Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 11 de marzo de 2025
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; alegando que, en el interdicto de obra nueva perjudicial y daño temido formulado por la tercera interesada en su contra: a) Se suscitaron una serie de irregularidades -identificadas en los incs. a) a h)-, que no fueron observadas por el Juez demandado, concernientes a ausencias de notificación con diversos actuados, el señalamiento de la inspección judicial sin individualizar su objeto, la intención de favorecer a la nombrada con los peritajes, la designación arbitraria del perito -Ingeniero- Rodolfo Alfredo Garrón Amatler, la presentación del perito fuera de plazo, la constancia de Informe pericial que sobrevaluó los daños de propiedad de la tercera interesada, rechazándose la impugnación al mismo; y, la omisión en aprobar el peritaje, entre otros; y, b) Los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista 93/2022 de 25 de marzo, con falta de fundamentación, motivación e incongruencia, sin resolver los puntos de agravios que expusieron en alzada, referentes a los tres informes periciales que se obtuvieron en el proceso; el haberse sustentado la Sentencia en un peritaje no aprobado; si fue correcto disponer un nuevo informe sin rechazar el primero; y, si constó una correcta confrontación del informe pericial con los otros elementos de juicio o pruebas cursantes en el proceso. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 198/2022 de 16 de noviembre, cursante de fs. 109 a 112 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0076/2025-S3 Sucre, 11 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 53306-2023-107-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 198/2022 de 16 de noviembre, cursante de fs. 109 a 112 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Carlos Israel Machaca Delgado en representación de Enrique Botello Montesinos, Sonia Susana Hannover Saavedra y Gunar Wenceslao Botello Montecinos contra Rosario Verónica Sánchez Sánchez e Isaías Jorge Vargas Chambi, Vocales de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Paul Antonio Soto Alcón, Juez Público Civil y Comercial Quinto de la Capital del mismo departamento.
Por memoriales presentados el 14 de octubre y 1 de noviembre de 2022, cursantes de fs. 8 a 18 y 34 a 44 vta., los accionantes a través de su representante expresaron que:
En 2016, decidieron construir un edificio en el inmueble que adquirieron veinte años antes -en la calle Méndez Arcos 1054 de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz-, que tenía una construcción antigua. Es así que, habiendo obtenido la debida autorización del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, efectuaron trabajos de demolición de la estructura, produciéndose con el movimiento de tierras fisuras -anteriores- y rajaduras nuevas en la propiedad de Betcy Gianne Padilla Rosado -tercera interesada-, sucediendo igual situación con los inmuebles de otros vecinos con quienes arribaron a conciliaciones, oponiéndose únicamente la antes nombrada, quien activó en su contra proceso extraordinario -interdicto de obra nueva perjudicial y daño temido-, en el que se convocó a audiencia de conciliación a la que no pudieron asistir por razones de trabajo y negativa de la mencionada a un nuevo señalamiento de audiencia. Por proveído de 25 de julio de 2018, el Juez Público Civil y Comercial Quinto de la Capital del departamento de La Paz, observó la demanda, que fue subsanada “supuestamente” por la tercera interesada, dando lugar al Auto Interlocutorio 469/2018 de 5 de julio, teniéndola por no presentada, momento a partir del que se suscitaron los siguientes actos ilegales: a) Contra el Auto Interlocutorio 469/2018, la indicada formuló recurso de apelación, “…con el cual jamás fueron notificados…” (sic), apareciendo una diligencia de 1 de agosto de 2018, como si hubieran sido notificados en Secretaría del Juzgado, siendo incoherente aquello, porque debió efectuarse una notificación en su domicilio real; no habiendo sido tampoco notificados con el Auto de concesión de la apelación que dio origen al Auto de Vista 233/2019 de 22 de mayo, emitido por la Sala Civil y Comercial Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que anuló la decisión objetada y dispuso la admisión del proceso. b) Ante la insistencia de la tercera interesada, el Juez demandado señaló audiencia de inspección judicial para el 20 de enero de 2020, violando la disposición legal contenida en el art. 187.II del Código Procesal Civil (CPC), no habiendo individualizado el objeto de la misma.
c) La tercera interesada recusó al perito propuesto por la parte demandada sin respetar el procedimiento establecido al efecto, impugnando además el informe pericial utilizando términos ofensivos, corriéndose en traslado no solo a ellos sino también al perito en oficinas de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) -no en su domicilio legal-. El Juez demandado rechazó la recusación, y respecto al peritaje dispuso se efectúe un nuevo informe pericial con la clara intención de favorecer a la prenombrada, no constando prueba alguna que hubiere sustentado la objeción al dictamen, no habiendo tenido tampoco el perito oportunidad de refutar la impugnación.
d) El Juez demandado sin fundamentación alguna designó arbitrariamente como perito al Ingeniero Rodolfo Alfredo Garrón Amatler, otorgándole el plazo de veinte días a fin que presente el respectivo informe pericial, lesionando las normas contenidas en los arts. 89.I y 90.I a III del CPC.
e) El referido perito, recién el 5 de enero de 2021; es decir, nueve días después de haber vencido su plazo presentó solicitud de ampliación de plazo; pedido al que el Juez demandado dio lugar, en clara vulneración del procedimiento.
f) El Auto de ampliación de plazo no fue notificado al perito, dando lugar a que el señalado presente su informe pericial el 5 de febrero del citado año -doce días después de haber vencido su plazo-.
g) El Informe pericial sobrevaluó y dimensionó los daños en la propiedad de la tercera interesada; por lo que, impugnaron el mismo, notificándole con el traslado vía WhatsApp. El Juez demandado emitió Auto de rechazo sin el debido fundamento ni valorar la prueba que presentaron, emitiendo incluso criterio adelantado; olvidándose, posteriormente, aprobar el peritaje.
h) El Juez demandado pronunció la Sentencia 278/2021 de 27 de julio, declarando probada la demanda de daño temido, con sustento en un informe pericial que, conforme al punto anterior, no fue aprobado y fue expedido fuera de plazo. Y, i) Plantearon recurso de apelación contra la citada Sentencia, dictando la Sala Civil Tercera del referido Tribunal, el Auto de Vista 93/2022 de 25 de marzo, de forma incongruente, conteniendo una escasa e inadecuada fundamentación, refiriendo que no pueden reclamar la transgresión de derechos que no son propios, “…determinando que lo que reclama[ron] en la apelación sería vulneración de los derechos de la demandante, aspecto totalmente contradictorio y grosero, por cuanto en la apelación, precisamente reclama[ron] aspectos procesales que [les] causan agravio…” (sic). Por otro lado, en cuanto a los informes periciales, realizó apreciaciones incongruentes, concluyendo que el perito sería un simple intermediario y que la pericia o el informe pericial debe ser confrontado con otros elementos de juicio que existan en el proceso, sin fundamentar “…ABSOLUTAMENTE NADA…” (sic), respecto a los agravios expuestos en la apelación, relativos a los tres informes periciales que se obtuvieron en el proceso, y el haberse sustentado la Sentencia en un peritaje no aprobado; si fue correcto disponer un nuevo informe sin rechazar el primero; y, si existió una correcta confrontación del informe pericial con los otros elementos de juicio o pruebas cursantes en el proceso.
