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SCP 0073/2023-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de marzo de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
23 de marzo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
Expediente
44182-2022-89-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El peticionante de tutela reclama la vulneración de sus derechos al debido proceso respecto al principio de celeridad, a la libertad y dignidad, por cuanto el Juez accionado en suplencia legal del Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Patacamaya ambos del departamento de La Paz hasta la interposición de la presente acción de libertad, no fijó audiencia de modificación de medidas cautelares, incurriendo en una dilación indebida. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 74/2021 de 17 de noviembre, cursante de fs. 15 a 16 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos del Tribunal de garantías. 1° Exhortar a Beltrán Quispe Pucho, Verónica Zambrana Mier y Juan Adalit Mamani Quispecahuana, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, que para futuras acciones tutelares puestas a su conocimiento, remita todos los actuados pertinentes ante esta instancia constitucional a efectos de la resolución de la causa en fase de revisión.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad en solicitudes que involucren la definición de situaciones jurídicas vinculadas a la libertad del procesado
  2. III.2. Análisis del caso en concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0073/2023-S3 Sucre, 23 de marzo de 2023 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas Acción de libertad Expediente: 44182-2022-89-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 74/2021 de 17 de noviembre, cursante de fs. 15 a 16 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ismael Felipe Quispe contra Quintin Julio Mendoza Huaynoca, Juez Público Mixto Civil, Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Inquisivi, en suplencia legal de su similar Primero de Patacamaya, ambos del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de noviembre de 2021, cursante de fs. 3 a 4 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona -por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de sustancias controladas- fue beneficiado con medidas menos gravosas que la detención preventiva, como la detención domiciliaria, fianza económica, entre otras; no obstante, y toda vez que no pudo cumplir con la fianza económica, en función a los alcances del art. 250 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitó la modificación de las medidas cautelares; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción de libertad el Juez -hoy accionado- no señaló día y hora de audiencia para su consideración.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela considera lesionados sus derechos al debido proceso respecto al principio de celeridad, a la libertad y dignidad, citando al efecto los arts. 22, 23, 115.II y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia la autoridad accionada señale día y hora de modificación de medida cautelar dentro del plazo de veinticuatro horas.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 17 de noviembre de 2021, según consta en acta cursante de fs. 13 a 14, presente el abogado del peticionante de tutela, y ausente el Juez accionado, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado y en audiencia reiteró los argumentos expuestos en su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la autoridad accionada

