Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 16 de abril de 2024
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la libertad de circulación o -locomoción-, al debido proceso, a la presunción de inocencia y al trabajo; puesto que, el “2012”, el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, ordenó la medida cautelar de arraigo contra el accionante dentro del proceso penal seguido contra su persona, por la presunta comisión del delito de hurto, que “a la fecha” se encuentra prescrito; por lo que, solicitó a dicho Juez la emisión de una orden de libertad y desarraigo; sin embargo el mismo no cuenta con autoridad judicial que conozca las causas; tampoco se encuentra expediente alguno en dicho Juzgado ni en el Ministerio Público, en el que se pueda establecer que el accionante continúa como denunciado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 05/2022 de 30 de abril, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital de la Capital del departamento de santa Cruz y el derecho a la libertad de circulación o -locomoción-, con base en los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; disponiendo:
a) Que el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz en el plazo de setenta y dos horas de su notificación con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, resuelva la solicitud realizada por el accionante y determine lo que en derecho corresponda respecto a la medida cautelar de arraigo que fue dispuesta contra su persona.
2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al Responsable Distrital de Migración de Santa Cruz a.i. de la Dirección General de Migración, dependiente del Ministerio de Gobierno, así como con relación a los derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia y al trabajo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0075/2024-S3 Sucre, 16 de abril de 2024 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 47744-2022-96-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 05/2022 de 30 de abril, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Daniel Ribera Limpias contra Manuel Baptista Espinoza, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, Ramber Gómez Claros, Responsable Distrital de Migración de Santa Cruz a.i. de la Dirección General de Migración (DIGEMIG), dependiente del Ministerio de Gobierno.
El accionante, por memorial presentado el 29 de abril de 2022, cursante a fs. 5 y vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de hurto previsto y sancionado por el art. 326 del Código Penal (CP), el “2012” el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, ordenó la medida cautelar de arraigo. De conformidad a lo establecido por el art. 29.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el indicado delito se encuentra prescrito. En ese sentido, solicita la emisión de una orden de libertad y desarraigo; ya que, el Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, que emitió el oficio -se entiende de arraigo-, se encuentra sin autoridad judicial que conozca las causas; de igual manera, no se cuenta con expediente alguno en el mismo, como tampoco en el Ministerio Público, en el que se pueda establecer que su persona continúa como denunciado por el señalado delito u otro delito.
El accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; asimismo en audiencia de consideración de esta acción de defensa la vulneración de sus derechos a la libertad de circulación o -locomoción-, al debido proceso, a la presunción de inocencia y al trabajo; citando al efecto los arts. 46, 47, 115, 116.I y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se ordene el levantamiento de la medida cautelar de arraigo, “…toda vez que el caso por el cual tengo esta medida cautelar ya venció y no existe antecedentes y solo así se tiene la certificación emitida por Migración donde especifica de que Juzgado, en que año y porque delito tengo esta medida cautelar” (sic).
Celebrada la audiencia virtual el 30 de abril de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 19 a 21 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad, y ampliándolo, manifestó que: a) El delito de hurto por el que fue procesado, conforme a lo previsto por el art. 326 del CP, tiene una pena de uno a tres años de reclusión; y en la audiencia de medidas cautelares el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy accionado-, el cual ejerció el control jurisdiccional, le impuso la medida cautelar de arraigo; b) Hace aproximadamente tres meses, se constituyó en las oficinas de Migración del departamento de Santa Cruz a objeto de tramitar su pasaporte para poder salir al exterior del país; sin embargo, advirtió que efectivamente se encontraba con una orden de arraigo emitida por autoridad jurisdiccional competente; c) Con la finalidad de solicitar el desarraigo, se apersonó a plataforma -se entiende del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz- y