Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 11 de marzo de 2025
Deniega la tutela
El accionante señala que, la Resolución 045/2022 de 11 de mayo, emitida por los accionados, mediante la cual rechazaron la recusación planteada en contra de Solveiga Evelyn Pinto Michel - Jueza del Tribunal de Sentencia Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, denuncia la vulneración de su derecho, al debido proceso en sus elementos del derecho a la defensa y al juez natural en su componente de imparcialidad, alegando que conforme lo previsto por el art. 52 de la Ley 1970 modificada por la Ley 1173, el quórum de un Tribunal de Sentencia lo conforman tres jueces técnicos; y, al no haberse convocado a un tercer juez miembro del Tribunal de Sentencia siguiente en número se habría afectado y vulnerado sus derechos constitucionales, puesto que al haber resuelto la recusación solo los otros dos miembros del Tribunal sin convocar a un tercero, es decir sin que exista quórum, significa un acto de naturaleza ilegal e indebida que permite que la Jueza recusada continúe con la prosecución de la causa, siendo que con anterioridad ya manifestó su interés en el proceso.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 293/2022 de 24 de noviembre, cursante de fs. 48 a 51 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos precedentemente.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0077/2025-S3 Sucre, 11 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 53314-2023-107-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 293/2022 de 24 de noviembre, cursante de fs. 48 a 51 vta, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Hugo Edwin Unzueta Unzueta contra Claudio Tórrez Fernández, Juez del Tribunal de Sentencia Séptimo y Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidador; y, Michael Marcial Salazar Urquiza, Juez del Tribunal de Sentencia Octavo, ambos de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 24 de junio de 2022, cursante a fs. 1 y 9 a 15, el accionante manifestó que:
Mediante Resolución 045/2022 de 11 de mayo, emitida por el Tribunal de Sentencia Séptimo y Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidador de la Capital del departamento de La Paz, a cargo de los operadores de Justicia, Claudio Tórrez Fernández, Juez del mencionado Tribunal, y Michael Marcial Salazar Urquiza, Juez del Tribunal de Sentencia Octavo de la misma Capital y departamento; se rechazó la recusación planteada en contra de la Presidenta del Tribunal Séptimo de Sentencia y Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidador de igual Capital y departamento, donde radica su causa.
Dentro del proceso penal instaurado en su contra, en etapa de juicio oral ante el referido Tribunal, el 28 de abril de 2022, se instaló audiencia de prosecución de juicio oral –valga la redundancia- a horas 9:30, informándose por Secretaría que todas las partes fueron notificadas, encontrándose las mismas en sala virtual. Sin embargo, la autoridad jurisdiccional Michael Marcial Salazar Urquiza -ahora codemandado-, no fue legalmente notificado, aspecto cuestionado por Solveiga Evelyn Pinto Michel, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, quien solicitó la ampliación de informe respecto a dicha notificación; la Secretaria señaló que se generó el acto de comunicación verbal por auxiliatura debido a las recargadas labores del Tribunal y la refuncionalización del mismo no se pudo generar el acto de comunicación a la referida autoridad codemandada. Habiéndose determinado un compás de espera, se hizo presente virtualmente Michael Marcial Salazar Urquiza, quien alegó que sigue fungiendo como titular del Tribunal mencionado precedentemente y también por responsabilidad debe controlar los procesos a los que es llamado por ley, y que en el momento no podía garantizar su presencia en el juicio oral por los extremos mencionados, menos puede suspender sus audiencias bajo argumento de participar en otras audiencias. En respuesta la mencionada Jueza, manifestando un interés en el proceso señaló audiencia de juicio oral para el día sábado 7 de mayo del mismo año a horas 9:00, aspecto observado por el accionante que considera una decisión a ultranza y para horas inhábiles aspectos que reflejan el supuesto interés que tuviese la referida autoridad jurisdiccional.
