B.IA.LEGAL

SCP 0074/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera Especializada · 2 de febrero de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
2 de febrero de 2026
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Dra. Amalia Laura Villca
Expediente
58806-2023-118-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 042/2024 de 13 de marzo, cursante de fs. 1127 a 1130 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia y motivación, con relación a la problemática del inc. 1) y parte del inc. 2) conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º DENEGAR la tutela solicitada, con referencia al derecho al debido proceso en su elemento a la fundamentación, con relación a la parte de la problemática del inc. 2); asimismo, a las problemáticas de los incs. 3) y 4), conforme con los fundamentos jurídicos expuesto en este fallo constitucional.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0074/2026-S1 Sucre, 02 de febrero de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de amparo constitucional Expediente: 58806-2023-118-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 042/2024 de 13 de marzo, cursante de fs. 1127 a 1130 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Julissa Cristina Salazar Mostajo, Lucia Katherine Viscarra Anaya y Rene Galindo Canedo en representación legal de Elizabeth Sánchez de Guzmán contra Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, -ex- Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

La accionante a través de sus representantes legales, por memorial presentado el 11 de octubre de 2023, cursante de 1016 a 1036 vta., manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Mirian Sansusty Zapata -ahora tercera interesada- contra su persona, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado previstos y sancionados por los arts. 198, 199 y 203 del Código Penal (CP), el 10 de enero de 2022, planteó excepción de prescripción ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, conforme lo previsto por el art. 314 del Código de Procedimiento Penal (CPP), adjuntando prueba literal que acredita su pretensión, consistente en fotocopia legalizada de todo el cuaderno de control jurisdiccional, Certificado de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) donde se acredita que su persona no registra antecedente penal alguno referido a sentencia condenatoria ejecutoriada, declaratoria de rebeldía ni suspensión condicional del proceso; y, el Informe de 18 de octubre de 2021, emitido por el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba, donde se señala que no existe acta de suspensión condicional del proceso o de la pena, ni acta de formulación de excepción de prejudicialidad, documentales que demuestran que no incurrió en ninguna causal de suspensión o interrupción del término de la prescripción. Sin embargo, mediante Auto Supremo (AS) 1389/2022-RA de 26 de octubre, los entonces Magistrados ahora accionados declararon infundada la excepción de prescripción, al considerar que, de manera contradictoria no cumplió con la carga probatoria para demostrar que no concurrían las causales de suspensión ni interrupción de la prescripción; así como, que en la etapa preparatoria y de juicio oral, público y contradictorio, no se hubiese producido actividad procesal defectuosa tendiente a suspender el procedimiento; asimismo, en ninguna parte del AS 1389/2022-RA, se analizó desde que momento se inició el término de la prescripción y si a la fecha de interposición de la presente acción de amparo constitucional operó dicho terminó; confundieron además, la excepción de extinción de la acción por duración máxima del proceso con la de prescripción, cuando son institutos jurídicos distintos; y, la falta de congruencia también se presentó en la parte resolutiva del mencionado Auto Supremo, al momento de declarar infundada la excepción de prescripción al hacer referencia al delito de usura, el cual no fue objeto de investigación ni juzgamiento; por lo que, el citado Auto Supremo emitido no cuenta con la debida motivación ni congruencia; por lo tanto, los entonces Magistrados ahora accionados no realizaron el correspondiente análisis intelectivo de las causales de suspensión, ni confrontaron las mismas con la prueba aportada.

I.1.2. Derechos, garantías y principio supuestamente vulnerados

La accionante a través de sus representantes legales, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia y a la defensa; citando al efecto los arts. 13.1, 115.II, 116.1, 119, 120, у 180.1 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga dejar sin efecto y/o anular el AS 1389/2022-RA de 26 de octubre, debiendo emitirse un nuevo auto supremo que se limite al análisis de los hechos y argumentos contenidos en el memorial de formulación de la excepción de prescripción y la prueba que lo respalda, pronunciándose de manera expresa, objetiva y debidamente motivada sobre los mismos.

