Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de febrero de 2026
Deniega la tutela
La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de los derechos a la libertad, a la vida, a la legalidad, a la garantía del debido proceso “… en sus modalidades derecho a la vida (vivir bien) y legalidad…” (sic); y, al principio pro actione; toda vez que, la Fiscal demandada, no actuó con la debida diligencia, ya que no dio respuesta a solicitudes sobre medidas de protección; la alcaldesa codemandada, en su condición de máxima autoridad municipal, no ejerció control sobre su personal dependiente; y, la abogada codemandada no efectuó la valoración psicológica correspondiente. Ante ello, la Fiscal de Materia demandada sostuvo que, la solicitud de medidas de protección no fue dispuesta porque aún no se contaba con los elementos de prueba suficientes en el cuaderno de investigaciones; sin embargo, emitió requerimientos para la valoración médico forense y la valoración psicológica. La Alcaldesa codemandada señaló que carece de legitimación pasiva, pues la acción de libertad debió dirigirse contra quien realizó el acto ilegal u omisión indebida, afirmando que, como autoridad máxima municipal, no ejecutó ninguna acción que vulnere los derechos alegados por la accionante. Por su parte, la abogada codemandada, indicó que no se pudo practicar la valoración psicológica ya que en ese momento la presunta víctima del proceso penal, ya contaba con la mayoría de edad, por lo que, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia perdió competencia. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutel…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 21/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 42 a 46 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0076/2026-S2 Sucre, 19 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 56295-2023-113-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 21/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 42 a 46 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Germán Quispe Yujra en representación sin mandato de Felipa Aruquipa Villacorta contra Gabriela Astorga Quispe, Fiscal de Materia; Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa; y, Mónica Nina Jarandilla, abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia ambas del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de El Alto del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 16 de febrero de 2023, cursante a fs. 1 y 11 a 14 vta., la accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal sobre la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, presentó memorial ante Gabriela Astorga Quispe, Fiscal de Materia -hoy demandada-, solicitando medidas de protección a favor de su hija menor de edad AA -presunta víctima del proceso penal-; no obstante, dicha solicitud no fue atendida por la autoridad fiscal. Asimismo, Mónica Nina Jarandilla, abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del GAM de El Alto del departamento de La Paz -codemandada-, “…no ha pretendido realizar…” (sic) la valoración psicológica de la menor AA, instruida por la Fiscal demandada, obstaculizando de esta manera el proceso, puesto que la ejecución de las medidas de protección, estaban condicionadas a dicha valoración, vulnerándose así los principios de celeridad e inmediatez.
Consiguientemente, Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa del GAM de El Alto del referido departamento -codemandada-, toleró la actuación de la abogada codemandada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del mismo ente municipal bajo su dependencia, cuando ella es la autoridad llamada por ley para ejercer control sobre sus dependientes. Si bien no agotó la vía jurisdiccional, resulta viable su acción de libertad bajo el principio de informalidad, considerando que la menor de edad AA pertenecía a un grupo vulnerable; asimismo, cuando las medidas de protección fueron oportunamente solicitadas, no fueron respondidas, ejecutadas ni garantizadas. Finalmente, las autoridades demandadas no tomaron en cuenta la condición de la víctima menor de edad, pese a que las medidas de protección debían aplicarse de manera inmediata conforme lo estableció el Tribunal Constitucional Plurinacional en diversas sentencias, lo que generó su revictimización y una afectación psicológica directa.
La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de los derechos a la libertad, a la vida, a la legalidad, a la garantía del debido proceso “…en sus modalidades derecho a la vida (vivir bien) y legalidad…” (sic); y, al principio pro actione, citando al efecto los arts. 15, 23 y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga: a) Ordenar a la Fiscal de Materia demandada que, en el plazo de veinticuatro horas, emita todas las medidas de protección solicitadas; b) Se ordene cumplir lo establecido por el art. 130 concordante con el art. 132, ambos del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, c) Se conmine a las autoridades demandadas para que atiendan y den prioridad a casos que tengan y gocen de protección por doble vulnerabilidad.
