B.IA.LEGAL

SCP 0078/2023-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 28 de marzo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
28 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
René Yván Espada Navía
Expediente
44467-2022-89-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncio la vulneración de su derecho al debido proceso vinculado con su libertad y al principio de celeridad; toda vez que, habiendo sido beneficiada con la cesación a la detención preventiva y la aplicación de medidas menos gravosas, solicitó audiencia de modificación de medidas cautelares a la Jueza de Instrucción Penal Segunda del departamento de Cochabamba; en virtud a que, la fianza económica impuesta le era de imposible cumplimiento; sin embargo, esta autoridad no resolvió su situación jurídica, al contrario se negó a instalar la audiencia señalada previamente, con el argumento que se presentó el requerimiento conclusivo de acusación fiscal y por ello se había dispuesto la remisión de la causa al Juzgado de Sentencia de turno; concluyendo por ello, que ya no tenía competencia sobre el proceso; provocando una prolongación injusta de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/2021 de 1 de diciembre, cursante de fs. 67 a 71 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expuestos por el Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Sobre la competencia del juez de instrucción penal en la tramitación de la solicitud de cesación de la detención preventiva cuando se presenta acusación. Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0078/2023-S4 Sucre, 28 de marzo de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 44467-2022-89-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 19/2021 de 1 de diciembre, cursante de fs. 67 a 71 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carla Daniela Añez Rivero contra Rosario Beatriz Orozco García, Jueza de Instrucción Penal Segunda del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 30 de noviembre de 2021, cursante de fs. 1 a 6, la accionante, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; por el que, fue imputada y detenida preventivamente; luego de solicitar la cesación a su medida cautelar y enervar los riegos procesales que fundaron dicha medida, fue beneficiada con la cesación y consecuente aplicación de medidas menos gravosas; entre ellas, detención domiciliaria, arraigo nacional y una fianza económica de Bs7 000.-(siete mil bolivianos); empero, al no contar con recursos económicos que hagan efectiva la fianza económica impuesta, el 18 de noviembre de 2021, solicitó audiencia de modificación de medidas cautelares, con la finalidad de impetrar la rebaja de la referida fianza; recibiendo por respuesta el señalamiento de audiencia para el 26 del mismo mes y año. No obstante lo indicado, cuando se conectó a la audiencia virtual, el día y hora señalados, la Jueza de Instrucción Penal Segunda del departamento de Cochabamba –ahora demandada–; informó que, no instalaría la audiencia, en razón a la existencia de un pliego acusatorio y que por ello había perdido competencia; procediendo a desconectarse inmediatamente, demostrando así una conducta dilatoria, pues al no celebrarse la audiencia de modificación de medidas cautelares, lo único que hizo fue prolongar indebidamente su privación de libertad ilegal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La solicitante de tutela denunció la lesión de su derecho al debido proceso vinculado con su libertad, principio de celeridad; citando al efecto los arts. 22, 23, 115.I y II, 117, 180 y 203 de la Constitución Política del Estado (CPE); art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se le conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga que la autoridad demandada señale audiencia de modificación de medidas cautelares en el plazo de veinticuatro horas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 1 de diciembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 65 a 66, presente la accionante asistida por su abogada patrocinante y ausente la autoridad demandada, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la demanda

