnado y, que su consecuencia inmediata sea la vulneración del derecho fundamental de la parte actora; y, que el agraviado identifique plenamente los hechos que provocaron la vulneración y el derecho lesionado, demostrando que efectuó el reclamo en el desarrollo del proceso ordinario siempre que haya sido posible..." (el resaltado es añadido). Razonamiento jurisprudencial igualmente comprendido y reforzado en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero.

III.3. La acción de amparo constitucional no es una instancia procesal adicional que forme parte de las vías legales ordinarias

Al respecto, la SCP 0382/2019-S1 de 12 de junio, desarrollo el tópico en cuestión, señalando lo siguiente: “Partiendo de la naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional, la SCP 0039/2012 de 26 de marzo, sostuvo que: ‘La acción de amparo constitucional prevista por el art. 128 de la Constitución Política del Estado (CPE), ha sido instituida contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley; constituye un medio de tutela de carácter extraordinario, regido por los principios de subsidiariedad e inmediatez. Consecuentemente, dado este su carácter extraordinario, la acción de amparo constitucional no puede ser considerada como un medio de defensa o recurso alternativo, sustitutivo, complementario o una instancia adicional que forme parte de las vías legales ordinarias de impugnación, a la que puedan acudir los litigantes perdidosos frente a una determinación judicial que les resulte adversa, pues esta acción tutelar fue concebida más bien como un mecanismo subsidiario de defensa de los derechos fundamentales. En ese sentido, la SC 1358/2003-R de 18 de septiembre, estableció: ‘…el amparo constitucional es una acción de carácter tutelar, no es un recurso casacional que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que sólo se activa en aquellos casos en los que se supriman o restrinjan los derechos fundamentales o garantías constitucionales, por lo mismo no se activa para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas, debido a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas’. Bajo estos mismos lineamientos jurisprudenciales, la SCP 0718/2015-S3 de 3 de julio, señaló que: “Dada la naturaleza de la acción de amparo constitucional, la uniforme jurisprudencia emitida por este Tribunal, contenida en la SCP 0294/2012 de 8 de junio, que cita a la SC 1358/2003-R de 18 de septiembre, estableció que la citada acción tutelar: ‘…no es un recurso casacional que forme parte de las vías legales ordinarias, lo que significa que sólo se activa en aquellos casos en los que se supriman o restrinjan los derechos fundamentales o garantías constitucionales, por lo mismo no se activa para reparar supuestos actos que infringen las normas procesales o sustantivas, debido a una incorrecta interpretación o indebida aplicación de las mismas’ (…) (Entendimiento reiterado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0254/2012, 0362/2012, 0108/2012 y 1687/2012 entre otras)” (el resaltado es añadido).

III.4. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, y acceso a la justicia; toda vez que, los Vocales demandados, a través de Auto de Vista 171/2022 de 26 de mayo, confirmaron el Auto Interlocutorio 356/2021 de 5 de noviembre -dictado por la Jueza codemandada- que declaró “desestimada” su demanda monitoria de cese de copropiedad. Ello: 1) Sin pronunciarse sobre todos los agravios que denunció en su recurso de apelación, ni valorar las pruebas que demostrarían el derecho propietario que tiene sobre el inmueble objeto de su demanda; y, 2) Interpretando y aplicando incorrectamente el art. 391 del CPC, al exigir la demostración del origen contractual de la copropiedad que busca cesar; cuando ese aspecto no llegaría a ser un prepuesto sine qua non de procedibilidad de la acción incoada, pues la misma podría ser promovida en dos supuestos. De la revisión y compulsa de los antecedentes se constató que: La accionante, en vía proceso monitorio, presentó una demanda de cese de copropiedad sobre el bien inmueble ubicado en la calle 12-A 100 de la zona Alto Seguencoma, con una superficie de 255,30 m². La cual, fue declarada “desestimada” por la Jueza codemandada, a través de Auto Interlocutorio 356/2021 (Conclusión II.1). Motivo por el que interpuso en su contra recurso de apelación, denunciando los agravios que consideraba le habría generado (Conclusión II.2). Medio de impugnación que en su momento resolvieron los Vocales demandados a través de Auto de Vista 171/2022; disponiendo confirmar la resolución judicial impugnada (Conclusión II.3). En ese contexto, a fin de dotarle orden al presente fallo constitucional y llegue a tener mayor grado de compresión; la controversia constitucional será evaluada atendiendo los actos que habría realizada cada una de las autoridades demandadas. Mismas que, hubiesen desembocado en la lesión de los derechos de la impetrante de tutela.