Quintin Julio Mendoza Huaynoca, Juez Público Mixto Civil, Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Inquisivi, en suplencia legal de su similar Primero de Patacamaya, ambos del departamento de La Paz, por informe cursante a fs. 12 y vta., manifestó lo siguiente: a) De la revisión de obrados se advierte que el impetrante de tutela presentó su solicitud de modificación de medidas cautelares el 9 de noviembre de 2021; no obstante, dicho memorial fue puesto a su conocimiento recién el 16 de igual mes y año, habiendo hecho notar tal aspecto en su decreto de la mencionada fecha por el cual solicitó informe por Secretaría del estado de la causa. Una vez evacuado dicho informe, en la misma fecha; es decir, el -16 de noviembre de 2021-, emitió el decreto correspondiente fijando día y hora de audiencia para la consideración de la modificación de medidas cautelares para el 23 de mismo mes y año a horas 14:00; y, b) De lo señalado se puede advertir que no existe ninguna vulneración de derechos y garantías constitucionales, toda vez que su solicitud fue atendida dentro de los plazos establecidos por ley e incluso considerando su situación de detenido preventivo se le otorgó la celeridad que corresponde ello teniendo en cuenta que su autoridad se encuentra a cargo de dos Juzgados además con excesiva carga procesal, en función a lo cual solicita se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 74/2021 de 17 de noviembre, cursante de fs. 15 a 16 vta., concedió la tutela solicitada disponiendo que la autoridad titular o en suplencia legal del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Patacamaya del departamento de La Paz, señale audiencia para considerar la solicitud de modificación de medidas cautelares solicitada por el peticionante de tutela en el plazo de veinticuatro horas, determinación asumida bajo la siguiente fundamentación: 1) De la revisión del cuaderno de control jurisdiccional consta la existencia de un proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de tráfico en el cual por Resolución 0274 A/2021 de 1 de septiembre, se concedió la cesación a la detención preventiva del impetrante de tutela, imponiéndole al efecto cinco medidas cautelares de carácter personal; es así, que el peticionante de tutela el 9 de noviembre de 2021, solicitó día y hora de audiencia de modificación de medidas cautelares, misma que mereció la providencia de 16 de igual mes y año que señaló: “…puesto a despacho en la fecha, informe el secretario sobre el estado del proceso y con su resultado se proveerá lo que en derecho corresponda…” (sic); en adelante cursa el informe de Secretaria de la misma fecha que mereció la providencia de 16 de igual mes y año que indicó: “El informe que antecede en conocimiento del Ministerio Público y de los sujetos procesales, para fines de ley. Conforme a procedimiento se señala audiencia de conocimiento de medidas cautelares para el día martes 23 de noviembre del 2021 a horas 14:00…” (sic); 2) De la contextualización fáctica realizada se advierte una evidente omisión del trámite de la modificación de medida cautelar solicitada, con la consiguiente dilación en el señalamiento de audiencia debido a que el Juez accionado no decretó la solicitud efectuada dentro del plazo que establece el art. 132 del CPP que es de veinticuatro horas, y si bien alega que la misma fue puesta a su conocimiento recién el 16 de noviembre de 2021, tampoco se advierte que la autoridad accionada haya tomado las medidas disciplinarias y correctivas contra el personal subalterno que incumplió con poner en su conocimiento oportunamente la solicitud efectuada; 3) La autoridad accionada incumplió lo establecido en el art. 128 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) que establece que quedan prohibidos los decretos que dispongan informe sobre aspectos contenidos en el expediente; más allá de ello, el Juez accionado al señalar la audiencia para el 23 de igual mes y año, luego de nueve días hábiles, generó un dilación innecesaria en la tramitación y resolución de la mencionada solicitud, pues este supuesto se debe definir sin dilaciones considerando que la libertad del accionante se encontraba restringida, con lo que se advierte que la autoridad accionada no observó los entendimientos jurisprudenciales que coinciden en señalar que toda autoridad que conozca de una petición en la que se encuentra involucrado el derecho a la libertad física o de locomoción tiene la obligación de tramitar de forma célere, requiriéndose que la administración de justicia materialice los principios de celeridad, eficacia, eficiencia inmediatez y debido proceso, más si la situación jurídica del imputado depende de este actuar eficiente y eficaz del administrador de justicia; y, 4) En ese mérito, se tiene que el Juez accionado inobservó el principio de celeridad vinculado al derecho a la libertad que exige una actuación diligente del juzgador cuando se trata de una persona restringida en el ejercicio de su libertad, sin que sea un justificativo valedero la omisión en la cual habría incurrido el Secretario del Juzgado en suplencia legal, provocando con su accionar una dilación injustificada en la tramitación y resolución de la solicitud de modificación de las medidas cautelares.

II. CONCLUSIÓN

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 9 de noviembre de 2021, por el cual Ismael Felipe Quispe -ahora impetrante de tutela- dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, solicitó al Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Patacamaya del departamento de La Paz, modificación de las medidas cautelares (fs. 2 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela reclama la vulneración de sus derechos al debido proceso respecto al principio de celeridad, a la libertad y dignidad, por cuanto el Juez accionado en suplencia legal del Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de Patacamaya ambos del departamento de La Paz hasta la interposición de la presente acción de libertad, no fijó audiencia de modificación de medidas cautelares, incurriendo en una dilación indebida. En consecuencia, corresponde determinar en revisión si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el principio de celeridad en solicitudes que involucren la definición de situaciones jurídicas vinculadas a la libertad del procesado

Sobre el particular, la SCP 0803/2020-S3 de 5 de noviembre, citando la SCP 0545/2019-S1 de 16 de julio, que recoge a su vez la jurisprudencia constitucional sobre este tópico, señaló que: «La SCP 0849/2017-S3 de 1 de septiembre, citando la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, estableció que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.

