Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 26 de febrero de 2025
Deniega la tutela
La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la petición y al trabajo; debido a que, concluido el servicio de consultoría por producto que prestó, se dirigió al ex y al actual Alcalde del GAM de San Pedro de Tiquina -ahora accionado-, solicitando el pago correspondiente; no obstante, pese a sus reiteradas notas en las que inclusive pidió el desglose de su documentación original, no obtuvo respuesta alguna y menos se efectuó la cancelación de sus servicios. Ante ello, la parte accionada manifestó que, desde la comisión del supuesto hecho vulnerador a la fecha de interposición de la acción de amparo constitucional, transcurrieron aproximadamente siete meses, por lo que, la accionante incumplió el plazo de seis meses -de inmediatez que rige la acción de amparo constitucional- previsto en la norma. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 207/2022 de 28 de noviembre, cursante de fs. 44 a 46 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 2° Exhortar a Heriberto Verónico Pomier Madriaga y Miryam Virginia Aguilar Rodríguez, Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; para que en el futuro cumplan sus funciones en el marco de la normativa y jurisprudencia constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0074/2025-S2 Sucre, 26 de febrero de 2025 SALA SEGUNDA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de amparo constitucional Expediente: 53338-2023-107-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 207/2022 de 28 de noviembre, cursante de fs. 44 a 46 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jenny Muñoz Pérez contra Dionicio Luciano Marconi Quispe, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de San Pedro de Tiquina del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 17 de octubre de 2022, cursante a fs. 1 y 15 a 18, la accionante manifiesta lo siguiente:
El 7 de abril de 2021, fue contratada por el GAM de San Pedro de Tiquina para prestar servicios conforme el Contrato Administrativo para la Presentación de Servicios de Consultoría por Producto denominado “ABOGADA DEL CONCEJO PARA LA TRANSICIÓN TRANSPARENTE MUNICIPAL” (sic) GAMSPT/CP/002/2021, para que en el plazo de treinta días elabore las directrices y preparación de la documentación para su entrega al nuevo Concejo Municipal, estipulándose el pago de Bs5 000.- (cinco mil bolivianos) por la ejecución de dicho Contrato; sin embargo, su persona realizó la entrega del producto e informe en el plazo de diecinueve días continuos conforme lo determinado en los Términos de Referencia y la Cláusula Décima Octava del referido Contrato Administrativo. En ese sentido: a) El 27 de abril de 2021, dirigiéndose al entonces Alcalde de la indicada entidad edil -David Marconi Calle- solicitó la cancelación por los servicios prestados; empero, no tuvo respuesta alguna y tampoco se procedió al pago correspondiente; b) Por notas de 6 y 20 ambos de julio del mismo año, pidió a Dionicio Luciano Marconi Quispe, actual Alcalde del GAM de San Pedro de Tiquina, pidió la cancelación por sus servicios; c) El 13 de octubre de 2021, a solicitud de la entonces Asesora Legal del Alcalde de la entidad edil, otorgó en originales el aludido Contrato Administrativo, el Acta de Entrega de Producto e Informe de Conformidad del Concejo Municipal de San Pedro de Tiquina -no refiere fecha-; d) Mediante nota de 6 de marzo de 2022, requirió al Alcalde ahora accionado, la cancelación de sus servicios; y, e) El 21 del mismo mes y año, pidió el desglose de sus documentos originales. No obstante, todas sus solicitudes no fueron respondidas.
La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la petición y al trabajo, citando al efecto los arts. 24, 46 y 47 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se disponga que el Alcalde accionado “…cese la omisión ilegal e indebida de no responder…” (sic) y se proceda a contestar las notas presentadas. Asimismo “…se conceda la tutela disponiendo que el demandado proceda con la cancelación de mis servicios laborales conforme estipula el Contrato Administrativo, Acta de Entrega de Producto e informe de Conformidad…” (sic).
