B.IA.LEGAL

SCP 0072/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 19 de febrero de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
19 de febrero de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
58101-2023-117-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, el Juez demandado emitió el proveído de 3 de diciembre de 2021, mediante el cual dispuso la emisión de un mandamiento de aprehensión en su contra, bajo el argumento de la ejecutoria de la Sentencia 005/2016, que la condenó a tres años y seis meses de privación de libertad por la comisión del delito de estafa; es así que, interpuso recurso de reposición, el cual fue declarado improcedente mediante Auto de 20 de junio de 2022, sin considerar que: a) Dicha determinación debía ser emitida de manera colegiada por los tres miembros del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; b) De forma irregular, cursan dos Autos con idéntico contenido, uno suscrito únicamente por el Juez demandado y otro firmado por éste junto al Juez codemandado; c) No correspondía la emisión de un mandamiento de aprehensión, sino del mandamiento de condena; y, d) Los antecedentes del caso debían ser remitidos al juez de ejecución penal para la ejecución de la pena, al ser la autoridad legalmente competente para ello.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 85 a 86 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que los Jueces demandados regularicen, en el día, el procedimiento erróneo adoptado, conforme a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que, a la fecha, dicho trámite ya hubiera sido regularizado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre las facultades del juez de ejecución penal
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0072/2026-S2 Sucre, 19 de febrero de 2026 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 58101-2023-117-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 12/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 85 a 86 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Alex Monasterios Orihuela en representación sin mandato de Nepthali Gina Villarroel de Villegas contra Claudio Tórrez Fernández y Leonardo Guillermo Gutiérrez Mendieta, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de marzo de 2023, cursante a fs. 1 y 74 a 78 vta., la accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la comisión del delito de estafa, mediante la Sentencia 005/2016 de 8 de abril, fue condenada a la pena privativa de libertad de tres años y seis meses, determinación que fue confirmada por el Auto de Vista 034/2019 de 14 de marzo, contra el cual, interpuso el recurso de casación; empero, este fue declarado infundado por el Auto Supremo 739/2021-RRC de 1 de septiembre; en consecuencia, los antecedentes del caso fueron devueltos al juzgado de origen el 2 de diciembre de dicho año. Posteriormente, Claudio Tórrez Fernández, Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, emitió el proveído de 3 de diciembre de 2021, que dispuso dos medidas: “…La Primera determinar la Ejecutoria de la Sentencia N° 05/2016 de fecha 08 de abril del 2018 (…) la Segunda, dispone se Libre MANDAMIENTO DE APREHENSIÓN EN CONTRA LA SENTENCIADA. EN VEZ DE DISPONER SE LIBRE MANDAMIENTO DE CONDENA…” (sic). Sin notificarle el referido proveído, el 1 de febrero de 2022, el Juez demandado emitió un mandamiento de aprehensión en su contra, el cual, fue observado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC); en consecuencia, la parte acusadora solicitó la emisión de uno nuevo con las correcciones correspondientes; es así que, por decreto de 22 de abril de igual año se dispuso la emisión de un nuevo mandamiento, el cual tampoco se le notificó; ya que, tomó conocimiento extrajudicial de dicha actuación defectuosa, la cual vulneró sus derechos y garantías constitucionales, ya que, no se le permitió impugnar los mismos. En ese contexto, el 15 de junio de 2022 interpuso recurso de reposición contra el proveído de 3 de diciembre de 2021, bajo el argumento de que el Juez demandado, al emitir dicha determinación, habría usurpado funciones propias del juez de ejecución penal, autoridad competente para la ejecución de la condena. No obstante, dicho recurso -que debió ser resuelto por el Tribunal en pleno- fue conocido y resuelto únicamente por la autoridad demandada mediante Auto de 20 de junio de 2022. Asimismo, en la misma fecha, se emitió otro Auto suscrito por Leonardo Guillermo Gutiérrez Mendieta, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz -ahora codemandado-. En consecuencia, se evidenció la existencia de dos Autos que dispusieron la ejecutoria de la sentencia y la emisión del mandamiento de aprehensión, actuación que fue oportunamente reclamada por la presunta usurpación de funciones antes descrita, solicitándose que se deje sin efecto el referido mandamiento de aprehensión y que se proceda al sorteo de la causa ante el juez de ejecución penal de turno, en razón de que lleva más de ocho años, once meses y veinte días en detención domiciliaria.