Celebrada la audiencia pública virtual el 17 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 38 a 41 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad, y ampliando señalo que: 1) Las medidas de protección solicitadas para su hija menor de edad AA no fueron emitidas ni ejecutadas oportunamente por el Ministerio Público, ni por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del GAM de El Alto del departamento de La Paz, pese a tratarse de una niña en situación de doble vulnerabilidad; 2) Asimismo, la valoración psicológica -requisito para la aplicación de las medidas- fue dilatada injustificadamente, incumpliendo la celeridad e inmediatez establecida por la SC 0414/2019-S3 de 12 de agosto; y, 3) El GAM de El Alto del departamento de La Paz, a través de sus dependientes, devolvió requerimientos fiscales sin atenderlos y no actuó con la diligencia exigida para garantizar la protección de la menor de edad AA, por lo que, la omisión de las autoridades incrementó el riesgo y la revictimización.
Gabriela Astorga Quispe, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías sostuvo que: i) Fue de conocimiento del Ministerio Público la denuncia presentada por la accionante en la que señala la agresión que sufrió su hija menor de edad AA por su progenitor, quien procedió a golpear a su hija con cables en sus piernas, por lo que se emitió un requerimiento al médico forense quien certificó una incapacidad de cuatro días; ii) Fue de su conocimiento el memorial presentado por la accionante en la que se solicitaba medidas de protección, las mismas que estaban en etapa de valoración, toda vez que, en el cuaderno de investigaciones no se contaban con los suficientes datos para actuar con la debida diligencia, por lo que, con carácter previo se emitió requerimiento para conocer la situación de la menor de edad AA; iii) La declaración presentada por la madre -ahora impetrante de tutela- es inconsistente en relación a la declaración de la presunta víctima, pues alegan situaciones diferentes, por lo que se dispuso la valoración psicológica de la menor de edad AA estando a la espera de dicho informe; y, iv) La presunta víctima del proceso penal al momento de la agresión era menor de edad y a la fecha -se entiende de interposición de la acción de libertad- cuenta con la mayoría de edad. Mónica Eva Copa Murga, Alcaldesa del GAM de El Alto del departamento de La Paz, presentó informe escrito cursante de fs. 36 a 37, refiriendo que, carece de legitimación pasiva toda vez que, para la procedencia de la acción de libertad es ineludible que el recurso deba ser presentado contra la autoridad o persona que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, pues su inobservancia neutraliza la acción tutelar, y su persona, como máxima autoridad municipal, no ejerció ningún acto que vulnere los derechos alegados. Mónica Nina Jarandilla, abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del GAM de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 30 a 31 vta., manifestó que, tomó contacto con la ahora accionante para que lleve a su hija para la valoración requerida, se hizo presente el 15 de febrero de 2023, constatándose que para ese momento, ya no era menor de edad, explicando a la madre que la institución por esa circunstancia perdió competencia para realizar dicha valoración aspecto que fue inmediatamente informado al Ministerio Público. La representante ofreció su colaboración para acompañarlas al Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM) de dicho ente municipal, como instancia competente; sin embargo, el abogado de la accionante cuestionó la decisión anunciando que presentaría una acción de libertad.
La Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 21/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 42 a 46 vta., denegó la tutela solicitada en cuanto a Mónica Nina Jarandilla y Mónica Eva Copa Murga, ambas codemandadas y concedió la tutela en relación a Gabriela Astorga Quispe, Fiscal de Materia demandada, disponiendo que en el día, pueda otorgar respuesta al memorial de solicitud de requerimiento fiscal para la valoración psicológica y social de la presunta víctima del proceso penal, presentado el 15 de febrero de 2023 por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de El Alto del mismo departamento, así como dar respuesta a la solicitud de aplicación de medidas de protección, observando la debida diligencia y aplicando perspectiva de género, con base en los siguientes fundamentos: a) La autoridad fiscal demandada, no actuó con la debida diligencia, pues tenía la obligación y el deber de aplicar medidas de protección inmediata a favor de la presunta víctima que en ese entonces gozaba de doble vulnerabilidad, por ser mujer y menor de edad; más aún, si la aplicación de medidas de protección estaban condicionadas a la realización de valoraciones psicológica y social, acto con el cual vulneró el art. 115 de la CPE; b) A momento de la presentación del requerimiento fiscal para la valoración psicológica de la presunta víctima, ésta ya había cumplido la mayoría de edad, por lo que, dicha valoración no correspondía practicarse por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del ente municipal, sino por el SLIM, por lo que, no se observa vulneración a derechos o garantías constitucionales por parte de Mónica Nina Jarandilla -codemandada-; y, c) Para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal, no teniendo esta condición, ni participación alguna la alcaldesa codemandada.
Por decreto constitucional de 1 de diciembre de 2025 (fs. 52), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 4 de febrero de 2026 (fs. 56); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa denuncia presentada por Felipa Aruquipa Villacorta -accionante-, el 3 de febrero de 2023, en la que refiere que, en 25 de enero del mismo año, su hija menor de edad AA, fue agredida físicamente por su progenitor siendo golpeada en las piernas con un cable (fs. 4); En conocimiento de la denuncia, el Fiscal de Materia, requirió al médico forense del Instituto de Investigaciones Forense (IDIF), realice un examen médico forense (fs. 5); dicha solicitud, fue respondida mediante Certificado Médico Legal-Forense emitido por Eliana Trujillo Solares, Médico Forense del IDIF, señalando que la menor de edad AA presenta contusiones tipo equimosis en extremidad inferior (fs. 6 y vta.).
II.2. Por memorial de 6 de febrero de 2023, presentado por la impetrante de tutela, pone en conocimiento de Gabriela Astorga Quispe, Fiscal de Materia -demandada-, en la que solicitó medidas de protección a favor de su hija de edad AA (fs. 7); la misma que, es respondida por la autoridad fiscal demandada mediante providencia de 7 de igual mes y año en la que dispuso que, con carácter previo se realice la valoración psicológica de la menor de edad AA (fs. 29).
II.3. Consta requerimiento fiscal de 7 de febrero de 2023, solicitado por la Fiscal de Materia demandada, para la valoración psicológica de la menor de edad AA (fs. 9). II.4. Cursa memorial de 15 de febrero de 2023, en la que Mónica Nina Jarandilla, abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del GAM de El Alto de departamento de La Paz -codemandada-, en la que presenta informe a la Fiscal de Materia demandada y a tiempo de dejar constancia que el requerimiento fue recién recepcionado el 14 de igual mes y año, hace conocer la imposibilidad de dar cumplimiento al requerimiento emitido en razón a que la presunta víctima del proceso penal ya contaba con la mayoría de edad, por lo que sugiere sea direccionado hacia el SLIM del mismo ente municipal como instancia competente (fs. 20 y vta.).
