Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 11 de marzo de 2025
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante, denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; por cuanto habiendo interpuesto recurso de apelación mediante memorial de 2 de agosto de 2021, contra el Auto de 6 de enero de 2014, los Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, omitieron dar respuesta a todos los agravios identificados en el memorial de apelación, tampoco realizaron una explicación respecto al motivo de la omisión, considerando que las omisiones tienen relación directa con relevancia constitucional dentro del caso concreto, aspectos como la protección reforzada de un adulto mayor, la improponibilidad objetiva de la pretensión, la solicitud de unificación de recursos de apelación, las irregularidades en el expediente respecto a alteraciones en las fechas y en la foliación, de esa manera rompiendo el hilo conductor entre lo peticionado y lo resuelto recayendo el contenido de su Resolución en una incongruencia omisiva; por tal motivo, solicitó que se conceda la tutela y que se deje sin efecto el Auto de Vista 247/2022 de 15 de mayo; y, en consecuencia ordenar a las autoridades demandadas dicten una nueva resolución de manera motivada y fundamentada, respondiendo a todos los agravios motivo del recurso de apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 145/2022 de 21 de diciembre, cursante de fs. 131 vta. a 133 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0074/2025-S3 Sucre, 11 de marzo de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 53528-2023-108-AAC Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 145/2022 de 21 de diciembre, cursante de fs. 131 vta. a 133 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Luis Andrés Ritter Zamora en representación legal de Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Limitada (Ltda.) contra Marisol Ortiz Hurtado y Oscar Jesús Menacho Angeleri, Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y Efraín Cruz Limachi, exVocal de la de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memoriales presentados el 5 y 15 de diciembre de 2022, cursantes de fs. 52 a 63; y, 71 a 73 vta., respectivamente, el accionante a través de su representante, expreso que:
Dentro del proceso ejecutivo seguido por Humberto Monasterio Iglesias contra la Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Ltda., dentro del plazo legal, el 2 de agosto de 2021, interpuso recurso de apelación en contra del Auto que dio origen al Auto de Vista 247/2022 de 15 de mayo, emitido por los Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora demandados-, misma que fue notificada a las partes el 6 de junio de 2022; dicha determinación se constituye en el acto lesivo a su derecho al debido proceso en su vertiente de motivación, fundamentación y congruencia, además de ser una fallo arbitrario. El contenido de la resolución que ahora impugna carece de fundamentación y contiene incongruencia citra petita, cuando las autoridades demandadas guardan silencio sobre su petición, situación reflejada en el contenido porque que no dieron respuesta al motivo de su impugnación, mismo que contenía la identificación de una serie de agravios, que cuestionaron estos aspectos: a) La consideración de una protección reforzada al adulto mayor, con relación a juzgar con perspectiva de género y el acceso a la justicia, una vejez digna y el principio de gratuidad; b) Acerca de lo establecido en el punto VI de su recurso “sobre la improponibilidad objetiva de la pretensión”, aspecto que es relevante constitucionalmente para el caso concreto; c) Solicitó la unificación de recursos de apelación, cuando se interpuso una solicitud vinculada de manera directa sobre las apelaciones cursantes y pendientes de resolver; d) Respecto al deber de revisión de nulidades por parte del Tribunal de alzada, existiendo irregularidades en el expediente respecto a la duplicidad de algunas fojas (1692 y 1693); y, e) Las autoridades demandadas se pronuncian con relación a lo establecido en números romanos IV, VII, VIII, IX y X, del memorial de apelación, pero de manera arbitraria, puesto que no evidencian que todos esos agravios están vinculados al debido proceso.
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, disponiendo que las autoridades demandadas dejen sin efecto el Auto de Vista 247/2022 de 15 de mayo; y, en consecuencia emitan una nueva resolución de manera motivada y fundamentada, respondiendo a todos los agravios motivos del recurso de apelación.
Celebrada la audiencia pública virtual el 21 de diciembre de 2022, según consta en acta cursante de fs. 128 a 131, se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante a través de su representante, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolo, señaló que: La razón fundamental para la solicitud de unificación de apelaciones en un solo cuadernillo se debía a la existencia de recursos de apelación diferentes, extremo que se evidencia en el Auto de Vista cuando los Vocales demandados mencionaron en su parte considerativa sobre lo solicitado y que se trataría de una persona de la tercera edad; empero, no se pronunciaron al respecto en la fundamentación de la resolución, omitiendo de manera total este y los demás agravios expresados de su parte, y de esa manera haciendo caso omiso al entendimiento que tiene el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 880/2022-S4 de 12 de septiembre y 1395/2022-S4 de 10 de octubre entre otras, concluyendo que la resolución emitida por las autoridades demandadas configura en una incongruencia omisiva.