Denunciaron la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo que se deje sin efecto el Auto de Vista 93/2022 de 25 de marzo, emitido por los Vocales demandados; y, la Sentencia 278/2021 de 27 de julio, por el Juez codemandado, determinando “…se emitan nuevas resoluciones conforme en derecho…” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 16 de noviembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 101 a 108, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar, y ampliándolos señaló que, su petitorio se centra en lograr se dejen sin efecto el Auto de Vista 93/2022, emitido por los Vocales demandados; y, la Sentencia 278/2021, así como “…se anule obrados hasta el vicio más antiguo, mismo que se relaciona al peritaje como tal en todas sus facetas, desde el proceso (…) y por último hacer mención al primer perito que la demandante Betcy Gianne Padilla Rosada hace referencia que es la señora contrato de manera unilateral de la sustanciación del proceso…” (sic). En respuesta a los cuestionamientos efectuados por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, referentes a de qué forma el Auto de Vista 93/2022, hubiera omitido pronunciarse o hubiere generado ausencia de fundamentación; respondieron señalando que, el Tribunal de apelación realizó una serie de apreciaciones incongruentes en el Auto Interlocutorio de 9 de septiembre de 2020, concluyendo que la prueba pericial “…es un simple intermedio y que la pericia o el informe pericial debe ser confrontado con otros elementos de juicio que existan en el proceso…” (sic); por otra parte, no fundamentó “absolutamente nada” según los argumentos expresados en la alzada referentes a los tres informes periciales que se dieron en un ínterin del proceso, no sustentó si el Juez a quo valoró o no correctamente la prueba y si “…estuvo bien o mal la sentencia, como tal declara no probado el informe pericial” (sic). Agregaron que, el mencionado Auto Interlocutorio, los puso en indefensión y lesionó su derecho a la igualdad procesal al disponer sin fundamentación alguna un nuevo peritaje que no se encontraba dentro del procedimiento, “…porque no habría fundamentado el porqué del rechazo, (…) cuando se señala un nuevo perito, este perito nuevo no cumple el plazo que había señalado la autoridad para que pueda resolver este peritaje, es decir, presenta el peritaje a destiempo, este segundo perito parcializado, y consecuentemente de ello, el juez admite una prueba presentada a destiempo que carece de validez legal y hace que este peritaje nuevo presentado fuera de plazo que ha sido nombrado sin fundamentación alguna ni motivación del por qué habrían dejado sin efecto el primer peritaje hace que en todo caso se vulneren todos [sus] derechos, no solamente el de igualdad porque no habría pese a que [habían] impugnado este segundo peritaje…” (sic). Sustentándose la Sentencia “…en base a este mal peritaje ilegalmente señalado…” (sic), dejándolos en indefensión. Finalmente, en cuanto a que, si formularon algún recurso contra el Auto Interlocutorio de 19 de mayo de 2021, que resolvió la objeción al peritaje y rechazó la impugnación al mismo; contestaron en sentido que pidieron “…se lleve a cabo una audiencia para dilucidar todos estos aspectos, motivo que siendo que conforme el memorial presentado a fs. 1009 [justificaron] la inasistencia de la audiencia señalada donde la autoridad judicial [les] ha rechazado inlimine y asimismo ha dado continuidad y dictado la resolución correspondiente” (sic).
Rosario Verónica Sánchez Sánchez e Isaías Jorge Vargas Chambi, Vocales de la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentaron informe escrito el 16 de noviembre de 2022, cursante de fs. 91 a 97, solicitando se deniegue la tutela en mérito a los siguientes argumentos: 1) La demanda tutelar además de ampulosa, efectúa únicamente una extensa relación de antecedentes del proceso, asimilándose más a un recurso de casación en la forma, impetrándose se deje sin efecto una resolución sin una justificación procesal constitucional adecuada, no habiéndose demostrado cómo habrían lesionado derechos fundamentales y garantías constitucionales, ni acreditado los requisitos previstos en la jurisprudencia constitucional para ingresar a verificar la actividad realizada por ese Tribunal, no conteniendo tampoco el nexo entre el derecho y los hechos denunciados; 2) El Auto de Vista 93/2022, contiene una debida fundamentación, motivación y congruencia, habiendo sustentado su decisión de forma clara y contundente conforme a los datos del proceso, en apego a las normas aplicables al caso; 3) El objeto principal del interdicto de obra nueva perjudicial y de daño temido es evitar que la posesión sea afectada por obras que un tercero ejecute en terreno del actor, o en terreno vecino, pero en condiciones que perjudiquen, para evitar un daño temido; 4) Enrique Botello Montesinos, Sonia Susana Hannover Saavedra -impetrantes de tutela-, formularon recurso de apelación señalando como primer punto de agravio que, la denuncia de obra nueva fue declarada improbada por el Juez a quo, lo que determinaba que la demanda de daño temido quede sin efecto. Al respecto, el art. 114 del CPC, prevé lo referente a la demanda con pretensión múltiple; por lo que, es viable peticionar todas las pretensiones jurídicas que se vieran pertinentes y oportunas, siempre y cuando no sean contrarias entre sí; 5) Evidenciaron que los recurrentes no tienen legitimación procesal para reclamar derechos de terceros; es decir, que no les sean propios, no resultando viable “…reclamar derechos que le corresponde propiamente a la parte actora en cuanto a sus pretensiones, razón por la cual no se acogió el reclamo propuesto por la parte demandada, pues el supuesto agravio que expresaron los recurrentes no le es propio…” (sic), siendo improcedente acoger lo acusado por los demandantes de tutela; 6) Los reclamos efectuados por los recurrentes respecto a los peritos y peritajes no se constituyen en agravios a ser reparados por el Tribunal de alzada; y, 7) Según el art. 265 del CPC, el auto de vista debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación; por lo que, dicho Tribunal únicamente puede pronunciarse sobre los puntos resueltos por el inferior que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, no encontrándose autorizado a resolver aspectos que no fueron motivo de impugnación, encontrándose su competencia limitada por la extensión del recurso concedido y la transgresión de tales límites, lo que brinda garantía y seguridad a las partes. Paul Antonio Soto Alcón, Juez Público Civil y Comercial Quinto de la Capital del mismo departamento, presentó informe escrito el 15 de noviembre de 2022, cursantes a fs. 99 y vta., requiriendo denegar la tutela, conforme a los siguientes argumentos: i) La acción de defensa es presentada como si fuera una “…TERCERA INSTANCIA procesal…” (sic), pidiendo los accionantes se dejen sin efecto tanto la Sentencia 278/2021, como el Auto de Vista 93/2022, obviándose que el mecanismo de defensa incoado no es una instancia casacional o de revisión jurisdiccional; ii) La acción tutelar debió ser dirigida contra los Vocales de la Sala Civil Tercera del señalado Tribunal, siendo ellos quienes como parte del Tribunal de apelación, confirmaron la Sentencia de primera instancia; y, iii) No existe lesión alguna del derecho al debido proceso, habiéndose notificado todas las actuaciones procesales a los impetrantes de tutela; en ese sentido, si no se encontraban conformes con las determinaciones emitidas pudieron utilizar de forma oportuna los medios de impugnación intra procesales regulados en el Código Procesal Civil, al no hacerlo, consintieron o convalidaron los mismos.