La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de los derechos a la libertad, a la vida, a la legalidad, a la garantía del debido proceso “… en sus modalidades derecho a la vida (vivir bien) y legalidad…” (sic); y, al principio pro actione; toda vez que, la Fiscal demandada, no actuó con la debida diligencia, ya que no dio respuesta a solicitudes sobre medidas de protección; la alcaldesa codemandada, en su condición de máxima autoridad municipal, no ejerció control sobre su personal dependiente; y, la abogada codemandada no efectuó la valoración psicológica correspondiente. Ante ello, la Fiscal de Materia demandada sostuvo que, la solicitud de medidas de protección no fue dispuesta porque aún no se contaba con los elementos de prueba suficientes en el cuaderno de investigaciones; sin embargo, emitió requerimientos para la valoración médico forense y la valoración psicológica. La Alcaldesa codemandada señaló que carece de legitimación pasiva, pues la acción de libertad debió dirigirse contra quien realizó el acto ilegal u omisión indebida, afirmando que, como autoridad máxima municipal, no ejecutó ninguna acción que vulnere los derechos alegados por la accionante. Por su parte, la abogada codemandada, indicó que no se pudo practicar la valoración psicológica ya que en ese momento la presunta víctima del proceso penal, ya contaba con la mayoría de edad, por lo que, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia perdió competencia. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto es necesario referirse a la tutela del derecho a la vida, en casos de violencia de género, establecida en la SCP 0261/2023-S3 de 17 de abril, la cual establece que: “…el derecho a la vida no adquiere una conceptualización de manera unívoca, lo cual obliga a que ante denuncias sobre presuntas afectaciones o peligro de lesión de este derecho primordial las mismas deben ser resueltas realizando una exhaustividad analítica-valorativa, considerando que sobre cualquier otro aspecto prima la protección de la vida del ser humano, cuya protección no se agota con el compromiso de velar por la mera subsistencia de la persona, sino que involucra a todos los componentes imprescindibles para permitir el goce efectivo de una vida digna; interrelacionando con estos razonamientos, a partir de la normativa constitucional y convencional se debe garantizar que las mujeres vivan sin violencia de ninguna naturaleza, permitiéndoles el goce o ejercicio pleno de sus derechos en cualquier esfera de actuación, restringiendo el menoscabo de estos bajo la concepción de género, lo cual impele por parte del Estado y la sociedad adoptar las medidas necesarias e idóneas para satisfacer su vigencia y prevalecer su ejercicio real y material” (las negrillas corresponden al texto original). En ese sentido, la SCP 0673/2025-S2 de 30 de junio, refirió: “…en casos de tutela del derecho a la vida, en materia de género y que involucren presuntos casos de violencia contra las mujeres, se debe garantizar a cada mujer, una vida libre de violencia; no obstante, esto no simplemente descansa en la enunciación de la lesión del derecho a la vida por parte del accionante, sino que la solicitud de tutela en la medida en la que puede restringir derechos de los demandados, al menos implica la carga procesal de explicar con claridad los hechos y la amenaza en concreto que permita al juzgador un mínimo de conocimiento de los hechos denunciados, además de la carga probatoria que respalde el hecho denunciado y le permita encontrar el mismo, al menos como probable, de forma que pueda deducirse la lesión del derecho fundamental del hecho denunciado. Entonces, la sola enunciación de la afectación al derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia no activa el análisis de fondo; debido a que, sin conocerse con precisión los hechos denunciados, no puede conocerse la amenaza al derecho, pero además es menester contar con elementos concretos que puedan dar cierta probabilidad de una amenaza a la vida en la medida en la que por el carácter sumario de la acción de libertad -la cual no cuenta con etapa probatoria amplia-, no se puede producir prueba” (las negrillas son nuestras).