La impetrante de tutela; a través de su abogada, en audiencia ratificó los términos de su acción de libertad y ampliándolos manifestó que: a) Conforme lo determinado mediante Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2021, fue beneficiada con la cesación a la detención preventiva, bajo medidas sustitutivas y con el fin de efectivizar las mismas, solicitó audiencia para la modificación de las medidas, pretendiendo la rebaja de la fianza económica, que le era de imposible cumplimiento; mereciendo el señalamiento de audiencia para el 26 del mismo mes y año; b) La autoridad demandada no desarrolló la audiencia señalada; indicando que, el proceso penal contaba con el pliego acusatorio y que fue remitido al Tribunal correspondiente, habiendo perdido competencia; y, c) Tomando en cuenta que, aún no existía el Auto de radicatoria, de forma ilegal la Jueza demandada le limitó la intervención en la audiencia, alegando que ésta no había sido instalada y por ello no permitiría la participación de ninguna persona; inobservando así lo establecido en el art. 113.2 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, toda vez que no podía suspender la audiencia señalada, mucho menos si ésta se encontraba vinculada a su derecho a la libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Rosario Beatriz Orozco García, Jueza de Instrucción Penal Segunda del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 1 de diciembre de 2021, cursante a fs. 19, señaló que: 1) Existiendo acusación de 29 de octubre de igual año; y consiguiente, remisión ante el Juzgado de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Cochabamba, el 24 de noviembre del referido año, a las 13:35:35.8, conforme consta en el Sistema de Registro Judicial (SIREJ), se encontraba sin competencia; 2) Hasta las 16:05 del lunes 29 de noviembre de 2021, el Secretario de Juzgado, no ingresó al despacho judicial, el acta correspondiente con la determinación asumida en audiencia de 26 de noviembre de 2021; misma que, se encontraba registrada por la oficina Gestora para su verificación; además, el Secretario se encontraba con licencia, sin goce de haberes el 30 de noviembre del referido año; y, 3) Estuvo suspendida en sus funciones desde el 25 de octubre de 2021, hasta el 24 de noviembre del año señalado, retornando a sus labores el 25 de similar mes; correspondiendo denegar la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, constituida en Tribunal de garantías, a través de la Resolución 19/2021 de 1 de diciembre, cursante de fs. 67 a 71 vta., concedió la tutela solicitada, bajo la modalidad innovativa; consecuentemente, exhortó a la autoridad demandada a no incurrir en lo futuro en actuaciones similares que decanten en la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, llamándole severamente la atención por ese actuar, sin costas por ser excusable; ello en mérito de los siguientes fundamentos: i) La accionante, por memorial de 18 de noviembre de 2021, solicitó audiencia de modificación de medida cautelar, mereciendo el proveído de 19 del mismo mes y año, suscrito por César Ariel Rioja Bustamante, Secretario abogado del Juzgado de Instrucción Penal Segundo del departamento de Cochabamba, señalando audiencia para el 26 de noviembre del referido año, a las 11:00; empero, del acta de dicha actuación procesal, se tiene que la titular del Juzgado –hoy demandada–, no llegó a realizar la audiencia con el fundamento que se había presentado una acusación formal y que existía una orden de remisión de 15 de noviembre de 2021; en mérito a la cual, los antecedentes del proceso habían sido remitidos el 25 del mismo mes y año; razón por la cual, el cuaderno procesal cursaba en el Juzgado de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Cochabamba, mereciendo el Auto de 26 de noviembre de 2021, por el que señaló audiencia de juicio oral; ii) Identificó dos actos lesivos, uno referido a la tardía remisión de los antecedentes al Juzgado de Sentencia Penal Séptimo del señalado departamento, en cumplimiento a la disposición judicial de 15 del referido mes y año; materializada recién el 25 de noviembre de 2021; circunstancia de relevancia constitucional, pues de haberse remitido dentro del plazo legal, no hubiera generado un vacío o duda de varios días sobre el control jurisdiccional y ante quién debía presentarse la solicitud de modificación de medidas cautelares; situación que, no sería atribuible a la autoridad demandada debido a la suspensión en la que se encontraba; iii) El segundo acto lesivo, que sí afectó a la situación judicial de la impetrante de tutela, emerge de la posición asumida por la demandada, quien erróneamente refirió haber perdido competencia para resolver la solicitud de modificación de medidas cautelares, alegando la presentación de la acusación formal y la posterior remisión de ésta; extremo que, resulta ser arbitraria y alejada de la uniforme jurisprudencia constitucional existente sobre ese tema; toda