Betcy Gianinne Padilla Rosado, en audiencia de garantías, señaló que: a) Inició proceso contra los demandantes de tutela por obra nueva perjudicial y daño temido, que radicó en el Juzgado Público Quinto Civil y Comercial de la Capital del departamento de La Paz, haciendo conocer que como consecuencia del movimiento de tierras realizado de forma arbitraria, irregular y dolosa por los prenombrados, quienes “…abusando de su condición de que supuestamente ‘son empresarios’ que están acostumbrados a la construcción de edificios…” (sic), sin respetar normas básicas de edificación, efectuaron movimiento de tierras con base en un permiso que solo tenía duración de tres meses, no teniendo plan de contingencia ni los vecinos lo conocían; b) Se atentó contra su derecho a la vida; por lo que, acudió a la SIB, para pedir una terna de peritos que evalúe los daños ocasionados por la inescrupulosa construcción realizada, designándose al ingeniero Luis Valdez, quien desarrolló el peritaje pertinente estableciendo que efectivamente existió un daño de magnitud considerable atentándose los suelos y cimientos de su vivienda, en cuyo orden, se procedió a la paralización de obra en varias oportunidades, además de haber impuesto el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, diversas multas “…con la suma de $20.000 Dólares…” (sic); viéndose obligada a acudir a la vía del interdicto de obra nueva perjudicial que inicialmente fue denegado y posteriormente, admitido continuándose la tramitación de la causa civil; c) No arribaron a ningún acuerdo de conciliación en mérito a la “forma grosera” en la que actuaron los peticionantes de tutela, con total indolencia y alevosía, no habiendo reconocido en momento alguno el daño causado a su propiedad, menospreciándola indicando que “…era una construcción precaria de adobes y que no merecía ninguna consideración” (sic); d) Los accionantes no plantearon solicitud de aclaración, complementación y enmienda contra el Auto de Vista 93/2022; por otra parte, impugnaron una resolución sobre el embargo preventivo, intentando sorprender a la autoridad judicial, “…haciendo ver de que la resolución 278/2021, la sentencia no habría sido ejecutoriada, pero sin embargo la autoridad judicial (…) se ha pronunciado un Auto Interlocutorio rechazando la oposición al embargo preventivo…” (sic); decisión en la que, el Juez demandado les exhortó a cumplir lo dispuesto en el art. 398.1 del CPC; e) Los accionantes requieren se dejen sin efecto además de la Sentencia 278/2021 y del Auto de Vista 93/2022, los informes periciales, obviando que a dicho efecto, correspondía agotar la vía ordinaria de reclamo, a través de los medios de impugnación intra procesales establecidos al efecto; f) Conforme a los arts. 373 y 386 del CPC, las partes perdidosas en un proceso extraordinario de obra nueva perjudicial, tienen el plazo de seis meses para activar la vía del proceso ordinario, el que no fue interpuesto, resultando innegable, por ende, el incumplimiento de los principios de subsidiariedad e “inmediación”; y, g) No existen elementos de prueba que demuestren la pretensión de los impetrantes de tutela, quienes de forma inusual y grosera buscan no cumplir el fallo emitido por la autoridad judicial.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 198/2022 de 16 de noviembre, cursante de fs. 109 a 112 vta., denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes fundamentos: 1) Los accionantes plantearon su acción de defensa, en tres dimensiones; la primera respecto a que en el proceso se hubieran suscitado una serie de irregularidades como no haber sido convocados, notificados con la apelación interpuesta contra la resolución inicial de desestimación de la demanda, ausencia de notificación con el Auto de concesión de apelación, inobservancia en precisar el objeto de la inspección ocular de 20 de enero de 2022, cuestiones vinculadas con los peritajes y peritos, y otros aspectos que no corresponden ser resueltos de forma directa a la justicia constitucional; por lo que, al ser cuestiones procedimentales debieron ser sujetas a pedido de nulidad conforme a lo previsto en los arts. 106 a 109 del CPC; al no efectuar aquello inobservaron el principio de subsidiariedad que caracteriza a esta acción de defensa, consintiendo las presuntas irregularidades denunciadas, se reitera, al no formular ningún mecanismo de reclamación; 2) En relación a la segunda dimensión objetada, relacionado a haberse adoptado una decisión como consecuencia de un informe pericial -según refieren los accionantes-sobrevaluado, “amañado” y parcializado a los intereses de la demandante en el proceso civil -ahora tercera interesada-; aquello podría tener un atisbo de relevancia constitucional si las normas de designación, conformación de peritos, normas de plazos y tiempos respecto a la presentación de informes de peritos no hubiesen sido cumplidas; no obstante, tampoco se observó el principio de subsidiariedad; por cuanto, si los impetrantes de tutela consideraban que el informe pericial generado por “…el Ing. Garrón Ameller…” (sic), tenía ilegalidades, pudierom cuestionar el mismo en apelación, instancia en la que debieron hacer conocer las denuncias expuestas en sede constitucional; 3) En cuanto a que el Auto de Vista 93/2022, no contendría la debida fundamentación, motivación y congruencia, dicho fallo resolvió agravios referentes al valor probatorio de los peritajes y el perjuicio generado por la paralización de la obra, entre otros, advirtiéndose que “…ninguno de los argumentos alegados en el recurso de apelación, son identificados en esta acción de amparo constitucional, como de faltos de pronunciamiento por la autoridad de alzada, ello a objeto de que [la] Sala le pued[a] reprochar alguna accionar omisivo a la autoridad de Alzada” (sic); y, 4) La justicia constitucional puede realizar la facultad extraordinaria de revisar las decisiones asumidas por las autoridades administrativas y judiciales, siempre que se presenten una de las tres dimensiones establecidas referidas a la ausencia de fundamentación, motivación o congruencia, la actividad valorativa de la prueba y la correcta aplicación del ordenamiento jurídico; ninguna de las que fue debidamente expuesta en la acción tutelar, no evidenciándose, por ende, en qué contexto se pretende o alega que se hubiera incurrido en la lesión de derechos invocados.