I.2. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución de 12 de octubre de 2023, cursante a fs. 1037 y vta., declaró la improcedencia de esta acción de amparo constitucional por inmediatez;

posteriormente, se notificó con dicha Resolución a la parte solicitante de tutela en la misma fecha (fs. 1038); por lo que, a través de memorial presentado el 17 de igual mes y año (fs. 1040 a 1043 vta.), se impugnó dicha determinación.

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional

Por Auto Constitucional (AC) 0171/2023-RCA de 1 de noviembre, cursante de fs. 1048 a 1056, la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, con la facultad conferida por el art. 30.III del Código Procesal Constitucional (CPCo), resolvió revocar la Resolución de 12 de octubre de 2023, disponiendo que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, admita la presente acción de defensa y previos los trámites de rigor, en audiencia pública de consideración se determine lo que corresponda en derecho, concediendo o denegando la tutela solicitada.

I.3. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 13 de marzo de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 1118 a 1126 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de sus representantes legales en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional; y ampliándolo, manifestó que: a) No fue notificada de manera personal con el AS 1389/2022-RA; b) Los entonces Magistrados hoy accionados confundieron en su fundamentación el instituto jurídico de la prescripción con el de la extinción de la acción por duración máxima del proceso, las cuales se rigen por disposiciones que no son las mismas; y, c) No se identificó de manera clara y precisa cuándo se inició el cómputo a efectos de la prescripción solicitada, conforme a lo previsto por el art. 29 y ss. del CPP, aspecto ineludible que necesariamente debe establecerse a efectos de resolver la excepción planteada.

I.3.2. Informe de las autoridades accionadas

Olvis Egüez Oliva, entonces Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 15 de marzo de 2024, cursante de fs. 1115 a 1117; manifestó que: 1) El AS 1389/2022-RA, conforme a la línea jurisprudencial emitida con relación a la prescripción como motivo de la extinción de la acción penal; concluyó que, no se podía analizar la excepción planteada; puesto que, la accionante no presentó los elementos probatorios idóneos que generen convicción sobre el plazo a computarse y que no hubiese concurrido ninguna causal suspensiva de la prescripción; 2) En cuanto a la notificación personal reclamada, si creía que había afectación podía formular incidente de nulidad de notificación; además que, al interponer esta acción de defensa operó el principio de convalidación, careciendo por ello su reclamo de efecto jurídico; y, 3) El referido Auto Supremo otorgó una respuesta debidamente fundamentada y motivada del por qué declaró infundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, realizando un análisis no solo del memorial de la incidentista, sino también de las respuestas del Ministerio Público como de la acusación particular y los antecedentes del caso. Edwin Aguayo Arando, entonces Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, ni remitió informe alguno, pese a su citación cursante a fs. 1064.

I.3.3. Intervención de la tercera interesada

Mirian Sansusty Zapata, no asistió a la audiencia de consideración de la acción de amparo constitucional, pese a su notificación cursante a fs. 1081.