Celebrada la audiencia pública virtual el 28 de noviembre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 42 a 43, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, en audiencia ratificó los argumentos del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando los mismos, manifestó que: 1) Concluido con el contrato de consultoría por producto, el 21 de abril de 2021, se dirigió al entonces Alcalde del GAM de San Pedro de Tiquina, David Marconi Calle y presentando su informe de avance solicitó su pago; sin embargo, el mismo no fue respondido; 2) El 27 de igual mes y año, presentó informe final, acta de conformidad, entre otros; empero “…dicha solicitud no fue atendida, ni respondida oportunamente…” (sic); 3) El 6 de julio de 2021, impetró el pago de la consultoría, manifestando que los documentos adjuntos al contrato se encuentran en archivo del aludido Gobierno Autónomo Municipal; empero, no obtuvo respuesta; posteriormente, dirigiéndose al Alcalde -ahora accionado-, solicitó la cancelación de los servicios e hizo constar que acudiría a la vía judicial de no atenderse oportunamente su petición; luego, reiteró su pedido adjuntando todos los documentos originales que portaba; sin embargo, al no tener respuesta, el 6 de marzo de 2022, pidió la cancelación de los servicios de consultoría de producto señalando que entregó los documentos originales; no obstante, al no tener respuesta finalmente el 21 de ese mes y año, con la intención de acudir a la vía judicial requirió el desglose de documentos; y, 4) La autoridad edil accionada lesionó su derecho laboral consagrado en los arts. 46, 47 y 115 de la CPE. En del art. 36.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la Sala Constitucional Tercera del Tribunal departamental de Justicia de La Paz, preguntó a la parte impetrante de tutela si posterior al “21 de marzo” exigió al GAM de San Pedro de Tiquina el cumplimiento de pago de sus honorarios. Al respecto, la accionante, alegó que “Después de esa fecha que se ha presentado, varias veces me ha constituido al lugar y me constatado que los asesores legales han cambiado varias veces, he ido personalmente y también he presentado posterior a esa fecha otras notas donde he solicitado el desglose de los documentos…” (sic).
Dionicio Luciano Marconi Quispe, Alcalde del GAM de San Pedro de Tiquina, a través de su representante legal, por informe escrito, cursante de fs. 35 a 37, y en audiencia, solicitó se deniegue la tutela, manifestando al efecto que la impetrante de tutela afirmó que la lesión de sus derechos se efectuó por la falta de respuesta a las Notas presentadas el 6 y 20 ambas de julio, el 13 de octubre, todos de 2021; además, del 6 y 21 de marzo de 2022; sin embargo, desde la comisión del supuesto hecho vulnerador “21 de marzo de 2021” a la fecha de interposición de la acción de amparo constitucional el 17 de octubre de 2022, transcurrieron aproximadamente siete meses; por lo que, la accionante incumplió el plazo de los seis meses previstos en la norma.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 207/2022 de 28 de noviembre, cursante de fs. 44 a 46 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que: i) El alcalde accionado, otorgue en el plazo de cinco días hábiles, una respuesta fundamentada, motivada y congruente, que atienda las solicitudes efectuadas el 27 de abril, 6 y 20 de julio, 13 de octubre, todos del 2021; además, del 6 de marzo de 2022; y, ii) En similar plazo, la autoridad edil accionada materialice la cancelación de Bs5 000.-que corresponde al pago de honorarios del impetrante de tutela, sin perjuicio de proceder con los descuentos de ley. Determinación efectuada bajo los siguientes fundamentos: a) No existe criterio de aplicabilidad del principio de inmediatez, debido a que, desde la recepción del producto final de consultoría de producto y la solicitud de cancelación de los servicios de consultoría efectuadas el 27 de abril de 2021, se incumplió con el pago de salarios devengados, lo que denota la presencia de actos o medidas de hecho, que vulneró el derecho al trabajo en su elemento justa retribución; y, b) El Alcalde accionado no enervó y tampoco hizo desaparecer la vías de hecho con las que obró; por lo que, frente a la falta de respuesta a las distintas notas presentadas desde el 2021, dirigidas al ex y actual Alcalde del GAM de San Pedro de Tiquina se afectó los derechos al trabajo y a la petición que le asiste a la accionante. En la vía de aclaración, enmienda y complementación, la autoridad accionada solicitó: 1) Se aclare la determinación asumida respecto a la cancelación de servicios prestados, debido a que, la accionante pidió el cumplimiento del art. 24 de la CPE; y, 2) La “complementación” de la parte dispositiva, específicamente respecto al plazo para la cancelación de Bs5 000.- por el servicio de consultoría, señalando que para realizar el pago de cualquier servicio se debe cumplir procedimientos administrativos, por ello, debía otorgarse un plazo de quince días. Al respecto, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Complementación de la misma fecha, cursante a fs. 46 y vta., manifestó que: i) La parte dispositiva de la Resolución 207/2022 es clara, e independientemente de lo peticionado por la autoridad accionada, por lo que la determinación se mantiene firme y subsistente; y, ii) Independientemente de los argumentos vinculados a la inobservancia del principio de inmediatez, es necesario considerar que los salarios son imprescriptibles, por ello, la autoridad accionada debe cumplir con el pago del salario adeudado a la accionante en la suma Bs5 000.