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por Sentencia 278/2021 de 27 de julio, el Juez Público Civil y Comercial Quinto de la Capital del departamento de La Paz, declaró: i) Probada en parte la demanda interpuesta por Betcy Gianne Padilla Rosado -tercera interesada- contra Enrique Botello Montesinos y Sonia Susana Hannover Saavedra -accionantes-, sobre interdicto de obra nueva perjudicial y daño temido, disponiendo que los demandados procedan a la construcción de un muro pantalla de contención de hormigón armado y procedan a la reparación y rehabilitación estructural de la propiedad de la demandante, así como a la reparación de los daños en la suma de Bs300 548,89.- (trescientos mil quinientos cuarenta y ocho 89/100 bolivianos), conforme a estudio pericial; ii) Probada la excepción de falta de legitimación interpuesta por Gunnar Wenceslao Botello Montecinos; e, iii) Improbada la excepción de prescripción formulada por los demandados prenombrados (fs. 69 a 78). II.2. Mediante memorial presentado el 10 de agosto de 2021, Enrique Botello Montesinos y Sonia Susana Hannover Saavedra -impetrantes de tutela-, plantearon recurso de apelación contra la Sentencia 278/2021, pidiendo se declare improbada la demanda de obra nueva perjudicial y daño temido (fs. 79 a 82 vta.). II.3. A través de Auto de Vista 93/2022 de 25 de marzo, la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -cuyos Vocales fueron codemandados-, confirmó la Sentencia 278/2021 de 27 de julio, en aplicación del art. 218.II.2 del CPC. Con costas y costos (fs. 86 a 89).
Los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; alegando que, en el interdicto de obra nueva perjudicial y daño temido formulado por la tercera interesada en su contra: a) Se suscitaron una serie de irregularidades -identificadas en los incs. a) a h)-, que no fueron observadas por el Juez demandado, concernientes a ausencias de notificación con diversos actuados, el señalamiento de la inspección judicial sin individualizar su objeto, la intención de favorecer a la nombrada con los peritajes, la designación arbitraria del perito -Ingeniero- Rodolfo Alfredo Garrón Amatler, la presentación del perito fuera de plazo, la constancia de Informe pericial que sobrevaluó los daños de propiedad de la tercera interesada, rechazándose la impugnación al mismo; y, la omisión en aprobar el peritaje, entre otros; y, b) Los Vocales demandados emitieron el Auto de Vista 93/2022 de 25 de marzo, con falta de fundamentación, motivación e incongruencia, sin resolver los puntos de agravios que expusieron en alzada, referentes a los tres informes periciales que se obtuvieron en el proceso; el haberse sustentado la Sentencia en un peritaje no aprobado; si fue correcto disponer un nuevo informe sin rechazar el primero; y, si constó una correcta confrontación del informe pericial con los otros elementos de juicio o pruebas cursantes en el proceso. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 53.1 y 3 del CPCo, responden a la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional, derivada de la norma contenida en el art. 129.I de la Ley Fundamental, que prevé que ésta podrá ser interpuesta: “…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas son nuestras); previsión que se encuentra regulada de igual manera en el art. 54.I del Codigo Procesal Constitucional (CPCo), redactado en similar sentido. Estableciendo el parágrafo II de dicha norma procesal, que esta regla será excepcionalmente obviada, únicamente previa justificación fundada, cuando se demuestre que: “1. La protección puede resultar tardía. 2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela”. En consecuencia, la acción de tutela examinada, es viable sólo en la medida en que el impetrante agote previamente a su interposición, todos los medios ordinarios o administrativos previstos por el ordenamiento jurídico en salvaguarda de sus derechos fundamentales o garantías constitucionales; y, únicamente ante la persistencia de la lesión, podrá formularla; estando constreñido por ende, a reclamar los actos ilegales u omisiones indebidas que considera vulneran sus derechos, inicialmente a la autoridad o persona que los dictó y en su caso, si es viable, impugnarlos ante la instancia superior, para abrir la competencia de la jurisdicción constitucional. Respecto a la subsidiariedad que caracteriza a la acción de amparo constitucional, la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, aplicable en la actualidad al no ser contraria al nuevo orden constitucional, ni a lo instituido en el Código Procesal Constitucional, al responder a su naturaleza jurídica; consignó las reglas y subreglas de improcedencia del amparo por subsidiariedad, resumidas en que no es factible su interposición, y consecuentemente, su posterior admisión, tramitación y resolución, cuando: “…1) Las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) Cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación ; y, b) Cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico…”. En este punto, cabe destacar que, a efectos de la consideración sobre la aplicación de la subsidiariedad descrita supra, la jurisprudencia constitucional estableció también la exigencia ineludible de la invocación del derecho considerado lesionado en las vías y mecanismos ordinarios. Al respecto, la SCP 0097/2013 de 17 de enero, indicó que: “En observancia del principio de subsidiariedad que configura la naturaleza de la acción de amparo constitucional, es necesario recordar que mediante la SC 1273/2005-R de 14 de octubre, se ha establecido la necesaria invocación del derecho considerado lesionado, en las diferentes