B.IA.LEGAL

SCP 0074/2024-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 23 de abril de 2024

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
23 de abril de 2024
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
56113-2023-113-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la jubilación y una renta vitalicia de vejez, seguridad social, vinculado a la vida y a la salud, a una vejez digna, “a la protección reforzada del adulto mayor”, a la “protección constitucional de sus aportes al Sistema de Reparto”, “a no ser obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden”, al debido proceso en conexión a la tutela efectiva, en sus elementos a recibir una resolución fundamentada y motivada, a no ser condenado sin haber sido oído y procesado previamente en un debido proceso, a la verdad material y a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal; toda vez que, pese a haber presentado ante el SENASIR el Certificado UGTH/067/2016 de 7 de noviembre, que acredita que trabajó nueve años, diez meses y dos días, realizando aportes al Sistema de Reparto para beneficiarse con la pensión de vejez, se emitió el Formulario de cálculo compensaciones de cotizaciones procedimiento automático FORM-SIP-CC-A-001 NÚMERO: 335 de 21 de septiembre de 2022, el cual se encuentra totalmente alejado de la verdad material, como si sólo hubiese aportado por cuatro meses, pretendiendo obligarle a cobrar -como único pago- un monto ínfimo de Bs2 733,42; queriendo consolidarse una arbitraria apropiación de más de 118 aportes al Sistema de Reparto y negándole su derecho adquirido a la pensión de vejez vitalicia y seguro de salud. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para dicho fin inicialmente se verificará: 1…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 017/2024 de 9 de febrero, cursante de fs. 177 a 179 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, sobre los derechos a la seguridad social, a la jubilación, a la vida, salud, vejez digna; y, a los principios de verdad material y a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Disponer:

a) Dejar sin efecto el Formulario de Cálculo Compensación de Cotizaciones Procedimiento Automático FORM-SIP-CC-A-001 número 335 de 21 de septiembre de 2022 y el Certificado Compensación de Cotizaciones Procedimiento Automático global 128954 emitido el 4 de noviembre del mismo año, además de todo lo tramitado y hecho con posterioridad, inclusive ante la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia Sociedad Anónima (S.A.) y a la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros (APS); debiendo el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), a través de su representante legal actual, analizar y considerar el Certificado UGTH/067/2016 de 7 de noviembre; procediendo a realizar una nueva calificación de cotizaciones y en función de ello emitir un nuevo Formulario de Cálculo Compensación de Cotizaciones, en un plazo no mayor a diez días de tomar conocimiento de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. b) Que el SENASIR comunique con el contenido de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia S.A. y a la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros (APS), respecto a la anulación del Formulario de Cálculo Compensación de Cotizaciones Procedimiento Automático FORM-SIP-CC-A-001 número 335 de 21 de septiembre de 2022 y el Certificado Compensación de Cotizaciones Procedimiento Automático global 128954 emitido el 4 de noviembre del mismo año, pertenecientes al ciudadano Rolando Orlando Nuñez Aguilar; a efectos de gestionar el nuevo trámite a favor del prenombrado peticionante de tutela, sea sin restricción alguna. 3º DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos al debido proceso en conexión a la tutela efectiva, en sus elementos a recibir una resolución fundamentada y motivada, a no ser condenado sin haber sido oído y procesado previamente en un debido proceso, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. 4º Exhortar al Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR); y a través suyo a sus dependientes, gestionar con calidez y calidad el trámite del accionante; así como de la población, brindando información amplia a los ciudadanos sobre los trámites que se efectúan en dicha repartición.

5º Llamar la atención a David Clavijo Zurita y Gina Luisa Castellón Ugarte, Vocales de la Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba; por haber denegado la tutela aplicando criterios restrictivos, soslayando conocer y aplicar jurisprudencia constitucional con reflexiones progresivas de los derechos a la jubilación y renta de vejez como parte del derecho a la seguridad social; y, la observancia de los principios de prevalencia de la justicia material sobre la formal y de verdad material.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1 Abstracción del principio de subsidiariedad e inmediatez cuando se trata de vulneraciones del derecho a la jubilación que persiste en el tiempo
  2. III.2. Los derechos a la jubilación y renta de vejez como parte del derecho a la seguridad social; y, la observancia de los principios de prevalencia de la justicia material sobre la formal y de verdad material
  3. III.3. De la normativa respecto a la Compensación de Cotizaciones
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0074 2024-S1 Sucre, 23 de abril de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 56113-2023-113-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 017/2024 de 9 de febrero, cursante de fs. 177 a 179 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Germán Velasco Escobar en representación legal de Rolando Orlando Nuñez Aguilar contra Jorge Álvaro Trigo Torrico, Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR); y, Rossmery Arispe Rojas, Administradora Regional del SENASIR Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memoriales presentados el 10 y 17 de mayo de 2023, cursantes de fs. 21 a 30 vta.; y, 34 a 36, la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Presentó al Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR) el Certificado UGTH/067/2016 de 7 de noviembre, otorgado por la Unidad de Gestión de Talento Humano del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, el cual acredita que trabajó nueve años, diez meses y dos días, requiriéndose sesenta o más aportaciones al Sistema de Reparto para acceder a la pensión de vejez y recibir una renta mensual vitalicia. Como aún no cumplía la edad de jubilación, inició ante el SENASIR el trámite de compensación de cotizaciones de 17 de marzo de 2008, formulario de control de ingreso de expediente 013994, y carpeta de trámite genérico 140105 de idéntica fecha y documento comparativo 0017132 de 15 de agosto del mismo año, que le hizo firmar una funcionaria del SENASIR casi riñéndole por preguntar en qué consistía lo que estaba firmando, sin hacerle llenar su nombre y carnet de identidad, señalándole que debía suscribir para que continúe el trámite. El 22 de septiembre de 2022, el SENASIR le notificó con el “Formulario de Cálculo de Compensación de Cotizaciones Automático FORM-SIP-CC-A-001. NÚMERO 395 de 21/09/2022” (sic), por solo cuatro meses con el monto de Bs 2 733,42.- (dos mil setecientos treinta y tres 42/100 bolivianos) como saldo de sus aportes. Luego de realizar varias consultas se enteró que ya no recibiría su jubilación y que sería el único pago que le darían; por lo que, no cobró e interpuso un reclamo verbal al SENASIR, pidiendo la modificación de la emisión de compensación de cotizaciones, recibiendo como respuesta en Atención al Público, que no podían hacer nada; toda vez que, debió renunciar al procedimiento automático y como no lo hizo ya se consolidó. Posteriormente conversó con el asesor legal, indicándole que cuando inició el trámite presentó la Certificación de que trabajó más de nueve años; sin embargo, le dijeron que solo aportó cuatro meses, por lo que no puede acceder a su pensión mensual vitalicia de vejez y que nadie le dijo que debía renunciar al procedimiento automático; recibiendo como respuesta que no se podía hacer nada y que debió asesorarse con un abogado; ya que, el “Reglamento” establece plazos fatales, y al no haber hecho uso de los mismos, incumplió con el procedimiento, estando su caso cerrado, por lo que debía cobrar la suma de Bs2 733,42.- además le señaló que no se tomó en cuenta el Certificado presentado al inicio del trámite, porque optó por un procedimiento distinto al manual; y que, los funcionarios solo cumplen órdenes de Rossmery Arispe Rojas, Administradora Regional del SENASIR Cochabamba; y que, los Instructivos y Reglamentos emanan de Jorge Álvaro Trigo Torrico, Director General Ejecutivo del SENASIR. La Ley de Pensiones (LP) -Ley 065 de 10 de diciembre de 2010-, así como su Reglamento Decreto Supremo (DS) 0822 de 16 de marzo de 2011, no establecen la obligación del funcionario de SENASIR de sentar constancia de haber explicado al afiliado que inicia el trámite de compensación de cotizaciones sobre su derecho a elegir uno de los dos procedimientos y/o renunciar al procedimiento automático, tampoco establece la obligatoriedad de ser asesorado por un profesional en dicho trámite, pese a su vital importancia para la subsistencia misma. Bajo estos antecedentes, pese a recibir el Certificado de Trabajo, que acredita nueve años, diez meses y dos días de aportes al Sistema de Reparto para beneficiarse de la pensión de vejez se emitió el Formulario de Cotizaciones Procedimiento Automático FORM-SIP-CC-A- 001. Número 395 de 21 de septiembre de 2022, totalmente alejado de la verdad material de sus aportes, como si sólo hubiese aportado por cuatro meses con un monto ínfimo de Bs2 733,42.- pretendiéndole obligar a cobrar dicho monto y así emitir la Certificación de compensación de cotizaciones, consolidando una arbitraria apropiación de más de 118 aportes al Sistema de Reparto y negándole su derecho adquirido a la pensión de vejez vitalicia y seguro de salud.

I.1.2. Derechos, garantías y principios supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela alegó como vulnerados sus derechos a la jubilación y una renta vitalicia de vejez, seguridad social, vinculado a la vida y a la salud, a una vejez digna, “a la protección reforzada del adulto mayor”, a la “protección constitucional de sus aportes al Sistema de Reparto”, “a no ser obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden”, al debido proceso en conexión a la tutela efectiva, en sus elementos a recibir una resolución fundamentada y motivada, a no ser condenado sin haber sido oído y procesado previamente en un debido proceso, a la verdad material y a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, citando al efecto los arts. 13.I, 14.IV, 15.I, 18.I, 22, 35.I, 36.I, 37, 45.I y IV, 67, 68, 109.I, 115, 117.I, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE); 22 y 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH); 2.1 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); XVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH); y, el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

I.1.3. Petitorio

Pide se conceda la tutela, disponiendo que: a) Se deje sin efecto el formulario de cálculo de compensación de cotizaciones automático FORM-SIP-CC-A-001. número 395 de 21 de septiembre de 2022; y, b) Se realice un nuevo cálculo de compensación de cotizaciones en el que se considere el certificado UGTH/067/2016 de 7 de noviembre, otorgado por la Unidad de Gestión de Talento Humano del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba.