según el Certificado emitido por la DIGEMIG, resulta que “…ya no se encuentra la causa penal…” (sic). Con esa certificación hizo una solicitud de registro de arraigo, y se determinó que desde el 16 de enero de 2012, se encuentra arraigado en el Sistema de Migración por el indicado delito, el cual a la fecha de interposición de esta acción de defensa se encontraría prescrito; d) Con la respuesta obtenida, mediante memorial acudió ante el referido Juzgado donde en Sistema no se encontraba el Número de Registro Judicial (NUREJ) como tampoco el expediente ni en el Ministerio Público. No obstante, en ese Juzgado le indicaron que no pueden recepcionar su memorial; puesto que, no se encontraba el IANUS ni el NUREJ, o algún dato del expediente, siendo la responsabilidad atribuida directamente a la DIGEMIG; e) A sugerencia del mencionado Juzgado se solicitó a la misma una copia del oficio de arraigo, pedido que fue denegado sin darle la información requerida; f) La causa penal por un delito prescrito no se encuentra en el sistema, tampoco existe registro del expediente procesal, no pudiendo ejercer su derecho a la circulación; g) Se encuentra indebidamente procesado y restringido en su derecho a la libertad de circulación o -locomoción- y a la libertad, así como al trabajo; puesto que, tiene una necesidad apremiante de salir del país para garantizar sus recursos e ingresos económicos y se materialice dicho derecho; y, h) Existe una cuestión burocrática atribuible al Órgano Judicial, así como una respuesta de “presidencia” sobre el IANUS y NUREJ, y de plataforma -se entiende del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz- que indica que no figura el señalado proceso penal instaurado contra su persona; además de certificar la DIGEMIG; que se encuentra arraigado en su Sistema; no existiendo otra forma de levantar dicha medida cautelar que acudiendo a la presente acción tutelar. Por consiguiente, solicita que se conceda la tutela peticionada y se otorgue el levantamiento del arraigo, ordenando mediante oficio a la DIGEMIG; el desarraigo a efectos de que se pueda tramitar y materializar “su derecho al trabajo” y a la circulación o -locomoción-, sin otra orden. Se otorgue “…la solicitud de desarraigo que es lo que en realidad se busca…” (sic).
Ramber Gómez Claros, Responsable Distrital de Migración de Santa Cruz a.i. de la DIGEMIG, dependiente del Ministerio de Gobierno, en audiencia manifestó que: 1) El 16 de enero de 2012, se registró en su Sistema el arraigo del accionante, por una orden emanada del Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, para que se le limite y restrinja la libertad de poder circular por otros países. Esa orden es de cumplimiento obligatorio y como oficina administrativa en cumplimiento a la normativa legal se efectuó dicho registro; 2) En los procesos antiguos se tiene en cuenta la modificación de la denominación de los juzgados; por lo que, el accionante debe acudir a Plataforma -se entiende del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz- y revisar cuál es el juzgado que llevó adelante los procesos que administraba el Juez que ordenó el arraigo, luego revisará los libros para identificar el número IANUS y del caso, y demás datos para solicitar el desarchivo del expediente mediante un memorial, así podrá revisarlo y enterarse el estado de su proceso, si se extinguió el mismo o si se emitió una sentencia condenatoria, entre otros actuados y plantear excepciones, incidentes o solicitar la prescripción de la acción penal; y una vez resuelta su situación jurídica se ordenará dar de baja el registro de su arraigo; siendo ese el procedimiento que debe seguir el accionante para lograr su desarraigo en Migración, a través de una orden judicial emanada de autoridad competente; y, 3) Asimismo, la Oficina de Migración a su cargo no restringió derecho alguno del accionante; ya que, cumplió con una orden emitida por una autoridad judicial, registrando en su Sistema el correspondiente arraigo; en consecuencia, con una orden similar del Juzgado que conozca la causa, inmediatamente se procederá a cancelar el registro o desarraigar al accionante. Por consiguiente, solicita se deniegue la tutela peticionada. Asimismo el abogado de la DIGEMIG, en audiencia manifestó que, al haberse ordenado el registro del arraigo con una orden judicial, debe ser la misma autoridad que ordenó ese registro la que disponga su levantamiento. Si bien se manifiesta que el delito prescribió; sin embargo, se deben interponer los incidentes o excepciones respectivos para que la autoridad judicial determine la situación procesal del accionante; en tal sentido, solicitó se deniegue la tutela. Manuel Baptista Espinoza, Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, no asistió a la audiencia de consideración de la presente acción de libertad, ni emitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 16 y 18.
La Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 05/2022 de 30 de abril, cursante de fs. 22 a 24, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) En cuanto a la legitimación pasiva del Responsable Distrital de Migración de Santa Cruz a.i. de la DIGEMIG, dependiente del Ministerio de Gobierno, -hoy coaccionado- y teniendo en cuenta lo determinado por la SCP 0827/2010-R de 10 de agosto, es imprescindible que la acción de libertad sea dirigida contra el funcionario, autoridad o particular que presuntamente cometió el acto u omisión ilegal o indebida, o que lesionó algún derecho tutelado, caso contrario hace inviable su tramitación; en ese sentido, el nombrado fue quien emitió el Certificado que indica que el accionante tiene registrado un arraigo de 16 de enero de 2012, ordenado por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, proceso penal seguido contra su persona; ii) El ahora coaccionado es un funcionario público dentro de la DIGEMIG, dependiente del indicado Ministerio que simplemente ejecuta una orden emanada de autoridad judicial competente al ser encargado de registrar los arraigos; en tal sentido, no cuenta con legitimación pasiva dentro de la presente acción tutelar, al cumplir las resoluciones emitidas por dicha autoridad judicial, no siendo la persona que vulneró algún derecho del accionante, como el debido proceso y la libertad; iii) Antes de activar esta acción de defensa, el accionante debió acudir ante el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital de departamento de Santa Cruz -hoy accionado-. Y si bien indica que si lo hizo, siendo informado que debía ser la DIGEMIG, la entidad que proceda al levantamiento del arraigo que pesa contra su persona; sin embargo, no presentó documentación alguna que demuestre que acudió ante dicha autoridad judicial y que el mismo le hubiese dado una respuesta; iv) Al respecto, la SCP “001/2017 del 11 de septiembre” referida a la presentación de prueba que acredite los hechos denunciados, para adquirir certidumbre sobre la vulneración de derechos; en el caso de análisis no se tiene acreditado que el accionante acudió ante la señalada autoridad judicial, a objeto de realizar su reclamo como mencionó en la audiencia de consideración de esta acción de libertad, no habiendo adjuntado prueba alguna de ello; por lo cual, debió acudir al Juez ahora accionado con esa finalidad y sea el quien subsane la lesión de sus derechos; además, ante esa autoridad judicial debió solicitar el levantamiento de su arraigo; v) Al ser arraigado a través de una orden judicial, también debe ser esa misma autoridad judicial quien ordene el levantamiento de esa medida cautelar dispuesta en su oportunidad; vi) Con relación a la prescripción alegada, la misma no es causal de la presente acción de libertad; empero, para que un proceso prescriba, debe emitirse una resolución judicial por autoridad competente, en este caso por el señalado Juez de Instrucción Penal hoy accionado, que tiene a su cargo el control jurisdiccional de ese proceso penal; y, vii) Al no cumplirse con los requisitos previos para acudir a la jurisdicción constitucional no corresponde conceder la tutela solicitada.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Certificación con CITE TDJ-JSJ-CERT. 334/2022 de 22 de febrero, dirigida a Edil Robles Lijerón, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por la cual Claudia Maritza Ibáñez Saucedo, Jefa de Servicios Judiciales del mencionado Tribunal, comunicó que José Daniel Ribera Limpias -hoy accionante-, contaba con demandas en el distrito judicial de Santa Cruz (fs. 4). II.2. Consta Certificado de 29 de marzo de 2022, expedido por Gloria Espinoza Balderrama, Encargada de Inspectoría y Arraigos Migración de Santa Cruz dependiente del Ministerio de Gobierno -así también, cursa el sello sin firma de Ramber Gómez Claros, Responsable Distrital de Migración de Santa Cruz a.i. de la DIGEMIG, dependiente del referido Ministerio ahora coaccionado-, por el cual se certifica que el accionante registra un arraigo de 16 de enero de 2012, en el departamento de Santa Cruz, ordenado por el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, por el motivo de la presunta comisión del delito de hurto seguido por el Ministerio Público contra el nombrado (fs. 2).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la libertad de circulación o -locomoción-, al debido proceso, a la presunción de inocencia y al trabajo; puesto que, el “2012”, el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, ordenó la medida cautelar de arraigo contra el accionante dentro del proceso penal seguido contra su persona, por la presunta comisión del delito de hurto, que “a la fecha” se encuentra prescrito; por lo que, solicitó a dicho Juez la emisión de una orden de libertad y desarraigo; sin embargo el mismo no cuenta con autoridad judicial que conozca las causas; tampoco se encuentra expediente alguno en dicho Juzgado ni en el Ministerio Público, en el que se pueda establecer que el accionante continúa como denunciado. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0038/2018-S3 de 13 de marzo, estableció que: “…la jurisprudencia constitucional en la SCP 0997/2016-S3 de 22 de septiembre, que reitera a su vez a la SC 0023/2010-R de 13 de abril, sostuvo que: ‘…el derecho a la libertad de circulación es como una derivación o extensión del derecho a la libertad física, toda vez que el moverse libremente en el espacio, solo puede ser ejercido si existe el derecho a la libertad física o personal, y de ahí precisamente la conexión entre ambos derechos.