Con base en dichos argumentos el 9 de mayo de igual gestión, formuló recusación en contra de Solveiga Evelyn Pinto Michel, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, en razón de haber demostrado un interés particular en el proceso, que incidirá en el normal desenvolvimiento de su juicio. Dicha pretensión fue resuelta por los Jueces Claudio Tórrez Fernández y Michael Marcial Salazar Urquiza -ahora demandados- quienes emitieron la Resolución 045/2022, rechazando la recusación planteada, aspecto observado por el accionante, que señala que debieron convocar a un tercer Juez Técnico a efectos de conformar quórum en el Tribunal de Sentencia con el objeto de resolver la recusación planteada, motivo por el cual habrían transgredido la norma prevista por el art. 178 de la Constitución Política del Estado (CPE), desconociendo el elemento de imparcialidad, indica en su memorial que de manera previa a emitir la Resolución mencionada era obligación de las autoridades demandadas convocar a un Juez del Tribunal siguiente para completar el quórum correspondiente.
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en su vertiente de derecho a la defensa y al juez natural, además de los principios de seguridad jurídica y legalidad, citando al efecto los arts. 115.II, 120.I, 178.I y 180.I de la CPE.
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Anular la Resolución 045/2022 de 11 de mayo y se deje sin efecto el rechazo a la recusación planteada por el ahora accionante contra Solveiga Evelyn Pinto Michel, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; b) Se conmine a los demandados convoquen a un tercer juez para hacer quórum y entre los tres resuelvan la recusación interpuesta por su persona; y, c) Asimismo solicitó como medida cautelar, que mientras no se resuelva la acción de amparo constitucional y vaya en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, no se realice ni programe ninguna audiencia de juicio oral vinculado a su demanda.
Celebrada la audiencia pública virtual el 24 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 44 a 47, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó el contenido íntegro de su demanda tutelar y ampliándola, manifestó que: 1) Llama la atención que Solveiga Evelyn Pinto Michel, Jueza del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz haya esperado más de media hora, la presencia de su colega para hacer quorum e instalar la audiencia a ultranza, porque cuando ellos se atrasaron por cinco minutos debido a problemas tecnológicos se declaró en rebeldía a su cliente; 2) La Resolución 045/2022 (de rechazo de recusación) que además determina continuar con el proceso, ha sido firmada solamente por dos jueces técnicos transgrediendo el art. 3.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y vulnerando los principios de independencia e imparcialidad contenidos en el art. 128 de la CPE; 3) No se ha dado cumplimiento al art. 52 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece que los Tribunales de Sentencia estarán integrados por tres jueces; 4) Vulnerándose sus derechos al debido proceso en su vertiente, del derecho a la defensa, al haber resuelto una recusación únicamente entre los dos vocales, sin haber convocado a un tercero para hacer quorum; 5) Añadió que igualmente se vulneró: i) El derecho al juez natural, uno de los elementos esenciales de la garantía al debido proceso, entendido aquel, como el juez competente, independiente e imparcial; de acuerdo a su criterio, los jueces accionados al no llamar a un tercero que era el siguiente en número, no han mantenido imparcialidad; ii) El principio de legalidad, comprendido como garantía, una manifestación del principio general del imperio de la ley; al que deben estar sometidos todos los administradores de justicia, que no fue observado por los accionados, puesto que no convocaron a un tercer juez para que conozca la recusación; y, iii) El principio de seguridad jurídica, afectado por su vinculación al derecho a la defensa, al principio de legalidad y al derecho del juez natural, que fueron inobservados por los accionados.
Claudio Tórrez Fernández, Juez del Tribunal de Sentencia Séptimo y Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidador; y, Michael Marcial Salazar Urquiza, Juez del Tribunal de Sentencia Octavo, ambos de la Capital del departamento de La Paz, no presentaron informe escrito alguno, ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a sus notificaciones cursante a fs. 18.