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) El Juez demandado remita los antecedentes del caso ante el juzgado de ejecución penal; y, b) Informe y se pronuncie “…al cumplimiento de la ley…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de marzo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 83 a 84 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, a través de su abogado y representante sin mandato, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando señaló que: 1) El Juez demandado insistió en mantener vigente el mandamiento de aprehensión, señalando que únicamente una vez ejecutado éste emitiría el correspondiente mandamiento de condena y, posteriormente, remitiría los antecedentes ante el juzgado de ejecución penal; sin considerar que, la SC “733/2006” y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “1664/2014” y “1571/2022-S2”, disponen que, una vez ejecutoriada la sentencia, corresponde emitir el mandamiento de condena y remitir la causa al juez de ejecución penal dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; 2) Frente al recurso de reposición interpuesto contra el proveído de 3 de diciembre de 2021, cursan dos Autos de fecha 20 de junio de 2022: uno suscrito únicamente por el Juez demandado -Claudio Tórrez Fernández-, y otro firmado por éste junto al Juez codemandado -Leonardo Guillermo Gutiérrez Mendieta-. Asimismo, pese a haberse solicitado aclaración, complementación y enmienda, no se explicó por qué dicha determinación no fue resuelta por los tres miembros del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, lo que refuerza el cuestionamiento sobre la legalidad del procedimiento seguido; y, 3) Se encuentra bajo detención domiciliaria desde mayo de 2014, superando ampliamente la pena de tres años y seis meses impuesta mediante la Sentencia 005/2016.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Claudio Tórrez Fernández y Leonardo Guillermo Gutiérrez Mendieta, Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito cursante a fs. 26, señalaron que: “…el art. 430 del CPP la cual señala que ejecutoriada la sentencia condenatoria se remitirán copias autentificadas de los autos al juez de ejecución penal para que proceda según este código. (caso en el que encontrase detenida en algún centro penal). Si el condenado se halla en libertad se ordenará su captura, este Tribunal respalda su actuar en esta última parte de la mencionada norma procesal penal ya que [la accionante] se encuentra en libertad y para dicha ejecución [sea efectiva] es obvio que se necesita la presencia de la misma, en este entendido es que este Tribunal solo cumplió con lo señalado en la norma” (sic).

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 12/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 85 a 86 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que en el mismo día se remitan los antecedentes pertinentes al juez de ejecución penal -entendiéndose al de turno- junto con el respectivo mandamiento de condena, a efectos de que sea dicha autoridad la que determine la procedencia o no de la aprehensión de la accionante y conozca todo lo relativo a la ejecución de la pena; con base en los siguientes fundamentos: i) El art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que la acción de libertad protege la vida y la libertad cuando una persona es ilegalmente o indebidamente perseguida, procesada o privada de su libertad, que para el caso de análisis se traduce en la imposibilidad de la accionante para acceder a beneficios en el cumplimiento de su pena, debido a la indebida actuación de las autoridades demandadas; ii) Los Jueces demandados interpretaron de manera errónea el art. 430 del Código de Procedimiento Penal (CPP) al disponer la emisión de un mandamiento de aprehensión antes de remitir los antecedentes del caso al juez de ejecución penal, cuando lo correcto, conforme a dicha norma, era la emisión del mandamiento de condena por parte de dicha autoridad, quien tiene competencia para ordenar la captura del condenado cuando se encuentra en libertad o sometido a medidas sustitutivas, como la detención domiciliaria; en consecuencia, la omisión en la remisión de los antecedentes del caso ante dicha autoridad vulnera el debido proceso; iii) Resulta irregular la existencia de dos autos de reposición con la misma fecha, uno firmado solo por el Juez demandado y otro firmado por este junto con el Juez codemandado, cuando un tribunal de sentencia penal, se constituye en un órgano colegiado, que requiere en todos sus actuados la firma de sus tres integrantes; iv) La emisión irregular de los dos autos junto con la falta de remisión de antecedentes desde “hace 6 meses” ante el juez de ejecución penal deben ser objeto de consideración por el Tribunal Constitucional Plurinacional, quien valorará y sancionará tales aspectos a tiempo de emitir la resolución correspondiente en grado de revisión; y, v) El argumento sobre el cumplimiento de los más de ocho años de detención domiciliaria debe ser valorado por el juez de ejecución penal, empero, de momento no va poder realizarse por la falta de remisión de los antecedentes del caso por parte del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital de dicho departamento.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por decreto constitucional de 5 de diciembre de 2025 (fs. 90), se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo mediante decreto constitucional de 6 de febrero de 2026 (fs. 94); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro del término previsto por ley.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante proveído de 3 de diciembre de 2021, Claudio Tórrez Fernández, Presidente del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, declaró la ejecutoria de la Sentencia 005/2016 y dispuso la emisión de mandamiento de aprehensión contra Nepthali Gina Villarroel de Villegas -ahora accionante- a efectos de ser conducida ante dicho Tribunal para posteriormente ser llevada al Centro de Orientación Femenina de Obrajes del referido departamento con el respectivo mandamiento de cumplimiento de condena (fs. 47 vta.), contra tal determinación, a través del memorial de 15 de junio de 2022, la accionante presentó recurso de reposición, solicitando se deje sin efecto su aprehensión y se proceda a la remisión de la causa ante el juez de ejecución penal de turno (fs. 53 a 55). II.2. Por Auto de 20 de junio de 2022, el Juez demandado señaló que luego de la aprehensión de la impetrante de tutela se librará el mandamiento de condena para que esta cumpla con la pena que le fue impuesta y se remitirán los antecedentes del caso ante el juez de ejecución penal correspondiente, por lo que, declaró improcedente el referido recurso de reposición (fs. 55 vta.). Bajo el mismo tenor, se emitió el Auto de igual fecha con la firma del Juez demandado junto a Leonardo Guillermo Gutiérrez Mendieta, Juez Técnico del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz -ahora codemandado- (fs. 59). II.3. A través de memorial de 28 de junio de 2022, la peticionante de tutela se dio por notificada con el Auto de 20 de igual mes y año y solicitó aclaración, complementación y enmienda a fin de que se remitan antecedentes ante el juez de ejecución penal y sea este quien dé cumplimiento con la ejecución de la condena (fs. 56 a 57 vta.); ante ello, el Juez demandado emitió el Auto de 29 del mismo mes y año y, declaró no ha lugar a dicha solicitud (fs. 58).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, el Juez demandado emitió el proveído de 3 de diciembre de 2021, mediante el cual dispuso la emisión de un mandamiento de aprehensión en su contra, bajo el argumento de la ejecutoria de la Sentencia 005/2016, que la condenó a tres años y seis meses de privación de libertad por la comisión del delito de estafa; es así que, interpuso recurso de reposición, el cual fue declarado improcedente mediante Auto de 20 de junio de 2022, sin considerar que: a) Dicha determinación debía ser emitida de manera colegiada por los tres miembros del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de La Paz; b) De forma irregular, cursan dos Autos con idéntico contenido, uno suscrito únicamente por el Juez demandado y otro firmado por éste junto al Juez codemandado; c) No correspondía la emisión de un mandamiento de aprehensión, sino del mandamiento de condena; y, d) Los antecedentes del caso debían ser remitidos al juez de ejecución penal para la ejecución de la pena, al ser la autoridad legalmente competente para ello.

Ante ello, los jueces demandados sostienen que el art. 430 del CPP establece que, una vez ejecutoriada la sentencia, los antecedentes deben remitirse al juez de ejecución penal y que, si el condenado se encuentra en libertad, corresponde ordenar su captura. En ese entendido, fundamentan su actuación en dicha disposición, alegando que la accionante se encontraba en libertad al momento de emitirse la determinación cuestionada. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre las facultades del juez de ejecución penal

La SCP 1316/2015-S1 de 28 de diciembre, estableció que: “Las facultades del juez de ejecución penal se encuentran contempladas en el art. 55 del CPP, cuando señala que: además, de las atribuciones contenidas en la Ley de Organización Judicial y (ahora Ley del Órgano Judicial) en la Ley de Ejecución de Penas y Sistema Penitenciario, tendrán a su cargo: 1) El control de la ejecución de las sentencias y de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso, del control de la suspensión condicional de la pena y del control del respeto de los derechos de los condenados; 2) La sustanciación y resolución de la libertad condicional y de todos los incidentes que se producen durante la etapa de ejecución; y, 3) La revisión de todas las sanciones impuestas durante la ejecución de la condena que inequívocamente resultarán contrarias a las finalidades de enmienda y readaptación de los condenados”. Del mismo modo el art. 428 del CPP, señala que: 'Las sentencias condenatorias serán ejecutadas por el juez de ejecución penal, quien tendrá competencia para resolver todas las cuestiones o incidentes que se susciten durante la ejecución'. Asimismo, el art. 19 de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS), ha señalado que: 'El Juez de Ejecución Penal es competente para conocer y controlar: 1. La ejecución de las sentencias condenatorias ejecutoriadas que impongan penas o medidas de seguridad y de los incidentes que se produzcan durante su ejecución'. Según las normas citadas precedentemente, los jueces de ejecución penal, son los encargados, entre otros aspectos, de hacer efectivo y ejecutar las sentencias condenatorias ejecutoriadas que hubieren sido emitidas por los jueces, velando siempre por el respeto de los derechos de los procesados” (énfasis añadido). Asimismo, la SCP 1316/2015-S1 precisó el trámite que debe adoptarse para la ejecución de un mandamiento de condena, estableciendo que: “El art. 430 del CPP, señala que: 'Ejecutoriada la sentencia condenatoria, se remitirá copias autenticadas de los autos al juez de ejecución penal para que proceda según este Código. Si el condenado se hallare en libertad se ordenará su captura'. De la norma citada, se extrae que una vez ejecutada la sentencia condenatoria, el juez de la causa, debe emitir el mandamiento de condena y enviarla junto con las copias autenticadas de la sentencia al juez de ejecución penal, para su cumplimiento, para que luego éste emita el mandamiento de captura junto con el mandamiento de condena, en aquellos casos en los que la persona sentenciada no pueda ser habitada para poder ejecutar el mandamiento de condena” (las negrillas son nuestras). Prosiguiendo con el análisis del tema, la citada SCP 1316/2015-S1, en relación al objeto de los mandamientos de condena y captura indicó lo siguiente: “Al respecto, la SC 0262/2011-R de 29 de marzo, señaló que: 'Los mandamientos de condena en sí no cuentan con un plazo perentorio para su ejecución, como ocurre con los mandamientos de allanamiento librados con multas investigativos, ya que el objeto principal de un mandamiento de condena es justamente hacer cumplir con la pena impuesta por la comisión de cualquier delito tipificado en el Código Penal, razón por la cual se faculta al juez de ejecución penal la realización de cualquier medida que sea necesaria para cumplir los efectos de una sentencia que tiene la calidad de cosa juzgada (art. 430 del CPP), como por ejemplo la emisión de un mandamiento de captura con facultad de allanamiento, por lo que este último tampoco cuenta con un plazo establecido, esto en razón a que el fin que persigue es justamente la ejecución del mandamiento de condena'. Según la línea jurisprudencial citada precedentemente, el mandamiento de condena, tiene por fin hacer cumplir la pena impuesta por una sentencia con calidad de cosa juzgada; en cambio, el mandamiento de captura, tiene por fin la ejecución del mandamiento de condena” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes que cursan en el expediente constitucional se tiene que, por el proveído de 3 de diciembre de 2021, el Juez demandado declaró la ejecutoría de la Sentencia 005/2016 y dispuso la emisión de un mandamiento de aprehensión contra la accionante, frente a dicha determinación, por memorial de 15 de junio de 2022, la impetrante de tutela interpuso recurso de reposición, solicitando se deje sin efecto su aprehensión y se proceda a la remisión de la causa ante el juez de ejecución penal de turno (Conclusión II.1). Ante ello, por Auto de 20 de junio de 2022, el Juez demandado declaró improcedente el referido recurso de reposición, y bajo el mismo tenor, emitió el Auto de igual fecha junto al Juez codemandado (Conclusión II.2); por lo que, a