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SCP 0075/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 12 de marzo de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
12 de marzo de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
50004-2022-101-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, la Jueza y el Secretario ahora accionados, no recogieron el legajo del recurso de apelación incidental que ya fue resuelto con la emisión del Auto de Vista de 19 de julio de 2022, dejando sin efecto el Auto Interlocutorio de 5 de igual mes y año, que rechazó su solicitud de cesación de su detención preventiva, situación que imposibilita el señalamiento de otra audiencia y se pueda emitir nueva resolución. En consecuencia, corresponde en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La legitimación pasiva en la acción de libertad; y, ii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 009/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 44 a 46, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La legitimación pasiva en la acción de libertad
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0075/2025-S1 Sucre, 12 de marzo de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 50004-2022-101-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 009/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 44 a 46, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marlon Elvis Torrico Vargas contra Lizeth López Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cliza y Ramiro Balderrama Ponce, Secretario del Juzgado Público Mixto de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza en suplencia legal del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Cliza todos del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

El accionante por memorial presentado el 16 de agosto de 2022, cursante de fs. 13 a 16, manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) del Gobierno Autónomo Municipal de Tolata del departamento de Cochabamba contra su persona, por la presunta comisión del delito de violación previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP). El 5 de julio de 2022, se celebró la audiencia de consideración de cesación de su detención preventiva en la que rechazaron su solicitud, que a criterio de la Jueza ahora accionada la prueba que presentó fue insuficiente para desvirtuar los riesgos procesales previstos por los arts. 234.7 y 235.1 y 2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), contra esa determinación en la misma audiencia planteó recurso de apelación incidental que radicó en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, señalándose audiencia para el 19 de igual mes y año, mediante Auto de Vista de 19 de julio de 2022, se declaró procedente el referido recurso de apelación, revocando la decisión de la Jueza de primera instancia, asimismo se ordenó la devolución del legajo del referido recurso de apelación al Juzgado de origen para que se emita nueva resolución en el plazo de veinticuatro horas una vez devuelto dicho legajo. En ese entendido el 4 de agosto de igual año se coordinó con el “funcionario” -no menciona el cargo- del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba; sin embargo, hasta el momento de interponer la acción de libertad -16 de agosto de 2022- no recogió el legajo del recurso de apelación incidental, aspecto que vulnera su derecho a la libertad de locomoción, siendo que la “ley” establece que las solicitudes en caso de detenidos preventivos deben ser atendidas con prontitud y diligencia, cuya demora en el recojo imposibilitó a la Jueza de primera instancia señalar audiencia y emitir una nueva resolución; por lo que, se incurrió en una prolongación indebida de privación de su libertad.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; citando al efecto los arts. 22, 23 y 115.I y II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3, 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: a) Se conmine a la Jueza ahora accionada señale audiencia dentro del plazo de veinticuatro horas con la finalidad de dar cumplimiento al Auto de Vista de 19 de julio de 2022; y, b) Que el Secretario hoy coaccionado recoja el legajo del recurso de apelación incidental en el día debido a que su situación jurídica debe ser resuelta por las autoridades jurisdiccionales competentes.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 17 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 42 a 43, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado, en audiencia ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: 1) La línea jurisprudencial anuncia que en este tipo de acciones de defensa se aplica el principio de flexibilidad de la legitimación pasiva; en ese sentido, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dejó sin efecto el Auto Interlocutorio de 5 de julio de 2022, recurrido en apelación incidental, conminando a la Jueza de primera instancia que dicte una nueva resolución; 2) Desde la emisión del Auto de Vista de 19 de igual mes y año, transcurrió un mes sin que se de cumplimiento a lo dispuesto en dicho fallo; 3) El Secretario hoy coaccionado que actuó en suplencia legal del Juzgado Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza del citado departamento, en el tenor de su informe fue claro y preciso con relación a las vulneraciones denunciadas; por lo que, se considera que están correctamente identificados los ahora accionados; 4) En la SCP “80/2016-S2”, se establece que la autoridad jurisdiccional tiene la obligación de ejercer control rígido del personal subalterno de su dependencia; y, 5) La Jueza ahora accionada en su informe presentado el 17 de agosto del mismo año, refiere que desconoce el tenor del referido Auto de Vista lo cual es totalmente falso, ya que de manera posterior se desarrollaron dos audiencias en las que se dio a conocer que existe una resolución que debió dar cumplimiento; empero, a pesar de tener conocimiento hizo caso omiso a lo dispuesto en el mencionado Auto de Vista. La Jueza hoy accionada tenía la obligación de dirigirse a la ciudad de Cochabamba y recoger ese cuaderno procesal y dar cumplimiento, al citado Auto de Vista; por lo que, su persona se vio en la necesidad de interponer esta acción de defensa en consideración a la omisión y dilación por la Jueza ahora accionada y de su personal subalterno por no ejercer el control jurisdiccional.