Marisol Ortiz Hurtado y Oscar Jesús Menacho Angeleri, Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y Efraín Cruz Limachi, exVocal de la de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, no presentaron informe escrito, tampoco asistieron a la audiencia virtual de consideración de la presente acción tutelar, pese a su notificación cursante de fs. 76 a 78.
Luis Gustavo Auzza Macias, en calidad de tercero interesado, a través de su representante, presentó informe escrito el 20 de diciembre de 2022, cursante de fs. 112 a 119, y manifestó que: 1) Existe una serie de irregularidades en el proceso donde se evidencia desde una mala foliación y que a partir de ello le generaron una indirecta indefensión, en tal sentido manifiesta que a fs. 1692 del cuaderno del proceso ejecutivo, interpuso una solicitud vinculada de manera directa sobre las apelaciones pendientes de resolver, por lo que solicitó unificación de cuadernillo de apelaciones y que a fs. 1699 vta. cursa solicitud de ejecutoria de autos; a lo que, la Secretaria emitió un informe que da curso al mismo; 2) Señala que el Auto sujeto de control de constitucionalidad no se pronunció sobre todos los agravios expuestos y no hizo mención a los motivos por los que no se pronunció dejándole en indefensión y rompiendo el hilo conductor entre lo peticionado y lo resuelto teniendo ello relevancia constitucional y más aun tratándose de la protección reforzada de un adulto mayor; 3) Respecto a la motivación y fundamentación de las resoluciones como elemento del debido proceso, establece que todo fallo debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión se vuelva un derecho, además debe determinar el nexo de causalidad entre lo resuelto y lo pretendido, respecto al principio de congruencia entiende que no solo debe existir correspondencia entre lo peticionado y resuelto sino que además implica la concordancia del mismo; 4) Con relación al principio de verdad material y prevalencia del derecho sustantivo sobre el adjetivo realiza un desarrollo jurisprudencial respecto a su concepto concluyendo que el juzgador al momento de emitir un fallo debe de observar los hechos tal y como se presentaron y analizaron dentro de los antecedentes en los cuales se encuentran expuestos; 5) Sobre la protección reforzada del adulto mayor, considera que el juzgador está obligado a considerar con especial atención a la parte que en relación a la otra se halla situada en desigualdad de condiciones; 6) Señala que se ha quebrantando el derecho al debido proceso, a la defensa, a la impugnación al realizar una interpretación restringida del principio de gratuidad en la administración de justicia; y, 7) Solicita se juzgue con perspectiva de género, se aplique una protección reforzada al adulto mayor y se garantice el debido proceso y el derecho a obtener una resolución fundamentada y motivada, pide se conceda la tutela ordenando a las autoridades recurridas dictar una nueva resolución respondiendo todos los agravios de las partes mediante una resolución fundamentada y congruente. Humberto Monasterio Iglesias, mediante informe escrito el 20 de diciembre de 2022, cursante de fs. 121 a 123 vta., señaló que: i) Dentro del presente caso corresponde la improcedencia In limine de la acción de amparo constitucional, porque la parte accionante no acreditó el nexo de causalidad entre los hechos denunciado y los derechos supuestamente vulnerados, ante la falta de requisitos (claridad de hechos) como fundamento, precisar los derechos y/o garantías vulnerados; ii) Sostiene que el proceso ejecutivo (IANUS 200503195) al que hace referencia la parte accionante, ya se encuentra ejecutoriado, por efecto del Auto Constitucional (AC) 057/2006-CA de 6 de febrero, que dentro de su Fundamento Jurídico II.2.2 determinó que dentro de dicho proceso se emitió sentencia, misma que se encuentra ejecutoriada, sin que exista instancia pendiente de resolución, por lo que otra acción de amparo constitucional no puede modificar lo determinado en el referido fallo constitucional; y, iii) Lo resuelto en un proceso ejecutivo solamente puede ser modificado en proceso ordinario posterior, lo que implica que dentro del presente caso no se ha cumplido con el principio de la subsidiariedad; alegando además que Luis Gustavo Auzza Macias, alegando la representación de la Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Ltda., presentó proceso ordinario posterior, mismo que se tramita en el Juzgado Público Décimo Tercero en lo Civil y Comercial.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 145/2022 de 21 de diciembre, cursante de fs. 131 vlta. a 133, concedió la tutela solicitada, disponiendo: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista 247/2022 de 15 de mayo, debiendo las autoridades demandadas emitir una nueva resolución debidamente fundamentada, motivada y congruente con los recursos de apelación planteados; tal determinación se la tomó bajo los siguientes fundamentos; b) De la revisión de la resolución impugnada se evidencia que las autoridades demandadas no se pronunciaron sobre los agravios expuestos en el recurso de apelación presentado por el accionante; ni sobre la unificación de recursos planteado por los sujetos procesales dentro del proceso principal, las mismas no señalan la razón por la cual deniegan el acceso a la justicia de la parte impetrante de tutela, cuando existe el principio de gratuidad en procesos ordinarios y que las autoridades al momento de realizar la interpretación debían realizarla en base a parámetros de razonabilidad que resguarden principios constitucionales y derechos fundamentales; c) Evidencian que el Auto de Vista considerado vulneratorio de derechos fundamentales, carece de congruencia al no haber expuesto sobre los agravios presentados por el accionante, al no referirse en qué medida consideraron la unificación de recursos planteada por los sujetos procesales y no haberse referido al principio de gratuidad; y, d) No es el objeto actuar de manera invasiva con relación a otras jurisdicciones; por lo que, no se busca indicar de qué forma deben de pronunciarse las autoridades demandadas, sino que lo que se pretende es el constatar que la resolución tenga una debida fundamentación, motivación y congruencia que le genere al justiciable certeza de cuáles fueron las razones por las que se asumió dicha determinación.