Asimismo, la SC 0465/2010-R de 5 de julio, desarrollando la doctrina que reconoce a la acción traslativa o de pronto despacho, sostuvo que: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’, de donde se extrae que cuando una persona privada de libertad realiza una solicitud en la que pretenda la resolución de su situación jurídica, el Estado a través del Juez de la causa debe tramitar dicha solicitud en los plazos que señala la norma, o en su caso a la brevedad posible y dentro de un plazo razonable, en razón de la naturaleza del derecho que se pretende se tutele”. Por su parte la SC 0465/2010-R de 5 de julio, en su Fundamento Jurídico III.3, estableció que: “…los tipos de hábeas corpus precedentemente aludidos, también pueden ser identificados en la nueva Ley Fundamental, e inclusive ampliados. Así dentro de la tipología desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional citada líneas precedentes, se agregó el hábeas corpus restringido, el hábeas corpus instructivo y al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho (SC 0044/2010-R de 20 de abril). Conforme la doctrina constitucional sentada por este Tribunal, por medio del hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Del mismo modo el referido fallo constitucional, siguiendo el entendimiento jurisprudencial desarrollado, en su Fundamento Jurídico III.4 determinó que: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, (…) este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (…)

De lo que se concluye que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, esto precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos, así lo entendió el extinto Tribunal Constitucional y el actual Tribunal Constitucional Plurinacional.

En ese entendido, la SCP 0766/2014 de 21 de abril, citando a la SCP 0011/2014 de 3 de enero, hizo énfasis en que: “…todo tipo de decisiones judiciales vinculadas al derecho a la libertad personal, tienen que ser: tramitadas, resueltas (SC 0224/2004-R de 16 de febrero) y efectivizadas (SC 862/2005-R de 27 de julio) con la mayor celeridad (SCP 528/2013 de 3 de mayo)”…» (el énfasis es agregado).

III.2. Análisis del caso en concreto

Conforme los antecedentes expuestos por el accionante, el acto lesivo que ahora es objeto de análisis deviene la falta de señalamiento por parte de la autoridad accionada de la audiencia de modificación de las medidas cautelares solicitada, incurriendo de este modo en una dilación indebida. En ese marco, y conforme se tiene de antecedentes y de lo referido por el impetrante de tutela así como de lo considerado por el Tribunal de garantías que tuvo a su alcance el cuaderno de control jurisdiccional, se tiene que el peticionante de tutela viene siendo procesado por la presunta comisión del delito de tráfico ilícito de sustancias controladas dentro del cual fue beneficiado con medidas cautelares de carácter personal menos gravosas que la detención preventiva que en inicio fue dispuesto en su contra; no obstante, el accionante al no cumplir con la fianza económica impuesta, el 9 de noviembre de 2021, solicitó la modificación de dichas medidas (Conclusión II.1), cuyo señalamiento de audiencia a fin de su consideración a decir de la parte impetrante de tutela no fue determinado hasta la interposición de la presente acción tutelar -16 de noviembre de 2021-. Frente a lo referido, el Juez accionado corroborado por el Tribunal de garantías, manifestó que no obstante de que lo afirmado por el peticionante de tutela era evidente, ello en cuanto a la presentación de su solicitud el 9 de noviembre de 2021, señaló que su autoridad recién tuvo conocimiento de dicha petición el 16 del citado mes y año, por lo que solicitó al respecto un informe al Juzgado, pero que luego de su emisión, ese mismo día fijó fecha de audiencia para la consideración de la solicitud de la modificación de medidas cautelares para el 23 de igual mes y año.