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionario de apoyo jurisdiccional accionados

Lizeth López Aguilar, Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Cliza del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado el 17 de agosto de 2022, cursante a fs. 31 y vta., manifestó que: i) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante por la presunta comisión del delito de violación, se emitió Auto Interlocutorio de 5 de julio de igual año, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, mismo que fue recurrido en apelación incidental por el accionante, remitiéndose el legajo del recurso de apelación incidental el 12 del mismo mes y año a Plataforma de Atención al Público e Informaciones del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; ii) La suscrita no tiene conocimiento del contenido del Auto de Vista de 19 de julio de 2022; puesto que, no se le notificó; sin embargo, recién “hoy” -17 de agosto de 2022- a las 11:50 horas, la Auxiliar de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento le notificó vía WhatsApp, mencionando que deben recoger el “proceso penal”; y, iii); Su despacho judicial no cuenta con una Secretaria desde el 9 de agosto del señalado año, dicho cargo se encontraba acéfalo, a ello se debe tomar en cuenta la distancia que existe entre las provincias de Cliza y Cercado, de igual manera no cuenta con Auxiliar para recoger el proceso de la provincia de Cercado, tales aspectos deben ser considerados, por lo expuesto, solicitó se deniegue la tutela solicitada.

Ramiro Balderrama Ponce, Secretario del Juzgado Público de Familia y de Sentencia Penal Primero de Cliza del departamento de Cochabamba, mediante informe presentado el 17 de agosto de 2022, cursante a fs. 33 manifestó que: a) Su persona presta funciones en el “Juzgado de Familia y de Sentencia Penal No. 1 de Cliza y NO en el Juzgado en el Juzgado de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal No. 1 de Cliza…” (sic); b) No tiene conocimiento del proceso penal objeto de esa acción de defensa, su persona no firmó y menos dio fe a ninguna resolución que se hubiese emitido en ese proceso; y, c) No está en las facultades que establece el art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), “…como funciones el recoger los expedientes de los Tribunales de alzada…”; puesto que, dichos Tribunales cuentan con un secretario y que tienen la obligación de remitir los expedientes a los Juzgados de origen; por lo que, pide se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Jimena Mónica Nina Nina, Fiscal de Materia, en audiencia de consideración de la acción de libertad manifestó que; el accionante no refirió que derecho se le vulneró, asimismo la Jueza de primera instancia obró de manera correcta conforme a los antecedentes y la norma, ya que no se desvirtuaron correctamente los riesgos procesales de fuga y obstaculización.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 009/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 44 a 46, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: 1) El accionante señala que a denuncia de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Tolata del departamento de Cochabamba, por la presunta comisión del delito de violación, se encuentra con detención preventiva. El 5 de julio de 2022, se celebró la audiencia de consideración de la cesación de su detención preventiva; sin embargo, la Jueza de primera instancia rechazó su solicitud al considerar que la prueba presentada resultó ser insuficiente y mantuvo los riesgos procesales establecidos por los arts. 234.7 y 235.1 y 2 del CPP, ante dicha decisión planteó recurso de apelación incidental, que radicó en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento; 2) La Vocal de la referida Sala Penal emitió el Auto de Vista de 19 de igual mes y año, revocando la decisión de la Jueza ahora accionada que denegó la cesación de su detención preventiva, disponiendo que la Jueza de primera instancia emita nueva resolución y sea en el plazo de veinticuatro horas una vez devuelto el legajo del recurso de apelación incidental; 3) El “funcionario” del Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero del señalado departamento hasta esa fecha -17 