María Bernabé Ledezma Flores, por intermedio de su abogado, solicitó que se deniegue la tutela, puesto que: a) La petición de tutela desconoce el procedimiento regulado por el art. 320 y siguientes del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece que la recusación debe ser resuelta por los mismos miembros del Tribunal de Sentencia, y que en el presente caso se pidió la recusación solo de un miembro de dicho Tribunal, en consecuencia los otros dos integrantes contaban con plena facultad y competencia para resolver la recusación; y, b) A objeto de respaldar su argumento citó el Auto Supremo 931/2016 de 24 de diciembre, mediante el cual el Tribunal Supremo de Justicia determinó que, para la sustanciación de una audiencia de un juicio oral, forma quórum un Tribunal de Sentencia con dos miembros del total de los existentes.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 293/2022 de 24 de noviembre, cursante de fs. 48 a 51 vta., denegó la tutela solicitada y asimismo disponiendo que quedan notificadas tanto la parte accionante y la tercera interesada, debiendo notificarse a las autoridades accionadas, a efectos de que tomen conocimiento: 1) De la denegatoria de tutela; 2) De la reflexión y recomendación que ha asumido esta sala; y, 3) El hecho de haberse dejado sin efecto la medida cautelar (de suspensión provisional de señalamiento de audiencia) dispuesta en la presente acción de amparo constitucional el 29 de julio de 2022. Respecto a la ausencia de los accionados y/o la omisión de remisión de sus respectivos informes, en audiencia de garantías, se efectuó la siguiente recomendación: “Esta sala constitucional efectúa una reflexión a la autoridad accionada, pues la ausencia más allá de las responsabilidades y la carga procesal que tuviesen los mismos, importa generar que el impetrante de tutela pueda alegar aplicabilidad del principio de presunción de verdad, en consecuencia es necesario para la autoridad constitucional contar con el descargo que alegue la autoridad accionada, si bien no es su obligación acudir presencial o virtualmente a las audiencias de amparo, siempre por un principio de responsabilidad importa que la autoridad accionada remita cuando menos su informe escrito. Se efectúa esa recomendación a objeto de evitar esta ausencia en futuras actuaciones que sean convocados por esta Sala Constitucional” (sic).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa fotocopia de la Resolución 45/2022 de 11 de mayo; emitida por el Tribunal de Sentencia Séptimo y Juzgado de Partido de Sustancias Controladas Liquidador de la Capital del departamento de La Paz, que determina el rechazo de la recusación planteada (fs. 7 a 8 vta.). II.2. Mediante memorial presentado el 28 de julio de 2022, el accionante, reitera solicitud de aplicación de medida cautelar, puesto que el auto de admisión de la acción de amparo constitucional dispuso que la misma sería considerada en audiencia pública; sin embargo, ante la suspensión de la audiencia programada, el accionante reitero la solicitud (fs. 25 y vta.). II.3. El Auto de Vista de 29 de julio, dispone la suspensión temporal de señalamientos de audiencias en el proceso penal radicado en el Tribunal de Sentencia Séptimo y Juzgado de Partido de Sustancias controladas Liquidador de la Capital del departamento de La Paz (fs. 26 y vta.).
El accionante señala que, la Resolución 045/2022 de 11 de mayo, emitida por los accionados, mediante la cual rechazaron la recusación planteada en contra de Solveiga Evelyn Pinto Michel - Jueza del Tribunal de Sentencia Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, denuncia la vulneración de su derecho, al debido proceso en sus elementos del derecho a la defensa y al juez natural en su componente de imparcialidad, alegando que conforme lo previsto por el art. 52 de la Ley 1970 modificada por la Ley 1173, el quórum de un Tribunal de Sentencia lo conforman tres jueces técnicos; y, al no haberse convocado a un tercer juez miembro del Tribunal de Sentencia siguiente en número se habría afectado y vulnerado sus derechos constitucionales, puesto que al haber resuelto la recusación solo los otros dos miembros del Tribunal sin convocar a un tercero, es decir sin que exista quórum, significa un acto de naturaleza ilegal e indebida que permite que la Jueza recusada continúe con la prosecución de la causa, siendo que con anterioridad ya manifestó su interés en el proceso.
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El legislador nacional, previendo que pudiera existir cuestionamiento a la imparcialidad de una autoridad jurisdiccional en materia penal, dedica todo un capítulo del Código adjetivo en la materia, para normar los institutos de la excusa y la recusación, quedando establecidas y expresamente detalladas las causales de excusa y recusación; la tramitación y resolución de la excusa; la oportunidad, trámite y resolución de la recusación; así como los efectos de ambos institutos jurídicos. En ese marco normativo, las causales de una excusa o recusación se encuentran descritas en el art. 316 del CPP. Son causales de excusa y recusación de los jueces -entre otras-: 5) Tener interés en el proceso, o sus parientes en los grados preindicados. El art. 319 del CPP regula la oportunidad de recusación: “La recusación podrá ser interpuesta por una sola vez, de manera fundamentada y acreditada, señalando las causales de recusación de la autoridad que conoce la causa, pudiendo, además, recusar en el mismo actuado hasta un máximo de dos (2) autoridades judiciales que podrían conocer la causa”. De igual manera el art. 320.I del mismo cuerpo legal; modificado por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal (Ley 586 de 30 de octubre de 2014) establece el trámite y resolución para la recusación: “La recusación se presentará ante la o el Juez o Tribunal que conozca el proceso, mediante escrito fundamentado, ofreciendo prueba pertinente” (el resaltado es nuestro). Continuando con la tramitación de la recusación, el art. 320.II del CPP, establece que: “En caso de rechazo se aplicará el siguiente procedimiento: Cuando se trate de una o un Juez unipersonal, elevará antecedentes a la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia dentro de las veinticuatro (24) horas de promovida la recusación, acompañando el escrito de interposición junto con su decisión fundamentada, sin suspender el proceso. El Tribunal Superior se pronunciará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de recibidos los actuados, sobre la aceptación o rechazo de la recusación, sin recurso ulterior, bajo responsabilidad. Si el Tribunal Departamental de Justicia acepta la recusación, reemplazará a la o el Juez recusado conforme a lo previsto en las disposiciones orgánicas; si la rechaza, ordenará a la o el Juez que continúe con el conocimiento del proceso, quien no podrá ser recusada o recusado por las mismas causales.
Cuando se trate de una o un Juez que integre un Tribunal, el rechazo se formulará ante el mismo Tribunal, quien resolverá en el plazo y forma establecidos en el numeral anterior. La recusación deberá ser rechazada cuando no se funde en causal sobreviniente o no se haya indicado la fecha y circunstancias de la causal invocada, sea manifiestamente improcedente o se presente sin prueba” (el resaltado es añadido). Conforme a la normativa invocada, se tiene que el procedimiento de revocatoria es distinto cuando se trata de un juez unipersonal a cuando el recusado es una autoridad jurisdiccional miembro de un tribunal, caso que nos ocupa en el presente análisis, claramente especifica que cuando se recusa al juez miembro de un tribunal, en caso de que dicha autoridad rechace la recusación, será el mismo órgano colegiado, el que resolverá la recusación en la forma y plazo establecido para la recusación a un juez unipersonal.
El accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente de derecho a la defensa y al juez natural, además de los principios de seguridad jurídica y legalidad, aduciendo que la Resolución 045/2022 de 11 de mayo, emitida por los accionados, mediante la cual rechazaron la recusación planteada en contra de Solveiga Evelyn Pinto Michel, Jueza del Tribunal de Sentencia Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, al no haber considerado lo previsto por el art. 52 de la Ley 1970 modificada por la Ley 1173, y no haber convocado a un tercer juez miembro del Tribunal de Sentencia siguiente en número, resolvieron la recusación sin que exista quorum, afectando y vulnerando sus derechos constitucionales, debido a que la Jueza recusada continua conociendo la causa, siendo que con anterioridad ya manifestó su interés en el proceso. Conforme a la resolución 45/2022, se tiene que el accionante, recusó a Solveiga Evelyn Pinto Michel, Jueza del Tribunal de Sentencia Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, amparándose en la causal prevista en el art. 316 inc. 5) del CPP, pretensión que fue rechazada por dicha autoridad, remitiendo la misma a consideración de los otros dos integrantes del Tribunal, -hoy demandados-(Conclusión II.1). Del citado art. 320.II del CPP, se tiene que ante el rechazo de la recusación formulada contra la mencionada autoridad y posteriormente al haber puesto a conocimiento de los demás integrantes del aludido cuerpo colegiado, a efectos de que éste revise dicha decisión, se adecua en la normativa procesal penal, que fue desglosada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, en el cual se determinó que la tramitación de la recusación formulada contra un juez miembro de un Tribunal y ante el rechazo de dicha autoridad, debe ser resuelto y conocido por los demás miembros. Si bien al accionante, ha momento de presentar su reclamo alega que el art. 52 del CPP, modificado por la Ley 1173 establece que: "Los tribunales de sentencia, estarán integrados por dos jueces técnicos y tres jueces ciudadanos y serán competentes para conocer la sustanciación y resolución del juicio en todos los delitos de acción pública con las excepciones señaladas en el artículo siguiente. En ningún caso el número de jueces ciudadanos será menor al de jueces técnicos. El presidente del tribunal será elegido de entre los jueces técnicos" (las negrillas son nuestras), de cuya interpretación el accionante entiende que el quorum necesario para conformar un Tribunal de Sentencia es de tres miembros y no así de dos, en ese sentido considera que a objeto de resolver la recusación planteada por su persona, debieron convocar a un tercer Juez que era el siguiente en número. Sin embargo, debe tenerse presente que el instituto jurídico de la recusación implica una cuestión incidental, regulada por el código adjetivo de la materia, específicamente los arts. 318 y 320 del CPP, y no así por el art. 52 del mismo compilado normativo que regula de manera general para todos los Tribunales de Sentencia, en el caso concreto al tratarse de un Tribunal Colegiado, conforme a la interpretación teleológica realizada de los arts. 318 y 320 citados, se tiene que ante la recusación planteada contra uno de los miembros de dicho tribunal debe ser conocida por el mismo Tribunal, es decir por los otros dos miembros restantes, en ese contexto, cuando los dos miembros del Tribunal emitieron la mencionada Resolución 045/2022 que rechaza la recusación interpuesta contra la Presidenta de dicho Tribunal, adecuaron su actuación a la normativa procesal penal. En consecuencia, no se advierte que las autoridades demandadas lesionaron el derecho al debido proceso en sus elementos de derecho a la defensa y juez natural. Respecto a los principios de legalidad y seguridad jurídica, reclamados por el accionante, con relación a la normativa contenida en el art. 52 de la Ley 1970, el mismo se encuentra superado por la tramitación especial que merece una situación incidental, que en el caso concreto de recusación se encuentra regulado a partir de los arts. 316 y ss. del mismo cuerpo legal, aspecto que se encuentra explicitado en el fundamento jurídico II.1 del presente fallo constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta, incluyendo la suspensión de las medidas cautelares.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 293/2022 de 24 de noviembre, cursante de fs. 48 a 51 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia: DENEGAR la tutela impetrada, conforme los fundamentos expuestos precedentemente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
1 Un entendimiento similar, está contenido en el Auto Supremo 931/2016-RRC de 24 de noviembre, que – de forma indicativa- estableció que cuando un Tribunal colegiado está integrado por tres jueces técnicos, dos de estos hacen quorum, por tanto, son válidas sus decisiones; lo contrario sería negar los principios de eficacia, eficiencia y celeridad, contemplados en el art. 180.I de la CPE. Razonamiento que fue reiterado por la SCP 0233/2029-S3 de 1 de julio.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0077_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): c30ab9d1d156427cec74e2897dda9fe950bc575aa7298cfa2670a73ef0cdd515
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