vías y mecanismos ordinarios previstos por el legislador a efectos de entender el agotamiento previo de los recursos ordinarios que debe realizarse antes de activar la acción de amparo constitucional… Ahora bien, conforme lo ha anotado la SC 1086/2005-R de 12 de septiembre, ‘el carácter subsidiario del amparo constitucional, no sólo se agota en el aspecto formal, es decir en la obligación de que la persona utilice todos los recursos establecidos por el ordenamiento jurídico, sino que es preciso que a través de esos medios la persona reclame todos los actos ilegales que supuestamente le causan agravio; dado que si la persona no efectuó el reclamo pertinente, pese a haber utilizado el medio de defensa previsto por ley, se entiende que consintió con todos aquellos presuntos actos ilegales u omisiones indebidas que no impugnó oportunamente, impidiendo con ello que las autoridades judiciales o administrativas se pronuncien sobre el particular (SC 1337/2003-R, de 15 de septiembre)’. ‘De lo dicho se concluye que la jurisdicción constitucional sólo podrá analizar aquellos actos u omisiones demandados de ilegales que fueron reclamados oportunamente ante la vía judicial o administrativa pertinente; esto es en el momento hábil de producido el agravio el cual debe ser invocado necesariamente en las subsiguientes instancias sino es reparado en la primera, a través de los medios o recursos que franquea la ley. En consecuencia, aquellas lesiones no acusadas ante la vía ordinaria, no pueden ser analizadas a través del recurso de amparo constitucional…’” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). Conforme a lo expuesto, la justicia constitucional no ingresa a revisar aspectos no reclamados en la jurisdicción ordinaria o en sede administrativa, entendiendo aquello no únicamente como el agotamiento de los recursos ordinarios o medios administrativos de reclamo, sino también la ineludible exigencia de invocar el derecho considerado lesionado en aquellos recursos y vías administrativas de impugnación; no siendo viable para la jurisdicción constitucional considerar aspectos directamente cuestionados mediante la acción de amparo constitucional.
Sobre el intitulado, la SCP 2504/2012 de 3 de diciembre, precisó que: “…la nulidad no se puede declarar por que sí, sino cuando, en efecto, se haya puesto en riesgo la defensa de la otra parte. En tal consideración, la jurisprudencia en forma unánime considera que la nulidad procesal es un instrumento de última ratio que sólo debe ser aplicado cuando aparezca una infracción insubsanable de algún elemento esencial de un acto procesal o cuando se vulnere uno de los principios del debido proceso” (las negrillas y el subrayado nos pertenecen). En ese sentido, para que opere una declaratoria de nulidad, aun de oficio, deben presentarse los elementos consignados en la SC 0731/2010-R de 26 de julio, que son: “…a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos ‘No hay nulidad, sin ley específica que la establezca’ (Eduardo Cuoture, ‘Fundamentos de Derecho Procesal Civil’, p. 386); b) Principio de finalidad del acto, 'la finalidad del acto no debe interpretarse desde un punto de vista subjetivo, referido al cumplimiento del acto, sino en su aspecto objetivo, o sea, apuntando a la función del acto’ (Palacio, Lino Enrique, 'Derecho Procesal Civil', T. IV p. 145), dando a entender que no basta la sanción legal específica para declarar la nulidad de un acto, ya que ésta no se podrá declarar, si el acto, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a la que estaba destinada; c) Principio de trascendencia, este presupuesto nos indica que no puede admitirse el pronunciamiento de la nulidad por la nulidad misma, o para satisfacer pruritos formales, como señala Couture (op. cit. p. 390), esto significa que quien solicita nulidad debe probar que la misma le ocasionó perjuicio cierto e irreparable, que solo puede subsanarse mediante la declaración de nulidad, es decir demostrar cuál es el agravio que le causa el acto irregularmente cumplido y si éste es cierto e irreparable; y, d) Principio de convalidación, ‘en principio, en derecho procesal civil, toda nulidad se convalida por el consentimiento’ (Couture op. cit., p. 391), dando a conocer que aún en el supuesto de concurrir en un determinado caso los otros presupuestos de la nulidad, ésta no podrá ser declarada si es que el interesado consintió expresa o tácitamente el acto defectuoso, la primera cuando la parte que se cree perjudicada se presenta al proceso ratificando el acto viciado, y la segunda cuando en conocimiento del acto defectuoso, no lo impugna por los medios idóneos (incidentes, recursos, etc.), dentro del plazo legal (Antezana Palacios Alfredo, ‘Nulidades Procesales’)’” (las negrillas y subrayado fueron introducidos).
Sobre el particular, la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, haciendo referencia a diversos fallos constitucionales anteriores, estableció que: “El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. (…) Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes… En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna” (las negrillas son nuestras). Por otra parte, destaca que, conforme a lo expuesto en la SCP 1537/2012 de 24 de septiembre: “…la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones como elemento del debido proceso, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario, una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integra de todos los puntos demandados por las partes, debiendo expresar la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, las razones que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal necesaria atinente al caso concreto y citando las normas sustantivas y adjetivas que sustentan la parte dispositiva, lo que hará contundente y sólido el fallo; asumiendo de esta manera la garantía del debido proceso, que exige plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de una resolución” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).
Los impetrantes de tutela denuncian la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; encontrándose identificada la problemática a resolverse en el primer párrafo de los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. De las Conclusiones expuestas en el presente fallo constitucional, se tiene que, mediante Sentencia 278/2021, el Juez demandado falló declarando probada en parte la demanda formulada por la hoy tercera interesada contra Enrique Botello Montesinos y Sonia Susana Hannover Saavedra -impetrantes de tutela-, sobre interdicto de obra nueva perjudicial y daño temido, con los alcances descritos en la Conclusión II.1 de este fallo constitucional; determinando, por otra parte, probada la excepción de falta de legitimación interpuesta por Gunnar Wenceslao Botello Montecinos; e, improbada la excepción de prescripción formulada por los demandados prenombrados. Contra ese fallo, los citados demandantes de tutela, interpusieron recurso de apelación (Conclusión II.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional); ciñendo los puntos de agravio a los siguientes aspectos: 1) La Sentencia impugnada estableció que no se demostró la procedencia del interdicto de obra nueva, habiéndose determinado que la construcción del bien inmueble de propiedad de los demandados ya se encontraba concluida en su obra bruta; por lo que, no cumplía las previsiones contenidas en el art. 1463 del Código Civil (CC). En ese marco, al declararse improbada dicha denuncia, conllevaba que la demanda de daño temido quede sin efecto, al ser consecuencia de la primera, tal como dispuso el Auto de Vista 233/2019 de 22 de mayo, emitido por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al indicar que, en caso de declararse improbada la demanda principal de obra nueva perjudicial también resultaría inviable la accesoria, ocurriendo lo mismo al ser declaradas improbadas; 2) El informe pericial del Ingeniero, Rodolfo Alfredo Garrón Amatler, determina en sus conclusiones daños a la propiedad de manera sobrevalorada, teniendo el mismo estrecha similitud con la pericia presentada por la demandante en calidad de prueba pre constituida que fue elaborada por el Ingeniero Luis Valdez, de la SIB, el que, determinó el monto de Bs173 571,80.- (ciento setenta y tres mil quinientos setenta y uno 80/100 bolivianos), en cuanto a los daños sufridos y los costos para su refacción. Por otra parte, se designó un primer perito -Ingeniero Roger Vega Quiroga- quien determinó el monto de Bs37 632.- (treinta y siete mil seiscientos treinta y dos bolivianos), contra quien se presentó recusación, siendo impugnado el informe que presentó, advirtiéndose que, sin ser rechazado el Juez demandado dispuso la realización de un nuevo peritaje; aspectos que demostrarían irregularidades en el procedimiento. De otro lado, el Juez demandado obvió que, el art. 202 del CPC, no obliga al juez a la aplicación estricta del peritaje “…y los principios sobre los cuales la autoridad fundó su sentencia fueron determinados sobre puntos que el perito no tomó en cuenta…” (sic); existiendo además peritajes presentados por la tercera interesada que difieren unos de otros en relación al monto para su reparación y no así respecto a los daños, entre los que existen muchas coincidencias en referencia a la gravedad de los mismos y que fueron magnificadas por el último perito; lo que, les causa no solo un daño económico sino un perjuicio en el tiempo en el que se tramita la causa; y, 3) El desarrollo del proceso extraordinario durante más de dos años les generó un enorme perjuicio económico aproximado en la suma de $us120 000.- (ciento veinte mil dólares estadounidenses); por cuanto, el edificio construido tenía la finalidad de comercializar departamentos, lo que hasta la fecha no pudieron realizar con el consiguiente perjuicio económico, siendo clara la intención de favorecer a la tercera interesada “…con una construcción nueva en una construcción que data del año 1974, donde el último perito designado de manera parcializada y con un sobreprecio en sus apreciaciones no tomó en cuenta este aspecto...” (sic), pese a que dicho peritaje fue debidamente impugnado, considerando que la obra gruesa ya se hallaba concluida y que el suelo se encontraba estabilizado según peritajes anteriores, lo que no fue considerado por el Juez demandado en el análisis de la Sentencia 278/2021. La alzada fue resuelta mediante Auto de Vista 93/2022, por el que, la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, confirmó la Sentencia 278/2021; fallo que en su Considerando I, transcribe la parte dispositiva de la decisión impugnada, así como sintetiza los agravios expuestos en el recurso de apelación; y, en el Considerando II, sustenta la decisión conforme a los siguientes fundamentos: i) Conforme al art. 265 del CPC, la pertinencia de la resolución radica en el hecho que el auto de vista debe circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación; i) Cuando se comienza una obra que afecta a un inmueble o no se sujeta a las normas previstas para las servidumbres, exista temor que un edificio, árbol, columna o cualquier cosa análoga pueda causar daño a persona o cosas, quien se considere perjudicado puede promover el interdicto de obra nueva perjudicial o daño temido. Interdicto que tiene como objeto evitar que la posesión sea afectada por obras que un tercero ejecute en terreno del acto, o en terreno vecino, en condiciones que perjudiquen a fin de impedir un daño temido; iii) Respecto a que, el haber declarado improbada la denuncia de obra nueva, debió derivar en también denegar el daño temido; debe considerarse que, el art. 114 del CPC, prevé la posibilidad de interponer una demanda con pretensión múltiple, con los requisitos allí establecidos, siendo plenamente viable peticionar todas las pretensiones jurídicas que se vieran por convenientes siempre y cuando no sean contrarias entre sí -debiendo los derechos subjetivos ser susceptibles de realización y comprobación en cuanto a su contenido y a la efectividad que les ha sido atribuida-; iv) El derecho a recurrir contra las resoluciones judiciales, es procesal, exigiendo para su procedencia la existencia de un gravamen o perjuicio contra los intereses del litigante, siendo este el requisito más importante que habilita al justiciable, “…el interés legítimo para recurrir” (sic). En ese orden, quien se encuentra legitimado para recurrir es quien se vea perjudicado en sus derechos, tomando en cuenta que, una resolución puede ser favorable para una de las partes y perjudicial para la otra, habilitándose la vía recursiva de la decisión de grado, según el art. 251 del CPC, constituyendo la legitimación un requisito indispensable para cuestionar una determinación; en ese sentido, los recurrentes “…no tienen legitimación procesal para reclamar derecho de terceros, o dicho de otra forma, la parte apelante no puede reclamar la vulneración de derechos que no le son propios, por lo cual, no puede reclamar derecho que le corresponde a la parte actora en cuanto a sus pretensiones, razón por la cual no corresponde acoger el reclamo opuesto, pues el supuesto agravio que expresa la recurrente no le es propio…” (sic), siendo improcedente el agravio