Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de febrero de 2026
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, toda vez que el Juez ahora demandado en lugar de hacerle conocer la radicatoria de la causa, directamente y como si su persona estuviera en libertad, emitió mandamiento de captura, desconociendo la detención domiciliaria que venía cumpliendo en el señalado proceso, y más aún cuando informó que al presente se encuentra con detención preventiva por otro proceso. Ante ello, el Juez demandado informó que se tiene programada la audiencia de reconocimiento de condena en detención domiciliaria para el 29 de agosto de 2023 a horas 10:00; y que no se cumplió con el principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, toda vez que en el caso todas las solicitudes merecieron respuesta oportuna, las cuales no fueron impugnadas a través del recurso de reposición.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
CONFIRMAR la Resolución 086/2023 de 21 de agosto, cursante a fs. 29 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0074/2026-S2 Sucre, 19 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58096-2023-117-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 086/2023 de 21 de agosto, cursante a fs. 29 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por María Alejandra Altuzarra Bustillos en representación sin mandato de Marco Antonio Vega Del Carpio contra Javier Flores Mamani, Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 21 de agosto de 2023, cursante a fs. 1, 21 y vta., el accionante, a través de su presentante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Se encuentra condenado por la comisión del delito de peculado -uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes- a partir de un procedimiento abreviado. Dentro del señalado proceso fue detenido el 10 de abril de 2012, y mediante Resolución 481/2017 -de 14 de noviembre- se dispuso modificar su detención preventiva por la aplicación de detención domiciliaria cerrada, la misma que se aplicó hasta la emisión de la Sentencia 12/2021 -de 8 de marzo-. Una vez que el proceso se remitió ante el Juzgado de Ejecución Penal, Javier Flores Mamani, Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado- en lugar de hacerle conocer la radicatoria de la causa directamente, y como si su persona estuviera en libertad, emitió mandamiento de captura, desconociendo la detención domiciliaria que venía cumpliendo, aspecto que lesionó su derecho a la libertad, más aun cuando informó que al presente se encuentra con detención preventiva por otro proceso; sin embargo, aun así mantuvo el mandamiento de captura ilegal, siendo víctima de un procesamiento indebido.
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, disponga dejar sin efecto el mandamiento de captura, y conforme a ley se proceda a notificarlo con la radicatoria.
Celebrada la audiencia pública virtual el 21 de agosto de 2023, según consta en acta cursante a fs. 28, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante no acudió a la audiencia programada de la presente acción de libertad.
Javier Flores Mamani, Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 26 a 27, manifestó lo siguiente: a) La detención domiciliaria debe ser demostrada con documentación idónea, en ese sentido el impetrante de tutela debe acreditar que materialmente se cumplió con las medidas impuestas por la autoridad judicial, y en ese mérito justamente se tiene programada la audiencia de reconocimiento de condena en detención domiciliaria para el 29 de agosto de 2023 a horas 10:00; b) No se cumplió con el principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, toda vez que en el caso todas las solicitudes merecieron respuesta oportuna, las cuales no fueron impugnadas a través del recurso de reposición; y, c) No se demostró qué derecho o garantía fundamental habría sido conculcado, careciendo su autoridad de legitimación pasiva. Argumentos con los cuales solicita se deniegue la tutela.
El Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 086/2023 de 21 de agosto, cursante a fs. 29 y vta., denegó la tutela impetrada, bajo los siguientes fundamentos: 1) El mandamiento de condena dispone la ejecución de la Sentencia 12/2021, y Auto de ejecutoria de 31 de agosto de “2023”, remitiéndose al Juez de Ejecución Penal para el cumplimiento de la decisión adoptada; 2) La Sentencia 12/2021 determina la pena de siete años de reclusión a ser cumplida en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, la cual fue ejecutoriada a través del Auto de 31 de agosto de 2022, ordenando su cumplimiento; 3) Es en razón de dichas resoluciones que se libró el mandamiento de condena por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, y en cumplimiento del mismo, una vez radicada la causa se ordenó el mandamiento de captura conforme a las facultades de la autoridad jurisdiccional de ejecución, entre ellas ejecutar el fallo emitido por la autoridad respectiva; 4) De no estar de acuerdo con esta determinación la parte tiene los mecanismos intra procesales para hacer valer sus derechos así como aquella privación de libertad en la que en su momento se encontraba como medida cautelar; 5) Respecto a la pretensión de beneficiarse en ejecución de sentencia con la detención domiciliaria, dicho aspecto debe ser solicitado ante la señalada autoridad siendo la misma quien determine lo que en derecho corresponda; y, 6) No se cumplió con el principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, debiendo el accionante acudir previamente ante el Juez de Ejecución Penal a fin de hacer valer el tiempo de la detención domiciliaria y otros aspectos de la ejecución de la condena dispuesta.
Por decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025 (fs. 34), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 6 de febrero de 2026 (fs. 38); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Mandamiento de Condena de 22 de junio de 2023, mediante el cual el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz ordenó al Director del Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento, hacer cumplir el referido mandamiento emitido contra Marco Antonio Vega Del Carpio -ahora accionante- a raíz de la Sentencia 12/2021 de 8 de marzo, y Auto de ejecutoria de 31 de agosto de “2023”, emitidos dentro del proceso penal seguido en su contra por parte del Ministerio Público por los delitos de peculado, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, Sentencia en la que se determinó la pena privativa de libertad de siete años de reclusión, finalizando la misma el 8 de marzo de 2028, debiendo computarse el tiempo que fue detenido preventivamente (fs. 7).
II.2. Mediante nota de 27 de junio de 2023, el Juez del Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, en cumplimiento del decreto de 31 de agosto de “2023”, remitió los antecedentes del proceso penal de referencia -en copias legalizadas-, ante el Juzgado de Ejecución Penal Tercero del señalado departamento (fs. 10). II.3. Consta Auto de 29 de junio de 2023, por el cual Javier Flores Mamani, Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado- radicó el cuaderno de autos remitido por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la citada Capital, con sentencia condenatoria ejecutoriada dentro del fenecido proceso seguido contra el impetrante de tutela, determinando en aplicación del art. 430 del Código de Procedimiento Penal (CPP) se expida mandamiento de captura para el cumplimiento de la condena, teniendo en cuenta que por Resolución 481/2017 de 14 de noviembre (de cesación a la detención preventiva) el penado no se encuentra detenido (fs. 11). II.4. Consta Mandamiento de Captura para Cumplimiento de Condena de 29 de junio de 2023, por el cual el Juez ahora demandado ordenó a la Dirección Departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y/o cualquier autoridad no impedida, proceda a la captura del accionante conforme a lo dispuesto en el Auto de radicatoria de igual fecha (fs. 13). II.5. Por memorial presentado el 18 de julio de 2023, el impetrante de tutela, solicitó ante la autoridad judicial demandada, disponga dejar sin efecto el mandamiento de captura y en su lugar se disponga que se encuentra a derecho, dándosele por notificado con el Auto de radicatoria; asimismo, en su otrosí 2° interpuso incidente de condena cumplida, solicitando se declare probada su pretensión y se disponga la emisión de mandamiento de libertad definitiva (fs. 16 a 17). II.6. Consta providencia de 19 de julio de 2023, mediante la cual el Juez demandado, en respuesta a la pretensión principal del memorial descrito ut supra y a su otrosí 2°, señaló que a “fs. 49” cursa el apersonamiento del accionante, habiendo asumido pleno conocimiento de la competencia ejercida por el Juez de Ejecución Penal, más aun considerando que el condenado tomó conocimiento de la imposición de su condena, disponiendo a objeto de determinar lo que corresponda en derecho, que por Secretaría se oficie a fin de que informe si el impetrante de tutela se encuentra cumpliendo condena en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz (fs. 18). II.7. Cursa Auto de 28 de julio de 2023, por el que se declaró no ha lugar el recurso de reposición interpuesto por el peticionante de tutela contra la providencia de 19 de ese mes y año, indicando que la causa mereció la sanción penal a través de procedimiento abreviado, y por consiguiente el nombrado tenía pleno conocimiento de la Sentencia, siendo su obligación realizar el seguimiento de la causa, y que además en la presente causa su persona ya se había apersonado a través de su defensa técnica; respecto al mandamiento de captura refirió que de ninguna manera el mismo es arbitrario (fs. 20). II.8. Por memorial presentado el 10 de agosto de 2023, el accionante reiteró su solicitud de dejar sin efecto el mandamiento de captura (fs. 19 y vta.).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, toda vez que el Juez ahora demandado en lugar de hacerle conocer la radicatoria de la causa, directamente y como si su persona estuviera en libertad, emitió mandamiento de captura, desconociendo la detención domiciliaria que venía cumpliendo en el señalado proceso, y más aún cuando informó que al presente se encuentra con detención preventiva por otro proceso. Ante ello, el Juez demandado informó que se tiene programada la audiencia de reconocimiento de condena en detención domiciliaria para el 29 de agosto de 2023 a horas 10:00; y que no se cumplió con el principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, toda vez que en el caso todas las solicitudes merecieron respuesta oportuna, las cuales no fueron impugnadas a través del recurso de reposición.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En cuanto esta temática, la SC 0105/2010-R de 10 de mayo, a tiempo de referirse a la naturaleza jurídica de la acción de libertad, estableció el siguiente criterio: “…para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus [ahora acción de libertad], acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico” (las negrillas son nuestras).
Conforme se tiene de los antecedentes, se instauró un proceso penal por la comisión de los delitos de peculado, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes contra el accionante, mereciendo la Sentencia 12/2021 de 8 de marzo, por la que se lo condenó a siete años de reclusión, determinación que alcanzó ejecutoria a partir del Auto de 31 de agosto -se entiende- de 2022; es con base a estas determinaciones que el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz emitió el Mandamiento de Condena de 22 de junio de 2023, y remitió el correspondiente legajo del proceso ante el Juez de Ejecución Penal Tercero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado- mediante nota de 27 de dicho mes y año (Conclusiones II.1 y II.2). En ese mérito, la autoridad judicial ahora demandada, emitió el Auto de 29 de junio de 2023, por el cual radicó la causa, determinando en aplicación del art. 430 del CPP, se expida mandamiento de captura, considerando que por Resolución 481/2017 de 14 de noviembre -de cesación a la detención preventiva- el penado no se encuentra detenido, lo que dio paso a que se libre el mandamiento respectivo esa misma fecha (Conclusiones II.3 y II.4). Bajo ese contexto fáctico, el accionante reclama a través de esta acción tutelar, la indebida emisión del mandamiento de captura, toda vez que a su criterio lo que correspondía era proceder a su notificación con el Auto de radicatoria; sin embargo, el Juez ahora demandado, en lugar de ello y desconociendo que su persona dentro del proceso de referencia venía cumpliendo la detención domiciliaria, de forma directa libró el citado mandamiento. Ahora bien, conforme se advierte de antecedentes precisamente a objeto de dejar sin efecto el mandamiento de captura, que de igual forma es la pretensión de esta acción de libertad, el impetrante de tutela formuló tal solicitud ante la autoridad judicial ahora demandada a través de memorial presentado el 18 de julio de 2023 (Conclusión II.5), mismo que si bien mereció la providencia de 19 de igual mes y año, por la cual la señalada autoridad dio a conocer que a “fs. 49” cursa su apersonamiento al proceso, en relación a la pretensión de fondo, dispuso que a objeto de determinar lo que en derecho corresponda, por Secretaría se oficie a fin de que se informe si el accionante se encuentra cumpliendo condena en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz (Conclusión II.6), con lo cual se advierte que el planteamiento en cuanto a dejar sin efecto el mandamiento de captura se encuentra pendiente de resolución. Pese a que dicha providencia fuera objeto de recurso de reposición, tal como se advierte del Auto de 28 de julio de 2023, por el cual se declaró no ha lugar el señalado mecanismo de defensa, indicando respecto al mandamiento de captura que el mismo no era arbitrario (Conclusión II.7); no obstante, en relación a su pretensión de dejar sin efecto el citado mandamiento, aún no se cuenta con una determinación por parte de la autoridad jurisdiccional, siendo dicha pretensión nuevamente reiterada por el accionante a partir del memorial de 10 de agosto de ese año (Conclusión II.8). En ese punto del análisis, cabe aclarar que si bien la autoridad demandada en la audiencia de acción de libertad informó que se tiene programada una audiencia de reconocimiento de condena en detención domiciliaria para el 29 de agosto de 2023, sin adjuntar ninguna documentación al respecto, ello de ninguna manera hace factible considerar una eventual pérdida del objeto procesal por cuanto tal señalamiento no acredita per se que la pretensión de fondo de dejar sin efecto el mandamiento de captura haya sido determinada. En ese sentido, y conforme a los datos expuestos, es pertinente traer a colación el entendimiento jurisprudencial vertido en el Fundamento Jurídico precedente a partir del cual se tiene establecido la improcedencia de la presente acción tutelar ante la activación paralela de jurisdicciones, ello en consideración al principio de subsidiariedad excepcional en las acciones de libertad, comprendiéndose que la activación simultánea a fin de que ambas jurisdicciones conozcan y resuelvan las irregularidades que se denuncian, inviabiliza el pronunciamiento de fondo de la acción tutelar, ya que ello generaría una disfunción procesal contraria al orden jurídico. En ese marco de entendimiento, y toda vez que la solicitud de dejar sin efecto el mandamiento de captura realizado por el impetrante de tutela aún se encuentra pendiente de resolución, en el presente caso, corresponde determinar la denegatoria de tutela con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, asumió la decisión correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
CONFIRMAR la Resolución 086/2023 de 21 de agosto, cursante a fs. 29 y vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y Contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0074_2026-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): f0576f05d16b6ff731105e066f7f27466e28141db4d1c8709e4d1e570e7fc442
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