vez que, una solicitud de modificación de medidas cautelares en la que se encuentre de por medio la libertad de una persona, debe ser considerada y resuelta por el Juez de Instrucción Penal, en tanto no se radique el proceso penal ante el Juez o Tribunal de Sentencia; y en el caso en concreto, teniendo en cuenta la fecha de solicitud e modificación de medidas cautelares y su posterior señalamiento, distaba de los plazos procesales insertos en el Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley 1173; situación diferente hubiere sido que la Jueza funde su decisión de no llevar audiencia en la existencia de la radicatoria y ese extremo sea verificable; aspecto que no se dio; y, iv) De acuerdo a los antecedentes; advirtió que, el proceso había sido radicado en el Juzgado de Sentencia Séptimo del departamento de Cochabamba, a través del Auto de 26 de noviembre de 2021; a través del cual, señaló audiencia de juicio oral para el 3 de enero de 2022, y si bien no había sido notificado a las partes, resultaba innegable la radicatoria de la causa; consecuentemente, mal podría disponerse que la autoridad demandada señale audiencia de modificación de medidas cautelares, cuando la causa ya se encuentra bajo competencia de otra autoridad jurisdiccional, que igualmente tiene competencia para realizar esos actuados; no obstante esa situación, la lesión fue evidente y resulta aplicable la acción de libertad innovativa, con la finalidad de que la Jueza demandada no incurra en futuras actuaciones que vulneren similares derechos fundamentales y garantías constitucionales.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en obrados se tiene lo siguiente: II.1. Por Requerimiento Fiscal Conclusivo, presentado el 4 de noviembre de 2021, el Ministerio Público, acusó formalmente a Carla Daniela Añez Rivero –ahora accionante–, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas (fs. 40 a 44 vta.). II.2. A través de Auto Interlocutorio de 8 de noviembre de 2021 la Jueza de Instrucción Penal Tercera del departamento de Cochabamba, en suplencia legal de su similar Segunda, aceptó la cesación a la detención preventiva solicitada por la imputada, bajo las medidas cautelares de detención domiciliaria sin custodio policial, arraigo y fianza económica de Bs7 000.-(fs. 24 vta. a 27). II.3. Mediante Decreto de 15 de noviembre del referido año, César Ariel Rioja Bustamante, Secretario abogado del Juzgado de Instrucción Penal Segundo del departamento de Cochabamba; cuya titular es hoy demandada, señaló que habiendo vencido el plazo de Ley y al haber, la imputada, ofrecido y acompañado prueba de descargo, dispuso la remisión de antecedentes ante el Juez de Sentencia que corresponda (fs. 57). II.4. Por oficio dirigido al Juez de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Cochabamba, presentado el 25 de noviembre de 2021, la Jueza de Instrucción Penal Tercera del referido departamento, en suplencia legal, remitió el expediente por acusación, correspondiente al proceso penal seguido por el Ministerio Público, contra la accionante (fs. 61 a 62 vta.). II.5. Según Acta de audiencia de modificación de fianza (no instalada) de 26 de noviembre de 2021, la Jueza demandada; estableció que, al existir acusación formal, la causa fue tramitada bajo procedimiento inmediato; y que, cursaba orden de remisión de 15 de noviembre del mismo año; así como, el oficio correspondiente de 25 de igual mes y año; se encontraba sin competencia; por lo que, la impetrante de tutela debía acudir ante el Juez de Sentencia Séptimo del departamento de Cochabamba (fs. 28). II.6. A través del Auto de 26 de noviembre de 2021, el Juez de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Cochabamba, determinó la radicatoria de la causa y apertura de juicio oral, señalando audiencia de juicio inmediato en la modalidad presencia para el 3 de enero de 2022 (fs. 63 a 64).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncio la vulneración de su derecho al debido proceso vinculado con su libertad y al principio de celeridad; toda vez que, habiendo sido beneficiada con la cesación a la detención preventiva y la aplicación de medidas menos gravosas, solicitó audiencia de modificación de medidas cautelares a la Jueza de Instrucción Penal Segunda del departamento de Cochabamba; en virtud a que, la fianza económica impuesta le era de imposible cumplimiento; sin embargo, esta autoridad no resolvió su situación jurídica, al contrario se negó a instalar la audiencia señalada previamente, con el argumento que se presentó el requerimiento conclusivo de acusación fiscal y por ello se había dispuesto la remisión de la causa al Juzgado de Sentencia de turno; concluyendo por ello, que ya no tenía competencia sobre el proceso; provocando una prolongación injusta de su detención preventiva. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El principio de celeridad en las actuaciones procesales sobre medidas cautelares. Jurisprudencia reiterada