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio de 28 de marzo de 2014, que dispone la caducidad del recurso planteado en base a que el accionante no habría proporcionado los recaudos necesarios para dar cumplimiento a lo ordenado en el fallo de 6 de enero de 2014 (fs. 23). II.2. Consta memorial de 27 de enero de 2014, presentado por Luis Gustavo Auzza Macias en representación legal de la Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Ltda., dentro del proceso ejecutivo seguido por Humberto Monasterio Iglesias, memorial en el cual solicita unificación de apelaciones y que se eleve en un solo cuadernillo al Tribunal de alzada (fs. 24). II.3. Cursan Autos Interlocutorios 09/2014 y 10/2014 de 6 de enero, notificaciones con memorial de fs. “1687” a “1691” del cuaderno de origen, solicitud de ejecutoria de autos presentado por Humberto Monasterio Iglesias de fecha 29 de enero de igual año (fs. 25 a 30). II.4. Por memorial presentado el 2 de agosto de 2021, la parte accionante interpusó recurso de apelación contra del Auto Interlocutorio de 28 de marzo de 2014, en representación de la Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Ltda., dentro del proceso ejecutivo seguido por Humberto Monasterio Iglesias; sosteniendo que nunca fueron notificados con dicha determinación, denunciando que el trámite del proceso ejecutivo estuvo plagado de irregularidades; 1) Al ser el recurrente de la tercera edad, la Constitución Política del Estado los protege por pertenecer a un grupo vulnerable, teniendo su derecho a una vejez digna, como a una justicia transparente, sin dilaciones y gratuita; 2) También solicitó que se unificaran las apelaciones cursantes y que se encuentren pendientes de resolución, a fin de evitar dilaciones en la resolución de las mismas; 3) Se anule todo lo actuado, con relación al trámite de las apelaciones y la conminatoria para entregar los recaudos para remitir las apelaciones cursantes hasta que se resuelva de manera previa su solicitud, mediante una resolución fundamentada; 4) En cuanto al fondo, respecto al Auto apelado, sostienen que el Juez a quo al momento de dictar sentencia de 8 de agosto de 2005, no ha considerado las grandes infracciones que hacen al debido proceso y a la inviolabilidad de la defensa en juicio; 5) La notificación realizada a fs. 236, es nula de pleno derecho, por haberse violado el contenido de los arts. 135.II y 137.4) del Código Procesal Civil (CPC), y 247 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), ya que no puede notificarse en tablero las resoluciones que se trate de sentencias, apertura de término probatorio, no constituyendo causal válida afirmar que se había constituido domicilio procesal en la secretaría del juzgado; 6) El Juez a quo no consideró que los documentos presentados carecían de fuerza ejecutiva; ya que, carecían de los requisitos establecidos por el art. 575 núm. 1 al 5 del Código de Comercio (CCo); y, 7) El juez tampoco consideró que la Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Ltda., en momento alguno aceptó la letra de cambio que se encontraba en el expediente; por la cual, nunca se la requirió para que proceda al supuesto pago correspondiente, sosteniendo que no se accedió haber sido deudor principal o avalista de la letra -que aduce que es falsificada- (fs. 32 a 41). II.5. Cursa Auto de Vista 247/2022 de 15 de mayo, emitido por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; por la cual, se determinó confirmar el Auto de 28 de marzo de 2014; tal determinación se dio sobre la base de los siguientes fundamentos: i) El impetrante de tutela señaló agravios resultantes de otras resoluciones y no del Auto apelado, como se puede evidenciar en sus puntos IV, VII, VIII, IX y X, mismos que no guardan relación con la caducidad del recurso y sus presupuestos, señalando que los alcances del art. 265.I del CPC establece que el Auto de Vista deberá de circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación y fundamentación; ii) Respecto a que no se hubieran proporcionado los recaudos necesarios para dar cumplimiento a lo ordenado por el Auto de 6 enero de 2014 (concesión del recurso), que determinó que la parte recurrente debió de sufragar los gastos de las fotocopias ordenadas en el plazo de dos días, desde su legal notificación, siendo notificados con tal determinación el 21 de enero de 2014; siendo emitido posteriormente el Auto que declaró la caducidad del recurso presentado el 28 de marzo de 2014; y, iii) El Auto de 28 de marzo de 2014, sin que sus fundamentos sean extensos, señaló lo pertinente y su contenido no conlleva a confusión alguna; la parte recurrente incumplió con lo ordenado a pesar de que estos fueron legalmente notificados el 21 de enero de 2014, pasando más de dos meses sin que el impetrante haya proveído de los recaudos necesarios, a fines de remitir su apelación, siendo aplicable el principio de que nadie puede alegar a su favor su propia culpa; (fs. 43 a 45 vta.).