-, procediendo a los descuentos que pudiese corresponder; debiendo modificarse el plazo otorgado para el cumplimiento de dicha determinación a quince días.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante nota presentada el 27 de abril de 2021, dirigida a David Marconi Calle, entonces Alcalde del GAM de San Pedro de Tiquina; Jenny Muñoz Pérez -ahora accionante- presentó informe final de consultoría por producto y acta de conformidad; por lo que, solicitó la cancelación de servicios de consultoría en un monto de Bs2 500.- (dos mil quinientos bolivianos); pidiendo, se proceda a la retención de ley, al no contar con número de identificación tributaria (fs. 9). II.2. A través de nota presentada el 6 de julio de 2021, dirigida a Dionicio Luciano Marconi Quispe, Alcalde del GAM de San Pedro de Tiquina -ahora accionado-, la impetrante de tutela solicitó el pago de la consultoría por producto denominada “ABOGADA PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE TIQUINA PARA LA TRANSICIÓN TRANSPARENTE MUNICIPAL” (sic [fs. 10]).
II.3. Se tiene nota presentada el 20 de julio de 2021, dirigida al Alcalde ahora accionado, a través de la cual, la accionante solicitó por tercera vez la cancelación por servicio de consultoría por producto bajo alternativa de acudir a la vía judicial por incumplimiento de pago más daños y perjuicios (fs. 11). II.4. Por nota presentada el 13 de octubre de 2021, dirigida a la autoridad edil demandada, la peticionante de tutela refirió que “Asesoría Legal del Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Municipal de San pedro de Tiquina me entrego una Nota CITE: GAMSPT/ALE/LCSA/Nro. 001/2021 EMITIDO POR LA ASESORA LEGAL DEL EJECUTIVO DEL G.A.M.S.P.T. en respuesta a las reiteradas solicitudes de cancelación por mi servicio prestado en calidad de consultoría por producto (...) en cuya nota se solicita se adjunte los informes a los que hago referencia en mis solicitud de pago.” (sic). A tal efecto, adjuntó los documentos originales de informes de avance de consultoría, informe final y acta de entrega de producto; por lo que, solicitó se proceda al pago de sus servicios en un monto de Bs5 000.- (fs. 12). II.5. Mediante nota presentada el 6 de marzo de 2022, dirigida al Alcalde hoy accionado; la impetrante de tutela solicitó por cuarta vez la cancelación de servicio de consultoría por producto bajo alternativa de acudir a la vía judicial por incumplimiento de pago, más daños y perjuicios (fs. 13). II.6. A través de nota presentada el 21 de marzo de 2022, dirigida a la autoridad edil accionada, la accionante manifestó que al no recibir respuesta a su solicitud de pago por la prestación de servicios de consultoría requería el desglose de los documentos originales de los informes de avance de consultoría, acta de entrega de producto, contrato original y “solicitud de cancelación” (fs. 14).
La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la petición y al trabajo; debido a que, concluido el servicio de consultoría por producto que prestó, se dirigió al ex y al actual Alcalde del GAM de San Pedro de Tiquina -ahora accionado-, solicitando el pago correspondiente; no obstante, pese a sus reiteradas notas en las que inclusive pidió el desglose de su documentación original, no obtuvo respuesta alguna y menos se efectuó la cancelación de sus servicios. Ante ello, la parte accionada manifestó que, desde la comisión del supuesto hecho vulnerador a la fecha de interposición de la acción de amparo constitucional, transcurrieron aproximadamente siete meses, por lo que, la accionante incumplió el plazo de seis meses -de inmediatez que rige la acción de amparo constitucional- previsto en la norma. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En lo concerniente al presente punto, la SCP 1463/2013 de 22 de agosto, sostuvo que: “Los arts. 128 y 129 de la CPE, establecen que la acción de amparo constitucional constituye un medio de tutela de carácter extraordinario y se rige esencialmente por los principios de subsidiariedad e inmediatez, que hacen a su naturaleza jurídica. El principio de inmediatez se caracteriza por tener una doble dimensión; positiva y negativa, la primera consistente en que el amparo constitucional es la vía idónea para la protección inmediata de derechos fundamentales y garantías constitucionales restringidos o suprimidos indebida o ilegalmente; la segunda, la activación de esta garantía jurisdiccional depende que su interposición se realice en un plazo razonable, que la Norma Fundamental fijó en seis meses computables a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida del servidor público o del particular, o de notificado con la última decisión judicial o administrativa. Respecto del cómputo del plazo de los seis meses, el texto constitucional dispone en el art. 129.II, que: ‘La acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial’ de manera coherente el art. 55.I del CPCo, prescribe: ‘La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho´ (las negrillas son nuestras); es decir, no existiendo o no mediando una notificación o pronunciamiento judicial o administrativo expreso que haga conocer del acto ilegal u omisión indebida, el cómputo del plazo para activar esta garantía jurisdiccional, se efectuará a partir de la última vulneración alegada o en su caso del último reclamo efectuado por el agraviado o afectado” (las negrillas pertenecen al texto original).