III.4.1. Respecto a la Jueza codemandada

De los memoriales de acción de amparo constitucional, cursantes de fs. 58 a 69; y, 72 a 77, se evidencia que la accionante denunció a la Jueza Pública Civil y Comercial Decimosexta de la Capital del departamento de La Paz; el haber lesionado sus derechos al dictar el Auto Interlocutorio 356/2021. Resolución judicial a través de la que declaró “desestimada” su demanda monitoria de cese de copropiedad (Conclusión II.1). En ese sentido, si la impetrante de tutela estimaba que aquella resolución judicial le generó agravios, debió plantear en su contra recurso de apelación en procura de sus eventuales reparos por un Tribunal de alzada; al ser el mecanismo de defesa idóneo para ese fin, que está regulado estrictamente por las disposiciones normativas del Código Procesal Civil (art. 113.II). Medio de impugnación que efectivamente interpuso la misma en su debido momento, tal como se tiene de los antecedentes cursantes en obrados (Conclusión II.2). El cual fue resuelto por los Vocales ahora demandados, a través de Auto de Vista 171/2022; actuado jurisdiccional que en el presente proceso constitucional también es objeto de cuestionamiento constitucional. Circunstancia que imposibilita a la jurisdicción constitucional, dilucidar cualquier aspecto vinculado al Auto Interlocutorio 356/2021; principalmente por haber sido ya sometido a control por parte de una autoridad competente; de lo contrario, estaría ejerciendo funciones que no le corresponden. En esa lógica, debe tenerse presente que, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; la acción de amparo constitucional se rige por el principio de subsidiariedad, lo que supone que, no constituye un medio de defensa supletorio de los existentes y regulados en instancia ordinaria. Entonces, al ser evidente que no se encuentran cumplidos los presupuestos de procedencia para que este Tribunal habrá su competencia y efectué control constitucional de fondo sobre dicha resolución judicial, mediante esta acción de defensa; corresponde denegar la tutela solicitada con relación a la Jueza codemandada.

III.4.2. Respecto a los Vocales demandados

La solicitante de tutela expresa que los señalados demandados; a través de Auto de Vista 171/2022 (Conclusión II.3), confirmaron el Auto Interlocutorio 356/2021, por el que su demanda monitoria de cese de copropiedad fue declarada “desestimada”. Determinación judicial con la que habrían lesionado sus derechos al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, y acceso a la justicia; a razón de lo siguiente: i) No se pronunciaron sobre los agravios denunciados en el recurso de apelación que interpuso; y, no valoraron las pruebas que demostrarían el derecho propietario que tiene sobre el inmueble objeto de su demanda. Al respecto, de los memoriales de acción de amparo constitucional, cursantes de fs. 58 a 69; y 72 a 77; se tiene que la accionante refirió que los Vocales demandados: a) No se pronunciaron sobre la modificación que realizó sobre su demanda, ante la exigencia de presentarse prueba de imposible obtención. Posición que mantuvieron sobre los actos dilatorios en que incurrió la Jueza codemandada; quien, al margen de emplear términos erróneos como