La SCP 0698/2021-S1 de 23 de noviembre, estableció que: “Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”; a su vez, el art. 180.I de la misma Norma Suprema, determina que: “La jurisdicción ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad (…) eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez”; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30.3 de la LOJ, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia.

En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aun, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringido por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que:

…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud" (las negrillas nos pertenecen).

Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto.

Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplido tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, razonamiento expresado en la SC 0862/2005-R” (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Sobre la competencia del juez de instrucción penal en la tramitación de la solicitud de cesación de la detención preventiva cuando se presenta acusación. Jurisprudencia reiterada

Al respecto, la SCP 1084/2017-S3 de 18 de octubre, que aplicó el entendimiento asumido por la jurisprudencia constitucional sobre el particular, precisó que: «…el Tribunal Constitucional a través de la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, concluyó que: “…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declaró incompetente por presentarse la acusación, así la SC 0487/2005-R de 6 de mayo, dice:

‘…Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros coimputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debió proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, toda vez conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, así la SC 143/2004-R, de 2 de febrero, razón por la cual corresponde otorgar la tutela solicitada únicamente respecto a este punto denunciado…’”» (Las negrillas son añadidas).

De lo expuesto; se puede concluir que, presentada la solicitud de cesación, modificación o sustitución de medidas cautelares, ante el Juez de Instrucción de la causa; ésta debe ser resuelta por dicha autoridad, aun habiéndose presentado el requerimiento conclusivo de acusación y se hubiere remitido los antecedentes al Juez o Tribunal de Sentencia, en tanto no se haya radicado la causa.

III.3. Análisis del caso concreto

La accionante denuncio la vulneración de su derecho al debido proceso vinculado con su libertad y al principio de celeridad; toda vez que, habiendo sido beneficiada con la cesación a la detención preventiva y la aplicación de medidas menos gravosas, solicitó audiencia de modificación de medidas cautelares, a la Jueza de Instrucción Penal Segunda del departamento de Cochabamba; en virtud a que, la fianza económica impuesta le era de imposible cumplimiento; sin embargo, esta autoridad no resolvió su situación jurídica, al contrario se negó a instalar la audiencia señalada previamente; con el argumento que, se había presentado el requerimiento conclusivo de acusación fiscal y por ello ya se había dispuesto la remisión del cuaderno procesal al Juzgado de Sentencia de turno; concluyendo por ello, que ya no tenía competencia sobre el proceso; provocando una prolongación injusta de su detención preventiva.

De los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia que el 8 de noviembre de 2021, a través de Auto Interlocutorio de la misma fecha, la Jueza de Instrucción Penal Tercera del departamento de Cochabamba, en suplencia legal de su similar Segunda, aceptó la cesación a la detención preventiva solicitada por la imputada –hoy accionante–, disponiendo sustituir con las medidas cautelares de detención domiciliaria sin custodio policial, arraigo y fianza económica de Bs7 000.- (Conclusión II.2).

Conforme a lo referido en el memorial de demanda de la presente acción de defensa, y que no fue desvirtuado por la autoridad demandada, la impetrante de tutela, el 18 de noviembre de 2021, solicitó audiencia para la modificación de medidas cautelares, con la finalidad de lograr la rebaja de la fianza económica impuesta; petición que mereció el Decreto de 19 del mismo mes y año, señalando audiencia para el 26 de igual mes y año; sin embargo, no se llegó a instalar el referido acto procesal (Conclusión II.5); toda vez que, la Jueza de Instrucción demandada, alegó que había perdido competencia, ante la presentación de la acusación formal (Conclusión II.1) y que los antecedentes ya habían sido remitidos al Juzgado de Sentencia Séptimo del mismo departamento (Conclusión II.4); conforme a lo dispuesto a través del Decreto de 15 de referido mes y año (Conclusión II.3).