Delimitada la problemática traída en revisión, previo a efectuar un eventual análisis de la misma, es necesario tener en cuenta que la parte accionada al momento de presentar su informe para la consideración de la presente acción de defensa, solicitó se deniegue la tutela solicitada, por cuanto se incumplió con el plazo de seis meses previsto para la interposición de la acción de amparo constitucional; en ese sentido, a fin de resolver dicha alegación, debe considerarse que, esta acción tutelar fue concebida para solicitar la protección inmediata y urgente de derechos fundamentales y garantías constitucionales, por ello, los arts. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo, estipularon un límite temporal para su procedencia, de ahí que, vencido el plazo previsto, la persona afectada carecerá de la posibilidad de interponer su indicada acción de defensa. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, abordando los artículos citados precedentemente, enfatizó dicho mandato normativo reconociendo que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho. Así, a partir de lo referido precedentemente, se tiene que, el plazo de los seis meses iniciará en dos momentos: a) A partir de la comisión de la vulneración; o, b) Desde el conocimiento del hecho o de la notificación con la última decisión administrativa. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 aclarando los criterios para la aplicación de los dos supuestos descritos, sostuvo que “…no existiendo o no mediando una notificación o pronunciamiento judicial o administrativo expreso que haga conocer del acto ilegal u omisión indebida, el cómputo del plazo para activar esta garantía jurisdiccional, se efectuará a partir de la última vulneración alegada o en su caso del último reclamo efectuado por el agraviado o afectado”. Bajo ese marco, en el caso concreto, debe considerarse que, de los antecedentes expresados por la accionante y de lo verificado en la documental adjuntada -que fue descrita en Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional- se advierte que, la impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos ante la ausencia de respuesta a las solicitudes que efectuó respecto al pago de una consultoría por producto; en ese sentido, la vulneración alegada no deviene de un proceso judicial o administrativo que permita avizorar la notificación con alguna resolución, por ello, para el cómputo del plazo de los seis meses para activar la acción de amparo constitucional se considerará la última transgresión alegada.
En ese orden de ideas, si bien la accionante denuncia que la autoridad ahora accionada omitió responder a las notas que presentó, resulta necesario establecer cuál de ellas se constituye en la última nota que no mereció contestación; de ahí que, es necesario remitirse a la documental aparejada al expediente constitucional, en la que se establece que el 27 de abril de 2021, la accionante dirigiéndose al entonces Alcalde del GAM de San Pedro de Tiquina, presentó informe final de consultoría por producto y acta de conformidad, con lo que solicitó la cancelación de servicios de consultoría (Conclusión II.1); asimismo, se tiene que, a través de notas presentadas el 6 y 20 de julio; y, el 13 de octubre, todos de 2021; y, el 6 de marzo de 2022, la impetrante de tutela se dirigió al Alcalde hoy accionado, reiterando se proceda al pago de los servicios de consultoría (Conclusiones II.2, II.3, II.4 y II.5), para finalmente, el 21 del último mes y año referido, presentar una nota señalando que al no recibir respuesta a su solicitud de pago por la prestación de servicios de consultoría requería el desglose de los documentos originales de los informes de avance de consultoría, acta de entrega de producto, contrato original y “solicitud de cancelación” (Conclusión II.6). Tomando en cuenta lo descrito precedentemente, se advierte que las notas presentadas el 27 de abril, 6 y 20 de julio y 13 de octubre todos de 2021; y, el 6 de marzo de 2022, tienen como finalidad obtener el pago por la prestación de servicios de consultoría por producto; y, la nota presentada el 21 del citado mes y año, tiene como objeto el desglose de sus documentos ante la falta de respuesta a sus anteriores escritos; ahora bien, por lo referido, si bien podría comprenderse que la última nota presentada contiene una petición diferente a las anteriores; sin embargo, su propósito no solo es reiterar la solicitud de pago sino también es señalar una falta de respuesta a los escritos anteriores, demostrando los esfuerzos realizados por obtener una