“desestimar”, mandó a subsanar en tres ocasiones su postulado; cuando debió rechazarla sí consideraba que estaba siendo promovida en un proceso inexacto. Al igual que, con lo concerniente al “plagio” que realizó dicha autoridad judicial, al explicar el art. 391 del CPP; limitándose en trascribir criterios de una firma de abogados particular que publica información en internet; b) Señalaron que no se demostró tener derecho propietario sobre el inmueble objeto de la demanda monitoria; sin valorar la prueba que se adjuntó a la litis “Testimonio 01369/1960; Testimonio Judicial 057/2013; Sentencia de Divorcio 228/81; folios reales 2010990149409 y 2010990166855; plano de construcción de inmueble; e Informe DATC-UACT 2300/2019”; la cual demostraría todo lo contrario; y, c) Interpretaron y aplicaron erróneamente lo dispuesto por el art. 391 del CPC; sin considerar la jurisprudencia sentada en las “…SSCCPP 0086/2019 y 0056/2019…” (sic); sosteniendo que, para la tramitación de un proceso monitorio de cese de copropiedad, debe demostrarse el origen contractual. Cuando ese aspecto no llega a ser un presupuesto de procedibilidad de la acción en cuestión, pues la misma puede ser promovida en dos supuestos. Haciendo entrever la solicitante de tutela, que esos serían los agravios que denunció al interponer su recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 356/2021. Extremo que, en parte llega a ser evidente, de acuerdo a la revisión exhaustiva de dicho medio de impugnación (Conclusión II.2). Pues, de su contenido se constata que la accionante, en su momento acusó ante las autoridades judiciales de alzada, que la Jueza codemandada: 1) No consideró la modificación que hizo a su demanda; que dilató la sustanciación del proceso al disponer subsanaciones de forma consecutiva sobre su acción, empleado además términos incorrectos; y, “plagió” en el desarrollo de sus fundamentos, un artículo de autoría de una firma de abogados particular; y, 2) Interpretó incorrectamente el art. 391 del CPC; al conminarse la presentación del documento que demostraría el origen contractual de lo pretendido. Omitiendo así, la jurisprudencia sentada en las “…SSCCPP 0086/2019 y 0056/2019 …” (sic). De lo que queda claro que, era obligación de los Vocales demandados, a fin de dictar una resolución judicial debidamente fundamentada y motivada; conforme a los razonamientos del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; pronunciarse sobre cada uno de los agravios que la accionante denunció al interponer su recurso de apelación, exponiendo las respectivas razones de mérito. Para así, colocarla en un estado de certidumbre jurídica y tenga certeza de que se actuó en observancia de las disposiciones normativas que resguardan sus derechos, en acatamiento del mandato legal establecido. Sin embargo, realizada la compulsa de los actuados puestos a consideración de la jurisdicción constitucional; se evidencia que los Vocales demandados, al dictar el Auto de Vista 171/2022, solo se pronunciaron sobre dos agravios que la accionante denunció en su recurso de apelación; siendo estos los concernientes: A las modificaciones que hizo sobre demanda principal; y, a la supuesta errónea interpretación y aplicación del art. 391 del CPC. Sin manifestarse en ningún sentido, respecto a los otros agravios que igualmente acusó. Específicamente los atientes a: Que se dilató la sustanciación del proceso al disponerse subsanaciones de forma consecutiva sobre la acción que promovió, donde además se emplearon términos incorrectos; y, al “plagió” que se habría hecho en el desarrollo de los fundamentos del Auto Interlocutorio 356/2021, de un artículo de autoría de una firma de abogados particular. Proceder con el que, las autoridades judiciales demandas lesionaron el derecho de la impetrante de tutela al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación. Al no sentar ninguna premisa fáctica y jurídica, ni establecer consecuencias legales que llegarían a corresponder; orientadas a dilucidar todos los extremos que le habrían generado perjuicios. Con lo que, los Vocales demandados configuraron al Auto de Vista 171/2022, en una resolución judicial carente de la debida fundamentación y motivación; e incongruente en un sentido externo. Lo que, conforme a los alcances del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; es contrario a las directrices construidas por este Tribunal sobre la estructura de fondo que debe contener toda determinación que atienda la solución de derechos. Las cuales buscan materializar finalidades implícitas de realce constitucional; al margen de que se dé respuestas concretas a problemáticas puestas a su consideración. Lo que lleva a la conclusión, de que lo referido por la accionante, respecto a que las autoridades judiciales demandadas no resolvieron todos los agravios que denunció en su recurso de apelación, es evidente; empero, solo en parte, como ya se sostuvo anteriormente. Pues, lo concerniente a la aparente no valoración de la prueba “Testimonio 01369/1960; Testimonio Judicial 057/2013; Sentencia de Divorcio 228/81; folios reales 2010990149409 y 2010990166855; plano de construcción de inmueble; e Informe DATC-UACT 2300/2019”, que demostraría el derecho propietario que tendría sobre el inmueble objeto de su demanda; es un extremo que no denunció en su momento y en la instancia pertinente, como agravio. Por lo que llega a constituirse en un tópico que recién busca controvertir en instancia constitucional. Motivo por el que ahora, a los Vocales demandados no podría reprochárseles una circunstancia de la que nunca tuvieron oportunidad de pronunciarse desarrollando sus respectivos argumentos; de lo contrario, se los colocaría en un estado de indefensión por una omisión incurrida por la accionante que en último momento busca reparar. Pese a que la misma, tenía oportunidad de activar los mecanismos jurídicos pertinentes en procura de que se reparen todos los defectos que consideraba lesionaban sus derechos. Noción que se sustenta en la cabal compresión de la naturaleza y finalidad que tiene una acción de amparo constitucional. Razones por las que, tampoco corresponde a la jurisdicción constitucional dilucidar de forma directa la controversia identificada; al no haber sido debatida oportunamente, por intermedio de las acciones previstas al efecto. Extremo que no resta de trascendencia, al hecho de haberse corroborado que los Vocales demandados, con el Auto de Vista 171/2022, lesionaron el derecho de la solicitante de tutela, al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación. Siendo que no resolvieron de forma íntegra todos los agravios que les denunció en su momento, por medio del recurso de apelación que interpuso. ii) Interpretaron y aplicaron incorrectamente el art. 391 del CPC, al exigir la demostración del origen contractual de la copropiedad que se busca cesar; cuando ese aspecto no llega a ser un prepuesto sine qua non de procedibilidad de la acción incoada, pues la misma podría ser promovida en dos supuestos.

3 SCP 0805/2023-S2 de 21 de agosto, por mencionar alguna, en el mismo sentido señalo que: “…concierne aclarar que la acción de amparo constitucional no es una vía supletoria, no reemplaza a las demás jurisdicciones ni revisa todo lo obrado por éstas; en tal sentido, esta acción tutelar no constituye una acción acumulativa pues la misma: ‘…tendrá lugar contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley’ (art. 128 de la CPE) y ‘…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’ (art. 129.I de la CPE), disposiciones que son concordantes con los arts. 53.1 y 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo) y que expresamente establecen que las supuestas lesiones a los derechos fundamentales y garantías constitucionales deben ser reparadas previamente en la jurisdicción ordinaria o administrativa, a través de la utilización de otro medio o recurso legal.

Es bajo este entendido que se ha configurado el principio de subsidiariedad tan ampliamente desarrollado por la jurisprudencia constitucional, existiendo reglas y subreglas de improcedencia de esta acción tutelar, entre las se contempla la imposibilidad de que este Tribunal, se pronuncie directamente acerca de una problemática. Esta acción tutelar -conforme se ha expuesto precedentemente y ha reiterado la jurisprudencia-, no suple otras jurisdicciones ni las fiscaliza; sino que, únicamente determina la existencia o no de hechos, actos u omisiones ilegales que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos consolidados reconocidos por la Constitución y la ley” (el resaltado corresponden al texto original).

En cuanto a este apartado, de la revisión del Auto de Vista 171/2022; se evidencia que los Vocales demandados centraron su análisis en la interpretación y aplicación de lo dispuesto por el art. 391 del CPC; para finalmente confirmar el Auto Interlocutorio 356/2021. Es así que, sobre dicha disposición normativa configuraron una premisa jurídica en el siguiente sentido: Que, conforme a la doctrina y lo dispuesto por el art. 375.I del CPC; para la procedencia de los procesos monitorios, por su naturaleza jurídica, se exige un requisito de procedibilidad necesario; consistente en que sea acreditado el origen contractual o algún documento que sustente la pretensión perseguida, que no conlleve la generación de controversia alguna. Y que, con relación al cese de copropiedad, es imperativo la acreditación del dominio de la cosa con base en una prueba que reúna tales condiciones; es decir, un documento auténtico, específico, judicial o notarial (deducido de lo desarrollado en el Auto de Vista 171/2022 [Conclusión II.3]). Fundamentos de orden legal, con los que las autoridades judiciales demandadas desarrollaron una premisa fáctica sobre el caso; refiriendo que: La impugnante, pese a las observaciones efectuadas por la Jueza a quo, cuyos efectos se concretizaron a través del Auto Interlocutorio 356/2021; no presentó el documento idóneo para el inicio de un proceso de estructura monitoria de cese de copropiedad, con el cual pueda acreditar su pretensión; pues, la declaratoria de herederos arrimada tiene un carácter general sobre todo el acervo hereditario dejado por su causante, no reuniendo así, las condiciones para la incoación de una acción como la promovida ; especialmente, el de especificidad. Lo que igualmente sucede con los otros elementos de prueba adjuntos. Siendo esos los ámbitos de comprensión (premisas jurídica y fáctica) con los que, los Vocales demandados, a través del Auto de Vista 171/2022, confirmaron la resolución judicial impugnada por la accionante, misma que determinó tener por no presentada su demanda (incorrectamente declarada “desestimada”). Actuado jurídico de alzada, con el que igualmente se salvaron los derechos de impetrante de tutela para que pueda someterlos a contradictorio y concretizarlos en otra vía o instancia diferente al monitorio (sea ordinario o incidental).

Por lo descrito y explicado, este Tribunal entiende que los Vocales demandados, en cuando a la resolución de la controversia suscitada en torno a la interpretación y aplicación del art. 391 del CPC; sentaron las correspondientes premisas jurídica y fáctica para sustentar la detención que adoptaron. Así, los criterios que establecieron sobre dicho punto y la forma como abordaron el agravio en cuestión, demuestran que su decisión judicial, plasmada en el Auto de Vista 171/2022, está debidamente fundamentada y motivada. En consecuencia; las autoridades judiciales demandadas no incurrieron en ninguna irregularidad en cuanto al tópico que se analiza. Por el contrario, se condujeron atendiendo de forma concreta los razonamientos establecidos en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Además, debe resaltarse que, con su determinación, implícitamente también salvaron el derecho de la solicitante de tutela, de perseguir la materialización de sus derechos en la o las instancias que lleguen a corresponder. Por lo que en ningún sentido definieron su situación jurídica en cuanto a lo que primigeniamente demandó; por ende, no restringieron su derecho de acceso a la justicia. Entonces, siendo evidente que los Vocales demandados no lesionaron el derecho de la accionante, al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; corresponde, sobre el particular, denegar la tutela solicitada. Con la aclaración, de que no se realizó una revisión de la interpretación de legalidad ordinaria que efectuaron; al no tenerse cumplidos los presupuestos exigidos para ello. Ya que, con el sentido jurídico que le dieron al art. 391 del CPC, 6 SCP 0679/2018-S2 de 23 de octubre: “…el derecho a la tutela judicial efectiva es básicamente el derecho de acceso libre a la jurisdicción o a la de justicia, que se encuentra consagrado en el art. 115.I de la CPE, derecho que tiene tres elementos constitutivos: a) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción; b) Lograr el pronunciamiento de las autoridades judiciales sobre el conflicto; y, c) Lograr que la resolución emitida por la autoridad jurisdiccional sea cumplida y ejecutada…” (lo resaltado corresponde al texto original). 7 SCP 1631/2013 de 4 de octubre (FJ.III.1): “…la línea jurisprudencial relativa a la revisión de la actividad de otros tribunales por parte de la justicia constitucional ha avanzado en términos evolutivos hasta consolidar la noción que la interpretación de la legalidad infra constitucional le corresponde a los tribunales de justicia y no a la justicia constitucional; sin embargo, ante la existencia de violación de derechos y garantías previstos en la Norma Suprema, excepcionalmente la justicia constitucional puede ingresar a valorar la actividad desarrollada en miras a brindar tutela. De lo referido, se deben precisar tres elementos de suma importancia: i) Las autoridades de los otros sistemas de justicia (civil, penal, familiar, agroambiental, administrativa) en realidad ejercen al igual que la justicia constitucional una actividad hermenéutica que parte de la Constitución e irradia a todo el ordenamiento jurídico; por ello a la luz del Estado Constitucional de Derecho no es válido hablar de ‘legalidad ordinaria’, pues todos los órganos de justicia se encuentran sometidos a la Constitución y su labor interpretativa parte de la misma; ii) La noción de ‘reglas admitidas por el Derecho’ rescatando una posición teórica decimonónica no agota las posibilidades hermenéutico - argumentativas de las autoridades judiciales, por ende, si bien los métodos de interpretación formalistas, pueden resultar útiles en la obtención de un resultado hermenéutico, no agotan todas las posibilidades que tiene la autoridad jurisdiccional en miras de satisfacer los principios fines y valores que se encuentran en la Constitución; iii) La revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos (valoración de la prueba) y adecuada valoración del Derecho (interpretación de las normas), no es la labor propia de la justicia constitucional, sin embargo, es insoslayable que las autoridades jurisdiccionales no se encuentran habilitadas a vulnerar derechos fundamentales, y en esa dimensión esta jurisdicción constitucional se encuentra facultada a vigilar que en todo fallo, providencia o decisión judicial que las autoridades judiciales se sometan a la Constitución; y, iv) Para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por los tribunales de justicia, los accionantes deben hacer una sucinta pero precisa relación de vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la actividad interpretativa - argumentativa desarrollada por la autoridad judicial. Demostrando ante esta justicia constitucional que se abre su competencia en miras a revisar un actuado acusado como interpretado y aplicado incorrectamente, no consolidaron ningún estado sobre los derechos que la impetrante de tutela busca materializar. Lo que tampoco se advierte de la valoración probatoria que llevaron a cabo; mediante la que, con claridad explicaron que el documento declaratoria de herederos, entre otros, estarían relacionados a una indeterminada masa herederita. Y que por lo tanto, no reunirían las condiciones exigidas para el inicio de un proceso de estructura monitoria de cese de copropiedad. Criterios que no se aparatan de los marcos de igualdad y razonabilidad, al no haberse demostrarse en todo el proceso constitucional, que esos elementos corroboran cosa distinta a la deducida por las autoridad judiciales demandadas.

Ahora bien; al haberse constatado que los Vocales demandados sí lesionaron el derecho de la accionante, al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación. Al no pronunciarse en ningún sentido, sentando las respectivas premisas jurídica y fácticas, sobre dos de los agravios que la accionante denunció a momento de interponer su recurso de apelación; concernientes a: Que se dilató la sustanciación del proceso al disponerse subsanaciones de forma consecutiva sobre la acción que promovió, donde además se emplearon términos incorrectos; y, al “plagió” que se habría hecho en el desarrollo de los fundamentos del Auto Interlocutorio 356/2021, de un artículo de autoría de una firma de abogados particulares. Cuando era su obligación resolverlos en el marco de los parámetros del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. Correspondería que, vía de control de constitucionalidad, se deje sin efecto el Auto de Vista 171/2022; y se ordene a las autoridades judiciales demandadas, emitan una nueva resolución judicial debidamente fundamentada y motivada, dilucidando los extremos extrañados. Sin embargo, en atención a lo explicado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional; tal determinación carecería de relevancia constitucional, frente al hecho de que los Vocales demandados, al dictar el Auto de Vista 171/2022, resolvieron de forma fundamentada y motivada, lo sustancial de la controversia principal puesta a su consideración. Concerniente a conocer, si la demanda de la impetrante de tutela, debía o no ser tramitada vía proceso de estructura monitoria.