I.3.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Resolución 042/2024 de 13 de marzo, cursante de fs. 1127 a 1130 vta., concedió “parcialmente” la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el AS 1389/2022-RA, debiendo los entonces Magistrados ahora accionados emitir un nuevo auto supremo observando los presupuestos del debido proceso; bajo los siguientes fundamentos: i) Del contraste entre el memorial de excepción de extinción de la acción penal por prescripción y los fundamentos del referido Auto de Supremo; se evidencia que, si bien los nombrados expusieron la fundamentación jurídica, citando normativa y jurisprudencia constitucional aplicable al caso concreto; no obstante, a tiempo de exponer la motivación para resolver la excepción planteada, inicialmente refieren que la accionante no hubiese argumentado suficientemente ni sustentado documentalmente su excepción para poder ingresar a revisar el fondo de la problemática planteada, siendo que el Tribunal de casación no puede suplir ese aspecto; sin embargo, de manera incongruente, posteriormente ingresan a revisar las pruebas consistentes en el Certificado de REJAP y el Informe emitido por el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba; empero, sin exponer análisis o razonamiento alguno sobre dicha documental que les lleve a asumir un criterio, concluyen directamente que no se podía analizar la pretensión, siendo evidente la incongruencia denunciada; y, ii) En cuanto al argumento de la accionante no demostró la inexistencia de causales de suspensión o interrupción del plazo para que concurra la prescripción de la acción penal, se advierte que los entonces Magistrados ahora accionados no efectuaron el análisis conforme a los arts. 31 y 32 del CPP, en los que se fundó la pretensión, para determinar si concurría o no la prescripción solicitada; más aun, cuando la nombrada adjuntó como carga probatoria fotocopias legalizadas del cuaderno de control jurisdiccional, señalando actuados procesales específicos, constatándose así que los entonces Magistrados hoy accionados no cumplieron con una motivación suficiente, incurriendo también en incongruencia respecto a los agravios expuestos en la excepción, al declarar la misma fundada o infundada sin la debida argumentación, además de constatarse que en la parte resolutiva del AS 1389/2022-RA, de manera incongruente, declararon infundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción respecto del delito de usura previsto y sancionado por el art. 360 del CP, cuando ese delito no fue objeto de investigación ni acusación, siendo los delitos acusados son falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; error que se presume involuntario; empero, que sin duda debe ser corregido; por lo que, es evidente que al emitir el citado Auto Supremo, no se resolvió en congruencia con lo alegado en el memorial de extinción de la acción penal por prescripción planteada por la accionante ni se motivó debidamente el mismo.

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 004/2025-II de 30 de diciembre de 2025, se dispuso la devolución a Comisión de Admisión de los expedientes sorteados a los Magistrados cesados, los cuales se encontraban pendientes de resolución; a efecto de que, se realice un nuevo sorteo para que los actuales Magistrados asuman conocimiento y resuelvan dichas causas.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 10 de enero de 2022, ante Olvis Egüez Oliva y Edwin Aguayo Arando, entonces Magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia -ahora accionados-, Elizabeth Sánchez de Guzmán -hoy accionante- planteó incidente de extinción de la acción penal por prescripción (fs. 946 a 950). II.2. Cursa AS 1389/2022-RA de 26 de octubre, emitido por los entonces Magistrados ahora accionados, mediante el cual resolvieron declarar infundada la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, por la presunta comisión de delito de usura previsto y sancionado por el art. 360 del CP, formulado por la accionante (fs. 957 a 963). II.3. A través del AS 140/2023-RRC de 3 de marzo, emitido por los entonces Magistrados hoy accionados, mediante el cual declararon infundado el recurso de casación planteado por la accionante (fs. 967 a 980).

III FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO La accionante a través de sus representantes legales, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia y a la defensa; puesto que, los entonces Magistrados ahora accionados por AS 1389/2022-RA de 26 de octubre, dispusieron declarar infundada su excepción de extinción de la acción penal por prescripción: a) Determinando de manera contradictoria que no cumplió con la carga probatoria para demostrar que no concurrían las causales de suspensión ni interrupción de la prescripción, a pesar de reconocer de manera expresa las literales que acompaño al efecto; b) Sin analizar desde qué momento se inicia el término de la prescripción, aspecto ineludible de establecer a objeto de resolver la excepción planteada; c) Confundiendo la excepción de extinción de la acción por duración máxima del proceso con la de prescripción; y, d) Con falta de congruencia en la parte resolutiva, siendo que al momento de declarar infundada la excepción de prescripción se hizo referencia al delito de usura, el cual no fue objeto de investigación ni juzgamiento. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: 1) La fundamentación, motivación y congruencia como elementos del derecho al debido proceso; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación, motivación y congruencia como elementos del derecho al debido proceso

La SCP 0652/2015-S1 de 22 de junio, establece que: «“ʽ…La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías, así se ha entendido en varios fallos de este Tribunal, entre ellos, la SC 0752/2002-R de 25 de junio. Asimismo, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradasʼ (SC 2023/2010-R de 9 de noviembre reiterada por la SC 1054/2011-R de 1 de julio).