En el marco de lo expuesto, más allá de que la autoridad accionada a partir de lo informado de su parte pretendiera de alguna manera justificar la dilación advertida en el trámite de la parte accionante, lo que hace es efectivamente reconocer la demora incurrida, pues al margen de que el Secretario del Juzgado como lo refiere el Tribunal de garantías que tuvo a su alcance el informe evacuado por dicho funcionario haya omitido su deber de poner en conocimiento de la autoridad judicial la solicitud realizada, lo cierto y evidente es que la misma no fue decretada en tiempo oportuno transcurriendo tres días hábiles sin el señalamiento de audiencia y con la consiguiente afectación respecto a su situación jurídica, y si bien se sostiene que ello no se debió a una falta de consideración de la solicitud en sí, sino a una mala actuación de su personal subalterno, no es menos cierto que como autoridad judicial es responsable de supervisar el trabajo desempeñado por los funcionarios del despacho. Además debe tenerse en cuenta que lejos de que el Juez accionado haya considerado la situación de detenido preventivo del impetrante de tutela, la misma fijó como fecha de desarrollo de la audiencia para el 23 de noviembre de 2021, es decir, después de cuatro días hábiles más, pese a que como se puntualizó ya anteriormente se incurrió en una dilación indebida por la falta de señalamiento oportuno, término que se considera excesivo para este tipo de solicitudes en la que el derecho a la libertad del peticionante de tutela evidentemente se encuentra involucrado más aún cuando -se reitera- desde un inicio el trámite del accionante fue indebidamente dilatado. En ese marco de orden fáctico y considerando los entendimientos jurisprudenciales vertidos en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, corresponde en el caso aplicar la acción de libertad traslativa o de pronto despacho que se constituye en el mecanismo procesal idóneo en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, como en efecto se verificó suscita en el presente caso primero al no haberse decretado oportunamente el señalamiento de audiencia y posteriormente ante su determinación en un término poco razonable en consideración a la situación de privación de libertad del impetrante de tutela, por lo que en ese marco corresponde conceder la tutela solicitada en los términos establecidos por el Tribunal de garantías.

III.3. Otras consideraciones

En función a la resolución del caso, y teniendo en cuenta que el propio Tribunal de garantías manifestó que tuvo a su alcance el cuaderno de control jurisdiccional considerando al efecto tanto el decreto de 16 de noviembre de 2021, por el cual el Juez accionado requirió al Juzgado informe respecto a la remisión tardía de la solicitud de modificación de medidas cautelares, el informe mismo del referido funcionario judicial, así como el decreto de la fecha indicada por el que el Juez accionado fijó como fecha de audiencia para el 23 de igual mes y año, se exhorta a dicho Tribunal que para posteriores actuaciones en tal calidad remita los actuados pertinentes y sobre los cuales sustentó su determinación a objeto de que esta instancia pueda realizar un examen directo de los mismos, y en ese marco se efectúe un correcto y adecuado desarrollo de la fase de revisión del proceso constitucional. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 74/2021 de 17 de noviembre, cursante de fs. 15 a 16 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: CONCEDER la tutela solicitada, en los mismos términos del Tribunal de garantías. 1° Exhortar a Beltrán Quispe Pucho, Verónica Zambrana Mier y Juan Adalit Mamani Quispecahuana, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, que para futuras acciones tutelares puestas a su conocimiento, remita todos los actuados pertinentes ante esta instancia constitucional a efectos de la resolución de la causa en fase de revisión. Regístrese, notifíquese y publíquese en Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0073_2023-S3.pdf · páginas 1 a 8.

Huella digital del PDF (SHA-256): d1cab833fc10258b768fb3d469eb0298971848e517a6f2ca3ad0c69f42113194

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