El error formal en que incurrieron las autoridades judiciales demandadas, inherente a que no se pronunciaron en ningún sentido sobre las denuncias de: Presuntas dilaciones en el proceso, empleo de términos incorrectos y “plagió” de fundamentos por parte de la Jueza ahora codemandada. Solo hace a cuestiones ajenas a la problemática central que se atendió en instancia ordinaria. No pudiéndose advertir, que dicha incongruencia omisiva tenga alguna incidencia modificatoria sobre lo resuelto a través del Auto de Vista 171/2022; Más aún si se toma en cuenta que, el recurso de apelación regulado por las normas del Código Procesal Civil (art. 113.II) no tiene como objeto el tratar cuestionamiento sobre supuestas dilaciones procesales, incorrecto uso de términos o plagios -las que sí podrían buscar reparo con una solicitud de enmienda-. Por lo que, la absolución de esos extremos, no modificarían en ningún sentido el tema principal abordado por las autoridades judiciales demandadas. Por lo que, no tendría ninguna transcendía para los derechos de la impetrante de tutela, ordenar a los Vocales demandado dicten una nueva resolución; cuando llega a ser predecible que su posición no sufrirá ninguna modificación de fondo. Entonces, a fin de no generar dilaciones en el tratamiento de los derechos de la accionante, en las instancias que lleguen a corresponder; se hace pertinente mantener vigentes los efectos jurídicos del Auto de Vista 171/2022.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera y en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 224/2022 de 29 de septiembre, cursante de fs. 97 a 100 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada con base en los fundamentos y motivos desarrollados en los apartados precedentes. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Notas al pie

1 Art. 265.I del CPC: “El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación” (el resaltado es añadido).

2 0711/2024-S1 de 27 de diciembre (FJ.III.3): “i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales…”.

4 “El proceso monitorio es el régimen conforme al cual, presentado el documento o documentos constitutivos que demuestren la fundabilidad de la pretensión, la autoridad judicial, previa verificación de los presupuestos generales de competencia, capacidad y legitimación, así como los específicos del proceso que pretende, acoge la demanda mediante una sentencia inicial”.

5 Art. 391 del CPC (Cese de la copropiedad): “Podrá demandarse el cese del estado de copropiedad común o sin indivisión forzosa que haya tenido origen contractual, cuando exista imposibilidad de la cómoda división del bien, para su venta en pública subasta”.

jurisdiccional, sin que ello involucre que la instancia constitucional asuma un rol casacional, impugnaticio o supletorio de la actividad de los jueces. De lo referido sólo resulta exigible sino una precisa presentación por parte de los accionantes que muestre a la justicia constitucional de por qué la interpretación desarrollada por las autoridades, vulnera derechos y garantías previstos por la Constitución, a saber en tres dimensiones distintas: a) Por vulneración del derecho a un Resolución congruente y motivada que afecta materialmente al derecho al debido proceso y a los derechos fundamentales que se comprometen en función de tal determinación; b) Por una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad; y, c) Por una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, que más allá de las implicancias dentro del proceso judicial o administrativo lesiona derechos y garantías constitucionales” (el resaltado es añadido).

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0078_2025-S3.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): 539813da6ed40a7451d48da2fc614b9c79357b69e10d055a2259749b56a08c29

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