Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 23 de abril de 2024
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia que las autoridades demandadas, vulneraron sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y valoración arbitraria de la prueba; derecho a la igualdad y no discriminación y al proyecto de vida; toda vez que: 1) Al encontrarse desplazado por más de seis meses en la localidad de Viacha solicitó al Fiscal Departamental de La Paz su reasignación a la ciudad de La Paz, empero, éste, de manera sorpresiva dispuso su desplazamiento definitivo a la localidad de Chulumani sin ninguna fundamentación; por lo que, al ser objetada mereció la Resolución FDLP/WEAL 204/2022, emitida por la misma autoridad, que confirmó el memorándum sin fundamentar ni motivar sobre los puntos segundo y sexto de su objeción, el primero, referido a sus desplazamientos, sin que, el Fiscal Departamental motive ni conteste cual la norma que le permite el desplazamiento de La Paz a Viacha sobrepase los 90 días y menos cual la razón para su desplazamiento indefinido a Chulumani; el sexto, respecto al trato diferenciado que no mereció pronunciamiento alguno, por ello, denuncio que la Resolución impugnada carecía de fundamentación por incongruencia omisiva; y, 2) El Fiscal General del Estado pronunció la Resolución FGE/JLP/DAJ 129/2022 confirmando la Resolución emitida por el referido Fiscal Departamental así como el memorándum de desplazamiento, con igual falta de fundamentación, motivación y congruencia, pues, si bien, aparentemente corrigió el desplazamiento indefinido, pero no reparó la incongruencia omisiva y falta de motivación y de la Resolución …
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución 57/2022 de 27 de marzo, cursante de fs. 165 a 168 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación, incongruencia omisiva, valoración arbitraria de la prueba y derecho al proyecto de vida, con base a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional; consecuentemente: 2° SE DISPONE dejar sin efecto la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ 129/2022 de 24 de noviembre; debiendo emitirse una nueva según lo previsto por el art. 52.III a partir desde su notificación con el presente fallo constitucional y de conformidad a los Fundamentos Jurídicos de la misma. 3° DENEGAR la tutela con relación al Fiscal Departamental de La Paz, conforme a los argumentos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0073/2024-S1 Sucre, 23 de abril de 2024 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 55745-2023-112-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 57/2023 de 27 de marzo, cursante de fs. 165 a 168 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Lizandro Álvarez Arismendi contra Fausto Juan Lanchipa Ponce, Fiscal General de Estado; y, William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz.
Por memoriales presentados el 7 y 12 de diciembre de 2022, cursantes de fs. 62 a 70; y, 79; el accionante expresó los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
El año 1999 obtuvo su título de abogado en la Universidad Técnica de Oruro, posteriormente el 2001 salió la convocatoria a Fiscales de Carrera, postulándose a la misma y luego de vencer el proceso de selección lo designaron como Fiscal en la ciudad de La Paz, siendo posesionado el 2 de agosto de 2001 ejerciendo fundones en el Ministerio Público desde esa fecha; asimismo, el 15 de marzo de 2022 fue designado Fiscal Litigador y a los pocos días, es notificado con el memorándum FDLP.WEAl 168/2022 de 28 de marzo, emitido por William Eduard Alave Laura; Fiscal Departamental de La Paz -ahora demandado-; donde se le instruye asumir funciones en el asiento fiscal de Viacha provincia Ingavi del departamento de La Paz, dicha instrucción fue objetada y resuelta mediante la Resolución FDLP/WEAL 37/2022 de 30 de marzo, por el Fiscal Departamental de La Paz y luego el Fiscal General del Estado, emitió la Resolución FGE/JLP/DAJ 037/2022 de 5 de abril, que dispuso confirmar la Resolución 37/2022;
posteriormente el 15 de noviembre; mediante Nota Interna FDLP/LP/PROV/NI 00029/2022, le recordó al Fiscal Departamental de La Paz que se hallaba desplazado en Viacha, desde el 13 de abril de 2022 y pasando más de seis meses, solicitó que se le asigne funciones en la ciudad de La Paz; ante ello, en respuesta a su solicitud, se le notificó con el memorándum CITE: FDLP.WEAL 654/2022, por el cual se lo desplaza a Chulumani, provincia Sud Yungas del departamento de La Paz; asimismo, el citado memorándum fue objetado el 18 de noviembre de 2022, donde pidió la reconsideración de la instrucción y dejar sin efecto su desplazamiento, al amparo de lo dispuesto por los arts. 51 y 52 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP); producto de ello, el Fiscal Departamental de La Paz emitió la Resolución FDLP/WEAL 204/2022 de 21 de noviembre, resolviendo rechazar la objeción interpuesta contra el citado memorándum y el mismo día se remitió ante el Fiscal General del Estado, Fausto Juan Lanchipa Ponce -ahora demandado-, el cual emitió la Resolución FGE/JLP/DAJ 129/2022 de 24 de noviembre, disponiendo "CONFIRMAR el Memorándum CITE FDLP.WEAL. N° 654/2022 de 14 de noviembre y la Resolución FDLP/WEAL-N° 204/2022 de 21 de noviembre, emitidos por el Fiscal Departamental de La Paz, Abg. William Eduard Alave Laura; y, conforme a los fundamentos expuestos, el desplazamiento del objetante al asiento fiscal de Chulumani del Departamento de La Paz, por el plazo de 90 días, sin perjuicio de que por razones de necesidad Institucional se determine su ampliación…" (sic), sin embargo, recién lo subió al sistema de gestión documental del Ministerio Público el 28 de noviembre de 2022. Asimismo, pone en conocimiento que solicitó vacaciones el 18 de enero de 2022 con la debida anticipación por el lapso treinta días a partir del 12 de marzo de 2022, empero la respuesta fue negativa además de ratificar su desplazamiento por el plazo determinado de noventa días, el cual se empezó a cumplir el 13 de abril de 2022; posteriormente, el 15 de noviembre de 2022 solicitó vacaciones desde el 23 noviembre al 25 de diciembre de 2022 y mediante Decreto de 30 de noviembre de 2022, en respuesta a su solicitud el Fiscal Departamental de La Paz, contesto lo siguiente: "SE NIEGA la licencia a cuenta de vacación del Abg. Jorge Álvarez Arismendi, en las fechas y suplencia señalada; debiendo regularizar la entrega y recepción de causas que le serán asignados del Municipio de Chulumani." (sic). Por tales hechos denuncia, que la emisión del memorándum CITE: FDLP.WEAL 654/2022 de 14 de noviembre, emitida por el Fiscal Departamental -demandado-, nace como una respuesta a su solicitud de asignación de funciones en la ciudad de La Paz, ya que en el citado memorándum se determinó su desplazamiento indefinido, sin estar debidamente fundamentada, pues lo único que hace es referirse a los arts. 32 y 34.10 y 12 de la LOMP, sin embargo el citado numeral 12, hace mención expresa del desplazamiento temporal, pero el referido memorándum no expresa ninguna temporalidad, constituyéndose en un desplazamiento indefinido sin ninguna explicación; dicha decisión fue objetada y por Resolución FDLP/WEAL 204/2022 de 21 de noviembre, emitida por el Fiscal Departamental, confirmó el memorándum y sin una debida fundamentación ni motivación sobre los puntos de su objeción, específicamente en el punto 2, en relación a su desplazamiento a Viacha por más de 90 días y las razones de su nuevo desplazamiento; sin embargo, el Fiscal Departamental no motivo ni contesto del porque o cual la norma que le permite el desplazamiento de La Paz a Viacha sobrepase los 90 días y menos cual la razón de su desplazamiento indefinido a Chulumani; asimismo, en el punto 6 se reclamó el trato diferenciado, pero contrariamente con una incongruencia omisiva, le privó de conocer del porqué de entre todos los fiscales que existen en el Departamento de La Paz, es precisamente tenga que ser desplazado, por ello la Resolución impugnada carece de fundamentación por incongruencia omisiva, pues no se motiva ni fundamenta el citado trato diferenciado, respecto de los demás fiscales; dicha autoridad remitió todos los antecedentes y la Resolución que resuelve la objeción ante el superior jerárquico, por lo que el Fiscal General del Estado -ahora demandado-emitió la Resolución FGE/JLP/DAJ 129/2022 de 24 de noviembre, donde corrige aparentemente el desplazamiento indefinido, pero no repara la falta de motivación y de incongruencia omisiva de la Resolución FDLP/WEAL 204/2022 emitida por el Fiscal Departamental, además fue subida al sistema de gestión documental del Ministerio Publico el 28 de noviembre de 2022 fuera de plazo; cabe señalar, que no se consideró las pruebas indicadas en su objeción de 18 de noviembre de 2022 como son los certificados de nacimiento de sus hijos y sus padres, certificado de inscripción al Doctorado y la documentación que acredita su desplazamiento indefinido, porque no le dieron valor individual ni integral que es la suma de su proyecto de vida, por ello hace que exista una valoración arbitraria de las pruebas citadas en las Resoluciones FDLP/WEAL-N° 204/2022 y FDLP/WEAL-N° 204/2022; también, no consideraron que vive en la ciudad de La Paz y que tanto sus hijos menores de edad y sus padres adultos mayores están a su cargo, además de cursar un Doctorado el cual se desarrolla en la ciudad de El Alto.
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, incongruencia omisiva y valoración arbitraria de la prueba; derecho a la igualdad y no discriminación; y, derecho al proyecto de vida; citando al efecto los arts. 14.I y II; y, 115.I de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo que: a) Se deje sin efecto la Resolución FDE/JLP/DAJ 129/2022 de 24 de noviembre; y, b) Se deje sin efecto el memorándum CITE: FDLP.WEAL 654/2022 “si bien lleva fecha de 14 de noviembre de 2022, me fue recién notificado el 17 de noviembre de 2022.”
Habiéndose instalado la audiencia el 27 de febrero de 2023 cursante de fs. 140 a 147 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó íntegramente los extremos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional.
Fausto Juan Lanchipa Ponce, Fiscal General de Estado, a través de informe presentado el 27 de febrero de 2023, cursante de fs. 136 a 138 vta., señaló: 1) Conforme la estructura del Ministerio Público reconocida por el art. 18 y 34.10 y 12 de la LOMP, los Fiscales Departamentales tienen como atribución impartir órdenes e instrucciones a los Fiscales y servidoras y servidores dependientes, se encuentran facultados para disponer el desplazamiento temporal de fiscales por razones de servicio, garantizando la continuidad y la celeridad de las investigaciones, bajo responsabilidad, significando ello que dichas autoridades deben garantizar el ejercicio de la acción penal pública en todo el ámbito de su jurisdicción, en beneficio de la sociedad, por lo cual dichos desplazamientos se tornan necesarios en el quehacer institucional del Ministerio Publico ; 2) Con relación a la temporalidad en el desplazamiento que considera el accionante y que debió ser previsto en el memorándum que lo dispuso, dicha decisión se funda en los arts. 32 y 34.10 y 12 de la LOMP, por lo cual se establece la temporalidad de la medida; asimismo, mediante la Resolución FGE/JLP/DAJ 129/2022 de 24 de noviembre, emitida por el Fiscal General del Estado se precisa la temporalidad tomando el razonamiento de las las Sentencias Constitucionales 1178/2015-S3 de 16 de noviembre, 1505/2013 de 27 de agosto y 0181/2015-S3 de 6 de marzo, por lo que su desplazamiento a Chulumani por noventa días no se constituye en un desplazamiento indefinido; 3) Sobre la denuncia que el desplazamiento carece de fundamentación y es manifiestamente arbitrario, refiere que el memorándum emitido por la autoridad departamental fue en base a los arts. 32 y 34.10 y 12 de la LOMP; asimismo se hace notar que la instrucción emitida se trata de un desplazamiento a otro asiento fiscal distinto; 4) Sobre la supuesta violación del derecho al debido proceso por valoración arbitrara de la prueba, con relación a la Resolución FGE/ILP/DAJ 037/2022 de 5 de abril, que refiere al desplazamiento al asiento fiscal de Viacha, la Resolución FGEJLP/DA 129/2022 de 24 de noviembre de 2022, efectúa la aclaración siguiente: "Tampoco es posible que sea manifiestamente arbitrario toda vez que la instrucción que fue emitida.." (sic), se refiere a la primera resolución "...trata de otro desplazamiento a un asiento fiscal distinto y que justamente en razón a que el Fiscal de Materia se encontraba desplazado en la localidad de Viacha por el tiempo que señala, se dispuso este nuevo desplazamiento" (sic); 5) Con relación al Certificado de Nacimiento de sus hijos y el Certificado de SEGIP de sus padres, si bien éstos acreditan su condición de padre e hijo, no constituyen prueba suficiente y pertinente a los fines de acreditar que el desplazamiento a Chulumani sea contrario a la Ley o inconveniente a los intereses institucionales, en este sentido fue considerada dicha prueba en la Resolución FGE/JLP/DAJ 129/2022, la cual refiere que no se encuentra el sustento suficiente que permita crear convicción sobre un real perjuicio y consiguiente ilegalidad de la decisión asumida, más aún cuando se trata de sólo afirmaciones; menos que se esté afectando su estabilidad funcionaria v su derecho al trabajo, pues el desplazamiento no incide en su situación laboral, toda vez que no se agravan sus condiciones de trabajo, porque no existe cambio de ítem o nivel salarial, más al contrario la medida del desplazamiento se encuentra sustentada en una de las atribuciones del Fiscal Departamental; y, en relación a su Cedula de identidad y la matrícula de posgrado en la UPEA, en la citada Resolución se estableció que no es suficiente para concluir sobre la inconveniencia e ilegalidad de su desplazamiento a la localidad de Chulumani, por lo que considerarse como un despido indirecto, quedando desvirtuada la denuncia de valoración arbitraria de la prueba; 6) Sobre la apreciación subjetiva del accionante por maltrato psicológico, discriminatorio cuando existen más de 100 fiscales que existen en el Departamento de La Paz que pueden ser desplazados, dicha afirmación no fueron acreditadas por prueba alguna o argumento suficiente; 7) Con relación a su proyecto de vida, el demandante debe tener presente que el ejercido de funciones de fiscal de materia exige responsabilidad y compromiso para con la entidad y sus fines, de manera ininterrumpida durante las veinticuatro horas del día, incluyendo domingos y feriados, según señala el art. 4.II de la LOMP, por lo cual el desplazamiento dispuesto no puede ser considerado violatorio a su proyecto de vida; y, 8) El Sistema de Gestión Documental que se encuentra en fase de implementación en el Ministerio Público, en atención al Instructivo FGE/JLP272/2022 de 30 de agosto, el cual instruye la implementación progresiva de los JL2, tiene como objetivo llegar a una gestión de la información consolidando la política "Cero papel"; asimismo, las resoluciones emitidas en cumplimiento de plazos, su ocasional demora se justifica por la regularización de la remisión de las hojas de ruta y ante la denuncia del accionante el cual refiere que la Resolución fue emitida por gestión documental el 28 de noviembre de 2022, sin embargo la Resolución fue emitida el 24 de noviembre de 2022; con relación a sus solicitudes de vacación éstas no fueron de conocimiento de dicha instancia, por lo que la Resolución FGE/JLP/DAJ N° 129/2022 de 24 de noviembre, fue emitida en consideración de los arts. 3, 4, 5, 32, 34 num. 10 y 12 de la LOMP y previa valoración de los fundamentos y prueba presentada por el ahora accionante, sin que deba considerarse la vulneración de los derechos que señala el accionante. William Eduard Alave Laura, Fiscal Departamental de La Paz, a través de informe escrito presentado el 10 de enero de 2023, cursante de fs. 101 a 103 vta., señaló: i) Sobre la Resolución 204/2022 la cual no hizo mención expresa en relación a la temporalidad de la asignación y no de un nuevo despacho fiscal, cabe señalar dicho aspecto no fue expresado por el accionante al momento de la interposición del recurso de objeción, porque no cuestionó la temporalidad expresa de la asignación fiscal y que al señalar que la Resolución cuestionada carece de motivación, cuando aquel agravio no fue expresado, más aún, considerando que razonamiento contrario implicaría que la jurisprudencia constitucional considere la reclamación de hechos destinados a cuestionar la forma de una decisión administrativa fiscal departamental en desconocimiento de que la Resolución debía ser emitida en observancia del principio de correspondencia conforme a los alcances de la SCP 1863/2013 de 29 de octubre, y el mismo accionante acepta al momento de la exposición de los actos que identifica como vulneradores de derechos y garantías constitucionales que el memorándum que objeto posee la descripción del apartado normativo previsto por el artículo 34 núm. 12) de la LOMP siendo que el mismo expresa el carácter provisional del desplazamiento asumido, mismo que además fue reiterado en el cuarto considerando en el análisis del caso concreto al haberse detallado que la asignación del despacho fiscal del municipio de Chulumani, se halla vinculada a una decisión temporal conforme al artículo 23.5 de la LOMP y que no puede exceder dentro de los noventa días, salvo la necesidad de su ampliación; ii) En cuanto al entendimiento de que no se motivó el porqué del desplazamiento al de la localidad de Chulumani, se debe citar el aparatado IV. del análisis del caso concreto de la Resolución FDLP/WEAL 204/2022, describiendo en la última parte de su tercer numeral que la disposición de asignar un nuevo Fiscal de materia se halla vinculado a la consideración de las necesidades humanas y profesionales requeridas para ese asiento fiscal; iii) Sobre la alegación que la resolución resulta incongruente debido a que no se explica el porqué es la única persona que debe desplazada por encima de todos los fiscales del departamento de La Paz, se debe indicar que la Resolución FDLP/WEAL 204/2022, expresa que la asignación del despacho fiscal se debió a necesidades humanas y profesionales requeridas en el asiento fiscal de Chulumaní, lo cual se estableció en el aparatado V. referente a las conclusiones ya que cada asiento fiscal del departamento de La Paz requiere una especial cobertura de los mejores recursos humanos con el que cuentan el Ministerio Público; iv) Sobre el agravio denunciado de valoración arbitraria de la prueba, de manera subjetiva afirma que los certificados de nacimiento de sus cuatro hijos menores de edad, sus padres mayores de edad y los documentos que acreditan su formación profesional de post grado, configuran medios materiales suficientes para haberse dejado sin efecto la asignación del asiento fiscal de Chulumani, y que debido a tal afectación de su núcleo familiar, salud, educación y estabilidad funcionaria, se le estarían vulnerando sus derechos, sin embargo en el apartado V del análisis del caso concreto de la Resolución FDLP/WEAL 204/2022, se otorgó un valor probatorio a los elementos y medios documentales presentados por el accionante, más al contario pretende reformular los alcances del agravio expresado en su memorial de objeción y forzar la otorgación de una tutela constitucional, cuando los alcances de su objeción fueron planteados de manera errónea; además, de la asignación de un nuevo despacho fiscal al accionante no se variaron sus condiciones salariales, ni el retiro de algún beneficio social extensible a su familia o el desarrollo de alguna función propia del ejercicio de la facultad fiscal investigativa como en desmedro de su estabilidad laboral o familiar, por cuanto su desplazamiento se halla dentro de la repartición territorial departamental de La Paz, a la que fue asignado de manera posterior al ejercicio de funciones como fiscal superior, siendo que el accionante no está siendo desplazado a algún lugar territorial que se halle fuera del Departamento de La Paz; además solicita considerar la SCP 229/2012 de 24 de mayo, que establece que para el análisis de un desplazamiento fiscal debe tenerse presente tres aspectos: 1. La asignación de nuevas funciones a la autoridad accionante, van a ser desarrolladas en el mismo ámbito territorial, sin contravenir lo dispuesto por el art. 29.4 de la LOMP; 2. El Memorándum cuya nulidad se pretende, no constituye un agradecimiento de servicios, ni debe ser entendido como un retiro forzoso de la fuente laboral: y, 3. No se ha dispuesto la disminución de salario o el retiro de algún beneficio laboral; en consecuencia, no se advierte acto ilegal por parte de las autoridades demandas, menos lesión de algún derecho fundamental; v) Se considere la SCP 1178/2015-S3 y la decisión de un segundo desplazamiento indefinido, siendo necesario señalar que la citada línea jurisprudencial considera el ilegal desplazamiento de un fiscal de materia cuando el mismo sea asumido por un tiempo indefinido, también reconoce que la Ley 260 permite el desplazamiento de un Fiscal de Materia de un ámbito territorial como consecuencia de las necesidades propias de la institución, conforme a los arts. 225 de la CPE, 5 y 8 de la LOMP, toda vez que es necesario aclarar que la decisión de asignar el asiento fiscal de la ciudad de Chulumani al accionante, se circunscribe a las necesidades institucionales de aquella repartición fiscal y por ningún motivo como resultado de una medida de sanción; y, vi) Finalmente solicito que se desestime cualquier supuesta ampliación o complementación de vulneración de derechos y garantías constitucionales; toda vez que, las alegaciones expresadas por el accionante no fueron detalladas al momento de la interposición de la objeción, por lo que solicita que se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz, mediante Resolución 57/2023 de 28 de marzo, cursante de fs. 165 a 168 vta., denegó la tutela solicitada, con los siguientes argumentos: a) Que, el accionante desempeño funciones como Fiscal de Materia en La Paz desde la Gestión 2001, luego se postuló a Fiscal Departamental el año 2021, siendo reasignado al cargo de Fiscal en la localidad de Viacha, posteriormente a Chulumani provincia Sud Yungas del departamento de La Paz por desplazamiento temporal, dando lugar a que objete dicha decisión sin que haya merecido una respuesta afirmativa; b) Denuncia como actos vulneratorios el memorándum FDLP.WEAL. Nº 654/2022 de 14 de noviembre, que determina su desplazamiento y la Resolución FDLP/WEAL N° 204/2022 de 21 de noviembre, la cual confirma lo dispuesto en el citado memorándum, y que sin fundamentar ni motivar el porqué del trato diferenciado además de contener una incongruencia omisiva en relación a los puntos de su objeción, además del rechazo de su vacación; c) La temporalidad del desplazamiento se funda en la decisión de los arts. 32 y 34.10 y 12 de la LOMP y que mediante la Resolución FDLP/WEAL N° 204/2022 de 21 de noviembre, emitida por el Fiscal General del Estado, se precisó su temporalidad de 90 días sin perjuicio de que se determine su ampliación; d) Sobre la denuncia de que carece de fundamentación, con claridad se citó los arts. 32 y 34.10 y 12 de la LOMP, sin embargo dicho desplazamiento fue dispuesto por el Fiscal Departamental y la cual se encuentra sustentada en el art. 34.10 de la LOMP como atribución, avalada que se halla mediante pronunciamiento del Fiscal General del Estado, por lo que del contenido de dicho pronunciamiento no se advierte que dicha decisión carezca de fundamentación que contravenga la norma aplicable al caso; e) El accionante alegó la vulneración del debido proceso por valoración arbitraria de la prueba, al respecto cabe señalar que conforme la línea jurisprudencial en relación al caso SC 0160/2010-R de 17 de Mayo señaló que: "...es necesario tener en cuenta que el mismo tiene dos connotaciones: La primera es en derecho que tienen todas las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente de su libre elección y/o confianza y en su defecto que precautele a las personas para que en los procesos que se le inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridades que impidan o restrinjan su ejercicio, salvo situaciones provocadas por actos voluntarios del propio imputado" (sic); de donde se advierte, que teniendo presente los presupuestos que se adecúe a un proceso indebido como alega el accionante, se concluye la inexistencia de un proceso aperturado, sea en la vía penal o administrativa, por lo que no se adecúa a dicho derecho que considera vulnerado, correspondiendo de acuerdo a sus características aplicar reglamento conforme a procedimiento; f) Se debe tomar en cuenta que la Resolución FGE/JLP/DAJ N° 129/2022 de 24 de noviembre, se encuentra debidamente fundamentada y motivada, toda vez que el accionante como Fiscal de Materia ha sido reasignado al cargo de Fiscal en la localidad de Viacha, posteriormente a Chulumani, provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, por desplazamiento temporal, conforme el art. 23 num. 5 de la LOMP, dicho desplazamiento temporal dispuesta por la autoridad accionada Fiscal General del Estado, es solo por el plazo de 90 días y no de carácter definitivo, sin perjuicio de que por razones de necesidad institucional se determine su ampliación, en ese contexto, la Resolución objeto de esta acción de amparo constitucional, se encuentra sustentada en base a la autonomía funcional y los principios de unidad y jerarquía establecidos en los arts. 225.I y II de la CPE; y, 5.7 de la LOMP; y, g) Sobre el derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación en materia administrativa, significa que no se debe inclinar la balanza o beneficiar a una parte en perjuicio de otra, sino que la autoridad debe tomar su decisión únicamente conforme al ordenamiento jurídico y con la finalidad de interés general que la motiva, aspecto que no aconteció en el caso concreto, porque el accionante no hizo mayor énfasis al respecto.
Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: II.1. Acta de posesión como Fiscal Asistente de 2 de agosto de 2001, que acredita el ingreso del demandante al Ministerio Público (fs. 3); por certificación de 21 de marzo de 2009, ingresa a la carrera fiscal como Fiscal de Materia institucionalizado. (fs. 4) II.2. Por memorándum CITE: FDLP.WEAL 168/2022 de 28 de marzo, emitido por el Fiscal Departamental demandado, por el cual se instruye al -ahora demandante-, asumir funciones en el asiento fiscal de Viacha provincia Ingavi del departamento de La Paz, sin establecer su temporalidad (fs. 5); por Resolución FDL.P/WEAL Nº 37/2022 de 30 de marzo, emitida por la citada autoridad demandada, donde ratifica el memorándum FDLP-WEAL 168/2022 (fs. 6 a 11), y; por Resolución FGE/JLP/DAJ 037/2022 de 5 de abril, emitida por el Fiscal General del Estado dispuso confirmar la Resolución FDL.P/WEAL 37/2022 de 30 de marzo y en consecuencia ratificar su desplazamiento de 90 días. (fs. 12) II.3. Por nota interna FDLP/LP/PROV./NI 00029/2022 de 15 de noviembre de 2022, el demandante le recuerda Fiscal Departamental que se halla desplazado por más de seis meses en el asiento fiscal de Viacha y le solicita que se le reasigne funciones en la ciudad de La Paz. (fs. 12)
noviembre, emitida por el Fiscal Departamental, y notificada el 17 de noviembre de 2022, donde se instruye al demandante asumir funciones en el municipio de Chulumani, provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, sin asignarle su temporalidad, señalando lo siguiente:
“En mérito al desarrollo de las funciones que viene desempeñando hasta la fecha, con la conferida en los artículos 32 y 34 numeral 10) y 12) de la Ley facultad conferida Orgánica del Ministerio Público, SE LE INSTRUYE ASUMIR FUNCIONES EN LA PROVINCIA SUD YUNGAS CON ASIENTO FISCAL EN LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO “CHULUMANI" DE LA FISCALÍA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, tomando conocimiento de los casos que se encontraban bajo la dirección funcional del Fiscal de Materia - Abg. Gustavo Valdez…” (sic [fs. 13]). II.5. Cursa la objeción de 18 de noviembre de 2022, presentada por el demandante, donde solicita la reconsideración de dicha instrucción y dejar sin efecto su desplazamiento al amparo de lo dispuesto por los artículos 51 y 52 de la LOMP, explano los siguientes agravios:
“1) El artículo 59.II de la CPE refiere que los adolescentes tienen derecho a vivir en el seno de su familia, y el artículo 60 constitucional determina que el Estado y la Sociedad deben garantizar el interés superior de los adolescentes; y conforme manda el artículo 225 constitucional, el Ministerio Público debe defender los intereses generales de la sociedad; por lo que siendo su persona la máxima autoridad del Ministerio Público en el Departamento de La Paz, le es inherente defender los intereses de mis hijos 4 hijos en su calidad de adolescentes son parte de la sociedad, y siendo mi persona Funcionario Fiscal, de mantener su decisión de desplazarme a Chulumani estará contra el interés superior de mis hijos (adjunto fotocopias de sus certificados de nacimiento), esto dadas las características de la actualidad en nuestra sociedad donde los adolescentes por el solo hecho de serlo son altamente vulnerables a un sinfín de riesgos, empero ello se agravaría en relación a mis hijos al estar mi persona como padre alejada de mis hijos por el desplazamiento que se me pretende a Chulumani, lo cual debe su autoridad tener presente, y ello hace arbitrario su decisión, pues ya se me desplazo por 6 meses.
2) El artículo 62 constitucional determina que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, en dicho entendido y conforme prevé la constitución debe garantizarse las condiciones sociales y económicas para el desarrollo integral de mi familia, recordando que mi familia se halla compuesto por mis 4 hijos mi conyugue y mi persona, y que además viven con nosotros también mis papás; siendo que ya ahora al estar en Viacha a penas logro verlos, pues durante estos 6 meses debo salir muy de madrugada y llegar a la casa ya a noche, pero al final los veo cada día y puedo de alguna manera socializar y mantener vínculos con mi familia, sin embargo el hecho de por desplazamiento ir a trabajar a Chulumani, me separara de mi familia a la convivencia que tenemos y además también afecta mi economía pues tendré doble gasto en alimentación y todo lo inherente a vivienda, lo que desestabiliza mi economía y también por supuesto el o integral de mi familia pues mi conyugue al igual que mis hijos no entienden que pese a que debidamente mis funciones llevando trabajo incluso a mi casa, tenga que sufrir este trato Departamento de La Paz, o es que acaso existen fiscales de primera y otros fiscales que como mi persona somos desplazables por libre arbitrio de su autoridad.
3) Los adultos mayores tienen derecho a una vejez digna con calidad y calidez, y por ello que su autoridad debe tomar conocimiento que mis padres son de 85 años, y frente a los constantes desplazamientos pregunta porque te odia tu jefe, y crease o no mi ausencia viene afectando su y deteriorada salud, pues les causa angustia el que tenga que viajar tan temprano y llegar tan tarde a casa, pero en definitiva en la posibilidad de estar mi persona en Chulumani los dejaría solos en La Paz, sin la posibilidad verlos por las noches como hago actualmente y estoy seguro que ello afectaría aún más en la vejez digna con calidad y calidez que se merecen.
4) Conforme al artículo 91 de la Ley Orgánica del Ministerio Público referente a la carrera fiscal determina en cuanto a los fiscales la progresiva acreditación de conocimientos, y en dicho entendido mi persona se halla cursando un post grado de Doctorado en la Universidad Pública de El Alto, y por supuesto que el estar a más de 4 horas de La Paz durante toda la semana afectara considerablemente mi aprovechamiento y rendimiento en dicho curso y por supuesto la inversión ya realizada en la misma, y ello hace también arbitrario la decisión de su autoridad de desplazarme de forma indefinida.
5) Es de conocimiento de su autoridad la existencia de evaluaciones al desempeño de la función fiscal, y desde juego al ser desplazado mi persona a la Fiscalía de Chulumani donde se tiene 2361 casos, es muy probable que dicho despacho no esté al día y ello necesariamente repercute en la evaluación al desempeño fiscal hacia mi persona; siendo lo justo que se me evalué por el trabajo que he realizado y dicho trabajo no se halla en los casos de Chulumani, pero al ser desplazado se me privara de dicha evaluación de desempeño, lo que desde juego repercute en el sistema de evaluación y promoción, y por ello que mi desplazamiento también se constituye en una decisión arbitraria, pues lo justo es.
6) Los años no pasan en vano, y el cuerpo desde luego que se reciente, esto por seis meses desplazado en Viacha donde debo viajar de Viacha a la Fiscalía Departamental generalmente cargado de cuadernos de investigación, de laptop, de material, así como madrugar para llegar mi fuente de trabajo que queda a más Ce una hora y media desde mi domicilio para poder cumplir con debida diligencia mis funciones, a lo que debe sumarse el maltrato psicológico que conlleva este trato discriminatorio donde se desplaza precisamente a mi persona, existiendo más de 100 fiscales en el Departamento de La Paz, sin considerar que me hallo institucionalizado, mi antigüedad mi formación, honestidad y servicio a la sociedad que he demostrado en más de 21 años de función, y ello hace arbitrario la decisión asumida por su autoridad.” (sic [fs. 17]).
Fiscal Departamental de La Paz –ahora demandado-, rechazó la objeción sin establecer ningún plazo de temporalidad, bajo los siguientes fundamentos:
“1. En cuanto al entendimiento de que el memorándum -objetado- es contrario "al artículo 30 núm. 10) de la Ley Orgánica del Ministerio Público, siendo que no posee una fundamentación que permita ejercer el Derecho a la Defensa" es necesario expresar, que los alcances regulatorios del articulo 30 núm. 12) de la Ley Orgánica del Ministerio Público se hallan vinculados a las atribuciones reconocidas por ley al Fiscal General del Estado como máxima autoridad del Ministerio Público, no comprendiéndose en consecuencia que su invocación pueda ser considerada como un parámetro normativo adecuadamente pertinente para a partir de su interpretación regulatoria comprender que el Memorándum FDL.WEAL. N° 654/2022 de fecha 14 de noviembre de 2022, es contraria a la ley y por consiguiente que se expresó argumentos jurídicos inadecuadamente fundados para para Comprender razonablemente justificada la reconsideración de la decisión asumida, a pesar de que se haga alegación a la falta de fundamento que justifica la instrucción impresa en el contenido del memorándum objetado, siendo que resulta evidente que el mismo se halla respaldado en la invocación del entendimiento previsto por el artículo 32 de la Ley Orgánica del Ministerio Público referente a la jerárquica representativa de los Fiscales Departamentales que establece .) Las y los Fiscales Departamentales son representantes de mayor jerarquía del ministerio Publico en su Departamento" y el artículo 34 núm. 12) del citado cuerpo normativo referente a la atribución de poder “(...) disponer el desplazamiento temporal de fiscales por razones de servicio, garantizando la Continuidad y la celeridad de las investigaciones, bajo responsabilidad", no siendo evidente la falta de fundamentos normativos de la instrucción impartida objeto de oposición.
2. Con relación al argumento en el cual se describe que el memorándum objetado es "contrario al artículo 23 núm. 1) de la Ley Orgánica del Ministerio Público que establece que los Fiscales de Materia no pueden ser removidos de sus funciones, salvo en casos establecidos por ley y que debe tenerse presente que ya en el mes de abril de 2022 fue desplazado de la ciudad de La Paz a la ciudad de Viacha por un plazo mayores a seis meses" que la estructura regulatoria del entendimiento previsto por el artículo 23 núm. 1) de la Ley Orgánica del Ministerio Público, prevé como derecho de los fiscales la "no remoción", "cese" y "suspensión" de funciones, que debe ser comprendido desde el acto de prohibir, finalizar, limitar o suspender el ejercicio de la función fiscal y la relación laboral de los Fiscales de Materia con el Ministerio Público; es decir, limitar el desempeño de la ocupación, cargo y facultades fiscales, pero no así al "desplazamiento" de un despacho fiscal a otro; toda vez que, aquel actuar concreto se halla reconocido y consentido por el articulo 34 núm. 12) de la Ley Orgánica del Ministerio Público que establece como una atribución de los fiscales departamentales (...) disponer el desplazamiento temporal de fiscales por razones de servicio, garantizando la continuidad y la celeridad de las investigaciones, bajo responsabilidad", siendo aquel el motivo por el cual el entendimiento normativo del artículo 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece como uno de los derechos de los fiscales a partir de su núm. 5) el derecho a “(...) no ser trasladados o trasladados de manera indefinida del ámbito territorial donde fueron designados, Salvo las condiciones y formas señalados en el reglamento" resultando en consecuencia que el objetante confunde el derecho a no ser removido, con la facultad de desplazamiento y la temporalidad de los traslados que pueden ser dispuestos en ejercicio de aquella atribución, no Siendo evidentemente correcto el silogismo jurídico interpretativo expresado para comprender la Contrariedad a la ley de la decisión asumida mediante el Memorándum FDLP.WEAL. N° 654/2022 de fecha 14 de noviembre de 2022: máxime, cuando el mismo fue emitido en atención al evidente anoticiamiento del vencimiento del plazo legal dispuesto para el desplazamiento del Fiscal de Materia objetante mediante la Resolución FGEJLP/DAJ N 037/2022 de fecha 05 de abril de 2022, hecho con relación al cual además de todo ello, debe tenerse presente que al ser evidente que la asignación territorial del Fiscal de Materia Jorge Lizandro Álvarez Arismendi al momento de su ingreso a la carrera fiscal y de manera posterior al cargo jerárquico que fungió en la Fiscalía General del Estado se circunscribe al territorio del Departamento de La Paz, el traslado dispuesto al asiento Fiscal de Chulumani no configura un acto contrario a ley o arbitrariamente inequitativo, ello debido a que su desplazamiento temporal configura el único medio de actuar que permitirá garantizar el derecho a no permanecer indefinidamente en el asiento fiscal de la ciudad de Viacha en el cual anteriormente ejercía funciones en representación del Ministerio Público, comprendiéndose en consecuencia ilógicamente incorrecto afirmar que el desplazamiento al asiento fiscal de Chulumani es arbitrario debido a que anteriormente se dispuso un desplazamiento similar por el lapso de 6 meses.
3. En cuanto al entendimiento de que la decisión asumida mediante el Memorándum FDLP.WEAL. N° 654/2022 de fecha 14 de noviembre de 2022, es contraria a la ley debido a que "debió ser emitido en observancia a la afectación de su familia, salud, vida, Derecho al Trabajo y en atención de los artículos 59.11, 60 y 62 de la Constitución Política del Estado; máxime, cuando el entendimiento del artículo 225 de la citada normativa suprema constitucional posiciona al suscrito Fiscal Departamental como garante de velar el interés de sus hijos y familia"; es necesario señalar que a pesar de haberse acreditado la ostentación de un vínculo familiar nuclear mediante el ofrecimiento de una copia del Certificado de Nacimiento N° 4061163 de Félix Junior Álvarez Galarza. Certificado de Nacimiento N° 387587 de Yesica Andrea Álvarez Galarza, Certificado de Nacimiento N 4061164 de Jhennifer Kasandra Álvarez Galarza, Certificado de nacimiento N° 4061165 de Jorge Lisandro Álvarez Galarza, Certificación de Datos de Félix Álvarez Puente e incluso el vínculo de habitabilidad territorial mediante la copia de la Cédula de identidad N° 3009195 emitida a nombre de Jorge Lizandro Álvarez Arismendi; debe tenerse presente que, el alcance normativo de la naturaleza constitucional del Ministerio Público conforme al artículo 225 de la Constitución Política del Estado radica en la defensa de la legalidad, los intereses generales de la sociedad y ejercicio de la acción penal conforme al entendimiento del artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que establece "(...) Tiene por finalidad defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, ejercer la acción penal pública e interponer otras acciones; en el marco establecido por la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, y las leyes. Tiene autonomía funcional, administrativa y financiera"; misma que se materializa a través del ejercicio de la acción penal pública conforme se tiene del articulo 12 num. 1) de la Ley Orgánica del Ministerio Publico que establece que el cumplimiento de sus fines se desarrolla “(...) a través del ejercicio de la acción penal pública en los términos establecidos en a Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las leyes” y no así desde la perspectiva genérica de la defensa de la sociedad bajo el entendimiento de que debe velarse la satisfacción de los intereses y tutela de grupos de personas individuales que no se hallen vinculadas al ejercicio o posible ejercicio de una acción penal pública -como acontece en et caso concreto-, siendo que se pretende someter las decisiones administrativas internas organizativas del Ministerio Público a la necesaria defensa de los intereses de la sociedad desde un grupo familiar concreto, cuando no se activó ningún tipo de acción penal publica para comprender que la Fiscalía Departamental de La Paz se halla en la obligación de defender los intereses invocados y que se afirma son desconocidos; más aún, considerando que según el entendimiento del artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público el Ministerio Publico -valga la tautología, goza de autonomía funcional, administrativa y financiera, siendo que la decisión que se halla impresa en el contenido del Memorándum CITE: DFLP.WEAL. N° 654/2022 de fecha 14 de noviembre de 2022, se halla íntimamente vinculada al ejercicio de la función administrativa organizacional interna de la Fiscalía Departamental de La Paz, comprendiéndose en consecuencia evidentemente equivocado asentir que las decisiones a través del ejercicio de las facultades administrativas departamentales, deben hallarse estrechamente vinculadas a la satisfacción de derechos y garantías constitucionalmente reconocidos a grupos concretos de la sociedad en cada una de la toma de sus decisiones cuando se circunscriban a la facultad organizativa sobre el desplazamiento de un Fiscal de Materia; máxime, cuando la disposición de asignar un nuevo asiento fiscal al Fiscal de Materia objetante se halla vinculada a la consideración de las necesidades humanas y profesionales requeridas en el asiento fiscal de Chulumani, siendo que se detalló en la instrucción inserta en el memorándum FDLP WEAL. N° 645/2022 de fecha 14 de noviembre de 2022, que la decisión asumida es emitida "en mérito al desarrollo de las funciones que viene desempeñando a la fecha".
4. Con relación a la invocación del entendımiento normativo del artículo 91 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico vinculado al régimen de la Carrera Fiscal compuesto por el sistema de designación, permanencia, destitución y basada en el reconocimiento de méritos y acreditación progresiva de conocimientos y formación jurídica de las y los fiscales, como parámetro normativo para asumir la arbitrariedad de la instrucción emitida; debe tenerse presente, que a pesar de haberse acreditado de manera idóneamente correcta el desarrollo de actos privados destinados a la formación progresiva y la obtención de conocimientos jurídicos mediante la presentación de una copia del Matrícula Universitaria N° 045091 de fecha 01 de noviembre de 2022 y por el ejercicio de acciones destinadas a influir a la permanencia y promoción fiscal reconocidos por ley; la asignación del despacho fiscal del Municipio de Chulumani, se halla vinculada a una decisión temporal conforme al entendimiento previsto por el artículo 23 núm. 5) de la Ley Orgánica del Ministerio Público con relación al cual no puede inferirse la producción de circunstancias indiciarias a la acreditación progresiva de conocimientos y formación jurídica del Fiscal de Materia objetante; máxime, cuando no se especificó el estado de avance en la formación del post grado -doctorado- y la modalidad del desarrollo de aquella formación académica que el objetante afirma cursa, mediante la presentación de algún medio documental que permita acreditar el irreparable daño al ejercicio del derecho a la formación académica y ponderar el perjuicio que se afirma se podría generar, no contándose en consecuencia con medios documentales mínimamente idóneos para inferir que la instrucción emitida mediante el Memorándum FDLP.WEAL. N° 654/2022 de fecha 14 de noviembre de 2022 es arbitraria o contraria a la ley. (sic [fs. 18 a 22]).
emitido por el Fiscal General del Estado -ahora demandado- y subido a sistema de gestión documental el 28 de noviembre de 2022, confirmo el CITE: FDLP.WEAL. Nº 654/2022 de 14 de noviembre, emitida por el Fiscal Departamental, estableciendo la temporalidad del desplazamiento a 90 días, de acuerdo a lo siguientes fundamentos:
“3.- Análisis de la problemática suscitada y fundamentos de la presente Resolución
(…) A este fin conforme la estructura del Ministerio Público reconocida por el art. 18 de la LOMP, a tenor del art. 34 núm. 10 del cuerpo normativo, las o los Fiscales Departamentales tienen como atribución impartir órdenes e instrucciones a las y los Fiscales y servidoras y servidores dependientes, tanto de carácter general como las relativas a asuntos específicos en los términos y alcances establecidos en la LOMP; y conforme el núm. 12 del mismo artículo se encuentran facultados para disponer el desplazamiento temporal de fiscales por razones de servicio, garantizando la continuidad y la celeridad de las investigaciones, bajo responsabilidad.
A partir de ello, cabe considerar los argumentos formulados por el Fiscal de Materia, se deje sin efecto, manifestando que ésta afecta su relación familiar puesto que la quien demanda inicialmente se reconsideré la decisión de desplazamiento adoptada y se distancia de 4 horas de Chulumani a La Paz hace inviable trasladarse diariamente a su hogar; significando ello que deba quedarse a Vivir en dicha localidad y por ende estar alejado de su familia y padres, con afectación a su vida, su salud, su estabilidad laboral y su economía. Al respecto, en principio se debe tomar en cuenta que conforme la normativa citada en forma previa, los Fiscales Departamentales cuya jurisdicción se extiende a todo el departamento, tienen como atribución disponer el desplazamiento temporal de fiscales por razones de servicio, de manera que se garantice la continuidad y celeridad de las investigaciones, y cuya omisión en su cumplimiento puede generar responsabilidades, significando ello que dichas autoridades deben garantizar el ejercicio de la acción penal pública en todo: el ámbito de su jurisdicción mediante el concurso de Fiscales de Materia quienes en virtud al principio de unidad y jerarquía y considerando los principios que rigen el accionar del Ministerio Público tienen la responsabilidad de asumir sus funciones en los lugares donde los mismos son designados, en beneficio de la sociedad. En tal sentido, si bien las razones familiares descritas por el Fiscal de Materia no dejan de ser importantes, por la naturaleza de las funciones del Ministerio Público, dichos desplazamientos se tornan necesarios, los que sin embargo tienen la característica de ser temporales, no así indefinidos.
Sobre la afectación a sus padres que son adultos mayores, a la salud del objetante, su vida y su economía que afirma ocasionan su desplazamiento, no se encuentra el sustento suficiente que permita crear convicción sobre un real perjuicio y consiguiente ilegalidad de la decisión asumida, más aún cuando se trata de sólo afirmaciones; menos que se esté afectando su estabilidad funcionaria y su derecho al trabajo, pues el desplazamiento no incide en su situación laboral, toda vez que no se agravan sus condiciones de trabajo, no existe cambio de ítem o nivel salarial en desmedro del funcionario (Razonamiento recogido de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales SCP-1178/2015-S3 de 16 de noviembre, 1505/2013 de 27 de agosto y 0181/2015-S3 de 6 de marzo), más al contrario la medida del desplazamiento se encuentra sustentada en una de las atribuciones del Fiscal Departamental que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Sobre que el desplazamiento dispuesto carece de fundamentación y es manifiestamente arbitrario, el Memorándum emitido por la autoridad departamental con claridad refiere la normativa que respalda la decisión como son los arts. 32 y 34 num. 10 y 12 de la LOMP; asimismo, es claro al indicar que asumirá los casos que se encontraban bajo la dirección funcional del Fiscal de Materia, Abg. Gustavo Valdez, haciendo notar que dicho asiento fiscal requiere de un funcionario que asuma el Conocimiento de dichas causas, considerando la responsabilidad que implica dar continuidad a las mismas. Tampoco es posible que sea manifiestamente arbitrario toda vez que la instrucción que fue emitida trata de otro desplazamiento a un asiento fiscal distinto y que justamente en razón a que el Fiscal de Materia se encontraba desplazado en la localidad de Viacha por el tiempo que señala, se dispuso este nuevo desplazamiento, el que como se tiene indicado debe ser asimismo temporal.
En cuanto a que su capacitación se verá afectada al encontrarse cursando un posgrado (doctorado), adjuntado a este fin una Cédula de Posgrado que acredita su matriculación en la Universidad Pública de El Alto, lo indicado no es suficiente para concluir sobre la inconveniencia e ilegalidad de su desplazamiento a la localidad de Achumani; pues no e los argumentos y explicaciones sobre tal inconveniencia o afectación a los intereses institucionales. Asimismo con relación a que su evaluación de desempeño se verá afectada, tal afirmación carece de sustento, toda vez que el proceso de evaluación obedece a un procedimiento en el cual el servidor público evaluado tiene participación pudiendo efectuar las observaciones y consideraciones que considere pertinentes, así o recurrir los resultados conforme corresponda. En tal sentido, según se desprende del art 51 de la LOMP, toda reconsideración vía objeción contra una instrucción de la o el superior jerárquico, procederá cuando se la considere contraria a la Ley o manifiestamente arbitraria o inconveniente a las funciones institucionales, extremos que no fueron probados por el objetante; es más, el planteamiento de tal reconsideración no se encuentra debidamente constituido y justificado mediante los argumentos y prueba idónea necesarios que desvirtúen la confirmación conforme lo tiene dispuesto el Fiscal Departamental de La Paz. No obstante, en atención a la temporalidad que señala el art. 34 num. 12 de LOMP y según establecen las Sentencias Constitucionales 1178/2015 de 16 de noviembre, 1505/2013 de 27 de agosto y 0181/2015-S3 de 6 de marzo, se deberá determinar el plazo durará el desplazamiento dispuesto por la autoridad departamental.” (sic [fs. 23 a 26]). II.8. Por Nota interna FDLP/LP/PROV./NI 00027/2022 de 15 de noviembre, solicitó vacaciones desde el 23 noviembre al 25 de diciembre de 2022, según la ficha de programación de vacaciones y por Decreto de 30 de noviembre de 2022 emitida por el Fiscal Departamental de La Paz, se le negó la licencia porque debe regularizar la entrega y recepción de causas que le serán asignados en el asiento fiscal de Chulumani (fs. 28 a 30) II.9. Certificados de nacimiento de los hijos del demandante de 12, 14, 15 y 16 años de edad, que acreditan que se hallan en edad adolescente (fs. 33 a 36); certificación del SEGIP de Félix Álvarez Puente y Ofelia Arismendi Pinto (padres del demandante) que acreditan que tienen 85 años de edad (fs. 37 y 38); y, matrícula de posgrado de UPEA en la categoría de Doctorado, más impresión del 7° modulo del Doctorado (fs. 40 a 41).
El accionante denuncia que las autoridades demandadas, vulneraron sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y valoración arbitraria de la prueba; derecho a la igualdad y no discriminación y al proyecto de vida; toda vez que: 1) Al encontrarse desplazado por más de seis meses en la localidad de Viacha solicitó al Fiscal Departamental de La Paz su reasignación a la ciudad de La Paz, empero, éste, de manera sorpresiva dispuso su desplazamiento definitivo a la localidad de Chulumani sin ninguna fundamentación; por lo que, al ser objetada mereció la Resolución FDLP/WEAL 204/2022, emitida por la misma autoridad, que confirmó el memorándum sin fundamentar ni motivar sobre los puntos segundo y sexto de su objeción, el primero, referido a sus desplazamientos, sin que, el Fiscal Departamental motive ni conteste cual la norma que le permite el desplazamiento de La Paz a Viacha sobrepase los 90 días y menos cual la razón para su desplazamiento indefinido a Chulumani; el sexto, respecto al trato diferenciado que no mereció pronunciamiento alguno, por ello, denuncio que la Resolución impugnada carecía de fundamentación por incongruencia omisiva; y, 2) El Fiscal General del Estado pronunció la Resolución FGE/JLP/DAJ 129/2022 confirmando la Resolución emitida por el referido Fiscal Departamental así como el memorándum de desplazamiento, con igual falta de fundamentación, motivación y congruencia, pues, si bien, aparentemente corrigió el desplazamiento indefinido, pero no reparó la incongruencia omisiva y falta de motivación y de la Resolución FDLP/WEAL 204/2022; incurriendo además en una valoración arbitraria de la prueba, ya que, al igual que el Fiscal Departamental no le dio un valor individual ni integral a las pruebas indicadas en su objeción, como son los certificados de nacimiento de sus hijos y de sus padres, certificado de inscripción al Doctorado, que demostraban que, vive en la ciudad de La Paz teniendo a su cargo, a sus hijos menores de edad y sus padres adultos mayores, y que cursa un Doctorado en la ciudad de El Alto, que es la suma de su proyecto de vida. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si los argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; a efecto de lo cual se revisarán las siguientes temáticas: i) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; ii) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; iii) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; y, iv) Análisis del caso concreto.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0044/2020-S1; 0045/2020-S1; 0049/2020-S1 todas del 13 de julio; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento:
En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:
“el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia” (el resaltado nos corresponde).
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH), en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:
1 SCP 0316/2010-R de 15 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic). (…). 2 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).
“77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática.
78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (las negrillas son adicionadas).
Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:
“(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…”
En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.
El presente Fundamento Jurídico, fue citado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0333/2020-S1 de 14 de agosto, 0365/2020-S1 de 20 de agosto; y, 0378/2020-S1 de 24 de agosto; -entre otras- que formularon el siguiente razonamiento: El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema.
Bajo esa comprensión, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando.
En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa 3 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras).
Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 4 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:
i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).
Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.
decisión.
Finalmente, a lo descrito corresponde efectuar una necesaria precisión en torno a la congruencia y su comprensión en el tratamiento y aplicación de las medidas cautelares por Tribunales de apelación según lo dispuesto por el art. 398 del CPP; que de acuerdo a la SCP 0077/2012, citada en el F.J.III.1 de este fallo constitucional, el mencionado art. 398 del CPP, no debe ser entendido en su literalidad respecto a remitirse solamente a los agravios y lo señalado por las partes como expresión literal de la congruencia exigida; sino que, dicha previsión debe ser interpretada de forma integral y sistémica en el sentido que, los referidos Tribunales de alzada, al momento de resolver impugnaciones relacionadas a la aplicación de medidas cautelares, no sólo se circunscribirán a los puntos impugnados (congruencia externa), sino que tienen el deber de compulsar integralmente todos los antecedentes y hechos a efectos de fundamentar y motivar debidamente sus resoluciones que dispongan el cese o la privación de libertad de los procesados, justificando objetivamente la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 de la citada Norma Adjetiva Penal, conforme requiere el art. 236.4 del referido precepto legal.
5 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
(…).
De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”.
Sobre esta línea jurisprudencial la suscrita magistrada relatora, efectuó un cambio de razonamiento, a partir de la SCP 0307/2020-S1 de 12 de agosto, sustentado en el apego a la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial con estándar más alto (Fundamento Jurídico III.2), entendido este, como aquella interpretación a través de la cual este Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió un problema jurídico de forma más progresiva, que permita efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial y una vez detectada es obligación del juzgador vincularse al estándar más alto; bajo esa comprensión y razonamientos que además están contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre; y, 0087/2014-S3 de 27 de octubre, la SCP 0307/2020-S1 iniciando ese análisis integral de la línea jurisprudencial respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, comenzó citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0092/2018-S1, 0343/2018-S1, 0526/2018-S1, 0615/2018-S1, 0640/2018-S1; y, 1021/2019-S1, en las cuales esta Magistratura fue asumiendo una línea de carácter restrictivo, por cuanto si bien se 6“…los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales.
(…)
En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo) lo siguiente:
Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado.
Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y establecía que de manera excepcional la jurisdicción constitucional podía revisar la labor probatoria desarrollada en las distintas jurisdicciones ordinarias; empero, condicionaba su apertura a exigencias que los justiciables debían cumplir, teniendo así a la SC 0965/2006-R de 2 de octubre, que señala:
“...qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas…” ...en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final…” (las negrillas nos pertenecen) Exigencias que al no ser cumplidas de manera expresa, generaban que esta vía constitucional se vea impedida de realizar esa revisión excepcional de la labor valorativa efectuada por los jueces o tribunales ordinarios, derivando en la denegación de la tutela y por ende se vea restringido el real acceso a la justicia constitucional; así, la citada SCP 0307/2020-S1 reflexionó que tales condicionamientos no guardaban armonía con los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado y que en atención precisamente al mandato constitucional conferido en el art. 196 de la Norma Fundamental, por el cual este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la misión de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad en resguardo y protección de los derechos y garantías fundamentales -los cuales gozan de igual jerarquía-, así como de los principios y valores; teniendo entre otros, al principio de progresividad, que identificó una segunda línea jurisprudencial que contiene una interpretación más amplia y favorable de los derechos que garantiza el ejercicio legítimo de los mismos, que en este caso tiene que ver con el debido proceso en su elemento de valoración de la prueba. Así, citando a la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, fallo constitucional en el cual a través de una contextualización de la línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, señaló que este Tribunal desde sus inicios, fue estableciendo presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, bajo el criterio que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; presupuestos que fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R que exigían al accionante i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad. Posteriormente, refirió que la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, estableció los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades; a) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento; estableciendo además, la relevancia constitucional al exigir que el accionante debe demostrar la lógica consecuencia de que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba, le ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
Así, establecidos tanto los supuestos de procedencia de revisión de valoración, como los presupuestos para efectuar la revisión de la misma, la citada SCP 0297/2018-S2 continuando con ese análisis dinámico, señaló que esa línea jurisprudencial fue modulada por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que eliminó el requisito de la carga argumentativa, que se exigía para el análisis de fondo de la problemática en cuanto a la valoración de la prueba, señalando que: Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga “Al respecto, la citada SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, exigiendo que la o el accionante debía: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad.
En similar sentido, la señalada SCP 1215/2012, refirió que en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional.´” 9 La SCP 0410/2013, en el FJ III.2 señala: “En ese orden, si bien es cierto que la jurisdicción constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, es también correcto que cuando se ha quebrado el sistema constitucional, sus dogmas y principios o los derechos fundamentales de la persona humana, es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el juzgador ordinario, para resguardar la vigencia material de la Norma Fundamental y la materialización de los derechos constitucionales. Similar doctrina existe para la intervención de las resoluciones judiciales, cuando se denuncia indebida o errónea valoración o apreciación de la prueba; una explicación de esta teoría se encuentra en la SCP 1916/2012 de 12 de octubre.
Ahora bien, es necesario esclarecer que estas auto restricciones de la jurisdicción constitucional, deviene del principio de separación y distribución de funciones, que impiden la injerencia de la jurisdicción constitucional en la función asignada a la jurisdicción ordinaria; empero, deben comprenderse conforme a la nueva arquitectura de ésta, por ello deben ser asimiladas también bajo los principios de impulso de oficio, inquisitivo y no formalismo, por lo que su naturaleza es la de instrumentos útiles para el análisis de la función cumplida por la jurisdicción ordinaria, son herramientas de fundamentación de las acciones y recursos al alcance de las partes interesadas en activar la jurisdicción constitucional y de argumentación de las resoluciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional; pero también, son el parámetro válido y legítimo de verificabilidad de la idoneidad, argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a:
“…explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional…” Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:
“…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.”
Bajo tales razonamientos y luego de un análisis e interpretación de los entendimientos contenidos en dichos fallos que fueron generando línea jurisprudencial en cuanto a la valoración de la prueba en sede constitucional, la SCP 0307/2020-S1 concluyó que la revisión de la labor valorativa efectuada por la jurisdicción ordinaria se efectuará bajo los siguientes criterios:
1) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas.
2) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando:
legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales o administrativas cuasi jurisdiccionales; más, no son requisitos ineludibles que el accionante debe cumplir bajo sanción de rechazo o denegación de la acción tutelar, ya que ésta una vez activada, genera en la jurisdicción constitucional el compromiso ineludible de perseguir al evento acusado de inconstitucional, basado en la información concedida por el accionante, siendo pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de la Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional que conozca el asunto, sin que ningún instrumento o método quede al margen por la sola razón de no haber sido mencionado, sutileza que sería una argucia de aquellas que corrompen los sistemas judiciales obsoletos y decadentes.
Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.
2.1) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2.2) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 2.3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación. 3) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y,
4) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
Criterios que fueron acogidos por esta relatoría en la ya mencionada SCP 0307/2020-S1, considerando que la SCP 0297/2018-S2 constituye en el estándar más alto, al haber también asumido un entendimiento más favorable como el contenido en la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que al eliminar la carga argumentativa como exigencia para que esta jurisdicción efectué la revisión excepcional de la labor valorativa realizada por los jueces y tribunales ordinarios, posibilitó a este Tribunal garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; razones por las cuales, esta Magistratura relatora determinó ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales consagrados en los arts. 13.I y 256.I de la CPE. Finalmente, en el marco de todo lo descrito, la SCP 0307/2020-S1 que se describe, concluyó que esta instancia constitucional se encuentra habilitada para efectuar la revisión de la actividad probatoria de otras jurisdicciones sin necesidad de exigir el cumplimiento de presupuestos como:
a) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, b) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final, argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad;
En esa labor el juez constitucional debe considerar los siguientes criterios: Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.- La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: 1) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.
El accionante denuncia que las autoridades demandadas, vulneraron sus derechos al debido proceso en sus vertientes fundamentación, motivación, congruencia y valoración arbitraria de la prueba; derecho a la igualdad y no discriminación y al proyecto de vida; toda vez que: 1) Al encontrarse desplazado por más de seis meses en la localidad de Viacha solicitó al Fiscal Departamental de La Paz su reasignación a la ciudad de La Paz, empero, éste, de manera sorpresiva dispuso su desplazamiento definitivo a la localidad de Chulumani sin ninguna fundamentación; por lo que, al ser objetada mereció la Resolución FDLP/WEAL 204/2022, emitida por la misma autoridad, que confirmó el memorándum sin fundamentar ni motivar sobre los puntos segundo y sexto de su objeción, el primero, referido a sus desplazamientos, sin que, el Fiscal Departamental motive ni conteste cual la norma que le permite el desplazamiento de La Paz a Viacha sobrepase los 90 días y menos cual la razón para su desplazamiento indefinido a Chulumani; el sexto, respecto al trato diferenciado que no mereció pronunciamiento alguno, por ello, denuncio que la Resolución impugnada carecía de fundamentación por incongruencia omisiva; y, 2) El Fiscal General del Estado pronunció la Resolución FGE/JLP/DAJ 129/2022 confirmando la Resolución emitida por el referido Fiscal Departamental así como el memorándum de desplazamiento, con igual falta de fundamentación, motivación y congruencia, pues, si bien, aparentemente corrigió el desplazamiento indefinido, pero no reparó la incongruencia omisiva y falta de motivación y de la Resolución FDLP/WEAL 204/2022; incurriendo además en una valoración arbitraria de la prueba, ya que, al igual que el Fiscal Departamental no le dio un valor individual ni integral a las pruebas indicadas en su objeción, como son los certificados de nacimiento de sus hijos y de sus padres, certificado de inscripción al Doctorado, que demostraban que, vive en la ciudad de La Paz teniendo a su cargo, a sus hijos menores de edad y sus padres adultos mayores, y que cursa un Doctorado en la ciudad de El Alto, que es la suma de su proyecto de vida. De los antecedentes venidos en revisión y plasmados en las conclusiones de este fallo constitucional se tiene que: por acta de posesión como Fiscal Asistente de 2 de agosto de 2001, que acredita el ingreso del demandante al Ministerio Público (fs. 3); por certificación de 21 de marzo de 2009, ingresa a la carrera fiscal como Fiscal de Materia institucionalizado. (Conclusión II.1.); del memorándum CITE: FDLP.WEAL Nº 168/2022 de 28 de marzo, emitido por el Fiscal Departamental se instruye al -ahora demandante-, asumir funciones en el asiento fiscal de Viacha, sin establecer su temporalidad, lo cual es objetado y por Resolución FDL.P/WEAL Nº 37/2022 de 30 de marzo, emitida por la citada autoridad demandada, ratifico el memorándum objetado, y de su remisión mediante Resolución FGE/JLP/DAJ N° 037/2022 de 5 de abril, el Fiscal General del Estado confirmó la Resolución objetada (Conclusión II.2). Por nota interna FDLP/LP/PROV./NI N° 00029/2022 de 15 de noviembre, el demandante de tutela, le recuerda Fiscal Departamental de La Paz, que se halla desplazado por más de seis meses en Viacha y le solicita que se le reasigne funciones en la ciudad de La Paz (Conclusión II.3).; y, mediante memorándum CITE: FDLP.WEAL. 654/2022 de 14 de noviembre, emitida por el Fiscal Departamental, y notificada el 17 de noviembre de 2022, donde se instruye al demandante asumir funciones en el municipio de Chulumani, provincia Sud Yungas del departamento de La Paz, sin asignarle su temporalidad (Conclusión II.4); ante ello el demandante presenta objeción solicitando la reconsideración de dicha instrucción y que se deje sin efecto su desplazamiento (Conclusión II.5); por Resolución FDLP/WEAL N° 204/2022 de 21 de noviembre, el Fiscal Departamental de La Paz -ahora demandado-, rechazó la objeción sin establecer la temporalidad del desplazamiento (Conclusión II.6) y de su remisión en cumplimiento del art. 52.III de la LOMP se emitió la Resolución FGE/JLP/DAJ Nº 129/2022 de 24 de noviembre, por el Fiscal General del Estado -ahora demandado-, confirmó el CITE: FDLP.WEAL. Nº 654/2022 de 14 de noviembre, emitida por el Fiscal Departamental, estableciendo la temporalidad del desplazamiento a 90 días y el cual fue subido al sistema de gestión documental del Ministerio Publico recién el 28 de noviembre de 2022 (Conclusión II.7.); por Nota interna FDLP/LP/PROV./NI 00027/2022 de 15 de noviembre, solicitó vacaciones desde el 23 noviembre al 25 de diciembre de 2022 y mediante Decreto de 30 de noviembre de 2022, se le rechazo su solicitud (Conclusión II.8.); cursa Certificados de nacimiento de los hijos del demandante de 12, 14, 15 y 16 años de edad, que acreditan que se hallan en edad adolescente, certificación del SEGIP de Félix Álvarez Puente y Ofelia Arismendi Pinto padres del demandante que acreditan que tienen 85 años de edad y matricula de posgrado de UPEA en la categoría de Doctorado, más impresión del 7° modulo del Doctorado (fs. ). (Conclusión II.9.) Establecidos los antecedentes procesales, y de las problemáticas identificadas, se advierte que la parte impetrante de tutela en el presente caso, cuestiona la FDLP/WEAL N° 204/2022 de 21 de noviembre, emitida por el Fiscal Departamental y la Resolución FGE/JLP/DAJ Nº 129/2022 de 24 de noviembre, pronunciada por el Fiscal General del Estado, ambos demandados; alegando que las mismas carecen de una debida fundamentación, motivación, y congruencia, además de no haber efectuado una correcta valoración de toda la prueba; denunció que: Sobre la actuación del Fiscal Departamental de la Paz demandado
Al encontrarse desplazado por más de seis meses en la localidad de Viacha solicitó al Fiscal Departamental de La Paz su reasignación a la ciudad de La Paz, empero, éste, de manera sorpresiva dispuso su desplazamiento definitivo a la localidad de Chulumani sin ninguna fundamentación; por lo que, al ser objetada mereció la Resolución FDLP/WEAL 204/2022, emitida por la misma autoridad, que confirmó el memorándum sin fundamentar ni motivar sobre los puntos segundo y sexto de su objeción, el primero, referido a sus desplazamientos, sobre el cual, no justifico en norma alguna, que su desplazamiento de La Paz a Viacha sobrepase los 90 días, y menos cual la razón para su desplazamiento indefinido a Chulumani; el sexto, respecto al trato diferenciado que no mereció pronunciamiento alguno, por ello, denuncio que la Resolución impugnada carecía de fundamentación por incongruencia omisiva. Bajo esos antecedentes, e identificados los problemas jurídicos a resolver se tiene que, con relación al Fiscal Departamental de La Paz, en la Resolución FDLP/WEAL 204/2022 de 21 de noviembre, y las supuestas vulneraciones que se le atribuyen, las cuales están en el primer punto del objeto procesal descritas supra, es necesario señalar que la reiterada jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, ratificó la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo constitucional, motivo por el cual, la parte accionante, tiene la obligación de agotar los medios intraprocesales de impugnación en todo proceso judicial o administrativo, en cuyo caso, a la jurisdiccional constitucional, solo le está permitido examinar lo resuelto en la Resolución de cierre, que en este caso, al haber sido remitido la referida Resolución en revisión del Fiscal General del Estado, quien emitió la Resolución FGE/JLP/DAJ Nº 129/2022 de 24 de noviembre, siendo en consecuencia esta la instancia que pudo haber anulado, revocado o modificado el acto que se considera lesivo; por lo que, y además si bien el Fiscal Departamental también fue demandado por el accionante, empero su petitorio solo se limita a pedir se deje sin efecto la Resolución del Fiscal General del Estado; correspondiendo en relación a esta autoridad jurisdiccional, denegar la tutela, sin ingresar a su examen de fondo en aplicación del principio de subsidiariedad. Sobre la actuación del Fiscal General del Estado demandado El impetrante de tutela, identifica como acto lesivo a sus derechos, la Resolución FGE/JLP/DAJ 129/2022 emitida por el Fiscal General, confirmando la Resolución del Fiscal Departamental así como el memorándum de desplazamiento, con igual falta de fundamentación, motivación y congruencia, pues, si bien, aparentemente corrigió el desplazamiento indefinido, pero no reparó la incongruencia omisiva y falta de motivación y de la Resolución FDLP/WEAL 204/2022; incurriendo además en una valoración arbitraria de la prueba, ya que, al igual que el Fiscal Departamental no le dio un valor individual ni integral a las pruebas indicadas en su objeción, como son los certificados de nacimiento de sus hijos y de sus padres, certificado de inscripción al Doctorado, que demostraban que, vive en la ciudad de La Paz teniendo a su cargo, a sus hijos menores de edad y sus padres adultos mayores, y que cursa un Doctorado en la ciudad de El Alto, que es la suma de su proyecto de vida. En tal sentido y a efectos de proceder a la verificación de esta denuncia, corresponde en principio conocer los puntos de objeción planteados por el hoy accionante contra la determinación de su desplazamiento, esencialmente los puntos segundo y sexto que son cuestionados de omisión, y los argumentos de la Resolución FDLP/WEAL 204/2022, por la que el Fiscal Departamental resolvió dicha objeción rechazando la misma, sin establecer la temporalidad del desplazamiento; así se tiene que, en la objeción planteada por el hoy accionante, que se encuentra descrita en la Conclusión II.5., en el segundo punto cuestiono: Que, al estar consagrado constitucionalmente que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad -art. 62 de la CPE-, debe garantizarse las condiciones sociales y económicas para el desarrollo integral de la misma, señalando que su familia se halla compuesto por sus cuatro hijos, su conyugue y su persona, y, que además con su familia viven también sus papás adultos mayores; a quienes por su desplazamiento a Viacha apenas logra verlos, pues durante los seis meses debe salir muy de madrugada y llegar por la noche, y que no obstante de alguna manera puede socializar y mantener vínculos diarios con su familia; sin embargo, el nuevo desplazamiento dispuesto a Chulumani, le restringe y separara de la convivencia con su familia y además afecta su economía pues le generara doble gasto para su subsistencia, lo que desestabiliza mi economía y también por supuesto a una familia integral; asimismo, a través del sexto punto cuestionó que, su salud también se ve afectada, pues, debe viajar de Viacha a la Fiscalía Departamental generalmente cargado de cuadernos de investigación, de laptop, de material, así como madrugar para llegar a su fuente de trabajo que queda a más de una hora y media desde su domicilio para poder cumplir con debida diligencia mis funciones, a lo que debe sumarse el maltrato psicológico que conlleva el trato discriminatorio donde se desplaza precisamente a su persona, existiendo más de 100 fiscales en el Departamento de La Paz, sin considerar que se halla institucionalizado, su antigüedad, formación, honestidad y servicio a la sociedad que ha demostrado en más de 21 años de función, considerando arbitraria la decisión asumida por la autoridad departamental. Al efecto, el Fiscal Departamental de La Paz, mediante Resolución FDLP/WEAL 204/2022, rechazó la objeción sin establecer ningún plazo de temporalidad, entre otros, bajo los siguientes argumentos:
“3. En cuanto al entendimiento de que la decisión asumida mediante el Memorándum FDLP.WEAL. N° 654/2022 de fecha 14 de noviembre de 2022, es contraria a la ley debido a que "debió ser emitido en observancia a la afectación de su familia, salud, vida, Derecho al Trabajo y en atención de los artículos 59.11, 60 y 62 de la Constitución Política del Estado; máxime, cuando el entendimiento del artículo 225 de la citada normativa suprema constitucional posiciona al suscrito Fiscal Departamental como garante de velar el interés de sus hijos y familia"; es necesario señalar que a pesar de haberse acreditado la ostentación de un vínculo familiar nuclear mediante el ofrecimiento de una copia del Certificado de Nacimiento N° 4061163 de Félix Junior Álvarez Galarza. Certificado de Nacimiento N° 387587 de Yesica Andrea Álvarez Galarza, Certificado de Nacimiento N 4061164 de Jhennifer Kasandra Álvarez Galarza, Certificado de nacimiento N° 4061165 de Jorge Lisandro Álvarez Galarza, Certificación de Datos de Félix Álvarez Puente e incluso el vínculo de habitabilidad territorial mediante la copia de la Cédula de identidad N° 3009195 emitida a nombre de Jorge Lizandro Álvarez Arismendi; debe tenerse presente que, el alcance normativo de la naturaleza constitucional del Ministerio Público conforme al artículo 225 de la Constitución Política del Estado radica en la defensa de la legalidad, los intereses generales de la sociedad y ejercicio de la acción penal conforme al entendimiento del artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que establece "(...) Tiene por finalidad defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, ejercer la acción penal pública e interponer otras acciones; en el marco establecido por la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos, y las leyes. Tiene autonomía funcional, administrativa y financiera"; misma que se materializa a través del ejercicio de la acción penal pública conforme se tiene del articulo 12 num. 1) de la Ley Orgánica del Ministerio Publico que establece que el cumplimiento de sus fines se desarrolla “(...) a través del ejercicio de la acción penal pública en los términos establecidos en a Constitución Política del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes y las leyes” y no así desde la perspectiva genérica de la defensa de la sociedad bajo el entendimiento de que debe velarse la satisfacción de los intereses y tutela de grupos de personas individuales que no se hallen vinculadas al ejercicio o posible ejercicio de una acción penal pública -como acontece en et caso concreto-, siendo que se pretende someter las decisiones administrativas internas organizativas del Ministerio Público a la necesaria defensa de los intereses de la sociedad desde un grupo familiar concreto, cuando no se activó ningún tipo de acción penal publica para comprender que la Fiscalía Departamental de La Paz se halla en la obligación de defender los intereses invocados y que se afirma son desconocidos; más aún, considerando que según el entendimiento del artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público el Ministerio Publico -valga la tautología, goza de autonomía funcional, administrativa y financiera, siendo que la decisión que se halla impresa en el contenido del Memorándum CITE: DFLP.WEAL. N° 654/2022 de fecha 14 de noviembre de 2022, se halla íntimamente vinculada al ejercicio de la función administrativa organizacional interna de la Fiscalía Departamental de La Paz, comprendiéndose en consecuencia evidentemente equivocado asentir que las decisiones a través del ejercicio de las facultades administrativas departamentales, deben hallarse estrechamente vinculadas a la satisfacción de derechos y garantías constitucionalmente reconocidos a grupos concretos de la sociedad en cada una de la toma de sus decisiones cuando se circunscriban a la facultad organizativa sobre el desplazamiento de un Fiscal de Materia; máxime, cuando la disposición de asignar un nuevo asiento fiscal al Fiscal de Materia objetante se halla vinculada a la consideración de las necesidades humanas y profesionales requeridas en el asiento fiscal de Chulumani, siendo que se detalló en la instrucción inserta en el memorándum FDLP WEAL. N° 645/2022 de fecha 14 de noviembre de 2022, que la decisión asumida es emitida "en mérito al desarrollo de las funciones que viene desempeñando a la fecha".
4. Con relación a la invocación del entendımiento normativo del artículo 91 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico vinculado al régimen de la Carrera Fiscal compuesto por el sistema de designación, permanencia, destitución y basada en el reconocimiento de méritos y acreditación progresiva de conocimientos y formación jurídica de las y los fiscales, como parámetro normativo para asumir la arbitrariedad de la instrucción emitida; debe tenerse presente, que a pesar de haberse acreditado de manera idóneamente correcta el desarrollo de actos privados destinados a la formación progresiva y la obtención de conocimientos jurídicos mediante la presentación de una copia del Matrícula Universitaria N° 045091 de fecha 01 de noviembre de 2022 y por el ejercicio de acciones destinadas a influir a la permanencia y promoción fiscal reconocidos por ley; la asignación del despacho fiscal del Municipio de Chulumani, se halla vinculada a una decisión temporal conforme al entendimiento previsto por el artículo 23 núm. 5) de la Ley Orgánica del Ministerio Público con relación al cual no puede inferirse la producción de circunstancias indiciarias a la acreditación progresiva de conocimientos y formación jurídica del Fiscal de Materia objetante; máxime, cuando no se especificó el estado de avance en la formación del post grado -doctorado- y la modalidad del desarrollo de aquella formación académica que el objetante afirma cursa, mediante la presentación de algún medio documental que permita acreditar el irreparable daño al ejercicio del derecho a la formación académica y ponderar el perjuicio que se afirma se podría generar, no contándose en consecuencia con medios documentales mínimamente idóneos para inferir que la instrucción emitida mediante el Memorándum FDLP.WEAL. N° 654/2022 de fecha 14 de noviembre de 2022 es arbitraria o contraria a la ley.”
Ahora bien, de la relación efectuada precedentemente, y siendo que la denuncia del ahora accionante en relación al Fiscal General del Estado radica en que, éste incurrió en igual falta de motivación, congruencia y valoración de la prueba, que el Fiscal Departamental, corresponde conocer los fundamentos de la Resolución FGE/JLP/DAJ 126/2022, que resolvió ratificar la Resolución FDLP/WEAL 204/2022 que resuelve la objeción a instrucciones, con los siguientes fundamentos:
“3. Análisis de la problemática suscitada y fundamentos de la presente Resolución
A partir de ello, cabe considerar los argumentos formulados por el Fiscal de Materia, quien demanda inicialmente se reconsidere la decisión de desplazamiento adoptada y se la deje sin efecto, manifestando que ésta afecta su relación familiar puesto que la distancia de 4 horas de Chulumani a La Paz hace inviable trasladarse diariamente a su hogar; significando ello que deba quedarse a vivir en dicha localidad y por ende estar alejado de su familia y padres, con afectación a su vida, su salud, su estabilidad laboral y su economía. Al respecto, en principio se debe tomar en cuenta que conforme la normativa citada en forma previa, los Fiscales Departamentales cuya jurisdicción se extiende a todo el departamento, tienen como atribución disponer el desplazamiento temporal de fiscales por razones de servicio, de manera que se garantice la continuidad y celeridad de las investigaciones, y cuya omisión en su cumplimiento puede generar responsabilidades, significando ello que dichas autoridades deben garantizar el ejercicio de la acción penal pública en todo el ámbito de su jurisdicción mediante el concurso de Fiscales de Materia quienes en virtud al principio de unidad y jerarquía y considerando los principios que rigen el accionar del Ministerio Público tienen la responsabilidad de asumir sus funciones en los lugares donde los mismos son designados, en beneficio de la sociedad. En tal sentido, si bien las razones familiares descritas por el Fiscal de Materia no dejan de ser importantes, por la naturaleza de las funciones del Ministerio Público, dichos desplazamientos se tornan necesarios, los que sin embargo tienen la característica de ser temporales, no así indefinidos.
Sobre la afectación a sus padres que son adultos mayores, a la salud del objetante, su vida y su economía que afirma ocasionan su desplazamiento, no se encuentra el sustento suficiente que permita crear convicción sobre un real perjuicio y consiguiente ilegalidad de la decisión asumida, más aún cuando se trata de sólo afirmaciones; menos que se esté afectando su estabilidad funcionaria y su derecho al trabajo, pues el desplazamiento no incide en su situación laboral, toda vez que no se agravan sus condiciones de trabajo, no existe cambio de ítem o nivel salarial en desmedro del funcionario (Razonamiento recogido de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales SCP-1178/2015-S3 de 16 de noviembre, 1505/2013 de 27 de agosto y 0181/2015-S3 de 6 de marzo), más al contrario la medida del desplazamiento se encuentra sustentada en una de las atribuciones del Fiscal Departamental que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Sobre que el desplazamiento dispuesto carece de fundamentación y es manifiestamente arbitrario, el Memorándum emitido por la autoridad departamental con claridad refiere la normativa que respalda la decisión como son los arts. 32 y 34 num. 10 y 12 de la LOMP; asimismo, es claro al indicar que asumirá los casos que se encontraban bajo la dirección funcional del Fiscal de Materia, Abg. Gustavo Valdez, haciendo notar que dicho asiento fiscal requiere de un funcionario que asuma el Conocimiento de dichas causas, considerando la responsabilidad que implica dar continuidad a las mismas. Tampoco es posible que sea manifiestamente arbitrario toda vez que la instrucción que fue emitida trata de otro desplazamiento a un asiento fiscal distinto y que justamente en razón a que el Fiscal de Materia se encontraba desplazado en la localidad de Viacha por el tiempo que señala, se dispuso este nuevo desplazamiento, el que como se tiene indicado debe ser asimismo temporal.
En cuanto a que su capacitación se verá afectada al encontrarse cursando un posgrado (doctorado), adjuntado a este fin una Cédula de Posgrado que acredita su matriculación en la Universidad Pública de El Alto, lo indicado no es suficiente para concluir sobre la inconveniencia e ilegalidad de su desplazamiento a la localidad de Achumani; pues no e los argumentos y explicaciones sobre tal inconveniencia o afectación a los intereses institucionales. Asimismo con relación a que su evaluación de desempeño se verá afectada, tal afirmación carece de sustento, toda vez que el proceso de evaluación obedece a un procedimiento en el cual el servidor público evaluado tiene participación pudiendo efectuar las observaciones y consideraciones que considere pertinentes, así o recurrir los resultados conforme corresponda. En tal sentido, según se desprende del art 51 de la LOMP, toda reconsideración vía objeción contra una instrucción de la o el superior jerárquico, procederá cuando se la considere contraria a la Ley o manifiestamente arbitraria o inconveniente a las funciones institucionales, extremos que no fueron probados por el objetante; es más, el planteamiento de tal reconsideración no se encuentra debidamente constituido y justificado mediante los argumentos y prueba idónea necesarios que desvirtúen la confirmación conforme lo tiene dispuesto el Fiscal Departamental de La Paz. No obstante, en atención a la temporalidad que señala el art. 34 num. 12 de LOMP y según establecen las Sentencias Constitucionales 1178/2015 de 16 de noviembre, 1505/2013 de 27 de agosto y 0181/2015-S3 de 6 de marzo, se deberá determinar el plazo durará el desplazamiento dispuesto por la autoridad departamental.” Respecto a la congruencia
Considerando que la parte accionante alegó que la Resolución FGE/JLP/DAJ Nº 129/2022 de 24 de noviembre, emitida por el Fiscal General del Estado -ahora demandado-; confirmo la Resolución del Fiscal Departamental, incurriendo de igual forma en incongruencia omisiva respecto a los puntos segundo y sexto de su objeción; al respecto y previamente a verificar este extremo, concierne remitirnos a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, misma que establece sobre el principio de congruencia, que es un elemento del debido proceso, por el cual se requiere una estricta correlación que debe existir entre lo expuesto por las partes procesales en sus recursos y lo resuelto por la autoridad demandada, lo que implica que el fallo que se emita, debe responder a la pretensión jurídica, expresión de agravios o los cuestionamientos formulados por las partes, así también se establece la concordancia que debe existir en todo el contenido de la respectiva resolución; es decir, entre la parte considerativa y la dispositiva, cuyos considerandos y razonamientos deben guardar la debida armonía. Bajo ese razonamiento, se tiene que, los agravios denunciados como no respondidos, refiriéndose al segundo agravio, por el cual el accionante cuestiono sobre su desplazamiento a la localidad de Chulumani y que afectaría su relación familiar puesto que la distancia de 4 horas de Chulumani a La Paz hace inviable trasladarse diariamente a su hogar y ello significaría que deba quedarse a vivir en dicha localidad y por ende estar alejado de su familia y padres, con afectación a su vida, su salud, su estabilidad laboral y su economía; de la lectura de la citada Resolución impugnada, solo le aclara que no se le estaría afectando su estabilidad laboral y que su desplazamiento no incidiría en su situación salarial; por tal respuesta no se advierte una respuesta precisa con relación a dicho cuestionamiento. En relación al sexto agravio señalado como no respondido, sobre el reclamo del trato discriminatorio que recibe el demandante de tutela y que al haber más de 100 fiscales en el Departamento de La Paz, sin considerar que se halla institucionalizado y llevando más de 21 años en el Ministerio Publico por lo que se hace arbitraria la decisión del Fiscal Departamental; de lo mencionado, no se evidencia una explicación o respuesta concisa y puntual a dicho cuestionamiento. En ese sentido, de acuerdo al reclamo expuesto por la parte accionante en su objeción y la misma fue resuelta por la Resolución FDLP/WEAL 204/2022 de 21 de noviembre de 2022, y en contrastación con los fundamentos de la Resolución FGE/JLP/DAJ 129/2022, el Fiscal General del Estado -ahora demandado-, resolvió ratificar dicho desplazamiento, por lo que este Tribunal advierte que la indicada autoridad jerárquica fiscal, a tiempo de confirmar el fallo del Fiscal Departamental de La Paz, no respondió de manera puntual y clara sobre el segundo y sexto cuestionamiento, concurriendo al efecto la incongruencia omisiva. Respecto a la fundamentación y motivación De la problemática expuesta, también se establece que la parte accionante reclamó una falta de fundamentación y motivación en la citada Resolución FGE/JLP/DAJ 129/2022 de 24 de noviembre; al respecto, surge la necesidad de introducir previamente en que consiste la correcta fundamentación y motivación en una resolución, habiendo entendido este magno Tribunal a través de la ampulosa jurisprudencia que la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor; asimismo, refiriéndose a la motivación se tiene que la misma, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación (Fundamento Jurídico III.1.). En ese marco, tomando en cuenta el análisis previo por el cual se comprueba una congruencia omisiva sobre el segundo y sexto agravio, mas no respecto a los puntos demás agravios, en los cuales si se evidencia una respuesta, considerando dicho aspecto, se considera pertinente examinar si esas contestaciones, contienen o no una debida fundamentación; en ese sentido, realizando una contrastación entre la objeción, con el fallo ahora impugnado, se tiene lo siguiente: Sobre la citada Resolución impugnada, el demandante de tutela, acusó una falta de fundamentación en el memorándum de desplazamiento de 14 de noviembre de 2022 y que la autoridad jerárquica demandada ratifico la Resolución emitida por el Fiscal Departamental que resolvía la objeción planteada por el ahora demandante, además de señalar los arts. 18, 32 y 34.10 y 12 de la LOMP, descritos en la Conclusión II.6 del presente fallo constitucional, aclaró a la parte objetante que el nuevo desplazamiento es temporal por el plazo de 90 días, pero no aclaro los motivos que se siga manteniendo su desplazamiento, ya que con anterioridad ya estuvo desplazado por más de 6 meses lo cual se constituyó en un desplazamiento indefinido según las Conclusiones 2 y 3; advirtiéndose al efecto, una insuficiente fundamentación por cuanto sin efectuar una argumentación jurídica propia, se limitó a señalar algunos artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público, por lo que no se esgrimió la justificación necesaria respecto a la ampliación del desplazamiento por más de tres meses, no se advirtió una justificación y fundamentación sobre el reclamo de la vulneración del debido proceso. Finalmente, respecto a la afectación de los derechos del ahora accionante sobre su proyecto que es reflejada en sus hijos, sus padres adultos mayores y su familia y también la afectación a la superación académica del demandante; de la lectura de la Resolución impugnada en esta acción tutelar, la autoridad demandada advirtió que el desplazamiento temporal instruido por el lapso de noventa días no toma en cuenta el núcleo familiar del impetrante de tutela; cuya invocación de los arts. 58, 59 y 60 de la CPE respecto al desplazamiento, al no ser definitivo, dio a entender que la misma no podría generar vulneración alguna de derechos; comprobándose al efecto, una insuficiente fundamentación porque no se expresa las razones por las cuales consideró que el desplazamiento instruido no vulneró los derechos del accionante y su familia. En ese contexto, considerando el análisis previo, tomando en cuenta el contenido de la Resolución FGE/JLP/DAJ Nº 129/2022 de 24 de noviembre, emitido por el Fiscal General del Estado -ahora demandado-, desarrollado en la Conclusión II.6 del presente fallo constitucional, en relación a los agravios considerados en la resolución cuestionada y la observancia del correspondiente Fundamento Jurídico, se advierte que el mismo, no cumple con la suficiente fundamentación, dado que, si bien desplegaron una respuesta a dichos agravios, la misma resultó insuficiente en cuanto a su razonamiento y la normativa aplicable al caso. Lo señalado permite concluir que la Resolución FGE/JLP/DAJ Nº 129/2022, incurrió en la vulneración del debido proceso en su vertiente de congruencia y fundamentación, aspecto que hace viable conceder la tutela solicitada. En relación a valoración arbitraria de la prueba A través de la problemática establecida en el presente fallo constitucional, la parte impetrante de tutela denunció que el Fiscal Jerárquico demandado, realizó una valoración arbitraria de la prueba presentada, porque no se consideró las pruebas indicadas en su objeción, como son los certificados de nacimiento de sus hijos y sus padres, certificado de inscripción al Doctorado y la documentación que acredita su desplazamiento indefinido, no dándole un valor individual ni integral que es la suma de su proyecto de vida. Siendo esa la problemática identificada, misma que está relacionada con la valoración de la prueba en sede constitucional, cabe precisar que en un cambio de razonamiento esta Magistratura asumió los entendimientos más favorables respecto a estas denuncias; por lo que, la exigencia de carga argumentativa ya no es preponderante a efectos de ingresar a su verificación constitucional; en tal sentido, el desarrollo jurisprudencial efectuado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, establece que, si bien la labor valorativa es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas, la justicia constitucional puede verificar si en dicha labor, las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; sin embargo, en dicha labor la competencia de la justicia constitucional se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, finalmente las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
Bajo ese marco jurisprudencial, corresponde ingresar al examen constitucional de la problemática expuesta por el accionante en relación a la labor valorativa de la autoridad fiscal al ratificar la Resolución emitida por el Fiscal Departamental de La Paz, cuestionándola de irrazonable y arbitraria al no haber dado un valor individual ni integral a la prueba presentada por el demandante de tutela; por lo que, a efectos de la verificación de esta labor concierne conocer los argumentos de la Resolución impugnada respecto a la misma; así se tiene que, la autoridad fiscal demandada al desarrollar su labor de valoración probatoria, en su Resolución estableció el punto denominado:
“3. Análisis de la problemática suscitada y fundamentos de la presente Resolución (…) Sobre la afectación a sus padres que son adultos mayores, a la salud del objetante, su vida y su economía que afirma ocasionan su desplazamiento, no se encuentra el sustento suficiente que permita crear convicción sobre un real perjuicio y consiguiente ilegalidad de la decisión asumida, más aún cuando se trata de sólo afirmaciones; menos que se esté afectando su estabilidad funcionaria y su derecho al trabajo, pues el desplazamiento no incide en su situación laboral, toda vez que no se agravan sus condiciones de trabajo, no existe cambio de ítem o nivel salarial en desmedro del funcionario (Razonamiento recogido de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales SCP-1178/2015-S3 de 16 de noviembre, 1505/2013 de 27 de agosto y 0181/2015-S3 de 6 de marzo), más al contrario la medida del desplazamiento se encuentra sustentada en una de las atribuciones del Fiscal Departamental que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público. (…) En cuanto a que su capacitación se verá afectada al encontrarse cursando un posgrado (doctorado), adjuntado a este fin una Cédula de Posgrado que acredita su matriculación en la Universidad Pública de El Alto, lo indicado no es suficiente para concluir sobre la inconveniencia e ilegalidad de su desplazamiento a la localidad de Achumani; pues no expone los argumentos y explicaciones sobre tal inconveniencia o afectación a los intereses institucionales.”
Conforme a la descripción de estos argumentos, en relación a lo alegado por / el accionante, sobre que el Fiscal General del Estado no valoro de forma individual ni integral las pruebas cursantes en el proceso, se tiene que, la referida autoridad fiscal, realizó en el punto "3. Análisis de la problemática suscitada y fundamentos de la presente Resolución", en el cual no individualizó dicha prueba citada tanto en la objeción y 14 Resolución que resuelve la objeción; en tal sentido, el argumento citado en la Resolución impugnada es irrazonable, ya que al sostener que la afectación emocional y su cuidado dé los padres del demandante, relacionada a sií salud, vida y su economía no encontraría el sustento suficiente que permita crear convicción sobre un real perjuicio en contra del demandante, dicho fundamento no es objetivo, ya que no explico de manera clara y concreta porque no se puede considerar un perjuicio real su desplazamiento; por ló que este Tribunal advierte que el Fiscal General del Estado demandado efectivamente omitió la valoración individual de las pruebas, porqué necesariamente debió explicar el valor de cada una de ellas; además, las mismas requerían una valoración conjunta porque afirmaban su derecho a¡ proyecto de vida, más aun que con anterioridad ya estaba desplazado a la localidad de Viacha y luego lo desplazan a Chulumani lo que hace entrevera que su desplazamiento es indefinido, lo cual no fue aclarado porque el Fiscal demandado estaba obligado a realizar una valoración individual e integral de la prueba en base al principio de objetividad dejando entender el porqué de su decisión de ratificar el memorándum y la Resolución que resolvía la objeción presentada por el demandante de tutela, labor que no fue del todo cumplida por esta autoridad fiscal; lo cual hace viable la concesión de la tutela solicitada respecto a este elemento. Por lo precedentemente argumentado, la Sala Constitucional, al denegar la tutela, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión resuelve: REVOCAR la Resolución 57/2022 de 27 de marzo, cursante de fs. 165 a 168 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, respecto al derecho al debido proceso en su vertiente de fundamentación, motivación, incongruencia omisiva, valoración arbitraria de la prueba y derecho al proyecto de vida, con base a los fundamentos jurídicos desarrollados en el presente fallo constitucional; consecuentemente: 2° SE DISPONE dejar sin efecto la Resolución Jerárquica FGE/JLP/DAJ 129/2022 de 24 de noviembre; debiendo emitirse una nueva según lo previsto por el art. 52.III a partir desde su notificación con el presente fallo constitucional y de conformidad a los Fundamentos Jurídicos de la misma. 3° DENEGAR la tutela con relación al Fiscal Departamental de La Paz, conforme a los argumentos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio
MSc. Georgina Amusquivar Moller MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA MAGISTRADA
precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión” (negrillas agregadas). 7“En ese antecedente, y considerando la misión constitucional conferida al Tribunal Constitucional Plurinacional otorgada por el constituyente mediante el art. 196.I de la CPE, esta instancia de control constitucional y garante de los derechos fundamentales, tiene la misión de ejercer una labor hermenéutica en los diferentes tipos de control constitucional, como el tutelar en su función revisora de casos remitidos por los jueces y tribunales de garantías; en esa ruta, se tiene que, conforme se describió precedentemente, la jurisprudencia constitucional, estableció que excepcionalmente, se podría efectuar una función revisora de la actividad probatoria de las diferentes jurisdicciones; empero, condicionado a que las o los accionantes señalen concretamente y de forma precisa qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; y, señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final.” 8Ahora bien, a través de la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, luego de efectuar contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, al respecto se concluyó que:
10 “…la suscrita Magistrada, en atención a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo, considera que, en un Estado constitucional de derecho, como lo asumido por el nuestro, que por voluntad del constituyente, se incorporaron en la Constitución Política del Estado, un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituyen al Estado Plurinacional de Bolivia, en un Estado garantista; lo cual, implica que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 196 de la CPE en su misión de precautelar por la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, debe ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE); en ese entender, es imperioso aplicar entendimientos y razonamientos más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela; razón por la cual, respecto a las denuncias de vulneraciones relacionadas a la valoración de la prueba, esta Magistratura luego de advertir dos entendimientos diferentes al respecto, en apego a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el citado Fundamento Jurídico III.2.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, opta por seguir y aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0297/2018- S2, que se constituyen en el estándar más alto conforme lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo.”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0073_2024-S1.pdf · páginas 1 a 41.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5447bde8dd5f8f652d4b6949db9b401547e2d15b0477c28c5cb4a5c359818e92
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