(…)
Si bien el art. 125 de la CPE, se podría concluir que el objeto de tutela de la acción de libertad es el derecho a la libertad física, a la vida, y al debido proceso, cuando existe vinculación con el derecho a la libertad y excluir de su ámbito de protección al derecho de locomoción; sin embargo, dada la íntima relación que existe entre esos derechos, es posible tutelar también al último de los nombrados, en aquellos casos en los que el derecho de locomoción está vinculado directamente con la libertad física o personal, o con el derecho a la vida o la salud. Consecuentemente, sobre la base de los principios de favorabilidad, e interpretación progresiva, el derecho a la libertad de locomoción, se encontraría bajo la tutela de la acción de libertad prevista en el art. 125 y ss., de la CPE en los supuestos anotados precedentemente; por tanto, todas aquellas restricciones a la libertad de circulación-locomoción con las puntualizaciones supra mencionadas, deben ser protegidas a través de la acción de libertad’” (las negrillas son nuestras).
La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas nos corresponden).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la libertad de circulación o -locomoción-, al debido proceso, a la presunción de inocencia y al trabajo; puesto que, el “2012”, el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz, ordenó la medida cautelar de arraigo contra el accionante dentro del proceso penal seguido contra su persona, por la presunta comisión del delito de hurto, que “a la fecha” se encuentra prescrito; por lo que, solicitó a dicho Juez la emisión de una orden de libertad y desarraigo; sin embargo el mismo no cuenta con autoridad judicial que conozca las causas; tampoco se encuentra expediente alguno en el Juzgado ni en el Ministerio Público, en el que se pueda establecer que el accionante continúa como denunciado. Ahora bien, identificada la problemática planteada a través del presente medio de defensa constitucional de carácter tutelar, y en consideración al petitorio expuesto por el accionante, buscando que la jurisdicción constitucional ordene el levantamiento de la medida cautelar de arraigo que fue dispuesta contra su persona, lo que restringiría su derecho a la libertad de circulación o -locomoción-; corresponde señalar que sobre ese derecho, el razonamiento mencionado en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional señaló que se encuentra directamente vinculado con la libertad física o personal, y por lo mismo bajo la tutela o dentro del ámbito de protección de la acción de libertad. En ese sentido, de la revisión de los antecedentes que cursa en obrados se tiene que, por orden del Juez hoy accionado, la DIGEMIG del Ministerio de Gobierno, el 16 de enero de 2012, dispuso el arraigo del accionante, conforme se aprecia del Certificado de 29 de marzo de 2022 (Conclusión II.2.), y cuando el nombrado intentó tramitar su pasaporte para poder salir al exterior del país, advirtió que esa medida cautelar aún se encontraba registrada en la DIGEMIG; por lo que, con la finalidad de solicitar el desarraigo se apersonó a plataforma -se entiende del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz-, donde fue informado que “…ya no se encuentra la causa penal…” (sic), y mediante Certificación con CITE TDJ-JSJ-CERT. 334/2022 de 22 de febrero, la Jefa de Servicios Judiciales del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, comunicó al accionante que contaba con demandas en dicho departamento (Conclusión II.1.). Así también, y como mencionó el accionante en audiencia tutelar, presentó un memorial ante el Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz solicitando el levantamiento del arraigo dispuesto contra su persona, negándose su recepción al no encontrarse el IANUS ni el NUREJ o algún dato del expediente, motivo por el cual no pudo ejercer su derecho a la libertad de circulación o -locomoción-; alegaciones que se consideran veraces; ya que, no fueron refutadas por el Juez ahora accionado, al no haber comparecido a la audiencia de consideración de esta acción de defensa ni presentado informe alguno, pese a su legal citación (fs. 16 y 18), aspecto que guarda coherencia con la jurisprudencia constitucional que estableció que: “…cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos” (SCP 0101/2014-S1 de 24 de noviembre). Bajo ese contexto, la decisión