expuesto; v) En cuanto a que el peritaje efectuado no determina un monto definitivo y el juez no está obligado a su aplicación estricta, y a que, el Ingeniero Rodolfo Alfredo Garrón Amatler, magnificó los daños causados; estableció que: a) Los principios de unidad y comunidad de la prueba, tienen la finalidad de llegar a la verdad real de los hechos, en cuya valoración simultáneamente se aplica también el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de forma aislada, aspecto que el juez debe tomar en cuenta, estando obligado a apreciar y valorar las mismas en su conjunto de forma íntegra y contrastada, conforme establecen los arts. 1286 del CC y 145 del CPC; b) En el caso, por Auto de 9 de septiembre de 2020, al verificar que el informe presentado por el perito Favio Roger Vega Quiroga, era contrario a los informes periciales presentados por la parte demandante, el Juez demandado dispuso la realización de un nuevo estudio pericial con el fin de arribar a la verdad material de los hechos. En ese orden, según el art. 202 del CPC, se evidencia que el informe pericial busca formar la convicción del juez, “…de modo que él debe examinar los fundamentos de las conclusiones de los peritos y confrontarlos con otros elementos de juicio que existan en el proceso…” (sic); en cuyo orden, el dictamen pericial excluye la facultad de determinarse según su libre convicción; por cuanto, el pronunciamiento debe ser el resultado de un análisis crítico de sus fundamentos y de los antecedentes de hecho suministrados por las partes. En ese sentido, el juez no puede apartarse del dictamen de peritos sin exponer las razones que tiene para ello y si el mismo no se encuentra suficientemente fundado, sus conclusiones son uniformes y el juez no explica las razones de su discrepancia, “…debe acordársele valor probatorio” (sic); y, c) El perito es un simple intermediario en el reconocimiento judicial, “…el lente a través del cual el juez percibe ciertos hechos que su revisión normal no alcanza y que deben ser confrontados con otros elementos de juicio que existan en el proceso…” (sic); resultando improcedente acoger el supuesto reclamo; vi) La parte apelante refiere que con la Sentencia se pretendería seguir hundiéndolo económicamente a costa de beneficiar a la demandante -tercera interesada- con una construcción nueva en un inmueble que dataría de 1974. Sobre el particular, el Tribunal de alzada conforme al art. 265 del CPC, prevé que el auto de vista debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de alzada y fundamentación; por lo que, el Tribunal tiene competencia únicamente para revisar cuestiones litigiosas propuestas en primera instancia, no pudiendo suplir el superior sus agravios; por consiguiente, la alzada no es el medio idóneo para resolver aspectos que no fueron resueltos en el fallo apelado, debiendo activarse los mecanismos legales a ese efecto; evidenciándose que el Juez demandado actuó conforme a Derecho y con la pertinencia del caso, fallando según procedimiento; y, vii) A “fs. 1016 vta.”, los impetrantes de tutela formularon recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de “…fs. 1015 vta., a 1016 vta…” (sic); por el que, se rechazó el incidente de nulidad de “…fs. 731 a 735…” (sic); en ese marco, los recurrentes no fundamentaron su recurso de apelación conjuntamente la impugnación contra la Sentencia, inobservando el art. 259 del CPC, que de forma expresa indica que la apelación en el efecto diferido se limitará a su simple interposición, en cuyo caso y sin perjuicio del cumplimiento del fallo impugnado y la prosecución del proceso, se reservará fundamentación en forma conjunta con la de una eventual apelación de la sentencia definitiva. Efectuadas dichas precisiones, corresponde señalar que, en cuanto al primer punto identificado en la problemática planteada en la acción de amparo constitucional -inc. i) del primer párrafo de los Fundamentos Jurídicos de esta Resolución-, referente a que, se habrían suscitado una serie de irregularidades consignadas en los incs. a) a h) de los hechos que motivan la acción -apartado I.1.1-, que no habrían sido observadas por el Juez demandado, denunciándose de forma directa ante la jurisdicción constitucional -entre otros- ausencias de notificación con diversos actuados, el señalamiento de la inspección judicial sin individualizar su objeto, la intención de favorecer a la nombrada con los peritajes, la designación arbitraria del perito -Ingeniero- Rodolfo Alfredo Garrón Amatler, la presentación del perito fuera de plazo, la constancia de Informe pericial que sobrevaluó los daños de propiedad de la tercera interesada, rechazándose la impugnación al mismo; y, la omisión en aprobar el peritaje -razones, por las que, en audiencia de garantías, los peticionantes de tutela pidieron “…se anule obrados hasta el vicio más antiguo, mismo que se relaciona al peritaje como tal en todas sus facetas, desde el proceso…” (sic [las negrillas y subrayado fueron introducidos])-; dichas cuestiones no pueden ser resueltas por la justicia constitucional, al no haber sido cuestionadas oportunamente a través de los mecanismos normativamente previstos. Esto debido a que esta acción de defensa, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se caracteriza por ser una acción de defensa de carácter subsidiario, debiendo entenderse aquello no solo como el agotamiento de los recursos ordinarios o medios administrativos de reclamo, sino que en los mismos se invoque el derecho considerado como transgredido a través del reclamo pertinente que comprenda todos los actos ilegales que supuestamente causan agravio a la parte accionante; no obrar en dicho sentido, conlleva el consentimiento de todos aquellos presuntos actos ilegales u omisiones indebidas que no objetó oportunamente, sin que corresponda el uso de la vía constitucional para subsanar la inacción de las partes. Resalta, por otra parte que, la nulidad procesal es un instrumento de última ratio que se aplica solo cuando existe una infracción insubsanable de algún elemento esencial de un acto procesal o cuando se vulnere uno de los principios del debido proceso; exigiéndose para la procedencia de la declaratoria de nulidad, la concurrencia de los principios de especificidad o legalidad, de finalidad del acto, de trascendencia y de convalidación -Fundamento Jurídico III.2-; por lo que, si los demandantes de tutela consideraban que los actos impugnados de forma directa en sede constitucional, resultaban nulos en el marco de lo dispuesto en el art. 105 y ss. del CPC, debieron requerir su nulidad en el mismo proceso -interdicto de obra nueva perjudicial y daño temido-, no así de forma directa a través de la acción de amparo constitucional, siendo inviable la solicitud que este Tribunal verifique la legalidad de todo el proceso y anule obrados “…hasta el vicio más antiguo…” (sic). Por otra parte, en cuanto a la segunda denuncia contenida en la problemática planteada, referida a la solicitud de dejar sin efecto el Auto de Vista 93/2022, emitido por los Vocales demandados; y, la Sentencia 278/2021, por el Juez codemandado, es necesario precisar que, este Tribunal ceñirá su análisis únicamente al último fallo emitido -Auto de Vista- siendo este