El accionante, a través de su representante, denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; por cuanto habiendo interpuesto recurso de apelación mediante memorial de 2 de agosto de 2021, contra el Auto de 6 de enero de 2014, los Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, omitieron dar respuesta a todos los agravios identificados en el memorial de apelación, tampoco realizaron una explicación respecto al motivo de la omisión, considerando que las omisiones tienen relación directa con relevancia constitucional dentro del caso concreto, aspectos como la protección reforzada de un adulto mayor, la improponibilidad objetiva de la pretensión, la solicitud de unificación de recursos de apelación, las irregularidades en el expediente respecto a alteraciones en las fechas y en la foliación, de esa manera rompiendo el hilo conductor entre lo peticionado y lo resuelto recayendo el contenido de su Resolución en una incongruencia omisiva; por tal motivo, solicitó que se conceda la tutela y que se deje sin efecto el Auto de Vista 247/2022 de 15 de mayo; y, en consecuencia ordenar a las autoridades demandadas dicten una nueva resolución de manera motivada y fundamentada, respondiendo a todos los agravios motivo del recurso de apelación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, sobre este derecho, estableció lo siguiente: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que deben contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:
a) [D]ebe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.
En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.
Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3El FJ III.2.3, refiere que: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.
5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.
7El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 9El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.
Al respecto la SCP 0859/2020-S3 de 30 de noviembre, si bien se refirió de manera concreta a la previsión de caducidad prevista en el art. 281.I del CPC, no obstante el entendimiento definido puede ser aplicado en relación a la sanción de caducidad establecida también ante la interposición del recurso de apelación, habiéndose determinado en dicha oportunidad el siguiente razonamiento:
[E]n lo que concierne a la caducidad, dicha figura jurídica es entendida como ‘…la pérdida o extinción de una acción o un derecho por inacción del titular en plazo perentorio, o, también por incumplimiento de recaudos legales. Otra variante de caducidad es la no concreción de un derecho por su sujeción a una condición no cumplida o a un evento que no ocurre en el momento o de la manera previstos. El Instituto de la caducidad o decadencia de un derecho está ligado al presupuesto de la inobservancia de ‘un término perentorio’ e inspirado en la exigencia de ejercicio solícito de derechos, para eliminar incertidumbres sobre las intenciones del titular de esos derechos’ (enciclopediajurídica.com).
En ese marco, en el ámbito procesal, la caducidad puede ser entendida como aquella sanción establecida mediante ley por la inactividad procesal de las partes que trae consigo la consecuencia de la extinción del proceso, significando un desistimiento tácito de la acción.
Considerando tales entendimientos, se advierte que la configuración normativa del recurso de compulsa prevé la aplicación de dicho instituto ante el incumplimiento de la presentación de los recaudos de ley, misma que tiene su base en los principios de preclusión y celeridad, ya que la materialización de este mecanismo de defensa no solo depende de la autoridad judicial sino esencialmente de la parte procesal interesada, quien está compelida a actuar diligentemente observando lo imperativamente dispuesto en la ley a fin del ejercicio eficaz de sus derechos, no pudiendo admitirse un razonamiento en contrario que en líneas generales desconocería los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Asimismo, debe considerarse lo ya establecido y reiterado en numerosos entendimientos jurisprudenciales relativo a que por principio general del derecho, ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino solo en un tiempo determinado, pues si en un plazo preciso el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en el ejercicio de sus derechos y garantías (SC 1157/2003-R de 15 de agosto), razonamiento que aplicado al recurso de compulsa respecto a la falta de presentación de recaudos, implica la ausencia de interés del recurrente de concretar y materializar su recurso, lo que da cuenta indirectamente del desistimiento tácito de su ejercicio.