I.2. Trámite procesal ante el Tribunal Constitucional Plurinacional

I.2.1. Improcedencia de la acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba, mediante Resolución de 22 de mayo de 2023, cursante a fs. 37 y vta., declaró por no presentada la acción de amparo constitucional; consecuentemente, el peticionante de tutela mediante memorial presentado el 29 de mayo de 2023, impugnó dicha determinación (fs. 39 a 41 vta.).

I.2.2. Admisión de la acción de amparo constitucional

Por Auto Constitucional (AC) 0099/2023-RCA de 17 de julio, cursante de fs. 47 a 56, la Comisión de Admisión de este Tribunal, revocó la Resolución de 22 de mayo de 2023, disponiendo se admita la acción tutelar, sometiendo la causa al trámite previsto por ley, debiendo pronunciar resolución en audiencia concediendo o denegando la tutela, según corresponda en derecho.

I.3. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia (virtual), se realizó el 9 de febrero de 2024, según consta en el acta cursante de fs. 174 a 176 vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.3.1. Ratificación y ampliación de la acción

El solicitante de tutela a través de su abogada ratificó in extenso el contenido de su demanda.

I.3.2. Informe de las autoridades demandadas

Jorge Álvaro Trigo Torrico, Director General Ejecutivo del SENASIR, a través de su representante legal; y, Rossmery Arispe Rojas, Administradora Regional del SENASIR Cochabamba, mediante informe escrito cursante de fs. 165 a 173 vta., y en audiencia de la presente acción tutelar, solicitaron se deniegue la tutela impetrada, manifestando lo siguiente: 1) Al momento de emitir y remitir el Certificado “CCG” a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia S.A. y a la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros (APS), el SENASIR pierde competencia para realizar modificaciones al certificado ya emitido no existiendo instancia alguna con competencia para modificar un Certificado de Compensación de Cotizaciones -mensual o global- concluido en instancia administrativa o judicial, conforme al art. 70 DS 0822 de 16 de marzo de 2011; por lo que, dicha institución carece de legitimación pasiva; 2) La parte accionante pretende reclamar derechos en la vía que no corresponde; siendo que, existe un procedimiento y plazos específicos para la tramitación de los mismos, descritos en los arts. 52 y 53 del DS 0822, de los cuales pretende alegar desconocimiento, cuando los mismos fueron informados de manera clara y detallada desde un principio hasta la conclusión de su trámite administrativo; en ese sentido no se llegó a agotar la vía llamada por ley; toda vez que, el asegurado al no haber presentado su renuncia de manera expresa e irrevocable al procedimiento automático o manifestando su disconformidad, el SENASIR de acuerdo a normativa procedió a emitir el Cálculo de Compensación de Cotizaciones Cutomático global FORM-SIP-CC-A- 001 335, el cual fue debidamente notificado al asegurado de forma personal a horas 10:40 del 21 de septiembre de 2022, siendo que en el mismo claramente se indica la fecha de vencimiento de plazo “03/11/2022, señala el tiempo límite para interponer el La Renuncia al Procedimiento Automático (con documentación respaldatoria en caso que corresponda), caso contrario el beneficio se consolidará con la Emisión del Certificado CC.” (sic), no habiendo interpuesto reclamo alguno; 3) El impetrante de tutela aceptó y estuvo conforme con el Formulario de Cálculo Compensación de Cotizaciones Procedimiento Automático FORM-SIP-CC-A-001 335, habiéndose procedido a la emisión del Certificado de Compensación de Cotizaciones, que a la fecha se encuentra en curso de pago y acreditada en el periodo diciembre de 2022, cobrada el mismo periodo de acuerdo al historial de pagos y conciliación de acuerdo al sistema institucional SENARIT conforme a la nota CITE: SENASIR/CBBA/NI 127/2024 de 8 de febrero de 2024, tratándose de un acto consentido, al haber dejado transcurrir el plazo para impugnar dicho acto en vía administrativa, sin haber renunciado al procedimiento automático para acogerse al procedimiento manual; 4) La presente acción interpuesta el 10 de mayo de 2023, contra la supuesta lesión de sus derechos y garantías constitucionales, fuera del plazo que establece la ley, considerando que se notificó a Rolando Orlando Nuñez Aguilar el 21 de Septiembre de 2022 a horas 10:40; 5) El peticionante de tutela inició trámite por procedimiento automático el 06 de marzo de 2008, adjuntando una boleta de pago original de octubre de 1996 cancelada por PIL Andina S.A., considerando que en el Sistema Automático la primera fecha de afiliación al ente gestor de Salud verificado de acuerdo a la base de datos consignada en el Formulario de Cálculo 335, que refiere como fecha de inicio de la actividad laboral ”09/1996” y fecha final “04/1997” como fecha de corte del antiguo sistema de reparto, que conforme el art. 10 del DS 26069 establece que “para determinar el monto de cada CC se utilizará la información existente en la Base de Datos CC del Ministerio de Hacienda, conjuntamente con la que se obtenga a partir de la complementación de información, dispuesta en el Capítulo VII del presente Decreto Reglamentario...”. En consecuencia al tratarse de un Procedimiento Automático, se emitió el Formulario de Cálculo Compensación de Cotizaciones Procedimiento Automático FORM-SIP-CC-A-001 335 de 21 de septiembre de 2022, debidamente notificado a horas 10:40 del día 21 de septiembre del mismo año, de manera personal; al respecto, en el referido formulario, el servidor público que procedió a la notificación, realizó las aclaraciones correspondientes con referencia al vencimiento de los plazos remarcando la fecha de vencimiento; 6) El asegurado al no haber presentado su renuncia de manera expresa e irrevocable al procedimiento automático o manifestando su disconformidad, el SENASIR de acuerdo a normativa, procedió a emitir el Certificado de Compensación de Cotizaciones 128954 a favor de Rolando Orlando Nuñez Aguilar, procediendo a notificar a la AFP Futuro de Bolivia S.A. -ahora Gestora- y a la APS, en cumplimiento al art. 60 del DS 0822; posteriormente el asegurado inició su trámite en la AFP respectiva; por lo que, el desembolso de lo Compensación de Cotizaciones fue realizado por el SENASIR a la Gestora antes AFP; al momento de emitir y remitir el Certificado “CCG” a la AFP Futuro de Bolivia S.A. y a la APS, el SENASIR pierde competencia para realizar modificaciones al certificado ya emitido, no existiendo instancia alguna con competencia o atribución para modificar un Certificado de Compensación de Cotizaciones (sea éste mensual o global), concluido en instancia administrativa o judicial, así lo establece el art. 70 del DS 0822, que determina cuándo un derecho se halla consolidado; 7) Respecto a la Certificación UGTH/067/2016 emitida por la Unidad de Gestión de Talento Humano y el Responsable de Personal del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, el mismo en ningún momento del trámite administrativo fue puesto a conocimiento del SENASIR; 8) De la documentación adjuntada, se advierte que el solicitante de tutela recibió toda la explicación de forma detallada para que pueda renunciar al procedimiento automático y se acoja al procedimiento manual, al no haber hecho uso del derecho que la ley le amparaba en aquel momento, se procedió a concluir el trámite con la emisión del Certificado de Compensación de Cotizaciones Procedimiento Automático Global 128954 de 4 de noviembre de 2022, ante el vencimiento de plazo, remitiendo el mismo a la Gestora junto al desembolso correspondiente registrado en la AFP Futuro de Bolivia S.A. y APS, desde el periodo diciembre de 2022, aspectos que hacen irrevisable e inmodificable el certificado ya emitido; 9) De acuerdo a normativa vigente en el Sistema de Reparto, no existe la figura de valoración de la prueba cuando el trámite se encuentra concluido en sede administrativa que permita su valoración e introducción dentro de los trámites de Rentas de Vejez o Compensación de Cotizaciones, considerando que cada asegurado, cuenta con la documentación de respaldo sobre las instituciones o empresas donde prestó servicios, o en su caso, posee el tiempo suficiente para recabar toda la documentación pertinente que acredite aportes en el Sistema de Reparto, para después iniciar su trámite; 10) El Art. 69 del DS 0822, de manera excepcional ordena al SENASIR la revisión de oficio de la Compensación de Cotizaciones, cuando se encuentren indicios de errores de cálculo; y, en casos de falsedad de los documentos; revisión que no implica la introducción de nuevos documentos que modifiquen la certificación emitida, por el contrario, permite revisar sobre la documentación presentada por el asegurado y la generada por el SENASIR, acarreando responsabilidad por la función pública en caso del incumplimiento de normativa vigente; 11) En materia de Seguridad Social el procedimiento aplicado a la tramitación de la otorgación de Compensación de Cotizaciones, se rige por normativa especial, la cual determina expresamente los recursos que pueden interponerse, siendo el recurso de reclamación establecido en el art. 1 de la Resolución Ministerial (RM) 497 de 7 de septiembre de 2005 en la vía administrativa; y, el recurso de apelación y casación en la vía judicial, lo cual también fue señalado por la SCP 0110/2017-S3 de 24 de febrero; 12) La parte accionante, al no haber renunciado o realizado algún reclamo del Certificado de Compensación de Cotizaciones, el mismo fue aprobado y remitido a la AFP Futuro de Bolivia S.A. y la autoridad de fiscalización, en consecuencia el SENASIR no suprimió, ni omitió los aportes que ahora recién el impetrante de tutela pretende se le reconozca; 13) Respecto a la vulneración del derecho a una vejez digna con calidad y calidez, a la vida y la salud, aclarar que el trámite no es una renta de vejez, cuya norma aplicable es el Código de Seguridad Social y norma reglamentaria, sino se trata de una compensación de cotizaciones, donde la norma aplicable es la Ley de Pensiones y su Decreto Reglamentario; y, 14) Asimismo, el peticionante de tutela cuenta con 57 años de edad, no enmarcándose dentro las personas adultas mayores conforme al art. 2 de la Ley General de las Personas Adultas Mayores-Ley 369 de 1 de mayo de 2013-.

I.3.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba, mediante Resolución 017/2024 de 9 de febrero, cursante de fs. 177 a 179 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: i) De las documentales adjuntadas por el propio solicitante de tutela, se advierte la existencia del formulario de Cálculo de Compensación de Cotizaciones de Procedimiento Automático “FORMCCA001 No. 335” (sic) mismo que en la parte de los asegurados lleva el nombre de Orlando Rolando Núñez Aguilar, su cédula de identidad, fecha de nacimiento, estado civil, razón social donde habría trabajado y el cálculo de compensación de cotizaciones con el cual se habría notificado al mismo el 21 de septiembre de 2022, en el cual se habría informado que tiene treinta días hábiles administrativos computables a partir de la fecha de notificación para hacer efectiva la renuncia y/o solicitar la revisión del monto de compensación de cotizaciones calculada, con la advertencia que vencido el plazo se emitirá el certificado de compensación de cotizaciones correspondiente sin lugar a posterior reclamo, advirtiéndose la firma del asegurado y huellas dactilares; además se advierte en el párrafo final del reverso del formulario, una nota de fecha de vencimiento de plazo “03/11/2022”, señala el tiempo límite para interponer la renuncia al procedimiento automático con documentación respaldatoria en caso que corresponda, caso contrario el beneficio se consolidará con la emisión del certificado; asimismo se advierte el certificado de compensación de cotizaciones por Bs.2 725; ii) No se advierte que el accionante hubiese efectuado impugnación alguna o aplicado recurso alguno dentro de los 30 días hábiles, a fin de efectuar una denuncia y/o solicitar la revisión del monto de compensaciones; iii) Se establece que el ahora impetrante de tutela no puso en conocimiento el Certificado UGTH/067/2016 de 7 de noviembre, otorgado por el Jefe de la Unidad de Gestión de Talento Humano y el Responsable de Personal del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, ante las autoridades del SENASIR conforme al legajo en fotocopias adjuntado correspondiente al trámite realizado por el peticionante de tutela; y, iv) Al no haber hecho uso de recurso alguno contra dicho Certificado Formulario de Compensación de Cotizaciones de Procedimiento Automático de 21 de septiembre de 2022, ni tampoco contra el Certificado de Compensación de Cotizaciones de Procedimiento Automático de 4 de noviembre de 2022,no haber puesto en conocimiento de las autoridades que en su momento conocían el tramite aquellos documentos a efectos de que puedan ser considerados, resulta aplicable la línea jurisprudencial con relación al principio de la subsidiariedad en cuanto a las subreglas que deben cumplirse, lo cual genera que la presente acción sea denegada ante su improcedencia, y reiterarse que las autoridades demandadas no tuvieron la oportunidad para pronunciarse con relación al certificado que avala el tiempo de los nueve años, diez meses y dos días que habría trabajado en la Gobernación de Cochabamba, al no haber sido introducido dentro el trámite de cálculo de compensación de cotizaciones y así acceder a una jubilación; como tampoco se tendría recurso alguno contra el formulario de cotizaciones; de procedimiento automático de fecha 04 de noviembre del 2022.

II. CONCLUSIONES

Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: II.1. Se advierte Documento comparativo 0017132 de 15 de agosto de 2008, de Compensación de Cotizaciones emitido por SENASIR, el cual en la Sección 1 Datos de inicio de trámite, refiere la matrícula 661129NAR-, Trámite 146105; fecha de inicio 17/03/2008; Tipo de trámite TGA; Documento de identidad 3723379 Cbba. En la sección 2 Datos personales del titular, señala el nombre de Rolando Orlando Nuñez Aguilar. En la Sección 5 Conformidad indica:”…declaro haber conocido a cabalidad todos los datos registrados en el presente formulario y presentaré mi conformidad o rechazo y/o la elección del beneficio con carta notariada”. Lleva la firma del afiliado con fecha de notificación de 15 de agosto de 2008 (fs. 9).

II.2. Cursa Certificado UGTH/067/2016 de 7 de noviembre, otorgado por el Jefe de la Unidad de Gestión de Talento Humano y el Responsable de Personal del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, el cual certifica que Rolando Orlando Nuñez Aguilar con C.I. 3723379 Cbba. prestó servicios en la Planta Industrializadora de Leche (PIL) desempeñando el cargo de chofer de distribución, con un tiempo total de trabajo de nueve años, diez meses y dos días (fs. 5 a 8).

II.3. Consta Formulario de cálculo compensación de cotizaciones procedimiento automático FORM-SIP-CC-A-001 número 335 de 21

de septiembre de 2022, correspondiente al afiliado -ahora solicitante de tutela- con un monto de compensación de cotizaciones global de Bs.2 733,42 (dos mil setecientos treinta y tres 42/100 bolivianos) correspondiente a cinco aportes para el Sistema Integral de Pensiones (SIP). En el reverso del formulario se tiene la notificación efectuada a horas 10:40 del 21 de septiembre de 2022 al asegurado Rolando Orlando Nuñez Aguilar donde señala que “El formulario de Cálculo de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Automático, número 335, comunicándole que tiene 30 días hábiles administrativos computables a partir de la fecha de notificación, para hacer efectiva la renuncia y/o solicitar la revisión del monto de Compensación de Cotizaciones calculada” “Advirtiéndole, que vencido el plazo se emitirá el Certificado de Compensación de Cotizaciones correspondiente, sin lugar a posterior reclamo” (sic). Lleva la firma del asegurado y su cédula de identidad, además de la firma del servidor público del SENASIR. Se advierte huellas dactilares del pulgar derecho e izquierdo. Asimismo, al final del documento se tiene la “NOTA: La fecha de VENCIMIENTO DE PLAZO 03/11/2022 señala el tiempo límite para interponer el La Renuncia al Procedimiento Automático (con documentación respaldatoria en caso que corresponda), caso contrario el beneficio se consolidará con la Emisión del Certificado CC.” “Asimismo, en caso de conformidad usted puede SOLICITAR ABREVIACIÓN DE PLAZO A PARTIR DE 26/9/2022, para la Emisión del Certificado CC, mediante Carta Notariada” (sic [fs. 13 y vta.]).

II.4. Se evidencia Certificado compensación de cotizaciones procedimiento automático global 128954 emitido el 4 de noviembre de 2022, correspondiente al asegurado Rolando Orlando Nuñez Aguilar; densidad de aportes para el SIP 5; densidad en años 0.39; por el monto de Bs.2 725,59 (dos mil setecientos veinticinco 59/100 bolivianos) (fs. 14). Entregado a su apoderado Adhemar Nelson Nuñez Rivera el 29 de diciembre de 2022 (fs. 15).

II.5. Por Nota presentada el 3 de enero de 2023, Germán Velasco Escobar solicitó al Director Ejecutivo de SENASIR los datos de inicio de trámite de 17 de marzo de 2008 y Documento comparativo 0017132 de 15 de agosto de 2008 correspondiente a su poderdante Rolando Orlando Nuñez Aguilar (fs.

150); que fue respondida por la referida autoridad, mediante CITE: SENASIR UCC 295/2023 de 15 de marzo, señalando que inició su trámite de compensación de cotizaciones por procedimiento automático el 17 de marzo de 2008 con el llenado del formulario de control de ingreso de expedientes; de otra parte, de la revisión del expediente, señaló que no se cuenta con el Documento Comparativo referido en su solicitud, sino el Formulario de cálculo de compensación de cotizaciones procedimiento automático 335 que fue notificado al asegurado el 21 de septiembre de 2022 (fs. 133).

II.6. A través de CITE-SENASIR/CBBA/NI-127/2024 de 8 de febrero, Lilian Yolanda Pairo Soto, Técnico II encargada de plataforma integral de SENASIR Cochabamba, informó a Julieta Alcira Gutiérrez Flores, abogada de SENASIR de Cochabamba, respecto al caso Rolando Orlando Nuñez Aguilar, refiriendo que el mismo cuenta con el beneficio de la compensación de cotizaciones por el procedimiento automático tipo global 128954, que se encuentra en curso de pago, acreditado en el periodo diciembre/2022 cobrada el mismo periodo de acuerdo al historial de pagos y conciliación conforme al sistema institucional de SENARIT; y que, una vez notificado con el Formulario de cálculo de la compensación de cotizaciones por el procedimiento automático 335 el 21 de septiembre de 2022 se le dio a conocer toda la información referida a datos del asegurado, aportes al sistema de reparto y cálculo de compensación de cotizaciones, dándole 30 días hábiles administrativos computables para realizar la aceptación, renuncia y/o revisión al procedimiento automático y pasar al procedimiento manual en caso de que no se encontrara de acuerdo con el cálculo realizado; sin embargo, no presentó ningún tipo de reclamo, por lo que se generó el Certificado de compensación de cotizaciones por procedimiento automático tipo global 128954 por vencimiento tácito, el cual fue entregado a su apoderado el 29 de diciembre de 2022 (adjunta historial de pagos y reporte de conciliación) (fs. 124 a 128).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la jubilación y una renta vitalicia de vejez, seguridad social, vinculado a la vida y a la salud, a una vejez digna, “a la protección reforzada del adulto mayor”, a la “protección constitucional de sus aportes al Sistema de Reparto”, “a no ser obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden”, al debido proceso en conexión a la tutela efectiva, en sus elementos a recibir una resolución fundamentada y motivada, a no ser condenado sin haber sido oído y procesado previamente en un debido proceso, a la verdad material y a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal; toda vez que, pese a haber presentado ante el SENASIR el Certificado UGTH/067/2016 de 7 de noviembre, que acredita que trabajó nueve años, diez meses y dos días, realizando aportes al Sistema de Reparto para beneficiarse con la pensión de vejez, se emitió el Formulario de cálculo compensaciones de cotizaciones procedimiento automático FORM-SIP-CC-A-001 NÚMERO: 335 de 21 de septiembre de 2022, el cual se encuentra totalmente alejado de la verdad material, como si sólo hubiese aportado por cuatro meses, pretendiendo obligarle a cobrar -como único pago- un monto ínfimo de Bs2 733,42; queriendo consolidarse una arbitraria apropiación de más de 118 aportes al Sistema de Reparto y negándole su derecho adquirido a la pensión de vejez vitalicia y seguro de salud. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, para dicho fin inicialmente se verificará: 1) Abstracción del principio de subsidiariedad e inmediatez cuando se trata de vulneraciones del derecho a la jubilación que persiste en el tiempo; 2) Los derechos a la jubilación y renta de vejez como parte del derecho a la seguridad social; y, la observancia de los principios de prevalencia de la justicia material sobre la formal y de verdad material; 3) De la normativa respecto a la Compensación de Cotizaciones; y, 4) Análisis del caso concreto.

III.1 Abstracción del principio de subsidiariedad e inmediatez cuando se trata de vulneraciones del derecho a la jubilación que persiste en el tiempo

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en la SCP 0581/2020-S1 de 7 de octubre que formuló el siguiente razonamiento:

III.1.1. Sobre el principio de subsidiariedad

Al respecto, la jurisprudencia constitucional desarrolló el alcance de la flexibilización de los principios de inmediatez y subsidiariedad cuando se va analizar la vulneración del derecho a la jubilación, beneficio que involucra generalmente a las personas de la tercera edad, quienes a la vez se constituyen en un grupo de atención prioritaria; en tal sentido, la SCP 1154/2012 de 6 de septiembre, citando a la SC 2695/2010-R de 6 de diciembre, señaló que, en virtud al principio de inmediatez es posible establecer excepciones al principio de subsidiariedad cuando la remisión a los procedimientos ordinarios implique un perjuicio irremediable o irreparable a los derechos o garantías del actor, ello en razón a precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales, mandato emanado desde la Norma Fundamental, -arts. 9.4; 196 de la CPE-, misma que también propugna los principios en los que debe regirse la administración de justicia para hacer efectiva dicha función, entre ellos la prevalencia del derecho sustancial respecto a las formalidades; al efecto la referida jurisprudencia refirió que:

Dicha excepción debe ser aplicada a los supuestos en que se alegue lesión al derecho a la seguridad social y concretamente al derecho a la jubilación, debido a la vinculación que tienen los mismos con otros derechos fundamentales, como la vida, la salud física y psicológica y la dignidad, de los cuáles son la base y fundamento.

En ese sentido, debe entenderse que el ejercicio de estos derechos no puede estar supeditado al agotamiento de medios de impugnación existentes que, en la mayoría de los casos, no son resueltos con la inmediatez que los derechos protegidos exige, y por lo mismo, no se constituyen en medios idóneos e inmediatos para la tutela de derechos que requieren una rápida protección, pues en la medida en que exista demora en hacer efectivo el derecho a la jubilación, la persona no podrá desarrollar su vida dignamente, ante la falta de recursos para afrontar las necesidades básicas que tiene como ser humano.

A ello debe agregarse que, como se tiene señalado en el primer fundamento de este análisis, la seguridad social es un instrumento de justicia social y en ese entendido, debe prevalecer el derecho sustantivo a las formalidades, para hacer efectivos los valores, principios y fines del Estado. En este sentido, se debe buscar la justicia material que ha sido desarrollada por este Tribunal en diferentes Sentencias, haciendo excepciones, inclusive a los principios de subsidiariedad e inmediatez... Este razonamiento fue ratificado por la SCP 1944/2013 de 4 de noviembre, misma que siguiendo la misma línea jurisprudencial sobre la abstracción del principio de subsidiariedad cuando se trata el derecho a la jubilación señalo que:

Es necesario señalar que la jurisprudencia constitucional de este Tribunal, ya estableció en las SC 2695/2010-R y SCP 0055/2013, la prescindencia del principio de subsidiariedad en casos en los que se denuncie la violación del derecho a la jubilación, con el argumento que al constituirse la pensión de jubilación de la seguridad social: ...una prestación económica que consiste en una renta vitalicia, única e imprescriptible que se concede al trabajador, cuando a causa de su avanzada edad, previo cumplimiento de los requisitos legales, cesa en su trabajo; el Estado debe asegurar el acceso a dicho derecho con la mayor celeridad posible, porque constituye un derecho inherente a la persona humana, a partir del cual, emerge el goce de otros derechos fundamentales, como ser la dignidad, salud, alimentación, vivienda, vestido, etc. Aspecto que obliga a todo servidor público a otorgar un trato especial y sumario a todas las solicitudes y trámites, vinculados con el derecho a la jubilación, y con mayor razón, corresponde a la jurisdicción constitucional atender dichos requerimientos sin la previa exigencia de requisitos formales que prevalezcan al derecho sustancial’ De esa forma, este Tribunal entendió y comprendió las características especiales que se revelan en los supuestos de transgresión del derecho a la jubilación, prescindiendo de la exigencia de requisitos formales que sean prioritarios al derecho sustancial.

III.1.2. De la inmediatez

Al respecto, la jurisprudencia constitucional, a través de la ya citada SCP 1944/2013 de 4 de noviembre, si bien confirmó el principio o la regla de que la presentación de la acción de amparo, debe ser en un plazo razonable; -es decir, en el plazo de seis meses- no pudiendo ser indefinido en el tiempo el acudir a la jurisdicción constitucional en resguardo de derechos fundamentales, también estableció la excepción a dicha regla, cuando se trate del derecho a la jubilación, en lo que incide el hecho de que la Norma Suprema establece que se trata de un derecho imprescriptible e inembargable y, por otro lado, que dicho derecho involucra a personas de la tercera edad; es decir, un grupo de la sociedad considerado vulnerable, lo que impide exigírsele las mismas condiciones que al resto de accionantes, por la desventaja que representa, el pertenecer a dicho grupo vulnerable, cuando de ejercer la defensa de sus derechos fundamentales se trata. No obstante ello, la excepción al principio de inmediatez es aplicable siempre y cuando se advierta que la vulneración sea actual y que no haya existido negligencia en su reclamación, por parte del accionante, así dicha SCP 1944/2013 estableció:

De esta forma, si bien es cierto que la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional, establecen el plazo de caducidad de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, el carácter imprescriptible del derecho a la jubilación y la situación particular en la que se encuentran sus beneficiarios, siendo un sector de vulnerabilidad que debe ser protegido de manera primordial por el Estado; deriva que en estos casos, deba hacerse una diferenciación particular, haciendo abstracción del principio de inmediatez a condición que la lesión al derecho haya persistido con el tiempo y sea actual. En ese sentido, deben presentarse ambas condiciones al efecto, debiendo el juez o tribunal de garantías, y en revisión el Tribunal Constitucional Plurinacional, realizar un análisis en cada caso en particular, verificando los motivos de la dilación en la presentación de la acción; si existió un desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores en la reclamación de sus derechos; o si por el contrario, hubo un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados, persistiendo la transgresión de los mismos pese a lo señalado (el subrayado es añadido). De la lectura de lo citado, se advierte que es posible la prescindencia del principio de inmediatez ante la denuncia de vulneración del derecho de jubilación, siempre y cuando no se advierta dejadez en el peticionante de tutela y el perjuicio que denuncia sea actual; sin embargo, revisada la jurisprudencia constitucional, se advierte que la SCP 0788/2019-S4 de 12 de septiembre, solo exigió que la denuncia del daño al derecho a la seguridad social -entre los que se halla el de jubilación- sea actual, de lo que se entiende que en dicho fallo no se realizó un análisis de la responsabilidad con la que actuó el solicitante de tutela; es decir, si fue persistente en sus reclamos o no, así dicha Sentencia señaló:

Con carácter previo a ingresar al analizar de la problemática planteada, es necesario hacer referencia al incumplimiento del principio de inmediatez, alegado por la entidad demandada; es este sentido y en el marco de lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la abstracción al principio de inmediatez es aplicable al caso concreto, dado que las razones que motivan la interposición de la presente acción de defensa, se encuentran directamente vinculadas con la seguridad social, en las que existe afectación permanente en el tiempo, lo que hace evidente lesión a derechos fundamentales de carácter primario como son los derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados; por tal razón, aplicando el principio de favorabilidad en el presente caso, es posible realizar la abstracción al referido principio, correspondiendo ingresar al fondo de la problemática (las negrillas son añadidas). Consiguientemente, está claro que efectivamente el requisito para la flexibilización anunciada es que la afectación al derecho a la seguridad social permanezca o esté vigente al momento del planteamiento de la respectiva demanda tutelar de acción de amparo constitucional.

III.2. Los derechos a la jubilación y renta de vejez como parte del derecho a la seguridad social; y, la observancia de los principios de prevalencia de la justicia material sobre la formal y de verdad material

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en la SCP 0581/2020-S1 de 7 de octubre que formuló el siguiente razonamiento: La seguridad social es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política del Estado, cuando en su art. 45 prevé:

I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social.

II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social.

III. El régimen de seguridad social cubre atención por enfermedad, epidemias y enfermedades catastróficas; maternidad y paternidad; riesgos profesionales, laborales y riesgos por labores de campo; discapacidad y necesidades especiales; desempleo y pérdida de empleo; orfandad, invalidez, viudez, vejez y muerte; vivienda, asignaciones familiares y otras previsiones sociales.

IV. El Estado garantiza el derecho a la jubilación, con carácter universal, solidario y equitativo.

(...). En tal sentido, sobre este derecho el Tribunal Constitucional Plurinacional como máximo guardián e intérprete de la Constitución tal como señaló la SC 0653/2010-R de 19 de julio, estableciendo que el derecho a la seguridad social:

…es la potestad o capacidad de toda persona para acceder a los sistemas de protección y resguardo de su vida y salud física y mental; su seguridad económica, vivienda, descanso y la protección de su núcleo familiar; cobertura a contingencias inmediatas y mediatas; vale decir, las coberturas de salud preventiva y curativa, coberturas de riesgos profesionales y accidentes de trabajo; rentas de invalidez, de vejez, de derechohabientes, y las demás asignaciones familiares. Alcance interpretativo sobre el cual la SC 0653/2010-R de 19 de julio de 2010, refiriéndose también a los derechos a la vida y salud, añadió que, al ser la seguridad social un derecho fundamental que involucra otros derechos, también se convierte en un instrumento estatal que materializa uno de los fines del Estado que es el acceso a la salud, para proteger el derecho primigenio del ser humano como es la vida y así lograr concretar uno de los valores constitucionales que viene a ser el “vivir bien”; a tal fin, en su ámbito de protección la seguridad social debe observar y aplicar los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; y, siendo el Estado quien la sostiene, dirige y administra, también es responsable de su cumplimiento; entendimientos que fueron reiterándose en la SC 1825/2011-R de 7 de noviembre y la SCP 1185/2015-S2 de 11 de noviembre, esta última concluyendo que:

Lo que quiere decir, que la seguridad social, hace referencia al campo del bienestar social, entendido como conjunto de factores que participan en la calidad de vida de la persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dan lugar a la tranquilidad y satisfacción humana, contando con una cobertura de las necesidades socialmente reconocidas, como la salud, vejez y discapacidades.

Ahora bien, siguiendo esta línea de razonamientos, la citada SCP 1185/2015-S2, efectuando una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, sobre los derechos a la jubilación y la renta de vejez, partió del concepto de jubilación entendido como “la acción de dejar de trabajar por razones de edad, accediendo a una pensión”; señalando que, la jubilación es una parte del derecho a la seguridad social; en ese sentido, contrastando y realizando una revisión dinámica de la jurisprudencia constitucional respecto a este derecho, 2 En su F.J. III.2 sobre el derecho a la seguridad social señalo: “ En el mismo orden normativo constitucional, tiene su fundamento en el derecho a la vida y a la salud, que han sido precedentemente expuestos, y se halla desarrollado también en la Sección II “La salud y a la seguridad Social” del Capítulo Quinto sobre los “Derechos Sociales y Económicos”, Título Segundo “Derechos Fundamentales y garantías”, de la Primera Parte de la “Bases Fundamentales del Estado, Derechos, Deberes y Garantías” de la Constitución Política del estado, concretamente en el art. 45, cuyo parágrafo I, establece que: “Todas las bolivianas y bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social”; cuyos principios, alances, ámbito y limitaciones están descritos en los parágrafos II, III, V y VI de dicha norma constitucional. Al respecto este Tribunal también ya se ha pronunciado, así en la SC 0062/2005-R de 19 de septiembre, se señaló que el derecho a la seguridad social es: “la potestad o capacidad de toda persona para acceder a los sistemas de protección y resguardo de su vida y salud física y mental; su seguridad económica, vivienda, descanso y la protección de su núcleo familiar; cobertura a contingencias inmediatas y mediatas; vale decir, las coberturas de salud preventiva y curativa, coberturas de riesgos profesionales y accidentes de trabajo; rentas de invalidez, de vejez, de derechohabientes, y las demás asignaciones familiares'.

A lo que se añade que, al ser el derecho a la seguridad social, derivado del derecho a la vida y a la salud, se convierte en un instrumento estatal que materializa uno de los fines del Estado que es el acceso a la salud, protegiendo la vida del ser humano como derecho fundamental primigenio, logrando así el complemento al valor más preciado que es el “vivir bien”.

Por tanto, la seguridad social debe desplegar su ámbito de protección de acuerdo a los principios universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia; correspondiendo su ejecución al Estado quien sostiene, dirige y administra, por tanto, también es responsable de su cumplimiento; no obstante, la sociedad en general no puede estar exenta de la realidad, sino debe tener una conducta activa, solidaria y responsable, puesto que el art. 45.II de la CPE establece el control y participación social.”

constató que este Tribunal ya se había pronunciado sobre el alcance del derecho a la jubilación, en la SCP 0280/2012 de 4 de junio, en la cual se realzó, que el principal actor de este beneficio es el adulto mayor, quien a la vez se constituye en un grupo de atención prioritaria en aumento; por lo que, tanto el Estado como la sociedad toda, tienen la obligación de dar prioridad a la prevención y el cuidado de la calidad de vida de este grupo, quienes en su momento aportaron a la construcción y mantenimiento del mismo; consiguientemente, el pago por su jubilación no es más que un justo reconocimiento a las consecuencias de su trabajo, y que además es un derecho en razón de poder cubrir sus necesidades básicas, ya que con dicho pago se sustenta a sí mismo, y eventualmente a los familiares que sigan bajo su dependencia. Continuando con la revisión y análisis jurisprudencial sobre el derecho a la jubilación, la SCP 1185/2015-S2, verificó que, la citada SCP 0280/2012, realizó un desarrollo normativo propio aplicable para el país, a partir del alcance y protección que le brindan a este derecho como parte de la seguridad social, los Tratados y Convenios Internacionales de los que forma parte el Estado, entre ellos, el Convenio 102 de la OIT de 1952, la Declaración Universal de los Derechos Humanos -art. 25.1-, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -arts. 9 y 2.1, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre -art. XVI- y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; normativa internacional que obliga y compromete al Estado promover y proteger este derecho como parte de los derechos sociales, conforme también lo establece el art. 13.I de la CPE; por lo que, siguiendo el análisis dinámico la SCP 3 En su F.J. III.3 señalo: "En la recientemente citada Sentencia Constitucional Plurinacional, se realizó el desarrollo normativo propio para nuestro país del derecho a la jubilación, en el siguiente sentido: 'El derecho a la jubilación, como parte del derecho a la seguridad social, fue reconocido por el Convenio 102 de la OIT de 1952, expresando que la seguridad social comprende, entre otros aspectos, las prestaciones de vejez. Asimismo, el art. 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), establece que: Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios...’, teniendo derecho a la vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

También el art. 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), indica que: ‘Cada uno de los Estados parte en el Pacto se compromete a adoptar medidas para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos por él reconocidos’ y en el art. 9 del mismo Pacto, establece que: Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social’

Por su parte, el Artículo XVI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH), señala que toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja, entre otros, contra las consecuencias de la vejez, que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia.

El art. 13.I de la CPE, establece que: ‘Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, interdependientes indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos’

La Comisión Interamerícana de Derechos Humanos, señaló la obligación de los Estados para proteger y promover los derechos sociales: Los Estados miembros deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que la observancia de los derechos económicos, sociales y culturales no sea disminuida en ningún aspecto con el transcurso del tiempo '(CIHH, Informe sobre Colombia 1993). La Comisión también recomendó, en el caso peruano, que el Estado debía tomar medidas para garantizar que se respeten los derechos adquiridos en materia de pensiones y que el monto de las mismas sean suficientes para cubrir como mínimo, el costo de la canasta familiar básica (CIDH, Informe sobre Perú, 2000).

Estas recomendaciones están dadas en virtud al carácter progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, reconocidos en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que señala que: Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura... '".

1185/2015-S2, también citó a la SCP 0055/2013 de 11 de enero, señalando que en igual línea de razonamiento y bajo ese marco normativo, dicho fallo razonó que:

... el derecho a la jubilación, como elemento de los derechos a la seguridad social, tiene un contenido propio, cual es el de garantizar a las personas que cumplan los requisitos para acceder a ese beneficio, sea por el transcurso del tiempo o por otros motivos, los recursos económicos consecuentes a su trabajo, necesarios para subsistir de modo compatible con su dignidad humana intrínseca, preservando la seguridad jurídica, los derechos adquiridos, así como la protección adicional que requieren las personas que acceden a ese beneficio, sea por su edad o por sus particulares circunstancias. De cuyo análisis y desarrollo jurisprudencial la SCP 1185/2015-S2 concluyó que:

...respecto a la renta de vejez, la Constitución la consagra igualmente como un derecho fundamental que a su vez forma parte del derecho a la seguridad social, y por ende, encuentra protección constitucional en la propia Norma Suprema cuando la misma dispone que el derecho a la jubilación se encuentra garantizado por el Estado, al ser un derecho que tiene por objeto garantizar las contingencias de la vejez; así conforme el art. 48.IV de la CPE, consagra que: “...los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles”.

Entonces, realizando una interpretación desde y conforme a la Constitución Política del Estado, las rentas de vejez y jubilaciones, entre otras, encuentran especial protección normativa, resguardo reforzado que impide a cualquier instancia disponer su prescripción. En ese marco y en virtud a la naturaleza de los derechos sociales, los cuales son irrenunciables, inembargables e imprescriptibles, conforme consagran no solamente los arts. 45 y 48 de la CPE, sino también el art. 67 de la Norma Fundamental que establece: “I. Además de los derechos reconocidos en esta Constitución, todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana. II. El Estado proveerá una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral, de acuerdo con la ley."; en tal sentido, los derechos a la jubilación y renta de vejez como parte del derecho a la seguridad social pueden ser reclamados en cualquier tiempo, y su materialización y reconocimiento deben ser garantizados a través de una interpretación en base a principios constitucionales, entre ellos el principio de prevalencia de la justicia material sobre la formal y el principio de verdad material, ello con el fin de defender la continuidad de los medios de subsistencia del jubilado o rentista para resguardar su vida digna, como persona de la tercera edad, asegurándole ingresos económicos destinados a atender sus necesidades básicas y las de su familia, como la alimentación, el vestido, la salud, la vivienda, la educación, la recreación, entre otras.

III.3. De la normativa respecto a la Compensación de Cotizaciones

Ley 065 de 10 de diciembre de 2010 (Ley de Pensiones) La Compensación de Cotizaciones (CC), se encuentra regulada en el Capítulo III (Compensación de cotizaciones) del Título II (Prestaciones y Beneficios del Sistema Integral de Pensiones) de la Ley de Pensiones. En cuyo apartado se encuentra el art. 24 que señala lo siguiente:

Art. 24 (Compensación de Cotizaciones)

I. Es el reconocimiento que otorga el Estado Plurinacional de Bolivia, a los Asegurados por los aportes efectuados al Sistema de Reparto vigente hasta el 30 de abril de 1997, que se financia con los recursos del Tesoro General de la Nación.

II. Para el acceso a la Compensación de Cotizaciones, la edad mínima es de cincuenta y cinco (55) años para hombres y cincuenta (50) años para mujeres.

III. La Compensación de Cotizaciones podrá ser mensual o global conforme a la presente Ley.

IV. El certificado de Compensación de Cotizaciones se emitirá:

a) En bolivianos con mantenimiento de valor respecto al Dólar Estadounidense, cuyo monto no podrá superar el tope establecido para las Rentas del Sistema de Reparto.

b) Con al menos la siguiente información:

i. Número correlativo de seguridad.

ii. Datos personales de la afiliada o afiliado: nombres, apellidos, número de Código Único del Asegurado y la fecha de nacimiento.

iii. Procedimiento: Automático o Manual.

iv. Monto de la Compensación de Cotizaciones expresados en Bolivianos, numeral y literal.

v. Fecha de emisión del Certificado de la Compensación de Cotizaciones.

vi. Densidad de aportes.

vii. Tipo de Cambio Oficial de venta del boliviano con relación al dólar estadounidense, correspondiente al último día del mes anterior a la emisión del Certificado de Compensación de Cotizaciones.

V. Ninguna persona se beneficiará conjuntamente de una Compensación de Cotizaciones, una Renta en Curso de Pago del Sistema de Reparto u otros beneficios reconocidos por los aportes realizados al Sistema de Reparto.

VI. La Compensación de Cotizaciones emitida y registrada forma parte del Sistema Integral de Pensiones, debiendo regirse su aplicación a la presente Ley y disposiciones reglamentarias.

Decreto Supremo 0822 de 16 de marzo de 2011 Por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley 065, de 10 de diciembre de 2010. Las disposiciones generales de la compensación de cotizaciones se encuentra regulado en el Capítulo I (Disposiciones generales) del Título II (Compensación de cotizaciones) del Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley 065, donde específicamente en el art. 52 que señala lo siguiente:

ARTÍCULO 52.- (FORMULARIO DE CC).

I. El cálculo de la CC deberá reflejarse en el Formulario de CC, mismo que deberá contener al menos la siguiente información:

a. Datos personales del Asegurado: Documento de Identidad, CUA, Nombres, Apellidos y Fecha de Nacimiento. b. Información del cálculo de la CC: Salario Cotizable actualizado y Aportes al Sistema de Reparto. c. Fecha de emisión.

d. Número de Períodos considerados.

e. Tipo y monto de la CC: Global o Mensual.

f. Tipo de Procedimiento: Automático o Manual. II. El SENASIR deberá notificar con el Formulario de CC para conocimiento del Asegurado o Derechohabiente, según corresponda.

III. Una vez notificado con el mencionado formulario, el Asegurado o Derechohabiente que hubiera accedido al procedimiento automático, tendrá un plazo de treinta (30) días para presentar su solicitud de revisión.

IV. Una vez notificado con el mencionado formulario, el Asegurado o Derechohabiente que hubiera accedido al procedimiento manual, tendrá un plazo de treinta (30) días para presentar su Recurso de Reclamación.

V. Vencidos estos plazos, sin que el Asegurado o Derechohabiente hubiera manifestado su disconformidad o presentada su aceptación, el monto de la CC se consolidará y se emitirán los Certificados de CC. ARTÍCULO 53.- (RENUNCIA AL PROCESO AUTOMÁTICO). El Asegurado o Derechohabiente que no esté de acuerdo con el cálculo de su CC establecido en el Formulario de CC, podrá:

a. Solicitar la revisión conforme a lo señalado en el parágrafo III. del Artículo precedente, o b. Renunciar de manera expresa e irrevocable al procedimiento automático e iniciar el procedimiento manual. ARTÍCULO 54.- (RECURSO DE RECLAMACIÓN).

I. El Asegurado o Derechohabiente que presente Recurso de Reclamación al Formulario de CC por procedimiento manual, deberá interponer el mismo considerando lo siguiente:

a. Causal de recurso.

b. Documentación respaldatoria que sustente su pretensión. II. En caso de que el Asegurado ya hubiera presentado la documentación sustentatoria, éste deberá hacer constar dicho extremo en su Recurso, a efectos de no volver a presentarla.

ARTÍCULO 55.- (RECURSO DE APELACIÓN).

I. Emitida la Resolución que resuelva el Recurso de Reclamación, el Asegurado o Derechohabiente podrá interponer el Recurso de Apelación ante el Tribunal Departamental de Justicia, conforme lo dispuesto por la Ley N° 025, de 24 de junio de 2010, en un plazo fatal de cinco (5) días computables a partir de su notificación. La presentación de dicho recurso deberá realizarse ante el SENASIR.

II. El auto de concesión de la alzada, deberá ser dictado por la Comisión de Reclamación del SENASIR dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de presentado el recurso.

III. Los recursos de Apelación, Compulsa, Casación o Nulidad serán tramitados de acuerdo con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

(…) ARTÍCULO 60.- (NOTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN).

IV. Una vez aprobados los Certificados de CC emitidos mediante Resolución Administrativa, el SENASIR deberá notificar los mismos a la Gestora y APS considerando lo siguiente:

a. A la Gestora:

1. Un original del Certificado de CC para su archivo en el expediente del Asegurado.

2. La información contenida en los Certificados de CC emitidos, en medio de almacenamiento electrónico, magnético u óptico, para su ingreso en una base de datos.

b. A la APS: La información contenida en los Certificados de CC emitidos, en medio de almacenamiento electrónico, magnético u óptico, para su ingreso al Registro de Emisión y Actualización de Certificados de CC. III. El SENASIR deberá asegurar que el medio de almacenamiento electrónico cuente con los mecanismos de seguridad suficientes que garanticen la integridad y confidencialidad de la información contenida, y que se encuentre protegido contra escritura.

(…) ARTÍCULO 70.- (CONSOLIDACIÓN DE DERECHOS EN EL SISTEMA DE REPARTO). Queda consolidada la definición de derechos en el Sistema de Reparto, en los trámites que tengan pronunciamientos definitivos emitidos por las instancias administrativas y jurisdiccionales competentes para el efecto, excepto en los casos que contengan documentos, datos o declaraciones fraudulentas que causen daño económico al Estado. En Conclusión se puede establecer lo siguiente:

De conformidad a la Ley 065, la Compensación de Cotizaciones es el reconocimiento del Estado hacia los asegurados por aportes efectuados al Sistema de Reparto vigente hasta el 30 de abril de 1997, financiado con recursos del Tesoro General de la Nación; para acceder a este beneficio, los hombres deberán tener una edad mínima de 55 años y las mujeres 50 años; dicha compensación puede ser mensual o global; se emite en bolivianos con mantenimiento de valor respecto al Dólar Estadounidense; y, el asegurado no puede beneficiarse a la vez de una Compensación de Cotizaciones, una Renta en Curso de Pago del Sistema de Reparto u otros beneficios reconocidos por los aportes realizados al Sistema de Reparto. El DS 0822, que aprueba el Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley 065, señala que el Cálculo de la Compensación de Cotizaciones deberá reflejarse en el Formulario de Compensación de Cotizaciones; el SENASIR debe notificar con dicho formulario al asegurado o derechohabiente, quien en caso de haber accedido al procedimiento automático, tendrá un plazo de treinta días para presentar su solicitud de revisión; asimismo, tendrá un plazo de treinta días para presentar su Recurso de Reclamación; vencido el cual, sin que hubiera manifestado su disconformidad o presentada su aceptación, el monto de la Compensación de Cotizaciones se consolidará y se emitirán los Certificados de Compensación de Cotizaciones. El asegurado o derechohabiente que no esté de acuerdo con el cálculo de su Compensación de Cotizaciones establecido en el Formulario de Compensación de Cotizaciones, podrá renunciar de manera expresa e irrevocable al procedimiento automático e iniciar el procedimiento manual. Emitida la Resolución que resuelva el Recurso de Reclamación, el Asegurado o Derechohabiente podrá interponer el Recurso de Apelación ante el Tribunal Departamental de Justicia. Una vez aprobados los Certificados de Compensación y Cotización emitidos mediante Resolución Administrativa, el SENASIR deberá notificar los mismos a la Gestora y a la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. Queda consolidada la definición de derechos en el Sistema de Reparto, en los trámites que tengan pronunciamientos definitivos emitidos por las instancias administrativas y jurisdiccionales competentes para el efecto, excepto en los casos que contengan documentos, datos o declaraciones fraudulentas que causen daño económico al Estado.

III.4. Análisis del caso concreto

La parte accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la jubilación y una renta vitalicia de vejez, seguridad social, vinculado a la vida y a la salud, a una vejez digna, “a la protección reforzada del adulto mayor”, a la “protección constitucional de sus aportes al Sistema de Reparto”, “a no ser obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden”, al debido proceso en conexión a la tutela efectiva, en sus elementos a recibir una resolución fundamentada y motivada, a no ser condenado sin haber sido oído y procesado previamente en un debido proceso, a la verdad material y a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal; toda vez que, pese a haber presentado ante el SENASIR el Certificado UGTH/067/2016 de 7 de noviembre, que acredita que trabajó nueve años, diez meses y dos días, realizando aportes al Sistema de Reparto para beneficiarse con la pensión de vejez, se emitió el Formulario de cálculo compensaciones de cotizaciones procedimiento automático FORM-SIP-CC-A-001 NÚMERO: 335 de 21 de septiembre de 2022, el cual se encuentra totalmente alejado de la verdad material, como si sólo hubiese aportado por cuatro meses, pretendiendo obligarle a cobrar -como único pago- un monto ínfimo de Bs2 733,42; queriendo consolidarse una arbitraria apropiación de más de 118 aportes al Sistema de Reparto y negándole su derecho adquirido a la pensión de vejez vitalicia y seguro de salud. Precisado el problema jurídico de esta acción de defensa, previo a su respectivo análisis, resulta necesario contextualizar los antecedentes de la que emerge la misma; así, conforme la descripción realizada en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene como antecedente que, el ahora impetrante de tutela dio inicio a su trámite de compensación de cotizaciones ante el SENASIR el 15 de agosto de 2008 (Conclusión II.1); el 21 de septiembre de 2022, fue notificado con el Formulario de Cálculo Compensaciones de Cotizaciones Procedimiento Automático FORM-SIP-CC-A-001 número 335 de 21 de septiembre de 2022, con un monto de compensación de cotizaciones global de Bs.2 733,42 correspondiente a cinco aportes para el SIP, en cuyo reverso se le hace saber que tiene treinta días hábiles administrativos computables a partir de la fecha de notificación, para hacer efectiva la renuncia y/o solicitar la revisión del monto de Compensación de Cotizaciones calculada, advirtiéndole, que vencido el plazo se emitirá el Certificado de Compensación de Cotizaciones correspondiente, sin lugar a posterior reclamo; señalando además que, la fecha de vencimiento de plazo de 3 de noviembre de 2022 señala el tiempo límite para interponer la renuncia al procedimiento automático, caso contrario el beneficio se consolidaría con la emisión del Certificado Compensación de Cotizaciones (Conclusión II.3); habiéndose emitido el Certificado de Compensación de Cotizaciones Procedimiento Automático global 128954, el 4 de noviembre de 2022 (Conclusión II.4); posteriormente, el 3 de enero de 2023, el peticionante de tutela mediante nota solicitó al Director Ejecutivo del SENASIR los datos de inicio de trámite de 17 de marzo de 2008 y Documento Comparativo 0017132 de 15 de agosto de 2008; respondida por dicha autoridad, mediante CITE: SENASIR UCC 295/2023 de 15 de marzo, señalando que inició su trámite de compensación de cotizaciones por procedimiento automático el 17 de marzo de 2008 con el llenado del formulario de control de ingreso de expedientes; y que no se cuenta en el expediente con el Documento Comparativo referido (Conclusiones II.2 y II.5); finalmente a través del CITE-SENASIR/CBBA/NI 127/2024 de 8 de febrero se informa que Rolando Orlando Nuñez Aguilar cuenta con el beneficio de la compensación de cotizaciones por el procedimiento automático tipo global 128954, en curso de pago, acreditado en el periodo diciembre/2022 cobrada el mismo periodo de acuerdo al historial de pagos y conciliación; y que, una vez notificado con el Formulario de Cálculo de la Compensación de Cotizaciones por el Procedimiento Automático 335 el 21 de septiembre de 2022 se le dio a conocer toda la información referida a datos del asegurado, aportes al Sistema de Reparto y Cálculo de Compensación de Cotizaciones, dándole treinta días hábiles administrativos computables para realizar la aceptación, renuncia y/o revisión al procedimiento automático y pasar al procedimiento manual en caso de que no se encontrara de acuerdo con el cálculo realizado, sin embargo no presentó ningún tipo de reclamo, por lo que se generó el Certificado de Compensación de Cotizaciones por Procedimiento Automático tipo global 128954 por vencimiento tácito, el cual fue entregado a su apoderado el 29 de diciembre de 2022 (Conclusión II.6). Efectuada la contextualización de antecedentes, el reclamo formulado por el solicitante de tutela, en lo medular, se encuentra enfocado en el Formulario de Cálculo Compensación de Cotizaciones Procedimiento Automático FORM-SIP-CC-A-001 número 335 de 21 de septiembre de 2022, del cual se pide se deje sin efecto y se realice un nuevo cálculo de compensación de cotizaciones en el que se considere el certificado UGTH/067/2016 otorgado por la Unidad de Gestión de Talento Humano del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba.

III.4.1. Consideraciones previas

Con carácter previo a ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, corresponde efectuar algunas consideraciones aclarativas de orden procesal-constitucional; en este sentido la parte demandada se refirió a la improcedencia de la presente acción, al señalar que: 1) Fue interpuesta fuera del plazo que establece la ley; al respecto, cabe considerar el principio de inmediatez que rige a la acción de amparo constitucional, ya que el accionante fue notificado el 21 de septiembre de 2022, con el Formulario de Cálculo Compensación de cotizaciones Procedimiento Automático FORM-SIP-CC-A-001 número 335, conforme se tiene de la Conclusión II.3; es decir, que desde esa fecha a la del planteamiento de esta acción tutelar que es el 10 de mayo de 2023, se superó el plazo previsto por el principio de inmediatez que establece seis meses para el planteamiento de una acción tutelar y en este caso, el plazo vencía el 21 de marzo de 2023, habiéndose llevado a cabo su planteamiento a los siete meses, dos semanas y cinco días. No obstante ello, se debe tomar en cuenta la Jurisprudencia Constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo, que establece una flexibilización en el principio de inmediatez, cuando se está reclamando el derecho a la jubilación, siempre y cuando su afectación sea actual o persista en el tiempo; consiguientemente, no es exigible en este caso el cumplimiento de dicho principio de inmediatez, ya que precisamente el impetrante de tutela está solicitando que se realice un nuevo cálculo de compensación de cotizaciones en el que se considere el certificado UGTH/067/2016 otorgado por la Unidad de Gestión de Talento Humano del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba y en consecuencia se reconozcan los nueve años, diez meses y dos días de aportes al Sistema de Reparto, es decir, que la afectación de su derecho a la jubilación se mantuvo en el tiempo por la falta de inclusión en el Formulario de Cálculo Compensaciones de Cotizaciones Procedimiento Automático FORM-SIP-CC-A-001 número 335, de dichos años de aportes, lo que ameritó la presente acción de amparo constitucional; 2) De igual forma, respecto a lo alegado por la parte demandada respecto a que el principio de subsidiariedad no hubiera sido cumplido, al considerar que no se llegó a agotar la vía llamada por ley; toda vez que, el asegurado no presentó su renuncia de manera expresa e irrevocable al procedimiento automático ni manifestó su disconformidad; al respecto, cuando se denuncia la vulneración al derecho a la jubilación, el principio de subsidiariedad debe ser abstraído; puesto que, el ejercicio de este derecho y lo que el involucra no puede estar supeditado al agotamiento de medios de impugnación existentes; situación sustentada en la propia jurisprudencia constitucional contenida en los fallos citados en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional, los cuales se constituyen en el precedente en vigor, al haber desarrollado el alcance de la flexibilización de este principio cuando se vaya a analizar la vulneración del derecho a la jubilación; consecuentemente y tal como se tiene explicado, en el presente caso también concurren los presupuestos para la abstracción del principio de subsidiariedad puesto que se denuncia vulneración al derecho a la jubilación; y, 3) En relación a que el impetrante de tutela al haber dejado transcurrir el plazo para impugnar, aceptó y estuvo conforme con el Formulario de Cálculo Compensación de Cotizaciones Procedimiento Automático, por lo que se procedió a la emisión del Certificado de Compensación de Cotizaciones, que a la fecha se encuentra en curso de pago y acreditada en el periodo diciembre de 2022, cobrada el mismo periodo de acuerdo al historial de pagos y conciliación de acuerdo al sistema institucional SENARIT conforme a la nota CITE: SENASIR/CBBA/NI 127/2024 de 8 de febrero de 2024, por lo que se trataría de un acto consentido; al respecto cabe señalar que si bien el art. 53.2 del CPCo establece que la acción de amparo constitucional no procederá contra actos consentidos libre y expresamente; no obstante, debe tomarse en cuenta que la SCP 0679/2020-S1 de 3 de noviembre, sostuvo que en materia laboral, los actos consentidos libre y expresamente no operan como causal de improcedencia en la acción de amparo constitucional, en virtud al carácter irrenunciable de los derechos laborales; en ese entendido, siendo que para el tema en análisis, debe considerarse la intrínseca relación existente entre el derecho social con los derechos al trabajo y a la seguridad social, por ello resulta aplicable dicho razonamiento al caso concreto. Ahora bien, en base a lo precedentemente explicado, no existe impedimento alguno para ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada a través de esta acción tutelar.