respuesta; consiguientemente, será a partir de la fecha de presentación de la indicada nota -21 de marzo de 2022- que se computará el plazo de seis meses como término máximo para la interposición de la acción de amparo constitucional, previsto no solo en la normativa constitucional y legal, sino también en la jurisprudencia. En consecuencia, siendo a partir del 21 de marzo de 2022, que empezó a correr el plazo de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, conforme un cómputo normal se tendría como fecha de caducidad el 21 de septiembre del indicado año; no obstante, se tiene que, la parte accionante interpuso su acción tutelar el 17 de octubre de 2022, superando el término de los seis meses previstos en la normativa descrita previamente, pues hasta dicha fecha transcurrieron seis meses y dieciocho días, superando el término de caducidad previsto por la normativa vigente y la jurisprudencia constitucional; por lo que, si la parte peticionante de tutela pretendía denunciar la conculcación de derechos, debió acudir a la instancia jurisdiccional cumpliendo el plazo antes señalado, siendo la presentación de la acción de defensa tardía, demostrándose inactividad, desidia y negligencia por parte de la accionante; no siendo justificable la demora en la que incurrió, correspondiendo denegar la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Ahora bien, en el presente caso debe enfatizarse que conforme el acta de audiencia desarrollada ante la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, la impetrante de tutela expresamente manifestó que “Después de esa fecha que se ha presentado, varias veces me ha constituido al lugar y me constatado que los asesores legales han cambiado varias veces, he ido personalmente y también he presentado posterior a esa fecha otras notas donde he solicitado el desglose de los documentos…” (sic); no obstante, para que esa alegación tenga validez debe existir evidencia concreta que respalde la presentación de las mencionadas notas; por ello, al no constatarse lo referido no es posible efectuar mayor consideración sobre el cómputo del plazo de caducidad.
En el caso concreto, es necesario resaltar que, Heriberto Verónico Pomier Madriaga y Miryam Virginia Aguilar Rodríguez, Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en conocimiento de la presente acción de amparo constitucional pronunciaron la Resolución 207/2022 de 28 de noviembre, cursante de fs. 44 a 46 vta., resolviendo conceder la tutela solicitada al considerar que existiría incumplimiento con el pago de salarios devengados, lo que denotaría la presencia de actos o medidas de hecho, vulnerando los derechos a la petición y al trabajo, razón por la que dispuso se proceda al pago de los Bs5 000.-; no obstante, en lo concerniente a dicha actuación, cabe señalar que, jurisdicción constitucional no puede asumir competencia y menos decisiones que corresponden única y exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, de naturaleza administrativa o jurisdiccional; por cuanto, conforme lo sostuvo la SCP 2181/2013 de 25 de noviembre “…los contratos suscritos por las partes, son exigibles y vinculantes en su cumplimiento, más aún cuando se establecen cláusulas compromisorias para que en caso de controversias, se deba acudir ante la vía fijada o acordada entre las partes, como por ejemplo, la conciliación o arbitraje, una determinada jurisdicción como lo es la coactiva fiscal, etc; en este sentido, primero deberemos referirnos a los alcances de los contratos, para luego analizar el sometimiento ante una jurisdicción en caso de controversia ”. Bajo esas circunstancias, siendo que la conducta de los indicados Vocales excedió sus facultades y atribuciones, a título de perpetración de medidas de hecho, corresponde a este Tribunal Constitucional Plurinacional exhortar a los mismos, a que cumplan sus funciones en el marco de la normativa y jurisprudencia constitucional aplicables a la materia. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 207/2022 de 28 de noviembre, cursante de fs. 44 a 46 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 2° Exhortar a Heriberto Verónico Pomier Madriaga y Miryam Virginia Aguilar Rodríguez, Vocales de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; para que en el futuro cumplan sus funciones en el marco de la normativa y jurisprudencia constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0074_2025-S2.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 85e158c6ac9a8decba0ea6b3f1034623109c16d2194ed3f64dca720496aadf67
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