De lo expuesto, inferimos que la fundamentación y la motivación de una resolución que resuelva cualquier conflicto jurídico, no necesariamente implica que la exposición deba ser exagerada y abundante de consideraciones, citas legales y argumentos reiterativos, al contrario una debida motivación conlleva que la resolución sea concisa, clara e integre en todos los puntos demandados, donde la autoridad jurisdiccional o en su caso administrativa, exponga de forma clara las razones determinativas que justifican su decisión, exponiendo los hechos, realizando la fundamentación legal y citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución; en suma se exige que exista plena coherencia y concordancia entre la parte motivada y la parte dispositiva de un fallo‟.

De lo expresado concluimos que la fundamentación y la motivación en una resolución judicial o administrativa, constituye un deber ineludible de toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, en tal razón estos fallos a más de estar debidamente motivadas tienen que tener un sustento jurídico; es decir que, deben estar fundamentadas en elementos de hecho y de derecho».

En cuanto a la congruencia, la SCP 0687/2016-S2 de 8 de agosto citando a la SCP 0177/2013 de 22 de febrero, señala que: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…)

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia, la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia” (las negrillas son nuestras).

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante a través de sus representantes legales, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia y a la defensa; puesto que, los entonces Magistrados ahora accionados por AS 1389/2022-RA de 26 de octubre, dispusieron declarar infundada su excepción de extinción de la acción penal por prescripción: a) Determinando de manera contradictoria que no cumplió con la carga probatoria para demostrar que no concurrían las causales de suspensión ni interrupción de la prescripción, a pesar de reconocer de manera expresa las literales que acompaño al efecto; b) Sin analizar desde qué momento se inicia el término de la prescripción, aspecto ineludible de establecer a objeto de resolver la excepción planteada; c) Confundiendo la excepción de extinción de la acción por duración máxima del proceso con la de prescripción; y, d) Con falta de congruencia en la parte resolutiva, siendo que al momento de declarar infundada la excepción de prescripción se hizo referencia al delito de usura, el cual no fue objeto de investigación ni juzgamiento.

Para realizar el análisis de la problemática planteada, corresponde inicialmente desglosar los argumentos alegados en el AS 1389/2022-RA, emitido por los entonces Magistrados ahora accionados; siendo estos, los siguientes:

El inicio de su análisis que, la extinción de la acción penal por prescripción no opera ipso facto, sino que debe establecerse necesariamente, si durante la tramitación de la causa concurrió alguna causal de interrupción y/o suspensión del término de prescripción, especificando que, conforme al art. 31 del CPP, solo puede ser interrumpida por la declaratoria de rebeldía del imputado y los supuestos establecidos por el art. 315.III del mencionado Código, y suspendida en los casos previstos por el art. 32 del citado Código, correspondiendo la carga de la prueba al excepcionista para demostrar que el cómputo del plazo de la prescripción no fue interrumpido ni suspendido.

Posterior a ello, hacen referencia las pruebas que adjuntó la accionante, así se tiene, que respecto a la suspensión del término de la prescripción señala que la nombrada presentó el cuaderno de control jurisdiccional de su proceso penal para acreditar que no incurrió en ninguna de las causales al respecto; empero, observa que rehuyó su deber de fundamentar y realizar la relación que éstas tienen con las causales indicadas, es decir sin efectuar ninguna precisión; y con relación a la interrupción del término de la prescripción, presentó su Certificado de REJAP para demostrar que no contaba con registro de declaratoria de rebeldía o suspensión condicional del proceso. Asimismo, reconoció que la accionante adjuntó el Informe de 18 de octubre de 2021, emitido por el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba, donde se informó que no cursa en obrados ningún acta de declaratoria de rebeldía contra la accionante, como tampoco cursa acta de suspensión condicional de proceso ni suspensión condicional de la pena o auto que dé curso a una excepción de prejudicialidad con relación a la nombrada, refiriendo que el mismo es pertinente y útil para determinar la prescripción.

Sin embargo, luego concluye que no puede analizar la pretensión de la incidentista, porque no presentó elementos probatorios para realizar dicha labor respecto a los incisos del art. 32 del CPP; es decir, no cursan los suficientes medios probatorios idóneos que generen convicción que en el plazo a computarse, no hubiesen concurrido ninguna causal suspensiva de la prescripción, afirmando que fue su deber acreditar los fundamentos de su memorial de solicitud de extinción de la acción penal por prescripción, siendo que ese Tribunal de casación le corresponde resolver las pretensiones de las partes; empero, esa labor, debe efectuarse con base al planteamiento fundamentado y a las pruebas que las sustenta, no pudiendo de manera oficiosa suplir la omisión de las partes, porque importaría un desconocimiento del principio de imparcialidad; por lo que, se asume que la excepción resulta infundada, además de manifiestamente dilatoria, teniendo en cuenta el incumplimiento a una carga procesal básica y elemental que hace al planteamiento de cualquier pretensión ante una autoridad judicial y al deber que tiene la accionante de ofrecer prueba idónea y pertinente, conforme el mandato establecido por el art. 314.1 del citado Código.

En relación a la problemática del inc. 1)

De la lectura del AS 1389/2022-RA, se evidencia que, los entonces Magistrados ahora accionados procedieron a explicar que la excepcionista -accionante- debió demostrar que el cómputo del plazo de la prescripción no fue interrumpido ni suspendido, señalando que la interrupción se rige por el art. 31 y 315.III del CPP; y, la suspensión en el art. 32 del citado Código, para luego, pasar a considerar si cada una de las mismas fueron demostradas de acuerdo a la prueba presentada, es así que en relación a la interrupción del término de prescripción, manifestaron que se presentó su Certificado de REJAP para demostrar que no contaba con registro de declaratoria de rebeldía, dato que fue corroborado por el Informe de 18 de octubre de 2021, emitido por el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba, concluyendo que en el caso no concurre el supuesto del art. 31 del mencionado Código; sin embargo, respecto a la interrupción del término de la prescripción, refiere que la accionante presentó el cuaderno de control jurisdiccional de su proceso penal; empero, observa que no se fundamentó ni realizó la relación que éstas tienen con las causales del art. 32 del CPP, concluyendo que, por ese motivo, de que no se presentó prueba o que la misma no fue suficiente para realizar dicha labor, no se ingresaría al análisis de la pretensión formulada por la accionante. Determinación que como se puede advertir únicamente se asume, por la observación realizada a la suspensión del término de la prescripción y no respecto a la interrupción del término de la prescripción, que se dio por acreditada; sin embargo, la misma resulta incongruente, debido a que, sostienen que la accionante no presentó elementos probatorios para realizar el análisis respecto a los incisos del art. 32 del CPP; empero, más adelante señalan que no cursan los suficientes medios probatorios idóneos, desconocieron así que precedentemente afirmaron que, a través del Certificado del REJAP la nombrada no registra antecedente penal referido a la suspensión condicional del proceso y que el Informe de 18 de octubre de 2021, emitido por el Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba, que corresponde a la etapa preparatoria del proceso penal, reportó que no cursaba en obrados el acta de suspensión condicional de proceso ni de la pena o auto que de curso a una excepción de prejudicialidad con relación a la accionante, los cuales al tener relación con la suspensión del término de la prescripción y ser de pleno conocimiento de los entonces Magistrados ahora accionados, debieron ser compulsados, para luego de realizado ese análisis, establecer si los mismos serían o no suficientes para determinar si concurren o no los supuestos del art. 32 del CPP, que la nombrada afirmó que no concurría en su caso y el no sostener que no se presentaron elementos probatorios con relación al citado artículo; consiguientemente, existió falta de coherencia interna en el AS 1389/2022-RA, que fue emitido por los nombrados, al no existir un razonamiento armónico al momento de realizar el análisis del caso concreto, conforme establece el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional; por lo tanto, debe concederse la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso en su elemento de falta de congruencia. Con referencia a la problemática del inc. 2) Conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, se tiene que toda autoridad judicial que dicte una resolución debe expresar los motivos de hecho como de derecho en que sustentan su decisión, lo que no implica una exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, y tenga el pleno convencimiento que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso. En ese entendido, se tiene que, los entonces Magistrados ahora accionados en el punto IV.3. del AS 1389/2022-RA, citaron los artículos correspondientes a la prescripción de la acción y a los delitos que presuntamente cometió la accionante, y considerando que el plazo de la prescripción de la acción penal se determina en función al quantum de la pena del delito que se juzga, los nombrados infirieron en el análisis del caso concreto que el delito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, previstos por los arts. 199 y 203 del CP tiene una pena de uno a seis años; por lo que asumieron que, la pena prescribe en el transcurso de ocho años; no obstante, a pesar de realizar dicho análisis y señalar que “…determinado el plazo a los efectos del cómputo, debe necesariamente establecerse, si durante la tramitación de la causa concurrió alguna causal de interrupción y/o suspensión del término de prescripción…” (sic) directamente procedieron a establecer y desarrollar las causales de interrupción y/o suspensión del término de prescripción, dejando de lado sin explicación o consideración alguna, desde qué momento o fecha inició el término de la prescripción, cuando dichas autoridades señalaron que ese término debía ser determinado previamente. Consecuentemente, si bien los entonces Magistrados hoy accionados respaldaron con la norma procesal penal aplicable al caso, su análisis; sin embargo, no manifestaron el motivo o razón que les llevó a no establecer en el caso concreto cuándo iniciaba el cómputo a efectos de la prescripción, cuando ellos mismos determinaron que primero debía determinarse ese aspecto para luego observar si concurrió alguna causal de interrupción y/o suspensión del término de prescripción; por lo que, debe concederse la tutela solicitada únicamente con relación al derecho al debido proceso en su elemento de motivación, y no así en cuanto a la fundamentación.