III.4.2. Análisis de fondo

El ahora peticionante de tutela, inició su trámite de compensación de cotizaciones ante el SENASIR el 15 de agosto de 2008, dicha entidad le notificó el 21 de septiembre de 2022, con el Formulario de Cálculo Compensaciones de Cotizaciones Procedimiento Automático FORM-SIP-CC-A-001 número 335, con un monto de Compensación de Cotizaciones global de Bs.2 733,42 correspondiente a cinco aportes para el SIP, del cual no efectuó renuncia, ni solicitó su revisión en el plazo de treinta días tal como advierte dicho formulario; por lo que, el 4 de noviembre de 2022, se emitió el Certificado Compensación de Cotizaciones Procedimiento Automático global 128954, otorgando a su favor un monto de compensación de cotizaciones en base a una densidad en años de 0.39. Al respecto el solicitante de tutela señala que presentó al SENASIR el Certificado UGTH/067/2016 de 7 de noviembre, otorgado por el Jefe de la Unidad de Gestión de Talento Humano y el Responsable de Personal del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, el cual certifica que prestó servicios en la Planta Industrializadora de Leche (PIL) por un tiempo total de trabajo de 9 años, 10 meses y 2 días, documental que no habría sido considerada por dicha entidad. Ahora bien, el accionante al anoticiarse que el Cálculo de Compensación de Cotizaciones no contemplaba el total de años que había prestado servicios en la entidad edil, presentó -a su criterio- un reclamo verbal en atención al público y ante el asesor legal de SENASIR, señalando que, desconocía que debía renunciar al procedimiento automático; recibiendo como respuesta que su caso estaba cerrado, por lo que debía cobrar la suma de Bs2 733,42.- señalándole además, que no se tomó en cuenta el Certificado presentado al inicio del trámite, porque optó por un procedimiento distinto al manual. El informe presentado por las autoridades demandas en la presente acción tutelar, y de lo señalado en audiencia, denota un riguroso formalismo, además de no haber hecho la consideración y el análisis del Certificado UGTH/067/2016 de 7 de noviembre, que establece que el ahora impetrante de tutela tuvo un tiempo total de trabajo de nueve años, diez meses y dos días, a efecto de realizar un cálculo correcto de cotización de compensaciones, aspecto que devela que el SENASIR, cuyos trámites tienen el fin de consolidar la asignación de una renta justa de vejez, no contempló la protección y alcance que tiene el derecho a la jubilación consagrado en la Constitución Política del Estado en el art. 45.IV, garantiza que dicho beneficio sea en razón de los recursos económicos consecuentes del trabajo, suficientes para subsistir con calidad de vida y dignidad humana. Bajo una interpretación cerrada de los arts. 52, 53, 54, 55, 60 y 70 del DS 0822 de 16 de marzo de 2011 que aprueba el Reglamento de Desarrollo Parcial a la Ley 065 de 10 de diciembre de 2010, descrito en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional; las autoridades demandadas señalaron que el ahora peticionante de tutela, al no haber presentado reclamo alguno dentro del plazo establecido, se aprobó el Certificado de Compensación de Cotizaciones global 128954, siendo enviado para su pago el periodo de diciembre de 2022 ante la AFP Futuro de Bolivia S.A. y la APS; que a la fecha, los aportes efectuados al Sistema de Reparto a través de la Compensación de Cotizaciones global se hallan acreditados en su cuenta personal provisional, constituyendo otro óbice para la improcedencia de su solicitud, ya que el mismo es definitivo, al no existir recurso ordinario, ni extraordinario para retrotraer el mismo; que al momento de emitir y remitir el Certificado de Compensación de Cotizaciones global, el SENASIR pierde competencia para realizar modificaciones al certificado ya emitido; que de acuerdo a la normativa vigente, no existe instancia alguna con competencia o atribución para modificar un Certificado de Compensación de Cotizaciones (sea éste mensual o global), concluido en instancia administrativa o judicial. De otra parte, cabe resaltar que el Tribunal Constitucional Plurinacional, se pronunció sobre los procesos de solicitud de jubilación en los que existe documentación complementaria que el ente gestor ha negado considerar, debido al incumplimiento de aspectos formales en la respectiva tramitación administrativa; así, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 060/2016-S2 de 12 de febrero, 0075/2018-S2 de 23 de marzo y 0581/2020-S1 de 7 de octubre, determinaron que es posible exigir al ente gestor, que a efectos de definir la densidad de aportes realizados en favor de quien esté tramitando su jubilación, aplique el principio de verdad material para tomar en cuenta aquella documentación que acredite fehacientemente los aportes efectivamente realizados para su renta de vejez, ello en aras de proteger el derecho a la jubilación y garantizar que el administrado obtenga una renta acorde a los aportes realizados; lo cual, permite garantizar una jubilación digna; considerando además la naturaleza de los derechos sociales, los cuales son irrenunciables, inembargables e imprescriptibles, conforme se tiene descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En ese entender, al haber sido omitida la consideración de la documental complementaria que el solicitante de tutela presentó ante el SENASIR, se vulneró sus derechos a la seguridad social, a la jubilación y con ellos a la vida, salud, vejez digna; y emergente de esa lesión, también se afectó a los principios de verdad material y a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, los cuales son susceptibles de tutela a través de la acción de amparo constitucional, cuando estén vinculados a algún derecho fundamental, como se evidenció en el caso de análisis, la vulneración del derecho a la jubilación del accionante; razones por las cuales, corresponde conceder la tutela solicitada; pues la calificación de su renta, sin considerar el Certificado UGTH/067/2016 de 7 de noviembre, genera un monto de compensación de cotizaciones global que no condice con la realidad de sus aportes; siendo necesario realizar un nuevo cálculo en base a la mencionada documental; para que luego ésta instancia, conforme a la normativa aplicable, en definitiva acepte o desestime dicha documentación complementaria, razones por las cuales corresponde conceder la tutela respecto a la presente problemática. Con relación a la lesión de los derechos al debido proceso en conexión a la tutela efectiva, en sus elementos a recibir una resolución fundamentada y motivada, a no ser condenado sin haber sido oído y procesado previamente en un debido proceso, denunciados por el peticionante de tutela, no es evidente; toda vez, que no está sometido a ningún proceso dentro del cual se hubiere producido agravio en alguno de los elementos que lo componen. Por los fundamentos expuestos, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 017/2024 de 9 de febrero, cursante de fs. 177 a 179 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba; y en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, sobre los derechos a la seguridad social, a la jubilación, a la vida, salud, vejez digna; y, a los principios de verdad material y a la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, conforme a los Fundamentos Jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2º Disponer:

a) Dejar sin efecto el Formulario de Cálculo Compensación de Cotizaciones Procedimiento Automático FORM-SIP-CC-A-001 número 335 de 21 de septiembre de 2022 y el Certificado Compensación de Cotizaciones Procedimiento Automático global 128954 emitido el 4 de noviembre del mismo año, además de todo lo tramitado y hecho con posterioridad, inclusive ante la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia Sociedad Anónima (S.A.) y a la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros (APS); debiendo el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), a través de su representante legal actual, analizar y considerar el Certificado UGTH/067/2016 de 7 de noviembre; procediendo a realizar una nueva calificación de cotizaciones y en función de ello emitir un nuevo Formulario de Cálculo Compensación de Cotizaciones, en un plazo no mayor a diez días de tomar conocimiento de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. b) Que el SENASIR comunique con el contenido de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia S.A. y a la Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros (APS), respecto a la anulación del Formulario de Cálculo Compensación de Cotizaciones Procedimiento Automático FORM-SIP-CC-A-001 número 335 de 21 de septiembre de 2022 y el Certificado Compensación de Cotizaciones Procedimiento Automático global 128954 emitido el 4 de noviembre del mismo año, pertenecientes al ciudadano Rolando Orlando Nuñez Aguilar; a efectos de gestionar el nuevo trámite a favor del prenombrado peticionante de tutela, sea sin restricción alguna. 3º DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos al debido proceso en conexión a la tutela efectiva, en sus elementos a recibir una resolución fundamentada y motivada, a no ser condenado sin haber sido oído y procesado previamente en un debido proceso, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional. 4º Exhortar al Director General Ejecutivo del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR); y a través suyo a sus dependientes, gestionar con calidez y calidad el trámite del accionante; así como de la población, brindando información amplia a los ciudadanos sobre los trámites que se efectúan en dicha repartición.

5º Llamar la atención a David Clavijo Zurita y Gina Luisa Castellón Ugarte, Vocales de la Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba; por haber denegado la tutela aplicando criterios restrictivos, soslayando conocer y aplicar jurisprudencia constitucional con reflexiones progresivas de los derechos a la jubilación y renta de vejez como parte del derecho a la seguridad social; y, la observancia de los principios de prevalencia de la justicia material sobre la formal y de verdad material.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 En su FJ III.2 estableció:” ...Complementando dicha jurisprudencia, la SC 1157/2003-R de 15 de agosto, reiterada por la SC 0521/2010-R de 5 de julio, señaló que la inmediatez se encuentra sustentada básicamente en: ‘...el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos’. Conforme a la comprensión jurisprudencial descrita, se advierte que el principio de inmediatez encuentra cause en la naturaleza misma de esta garantía constitucional, que es la protección inmediata y oportuna de los derechos fundamentales restringidos o suprimidos, siendo que una presentación extemporánea de la acción no velaría por dicho amparo eficaz, desnaturalizando su esencia de ser un medio efectivo para la reparación de los derechos lesionados. Sin embargo, es necesario realizar un análisis particular de este principio en el caso presente, tratándose de la denuncia de vulneración del derecho a la jubilación, que por disposición constitucional es un derecho inembargable e imprescriptible y que además al ser los beneficiarios de este derecho sujetos especiales de protección, el juez de tutela debe efectuar especial atención, dado que en caso de transgresión a sus derechos fundamentales se produce un efecto severo ante el no reconocimiento de su

derecho; circunstancias que denotan que no pueda reclamarse de este sujeto de especial protección constitucional que se encuentra en un estado de vulnerabilidad manifiesta, similar diligencia que se exige de las demás personas, por lo que no puede analizarse con igual formalidad las acciones de los mismos”.

4 La SCP 1209/2023-S1 de 10 de noviembre en su Fundamento Jurídico “III.6. Del principio de verdad material”, señaló lo siguiente: La SCP 1662/2012-S1 de 1 de octubre, reiterando los entendimientos contenidos en las SC 2769/2010 y la SCP 0144/2012 (…), concluyó y puntualizó que: …se debe puntualizar que el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas

sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez.

5 La SCP 0003/2022-S1 de 4 de marzo en su Fundamento Jurídico III.6. señaló que: “…a través de los principios y valores contenidos en la norma fundamental, se busca la eficacia máxima de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; por cuanto, su resguardo sólo podrá hacerse efectiva cuando se advierta su vinculación con un derecho fundamental objeto de tutela constitucional.”

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0074_2024-S1.pdf · páginas 1 a 28.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2e19bb4fb4853dd7c97d446c3dc0ac35176cc79d472dc4336151a4d47a099852

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