través del memorial de 28 de igual mes y año, la peticionante de tutela solicitó aclaración, complementación y enmienda, dando a conocer tales extremos, a fin de que se remitan antecedentes ante el juez de ejecución penal; empero, la autoridad demandada mediante Auto de 29 del mismo mes y año, declaró no ha lugar a dicha solicitud (Conclusión II.3). Ahora bien, la accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso, señalando que el Juez demandado, mediante proveído de 3 de diciembre de 2021, dispuso la emisión de un mandamiento de aprehensión en su contra tras declarar la ejecutoria de la Sentencia 005/2016, que la condenó a tres años y seis meses de privación de libertad por la comisión del delito de estafa, pese a que correspondía emitir el mandamiento de condena y remitir los antecedentes al juez de ejecución penal; decisión que fue ratificada mediante Auto de 20 de junio de 2022 al declararse improcedente el recurso de reposición formulado contra tal proveído, el cual además adolece de irregularidades formales al no haber sido emitido de manera colegiada y existir dos Autos con idéntico contenido. En cuanto a los puntos c) y d) reclamados, conforme al razonamiento desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y a partir de la interpretación de las normas allí citadas, en particular del art. 430 del CPP, se concluye que los jueces de ejecución penal son las autoridades encargadas de hacer efectivas las sentencias condenatorias ejecutoriadas emitidas por jueces o tribunales competentes. En consecuencia, una vez ejecutoriada la sentencia condenatoria, el juez o tribunal de la causa debe expedir el correspondiente mandamiento de condena y remitir, junto con copias legalizadas de la sentencia, los antecedentes al juez de ejecución penal para su cumplimiento, correspondiendo a esta última autoridad la emisión del mandamiento de captura cuando la persona condenada se encuentre en libertad. En este contexto, se advierte que el Juez demandado, al disponer mediante proveído de 3 de diciembre de 2021 la emisión de un mandamiento de aprehensión contra la impetrante de tutela, sin haber expedido previamente el correspondiente mandamiento de condena, y el Juez codemandado, al ratificar dicha decisión mediante Auto de 20 de junio de 2022 junto a la referida autoridad, incurrieron en una transgresión a la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional Plurinacional. Dicha jurisprudencia establece de manera clara y precisa la competencia exclusiva de los jueces de ejecución penal para la ejecución de las sentencias condenatorias, conforme a lo previsto por el art. 430 del CPP. En consecuencia, en lugar de disponer la emisión del mandamiento de aprehensión, correspondía emitir el mandamiento de condena y, posteriormente, remitir los antecedentes y la documentación pertinente al juez de ejecución penal, como autoridad competente para garantizar el cumplimiento de la condena. En consecuencia, la actuación de los Jueces demandados no solo contraviene las disposiciones legales aplicables, sino que, también configura una persecución indebida, toda vez que, al ordenar la aprehensión de la accionante sin observar el procedimiento legalmente establecido, vulneraron sus derechos fundamentales y afectaron la legalidad procesal. Esta situación se subsume en uno de los supuestos de procedencia de la acción de libertad, previsto en el art. 125 de la CPE, que garantiza la tutela frente a actos u omisiones que impliquen persecución o detención carente de justificación legal, como ocurre en el caso analizado. Por ello, dada la gravedad de la vulneración al derecho a la libertad de la peticionante de tutela y la transgresión al debido proceso, corresponde conceder la tutela solicitada, a fin de garantizar la protección efectiva de sus derechos y la correcta aplicación de la ley. En relación con los puntos a) y b) reclamados, al encontrarse estrechamente vinculados con los extremos analizados ut supra, respecto de los cuales se concedió la tutela solicitada, corresponde que sean considerados en la nueva determinación que se emita como efecto de la regularización del indebido procesamiento advertido en la tramitación de la ejecución de la Sentencia 005/2016. En caso contrario, de persistir las anomalías denunciadas, quedará expedita la vía para que la accionante formule las denuncias pertinentes ante las instancias competentes para su conocimiento. En consecuencia, y en atención a que dichos extremos deberán ser objeto de consideración en la nueva determinación que se emita, no corresponde emitir mayor pronunciamiento al respecto en el presente fallo constitucional. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12/2023 de 10 de marzo, cursante de fs. 85 a 86 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Tercera de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que los Jueces demandados regularicen, en el día, el procedimiento erróneo adoptado, conforme a los fundamentos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que, a la fecha, dicho trámite ya hubiera sido regularizado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0072_2026-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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