Ahora bien; respecto a que, la autoridad ahora demandada debió considerar su situación legal pese a la emisión de una resolución acusatoria en su contra; de antecedentes se advierte que, en un primer momento, no obstante ya se había presentado el requerimiento conclusivo el 29 de octubre de 2021, tal como se afirma en el Acta de 26 de noviembre del mismo año, la Jueza de instancia resolvió la solicitud de cesación a la detención preventiva, a través de la suplencia legal, el 8 de noviembre; es decir, luego de la presentación de la acusación; y, si bien fue mediante proveído de 15 de noviembre de 2021; por el que, se dispuso la remisión de los antecedentes ante el Juez de Sentencia correspondiente; este no se efectivizó sino recién hasta el 25 de noviembre del mismo año; un día antes de la audiencia de modificación de medida cautelar; y hasta entonces no se tenía certeza de la radicatoria en el Juzgado de Sentencia; es decir, la citada autoridad aún continuaba bajo el control jurisdiccional de dicho proceso; lo que, denota que la determinación asumida de referir ya no tenía competencia por la presentación de la acusación fiscal sin tener la certeza de la radicatoria de la causa, resulta ser arbitraria, pues de acuerdo a los entendimientos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, cuando se presenta la acusación fiscal remitiéndose los antecedentes ante un Juzgado o Tribunal de Sentencia Penal para la fase de juicio; empero, la causa aun no fue radicada, el control jurisdiccional del proceso continúa bajo competencia del Juez de Instrucción Penal; es decir, que una solicitud de cesación de la detención preventiva, al igual que una de modificación de medida cautelar –como es el caso concreto– debe ser considerada y resuelta por el Juez de Instrucción Penal en tanto no se radique el proceso penal ante el Juez o Tribunal de Sentencia.

Por lo expuesto, conforme establece la jurisprudencia constitucional glosada en los Fundamentos Jurídicos precedentes, cuando se trata de una solicitud de cesación, modificación o sustitución de medidas cautelares, es posible que el Juez a cargo del control jurisdiccional resuelva dicha solicitud, aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no hubiera radicado la causa en un determinado tribunal.

De lo manifestado, es posible concluir que el momento procesal que delimita la competencia de la autoridad jurisdiccional para conocer una solicitud de modificación a la medida cautelar que esté dirigida a lograr la cesación a la detención preventiva, no es la presentación de acusación formal y mucho menos la remisión del expediente ante el Juzgado de Sentencia Penal, como sostuvo la Jueza hoy demandada en la presente causa; sino que resulta determinante establecer si la causa ya cuenta con radicatoria o aun no, ante el citado Juzgado o Tribunal de Sentencia; aspecto que no dio a conocer a momento de manifestar que la audiencia señalada para el efecto, no sería instalada.

En el marco de lo expuesto, las actuaciones realizadas por la autoridad jurisdiccional hoy demandada, al pretender deslindar el control jurisdiccional del proceso por las razones anotadas, en desmedro del privado de libertad; y, finalmente alegar pérdida de competencia –conforme se tiene explicado– ocasionó una dilación indebida e incertidumbre en la resolución de la situación jurídica del accionante, causándole vulneración en su derecho a la libertad, apartándose de la jurisprudencia constitucional señalada en el Fundamentos Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; bajo estos razonamientos y evidenciándose vulneración del debido proceso en su elemento de celeridad vinculado al derecho a la libertad, por la dilación e indefinición de la situación jurídica del ahora impetrante de tutela, correspondiendo conceder la tutela impetrada.

Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, este Tribunal no puede desconocer la existencia del Auto de 26 de noviembre de 2021; en el que, el Juez de Sentencia Penal Séptimo del departamento de Cochabamba, determinó la radicatoria de la causa y apertura de juicio oral, señalando audiencia de juicio para el 3 de enero de 2022, y que si bien no fue puesto a conocimiento de las partes previo a la realización de la audiencia de cesación a la detención preventiva; corresponde que, a los fines de evitar disfunciones procesales o mayor retardo, al haberse ya sumido la competencia por el citado Juez de Sentencia, conforme lo ya señalado por los Vocales de la Sala Constitucional de la Sala Tercera del Tribunal departamental de Justicia de Cochabamba sea quien resuelva la merituada solicitud.

Finalmente; se aclara que, el alcance de la presente concesión de tutela solo tiene la finalidad de determinar qué autoridad debería resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva, pues la procedencia o no de la libertad deberá ser considerada por la autoridad ordinaria, conforme a los datos procesales que corresponda.

En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/2021 de 1 de diciembre, cursante de fs. 67 a 71 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y en consecuencia CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos expuestos por el Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0078_2023-S4.pdf · páginas 1 a 11.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4474bdae79b224b143a3d367759aab90941aee7f14ed4f8cea3bc70624d0815b

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →