Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 27 de febrero de 2025
Deniega la tutela
La representante de la menor de edad BB denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación por la omisión y errónea valoración de la prueba, concordante con el interés superior del niño, a vivir una vida libre de violencia y a un desarrollo integral; por cuanto, dentro del proceso de infracción por violencia a niñas, niños y adolescentes, en segunda instancia, los Vocales accionados emitieron el Auto de Vista SFNA 115/2024, incurriendo en las siguientes irregularidades: a) Se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad al realizar una irrazonable valoración de la prueba denominada “…Valoración Técnica de la Prueba…” (sic), así como las testificales de Sonia Paliza Terrazas y Leocadio Villalta Velásquez, Micaela Delgadillo Camacho, el Informe Psicosocial elaborado por el Equipo Interdisciplinario del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca; b) De manera arbitraria se omitió considerar total o parcialmente la declaración testifical de Ximena Yovanna Parraga Ortiz, los informes de las Profesoras Leonor Orellana, Mónica Fátima del Rio Palacios, Sulma Olga Argandoña Rollano, Mercedes Ugarte Ovando y de la Junta Escolar, el video contenido en un CD, las referencias bibliográficas que respaldan la metodología para la realización de una entrevista, la inspección ocular y de reconstrucción, la documental que establece los móviles que generaron la violencia contra la menor de edad BB (Auto de Inicio de Proceso Disciplinario DDES/TD 008/2022, Autos Final de Proceso …
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 0172/2024 de 14 de octubre, cursante de fs. 105 a 110 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0077/2025-S2 Sucre, 27 de febrero de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 68090-2024-137-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 0172/2024 de 14 de octubre, cursante de fs. 105 a 110 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por AA en representación de su hija menor de edad BB contra Ingrid Aurora Arízaga Flores, Vocal de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia; y, Roberto Iborg Valdiviezo Salazar, Vocal de la Sala Civil y Comercial Primera, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
Por memoriales presentados el 11 y 18 ambos de septiembre de 2024, cursantes de fs. 1 a 47 vta.; y, 64 a 71 vta., la accionante menor de edad mediante su representante manifiesta lo siguiente:
Debido a la violencia que sufrió su hija de cuatro años de edad -ahora su representada y accionante- por parte de su Profesora Alina Rosario Pérez Rosales -ahora tercera interesada-, el 29 de noviembre de 2022, interpuso una demanda contra la prenombrada por infracción por violencia a niñas, niños y adolescentes previsto en el art. 153.I incs. a); y, i) del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) -Ley 548 de 17 de julio de 2014-, misma que al ser declarada improbada a través de la Sentencia 41/2023 de 4 de agosto, generó que su persona interponga recurso de apelación contra dicha determinación; en ese sentido, las Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca en conocimiento de la impugnación pronunciaron el Auto de Vista SFNA 491/2023 de 27 de octubre, mediante el que revocaron totalmente la indicada Sentencia y declararon probada la demanda por violencia ejercida contra la menor de edad BB, imponiéndose una sanción consistente en el pago de un salario mínimo nacional. Posteriormente, ante la determinación asumida en el Auto de Vista SFNA 491/2023, la ahora tercera interesada interpuso una acción de amparo constitucional alegando falta de valoración de un “informe pericial”; en ese sentido, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca a través de la Resolución 023/2024 de 6 de febrero, concedió la tutela solicitada y dejó sin efecto el indicado Auto de Vista, disponiendo se realice una valoración integral de la prueba; por ello, Ingrid Aurora Arízaga Flores, Vocal de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia; y, Roberto Iborg Valdiviezo Salazar, Vocal de la Sala Civil y Comercial Primera, ambos del referido Tribunal Departamental de Justica -ahora accionados- pronunciaron el Auto de Vista SFNA 115/2024 de 12 de marzo, confirmando la Sentencia 41/2023, y justificando las acciones de violencia cometidas contra la menor de edad BB; no obstante, en la emisión del mencionado Auto de Vista, las indicadas autoridades judiciales lesionaron su derecho al debido proceso, por cuanto, incurrieron en las siguientes irregularidades: a) Se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad al realizar una irrazonable valoración de la prueba, así: 1) Se le otorgó un valor imperativo la prueba denominada “…Valoración Técnica de la Prueba…” (sic), restándole todo valor al testimonio de la menor BB desarrollado ante la Psicóloga Micaela Delgadillo Camacho, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el Equipo Interdisciplinario del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, cuando la indicada documental únicamente es una crítica sin fundamento que no guarda rigor científico alguno; por ello, al realizar esa valoración se inobservó lo previsto por el art. 219 del CNNA, respecto a la aplicación prioritaria del interés superior y demás principios como el de desformalización y presunción de verdad; 2) Respecto a las testificales de Sonia Paliza Terrazas y Leocadio Villalta Velásquez de manera subjetiva refirieron que se encuentra comprometida su imparcialidad, restando valor a ambas testificales sin mayor fundamento; 3) En cuanto a la testifical de Micaela Delgadillo Camacho únicamente se manifestó que dicha testigo solo refirió lo que dijo la niña BB en su entrevista, la cual ya se encontraba plasmada por escrito, mismo que fue presentada como prueba de cargo y extra proceso; y, 4) Subjetivamente se manifestó que la menor de edad BB de manera imprevista tuvo la necesidad de ir al baño; además que, existiría una supuesta situación de estrés de la Profesora en el momento de los hechos; y, b) De manera arbitraria se omitió considerar las pruebas, ya sea total o parcialmente; así: i) La declaración testifical de Ximena Yovanna Parraga Ortiz no tuvo ningún tipo de valoración, ya que simplemente se refirió que sería una testigo referencial cuando la misma se constituye en testigo presencial del hecho de violencia; ii) Los informes de las Profesoras Leonor Orellana, Mónica Fátima del Rio Palacios, Sulma Olga Argandoña Rollano, Mercedes Ugarte Ovando; y, de la Junta Escolar no fueron valorados; iii) El video contenido en un Disco Compacto (CD) no fue mencionado ni valorado; iv) Las referencias bibliográficas que respaldan la metodología para la realización de una entrevista tampoco fueron consideradas; v) La inspección ocular y de reconstrucción no mereció ningún valor; vi) No se valoró la documental que establece los móviles que generaron la violencia contra la menor BB (Auto de Inicio de Proceso Disciplinario -DDES/TD 008/2022- de 30 de mayo, Autos Final de Proceso Disciplinario -DDES/TD 001/2022- de 20 del citado mes y -DDES/TD 08/2022- de 3 de agosto, Resolución Administrativa Departamental en Apelación -D.D.E.CH. 007/2022- de 24 de junio, “Resolución Constitucional” 165/2022 de 28 de diciembre, y planilla de registro de asistencia de la menor de edad BB luego del hecho); vii) Se omitió valorar la prueba documental y digital que demuestra que se agravó la situación de violencia tales como los seis Discos Versátiles Digitales (DVD), el acta de audiencia de 20 de julio de 2023, el pronunciamiento de padres de familia del curso primero “F” de 5 de diciembre de 2022, la Nota al Director Departamental de Educación de Chuquisaca del segundo “F” de 5 de febrero de 2023, la respuesta de 23 de noviembre de 2022 emitida por la demandada -ahora tercera interesada- a la denuncia, dirigido a la Psicóloga Brenda Noelia Rojas -Padilla-, respuesta a oficio formulado por el Presidente del curso segundo “F” y el acta de reunión de 30 del citado mes y año; y, c) La decisión se basó en prueba inexistente o que refleja un hecho diferente; por cuanto, se estableció que el “INFORME PERICIAL” tuvo por desvirtuado el testimonio de la menor de edad BB; empero, en el proceso no existe prueba pericial alguna.
La representante de la menor de edad BB denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación por la omisión y errónea valoración de la prueba, concordante con el interés superior del niño, a vivir una vida libre de violencia y a un desarrollo integral, citando al efecto los arts. 15, 59, 60, 61 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista SFNA 115/2024 y se restablezca los derechos de la menor de edad BB mediante la emisión de un nuevo auto de vista bajo el respeto del derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación concordante con el interés superior del niño, así como “…demás derecho y principios referidos en al presente acción tutelar” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 14 de octubre de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 87 a 104, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante a través de su abogado, ratificó los argumentos del memorial de acción de amparo constitucional.
Ingrid Aurora Arízaga Flores, Vocal de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia; y, Roberto Iborg Valdiviezo Salazar, Vocal de la Sala Civil y Comercial Primera, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por informe escrito, cursante de fs. 84 a 86, solicitaron se deniegue la tutela impetrada, manifestando al efecto que no es evidente que hayan transgredido el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación ni el interés superior del niño y la prioridad absoluta; por cuanto, al momento de emitir el Auto de Vista SFNA 115/2024 se basaron en fundamentos expuestos en la Resolución 023/2024, en la que se determinó conceder la tutela solicitada por la ahora tercera interesada, dándose una respuesta clara y concreta respecto a todos los agravios expresados; así: a) Se consideró de manera integral la prueba consistente en el “…Informe de la Defensoría de la Niñez del D-1” (sic) concluyendo que no se señala que la menor de edad BB tuviera alguna afectación o que el hecho aconteció tal como fue denunciado; b) En las entrevistas psicológicas llevada por el Equipo Interdisciplinario del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia no se hizo referencia al hecho de que la demandada -ahora tercera interesada- le hubiese referido improperios a la menor, sino que la misma afirmó y repitió un juicio de valor que pudo ser aprendido por repetición; y, c) La entrevista psicológica desarrollada por Micaela Delgadillo Camacho debía ser considerada como un medio de prueba producido extra proceso, la cual se encuentra cuestionada a través de la “…Valoración Técnica de la Prueba…” (sic), que refirió que la indicada entrevista psicológica y las conclusiones a las que se arribaron y se mencionan fueron elaboradas sin cumplir con la metodología ni el seguimiento de un protocolo; además, si bien la “…Valoración Técnica de la Prueba…” (sic) no es una prueba directa, la misma confronta o aclara la validez de la prueba.
Alina Rosario Pérez Rosales, a través de su abogado, en audiencia, manifestó que: 1) En la acción tutelar se alegó que se omitió y que se valoró defectuosamente la prueba, pero no se puede tener las dos transgresiones a la vez de todos los testigos y pruebas; 2) El Auto de Vista SFNA 115/2024 es consecuencia de la acción de amparo constitucional interpuesta por su persona “…en el cual se dispuso justamente se cumplan ciertos aspectos que eran evidentes en nuestro entender para demostrar que no concurre ninguna infracción…” (sic); 3) Los Vocales accionados se basaron en el art. 151.I inc. c) del CNNA, que hace alusión a los tipos de violencia en el sistema educativo y la violencia verbal en el cual se exige la oralidad y la repetición, por lo que, establecieron que el hecho en sí mismo no provocó un impacto psicológico negativo; 4) El aludido Auto de Vista fue emitido en base al recurso de apelación en el cual no se hizo referencia al CD. Impugnación que no cumplió con los requisitos exigidos; 5) “…pese a que consideramos que el amparo no ha cumplido con los requisitos establecidos en la jurisprudencia porque en las partes que los vocales se refieren al art. 153 y al art. 151 se basan en ley y eso no ha sido reclamado…” (sic); y, 6) A través de la acción de defensa se pretende la revisión de la valoración que se efectuó de “…una entrevista supuesta tomada extra proceso…” (sic), que es contradicha por los informes de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el Equipo Interdisciplinario del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, por ende, no puede ingresarse a su análisis.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución 0172/2024 de 14 de octubre, cursante de fs. 105 a 110 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) A través de una acción de amparo constitucional u otra acción tutelar no se puede impugnar, cuestionar, total o parcialmente decisiones o resoluciones de autoridades o personas particulares que emerjan del cumplimiento parcial, distorsionado o tardío de otra resolución constitucional que implica una causal de improcedencia; sin embargo, excepcionalmente cuando se trate de terceros interesados resulta admisible una nueva interposición cuando el objeto de reclamación no sea semejante al cual motivó la tutela solicitada con anterioridad; así, en el caso concreto, se tiene que la primera acción de defensa fue interpuesta por la ahora tercera interesada, mereciendo la Resolución 023/2024 que concedió la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista SFNA 491/2023 y se emita un nuevo; no obstante, la presente acción de defensa interpuesta por la parte accionante -en su momento tercera interesada- difiere de la primera respecto a sus alcances y sus efectos; consiguientemente, se trata de nuevas situaciones que emergieron como consecuencia de la primera acción tutelar, correspondiendo ingresar al análisis de fondo; ii) De la revisión del Auto de Vista SFNA 115/2024 se tiene que el mismo contiene la debida fundamentación, por cuanto, se expresa los términos normativos procesales y constitucionales respecto al objeto suscitado durante el proceso de infracción por violencia; y, iii) En cuanto a la motivación del mencionado Auto de Vista, se advirtió que, en primer lugar, se efectuó la ponderación de la valoración probatoria respecto a la entrevista psicológica realizada extra proceso y su comparación con el “Informe Técnico” realizado por otra “profesional psicóloga”; también se hizo alusión al Informe Psicosocial, como el análisis de las declaraciones testificales de Alvaro Matienzo Barrero, Martha “Mirta” -siendo lo correcto Milta- Lucas Cautin, “Ivan” -lo correcto es Ivonne Griceida- Lazcano Iriarte, Mónica Fátima del Rio Palacios, Sonia Paliza Terrazas, Leocadio Villalta Velásquez y Ximena Yobanna Parraga Ortiz; asimismo, se remitieron a los términos que fueron analizados en la Sentencia 41/2023 que justificaron porque la Jueza de primera instancia llegó a la conclusión de que los medios de prueba no sostienen la hipótesis planteada en la demanda y que si bien existiría la declaración de la menor de edad BB, dicha prueba por sí misma no podía ser considerada como plena o determinante en el proceso; por lo que, en segunda instancia tampoco se generaría suficiente convicción para determinar que hubiese acontecido un obrar culposo de la demandada respecto a la concurrencia de las infracciones descritas en el art. 153.I incs. a); y, i) del CNNA. Consecuentemente, no se puede observar que se hubiese incurrido en una labor arbitraria, siendo que el Auto de Vista SFNA 115/2024 es congruente, motivado y fundamentado a los fines de considerar lo cuestionado mediante el recurso de apelación.
Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-005/2021 de 22 de julio, se dispuso la priorización en el sorteo de casos relativos a niñas, niños y adolescentes (fs. 115 a 120); por lo que, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso de infracción por violencia contra niñas, niños y adolescentes iniciado por AA contra Alina Rosario Pérez Rosales -hoy tercera interesada-; la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia Segunda de la Capital del departamento de Chuquisaca, Paola Maribel Rodríguez Nava, emite la Sentencia 41/2023 de 4 de agosto, declarando improbada la demanda de infracción por violencia, por cuanto “…si bien existió el hecho de la en fecha 11 de noviembre de 2022, la niña (…) en la actividad del festival, no logra controlar esfínteres en el ingreso a desarrollar su danza no se ha demostrado que la demandada habría sometido a la niña un castigo físico, psicológico u otra forma que degrade o afecten la dignidad de la niña (…) catalogado como violencia entre no pares, desde el área psicológica no se ha identificado afectación afectiva - emocional…” (sic [fs. 645 a 660 del Anexo 4]). II.2. A través de memorial presentado el 29 de septiembre de 2023, la representante de la menor de edad BB interpuso recurso de apelación contra la Sentencia 41/2023 (fs. 664 a 680 vta. del Anexo 4). II.3. Por Auto de Vista SFNA 491/2023 de 27 de octubre, Sonia Elena Barrón Cortéz e Ingrid Aurora Arízaga Flores, Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, resolvieron revocar totalmente la Sentencia 41/2023, declarando probada la demanda de infracción por violencia contra niñas, niños y adolescentes en las causales establecidas en el art. 153.I incs. a); y, i) del CNNA, e imponiéndose la sanción prevista en el art. 176.I inc. b) del mencionado Código, consistente en el pago de un salario mínimo nacional (fs. 704 a 712 vta. del Anexo 4). II.4. Mediante Resolución 023/2024 de 6 de febrero, Juan Carlos Mendoza García y Paola Valeria Barrón Guzmán, Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en conocimiento de la acción de amparo constitucional interpuesta por la ahora tercera interesada contra los Vocales de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del mismo Tribunal Departamental de Justicia, resolvieron conceder la tutela impetrada y, en consecuencia, dejar sin efecto el Auto de Vista SFNA 491/2023, disponiendo se emita una nueva resolución (fs. 732 a 736 del Anexo 4). Acción de amparo constitucional que conforme se advierte del Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional fue registrado bajo el número de expediente 61314-2024-123-AAC, la cual aún se encuentra pendiente de sorteo y revisión. II.5. Por Auto de Vista SFNA 115/2024 de 12 de marzo, Ingrid Aurora Arízaga Flores, Vocal de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia; y, Roberto Iborg Valdiviezo Salazar, Vocal de la Sala Civil y Comercial Primera, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora accionados-, confirmaron la Sentencia 41/2023 (fs. 761 a 772 del Anexo 4).
La representante de la menor de edad BB denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación por la omisión y errónea valoración de la prueba, concordante con el interés superior del niño, a vivir una vida libre de violencia y a un desarrollo integral; por cuanto, dentro del proceso de infracción por violencia a niñas, niños y adolescentes, en segunda instancia, los Vocales accionados emitieron el Auto de Vista SFNA 115/2024, incurriendo en las siguientes irregularidades: a) Se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad al realizar una irrazonable valoración de la prueba denominada “…Valoración Técnica de la Prueba…” (sic), así como las testificales de Sonia Paliza Terrazas y Leocadio Villalta Velásquez, Micaela Delgadillo Camacho, el Informe Psicosocial elaborado por el Equipo Interdisciplinario del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca; b) De manera arbitraria se omitió considerar total o parcialmente la declaración testifical de Ximena Yovanna Parraga Ortiz, los informes de las Profesoras Leonor Orellana, Mónica Fátima del Rio Palacios, Sulma Olga Argandoña Rollano, Mercedes Ugarte Ovando y de la Junta Escolar, el video contenido en un CD, las referencias bibliográficas que respaldan la metodología para la realización de una entrevista, la inspección ocular y de reconstrucción, la documental que establece los móviles que generaron la violencia contra la menor de edad BB (Auto de Inicio de Proceso Disciplinario DDES/TD 008/2022, Autos Final de Proceso Disciplinario DDES/TD 001/2022 y DDES/TD 08/2022, Resolución Administrativa Departamental en Apelación D.D.E.CH. 007/2022, “Resolución Constitucional” 165/2022, y planilla de registro de asistencia de la menor BB luego del hecho); los seis DVD, el acta de audiencia de 20 de julio de 2023, el pronunciamiento de padres de familia del curso primero “F” de 5 de diciembre de 2022, la Nota al Director Departamental de Educación de Chuquisaca del segundo “F” de 5 de febrero de 2023, la respuesta de 23 de noviembre de 2022 emitida por la demandada -ahora tercera interesada- a la denuncia, dirigido a la Psicóloga Brenda Noelia Rojas Padilla, respuesta a oficio formulado por el Presidente del curso segundo “F” y el acta de reunión de 30 del citado mes y año; y, c) La decisión se basó en prueba inexistente o que refleja un hecho diferente; por cuanto, se estableció que el “INFORME PERICIAL” tuvo por desvirtuado el testimonio de la menor de edad BB, empero, en el proceso no existe prueba pericial alguna. Ante ello, la parte accionada manifestó que al emitirse el Auto de Vista SFNA 115/2024 no se transgredió el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación así como el interés superior del niño y la prioridad absoluta, por cuanto, se basó en fundamentos expuestos en la Resolución 023/2024 -emitida en otra acción de amparo constitucional-, en la que se determinó conceder la tutela impetrada por la ahora tercera interesada, dándose una respuesta clara y concreta respecto a todos los agravios expresados. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0753/2019-S1 de 26 de agosto, asumiendo los entendimientos establecidos por la jurisprudencia constitucional, precisó que: «(…) Sobre este particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tristán Donoso Vs. Panamá sostuvo que: ‘“…la motivación es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática"; en tal sentido, se tiene que la motivación debe ser entendida como la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador arriba a una conclusión y asume una decisión; imperativo por el que toda resolución debe contener el desarrollo de los razonamientos de hecho por los cuales se emite el pronunciamiento vinculados con cada uno de los asuntos sometidos a la decisión del juzgador, esto es, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, constituyendo por ende la motivación de todo fallo un deber fundamental inexcusable al momento de resolver los asuntos que conozcan.
Por otra parte, la fundamentación constituye la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos fácticos expresados por el administrador de justicia, quien recurre sistemáticamente a las normas relevantes del ordenamiento jurídico a objeto de resolver las causas sujetas a su conocimiento, ello implica que las razones fácticas o criterios que son parte de la motivación se subsumen a la norma aplicable al caso, configurando ello los razonamientos legales de la decisión…» (las negrillas nos corresponden).
Jurisprudencia reiterada
Al respecto, la SCP 0822/2018-S1 de 5 de diciembre, sostuvo que: “La SCP 2142/2013 de 21 de noviembre, recopilando la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional referida a las subreglas excepcionales de no valoración de la prueba, en lo más sobresaliente sostuvo: ‘En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Claro está que además de ello, en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia de que su incumplimiento ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional. Supuestos que constituyen excepciones a la regla aludida; dado que se admite injerencia de la jurisdicción constitucional, únicamente cuando se evidencian dichas vulneraciones; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente”’ (las negrillas son nuestras).
Delimitada la problemática traída en revisión, previo a efectuar un eventual análisis de la misma, es necesario considerar que las autoridades accionadas al momento de presentar su informe para la consideración de la presente acción de defensa, manifestaron que no se transgredió el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación concordante con el interés superior del niño y la prioridad absoluta, por cuanto, al emitir el Auto de Vista SFNA 115/2024 de 12 de marzo, se basaron en fundamentos expuestos en la Resolución 023/2024 de 6 de febrero, emitida en una anterior acción de amparo constitucional; expresión que si bien no pretendía que sea considerada como una causal de improcedencia de la acción tutelar; empero, dicho aspecto no puede ser soslayado por este Tribunal. En esa línea, debe considerarse que, la jurisprudencia constitucional fue estableciendo una línea sólida respecto a la improcedencia de activar otra acción de amparo constitucional para cuestionar lo decidido en otra acción de defensa; así, la SCP 0081/2014-S3 de 27 de octubre, asumió el siguiente razonamiento: “…No se puede, a través de otro amparo, impugnar o cuestionar decisiones de autoridades o personas particulares emergentes de resoluciones de defensa (incluye a la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional)”. Ahora bien, de forma posterior la jurisprudencia constitucional, a través de la SCP 0261/2024-S2 de 18 de junio, manifestó que la línea citada precedentemente ciertamente se sustenta en la irrevisabilidad de lo decidido en la justicia constitucional, no obstante, es posible ingresar al análisis de la segunda acción tutelar si “…la problemática identificada en cada una de las acciones de amparo constitucional, es completamente distinta, no buscando la segunda acción de defensa interpuesta la modificación, anulación y menos aún contrariar el criterio vertido de la primera determinación constitucional…”. Bajo ese comprendido, a fin de determinar si la presente acción de amparo constitucional se adecúa a la causal de improcedencia citada precedentemente, es necesario establecer si la misma pretende modificar o anular la decisión de una primera acción tutelar, en ese sentido, inicialmente, resulta necesario hacer alusión a los antecedentes del presente caso, así, se tiene que, dentro del proceso de infracción por violencia a niña, niño y adolescente, iniciado por la representante de la menor de edad BB contra Alina Rosario Pérez Rosales -ahora tercera interesada- se emitió la Sentencia 41/2023 de 4 de agosto, declarándose improbada la demanda, por cuanto no se demostró que la demandada habría sometido a la niña a un castigo físico, psicológico u otra forma que degrada o afecten a su dignidad (Conclusión II.1); ante esa determinación, la representante de la niña BB interpuso recurso de apelación que fue resuelto a través del Auto de Vista SFNA 491/2023 de 27 de octubre, resolviéndose revocar totalmente la indicada Sentencia y declarándose probada la demanda de infracción por violencia (Conclusiones II.2 y II.3). Así, siendo que la demandada -ahora tercera interesada- consideraba que el referido Auto de Vista transgredía sus derechos, planteó una acción de amparo constitucional, que mereció la Resolución 023/2024, mediante la cual, concedió la tutela impetrada y dispuso dejar sin efecto el mencionado Auto de Vista SFNA 491/2023, por ello, en cumplimiento de dicha determinación Ingrid Aurora Arízaga Flores, Vocal de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia; y, Roberto Iborg Valdiviezo Salazar, Vocal de la Sala Civil y Comercial Primera, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora accionados-, pronunciaron el Auto de Vista SFNA 115/2024, confirmando la Sentencia 41/2023 (Conclusiones II.4 y II.5). Precisado lo anterior si bien se advierte que el Auto de Vista SFNA 115/2024 fue emitido en cumplimiento de la Resolución 023/2024 que resolvió una anterior acción de amparo constitucional -registrada en el Sistema de Gestión Procesal del Tribunal Constitucional Plurinacional bajo el número de expediente 61314-2024-123-AAC, la cual aún se encuentra pendiente de sorteo y revisión- que prima facie haría entrever que a través de la presente acción de defensa se busca una revisión, modificación o anulación de lo decidido en la jurisdicción constitucional, no obstante, siendo precisos en el análisis, debe considerarse que, la Resolución 023/2024 comprendió que el Auto de Vista SFNA 491/2023 no ingresó al fondo de los agravios planteados en el recurso de apelación; por ello, al incurrirse en una incongruencia omisiva o citra petita se concedió la tutela de derechos y dispuso la emisión de un nuevo fallo, razón por la que, se pronunció el Auto de Vista SFNA 115/2024, este último que efectuando un análisis de fondo lesionaría los derechos de la parte ahora accionante -conforme se alega en la presente acción de defensa-; consecuentemente, en esta segunda acción de amparo constitucional se cuestionan aspectos precisamente relacionados con la consideración de fondo (fundamentación y motivación insuficiente o indebida vinculada a la irrazonable valoración de la prueba u omisión en su valoración) sin que se pretenda una modificación, anulación y menos contrariar el criterio vertido en la primera acción tutelar, lo que hace que sea posible ingresar al análisis de fondo. Ahora bien, siendo que en la presente acción de amparo constitucional, la parte accionante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación por la omisión y errónea valoración de la prueba, es necesario remitirse al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, en el que se sostuvo, las decisiones que adopte una autoridad judicial deben contener la estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos fácticos expresados en el fallo o cita de los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada; es decir, la fundamentación; además de, las razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida, lo que se constituye en la motivación. Este último elemento del debido proceso que se encuentra intrínsecamente vinculado al componente del debido proceso, valoración de la prueba; por ello es imprescindible remitirse al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el que se estableció que esta jurisdicción constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando “a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento.”; empero, dicha competencia se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. Precisado el entendimiento que servirá de punto de partida para el análisis del presente punto, a fin de verificar si los Vocales ahora accionados incurrieron o no en las irregularidades denunciadas, corresponde hacer alusión tanto a los argumentos expresados en el recurso de apelación interpuesto como a los fundamentos contenidos en el Auto de Vista SFNA 115/2024, en ese sentido: 1) En el memorial de recurso de apelación de 29 de septiembre de 2023 interpuesto contra la Sentencia 41/2023, se advierte que, la parte impetrante de tutela -entonces recurrente- manifestó que:
i) No se otorgó de manera concreta individual e íntegra valor a cada una de las pruebas ni especifica cuál hecho demuestra o desvirtúa lo sucedido; a) En cuanto a la entrevista psicológica realizada por Micaela Delgadillo Camacho, únicamente se copió parte de la misma sin referirse al testimonio de la menor de edad BB respecto a los hechos; por lo que, no se le otorgó ningún valor; b) Pese a que el Informe de Entrevista Psicológica efectuado por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, fue realizada de mala voluntad, se tiene que la misma identificó el hecho de forma clara reforzando la entrevista psicológica realizada por Micaela Delgadillo Camacho; empero, no se otorgó un valor probatorio alguno; c) En el Informe Psicosocial elaborado por el Equipo Interdisciplinario del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, se ratificó el testimonio de la menor de edad BB, sin embargo, dicha declaración no fue valorada; d) La declaración testifical de Ximena Yovanna Parraga Ortiz narra de forma clara todos los hechos que presenció; empero, no se le dio ningún valor, ya que simplemente se transcribió partes de la declaración y no así la parte importante de la atestación; e) La declaración de Sonia Paliza Terrazas no fue valorada; f) Respecto a la declaración de Leocadio Villalta Velásquez se transcribió partes de la atestación, empero, no se otorgó valor alguno; g) No se valoró la prueba de descargo (fotografía de la menor BB tomada por Mónica Fátima del Rio Palacios, pronunciamiento de los padres de familia del curso primero “F” de 5 de diciembre de 2022, Nota de 5 de febrero de 2023 del segundo “F” al Director Departamental de Educación de Chuquisaca, respuesta de 23 de noviembre de 2022 emitida por “Alina” a la denuncia, dirigido a la Psicóloga Brenda Noelia Rojas Padilla, respuesta a oficio formulado por el Presidente del curso segundo “F”, Informe de las Profesoras Leonor Orellana y Mónica Fátima del Rio Palacios, y acta de reunión); h) Se le otorgó una errada valoración a la testificación de Álvaro Matienzo Barrero, Martha Milta Lucas Cautin, Ivonne Griceida Lazcano Iriarte, Mónica Fátima del Rio Palacios y Verónica Guerrero Méndez, las cuales no aportaron nada en el hecho que se juzga; i) El Informe Psicosocial realizado por el Equipo Interdisciplinario del Juzgado, fue valorado erróneamente; j) No se valoró ni mencionó el Informe de Sulma Olga Argandoña Rollano, acta de posesión, denuncia del primer día de clases de 12 de abril de 2022, solicitud de informe por violencia del curso primero “E” de 20 de septiembre del citado año, denuncia de Sonia Paliza Terrazas, Resolución 01/2022 del segundo “B” amarillo, queja de curso segundo “B” por los birretes del día de clausura, informe de la comisión de conflictos, solicitud para acuerdo de conflictos, acta, nota de Ximena Yobanna Parraga Ortiz por la acusación de robo, nota dirigida al Director Distrital -de Educación de Sucre-formulada por las auxiliares, nota dirigida a la Junta Escolar por parte del plantel administrativo, Informe de la junta escolar, respuesta de Mercedes Ugarte Ovando; y, k) No se realizó una correcta valoración del Auto de Inicio de Proceso Disciplinario DDES/TD 008/2022 de 30 de mayo, Autos Final de Proceso Disciplinario DDES/TD 001/2022 de 20 del citado mes y DDES/TD 08/2022 de 3 de agosto, Resolución Administrativa Departamental en Apelación D.D.E.CH. 007/2022 de 24 de junio, “Resolución Constitucional” 165/2022 de 28 de diciembre, y planilla de registro de asistencia de la menor de edad BB; ii) La Sentencia 41/2023 es incongruente, por cuanto, la motivación es contraria a los elementos de prueba desarrollados en juicio y descritos en la indicada Sentencia; iii) La Jueza a quo limitó la fundamentación y motivación, ya que simplemente se refirió a la prueba, pero no llegó a explicar de forma clara con cuál de los elementos de prueba llega a las conclusiones erradas que llevan a determinar una sentencia injusta; y, iv) La Sentencia 41/2023 inobserva el art. 193 inc. c) del CNNA, relativo al principio de presunción de verdad que dispone que para asegurar el descubrimiento de la verdad, todas las autoridades del sistema judicial deberán considerar el testimonio de la niña como cierto, en tanto no se desvirtúe objetivamente el mismo; asimismo, se inobservó la jurisprudencia vinculada a los tipos de violencia y el grado de afectación de infracciones (SCP 0469/2019-S2 de 9 de julio), que establece que la frecuencia, la gravedad y la intención de causar daño no son requisitos previos para las definiciones de violencia. 2) En el Auto de Vista SFNA 115/2024 los Vocales accionados manifestaron:
“…En relación a los cuatro agravios expuestos en el recurso de apelación, se analizan en uno, habida cuenta que guardan relación los unos con los otros. (…) …la Juzgadora (…) ha podido llegar a la conclusión de que los medios de prueba no sostienen la hipótesis planteada en la demanda, pues si bien consideró la declaración de la niña en razón a su característica de verosimilitud y en interés superior de la niña, determinó que dicha prueba por sí misma, no puede ser considerada como plena o determinante en el proceso, puesto que tal prueba, lógicamente tenía que ser respaldada en otro medio de prueba que le otorgue sustento, pues el hecho de considerar una sola prueba como determinante, seria arbitrario, más aun cuando, lo concluido en la entrevista llevada a cabo a la menor de edad por la psicóloga del Equipo Interdisciplinario del juzgado y el de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del D-1, no refiere que la demandada se hubiera referido a la menor con improperios, a pesar de hacer referencia al hecho de que la menor se hubiera orinado en su traje en razón de que no se le hubiera permitido ir al baño en el momento que precisaba, siendo diferente la versión informada por la Psicóloga de la parte demandante, lo cual fue considerado por la Juez en el proceso, habiendo también considerado la Juez las testificales de cargo, las cuales analizadas en Alzada, se tiene, que la testigo Ximena Yovana Párraga Ortiz, si bien hizo una descripción de los acontecimientos que se dieron en fecha 11 de noviembre de 2022, en el cual se habría generado el hecho juzgado, la misma no es clara en su declaración, pues señala en la misma que alguien (la profesora Leonor) le dijo que la niña se orino, porque la profesora ahora demandada, no le habría dejado ir al baño, siendo dicha testifical de la testigo, sólo referencial, es decir, testifico de algo que no le consta, o que sólo conocería de referencia porque otra persona le comentó, pues si bien la testigo vio que la niña se orinó, no le constaba el hecho que de que ello se dio porque la profesora no le dejo ir al baño o que la profesora demandada, hubiera proferido la frase ‘ahora te aguantas cochina’. Por otro lado, la testigo Sonia Paliza Terrazas y Leocadio Villata Velásquez, tal como señaló la Juez del proceso, no pueden ser considerados como testigos imparciales, pues la testigo, expresamente manifestó que tiene rencillas con la profesora demandada, al igual que el padre de la menor de edad, por ello la Juez del proceso, por lógica, en su sana critica razonó en sentido de que obviamente la naturaleza humana, en ese tipo de circunstancias hace que una persona pueda generar animadversión con otra, lo cual comprometa su imparcialidad, aspecto que fue tomado en cuenta por la Juez del caso, a fin de la valoración de las declaraciones de estos dos testigos. Así mismo, la declaración de la Psicóloga independiente Micaela Delgadillo Camacho, es respecto a un suceso que le fue puesto en conocimiento y el cual la niña repetía, como un juicio de valor respecto a su maestra y respecto a circunstancias relativas al hecho juzgado, lo cual fue ya plasmado en un informe emitido por dicha profesional, donde no se menciona la existencia de secuelas posteriores; sin embargo, también debe de considerarse que esta prueba es de cargo, es extra proceso, no fue producida en el trámite del proceso y que los argumentos que contiene el informe emitido por la profesional Psicóloga, así como las conclusiones a las que arriban, no son respaldadas por el informe de la metodología que se siguió o el protocolo que aplicó la Psicóloga para llegar a escudriñar los aspectos que señala en su informe y los resultados que expone que se habrían obtenido. La afirmación que efectúa la recurrente de que la prueba de fs. 419 a 412 de obrados, consistente en una entrevista psicológica, que fue realizada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito N° 1, habría sido efectuada de mala voluntad, no puede ser considerada a fines de esclarecimiento por parte del Tribunal de segunda instancia, pues la afirmación que efectúa la recurrente, es un juicio de valor subjetivo manifestado por la recurrente, en su subjetivo parecer de si hubiera habido o no buena o mala voluntad, siendo evidente que, en el informe remitido por tal instancia, si se hizo referencia a un juicio de valor, pero es relativo al expuesto por la menor de edad, cuando de forma repetitiva y sin comprensión ni conocimiento del significado intrínseco de lo que afirmaba, señaló que: ‘su profesora es mala porque no le permitió ir al baño’, pues tal afirmación, no puede ser considerada como un hecho, sino que es un juicio de valor que estaría afirmando una niña de escasa edad.
Es importante señalar, dentro del margen que permite la sana critica, que a razón de cómo sucedieron los acontecimientos, el hecho investigado se produjo en momento coetáneo al ingreso del número musical en el que debía participar la menor (…); circunstancia en la que, de manera imprevista la niña tuvo necesidad de realizar sus necesidades fisiológicas y tal circunstancia generó en la maestra una situación de stress, lo cual guarda coherencia con el informe psicológico elaborado por el Equipo Interdisciplinario del juzgado que refiere a fs. 413 que ‘bajo ciertas circunstancias (la maestra) podría tener dificultad para controlar sus reacciones, siendo precipitada, es decir que sus decisiones las toma de forma rápida, esta característica converge con la escala de impulsividad cognitiva...pudiendo este factor estar asociado con reacciones de hostilidad verbal’, en base de este antecedente que acredita impulsividad en sus reacciones, la maestra denunciada, como emergencia de la imprevista necesidad de la menor de ir al baño, se encontró en una disyuntiva de decidir entre la necesidad de priorizar la preparación del ingreso de los demás participantes al baile programado y la necesidad de atender a la menor en esa situación imprevista de necesidad fisiológica; debido a esa circunstancia, la denunciada se vio en la necesidad de asumir una decisión rápida y de acuerdo a su característica de personalidad detallada en el informe del Equipo Interdisciplinario, tomó una decisión irreflexiva y no adecuada, pues bien pudo, llamar a los padres de la menor o a otras personas dependientes de la Unidad Educativa, para que mientras ella sigue a cargo de los demás menores que se encontraban listos para el acto musical, se priorice a su vez también al mismo tiempo, la atención de la necesidad imprevista de la menor de edad, de realizar sus necesidades fisiológicas; caso en el cual, de haber asumido una decisión más adecuada, hubiese tenido la oportunidad de dar respuesta pronta y eficaz a ambas situaciones que la controvirtieron en una decisión y por tanto, la pusieron en una situación de estrés, en la cual, resulta evidente que no asumió una decisión reflexiva y adecuada, pues a la luz de los acontecimientos y de la lógica como componente de la sana critica, que la maestra pidió a la menor que se aguante (las precisiones sobre la credibilidad de los demás testigos que la acusan no son creíbles por razones ya anotadas y que se respaldan por la entrevista de fs. 421, elaborado por la Defensoría de la Niñez del D-1 en la cual la menor, responde espontáneamente que la maestra no la tildó de ser una cochina), resultando por esa razón que no se genera convicción suficiente para establecer que la maestra obró con intencionalidad manifiesta de causar daño psicológico a la menor; ante esa circunstancia, que impidió a la menor poder efectuar sus necesidades fisiológicas, esta necesidad llegó a ser inevitable y la menor no pudo aguantar y terminó mojándose el cuerpo con sus residuos corporales.
Este hecho trasuntado a la adecuación o subsunción de la infracción denunciada, a criterio del Tribunal de Alzada, no genera convicción suficiente del obrar culposo (acción u omisión que implique culpabilidad) de la maestra denunciada y, por tanto, no se adecua a las infracciones denunciadas previstas en los incisos a), i) del art. 153 de la Ley N° 548, sobre cuyos presupuestos de subsunción, los desarrollamos a continuación: a) Sometimientos a castigos físicos u otras formas que degraden o afecten la dignidad de la niña, niño o adolescente, así sea a título de medidas disciplinarias o educativas, excepto las lesiones tipificadas en la normativa penal; La infracción en análisis, exige el sometimiento de la víctima a formas de violencia que degraden o afecten la dignidad de la menor (resultado objetivo), si concurren estas circunstancias la infracción es concurrente. En el caso, el hecho atribuido a la denunciada y que se considera contrario a la dignidad de la menor de edad, constituye el de, presuntamente haberle impedido ir al baño y tildar a la menor de cochina (…). Al tratar el caso, de hechos de presunta violencia verbal, de acuerdo al art. 151 inc. c) de la Ley N° 548, ésta para ser concurrente debe reunir la condición de constituir un ‘insulto, grito, palabras denigrantes, expresadas en forma oral y repetida...’, encontrándose que además de existir duda razonable que la maestra hubiese tildado a la menor de cochina debido a las razones ya expuestas, la condición normativa, es que estas palabras sean ejercidas en forma reiterada, como conducta destinada a socavar la dignidad y la salud emocional de la menor de edad, teniéndose en el caso, que la palabra presuntamente vertida, además de estar en duda sobre la autoría de la denunciada sobre su ejecución, se dio en una sola oportunidad y no en forma reiterada como exige la norma, debido a esa razón, este Tribunal no encuentra concurrente el acto de violencia verbal en el modo de resultado objetivo que exige el art. 147 de la Ley N° 548, que indica, que se considerará concurrente el acto de violencia, cuando existan ‘acciones u omisiones’ (plural como exige el art. 151 - c) que: ‘ocasione daños, sufrimiento, perjuicios en la salud física, mental, afectiva del NNA’, pues sobre este resultado el informe pericial del Equipo Disciplinario a fs. 411 vta., sobre la salud emocional de la menor LSVG, el informe concluye: ‘no se registra afectación, toda vez que no presenta síndromes clínicos, trastornos de conducta internos y externos; es decir que se encuentra emocionalmente estable, exenta de ansiedad-depresión, quejas somáticas, retraimiento, no presenta problemas del sueño, de atención y de conducta agresiva, situación psicológica que puede obedecer: a) Que el hecho en sí mismo no provocó impacto negativo psicológico; b) La niña en sí mismo cuenta con recursos que le permite responder con adecuado ajuste a situaciones adversas’. De lo anterior, queda constancia suficiente que genera convicción al Tribunal que el hecho no se adecua a la infracción por violencia prevista en el inciso a) del art. 153 de la Ley N° 348, al no concurrir pluralidad de conductas que impliquen sometimiento de la menor a violencia verbal que sea reiterada y destinada a degradar o afectar la dignidad de la menor, al haber sucedido el hecho una sola vez, en circunstancias donde la denunciada, si bien no tomó una decisión reflexiva y adecuada que le permita atender a la vez del número musical y también las necesidades de la menor; este hecho no constituye en sí un obrar que implique una intencionalidad manifiesta de generar en la menor un daño a su dignidad, al constituir el hecho, en una circunstancia imprevista que generó la necesidad de la menor de realizar sus necesidades fisiológicas en un momento coetáneo a su participación en la danza programada; por lo tanto, se generó en la denunciada una situación repentina, que si bien no supo manejar en procura de un mejor resultado, a la vez no obró con intencionalidad de causar daño a la dignidad de la menor, por esa misma razón no se repitió la conducta como exige la norma de tal forma de ser reiterada y capaz de dañar la salud emocional de la menor; puesto que además, el resultado dañoso pretendido, no está dado en función de haberse impedido que la menor vaya al baño o ésta se hubiese orinado como finalmente sucedió, sino del resultado de vergüenza que le genera a la menor, ante su círculo social el reproche de esta conducta, el cual, como quedó disipado en el informe pericial, además de ser un hecho no directamente atribuible a la maestra, pues media un acto natural de evacuación de las necesidades vitales, este hecho si bien avergonzó a la menor, no le generó según la el informe un resultado que le genere daño psicológico negativo, al ser por la edad de la menor (para entonces 4 años) una circunstancia que es previsible para niños de su edad que se encuentran en aprendizaje del control de su esfínter, por lo tanto, no es propio únicamente de la menor, sino, una posibilidad que se produce e niños de su edad y ello, implica a la luz de la comprensión de los menores un acto de normalización de este resultado (no control del esfínter). i) Violencia en el ámbito escolar, tanto de pares como de no pares, sin perjuicio de que se le siga la acción penal, y siempre que se encuentre tipificada en la normativa penal;
(…) Por otro lado, es evidente que en la sentencia apelada señala que, en el Informe Psico-social cursante de fs. 391 a 413 de obrados, se indicó que la niña recuerda de manera clara que se orinó en su buzo de conejita el día del festival de danzas, ante la prohibición de la maestra de dejarla ir al baño, pero en tal informe, no indica que la maestra se hubiera referido a la menor con improperios, además de que, la misma niña en la entrevista psicológica realizada por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia D-1, cursante de fs. 419 a 422 del expediente señala, ‘hizo conocer que la profesora le dijo que espere y se hizo pipi; porque la profesora no quería que vaya al baño y entonces se hizo pipi’ (fs. 8 vta. de Resolución AAC N° 023/2024-SCII), pero no se afirmó que la profesora demandada le hubiese dicho a la niña que se aguante o que la niña fuera cochina. Asi mismo, en cumplimiento de la Resolución AAC N° 023/2024-SCII de 6 de febrero de 2024, corresponde considerar de manera integral la prueba consistente en el Informe de la Defensoría de la Niñez del D-1, el cual en el acápite IV, correspondiente a ‘Resultados de la Evaluación Psicológica’ de forma clara señala que: ‘La niña al momento de la entrevista se mostró inquieta, su mente estaba preocupada por querer jugar con los juguetes de la oficina, a mucha insistencia logra colaborara con la entrevista, poco expresiva con sus sentimientos, emociones durante el relato, refiere que su profesora es mala porque no le permitió ir al baño, también que es mala pero no responde porque es mala ni que es lo que les hace o le dice la profesora para ser mala, ya que era el único discurso que repetía en toda la entrevista, ‘la profe es mala porque no me dejo ir al baño y me hice pipi’ por otro lado la niña refiere que quería seguir yendo a clases pero que no va porque los padres le dijeron que ya acabo. Se la ve a la niña llena de vida, de alegría. como que no percibe el grado de maldad que puedan tener las otras personas, ella solo piensa en jugar y ser feliz’ De lo cual se tiene que, es evidente que en las conclusiones resultados de la evaluación psicológica que efectúo la Psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del D-1, no se señala que la niña tuviera alguna afectación o que el hecho aconteció tal como se señala en la denuncia, pues como ya se mencionó anteriormente, la menor de edad en las entrevistas psicológicas llevadas a cabo de forma separada, tanto por la Psicóloga del juzgado, como por la Psicóloga de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 1, en realidad no hizo referencia al hecho de que la maestra le hubiera dicho ‘ahora te aguantas cochina’, sino que la menor afirmó y repitió un juicio de valor, que bien pudo ser aprendido por repetición, como es señalar ‘la profe es mala porque no me dejó ir al baño y me hice pipi’, aspecto, que si bien no describió de ésta manera la Juez de primera instancia, consideró, a fin de arribar a la decisión expresada en la Sentencia N° 41/2023, siendo evidente asimismo, que si bien existe dentro del proceso, antecedentes correspondientes a la Entrevista Psicológica, saliente de fs. 6 a 10 de obrados, llevada a cabo por la profesional Psicóloga Micaela Delgadillo Camacho, la misma debe ser considerada en sentido de que es un medio de prueba, producido extra proceso, la cual se encuentra cuestionada a través del Informe de Valoración Técnica de la prueba (Entrevista), siendo necesario tomar en cuenta que precisamente en el Informe de Valoración Técnica, se refirió que la entrevista y las conclusiones a las que se arribaron y se mencionan en tal informe, que sale de fs. 6 a 10 de obrados, fueron elaboradas sin cumplir con una metodología, ni el seguimiento de un protocolo, debiendo de considerarse además, que si bien el Informe de Valoración Técnica, no es una prueba directa, la valoración técnica confronta o aclara la validez de una prueba, en este caso la entrevista psicológica a la niña, efectuada extra proceso, plasmada en un informe, respecto a su contenido y obtención del resultado, aspecto que si bien no expuso la Juez de primera instancia en estos términos, debe de considerarse, pues este razonamiento sostiene el resultado al cual arribó la Juez en el proceso. (…) Por otro lado, es evidente que la recurrente pretende hacer entrar en confusión a este Tribunal de Alzada al referir que, la Juez del caso no estableció cuál es el elemento de prueba por el que ha llegado a desvirtuar objetivamente el testimonio de la menor de edad; pues en la exposición y argumentos contenidos en la sentencia, no se refirió que se hubiera desvirtuado el testimonio de la menor, sino que el mismo fue analizado conforme el verdadero dimensionamiento de lo referido por la menor y la interpretación que debió darse a lo mencionado por la misma, aspecto que si bien no es el que se acomoda al criterio de la apelante, no significa que no sea el razonable y más prudente, que fue debidamente analizado por la Juez del proceso, puesto que además lo referido por la menor en la entrevista con la psicóloga de la DNNA D-1 y ante la psicóloga del Equipo Interdisciplinario del juzgado, fue analizado de forma individual y de manera integral junto con el demás elenco probatorio introducido al proceso, vale decir prueba de cargo y de descargo y si bien, la Juez del proceso no señaló de forma amplia en su motivación sobre la valoración probatoria que dio lugar a la forma de resolución a la cual arribó en el proceso, dicho aspecto considerado y suplido por este Tribunal de Alzada, conforme el lineamiento dispuesto en la Resolución AAC N° 023/2024-SCII de 6 de febrero de 2024, puesto que en la instancia de apelación se puede efectuar la actividad de valoración de prueba e interpretación de legalidad, lo cual se efectuó en el presente caso” (sic [las negrillas son añadidas). Ahora bien, trasuntado los argumentos del recurso de apelación y los fundamentos del Auto de Vista SFNA 115/2024, corresponde resolver cada una de las problemáticas traídas en revisión; así:
En cuanto a la primera problemática, la parte accionante alega que los Vocales accionados se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad al realizar una irrazonable valoración de la prueba, señalando que: 1) Se le otorgó un valor imperativo a la prueba denominada
“…Valoración Técnica de la Prueba…” (sic), restándole todo valor al testimonio de la menor de edad BB desarrollado ante la Psicóloga Micaela Delgadillo Camacho, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el Equipo Interdisciplinario del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, cuando la indicada documental únicamente es una crítica sin fundamento que no guarda rigor científico alguno; por ello, al realizar esa valoración se inobservó lo previsto por el art. 219 del CNNA respecto a la aplicación prioritaria del interés superior y demás principios como el de desformalización y presunción de verdad. En el presente punto, debe considerarse que, si bien el reclamo se encontraría vinculado esencialmente a la valoración que se efectuó del informe de “…Valoración Técnica de la Prueba (Entrevista)…” (sic); no obstante, la parte impetrante de tutela es expresa al señalar que la labor valorativa de dicho elemento probatorio restaría valor al testimonio de la menor de edad BB que fue brindado ante diferentes profesionales (entrevistas dadas ante la psicóloga de parte; de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y, del Juzgado); en ese sentido, en el Auto de Vista SFNA 115/2024 (trasuntado en párrafos precedentes) se revisará la valoración realizada respecto a esos elementos; así, se tiene que: i) Los Vocales accionados remitiéndose a la entrevista psicológica de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia señalaron que en sus resultados se establecía que la menor BB refería que “…su profesora es mala porque no le permitió ir al baño, también que es mala pero no responde porque es mala ni que es lo que les hace o le dice la profesora para ser mala, ya que era el único discurso que repetía en toda la entrevista, ‘la profe es mala porque no me dejo ir al baño y me hice pipi’…”’ (sic); y, ii) Respecto a la entrevista efectuada ante el Equipo Interdisciplinario del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, los operadores de justicia ahora accionados manifestaron que en dicho elemento probatorio se estableció que la niña BB “…no hizo referencia al hecho de que la maestra le hubiera dicho ‘ahora te aguantes cochina’ sino que la menor afirmó y repitió (…) ‘la profe es mala porque no me dejo ir al baño y me hice pipi”’ (sic). Ahora bien, con esos dos elementos probatorios, las autoridades judiciales accionadas concluyeron que los resultados evidenciaban que la niña no tendría alguna afectación ni que el hecho aconteció como fue denunciado, señalando además que las dos entrevistas no referirían que “…la demandada se hubiera referido a la menor con improperios, a pesar de hacer referencia al hecho de que la menor se hubiera orinado en su traje en razón de que no se le hubiera permitido ir al baño en el momento que precisaba…” (sic) Ahora bien, en cuanto a la entrevista psicológica efectuada ante la Psicóloga Micaela Delgadillo Camacho, se advierte que, los Vocales accionados señalaron que la misma contenía “…una diferente versión…” (sic) a la expresada en las entrevistas realizadas ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el Equipo Interdisciplinario del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca; además, los indicados Vocales manifestaron que dicha prueba “…debe ser considerada en sentido de que es un medio de prueba, producido extra proceso…” (sic), la misma que inclusive se encontraba cuestionada por el informe de “Valoración Técnica de la Prueba (Entrevista)…” (sic), momento en el que los operadores de justicia accionados consideran este elemento probatorio y señalan que este informe concluyó que la entrevista psicológica efectuada ante la Psicóloga Micaela Delgadillo Camacho fue elaborada sin cumplir con una metodología ni el seguimiento de un protocolo; consideración con la que, los referidos Vocales señalaron que “…si bien el Informe de Valoración Técnica, no es una prueba directa, la valoración técnica confronta y aclara la validez de una prueba, en este caso la entrevista psicológica a la niña, efectuada extra proceso…” (sic). Consecuentemente, de la revisión de la valoración efectuada, se tiene que, las autoridades accionadas al considerar el informe “…Valoración Técnica de la Prueba (Entrevista)…” (sic) desde ningún punto de vista restaron valor al testimonio de la menor de edad BB realizado ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; y, ante el Equipo Interdisciplinario del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, por cuanto, el citado informe “…Valoración Técnica de la Prueba (Entrevista)…” (sic) únicamente fue considerado para valorar la entrevista realizada ante la Psicóloga Micaela Delgadillo Camacho, que si bien permitió concluir que dicha entrevista no cumplió con una metodología o un protocolo, confrontando o aclarando la validez de la misma; sin embargo, ello tampoco le restó valor a la aludida entrevista, ya que, tal como lo señalaron los Vocales accionados, el testimonio de la menor de edad BB “…fue analizado conforme el verdadero dimensionamiento de lo referido por la menor y la interpretación que debió darse a lo mencionado por la misma (…) además lo referido por la menor en la entrevista con la psicóloga de la DNNA D-1 y ante la psicóloga del Equipo Interdisciplinario del juzgado, fue analizado de forma individual y de manera integral junto con el demás elenco probatorio introducido al proceso, vale decir prueba de cargo y de descargo…” (sic); en ese sentido, se tiene que, los operadores de justicia accionados analizaron lo referido por la menor BB, tomando en cuenta todas las entrevistas, analizando las mismas de forma individual e integral. Sumando a lo anterior, se tiene que, los Vocales accionados también manifestaron que “…los medios de prueba no sostienen la hipótesis planteada en la demanda, pues si bien consideró la declaración de la niña en razón a su característica de verosimilitud y en interés superior de la niña, determinó que dicha prueba por sí misma, no puede ser considerada como plena o determinante en el proceso, puesto que tal prueba, lógicamente tenía que ser respaldada en otro medio de prueba que le otorgue sustento, pues el hecho de considerar una sola prueba como determinante, seria arbitrario, más aun cuando, lo concluido en la entrevista llevada a cabo a la menor de edad por la psicóloga del Equipo Interdisciplinario del juzgado y el de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del D-1, no refiere que la demandada se hubiera referido a la menor con improperios, a pesar de hacer referencia al hecho de que la menor se hubiera orinado en su traje en razón de que no se le hubiera permitido ir al baño en el momento que precisaba, siendo diferente la versión informada por la Psicóloga de la parte demandante…” (sic). En ese sentido, se tiene que, las autoridades accionadas al momento de valorar el testimonio de la menor de edad BB realizado ante la Psicóloga Micaela Delgadillo Camacho, tomaron en cuenta los principios de presunción de verdad e interés superior del niño tal como exige el art. 219 CNNA; sin embargo, se determinó que ese testimonio por sí mismo no podía ser considerado determinante o decisivo, debido a que, las entrevistas efectuadas ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el Equipo Interdisciplinario del Juzgado contendrían otra versión de los hechos, sumado a ello, que no se tendría otra prueba que sustente el testimonio realizado ante la Psicóloga Micaela Delgadillo Camacho. Consecuentemente, por todo lo manifestado, se advierte que no es evidente que la labor valorativa de los Vocales accionados sea irrazonable ya que la misma denota que un análisis objetivo del informe “…Valoración Técnica de la Prueba (Entrevista)…” (sic) y del testimonio de la menor de edad BB desarrollado ante la Psicóloga Micaela Delgadillo Camacho, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y el Equipo Interdisciplinario del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, análisis en el cual, se reconoció la importancia de la declaración de la niña BB al considerar la verosimilitud e interés superior; sin embargo, también subrayó la necesidad de corroborar dicha declaración con otros medios de prueba para evitar decisiones arbitrarias; además, al existir discrepancia entre las versiones dadas en las entrevistas se resaltó la importancia de la coherencia y consistencia de las pruebas.
2) Respecto a las testificales de Sonia Paliza Terrazas y Leocadio Villalta Velásquez de manera subjetiva refirieron que se encuentra comprometida su imparcialidad, restando valor a ambas testificales sin mayor fundamento. Al respecto, siendo que la parte accionante alega que se efectuó una irrazonable valoración de dos declaraciones testificales citadas, resulta necesario remitirse a los fundamentos contenidos en el Auto de Vista SFNA 115/2024 (trasuntados en párrafos precedentes), en los cuales, refiriéndose a Sonia Paliza Terrazas y Leocadio Villalta Velásquez manifestó que “…no pueden ser considerados como testigos imparciales, pues la testigo, expresamente manifestó que tiene rencillas con la profesora demandada, al igual que el padre de la menor de edad, por ello la Juez del proceso, por lógica, en su sana crítica razonó en sentido de que obviamente la naturaleza humana, en ese tipo de circunstancias hace que una persona pueda generar animadversión con otra, lo cual comprometa su imparcialidad..” (sic). Ahora bien, respecto a la labor valorativa efectuada por los Vocales accionados, se advierte que, dichas autoridades judiciales ciertamente establecieron que Sonia Paliza Terrazas y Leocadio Villata Velásquez no podían ser considerados como testigos imparciales; sin embargo, para llegar a esa conclusión se consideró que las propias declaraciones hacían alusión a la existencia de rencillas con la demandada -hoy tercera interesada-, las cuales con base en la sana crítica en su principio lógico generaban animadversión que comprometía la imparcialidad; en ese sentido, siendo que la valoración se basó en la libre convicción de la prueba o sana crítica es evidente que existió un proceso subjetivo (la valoración se encuentra sujeta a la perspectiva de la autoridad judicial); sin embargo, el mismo se fundó en elementos objetivos y razonables (para el caso la misma atestación de los testigos).
Además, es necesario tener en cuenta que, si bien el art. 220 del CNNA prevé que “Se podrán habilitar como testigos a todas las personas que conocieran de forma directa los hechos, incluyendo a los parientes consanguíneos, dependientes, afines u otras personas que sean mayores de dieciséis (16) años”; sin embargo, es necesario considerar que los operadores de justicia tienen la obligación de evaluar la credibilidad y la imparcialidad de cada testimonio. Consecuentemente, no es evidente que irrazonablemente se hubiese restado valor a las declaraciones de Sonia Paliza Terrazas y Leocadio Villata Velásquez y menos que los Vocales accionados hubiesen valorado las declaraciones de manera subjetiva. 3) En cuanto a la testifical de Micaela Delgadillo Camacho, únicamente se manifestó que dicha testigo solo refirió lo que dijo la menor de edad BB en su entrevista, la cual ya se encontraba plasmada por escrito, mismo que fue presentado como prueba de cargo y extra proceso. Al respecto, siendo que la parte impetrante de tutela denuncia la valoración irrazonable de la testifical de Micaela Delgadillo Camacho; es preciso revisar el Auto de Vista SFNA 115/2024 respecto a la labor probatoria efectuada sobre este elemento probatorio; en ese sentido, del contenido del citado Auto de Vista (descrito en párrafos precedentes) se advierte que los Vocales accionados ciertamente manifestaron que la declaración de la Psicóloga Micaela Delgadillo Camacho “…es respecto a un suceso que le fue puesto en conocimiento y el cual la niña repetía, como un juicio de valor respecto a su maestra y respecto a circunstancias relativas al hecho juzgado, lo cual fue ya plasmado en un informe emitido por dicha profesional…” (sic); no obstante, lo referido desde ningún punto de vista resulta ser irrazonable debido a que únicamente se hizo alusión al contenido de la aludida declaración; y, bajo una valoración integral se estableció que dicho contenido se encontraba en la entrevista psicológica efectuada por la misma profesional, esta última respecto a la cual, manifestaron que “…es extra proceso, no fue producida en el trámite del proceso y que los argumentos que contiene el informe emitido por la profesional Psicóloga, así como las conclusiones a las que arriban, no son respaldadas por el informe de la metodología que se siguió o el protocolo que aplicó la Psicóloga para llegar a escudriñar los aspectos que señala en su informe y los resultados que expone que se habrían obtenido” (sic). Consecuentemente, bajo esas consideraciones se advierte que una desestimación de la indicada declaración no recae en lo irrazonable.
4) Subjetivamente se manifestó que la menor de edad BB de manera imprevista tuvo la necesidad de ir al baño; además que, existiría una supuesta situación de estrés de la Profesora en el momento de los hechos. Sobre este punto, cabe señalar que la parte peticionante de tutela considera que dos aspectos referidos por los Vocales serán subjetivos vale decir que provendrían de una interpretación personal respecto a los cuales no se tendrían elementos objetivos; en ese sentido, para establecer si ello es evidente resulta necesario remitirse al contenido del Auto de Vista SFNA 115/2024 (trasuntado en párrafos precedentes); así, respecto a que los Vocales accionados señalaron subjetivamente que la menor BB de manera imprevista tuvo la necesidad de ir al baño, se advierte que en el indicado Auto de Vista se manifestó que: “Es importante señalar, dentro del margen que permite la sana critica, que a razón de cómo sucedieron los acontecimientos, el hecho investigado se produjo en momento coetáneo al ingreso del número musical en el que debía participar la menor (…) -ahora accionante representada-; circunstancia en la que, de manera imprevista la niña tuvo necesidad de realizar sus necesidades fisiológicas…” (sic); asimismo, posteriormente reiteradamente señalaron que “…la denunciada, si bien no tomó una decisión reflexiva y adecuada que le permita atender a la vez del número musical y también las necesidades de la menor; este hecho no constituye en sí un obrar que implique una intencionalidad manifiesta de generar en la menor un daño a su dignidad, al constituir el hecho, en una circunstancia imprevista que generó la necesidad de la menor de realizar sus necesidades fisiológicas en un momento coetáneo a su participación en la danza programada; por lo tanto, se generó en la denunciada una situación repentina (…) además de ser un hecho no directamente atribuible a la maestra, pues media un acto natural de evacuación de las necesidades vitales…” (sic). A partir de lo referido, si bien sería posible determinar que la afirmación de que la menor de edad BB de manera imprevista tuvo la necesidad de ir al baño es subjetiva, al no respaldarse en alguna prueba en particular que establezca ese aspecto; sin embargo, debe considerarse que, los Vocales fueron expresos al señalar que “…que a razón de cómo sucedieron los acontecimientos, el hecho investigado ser produjo en momento coetáneo al ingreso del número musical en el que debía participar la menor (…), circunstancia en la que, de manera imprevista la niña tuvo la necesidad de realizar sus necesidades fisiológicas…” (sic); por lo que, se advierte que, los operadores de justicia en mérito a la sana crítica evaluaron los hechos y circunstancias de manera integral, observaron el contexto particular en el que ocurrió la necesidad que no era predecible en ese momento específico lo que justifica la calificación de imprevista. Por otra parte, respecto a que de manera subjetiva se estableció que existiría una supuesta situación de estrés de la Profesora en el momento de los hechos, de la revisión del Auto de Vista SFNA 115/2024 se tiene que, los Vocales accionados manifestaron que “Es importante señalar, dentro del margen que permite la sana critica, que a razón de cómo sucedieron los acontecimientos, el hecho investigado se produjo en momento coetáneo al ingreso del número musical en el que debía participar la menor (…); circunstancia en la que, de manera imprevista la niña tuvo necesidad de realizar sus necesidades fisiológicas y tal circunstancia generó en la maestra una situación de stress, lo cual guarda coherencia con el informe psicológico elaboradora por el Equipo Interdisciplinario del juzgado que refiere a fs. 413 que ‘bajo ciertas circunstancias (la maestra) podría tener dificultad para controlar sus reacciones, siendo precipitada, es decir que sus decisiones las toma de forma rápida, esta característica converge con la escala de impulsividad cognitiva...pudiendo este factor estar asociado con reacciones de hostilidad verbal…”’ (sic [el subrayado nos corresponde); en ese sentido, al mencionarse que la entrevista efectuada ante el Equipo Interdisciplinario del Juzgado indica que la “maestra” podría tener dificultad para controlar sus reacciones en situaciones de estrés, respalda que bajo ciertas circunstancias la Profesora demandada -hoy tercera interesada- podría experimentar estrés que afecta su comportamiento; de ahí que, la afirmación sobre el estrés de la nombrada se puede entender como una respuesta lógica a un contexto de presión, por lo que, dicha afirmación se convierte en una evaluación razonada. Consecuentemente, las afirmaciones que efectuaron los Vocales accionados respecto a que la menor de edad BB de manera imprevista tuvo la necesidad de ir al baño; además que, existiría una supuesta situación de estrés de la Profesora en el momento de los hechos, no son subjetivas, denotando un marco objetivo que justifica lo manifestado por los indicados Vocales, de ahí que, no es evidente la denuncia de irrazonabilidad en la valoración. Respecto a la segunda problemática. La parte impetrante de tutela denuncia que las autoridades accionadas de manera arbitraria omitieron considerar total o parcialmente la prueba, señalando específicamente que:
i) La declaración testifical de Ximena Yovanna Parraga Ortiz no tuvo ningún tipo de valoración, ya que simplemente se refirió que sería una testigo referencial cuando la misma se constituye en testigo presencial del hecho de violencia.
Al respecto, con el objeto de establecer si la declaración testifical referida precedentemente fue o no valorada, es necesario remitirnos al contenido del Auto de Vista SFNA 115/2024 (trasuntando en el proemio de este Fundamento Jurídico); en ese sentido, se tiene que, en el mismo se manifestó “…la testigo Ximena Yovana Párraga Ortiz, si bien hizo una descripción de los acontecimientos que se dieron en fecha 11 de noviembre de 2022, en el cual se habría generado el hecho juzgado, la misma no es clara en su declaración, pues señala en la misma que alguien (la profesora Leonor) le dijo que la niña se orino, porque la profesora ahora demandada, no le habría dejado ir al baño, siendo dicha testifical de la testigo, sólo referencial, es decir, testifico de algo que no le consta, o que sólo conocería de referencia porque otra persona le comentó, pues si bien la testigo vio que la niña se orinó, no le constaba el hecho que de que ello se dio porque la profesora no le dejo ir al baño o que la profesora demandada, hubiera proferido la frase ‘ahora te aguantas cochina”’ (sic).