el que podía modificar de ser pertinente los agravios expuestos en la alzada. En ese orden, se tiene que, los impetrantes de tutela refieren que el Auto de Vista 93/2022, sería un fallo carente de fundamentación, motivación y congruencia; por cuanto, además de tener una escasa e inadecuada fundamentación al referir que reclamó la transgresión de derechos que no le resultaban propios, sino de la tercera interesada; no habría resuelto todos los agravios que expuso en su apelación, referentes a que el perito sería un simple intermediario y que la pericia o el informe pericial debe ser confrontado con otros elementos de juicio que existan en el proceso, sin fundamentar nada en cuanto a los tres informes periciales que se obtuvieron en el proceso y haberse sustentado la Sentencia en un peritaje no aprobado; si fue correcto determinar un nuevo informe sin rechazar el primero; y, si existió una correcta confrontación del informe pericial con los otros elementos de juicio o pruebas cursantes en el proceso. Sobre el particular, destaca que, los accionantes en su alzada, impugnaron que al declararse improbado el interdicto de obra nueva, debió obrarse en igual sentido respecto al daño temido; que el último informe pericial determinó en sus conclusiones daños a la propiedad de forma sobrevalorada, suscitándose irregularidades en los peritajes en el proceso; que, el juez no se encontraba obligado a dar aplicación estricta a lo dispuesto en el peritaje; y, que se les causó un grave perjuicio económico siendo clara la intención de favorecer a la tercera interesada. Aspectos todos que se identifica, fueron resueltos por los Vocales demandados en el Auto de Vista 93/2022, cumpliendo la carga argumentativa a la que se hallaban constreñidos a objeto de respetar el debido proceso, resolviendo en ese orden, de forma clara e íntegra cada uno de los puntos de agravio sujetos a apelación, contando el fallo de alzada cuestionado con una estructura de forma y fondo en el marco del debido proceso, haciendo especial énfasis en la posibilidad de formular una demanda con pretensión múltiple -art. 114 del CPC-; a que, los principios de unidad y comunidad de la prueba tienen el objetivo de llegar a la verdad real de los hechos en cuya valoración compartida se aplica también el principio de unidad o valoración conjunta de la prueba y no de manera aislada. Agregando que, conforme al art. 202 del CPC, el informe pericial busca formar la convicción del juez, correspondiendo que el pronunciamiento sea el resultado de un análisis crítico de sus fundamentos y de los antecedentes de hecho, suministrado por las partes, no pudiendo apartarse el juez del dictamen de los peritos sin exponer las razones para aquello. Efectuaron énfasis también -entre otros- en que el auto de vista debe circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de alzada y fundamentación, teniendo el Tribunal de alzada competencia solo para revisar cuestiones litigiosas propuestas en primera instancia, no pudiendo suplir el superior sus agravios. En este punto destaca que, si bien de forma confusa el Auto de Vista, refirió en un apartado que, los accionantes reclamaron en alzada derechos de la tercera interesada, obviando que la parte apelante no podía reclamar la transgresión de derechos que no le son propios; lo que no es evidenciable, dicho fundamento carece de relevancia constitucional; por cuanto, este no fue el sustento para confirmar la Sentencia 278/2021, sino todos los otros que fueron debidamente identificados supra, que dieron respuesta a cada uno de los agravios expuestos en alzada. A más de ello, en la acción de amparo constitucional se verifica que los impetrantes de tutela, efectuaron alusiones sobre aspectos que no fueron cuestionados en alzada -sobre los que, por ende, no puede efectuarse análisis alguno-, reiterándose, en consecuencia, que el Auto de Vista cuestionado en la presente acción de defensa, no incurrió en omisión ni arbitrariedad alguna;
siendo evidente, al contrario que, sí cumplió con la debida fundamentación, motivación y congruencia en su decisión; no resultando cierta, por ende, la lesión de derechos denunciados; correspondiendo tener presente que de acuerdo a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sala Constitucional Plurinacional, la exigencia de la fundamentación y motivación de las resoluciones, no implica la exposición ampulosa, exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos; compeliendo más bien, que la decisión asumida sea concisa, clara e íntegra, que satisfaga todos los puntos demandados, expresando las razones que justifiquen la determinación, citando las normas sustantivas y adjetivas al efecto que hagan contundente y sólido el fallo dictado; aspectos que claramente fueron cumplidos por los Vocales demandados. Finalmente, en cuanto a que se habría lesionado el derecho a la defensa, corresponde igualmente denegar la tutela, no habiendo los demandantes de tutela, expuesto la forma en que habría sido vulnerado; no existiendo tampoco constancia sobre aquello. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 198/2022 de 16 de noviembre, cursante de fs. 109 a 112 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
1 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la
misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.
2 El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
3 La SCP 0805/2023-S2 de 21 de agosto, por mencionar alguna, en el mismo sentido estableció que “…concierne aclarar que la acción de amparo constitucional no es una vía supletoria, no reemplaza a las demás jurisdicciones ni revisa todo lo obrado por éstas; en tal sentido, esta acción tutelar no constituye una acción acumulativa pues la misma: ‘…tendrá lugar contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley’ (art. 128 de la CPE) y ‘…siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’ (art. 129.I de la CPE), disposiciones que son concordantes con los arts. 53.1 y 54.I del Código Procesal Constitucional (CPCo) y que expresamente establecen que las supuestas lesiones a los derechos fundamentales y garantías constitucionales deben ser reparadas previamente en la jurisdicción ordinaria o administrativa, a través de la utilización de otro medio o recurso legal. Es bajo este entendido que se ha configurado el principio de subsidiariedad tan ampliamente desarrollado por la jurisprudencia constitucional, existiendo reglas y subreglas de improcedencia de esta acción tutelar, entre las se
contempla la imposibilidad de que éste Tribunal, se pronuncie directamente acerca de una problemática. Esta acción tutelar -conforme se ha expuesto precedentemente y ha reiterado la jurisprudencia-, no suple otras jurisdicciones ni las fiscaliza; sino que, únicamente determina la existencia o no de hechos, actos u omisiones ilegales que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos consolidados reconocidos por la Constitución y la ley” (las negrillas corresponden al texto original).
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0076_2025-S3.pdf · páginas 1 a 22.
Huella digital del PDF (SHA-256): 974faebd6da1d051dc8e2d8656d4c06a37e1bdc277bf33c433d4d08fc790384f
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