de agosto de 2022- no recogió el mencionado legajo del recurso de apelación; asimismo, la Jueza hoy accionada no ejerció control respecto a su personal de apoyo jurisdiccional en cuanto al recojo del citado legajo del recurso de apelación, a efectos de que se consideren nuevas solicitudes de cesación de la detención preventiva que estubiesen vinculados con su derecho de obtener su libertad; 4) La jurisprudencia es clara sobre la activación de la acción de libertad de pronto despacho contra las autoridades que atentan contra la celeridad o no se pronuncien con relación a solicitudes que van vinculados con el derecho a la libertad del accionante; 5) De los argumentos del accionante la responsabilidad radica en que el Secretario hoy coaccionado no recogió el referido legajo del recurso de apelación incidental de la citada Sala Penal hasta el momento de la audiencia de consideración de la acción de libertad; de igual manera la Jueza ahora accionada no controlo “dichas diligencias”; sin embargo, de la línea jurisprudencial -SCP 0928/2021-S3 de 18 de noviembre-no se advierte que la Jueza y el Secretario ahora accionados tengan la obligación de recoger el mencionado legajo, si no se les comunicó que el mismo ya se encuentra con las actas respectivas; además la obligación de remitir o devolver cualquier legajo resuelto en recurso de apelación incidental es responsabilidad de los funcionarios judiciales de la referida Sala Penal, que está compuesto por un Secretario, dos Auxiliares y un Oficial de Diligencias; por lo que, no se advierte que la Jueza y el Secretario hoy accionados dentro de la normativa procesal penal y lo señalado en la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional al modular con relación a la acción de libertad de pronto despacho tengan una legitimación pasiva a los efectos de considerarse autoridades que vulneran derechos; y, 6) La responsabilidad radica en que los funcionarios de apoyo jurisdiccional de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de Cochabamba son quienes tenían la obligación de llevar o devolver dicho legajo del recurso de apelación; además no se advierte que el accionante se hubiese apersonado o efectuado el tramite respectivo para que la mencionada Sala Penal devuelva el “cuadernillo cautelar”; asimismo, no consta cuando fue elaborado el acta, no obstante se tiene que sería del 19 de julio el 2022.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante Auto de Vista de 19 de julio de 2022, emitida por Patricia Torrico Ortega, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró procedente el recurso de apelación incidental formulada por Marlon Elvis Torrico Vargas -ahora accionante- en consecuencia se dejó sin efecto el Auto Interlocutorio de 5 de igual mes y año, ordenando que la Jueza de primera instancia en un plazo de veinticuatro horas a partir de la notificación de la devolución de antecedentes, convoque a una audiencia pública en la que deberá emitir nueva resolución (fs. 2 a 6).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, la Jueza y el Secretario ahora accionados, no recogieron el legajo del recurso de apelación incidental que ya fue resuelto con la emisión del Auto de Vista de 19 de julio de 2022, dejando sin efecto el Auto Interlocutorio de 5 de igual mes y año, que rechazó su solicitud de cesación de su detención preventiva, situación que imposibilita el señalamiento de otra audiencia y se pueda emitir nueva resolución. En consecuencia, corresponde en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La legitimación pasiva en la acción de libertad; y, ii) Análisis del caso concreto.

III.1. La legitimación pasiva en la acción de libertad

La SCP 1335/2022-S1 de 15 de noviembre, estableció que: “Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 0691/2001-R de 9 de julio, definió la legitimación pasiva señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, la SC 0010/2010-R de 6 de abril, estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 18 de agosto. Luego, en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, se refuerza el entendimiento antes señalado y se precisa que para la procedencia de esta acción tutelar es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.