Consecuentemente, lo expresado en el Auto de Vista ahora cuestionado hace entrever que los Vocales accionados si consideraron la declaración testifical de Ximena Yovanna Parraga Ortiz y valorando la misma señalaron que si bien la testigo hace una descripción de los hechos suscitados el 11 de noviembre de 2022, se tenía que la misma, únicamente vio que la menor de edad BB “se orinó”, empero, no le constaba el hecho vinculado a la Profesora demandada, por cuanto, una tercera persona le comentó los hechos sucedidos, aspecto que para los indicados Vocales no era claro y les permitió concluir que la declaración era referencial. Consecuentemente, bajo esa consideración, valoración y determinación, no es evidente que en el presente punto exista una omisión valorativa. ii) No se valoró los informes de las Profesoras Leonor Orellana y Mónica Fátima del Rio Palacios, Sulma Olga Argandoña Rollano, Mercedes Ugarte Ovando; y, de la Junta Escolar. Asimismo, se omitió valorar la documental que establece los móviles que generaron la violencia contra la menor de edad BB (Auto de Inicio de Proceso Disciplinario DDES/TD 008/2022, Autos Final de Proceso Disciplinario DDES/TD 001/2022 y DDES/TD 08/2022, Resolución Administrativa Departamental en Apelación D.D.E.CH. 007/2022, “Resolución Constitucional” 165/2022, y planilla de registro de asistencia de la menor de edad BB luego del hecho). De igual manera no se valoró la prueba documental y digital que demuestra que se agravó la situación de violencia tales como el acta de audiencia de 20 de julio de 2023, el pronunciamiento de padres de familia del curso primero “F” de 5 de diciembre de 2022, la Nota al Director Departamental de Educación de Chuquisaca del segundo “F” de 5 de febrero de 2023, la respuesta de 23 de noviembre de 2022 emitida por la demandada -ahora tercera interesada- a la denuncia, dirigido a la psicóloga Brenda Noelia Rojas Padilla, respuesta a oficio formulado por el Presidente del curso segundo “F” y el acta de reunión de 30 del citado mes y año.
Al respecto, resulta inescindible precisar que, si bien la parte accionante citó cada uno los elementos probatorios que no hubiesen sido valorados al emitirse el Auto de Vista SFNA 115/2024, empero, no se establece de manera clara y concreta la incidencia que esa supuesta omisión podría tener en la resolución final, en ese sentido, aunque la jurisprudencia constitucional es expresa al señalar que esta jurisdicción constitucional tiene la obligación de verificar si en la labor valorativa de manera arbitraria se omitió la consideración de prueba; empero, también sostuvo que es necesario señalar en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de no practicada tiene incidencia en la resolución final; por cuanto, no toda omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante (SCP 1916/2012 de 12 de octubre). Bajo ese marco, al no cumplirse con la carga argumentativa requerida, no corresponde ingresar al análisis de fondo de esta parte del problema jurídico. iii) No se valoró el video contenido en un CD; las referencias bibliográficas que respaldan la metodología para la realización de una entrevista; la inspección ocular y de reconstrucción; y, los seis DVD.
En el presente punto, si bien se denuncia una omisión valorativa, es necesario considerar que aunque la acción de amparo constitucional se constituye en un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los derechos y garantías, se caracteriza por ser un instrumento subsidiario, porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa; así, la CPE en su art. 129.I y el Código Procesal Constitucional (CPCo) art. 54.I establecieron que la acción de amparo constitucional se interpondrá siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados; de ahí que, para el análisis del presente punto, resulta necesario remitirse al contenido memorial de recurso de apelación, descrito en el proemio del presente Fundamento Jurídico, en el cual, la parte impetrante de tutela -entonces recurrente- manifestó que, no se otorgó valor de manera concreta, individual e íntegra a cada una de las pruebas ni se especificó cuál hecho que demuestra o desvirtúa lo sucedido; empero, se advierte que, la parte peticionante de tutela en ningún momento hizo alusión a una omisión de valoración del video contenido en un CD; las referencias bibliográficas que respaldan la metodología para la realización de una entrevista; la inspección ocular y de reconstrucción; y, los seis DVD; en tal sentido, siendo que la valoración de los elementos probatorios referidos no fueron reclamados a través del recurso de apelación, no es posible ingresar a su análisis, debiendo comprenderse que conforme lo sostuvo jurisprudencia constitucional, la acción de amparo constitucional constituye un instrumento subsidiario, porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa (SC 1337/2003-R de 15 de septiembre).
Sobre la tercera problemática. La parte accionante alega que la decisión se basó en prueba inexistente o que refleja un hecho diferente; por cuanto, se estableció que el “INFORME PERICIAL” tuvo por desvirtuado el testimonio de la menor de edad BB, empero, en el proceso no existe prueba pericial alguna. Al respecto, a fin de establecer si lo alegado es o no evidente, y si los Vocales accionados se basaron en prueba inexistente como lo es un “INFORME PERICIAL”, resulta necesario remitirse al contenido del Auto de Vista SFNA 115/2024 en el que se estableció “…este Tribunal no encuentra concurrente el acto de violencia verbal en el modo de resultado objetivo que exige el art. 147 de la Ley N° 548, que indica, que se considerará concurrente el acto de violencia, cuando existan ‘acciones u omisiones’ (plural como exige el art. 151 - c) que: ‘ocasione daños, sufrimiento, perjuicios en la salud física, mental, afectiva del NNA’, pues sobre este resultado el informe pericial del Equipo Disciplinario a fs. 411 vta., sobre la salud emocional de la menor (…), el informe concluye: ‘no se registra afectación, toda vez que no presenta síndromes clínicos, trastornos de conducta internos y externos; es decir que se encuentra emocionalmente estable, exenta de ansiedad-depresión, quejas somáticas, retraimiento, no presenta problemas del sueño, de atención y de conducta agresiva, situación psicológica…” (sic [las negrillas son añadidas); además, los operadores de justicia también señalaron “…la denunciada, si bien no tomó una decisión reflexiva y adecuada que le permita atender a la vez del número musical y también las necesidades de la menor; este hecho no constituye en sí un obrar que implique una intencionalidad manifiesta de generar en la menor un daño a su dignidad, al constituir el hecho, en una circunstancia imprevista que generó la necesidad de la menor de realizar sus necesidades fisiológicas en un momento coetáneo a su participación en la danza programada; por lo tanto, se generó en la denunciada una situación repentina, que si bien no supo manejar en procura de un mejor resultado, a la vez no obró con intencionalidad de causar daño a la dignidad de la menor, por esa misma razón no se repitió la conducta como exige la norma de tal forma de ser reiterada y capaz de dañar la salud emocional de la menor; puesto que además, el resultado dañoso pretendido, no está dado en función de haberse impedido que la menor vaya al baño o ésta se hubiese orinado como finalmente sucedió, sino del resultado de vergüenza que le genera a la menor, ante su círculo social el reproche de esta conducta, el cual, como quedó disipado en el informe pericial…” (sic [las negrillas son nuestras]). Ahora bien, a partir de lo expresado precedentemente, evidentemente se hizo alusión a un “informe pericial”; no obstante, se advierte que existió un error en la denominación de la prueba, por cuanto, en lugar de referir Informe Psicosocial o Entrevista elaborada ante el Equipo Interdisciplinario del Juzgado, se estableció “Informe pericial”, terminología que no afecta lo sustancial de la decisión, dado que la valoración del testimonio de la menor de edad BB se realizó en función al contenido del citado Informe Psicosocial o Entrevista; además, de la entrevista psicológica ante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia no a su calificación; en ese sentido, no es evidente que, exista una prueba inexistente que hubiese sido considerada para asumir la decisión del Auto de Vista SFNA 115/2024. Consecuente, bajo el análisis efectuado precedentemente, se concluye al emitirse el Auto de Vista SFNA 115/2024, las autoridades accionadas no incurrieron en una omisión o una irrazonable valoración de la prueba, además, la decisión asumida tampoco se basó en prueba inexistente; por lo que, por los fundamentos expresados corresponde denegar la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso en su elemento valoración de la prueba. Finalmente, debe considerarse que al advertirse que no se vulneró el derecho al debido proceso en su elemento valoración de la prueba, es posible concluir que el Auto de Vista SFNA 115/2024 tampoco carece fundamentación (estructura jurídico-legal que sustenta los entendimientos fácticos expresados en el fallo, o, cita de los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada) y motivación -razones fácticas y circunstancias de hecho y probatorias que sustenten la determinación asumida-, los cuales fueron descritos en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; por cuanto, dicha Resolución de alzada se sustenta en la adecuada exposición de los elementos que conforman el debido proceso, específicamente en lo que respecta a la valoración de la prueba; así, se demostró que los Vocales accionados no incurrieron en una omisión ni en una valoración irrazonable de las pruebas presentadas, lo que garantiza que la decisión asumida se basó en un análisis exhaustivo y riguroso de los elementos probatorios disponibles. Además, la fundamentación del Auto de Vista SFNA 115/2024 se apoya en una estructura jurídico-legal clara, la cual se encuentra debidamente articulada y respaldan la determinación, debido a que al analizarse si la Profesora demandada -hoy tercera interesada- incurrió o no en infracciones previstas en el art. 153.I incs. a); y, i) del CNNA, permitieron asegurar que las razones fácticas y las circunstancias probatorias que sustentan la decisión están debidamente motivadas, estableciendo así una conexión lógica entre la fundamentación y motivación. Consecuentemente, al no identificarse vulneraciones en el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 0172/2024 de 14 de octubre, cursante de fs. 105 a 110 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0077_2025-S2.pdf · páginas 1 a 32.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8f2ec94df716411f5a84f354f3b3e7ec5ff58778f56ddb11550ac38b88c0e147
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