Ahora bien, en lo que respecta al principio de gratuidad en la administración de justicia, si bien en efecto el mismo es uno de los principios que junto con otros rigen la función jurisdiccional, debe tenerse en cuenta que su implementación estuvo establecida a fin de suprimir y eliminar todo pago por concepto de formularios de notificación, papeletas de apelación y la supresión de cualquier formulario o valorado, considerando que anteriormente se tenía previsto legalmente incluso la utilización del papel sellado, habiéndose establecido a partir del art. 10 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), la eliminación de todo pago por concepto de timbres, formularios y valores a objeto de la interposición de cualquier recurso en todo tipo de proceso, así como el pago por comprobantes de caja y cualquier otro pago con el que se agrave al litigante, determinando la propia previsión normativa que esta observancia será de aplicación progresiva conforme lo determine el Tribunal Supremo de Justicia.
En ese sentido, no obstante de que este principio conlleva la supresión de pago respecto a la provisión de timbres, formularios y valores, jurisprudencialmente también se estableció que la observancia del principio de gratuidad no importa que el Estado deba cubrir todos y cada uno de los gastos que implica llevar adelante un proceso judicial, y si bien en cuanto a la provisión de recaudos de ley en materia penal y laboral por los derechos que protegen y en determinadas circunstancias, se estableció que estos no pueden impedir la tramitación del mecanismo interpuesto; empero, en materia civil se debe considerar lo legalmente establecido, teniendo en cuenta que la observancia del principio de gratuidad debe ser asimilado en función a la regulación estatal y en consideración al principio de legalidad, como en efecto ocurre en el caso de la sanción de caducidad determinado para el recurso de compulsa por la falta de provisión de recaudos prevista a partir del art. 281.I del CPC.
Al respecto, con referencia al principio de gratuidad relacionada a la sanción de caducidad, la SCP 0368/2015-S2 de 8 de abril, sostuvo que:
[A]l haberse denunciado supuesta vulneración al principio de gratuidad dentro de la administración de justicia, sin considerar que el mismo se encuentra sujeto a regulación estatal y legal, encontrándose vigente un sistema de aplicación progresivo sobre el particular, que en principio suprimió gradualmente el uso de papel sellado, papeletas de notificación y cédulas judiciales, así como el pago de timbres y demás valores judiciales; sin embargo, se advierte que no existe gratuidad total en todos los trámites judiciales, principalmente en materia procesal civil, ya que necesariamente se deberá correr con los gastos de remisión de expedientes por ante los tribunales superiores a efectos de la tramitación efectiva de los recursos planteados por ante las instancias correspondientes, entendiéndose tratarse de procesos que corresponden ser remitidos a otros asientos o distritos judiciales, presupuestos que se encuentran establecidos por ley, con plena aplicación legal, conforme informan los procesos que se encuentran dentro del ámbito procesal civil, donde las disposiciones legales sobre declaratoria de caducidad tanto en los recursos de apelación en el efecto devolutivo, así como en los recursos de casación por falta de provisión de los recaudos dispuestos por ley, se encuentran vigentes conforme al art. 261 del CPC (el resaltado y subrayado nos corresponden).
A partir de dicho entendimiento, puede concluirse que el cumplimiento de las previsiones normativas respecto a la declaración de caducidad por la falta de provisión de los recaudos de ley en materia civil, de manera alguna puede considerarse como una inobservancia al principio de gratuidad establecido en la Constitución Política del Estado; toda vez que, los mismos son necesarios a fin de la materialización del recurso interpuesto, los cuales no implican un pago como requisito formal para el acceso o la concesión de determinado mecanismo de impugnación, sino que simplemente son requeridos a objeto de contar con los medios pertinentes para hacerlo efectivo, como en efecto sucede en el caso de la provisión de recaudos para las fotocopias respectivas, las cuales son necesarias para la tramitación y resolución del recurso por la autoridad superior, correspondiéndole a la parte recurrente cumplir diligentemente y en su propio interés, con lo establecido en la norma y dentro del término previsto, evitando de esta forma la inminente aplicación de la sanción dispuesta ante su incumplimiento, ello en observancia asimismo de los principios de celeridad y preclusión” (las negrillas y el subrayado son nuestros).