del Juzgado de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz de no recepcionar el memorial del accionante, bajo el pretexto de no contar con el IANUS ni el NUREJ, o algún dato del expediente, y menos de pronunciarse resolviendo el fondo de lo pretendido que buscaba el levantamiento de la medida cautelar de arraigo, ocasionó una actuación dilatoria, injustificada e indebida en la resolución de su situación jurídica-procesal; demora que originó la activación de la presente acción de libertad, a fin de dilucidar los aspectos denunciados. Al respecto, la jurisprudencia mencionada en el Fundamento Jurídico III.2. de este fallo constitucional, estableció que se activa la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, con la finalidad de acelerar los trámites judiciales cuando en los mismos existan dilaciones o demoras innecesarias e indebidas que impidan resolver la situación jurídica de la persona afectada en su derecho a la libertad de locomoción o de circulación; como ocurrió en el presente caso, en el que la omisión y falta de pronunciamiento del Juez hoy accionado respecto a la solicitud del accionante que buscaba dejar sin efecto la medida cautelar de arraigo ordenada contra su persona, se constituye en una decisión que vulneró el citado derecho constitucional. La situación descrita demuestra además, un apartamiento de la previsión contenida en el art. 178.I de la CPE, que señala como uno de los principios que sustenta la potestad de impartir justicia a la celeridad, la cual es tutelada mediante la acción de libertad traslativa o de pronto despacho antes referida, buscando acelerar los trámites judiciales frente a dilaciones indebidas; en ese sentido, le corresponde al Juez ahora accionado resolver la situación jurídica procesal del accionante, al haber emanado del Juzgado del cual es titular, la orden de arraigo que se encuentra registrado en la DIGEMIG. Por lo expuesto, amerita conceder la tutela solicitada, bajo la modalidad de pronto despacho. De acuerdo al análisis precedentemente realizado y la forma de resolución asumida, y al no haberse expuesto un argumento que demuestre su vulneración con los actos ahora denunciados, no corresponde emitir un pronunciamiento respecto a los derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia y al trabajo, más aún si este último no se encuentra dentro de los presupuestos de activación de la acción de libertad, “…que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto u omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implique persecución indebida” (SCP 1108/2023-S3 de 6 de diciembre). Finalmente, al no haberse denunciado actuación alguna del Responsable Distrital de Migración de Santa Cruz a.i. de la DIGEMIG, dependiente del Ministerio de Gobierno hoy coaccionado que hubiese vulnerado los derechos identificados como lesionados por el accionante, y tampoco expuesto un petitorio expreso contra el mismo, no corresponde emitir un pronunciamiento al efecto, debiendo denegarse la tutela solicitada sobre dicha autoridad. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 05/2022 de 30 de abril, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Décima de la Capital del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, con relación al Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital de la Capital del departamento de santa Cruz y el derecho a la libertad de circulación o -locomoción-, con base en los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional; disponiendo:
a) Que el Juez de Instrucción Penal Sexto de la Capital del departamento de Santa Cruz en el plazo de setenta y dos horas de su notificación con esta Sentencia Constitucional Plurinacional, resuelva la solicitud realizada por el accionante y determine lo que en derecho corresponda respecto a la medida cautelar de arraigo que fue dispuesta contra su persona.
2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al Responsable Distrital de Migración de Santa Cruz a.i. de la Dirección General de Migración, dependiente del Ministerio de Gobierno, así como con relación a los derechos al debido proceso, a la presunción de inocencia y al trabajo.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0075_2024-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): b775f3addc56d64bc24d0a7296d34ff74335edd5c4f5baf1a08eff2feca3098d
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