En primer lugar, en relación a la Fiscal de Materia demandada, la accionante atribuye a dicha autoridad una omisión consistente en no disponer las medidas de protección solicitadas entre ellas, la salida o desocupación del agresor del domicilio, la prohibición de ingreso al inmueble, la prohibición de comunicarse o intimidar a la menor víctima y la restricción de acercarse a su lugar de residencia, estudio o trabajo (Conclusión II.2). Asimismo, respecto a esta autoridad, la accionante atribuye una omisión por no disponer de inmediato las medidas de protección solicitadas, alegando que ello habría puesto en riesgo el derecho a la vida de su hija menor de edad AA. Al respecto, en relación a la procedencia de la acción de libertad por denuncia de violación del derecho a la vida lo que permite hacer una excepción al principio de subsidiariedad, debe demostrarse de manera objetiva las circunstancias que constituyan un peligro real e inminente para dicho derecho; es decir, conforme al razonamiento del Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se requiere que el peligro alegado sea acreditado, no pudiendo sustentarse en las meras enunciaciones del impetrante de tutela pues de lo contrario la justicia constitucional colapsaría, pero además, al no tener una etapa probatoria amplia, ni inmediación con las partes y las pruebas de no acreditarse la situación de urgencia corresponde a las autoridades naturales conocer denuncias que no hayan acreditado afectar el derecho a la vida. Ahora bien, en la acción de libertad impetrada, se reclama la omisión de la representante del Ministerio Público de no haber tomado medidas de protección en resguardo de la menor de edad AA, sin que se haya demostrado ante esta justicia constitucional, la amenaza en contra de su vida; ya que, los únicos elementos aportados ante esta jurisdicción constitucional son la denuncia de la accionante, y la certificación que establece que la menor de edad presentaba contusiones (Conclusión II.1). De estos elementos, se evidencia que la accionante, no acreditó la existencia de elementos de juicio suficientes que permitan verificar la existencia de un riesgo grave y actual para la vida de la menor, por lo que, no habiéndose acreditado una amenaza al derecho a la vida, ni procesamiento indebido que afecte la libertad de la impetrante de tutela no se justifica activar la acción de libertad de manera directa. Entonces, la accionante debió acudir al Juez de la causa, ello en mérito al art. 279 del CPP, con la finalidad de denunciar la vulneración de los agravios traídos a colación, es decir, en caso de considerar que la Fiscal de Materia demanda no cumplió con su deber de otorgar las medidas de protección, correspondía que ésta omisión sea representada ante el Juez de la causa toda vez que, esta autoridad es quien ejerce control jurisdiccional y agotado los mecanismos internos presentar una acción de amparo constitucional.
En cuanto a la abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del GAM de El Alto del departamento de La Paz, la accionante cuestiona que no se hubiera realizado la valoración psicológica requerida por la Fiscal de Materia, atribuyendo dicha omisión a una falta de diligencia que habría puesto en riesgo la libertad o la vida de la presunta víctima del proceso penal; sin embargo, se tiene que según lo establecido en la (Conclusión II.4), la abogada codemandada informó que no efectuó la valoración psicológica debido a que, al momento del contacto, la presunta víctima ya alcanzó la mayoría de edad, lo que hizo que la institución perdiera competencia, sugiriendo su remisión al SLIM del mismo ente municipal. Al respecto conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, tampoco se evidencia que la omisión denunciada tenga la urgencia de ser tratada de manera directa por la justicia constitucional por una afectación al derecho a la vida. En cuanto a la Alcaldesa codemandada, la accionante sostiene que, en su condición de máxima autoridad municipal, no habría ejercido control sobre la actuación de la abogada codemandada. Del análisis del expediente se muestra que el cuestionamiento hacia la autoridad edil, se fundamenta únicamente en su calidad jerárquica respecto de la abogada referida, pero no existe prueba de que ella haya intervenido en los hechos denunciados ni de que haya generado o permitido una situación que restrinja la libertad o coloque en riesgo real a la presunta víctima. Asimismo, no se acreditó que la actuación atribuida a la Alcaldesa codemandada, hubiera generado un peligro cierto, actual o inminente para su vida. En consecuencia, la falta de control institucional alegada no guarda relación directa ni inmediata con los derechos tutelados por la acción de libertad, y cualquier reclamo vinculado al funcionamiento interno del GAM de El Alto del departamento de La Paz o al control jerárquico de sus dependientes, corresponde ser tramitado por vía administrativa u ordinaria y no por la justicia constitucional. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 21/2023 de 17 de febrero, cursante de fs. 42 a 46 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0076_2026-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): bc9e940ec3ab95978b66eeb27c233f6c54ea6217f2e0193f0b7dbfe94014c9c1
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