Asimismo, la SC 1651/2004-R de 11 de octubre estableció que para la procedencia del hábeas corpus -ahora acción de libertad- es imprescindible que la misma esté dirigida contra la autoridad que cometió el acto ilegal o la omisión indebida lesiva del derecho a la libertad, ya que la inobservancia de este entendimiento, en aplicación del presupuesto procesal de la legitimación pasiva, impide al control de constitucionalidad ingresar al análisis de fondo de la problemática, entendimiento que fue ratificado en la SC 0330/2013-L de 16 de mayo, que señaló que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos invocados.

Como se puede advertir, la jurisprudencia que señala que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos alegados, se mantuvo a lo largo de toda la historia de la jurisprudencia constitucional” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; puesto que, la Jueza y el Secretario ahora accionados, no recogieron el legajo del recurso de apelación incidental que ya fue resuelto con la emisión del Auto de Vista de 19 de julio de 2022, dejando sin efecto el Auto Interlocutorio de 5 de igual mes y año, que rechazó su solicitud de cesación de su detención preventiva, situación que imposibilita el señalamiento de otra audiencia y se pueda emitir nueva resolución. De los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que por Auto de Vista de 19 de julio de 2022, la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró procedente el recurso de apelación incidental formulada por el accionante en consecuencia dejaron sin efecto el Auto Interlocutorio de 5 de igual mes y año, ordenando que la Jueza de primera instancia en un plazo de veinticuatro horas a partir de la devolución de antecedentes convoque a una audiencia pública en el que deberá emitir nueva resolución (Conclusión II.1.).

Si bien la presente acción de defensa fue presentada como una acción de libertad de pronto despacho, debido a que hasta la fecha de interposición de esta acción de libertad la Jueza y el Secretario ahora accionados no recogieron el legajo del recurso de apelación incidental de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que fue resuelto por Auto de Vista de 19 de julio de 2022, dejando sin efecto el Auto Interlocutorio de 5 de igual mes y año, disponiendo que se emita nueva resolución, dentro del plazo de veinticuatro horas una vez devuelto el mencionado legajo del recurso de apelación; sin embargo, del informe de 17 de agosto del mismo año, emitido por la Jueza ahora accionada, se tiene que no fue notificada con el referido Auto de Vista. Asimismo el Secretario hoy coaccionado, indicó que no tenía conocimiento del proceso penal que planteó el accionante; puesto que, el no dio fe a ningún actuado en dicho proceso, ni tampoco se encuentra en sus funciones, conforme establece el art. 94 de la LOJ, el de recoger los expedientes de los Tribunales de alzada, considerando que dichos Tribunales cuentan con un Secretario y que tienen la obligación de remitir los expedientes a los Juzgados de origen.

De lo expuesto y conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional se establece que no existe legitimación pasiva cuando la autoridad o persona demandada no participó en la vulneración de los derechos alegados; en ese sentido el caso remitido en revisión ante la jurisdicción constitucional, se denuncia que la Jueza y el Secretario hoy accionados no recogieron el legajo de recurso de apelación incidental; sin embargo, esa no resulta ser una atribución de los mismos; además, de la revisión de los antecedentes se advierte que el mencionado legajo de recurso de apelación se encontraba en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; por lo que, los Vocales de la referida Sala Penal tenían la obligación de remitir los antecedentes de los recursos de apelación a los juzgados de origen y que en esta acción de defensa no fueron accionados; por lo que, la Jueza y el Secretario ahora accionados, en el presente caso carecerían de legitimación pasiva para resolver la solicitud del accionante dentro de esta acción tutelar; quien en consecuencia, debe dirigir su pretensión a la autoridad judicial correspondiente. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 009/2022 de 17 de agosto, cursante de fs. 44 a 46, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0075_2025-S1.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): 42357eb0226b858efc7a90a88e78c954abcc605aab3cac02d20a0682a2ace3de

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