Respecto a la problemática de los incs. 3) y 4)

De la revisión detallada del AS 1389/2022-RA, no se evidencia que los entonces Magistrados ahora accionados se hubiese referido de ninguna manera a la excepción de extinción de la acción por duración máxima del proceso, en ese entendido, no es evidente que hubieran podido existir una confusión que reclama la accionante.

Por otro lado, si bien en la parte dispositiva del AS 1389/2022-RA, los entonces Magistrados hoy accionados mencionan que declararon infundado la excepción de extinción de la acción penal por prescripción del delito de usura, previsto y sancionado por el art. 360 del CP, cuando el proceso penal que se sigue contra la accionante es por falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado y; sin embargo, aquello solo se constituye en un error que no afecta el fondo de lo resuelto, siendo que fue en el único lugar donde se consignó ese delito, realizándose el análisis correspondiente a la parte considerativa, por los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado (fs. 962); consiguientemente, no corresponde ser considerado como una incongruencia que tenga relevancia constitucional. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder “parcialmente” la tutela solicitada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 042/2024 de 13 de marzo, cursante de fs. 1127 a 1130 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de congruencia y motivación, con relación a la problemática del inc. 1) y parte del inc. 2) conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º DENEGAR la tutela solicitada, con referencia al derecho al debido proceso en su elemento a la fundamentación, con relación a la parte de la problemática del inc. 2); asimismo, a las problemáticas de los incs. 3) y 4), conforme con los fundamentos jurídicos expuesto en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0074_2026-S1.pdf · páginas 1 a 12.

Huella digital del PDF (SHA-256): 44421ec8cd88e74c61ab9c9894eb4fa3b62834022993758a7ec51bd5564967d2

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