Asimismo, el referido fallo constitucional, precisando dicho análisis en el caso concreto, estableció que: [e]n cuanto a la aplicación de la sanción de caducidad ante el incumplimiento de la presentación de recaudos de ley, de manera alguna se constituye en una lesión al principio de gratuidad, toda vez que, su observancia y aplicación se encuentra sujeta a regulación estatal y legal, debiendo considerarse en ese sentido que es el propio legislador que en ciertas circunstancias, como ocurre en el caso de la provisión de recaudos en materia civil, impone tal sanción, la cual a más de ser observada en consideración al principio de legalidad y seguridad jurídica, se halla relacionada con los principios de celeridad y preclusión, teniendo en cuenta que el recurrente en su propio interés debe cumplir con lo establecido en la ley diligentemente a fin de hacer materialmente posible que su recurso sea tramitado y resuelto por la autoridad superior, actuación que de contrario evidencia un desinterés de su parte de concretar su pretensión (énfasis añadido).
La parte accionante a través de su representante, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia; toda vez, que ante la presentación del recurso de apelación contra el Auto de 28 de marzo de 2014, mediante memorial de 2 de agosto de 2021, los Vocales de la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, incumplieron dar respuesta a todos los agravios identificados en su recurso de apelación, sin dar una explicación de por qué se omitió dar una respuesta a cada uno de estos, considerando que las omisiones tienen relación directa con relevancia constitucional dentro del caso concreto, configurando el contenido de su resolución en incongruencia omisiva, en ese sentido identifica los siguientes agravios: 1) No existe respuesta a la consideración de una protección reforzada al adulto mayor, con relación a juzgar con perspectiva de género y el acceso a la justicia, una vejez digna y el principio de gratuidad; 2) Acerca de lo establecido en Romanos VI “sobre la improponibilidad objetiva de la pretensión” aspecto que considera de relevancia constitucional para el caso concreto; 3) Solicitud de unificación de recursos de apelación, cuando el codemandado interpuso una solicitud vinculada de manera directa sobre las apelaciones cursantes y pendientes de resolver; 4) Omisión respecto al deber de revisión de nulidades por parte del Tribunal de alzada, existiendo irregularidades en el expediente respecto a la duplicidad de algunas fojas (1692 y 1693); y 5) Las autoridades demandadas se pronuncian con relación a lo establecido en los romanos IV, VII, VIII, IX y X del fallo cuestionado, pero de manera arbitraria, puesto que no evidencian que todos esos agravios están vinculados al debido proceso. De la revisión de los antecedentes, se tiene que en el proceso ejecutivo seguido por Humberto Monasterio Iglesias contra Luis Gustavo Auzza Macias y la Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Ltda., cursa Auto de fecha 28 de marzo de 2014; que dispone, la caducidad del recurso planteado en base a que el accionante no habría proporcionado los recaudos necesarios para dar cumplimiento a lo ordenado en el Auto de 6 de enero de 2014 (Conclusión II.1), cursa memorial de 27 de enero de 2014 presentado por Luis Gustavo Auzza Macias en representación de la referida sociedad, dentro del proceso ejecutivo seguido por Humberto Monasterio Iglesias, solicitando unificación de apelaciones y que se eleve en un solo cuadernillo al Tribunal de alzada. (Conclusión II.2) y, cursa Auto 09/2014 de 6 de enero, notificaciones con memorial de fs. “1687” a “1691” del proceso ejecutivo, memorial de solicitud de ejecutoria de autos presentado por Humberto Monasterio Iglesias de 29 de enero de 2014 (Conclusión II.3), cursa Auto de Vista 247/2022 de 15 de mayo, emitido por la Sala Civil, Comercial, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública Quinta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz ( Conclusión II.5); haciendo una relación entre la documental adjuntada en calidad de prueba con respecto a la Resolución emitida por los Vocales demandados se puede establecer: i) La existencia de declaratoria de caducidad mediante el Auto de 28 de marzo de 2014, porque el accionante no habría proporcionado los recaudos necesarios para dar cumplimiento a lo ordenado en el auto de 6 de enero del mismo año; ii) La existencia de la solicitud para la unificación de apelaciones que mediante decreto de 29 de enero de citado año dispuso el traslado; iii) Asimismo no cursan las notificaciones con el decreto de 29 de enero del mismo año; y, iv) Existe la solicitud de ejecutoria de autos por parte de Humberto Monasterio Iglesias.
Ahora bien, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que toda autoridad judicial o administrativa que emita alguna determinación debe hacerlo en el marco del debido proceso, cumpliendo con la debida fundamentación, motivación y congruencia, expresando los motivos de hecho como de derecho, en los que basará sus decisiones, así como el valor otorgado a los medios de prueba, no pudiendo reemplazar esa labor con la simple relación de documentos; dejando de esa manera, pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados, sino en la forma como se decidió; asegurando además, la estricta correspondencia entre lo peticionado, lo probado por las partes y lo resuelto -congruencia externa-, así como la coherencia y concordancia entre su parte considerativa y dispositiva, efectuando un razonamiento integral y armonizado en todo su contenido -congruencia interna-. En ese sentido, del análisis del contenido del Auto de Vista 247/2022, se advierte que los Vocales demandados previa exposición de los antecedentes del caso, emitieron su decisión alegando que: a) El art. 265 del Código Procesal Civil (CPC), establece que el Auto de Vista que resuelve una apelación deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que hayan sido objeto de apelación por la parte recurrente, en ese sentido que el Tribunal de alzada solo debe resolver conforme a la expresión del agravio o perjuicio que la resolución judicial ha causado al recurrente, por consiguiente su competencia se encuentra limitada por la extensión de los recursos concedidos y la transgresión de tales límites; b) Establece que el accionante señala agravios resultantes de otras resoluciones y no del auto apelado, tal como se puede evidenciar en sus puntos IV, VII, VIII, IX y X, mismos que no guardan relación alguna con la caducidad del recurso y sus presupuestos, por esa razón como Tribunal de alzada entienden que no podrían atender en extenso la apelación del impetrante porque están vedados de pronunciarse en relación a aquellas cuestiones que no hayan sido sometidas a consideración de la instancia a quo en la oportunidad procesal correspondiente; y, c) Respecto a la falta de fundamentación sobre la caducidad al recurso planteado por el impetrante de tutela, establece que el Juez a quo en base al informe emitido por la Secretaria de dicho Juzgado, mismo que señala que el accionante no habría proporcionado los recaudos necesarios para dar cumplimiento a lo ordenado en el Auto de 6 de enero de 2014, y que en el fallo de concesión del recurso señaló que, “la parte recurrente deberá sufragar los gastos de las fotocopias ordenadas en el plazo de dos días, desde su legal notificación con el presente Auto”, en virtud a lo establecido manifiestan que la determinación de 28 de marzo de 2014 si habría sido debidamente fundamentado; además, que como señala la jurisprudencia no es necesario que el Juez a quo haya hecho una fundamentación extensa cuando es evidente que la hizo clara y precisa señalando lo pertinente; por lo que, el Tribunal de alzada consideró que no conlleva alguna confusión y falta de entendimiento e incongruencia; por lo que, sería inválido el agravio señalado por el impetrante. En ese contexto, contrastando los mencionados argumentos con los hechos denunciados en la acción de defensa, es necesario el remarcar lo siguiente: El agravio expuesto en el recurso de apelación, respecto a la protección reforzada al adulto mayor, juzgar con perspectiva de género y el acceso a la justicia, una vejez digna y el principio de gratuidad; respecto a ello, el Tribunal de alzada en el Auto Interlocutorio 247/2022 manifestó que, el Juez a quo habría realizado una correcta interpretación de la norma al establecer la caducidad en base al informe de la Secretaria de Juzgado, determinando que el accionante no habría proveído de los recaudos necesarios para cumplir con lo ordenado en el Auto de 6 de enero de 2014, subsumiendo la acción al entendimiento establecido en el ordenamiento jurídico civil, que señala “…la parte recurrente deberá sufragar los gastos de las fotocopias ordenadas en el plazo de dos días, desde su legal notificación con el presente auto, bajo prevenciones de ley”. En ese sentido se concluyó que la fundamentación emitida por el Juez de primera instancia era clara y precisa.
Al respecto, se puede concluir que si bien el fallo impugnado en este punto guarda relación entre lo fundamentado y lo decidido, resulta también cierto que se omitió realizar la consideración, valoración y enfoque diferencial, al tratarse de la invocación de los derechos de una persona adulta mayor, no tomando en cuenta aspectos solicitados en el referido recurso de apelación como la ponderación del derecho a la vejez, los derechos que tiene una persona de la tercera edad como una vejez digna, una justicia transparente y gratuita íntimamente relacionada a la supuesta indefensión que se le hubiera causado a la parte recurrente.
Ahora, si bien se constató la omisión de consideración de dicho agravio dentro del Auto ahora impugnado, en cuanto a la aplicación en su caso del enfoque de género y generacional, se tiene que tal pedido resulta mínimamente confuso, ya que se supone que la parte impetrante de tutela que interpone esta acción de amparo constitucional es la “Sociedad Industrial Cerámica Santa Cruz Ltda.”, mediante su representante; es decir, que el accionante en este caso se trata de una persona jurídica, por lo que los derechos que tiene una persona de la tercera edad como es el derecho a una vejez digna, entre otros, son de carácter personalísimo y no pueden ser endilgados a una persona jurídica; es necesario también el advertir que el recurso de apelación presentado en contra del Auto de 28 de marzo de 2014, fue interpuesto en esa ocasión por Víctor Peñafiel Velasco, también en representación legal de la referida Sociedad Industrial; en ese sentido no existe una vinculación, directa ni indirecta, entre el derecho supuestamente vulnerado (derecho a una vejez digna) y la parte impetrante de tutela y recurrente a su vez; ya que, en este caso resulta ser una persona jurídica, lo que implica que para que se exija la aplicación y materialización de una protección reforzada por parte del Estado, el requisito es mínimamente el acreditar pertenecer a un grupo vulnerable (menores de edad, personas de la tercera edad, discapacitados etc.); lo que, en el presente caso, al tratarse de una sociedad industrial, no se cumple con tal requisito, por lo que la omisión de pronunciamiento advertida carece de relevancia constitucional, correspondiendo denegar la tutela solicitada.
En cuanto a la sanción de la caducidad aplicada en este caso y su relación con el principio de gratuidad en la administración de justicia, el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, textualmente estableció lo siguiente:
Se advierte que no existe gratuidad total en todos los trámites judiciales, principalmente en materia procesal civil, ya que necesariamente se deberá correr con los gastos de remisión de expedientes por ante los tribunales superiores a efectos de la tramitación efectiva de los recursos planteados por ante las instancias correspondientes, entendiéndose tratarse de procesos que corresponden ser remitidos a otros asientos o distritos judiciales, presupuestos que se encuentran establecidos por ley, con plena aplicación legal, conforme informan los procesos que se encuentran dentro del ámbito procesal civil, donde las disposiciones legales sobre declaratoria de caducidad tanto en los recursos de apelación en el efecto devolutivo, así como en los recursos de casación por falta de provisión de los recaudos dispuestos por ley, se encuentran vigentes conforme al art. 261 del CPC.
Puede concluirse que el cumplimiento de las previsiones normativas respecto a la declaración de caducidad por la falta de provisión de los recaudos de ley en materia civil, de manera alguna puede considerarse como una inobservancia al principio de gratuidad establecido en la Constitución Política del Estado; toda vez que, los mismos son necesarios a fin de la materialización del recurso interpuesto, los cuales no implican un pago como requisito formal para el acceso o la concesión de determinado mecanismo de impugnación, sino que simplemente son requeridos a objeto de contar con los medios pertinentes para hacerlo efectivo, como en efecto sucede en el caso de la provisión de recaudos para las fotocopias respectivas, las cuales son necesarias para la tramitación y resolución del recurso por la autoridad superior, correspondiéndole a la parte recurrente cumplir diligentemente y en su propio interés, con lo establecido en la norma y dentro del término previsto, evitando de esta forma la inminente aplicación de la sanción dispuesta ante su incumplimiento, ello en observancia asimismo de los principios de celeridad y preclusión (las negrillas y el subrayado son nuestros).
En ese sentido, lo determinado por el Auto de Vista 247/2022 respecto a la caducidad del referido recurso no vulneran los derechos de la parte impetrante de tutela, misma que debió de sufragar los gastos de las fotocopias ordenadas en el plazo de dos días, al no hacerlo implica que la referida Sociedad Industrial, actuó con total negligencia en causa propia, misma que no puede pretender sea subsanada por la presentación de una acción tutelar como es el presente amparo constitucional. Al haber caducado su derecho de apelación, conforme a lo establecido en el art. 259.2 del CPC “En el efecto devolutivo, en cuyo caso se permite la prosecución de trámites en lo principal, sin perjuicio del recurso de alzada, con indicación de las piezas estrictamente necesarias a fotocopiarse, que deberán ser legalizadas, y su remisión separadamente, al tribunal superior. En caso de la falta de pago de gastos para fotocopias legalizadas referidas, en el plazo de cuarenta y ocho horas computables desde la notificación con el auto de concesión del recurso, se aplicará su caducidad y ejecutoria de la resolución impugnada”
Por lo expuesto, dentro del presente caso no corresponde abrir la competencia del Tribunal de Alzada con relación a los demás agravios expuestos, precisamente ante la caducidad referida. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber concedido la tutela solicitada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 145/2022 de 21 de diciembre, cursante de fs. 131 vta. a 133 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0074_2025-S3.pdf · páginas 1 a 20.
Huella digital del PDF (SHA-256): f3b76be90c11469787e0910cf24336ada3dadd00e4b573054a786a859c9eadd6
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